Rapport intérimaire - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2761 (Colombie) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-10 - Actif

Alegatos: las organizaciones querellantes alegan actos de violencia (homicidios, tentativas de homicidios y amenazas de muerte) contra dirigentes y afiliados sindicales

1. 420. El Comité examinó este caso en su reunión de marzo de 2012 y en esa ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 363.er informe, párrafos 402 a 437, aprobado por el Consejo de Administración en su 313.ª reunión, marzo de 2012]. La Federación Sindical Mundial (FSM) envió nuevos alegatos por comunicaciones de fechas 12 de abril y 7 de mayo de 2012 y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) envió nuevos alegatos por comunicación de fecha 2 de agosto de 2012.
2. 421. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de mayo, 14 de agosto y 28 de noviembre de 2012, y 22 de febrero de 2013.
3. 422. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 423. En su examen anterior del caso, el Comité formuló las siguientes recomendaciones [véase 363.er informe, párrafo 437]:
   • a) en relación con los 39 homicidios en curso de investigación, el Comité espera que dichas investigaciones permitirán en un futuro muy próximo esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las investigaciones en curso y de las subsecuentes acciones judiciales;
   • b) tomando nota de la solicitud del Gobierno de retirar de la lista de los asesinatos a nueve de ellos ya que los trabajadores — Paulo Suárez, Raúl Medina Díaz, Apolinar Herrera, Fabio Sánchez, Alberto Jaimes Pabón, Omar Alonso Restrepo, José de Jesús Restrepo, Israel Verona, y Aliciades González Castro — pertenecían a juntas de acciones comunales y a asociaciones campesinas, las cuales no están registradas como organizaciones sindicales, el Comité estima que, con el fin de apoyar las tareas de investigaciones de los hechos de violencia contra el movimiento sindical, se podrían analizar de manera tripartita, en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los criterios para ordenar la información que se transmitirá a las instancias de investigación;
   • c) el Comité pide a las organizaciones querellantes que proporcionen mayor información acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios de los Sres. Walter Escobar, Mauricio Antonio Monsalve Vásquez, Salvador Forero Moreno, Alejandro José Peñata López, Freddy Antonio Cuadrado Núñez, Norberto García Quinceno, Carlos Andrés Cheiva, Jaime Fernando Bazante Guzmán, Henry Saúl Moya Moya, Francisco Ernesto Goyes Salazar, Duvian Cadavid Rojo, Rosendo Rojas Tovar, Gustavo Gil Sierra, Antonio Garcés Rosero Miyer, Javier Cárdenas Gil, Henry Ramírez Daza, Francisco Valerio Orozco, José Isidro Rangel Avendaño, Jorge Iván Montoya Torrado, Diego Fernando Escobar, Javier Estrada Ovalle, y la Sra. Beatriz Alarcón;
   • d) en relación con los otros casos de homicidios, denunciados (Miguel Ángel Guzmán, Manuel Alfonso Cuello Valenzuela, Pedro Elías Ballesteros Rojas, Luis Fernando Hoyos Arteaga, William Tafur, Omaira Tamayo Montano, Carlos Hernando Castillo Calvache, María Ligia González, Thomas Aquino Buelvas, Diego Leonardo Vanegas González, Nevis Hernando Bula, José Luis Montemiranda Rodríguez, Ariel de Jesús Benítez Hernández, Wilson Albeiro Erazo Ascuntar, Alberto Hernández, Ramiro Sánchez, Dionis Alfredo Sierra Vergara, Johnny Alfredo Sierra, Carlos Arturo Castro Casas, Carlos Julio Gómez y Rafael Tobón Zea), el Comité urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se inicien investigaciones judiciales con el fin de esclarecer estos homicidios, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto;
   • e) en relación con las nuevas alegaciones de la CSI, enviadas por comunicación de fecha 25 de enero de 2012, relativas a homicidios, tentativas de homicidios y detenciones arbitrarias y con las listas de asesinatos ocurridos en 2011 facilitadas por al CUT y la FECODE con respecto a 19 docentes asesinados, el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones al respecto;
   • f) en cuanto a las numerosas alegadas amenazas de muerte denunciadas (más de 120 personas concernidas) el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se están investigando las amenazas contra afiliados de la Unión de Empleados Bancarios (UNEB) y contra 19 otros sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los procesos en curso;
   • g) deplorando que el Gobierno no haya enviado informaciones sobre la mayoría de los alegatos de amenazas de muerte, el Comité urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se inicien investigaciones judiciales con el fin de esclarecer estos hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que sin demora se realicen los estudios de riesgo de los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados, a efectos de brindarles la protección que resulte necesaria;
   • h) en relación con las detenciones arbitrarias alegadas, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto, y
   • i) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso.

B. Nuevos alegatos de las organizaciones querellantes

1. 424. En sus comunicaciones de fechas 12 de abril y 7 de mayo de 2012, la Federación Sindical Mundial (FSM) manifiesta que sus organizaciones afiliadas en Colombia le han informado sobre declaraciones de un miembro de la cúpula de las fuerzas de autodefensa en Urabá que confirman los nexos del paramilitarismo con la política y con las fuerzas militares. Según la FSM, esto constituye un testimonio de la falta de voluntad política del Gobierno para emprender acciones efectivas que pongan fin a las prácticas delictivas de la fuerza paramilitar contra la vida, la seguridad y la libertad sindical de los trabajadores. Añade la FSM que entre enero y mayo de 2012, han sido asesinados cuatro dirigentes sindicales y un afiliado, así como que varios sindicalistas y organizaciones sindicales han sido amenazados. Concretamente:
   • — Homicidios: 1) 9 de enero. Sr. Víctor Manuel Hilarión Palacios, sindicalista afiliado a la Federación Sindical de Trabajadores Agrarios (FENSUAGRO) que fue asesinado presuntamente por una patrulla de soldados colombianos en la región del Sumapaz, departamento de Cundinamarca; 2) 17 de enero. Sr. Mauricio Arredondo, dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) que fue asesinado junto con su esposa, Sra. Janeth Ordóñez, en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo; 3) 19 de enero. Sr. Alexander González Blandón, dirigente sindical del SINTRAENTEDDIMCCOL que fue asesinado en Andalucía, Valle del Cauca; 4) 26 de enero. Sr. Ricardo Ramón Paublott Gómez, dirigente sindical del SINALTRAINAL que fue asesinado en un bus de servicio público en la ciudad de Barranquilla, y 5) 27 de abril. Sr. Daniel Aguirre Piedrahita, secretario general del SINALCORTEROS que fue asesinado en el barrio las Acacias, municipio de Florida. Valle del Cauca.
   • — Amenazas: 1) 17 de enero. Los Sres. Manuel Coronado, José Socimo Erazo y Julio Vargas, miembros de la subdirectiva Orito, del Sindicato de Trabajadores Petroleros USO, recibieron amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas, en la población de Orito, departamento de Putumayo, 2) 1.º de marzo. Por medio de un sobre enviado desde el municipio de Jamundí al Sr. Álvaro Vega, los Rastrojos (grupo paramilitar) declararon objetivo militar a las siguientes personas y organizaciones: Colectivo de Abogados Sr. José Alvear Restrepo (CCAJAR); Sr. Álvaro Vega (CUT Valle); Sr. Absalón Meneses (ANTHOC Valle); y Sr. Alberto Guzmán (FEGTRAVALLE).
2. 425. En su comunicación de fecha 2 de agosto de 2012, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) alega: 1) que pocos días después de su elección como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética (SINTRAMIENERGETICA) – Seccional Segovia, el Sr. Dairo Alberto Rua Artizabal recibió amenazas de muerte en su domicilio; los hechos fueron denunciados en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Segovia y se solicitó a la Dirección de Derechos Humanos que realice un estudio de riesgos a todos los dirigentes sindicales de SINTRAMIENERGETICA – Seccional Segovia, junto con la asignación de un esquema de seguridad, y 2) la tentativa de homicidio que sufrió el Sr. Jhon Jairo Zapata Marulanda, secretario de salud y derechos humanos de esa organización, cuando desconocidos le dispararon en cinco ocasiones.

C. Respuesta del Gobierno

1. 426. Por comunicaciones recibidas en mayo, el 14 de agosto y el 28 de noviembre de 2012, el Gobierno envía sus observaciones en relación con la totalidad de los alegatos y recomendaciones que habían quedado pendientes al examinar anteriormente este caso, incluso en relación con los homicidios alegados recientemente por la FSM y de la CUT y ocurridos en 2012 (véase en anexo la lista detallada de las investigaciones en curso). Concretamente:

Recomendación a)

1. 427. En relación con los 39 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas que habían sido alegados, el Gobierno indica que la totalidad de los casos alegados están siendo objeto de investigación e informa sobre el estado de dichas investigaciones (véase la lista detallada de las investigaciones y su estado actual en anexo). El Gobierno manifiesta además que según la información suministrada por las organizaciones sindicales y la Fiscalía General de la Nación se concluye lo siguiente: 1) no se identifican las organizaciones sindicales a las que pertenecían cuatro víctimas (Sres. Walter Escobar Marín, Armando Cáceres Álvarez, Jorge Reinaldo Ramírez y Oberto Manuel Beltrán Narváez); 2) en cuatro casos, las víctimas pertenecían a asociaciones campesinas, que no están registradas como sindicatos (Sres. Pablo Suárez Cortez, Raúl Medina Díaz, Apolinar Herrera y Fabio Sánchez Pérez); 3) hasta el momento, ninguno de los casos, excepto uno, arroja indicios que permitan establecer que los homicidios están relacionados causalmente con la actividad sindical de las víctimas, 4) un solo caso (el homicidio del Sr. Luis Germán Restrepo, presidente de SINTRAEMPAQUES) fue ocasionado por la actividad sindical de la víctima y los autores materiales fueron capturados y condenados.

Recomendación b)

1. 428. El Gobierno indica que, a lo largo de los años, organizaciones sindicales han incluido casos de homicidios de trabajadores que no tenían la condición de sindicalistas. El Gobierno señala además que si bien estas investigaciones son llevadas a cabo por la Subunidad de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía General de la Nación, muchas veces estos casos deben ser remitidos a otras unidades o subunidades de acuerdo a las competencias institucionales. Prueba de ello es que, según la información suministrada por los juzgados de descongestión que atienden delitos contra sindicalistas se han remitido a otros juzgados, 70 de los 471 casos recibidos entre 2007 y 2012. El Gobierno informa asimismo que, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité y de la Misión de Alto Nivel que visitó el país en 2012, se ha incluido en la agenda de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos la necesidad de unificar los criterios a tener en cuenta para determinar con precisión la ocurrencia de un acto violento contra un sindicalista. Con el objetivo de tener mayores elementos para el establecimiento de dichos criterios, el Gobierno ha invitado permanentemente a la Escuela Nacional Sindical a las reuniones de la Comisión, y la Fiscalía General de la Nación ha realizado varias reuniones con el mismo propósito. El Gobierno reitera su total y absoluto compromiso con el diálogo social y su firme deseo de determinar conjuntamente los criterios mencionados.

Recomendaciones d), e), f) y g)

1. 429. El Gobierno informa que la totalidad de los hechos alegados que figuran en estas recomendaciones (homicidios, tentativas de homicidios y detenciones arbitrarias) están siendo objeto de investigación (el estado de las investigaciones sobre estos hechos se incluye en anexo). Asimismo, el Gobierno manifiesta que el sector docente es uno de los sectores más afectados por los reprochables hechos violentos registrados en el país; su actividad laboral se desarrolla en lugares geográficos que coinciden con la presencia de grupos armados ilegales (50 por ciento de los sindicalistas que han sido asesinados son docentes). El Gobierno ha tomado medidas especiales para proteger a este grupo de trabajadores. En primer término, se han constituido y puesto en marcha los Comités de Docentes Amenazados, que funcionan de manera descentralizada en los departamentos, distritos y municipios. Estos comités tienen por tarea estudiar y calificar los casos de amenazas, contra la vida e integridad personal de las que son víctimas; docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos. A los docentes a los que se les atribuya la calidad de amenazados son reubicados transitoriamente, continuándose con el reconocimiento y pago de los salarios a que tengan derecho.
2. 430. Asimismo, el Gobierno indica que en relación con el sector docente se han promulgado:
   • a) el decreto núm. 3222, de 10 de noviembre de 2003, por el cual se crea un grupo interinstitucional a nivel nacional y subnacional para la prevención de amenazas. Este cuerpo está integrado por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de la Protección Social, la Procuraduría General de la Nación, la Vicepresidencia de la República y FECODE. Desde entonces, en los 78 entes territoriales certificados existen comités de docentes amenazados, que están encargados de plantear el traslado de docentes de los establecimientos educativos estatales como medida de protección. Posteriormente, el decreto núm. 520 de 2010 derogó el decreto núm. 3222 de 2003 y señaló los lineamientos para la nueva reglamentación para traslados por razones de seguridad, ordenando la determinación de la conformación de un Comité Especial para Atención de Situaciones de Amenaza a Docentes y Directivos Docentes al Servicio del Estado;
   • b) la directiva ministerial núm. 014 de 2002, sobre protección a docentes amenazados y desplazados, y las directivas núms. 020 de 2003 y 03 de 2004, sobre la incorporación de docentes y administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones. Dichas directivas establecen lineamientos encaminados a proteger la vida e integridad de los docentes y la forma de reincorporación laboral a los establecimientos educativos, y
   • c) la resolución núm. 1240 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se fija el procedimiento para la protección de los docentes y directivos docentes que prestan sus servicios en los establecimientos educativos estatales ubicados en las entidades territoriales certificadas en educación y que se encuentran en situación de amenaza.
3. El Gobierno señala que actualmente, el país cuenta con 314 794 docentes, de los cuales 648 tienen estatus de amenazados (cifra que cubre tanto a docentes sindicalizados como a docentes no sindicalizados). De éstos, 334 profesores han sido reubicados transitoriamente, 48 se encuentran fuera del país, 42 en estatus provisional mientras el estudio de nivel de riesgo realizado por la Policía Nacional y la Unidad de Protección del Ministerio del Interior arroja sus resultados definitivos, y 224 se encuentran sin reubicar.
4. 431. De manera general, surge de las informaciones suministradas que, hasta la fecha, en relación con la totalidad de los alegados actos de violencia (incluyendo los 39 homicidios mencionados en la recomendación a)) se han dictado 11 sentencias condenatorias, 13 casos se encuentran en etapa de juicio, en cinco de los casos se han capturado a los autores, y los hechos restantes están siendo objeto de investigación.

Recomendación h)

1. 432. En relación con las alegadas detenciones arbitrarias de la Sra. Aracely Cañaveral Vélez y de los Sres. Jailer González, Luis Alberto Castillo Flores y Alfonso Yépez Patino, el Gobierno informa que: 1) en cuanto a la Sra. Aracely Cañaveral Vélez (ASOTRACOMERCIANT), la autoridad actuó en virtud de una orden judicial expedita por la comisión del delito de concierto para delinquir; 2) en cuanto al Sr. Jailer González y a la ASOGRAS, no se registra ninguna denuncia, y 3) en cuanto a los Sres. Luis Alberto Castillo Flores y Alfonso Yépez Patino, se registran varios homónimos.

Alegatos de la FSM y de la CUT

1. 433. En relación con los homicidios que tuvieron lugar en 2012, el Gobierno informa que se están investigando la totalidad de los hechos alegados: Sres. Alexander González Blandón, Daniel Aguirre Piedrahita, Mauricio Arredondo, y Víctor Manuel Hilarión Palacios, así como unos homicidios no mencionados por las organizaciones querellantes, a saber: los Sres. Efraín Amezquita Quintero, Miguel Ángel Mallama Rodríguez, Luis Carlos Sepúlveda Pérez y la Sra. Sandra Milena Burbano Pérez. El homicidio del Sr. Ricardo Ramón Paublott Gómez, se encuentra en etapa de juicio.

Informaciones sobre medidas de protección

1. 434. Por otra parte, el Gobierno informa que es ahora la Unidad Nacional de Protección (UNP) la entidad encargada de suministrar medidas especiales de protección a dirigentes y activistas sindícales que se encuentren en un nivel de riesgo extraordinario o extremo. La determinación de los niveles de riesgo extraordinarios o extremos se da a través de un procedimiento técnico, avalado por la Corte Constitucional, la cual es liderada por un comité interinstitucional denominado «Grupo de Valoración Preliminar», en el que participan con voz y voto la UNP, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Tienen voz, pero no voto, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Con la nueva estructura del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM), se formulan recomendaciones sobre las medidas que de acuerdo con el nivel de riesgo deben ser entregadas a los protegidos. Es importante señalar, que en el CERREM participan también cuatro representantes de las principales centrales obreras: la CUT, la CTC y la CGT.
2. 435. Las medidas de protección otorgadas, que pueden ser individuales o colectivas, consisten principalmente en: a) blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad, elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excepcionales, podrán dotarse estos elementos a las residencias de propiedad, de los protegidos del Programa de Prevención y Protección; b) esquemas móviles de protección. Estos esquemas se entregan a un grupo de dos o más personas que pertenecen a una misma organización e incluyen: un vehículo corriente o blindado, un conductor, dos escoltas, chalecos blindados para escoltas y el protegido y medios de comunicación entre los escoltas y el protegido.
3. 436. En 2009, 1 550 sindicalistas fueron protegidos por estas medidas. En 2010 esta cifra pasó a 1 454; en 2011, a 1 186; y en 2012, a 1 373. Por otro lado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tenía en 2011 un presupuesto de 145 000 millones de pesos para atender el programa de protección, incluyendo todas las poblaciones (sindicalistas y defensores de derechos humanos, indígenas y personas, en situación de desplazamiento forzado); este rubro aumentó a 195 000 millones de pesos en el presente año. Finalmente, cabe anotar que la gran mayoría de los dirigentes amenazados mencionados ya tienen esquemas de protección. Además, la Subunidad de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía General de la Nación dispone de 191 funcionarios encargados de investigar exclusivamente delitos contra sindicalistas y de tres jueces con sus respectivos equipos; la Policía Nacional tiene asignados 153 investigadores de Policía Judicial dedicados a temas sindicales y hay 14 fiscales especializados cada uno con su respectivo asistente judicial y grupo de investigadores. Otros cinco fiscales se ubicarán en los Centros de Atención a Víctimas en las ciudades de Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, Cali y Medellín.
4. 437. El Gobierno reitera que rechaza enfáticamente todo acto de violencia perpetrado contra cualquier ciudadano y, en especial, contra los dirigentes y miembros de organizaciones sindicales. Seguirá adelantando esfuerzos incansables para que cesen estos actos de violencia y se castigue eficazmente a los culpables. El Gobierno indica que realiza todas las investigaciones de los actos violentos que se cometen en contra de la población sindicalizada. Sin embargo, el Gobierno solicita que se inste a las organizaciones sindicales a brindar información tangible y especifica que permita establecer si los hechos de violencia denunciados por éstas están relacionados con la actividad sindical de las víctimas. El Gobierno continuará brindando todas las medidas de protección necesarias a los dirigentes sindicales que así lo requieran.

Nuevas políticas de investigación de la Fiscalía

1. 438. Por comunicación de fecha 6 de agosto de 2012, el Fiscal General informa sobre las nuevas políticas de la Fiscalía tratándose de la investigación por agresiones a sindicalistas. En efecto, se adoptó una nueva política criminal de investigación de violaciones a los derechos humanos con la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de carácter interdisciplinario, que permitirá avanzar en los casos relacionados con estructuras macrocriminales que violan los derechos humanos de los sindicalistas, asumiendo como modelo los estándares adoptados por los tribunales internacionales. Además, el Gobierno informa que se firmó el 2 de agosto de 2012, un Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT en el que se subraya que a la Fiscalía le asiste la firme convicción de seguir fortaleciendo la investigación y judicialización de todos los casos de violencia contra los miembros de organizaciones sindicales mediante, entre otras cosas, la realización de formaciones, conferencias, seminarios, cursos de capacitación en materias de interés común y asesoría técnica en materias especializadas.
2. 439. La nueva estrategia resalta la necesidad de priorizar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos como una respuesta eficaz en la lucha contra la impunidad. El Fiscal General informó a la misión de la OIT que visitó el país en 2012 que se han priorizado todos los casos de homicidio de sindicalistas mencionados en el presente caso. Esta política ha venido siendo objeto de una amplia socialización y debate con todos los actores sociales. Bajo este contexto se logrará la vinculación de los actores de mayor jerarquía que conforman los aparatos de poder, dar continuidad a la labor de fortalecimiento de la participación de las victimas dentro del proceso penal y hacer efectivo el proceso de articulación con organizaciones y grupos representativos de las mismas. El mecanismo de trabajo conjunto y mancomunado tripartito con el Ministerio del Trabajo, las centrales obreras, la ANDI y la Fiscalía General de la Nación se formalizará a través de reuniones mensuales (iniciativa reclamada desde hace tiempo por el movimiento sindical) en las que se atenderán las inquietudes y comentarios frente a la gestión de las investigaciones de los casos de violencia antisindical. El Fiscal General subraya que las medidas antes mencionadas, sin duda, incrementarán los sobresalientes resultados obtenidos. Además, teniendo en cuenta el compromiso absoluto del Estado por defender los derechos de los trabajadores, el Gobierno informa que la Procuraduría General de la Nación ha desarrollado en los medios de comunicación una campaña institucional de defensa del derecho de asociación, así como su participación en foros y acuerdos del sector social.
3. 440. Por último, en su comunicación de 28 de noviembre de 2012, el Gobierno señala que la primera reunión mensual fue celebrada el 31 de agosto de 2012 y liderada por el Fiscal General de la Nación. El Gobierno proporciona el acta de la reunión junto con la directiva núm. 0001, de 4 de octubre de 2012, por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, por comunicación de 22 de febrero de 2013, el Gobierno envía dos comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación en las que indica que mantiene la convicción de trabajar junto con la Comisión Intersectorial Tripartita para avanzar en la lucha contra la impunidad y que en aras de dar continuidad a las gestiones ya efectuadas durante el año anterior, se ha convocado a la tercera reunión tripartita para el día miércoles 27 de febrero de 2013 en procura de examinar los avances relacionados con los hechos de violencia de que trata el caso núm. 2761. Además, la Fiscalía General informa que en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo en 2012, se llevó a cabo un taller de capacitación en la ciudad de Cali el día 21 de febrero de 2013 con el objetivo de que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que trabajan a nivel regional puedan conocer el alcance de las normas internacionales del trabajo y la necesidad de su consideración como estándar al momento de investigar y judicializar casos de violencia antisindical.

D. Conclusiones del Comité

1. 441. El Comité recuerda que los alegatos que habían quedado pendientes en el presente caso se refieren a actos de violencia (homicidios, tentativas de homicidios y amenazas) contra dirigentes y afiliados sindicales (véase en anexo la lista detallada de las investigaciones en curso). Al respecto, el Comité toma nota que el Gobierno informa que la totalidad de los hechos alegados está siendo objeto de investigación y confía que las investigaciones en curso permitirán esclarecer los hechos, deslindar las responsabilidades, procesar y condenar a los culpables. El Comité saluda la asistencia técnica prestada por la Oficina en relación con este caso.
2. 442. Asimismo, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que, en relación con la totalidad de los hechos alegados, se han dictado 11 sentencias condenatorias (Sres. Luis Germán Restrepo Maldonado, Walter Escobar Marín, Zoraida Cortez López, José Luis Montemiranda Rodríguez, Carlos Alberto Ayala Moreno, Beatriz Amparo Alarcón Gómez, Javier Cárdenas Gil, Nelson Camacho González, Rosendo Rojas Tovar, Diego Fernando Escobar Munera y José Eliecer Martínez Cano); 13 casos se encuentran en etapa de juicio (Sres. Luis Germán Restrepo Maldonado, Fernando Abel Carrasquilla González, Honorio Llorente Meléndez, Carlos Andrés Cheiva Iriarte, Pedro Elías Ballesteros Rojas, Luis Fernández Hoyos Arteaga, Gloria Contanza Goana Rangel, Mauricio Antonio Montsalve Vásquez, Duvian Dario Rojo Cadavid, Pedro Antonio Carreño Moreno, Segundo Salvador Forero Piedrahita, Ibio Efrén Caicedo Caldera y Luis Fernando Hoyos Arteaga), y en cinco de los casos se han capturado a los autores (Sres. Jorge Eliecer de los Ríos Cárdenas, Omar Andrés Duran Vergara, Nayib de Jesús Tapias Giménez, Ana Georgina Rodríguez Pinzón y María Eugenia Arango Zapata).
3. 443. El Comité lamenta profundamente tomar nota de los nuevos alegatos de la FSM y de la CUT relativos al asesinato en 2012 de cuatro dirigentes sindicales y un sindicalista, así como a amenazas de muerte y una tentativa de homicidio. El Comité recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 44].

Alegatos pendientes

Recomendación a)

1. 444. En relación con los 39 homicidios que se encontraban en curso de investigación, el Comité había pedido al Gobierno que le mantenga informado del resultado de las mismas. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que: 1) la totalidad de los casos alegados están siendo objeto de investigación e informa sobre el estado de dichas investigaciones (véase la lista detallada de las investigaciones en anexo); 2) no se identifican las organizaciones sindicales a las que pertenecían cuatro víctimas; 3) en cuatro casos, las víctimas pertenecían a asociaciones campesinas, que no están registradas como sindicatos; 4) hasta el momento ninguno de los casos — salvo uno — arroja indicios que permitan establecer que los homicidios están relacionados causalmente con la actividad sindical de las víctimas, y 5) en un solo caso (el del homicidio del Sr. Luis Germán Restrepo Maldonado, presidente de SINTRAEMPAQUES) se constató la relación de causalidad del homicidio con la actividad sindical de la víctima y los autores materiales fueron capturados y condenados.

Recomendación b)

1. 445. En relación con la solicitud del Gobierno de retirar de la lista de los asesinatos a nueve de ellos ya que los trabajadores pertenecían a juntas de acciones comunales y a asociaciones campesinas, las cuales no están registradas como organizaciones sindicales, el Comité estimó que, con el fin de apoyar las tareas de investigaciones de los hechos de violencia contra el movimiento sindical, se podrían analizar de manera tripartita, en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los criterios para ordenar la información que se transmitirá a las instancias de investigación. A este respecto, el Comité toma nota de que Gobierno indica que: 1) a lo largo de los años, organizaciones sindicales han incluido casos de homicidios de trabajadores que no tenían la condición de sindicalistas; 2) si bien estas investigaciones son llevadas a cabo por la Subunidad de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía General de la Nación (figuran en la lista de las investigaciones en anexo), muchas veces estos casos deben ser remitidos a otras unidades o subunidades de acuerdo a las competencias institucionales; 3) según la información suministrada por los juzgados de descongestión que atienden delitos contra sindicalistas, se han remitido a otros juzgados 70 de los 471 casos recibidos entre 2007 y 2012; 4) se ha incluido en la agenda de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos la necesidad de unificar los criterios a tener en cuenta para determinar con precisión la ocurrencia de un acto violento contra un sindicalista; 5) con el objetivo de tener mayores elementos para el establecimiento de dichos criterios, el Gobierno ha invitado permanentemente a la Escuela Nacional Sindical a las reuniones de la Comisión y la Fiscalía General de la Nación ha realizado varias reuniones con el mismo propósito, y 6) el Gobierno reitera su total y absoluto compromiso con el diálogo social y su firme deseo de determinar conjuntamente los criterios mencionados.

Recomendación c)

1. 446. El Comité había pedido a las organizaciones querellantes que proporcionen mayor información acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios de los Sres. Walter Escobar, Mauricio Antonio Monsalve Vásquez, Salvador Forero Moreno, Alejandro José Peñata López, Freddy Antonio Cuadrado Núñez, Norberto García Quinceno, Carlos Andrés Cheiva, Jaime Fernando Bazante Guzmán, Henry Saúl Moya Moya, Francisco Ernesto Goyes Salazar, Duvian Cadavid Rojo, Rosendo Rojas Tovar, Gustavo Gil Sierra, Antonio Garcés Rosero Miyer, Javier Cárdenas Gil, Henry Ramírez Daza, Francisco Valerio Orozco, José Isidro Rangel Avendaño, Jorge Iván Montoya Torrado, Diego Fernando Escobar, Javier Estrada Ovalle, y la Sra. Beatriz Alarcón. El Comité observa que las organizaciones querellantes no han enviado la información solicitada y recuerda la importancia de que se comuniquen las informaciones solicitadas para que pueda pronunciarse al respecto con total conocimiento de causa. El Comité pide una vez más a las organizaciones querellantes que comuniquen la información requerida a la Fiscalía General, a efectos de facilitar las investigaciones de estos homicidios.

Recomendaciones d), e), f) y g)

1. 447. En relación con los alegados homicidios, tentativas de homicidios, detenciones arbitrarias (alegatos de la CSI enviadas por comunicación de fecha 25 de enero de 2012, el asesinato de 21 sindicalistas y 19 docentes), y amenazas de muerte — todos estos procesos figuran en anexo —, el Comité había pedido al Gobierno que envíe informaciones al respecto. El Comité toma nota de que el Gobierno indica que: 1) la totalidad de los hechos alegados que figuran en estas recomendaciones están siendo objeto de investigación (se mencionan en la lista detallada de las investigaciones en anexo); 2) hay que subrayar que el sector docente es uno de los sectores más afectados por los hechos violentos registrados en el país ya que su actividad laboral se desarrolla en lugares geográficos que coinciden con la presencia de grupos armados ilegales; 3) ha tomado medidas especiales para proteger a este grupo de trabajadores (Comités de Docentes Amenazados que tienen por tarea estudiar y calificar los casos de amenazas contra la vida e integridad personal de las que son víctimas; docentes y personal administrativo de los establecimientos educativos; los docentes a los que se les atribuya la calidad de amenazados son reubicados transitoriamente, continuándose con el reconocimiento y pago de los salarios a que tengan derecho); 4) el país cuenta con 314 794 docentes, de los cuales 648 tienen estatus de amenazados, 334 profesores han sido reubicados transitoriamente, 48 se encuentran fuera del país, 42 en estatus provisional mientras el estudio de nivel de riesgo realizado por la Policía Nacional y la Unidad de Protección del Ministerio del Interior arroja sus resultados y 224 se encuentran sin reubicar. El Comité espera firmemente que el Gobierno seguirá tomando las medidas necesarias para erradicar este tipo de delito y para brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados del sector docente.

Recomendación h)

1. 448. En relación con las alegadas detenciones arbitrarias de la Sra. Aracely Cañaveral Vélez y de los Sres. Jailer González, Luis Alberto Castillo Flores y Alfonso Yépez Patino, el Comité había pedido al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) en cuanto a la Sra. Aracely Cañaveral Vélez (ASOTRACOMERCIANT), la autoridad actuó en virtud de una orden judicial expedita por la comisión del delito de concierto para delinquir; 2) en cuanto al Sr. Jailer González, no se registra ninguna denuncia, y 3) en cuanto a los Sres. Luis Alberto Castillo Flores y Alfonso Yépez Patino, se registran varios homónimos. El Comité pide a las organizaciones querellantes que en el marco de las reuniones mensuales que se realizan con la Fiscalía, faciliten los datos necesarios para que se pueda iniciar una investigación.

Nuevos alegatos de la FSM y de la CUT

1. 449. En relación con nuevos alegatos de la FSM (homicidio de los Sres. Alexander González Blandón, Daniel Aguirre Piedrahita, Mauricio Arredondo, Víctor Manuel Hilarión Palacios y Ricardo Ramón Paublott Gómez) y de la CUT, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que los hechos alegados se están investigando así como otros homicidios no mencionados por las organizaciones querellantes. El Comité toma nota de que el Gobierno señala que el homicidio del Sr. Ricardo Ramón Paublott Gómez se encuentra en etapa de juicio. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de las investigaciones relacionadas con estos homicidios y que tome las medidas necesarias para investigar las alegadas amenazas de muerte y la tentativa de homicidio que sufrió el Sr. Jhon Jairo Zapata Marulanda.

Informaciones sobre medidas de protección

1. 450. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) 1 373 sindicalistas se benefician actualmente de un esquema de protección; 2) el presupuesto para atender el programa de protección aumentó a 195 000 millones de pesos en 2012; 3) es ahora la Unidad Nacional de Protección (UNP) la entidad encargada de suministrar medidas especiales de protección a dirigentes y activistas sindícales que se encuentren en un nivel de riesgo extraordinario o extremo; 4) la determinación de los niveles de riesgo extraordinarios o extremos se da a través de un procedimiento técnico, avalado por la Corte Constitucional, la cual es liderada por un comité interinstitucional denominado «Grupo de Valoración Preliminar», en el que participan con voz y voto la UNP, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; 5) con la nueva estructura del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM) — en el que participan también cuatro representantes de las principales centrales obreras: la CUT, la CTC y la CGT —, se formulan recomendaciones sobre las medidas que de acuerdo con el nivel de riesgo deben ser entregadas a los protegidos; 6) las medidas de protección otorgadas pueden ser individuales o colectivas y consisten principalmente en blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad, elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal (protección colectiva) y esquemas móviles de protección (protección individual); 7) en 2009, 1 550 sindicalistas fueron protegidos por estas medidas; en 2010 esta cifra pasó a 1 454; en 2011, a 1 186, y en 2012, a 1 373; 8) la gran mayoría de los dirigentes amenazados mencionados ya tienen esquemas de protección, y 9) la Subunidad de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía General de la Nación dispone de 191 funcionarios encargados de investigar exclusivamente delitos contra sindicalistas y de tres jueces con sus respectivos equipos; la Policía Nacional tiene asignados 153 investigadores de la Policía Judicial dedicados a temas sindicales y hay 14 fiscales especializados cada uno con su respectivo asistente judicial y grupo de investigadores y otros cinco fiscales se ubicarán en los Centros de Atención a Víctimas en la ciudades de Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, Cali y Medellín. El Comité toma nota de estas informaciones.

Nuevas políticas de investigación de la Fiscalía

1. 451. Por último, el Comité toma nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno y por el Fiscal General según la cual: 1) se adoptó una nueva política criminal de investigación de violaciones a los derechos humanos con la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de carácter interdisciplinario, que permitirá avanzar en los casos relacionados con estructuras macrocriminales que violan los derechos humanos de los sindicalistas; 2) se firmó un Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT en el que se subraya que a la Fiscalía le asiste la firme convicción de seguir fortaleciendo la investigación y judicialización de todos los casos de violencia contra los miembros de organizaciones sindicales; 3) en seguimiento al Memorando mencionado, se llevó a cabo un taller de capacitación en la ciudad de Cali el día 21 de febrero de 2013 con el objetivo de que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que trabajan a nivel regional puedan conocer el alcance de las normas internacionales del trabajo y la necesidad de su consideración como estándar al momento de investigar y judicializar casos de violencia antisindical; 4) la nueva estrategia resalta la necesidad de priorizar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos como una respuesta eficaz en la lucha contra la impunidad; 5) se han priorizado todos los casos de homicidio de sindicalistas mencionados en el presente caso; 6) se formalizó un mecanismo de trabajo conjunto y mancomunado tripartito con el Ministerio del Trabajo, las centrales obreras, la ANDI y la Fiscalía General de la Nación a través de reuniones mensuales (iniciativa reclamada desde hace tiempo por las centrales sindicales) en las que se atenderán las inquietudes y comentarios frente a la gestión de las investigaciones de los casos de violencia antisindical; 7) la primera reunión mensual fue celebrada el 31 de agosto de 2012 y liderada por el Fiscal General de la Nación y en 2013 se convocó a una nueva reunión para el 27 de febrero, y 8) se aprobó la directiva núm. 0001, de 4 de octubre de 2012, por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación.
2. 452. El Comité espera firmemente que la nueva política en materia de investigaciones que adoptó la Fiscalía General de la Nación — en el marco del cual se decidió priorizar todos los casos de homicidio de sindicalistas mencionados en este caso y se creó un mecanismo de trabajo tripartito a través de reuniones mensuales con los que se atenderán las inquietudes y comentarios sobre las investigaciones — permita la pronta resolución de los casos denunciados, incluyendo los nuevos alegatos presentados por la FSM y la CUT, de manera que se pueda identificar, procesar y condenar a los culpables de todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de las investigaciones.

Recomendaciones del Comité

1. 453. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité pide al Consejo de Administración que apruebe las siguientes recomendaciones:
   • a) lamentando profundamente los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados en este caso, el Comité espera firmemente que la nueva política en materia de investigaciones que adoptó la Fiscalía General de la Nación — en el marco del cual se decidió priorizar todos los casos de homicidio de sindicalistas mencionados en este caso y se creó un mecanismo de trabajo tripartito a través de reuniones mensuales con los que se atenderán las inquietudes y comentarios sobre las investigaciones — permita la pronta resolución de los casos denunciados, incluyendo los nuevos alegatos presentados por la FSM y la CUT, de manera que se pueda identificar, procesar y condenar a los culpables de todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de las investigaciones de los actos de violencia alegados en este caso y en particular sobre el funcionamiento del mecanismo tripartito establecido para colaborar con las investigaciones de los actos de violencia contra sindicalistas. Asimismo, en lo que respecta a la recomendación c) del anterior examen del caso, el Comité pide a las organizaciones querellantes que comuniquen a la Fiscalía General todas las informaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las investigaciones correspondientes, y
   • b) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente del presente caso.

Anexo

Estado de las investigaciones (Homicidios, tentativas de homicidios y amenazas de muerte)

Homicidios

Dirigentes sindicales

• 1. Benito Díaz Álvarez – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Fiscalía General de la Nación.

• 2. Abdiel Hernán Ordóñez Dorado – ASEINPEC. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación.

• 3. Luis Germán Restrepo Maldonado – SINTRAEMPAQUES. Etapa procesal: en juicio y con sentencias condenatorias. Personas condenadas: Jhon Bayron Cardona Sepúlveda, Alejandro Pérez Pérez, Alexander Correa Martínez, Hernán Javier Molina Saldarriaga, Nelson Camacho González e Ibio Efrén Caicedo. Entidad responsable: Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

Afiliados

• 1. Walter Escobar Marín. Etapa procesal: condena. Entidad responsable: Fiscalía 15 Especializada de Cali, Valle del Cauca. El Gobierno indica que la queja menciona el homicidio del profesor, pero no relata ningún hecho del que pueda inferirse que el crimen se ocasionó por la actividad sindical de la víctima. Según la información suministrada por la Policía Nacional, los hechos sucedieron en el marco de un enfrentamiento entre uniformados de esta institución y dos individuos que, movilizados en una bicicleta, asaltaron una estación de gasolina, amordazaron a dos trabajadores y al vigilante del lugar y dispararon contra los policías. Como saldo de los hechos, resultaron heridas dos personas y falleció el Sr. Escobar Marín, quien portaba una pistola. El Gobierno añade que ni la queja, ni la investigación dan cuenta del sindicato al que pertenecía la víctima.

• 2. Luis Franklin Vélez Figueroa – SINTRAUNICOL. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 3. Jorge Alberto García Ospina – SER. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 4. María Rosabel Zapata Henao – SUTEV. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 83 Especializada.

• 5. Pablo Antonio Rodríguez Garavito – ASEDAR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada.

• 6. Rafael Antonio Sepúlveda Lara – SEPHEM y ANTHOC. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 123 Especializada.

• 7. Hebert González Herrera – FENSUAGRO. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 79 Especializada.

• 8. Jacinto Herrera – ASODEGUA. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 78 Especializada.

• 9. Miguel Ángel Guzmán Redondo – SER. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 10. Diego Rafael Cobo Mario – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 11. Gustavo Ignacio Gómez Vargas – SINALTRAINAL. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 12. John Fredy Díaz Ortiz – ASEINPEC. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 127 Especializada.

• 13. Fernando Abel Carrasquilla González – FENSUAGRO. Etapa procesal: juicio – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 79 Especializada.

• 14. Oscar Eduardo Suárez Suescun – ASINORT. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 123 Especializada.

• 15. Zuly Balbina Rojas Leal – SINDESS. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada.

• 16. Honorio Llorente Meléndez – SINTRAINAGRO. Etapa procesal: juicio – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 79 Especializada.

• 17. Rafael Antonio Cantero Ceballos – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 18. Mauricio Antonio Monsalve Vásquez – ADIDA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 17 Seccional de Ituango.

• 19. Pablo Suárez Cortez – Asociación Campesina de Arauca (ACA). Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 79 Especializada. La víctima no era sindicalista, razón por la cual se solicita su exclusión de la lista.

• 20. Ramiro Israel Montes Palencia – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 21. Raúl Medina Díaz – Asociación Campesina de Arauca (ACA). Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada. La víctima no era sindicalista, razón por la cual se solícita su exclusión de la lista.

• 22. Apolinar Herrera – Asociación Campesina de Arauca (ACA). Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada. La víctima no era sindicalista, razón por la cual se solícita su exclusión de la lista.

• 23. Zoraida Cortes López – SER. Etapa procesal: condena – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 2 Especializada.

• 24. Fabio Sánchez Pérez – Asociación Campesina de Arauca (ACA). Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada. La víctima no era sindicalista, razón por la cual se solicita su exclusión de la lista.

• 25. Freddy Fabián Martínez Castellanos – ADE. Etapa procesal: archivado. El Gobierno indica que la víctima se suicidó el 26 de enero de 2010 y se archivaron las diligencias por atipicidad de la conducta.

• 26. Armando Cáceres Álvarez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional de Bogotá D. C. El Gobierno señala que ni la queja ni la investigación dan cuenta del sindicato al que pertenecía la víctima. Por la anterior razón y de manera respetuosa, se solicita al Comité pedir a las organizaciones querellantes pruebas de la filiación sindical de la víctima, así como elementos que den cuenta de la relación causal entre el crimen y actuaciones sindicales.

• 27. Lenny Yanube Renjifo Gómez – ASOINCA. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 28. Ivan Eduardo Tovar Murillo – SIMATOL. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 89 Especializada.

• 29. Manuel Alfonso Cuello Valenzuela – SUDEB. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 84 Especializada.

• 30. Alberto Jaimes Pabón – FENSUAGRO. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada.

• 31. Jorge Reinaldo Ramírez. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 23 Seccional de La Unión, Valle del Cauca. El Gobierno señala nuevamente que ni la queja ni la investigación dan cuenta del sindicato al que pertenecía la víctima. Por la anterior razón y de manera respetuosa, se solicita al Comité pedir a las organizaciones querellantes pruebas de la filiación sindical de la víctima, así como elementos que den cuenta de la relación causal entre el crimen y actuaciones sindicales.

• 32. Norberto García Quiceno – SUTEV. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 124 Especializada.

• 33. Jaime Fernando Bazante Guzmán – ASOINCA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 4 Seccional de Caloto, Cauca.

• 34. Henry Saúl Moya Moya – ASTRACATOL. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 1 Especializada.

• 35. Oberto Manuel Beltrán Narváez. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 1 Especializada. El Gobierno señala que ni la queja ni la investigación, dan cuenta del sindicato al que pertenecía la víctima. Por esta razón se solicita al Comité pedir a las organizaciones querellantes pruebas de la filiación sindical de la víctima, así como elementos, que den cuenta de la relación causal entre el crimen y actuaciones sindicales.

• 36. Rigoberto José Polo Contreras – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 84 Especializada.

• 37 y 38. Omar Alonso Restrepo Ospinay José de Jesús Restrepo Restrepo – FEDEAGROMISBOL. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 5 Especializada – Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado.

• 39. Pedro Elías Ballesteros Rojas – ASONAL JUDICIAL. Etapa procesal: juicio – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 72 Especializada.

• 40. Luis Fernando Hoyos Arteaga – ADEMACOR. Etapa procesal: juicio – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 4 Seccional de Montería, Córdoba.

• 41. William Tafur Velásquez – SINTRAM1ENERGETICA. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 126 Especializada.

• 42. Omaira Tamayo Mendoza – EDUMAG. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 78 Especializada.

• 43. Carlos Hernando Castillo Calvache – ASEINPEC. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 87 Especializada.

• 44. María Ligia González de Pérez – FECODE. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 28 Seccional de Tuluá, Valle del Cauca.

• 45. Tomas de Aquino Buelvas Oviedo – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación Especializada.

• 46. Diego Leonardo Vanegas González – ADIDA. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 84 Especializada.

• 47. Nevis Hernando Bula Sequéda – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 84 Especializada.

• 48. José Luis Montemiranda Rodríguez – SINCONTAXCAR. Etapa procesal: condena – Fiscalía 48 Seccional de Cartagena, Bolívar.

• 49. Ariel de Jesús Benítez Hernández – ADIDA. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 85 Especializada.

• 50. Wilson Albeiro Erazo Ascuntar – SINALTRAINAL. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 52 Seccional de Palmira, Valle del Cauca.

• 51. Alberto Hernández Molina – SIDEMS. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 1 Seccional de Saravena, Norte de Santander.

• 52. Ramiro Antonio Sánchez Muñoz – Asociación Gremial de Contratistas. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 1 Seccional de Puerto Boyacá, Caldas.

• 53. Dionys Alfredo Sierra Vergara – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 103 Especializada.

• 54. Carlos Arturo Castro Casas – SINTRAEMCALI. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 124 Especializada.

• 55. Carlos Julio Gómez González – SUTEV. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 124 Especializada.

• 56. Rafael Tobón Zea – SINTRAMIENERGETICA. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación.

• 57. Juan Carlos Chaguí Cueter – SIGINPEC. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 4 Seccional de Barranquilla, Atlántico.

• 58. Carlos Arturo Castro Casas – SINTRAEMCALI. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 119 Seccional de Cali, Valle del Cauca.

• 59. Eduard Fabián Zúñiga Vásquez y Wilmer Serna – SINTRAINAGRO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía Seccional de Apartado, Antioquia.

• 60. John Fredy Carmona Bermúdez – SINALTRAINAL. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 31 Seccional de la Unidad de Vida, Medellín, Antioquia.

• 61. Dora Liliana Ochoa Serna – SINTRAOFAN. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 87 Seccional de Segovia, Antioquia.

• 62. Tarcisio Betancourt Ballesteros – SINTRAMUNICIPIOS. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 139 Seccional de Yumbo, Valle del Cauca.

• 63. Jorge Alberto Durante – SINTRAINAGRO. Etapa procesal: indagación.

• 64. Carlos Julio Gómez González – SUTEV. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 124 Especializada.

• 65. Jorge Eliécer de los Ríos Cárdenas – SER. Etapa procesal: capturados como responsables Jhorman David Rosero Villegas, Kevin Estiven Moncada y Lucas Ortiz Ortiz. Entidad responsable: Fiscalía 8 Seccional de Dos Quebradas, Risaralda.

• 66. Alejandro José Peñata López – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 21 Seccional de Cereté, Córdoba.

• 67. Eduardo Moisés Aponzá Cuero – SIMANA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía Seccional 28 de Tumaco, Nariño.

• 68. Omar Andrés Duran Vergara. Etapa procesal: responsables capturados – Fiscalía Seccional de Taraza, Antioquía.

• 69. Luis Alfonso Díaz Villa – UNICORDOBA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 6 Seccional de Montería, Córdoba.

• 70. Nayib de Jesús Tapias Jiménez – ADIDA. Etapa procesal: captura de Mariano Esteban Barreto Machado – Fiscalía Seccional 30 de Arboletes, Antioquia.

• 71. Luis Arbey Quiroz Vivas – Sindicato de Maestros del Caquetá. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 36 Seccional de La Unión, Valle del Cauca.

• 72. Luis Alberto Bohórquez Chávez – Sindicato de Maestros del Caquetá. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 18 Seccional de Puerto Rico, Caquetá.

• 73. Manuel Esteban Tejada Ricardo – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 25 Seccional Planetarica.

• 74. Ana Georgina Rodríguez Pinzón – SES. Etapa procesal: responsable capturado, Rubén Eduardo Ramírez Corredor – Fiscalía 4 Seccional de Socorro.

• 75. Humberto de Jesús Espinoza Díaz – SER. Etapa procesal: indagación – Fiscalía de Anserma Caldas.

• 76. Carlos Alberto Ayala Moreno – ASEP. Etapa procesal: condena de Rubén Darios Rosero Quiroz y juicio oral previsto para Jesús Carlos Cuchimba Vallejos – Fiscalía 44 Seccional.

• 77. Freddy Antonio Cuadrado Núñez – EDUMAG. Etapa procesal: indagación.

• 78. Carlos Julio Gómez González – SUTEV. Etapa procesal: indagación. Entidad responsable: Fiscalía 116.

• 79. María Eugenia Arango Zapata – ADIDA. Etapa procesal: responsable capturado, Omar Andrés Duran Vergara – Fiscalía Seccional.

• 80. Félix María Rincón Cáceres – ADE. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 307 Seccional Uri.

• 81. José Alberto Martínez Berrio – ADUCESAR. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 22 Seccional Chiriguana.

• 82. Gloria Contanza Gaona Rangel. Etapa procesal: juicio – audiencia de juicio oral en julio de 2012.

• 83. Héctor Orozco – FENSUAGRO. Etapa procesal: indagación.

• 84. Gildardo García Ducuara – CUT. Etapa procesal: indagación.

• 85. Francisco Manuel Valerio Orozco. Etapa procesal: indagación.

• 86. Beatriz Amparo Alarcón Gómez – ADIDA. Etapa procesal: condena – Fiscalía 216 Seccional.

• 87. Gustavo Eliecer Gil Sierra. Etapa procesal: indagación.

• 88. Julián Andrés Chávez Moreno. Etapa procesal: indagación.

• 89. Aracely Quinchoa y Javier Estrada Ovalle. Etapa procesal: indagación.

• 90. Willington Siniesterra Ocoro. Etapa procesal: indagación.

• 91. Beatriz Oliva Dorado Molano. Etapa procesal: indagación.

• 92. José Isidro Rangel Avendaño. Etapa procesal: indagación.

• 93. Jorge Iván Montoya Torrado. Etapa procesal: indagación.

• 94. Israel Verona. Etapa procesal: indagación.

• 95. Acibiades González Castro. Etapa procesal: indagación.

• 96. Carlos Andrés Cheiva Iriarte. Etapa procesal: juicio – Audiencia preparatoria el 6 de julio ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia. La defensa solicitó la nulidad, la cual fue acogida y actualmente un recurso de apelación está pendiente.

• 97. Diego Fernando Escobar Munera. Etapa procesal: indagación.

• 98. Henry Ramírez Daza. Etapa procesal: indagación.

• 99. Franco Ernesto Goyes Salazar. Etapa procesal: indagación.

• 100. Elkin Eduardo Gómez Saumeth. Etapa procesal: indagación.

• 101. Mauricio Antonio Montsalve Vásquez – ADIDA. Etapa procesal: acusación – Fiscalía 29 Especializada, Medellín.

• 102. Duvian Dario Rojo Cadavid – ADIDA. Etapa procesal: juicio – Fiscalía 11 Seccional de Puerto Berrio.

• 103. Javier Cárdenas Gil – Asociación Sindical de Areneros y Balasteros del Quindio. Etapa procesal: condena – Fiscalía 15 Seccional.

• 104. Nelson Camacho González – USO. Etapa procesal: condena – Fiscalía 1 Seccional de Barrancabermeja.

• 105. Jorge Reinaldo Ramírez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 23 Seccional de la Unión.

• 106. Pedro Antonio Carreño Moreno – USO. Etapa procesal: juicio – Fiscalía 42 Seccional.

• 107. Rosendo Rojas Tovar – AICA. Etapa procesal: condena – Fiscalía 18 Seccional de Puerto Rico.

• 108. Segundo Salvador Forero Piedrahita – EDUCAL. Etapa procesal: juicio – Fiscalía 2 Seccional de Anserma.

• 109. Diego Fernando Escobar Munera – ASONAL JUDICIAL. Etapa procesal: condena – Fiscalía 20 Especializada.

• 110. Ibio Efren Caicedo Caldera – ADIDA. Etapa procesal: juicio – Fiscalía 14 Especializada.

• 111. Luis Fernández Hoyos Arteaga – ADEMACOR. Etapa procesal: juicio – Fiscalía 4 Seccional.

Tentativas de Homicidios

• 1. Over Dorado Cardona – ADIDA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 39 Especializada de Medellín, Antioquía.

• 2. José Eliecer Martínez Cano (escolta del Sr. Cardona). Etapa procesal: condena.

• 3. Esteban Rafael Padilla Martínez y Munir Alir Cantillo Carrillo – SINTRAMIENERGETICA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 62 Seccional de Cali, Valle del Cauca.

• 4. Dubán Antonio Vélez Mejía – SINALTRAINAL y Diego Fernando Ríos Palacio (escolta). Etapa procesal: indagación – Fiscalía 121 Seccional de Medellín, Antioquía.

• 5. Wilson Sáenz Manchola – CUT. Etapa procesal: indagación.

Amenazas de muerte

• 1. Yesid Calvache Saavedra – SINTRAPETROPUTUMAYO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 41 Seccional Mocoa.

• 2. Omar Romero Díaz. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 25 Seccional.

• 3. Mario Montes de Occa Anaya – ADEMACOR. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Derechos Humanos Fiscalía 37 Especializada.

• 4. Luis Javier Correa Suárez – SINALTRAINAL. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 5 Seccional estructura de apoyo, Bucaramanga.

• 5. Pedro Antonio Carreño Moreno – USO. Etapa procesal: juicio – Fiscalía 42 Seccional, Villaviciencio.

• 6. José Omar Olivo Brito – EDUMAG. Etapa procesal: indagación – Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado – Fiscalía 18 Especializada.

• 7. Over Dorado Cardona – ADIDA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 39 Especializada, Medellín.

• 8. Rodolfo Vecino Acevedo – USO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 1 Especializada, Cartagena.

• 9. Martín Fernando Ravelo Ravelo, Robinson Díaz Camargo, Rafael Rodríguez Moros – USO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 1 Seccional de Barrancabermeja.

• 10. Rafael Cabarcas Cabarcas – USO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 48 Seccional, Cartagena.

• 11. Gustavo Sarmiento Triviño – CGT. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 11 Seccional, Pereira.

• 12. Jaime Burbano, Oscar Salazar y Deyanira Martínez – SUTEC. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 2 Seccional Popayán, Cauca.

• 13. Juan Carlos Valencia, María Eugenia Londoño, Vicente Villada, Diego Osorio, Guillermo Castaño, Jairo Quintero, Gustavo Marín, Hernando Aguirre, Carlos Valencia, Gerardo Santibáñez y Héctor García – SINTRAEMDES, SER, CUT. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 11 Seccional Pereira, Risaralda.

• 14. Alex Gómez López, Octavio Collazos Calderón, Héctor Valencia, Libardo Pérez, Carlos Silva, Wilson Pérez, Yesid Doncel, Jorge Londoño, Franco Jojoa, Fernando Mecaya, Antonio Valen, Martha Vaquiro, Rosemery Londoño, Luz Mila Beltrán, Yolanda Fajardo – FENSUAGRO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 8 Seccional, Florencia.

• 15. Miguel Alberto Fernández Orozco – CUT. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 11 local, Popayán, Cauca.

• 16. Fredis Enrique Marrugo Velásquez – USTRIAL. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 48 Seccional, Cartagena.

• 17. Henry Ezequiel Gordon Atencio – CUT. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 19 Seccional, Barranquilla.

• 18. Ingrid Vergara Chávez Movice. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 6 Seccional, Síncelejo.

• 19. Fernando Carvajal Becerra – SINTRAPETROPUTUMAYO. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 39, Seccional Mocoa, Putumayo.

• 20. APROCOP, FUNCONDESABA, ASORVIM, USO, Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos, OFP y ASODEV, SJR, PDPMM, SINDES, CREDHOS, Comité de Desplazados, Foro Social, ASODESAMUBA, SINALTRAINAL, ACVC, 16 Mayo. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 Especializada, Bucaramanga.

• 21. Luis Javier Correa Suárez, John Jairo Montoya S. J. – SINALTRAINAL y otros. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 2, Seccional de Barrancabermeja.

• 22. Edgar Ramírez Delgado – SINTRAEMCALI. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 47 Seccional, Cali, Valle del Cauca.

• 23. Trabajadores Montajes JM SA. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio.

• 24. Luis Eduardo Benítez Niño. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio.

• 25. Miembros de la policía y del ejército nacional. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio.

• 26. Policía Nacional. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 27. Wilton Aguirre Díaz. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 28. Jefferson Ramiro Morales González. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 29. José Saúl Roa Gómez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 30. Yeison Vásquez Álvarez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 31. Juan Carlos Soler Vera. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 32. Leonardo Barajas Rodríguez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 33. Duarte Rodríguez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio.

• 34. Henry Jara. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 35. Fernando Bocanegra. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio.

• 36. Manuel Alberto Alvarado Jaramillo. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio

• 37. Roñal Fernando Contreras Sissa. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 38. José Fernando Villamil Martínez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 39. Diego Duvan Cely Riveros. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 40. Alex Heyner Garzón. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 41. Cristian Alexis Quiroga Pineda. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 42. Rodrigo Alfonso Romero Romero. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 43. Alexandra Uribe Abisambra. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 44. Oleoducto de los Llanos Orientales. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 45. Pacific Rubiales Energy. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 46. Jairo Alexander Miranda Barahona. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 47. Luis Alfonso Bétancourt Navarro. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 48. Laurentino Pérez Duitama. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 49. Wilson Alfonso Buitrago. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 50. Juan Carlos Nustes Mayorga y José Antonio Nupia Jiménez. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 51. José Elkin Quimbayo Mesa. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio

• 52. Power Gil y Gas Ltda. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 53. Javier Alexander Aris Cárdenas. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 54. Fernando Montoya Beltrán Etapa procesal: indagación – Fiscalía 7 local, Villavicencio.

• 55. Omar Darian Cárdenas Torres. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 56. Cesar Augusto Rodríguez Patarroyo. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 57. Jaime Ernesto Castilla Luna. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 34 Seccional, Villavicencio.

• 58. Edwin Antonio Pineda Parada. Etapa procesal: indagación – Fiscalía 32 Seccional, Villavicencio.

• 59. José Eliecer Martínez Cano. Etapa procesal: condena – Fiscalía 39 Especializada, Medellín.

• 60. José Fraybel Melo Bedoya. Etapa procesal: indagación.