Individual Case (CAS) - Discussion: 2005, Publication: 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

Un representante gubernamental (Ministro del Trabajo) agradeció el informe de la Comisión de Expertos y mencionó que éste no incorpora nota a pie de página invitando a transmitir información completa y detallada sobre el Convenio respecto de su país. Observó sin embargo, con sorpresa que su Gobierno ha sido llamado a ofrecer información a esta Comisión. Resulta evidente que este llamado responde a un manejo político, que hace reflexionar sobre la adecuada utilización de los procedimientos y mecanismos de control. Indicó que no existen razones técnicas que justifiquen el examen de la situación laboral y sindical de su país y se preguntó sobre las verdaderas razones para ello. La República Bolivariana de Venezuela ha sido llamada a dar explicaciones a esta Comisión en forma ininterrumpida desde 1999, año en que el Presidente Hugo Chávez asumió la jefatura del Estado, poniendo fin a décadas de gestiones marcadas por la corrupción y la insensibilidad social, que sumieron al país en el atraso, la miseria, la exclusión de enormes sectores de la población, así como la dependencia y la transferencia de recursos al exterior. Desde el año 2002, el Gobierno recibió dos misiones de contactos directos y recientemente una Misión de Alto Nivel, en enero pasado, la cual produjo un informe recibido a finales de mayo, que es actualmente analizado por los expertos de su Gobierno. Destacó varios aspectos generales de dicho informe, en particular, la disposición de los actores institucionales a abordar con transparencia y sinceridad los diversos temas e indicar las dificultades para avanzar en las soluciones; la evidencia de que existen progresos en el diálogo social consolidados en una visión de democracia participativa, inclusiva e incluyente; el consenso de estos actores para sacar de la agenda cotidiana los hechos de los años 2002 y 2003, lo que denominaron "pasar la página". Todos ellos reconocen que desean involucrarse en la construcción de una sociedad más inclusiva y aprovechar el crecimiento económico, para superar la desigualdad estructural y la exclusión heredadas del pasado.

Se refirió luego a progresos alcanzados y medidas positivas en materia de libertad sindical y en otras áreas. A este respecto, señaló que se reformó el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, para superar la flexibilización y precarización laboral impulsada por el Gobierno anterior. La reforma estableció normas relativas a las organizaciones colegiadas, que afilian a los profesionales liberales, en las cuales coinciden patronos y trabajadores en una sola organización; se establecieron protecciones especiales a favor de los trabajadores cuando sufren despidos o medidas antisindicales o que afecten a la maternidad; se recogió en la normativa la práctica sostenida por el Gobierno en relación con el establecimiento de mesas de diálogo social. Se establecieron normas sobre transparencia en la gestión sindical y para promover su democratización, siempre respetando sus estatutos y normas legales. Las medidas en el campo sindical fueron acompañadas por la supresión del contrato de jóvenes en formación o primer contrato (que involucra a jóvenes de 18 a 24 años), la supresión de las empresas de trabajo temporal, la elevación de las sanciones por incumplimientos laborales, el rescate de empresas en crisis tecnológicas o económicas favoreciendo la cogestión y la autogestión, superando la vieja concepción de despidos masivos y de reducciones de personal como en el pasado. Recientemente, también se puso en vigencia una nueva norma sobre la solvencia laboral que impide al Estado contratar, facilitar divisas, licencias de importación y exportación, o créditos preferenciales de instituciones públicas, a aquellos patronos que no cumplan con los derechos laborales, sindicales y con la seguridad social. Esta medida fue aprobada y tras varias mesas de diálogo social, su entrada en vigencia fue diferida a solicitud de los empleadores hasta el 1.º de mayo. Con esta medida se obtendrá una mayor eficacia en el acatamiento de órdenes de reincorporación, y también se incrementará la recaudación de la seguridad social. En el segundo semestre de 2005, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; la Ley de Servicios Sociales y la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, todas en el marco de una seguridad social pública y solidaria. Con la nueva Ley sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, se inició un proceso para que los trabajadores elijan en forma democrática a 10.600 delegados de prevención en salud y seguridad ocupacional, que se suman a los 8.400 comités paritarios que ya existían. Además, se han constituido en forma paritaria mesas de trabajo en los sectores eléctrico, construcción, petróleo, agrario y en centrales azucareras. En el año 2004, fueron constituidas 458 organizaciones sindicales y aprobadas 834 convenciones colectivas. En el 2005, se constituyeron 530 organizaciones sindicales y negociaron 564 convenciones colectivas. Dijo además que, se mantiene una dinámica de trabajo en relación con otras instituciones, como la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, a quienes se ha transmitido la posición de la OIT y del propio Gobierno sobre varios temas pendientes, como ha reflejado el informe de la Misión de Alto Nivel.

En cuanto a las elecciones sindicales, su Gobierno desde el año 2003 fijó su posición pública en el sitio web del Ministerio del Trabajo: conforme a la Ley Orgánica del Poder Electoral y a los convenios internacionales, las organizaciones sindicales pueden hacer sus elecciones en forma autónoma, siguiendo lo pautado en la ley y en sus estatutos. Su Gobierno, incluso, promovió reuniones con las organizaciones sindicales, lo que dio lugar a una declaración conjunta de ellas en este sentido. Han sido reiteradas las posiciones públicas del Ministerio del Trabajo sobre el tema y ellas han sido apoyadas por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y están contenidas en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Su Gobierno espera que las posiciones contradictorias con el Consejo Nacional Electoral que han existido en el pasado, sean superadas por las nuevas autoridades de dicho Consejo, designadas a finales de abril, a las cuales se les ha transmitido la posición de la OIT.

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los expertos reconocen los avances del proyecto normativo, el cual fue objeto de consultas y asistencia técnica de la OIT. Su Gobierno considera que la preocupación de la Misión de Alto Nivel sobre la reelección de los dirigentes sindicales, fue disipada tras reuniones con diputados de la Asamblea Nacional y por la propia práctica. Afirmó que existen dirigentes sindicales que han sido reelegidos democráticamente y además han negociado colectivamente tras sus respectivas reelecciones. La reforma de la ley está incluida en la agenda del año 2006 de la nueva Asamblea Nacional que lleva apenas cinco meses en funciones. Tras consultas, la nueva Asamblea Nacional ha manifestado su interés en que la reforma sea integral para superar viejas figuras jurídicas del neoliberalismo. Existe consenso sobre los temas planteados por la OIT en materia de libertad sindical pero las diferencias se refieren a los aspectos vinculados con la terminación de la relación de trabajo y la asociación que tiene este tema con las pensiones por vejez. Reiteró que en su país existe un diálogo social permanente desde 1999, que se incrementó desde finales del año 2004 y agregó que en las mesas de diálogo social no ha sido excluido ningún sector ni ninguna organización. Entre octubre de 2005 y mayo de 2006, el Gobierno y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) han realizado más de 28 reuniones, con participación del Presidente de la República y Vicepresidente de la República, los ministros y altos funcionarios, tratándose temas de variada índole. Igualmente, con todos los interlocutores sociales se han celebrado - en el mismo período - más de 50 reuniones, sin perjuicio de otras consultas por vía escrita o a través de encuestas. El Gobierno reconoce el papel de FEDECAMARAS y de las demás organizaciones de empleadores. Afirmó que ha sido el propio presidente de FEDECAMARAS quien ha reconocido como necesaria la apertura del diálogo social en un espacio en donde estén todas las organizaciones empresariales con distinto grado de afiliación e inserción en los sectores de actividad económica (como las micros, pequeñas y medianas empresas). El presidente de FEDECAMARAS ha comunicado al Gobierno y a la Misión de Alto Nivel que no debe haber exclusión de ningún sector. Celebró este avance, ya que admite un diálogo social amplio, participativo y democrático. Gracias al diálogo y a la política soberana y popular del Gobierno, se ha logrado un crecimiento económico y el aumento sostenido de los salarios mínimos. Los indicadores positivos son logros compartidos de trabajadores y empleadores, de una sociedad articulada con el Gobierno, para alcanzar niveles de distribución justa de la riqueza que se les negaron en el pasado. Indicó que en ese contexto resulta inexplicable que algunos voceros de las organizaciones de empleadores, modifiquen en este espacio internacional las posiciones que mantienen en el país, pretendiendo reeditar la agenda de los años 2002 y 2003 y afirmando que las múltiples reuniones con el Gobierno no dan frutos, ni llevan a acuerdos. Se preguntó si a los empleadores ya no les sirve el diálogo social, porque ya no es instrumento de la desregulación laboral, de la precarización del trabajo y de la privatización de la seguridad social. Por último, subrayó que su Gobierno no renuncia al diálogo social como instrumento de consulta y participación de carácter amplio y transformador, que asegure la ampliación de los derechos y no su restricción. A este respecto, señaló que esta instancia y otros mecanismos de control no deben seguir empleándose políticamente para truncar el camino elegido por un pueblo, para profundizar la democracia y enfrentar el neoliberalismo.

Los miembros trabajadores se congratularon por la evolución reciente de las relaciones entre la OIT y el Gobierno, en especial después de que aceptó una misión de asistencia técnica de alto nivel, que tuvo lugar en enero de 2006, para lograr una mejor aplicación del Convenio. Sin embargo, indicaron que no podían discutir inmediatamente las conclusiones de dicha misión, como acababa de hacer el representante gubernamental. Los miembros trabajadores señalaron haber tomado nota de la memoria del Gobierno y de las declaraciones de los empleadores, y haber realizado también amplias consultas con las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, y en particular con el representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), representante de los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela en la Comisión de la Conferencia, con los de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y con el representante de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela (CTV), que participaba en esta Conferencia en la delegación de la CIOSL. Asimismo, los miembros trabajadores se refirieron al informe anual de la CIOSL sobre las violaciones de los derechos sindicales, informe que hacía referencia básicamente a la situación evocada por los informes más recientes de la Comisión de Expertos.

Por último, los miembros trabajadores enumeraron los aspectos que quedaban pendientes, a pesar de que no era la primera vez que la Comisión de la Conferencia examinaba este caso en los últimos años:

1) las normas contrarias al Convenio, que se referían a la presentación ante el Consejo Nacional Electoral de los procedimientos electorales de los sindicatos, problema acerca del cual el Gobierno respondía que el procedimiento ya no era obligatorio, anuncio que aún debía confirmarse mediante textos que pudiesen constituir una base legal y aportar una seguridad jurídica igualitaria para todos;

2) la aplicación del artículo 3 del Convenio, esto es, del derecho de los trabajadores y empleadores a elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, a elegir libremente a sus representantes, a organizar su gestión y sus actividades, y a formular su programa de acción, sin la injerencia de las autoridades públicas limitando este derecho u obstaculizando su ejercicio legal. A este respecto, convenía esperar a que las comprobaciones de la reciente misión de la OIT en el país confirmase efectivamente la evolución que el Gobierno había comunicado;

3) las informaciones presentadas por el Gobierno revelaban un refuerzo, desde 2005, del diálogo social, el cual abarcaba a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones de empleadores. Convendría estimular más el diálogo social, en especial mediante una estructura tripartita permanente que respondiese a las expectativas de las organizaciones de trabajadores y que permitiese examinar las cuestiones con mayor profundidad, teniendo en cuenta plenamente las opiniones de todos los interlocutores. Para que las normas y los principios recogidos en el Convenio se respetasen plenamente, se requerían progresos adicionales, tanto en el plano formal como en el plano cualitativo.

Los miembros trabajadores se congratularon por los primeros indicios que se filtran ya de la misión de la OIT al país. Observaron que otras iniciativas de este tipo realizadas recientemente en otros países, junto al seguimiento que de ellas realizaba la Comisión de la Conferencia, habían dado pruebas de eficacia y habían hecho valer la importancia de los mecanismos de diálogo tripartito en favor de los derechos de los trabajadores, tanto en relación con la legislación como con la práctica. Pidieron que, como era costumbre, se presentasen a la Comisión de Expertos las conclusiones del informe de dicha misión, así como las informaciones facilitadas a la OIT por las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores y el Gobierno. Expresaron su esperanza de que la Comisión de Expertos pudiese tomar nota, en su próximo informe, de los logros tan deseados.

Los miembros empleadores expresaron su agradecimiento al Ministro del Trabajo por estar presente y por la información que había facilitado. Recordaron que el Gobierno había recibido dos misiones de contactos directos de la OIT y una Misión de Alto Nivel en enero de 2006, y lamentaron que el Gobierno aún no hubiese hecho público el informe de dicha misión; al no disponer de este informe, no se podía evaluar de forma independiente las observaciones formuladas por el Gobierno. En cuanto a las nuevas leyes a las que el Gobierno se había referido, preguntaron si se había consultado a las organizaciones más representativas. En lo relativo a la modificación de la legislación del trabajo, los miembros empleadores señalaron que, aparentemente, no se había consultado a las organizaciones de empleadores. Preguntaron al Gobierno si realmente había celebrado consultas con FEDECAMARAS, la organización de empleadores más representativa. Indicaron que la esencia del caso se refería al artículo 3 del Convenio, que recogía el principio de la no injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de empleadores o de trabajadores. A pesar de los numerosos años de discusión, es evidente que el Gobierno aún no había captado del todo las disposiciones de este artículo. Este caso consistía en la injerencia en las organizaciones de empleadores, en concreto en FEDECAMARAS, y esta injerencia había interferido incluso con el trabajo de la Comisión, por la injerencia del Gobierno en la designación de los delegados empleadores. De hecho, los miembros empleadores ya denunciaron en 2004 y 2005 esta práctica. En estas dos ocasiones, la Comisión de Verificación de Poderes reconoció a FEDECAMARAS como la organización de empleadores más representativa y también indicó que la designación de otras organizaciones de empleadores perjudicaba a FEDECAMARAS y expresó el deseo de que el Gobierno debía tomar en cuenta esta apreciación. Al respecto, el Gobierno había incumplido una vez más su obligación de designar a la organización de empleadores más representativa. Por otra parte, el Gobierno no había asegurado a los interlocutores sociales los recursos suficientes para participar plenamente en la Conferencia.

Los miembros empleadores indicaron que resultaba difícil discernir, a partir de las observaciones del Comisión de Expertos de 2005, si el caso incluía injerencia en las organizaciones de empleadores. Esto era sorprendente, habida cuenta de los reveladores descubrimientos del Comité de Libertad Sindical en la línea de las preocupaciones de los miembros empleadores, así como del hecho de que en la declaración de 2005 se explicaron detalladamente los problemas creados por las organizaciones de empleadores y las amenazas personales que recibían varios representantes de los empleadores. No obstante, el presente caso era sin lugar a dudas un caso grave. No quedaba claro si el Gobierno estaba implicando adecuadamente a la CTV y a FEDECAMARAS en el diálogo social. La naturaleza grave del caso quedaba reflejada en el hecho de se hubiese detenido al ex presidente de FEDECAMARAS, que ahora estaba exiliado. El principio de no injerencia establecido en el artículo 3 del Convenio es claro y no presta confusión; los miembros empleadores instaron al Gobierno a tomar medidas urgentes para cumplir esta disposición y a respetar sus obligaciones con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

La miembro gubernamental de Honduras, en nombre del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe (GRULAC), tomó nota de las observaciones de la Comisión de Expertos, así como de las declaraciones efectuadas por el Gobierno y por los voceros de los interlocutores sociales. Reiteró el compromiso de sus Gobiernos con las Normas Internacionales y los mecanismos de control de la OIT, y en particular con las normas relativas a la libertad sindical. Destacó que, a pesar de los progresos observados por la Comisión de Expertos, por séptimo año consecutivo la Comisión invita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a brindarle información. Además, debe recordarse que, en los últimos cuatro años, el Gobierno aceptó la asistencia técnica de dos misiones de contactos directos y la visita de una Misión de Alto Nivel de la Oficina. Esta última se llevó a cabo en enero de 2006. Llamó la atención sobre la permanente buena disposición del Gobierno a brindar la información solicitada por los órganos de control y la voluntad demostrada de cooperar con la OIT, lo cual debería ser aprovechado por la OIT para alcanzar soluciones. Tales soluciones deberían, a partir de la disposición positiva del Gobierno, canalizarse a través de la cooperación técnica de la Oficina. Alentó a la Comisión y a la Oficina a aprovechar dicha oportunidad y reiteró lo expresado por el GRULAC, en otras ocasiones, sobre la necesidad de un mejoramiento de los métodos de trabajo de la Comisión para alcanzar mayor transparencia a fin de evitar una tendencia hacia la politización de espacios destinados al diálogo social constructivo.

El miembro gubernamental de Cuba se felicitó por la posición adoptada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de haber aceptado la solicitud de comparecer ante la Comisión, en particular porque la misma no proviene de la Comisión de Expertos mediante el método habitual de "notas al pie de páginas". No es la primera oportunidad ya que este caso se discute y muchos de los argumentos de los miembros empleadores ya son viejos. En Venezuela hay progresos tangibles: atendió las recomendaciones de la Comisión de Expertos y aceptó la asistencia técnica de la OIT solicitada por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno aceptó y recibió una misión de contactos directos en 2002, otra en 2004 y una Misión de Alto Nivel en el 2006. Sin embargo, el Gobierno continúa siendo llamado a comparecer ante la Comisión. En Venezuela, se ejecutan planes sostenidos de inclusión de trabajadores y de la ciudadanía en general; se privilegian los derechos laborales de los trabajadores, existen programas para el cumplimiento de la ley; se ha mejorado la inspección del trabajo en apoyo a los programas de salud, seguridad, protección y educación al trabajador; se avanza con éxito en programas de viviendas para los segmentos poblacionales tradicionalmente excluidos o marginados; se hacen inversiones cuantiosas en infraestructura y servicios de transporte y energía para elevar la calidad de la vida de los trabajadores y de todo el pueblo, articulando el país hacia el progreso. Lo anterior no ha impedido llamar nuevamente a comparecer ante la Comisión al país. El orador indicó que, cuando en Venezuela primaba la corrupción, la violación de las leyes y de los derechos laborales, no se encontraba al país entre los seleccionados a comparecer. Cuando el Gobierno trabaja intensamente para resolver los mayores problemas derivados de la miseria y el desempleo y para hacer realidad los principios de trabajo digno y de empleo para todos, la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en la lista de países llamados a comparecer ante la Comisión. El orador declaró no comprender el criterio utilizado para hacer comparecer un país ante la Comisión. Otros gobiernos han expresado su disgusto y preocupación por la falta de transparencia que rodea la preparación de la lista y que hace que se deba insistir en la necesidad de mejorar los métodos de trabajo de la Comisión para alcanzar mayor transparencia y participación de todos los actores concernidos, de conformidad con los criterios expresados por el Movimiento de Países no Alineados. Los espacios concebidos y destinados al diálogo social constructivo no deben ser políticamente utilizados para beneficio de intereses que no tienen nada que ver con los principios postulados por la OIT.

El representante gubernamental se refirió a lo manifestado por los miembros empleadores en cuanto al carácter secreto del informe de la Misión de Alto Nivel e informó que el mismo está siendo analizado por el Gobierno. En su país, hay consenso sobre la necesidad de profundizar el diálogo social para superar la injusticia y la exclusión y avanzar en la adaptación de la legislación y la práctica al Convenio, tal como ocurre hasta ahora. Los progresos están a la vista de todos y son el resultado del esfuerzo de los distintos interlocutores sociales para superar la pobreza y la exclusión. En lo que respecta a las distintas leyes adoptadas recientemente, el orador señaló que las mismas fueron debidamente consultadas. Con fecha 1.º de mayo de 2006 se aprobó un nuevo reglamento sobre la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo proyecto fue sometido a consultas desde octubre de 2002, las cuales fueron encabezadas por el Ministro del Trabajo y en las que participaron numerosas afiliadas de la CTV y de FEDECAMARAS. Con ello se subsanó la legislación que estaba vigente hasta ese entonces y que había sido adoptada por decreto. El orador se refirió al proyecto de reglamentación de la ley para la alimentación de los trabajadores que es objeto en la actualidad de profundas consultas, y que cuenta con la amplia participación de los interlocutores sociales, incluyendo FEDECAMARAS. Lo anterior demuestra la voluntad de dicha organización de superar la exclusión. Las consultas para la adopción de la legislación se llevan a cabo con organizaciones nacionales, en primer lugar; después con actores locales, y finalmente, se extienden a toda la población. Dichas consultas serán tenidas en cuenta según el nivel de interés de cada sector consultado en la legislación a adoptar. En la actualidad, se está terminando la consulta sobre la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo que se inició cuando se estaba llevando a cabo la Misión de Alto Nivel. Todas las propuestas serán debidamente analizadas en la Mesa de Diálogo Social. El Gobierno no desconoce sus obligaciones en relación con el Convenio. Su Gobierno tiene en claro la posición de la OIT en lo que respecta a las elecciones sindicales y estima que la posición del Gobierno coincide con la de la OIT. En la actualidad, la participación del Consejo Nacional Electoral sólo es permitida cuando es requerida por las propias organizaciones. No hay injerencia del Estado en el funcionamiento de las organizaciones de los interlocutores sociales. En la República Bolivariana de Venezuela hay libertad sindical. En efecto, ciertas corrientes sindicales que no existían, en la actualidad participan en el movimiento sindical venezolano. Muchas de las organizaciones catalogadas como instrumentos del Gobierno tienen muchas décadas de existencia, pero no habían podido participar en el escenario político anterior. La apertura del diálogo social tiene su impacto en la designación de delegados que participan en la Conferencia. Los delegados deben reflejar la nueva estructura y apertura. El Gobierno no tiene ninguna influencia en la representatividad de las organizaciones. Su Gobierno se compromete a avanzar hacia el pleno cumplimiento del Convenio.

Los miembros trabajadores declararon haber tomado nota de la información presentada por el Gobierno, en especial respecto a la adopción de nuevas leyes y reglamentos para poner la legislación de conformidad con el Convenio. Los miembros trabajadores también tomaron nota de la declaración de los miembros empleadores. Los miembros trabajadores celebraron la voluntad de cooperar que tiene el Gobierno y de la asistencia de alto nivel que le ha sido brindada. Los miembros trabajadores expresaron nuevamente su convicción en que el diálogo social es el camino más apropiado para garantizar una aplicación duradera de las libertades sindicales.

Los miembros empleadores expresaron su sorpresa ante la suavidad de las posturas de los miembros trabajadores en el caso teniendo en cuenta que se trata de cuestiones serias que conciernen tanto a las organizaciones de trabajadores como a las de empleadores. Insistieron en que no es un caso político. Se trata de un caso en que los representantes de los empleadores están siendo amenazados, obligados a exiliarse y viendo restringida su libertad de movimiento, las mismas violaciones que sufren los sindicalistas en muchos otros países. El presente caso honra dos de los pilares de la filosofía de la OIT: la independencia de las organizaciones respecto de los interlocutores sociales y el tripartismo. Es un caso extremadamente serio en el cual no se ha logrado ningún progreso.

El representante gubernamental manifestó que las conclusiones deberían haber considerado un avance más positivo sobre los progresos alcanzados en cada una de las cuestiones tratadas. Observó que su Gobierno no comparte algunos de los aspectos de las conclusiones, puesto que no reflejan el debate sobre el caso, en particular en cuanto a lo expresado sobre las libertades civiles. En lo que respecta al acuerdo tripartito propuesto en las conclusiones, indicó que su Gobierno no acepta firmar lo que ya está afirmado por la práctica del diálogo social existente en su país, con todos los interlocutores sociales, sin exclusión.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela dejó constancia de su absoluto desacuerdo con las conclusiones presentadas, pues las mismas no reflejan el tenor, ni el contenido del debate que tuvo lugar. Se afirma que en Venezuela está restringido o limitado el derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir organizaciones y eso es totalmente falso. También se refirió a las supuestas restricciones de las libertades civiles en contra de un dirigente empresarial, y lo que realmente sucede es que hay un ex dirigente gremial empresarial que tiene en su contra un proceso judicial por haber incurrido en actos de delito común.

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas por el representante gubernamental, así como del debate que tuvo lugar a continuación.

La Comisión se refirió a las siguientes cuestiones pendientes: las restricciones legales al derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes; al derecho de las organizaciones de elaborar sus estatutos y de elegir libremente sus dirigentes sin injerencia de las autoridades y al derecho de organizar sus actividades; a la negativa de reconocimiento de los resultados de elecciones sindicales; a insuficiencias en el diálogo social y a la protección de las libertades civiles, incluido el derecho de libertad y protección de las personas. La Comisión tomó nota de que, en seguimiento de su solicitud de 2005, en enero de 2006 había tenido lugar una Misión de Alto Nivel de la Oficina.

La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno, que se refieren, entre otras cuestiones, a un proyecto de ley tendiente a remediar los problemas legislativos puestos de relieve por la Comisión de Expertos. Además, tomó nota de que se prevé que dicha reforma sea integral, y, si bien existe un consenso general en los temas de libertad sindical, las diferencias se refieren a la cuestión de las pensiones por vejez.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno había afirmado que en el diálogo social participan todos los actores sociales, incluida FEDECAMARAS, y que se habían realizado progresos en la consolidación de la democracia y del pluralismo. El Gobierno señaló igualmente que se habían adoptado varias leyes en materia sociolaboral y en particular hizo referencia a la reforma del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, consultada con todos los sectores que, entre otras cosas, tiene como objetivo fortalecer la protección contra los despidos antisindicales y recoger la práctica seguida por el Gobierno en materia de diálogo social. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había informado a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral sobre los comentarios de la Comisión de Expertos en relación con la cuestión de las elecciones sindicales y el Gobierno confió en que este Consejo tomara ahora medidas para que su intervención se limitara a prestar asistencia técnica en caso de que lo solicitaran los sindicatos. La Comisión tomó nota también de las informaciones estadísticas facilitadas por el Gobierno sobre nuevos sindicatos y convenios colectivos concluidos.

La Comisión tomó nota de los esfuerzos indicados por el Gobierno que éste había realizado para fortalecer el diálogo social.

La Comisión pidió al Gobierno y a las autoridades competentes que aceleraran la tramitación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y confió en que la futura ley pondría la legislación en plena conformidad con el Convenio y resolvería las importantes cuestiones pendientes mencionadas por la Comisión de Expertos, en particular en relación con el derecho de la organizaciones de trabajadores y de empleadores de realizar sus actividades sin injerencias. La Comisión esperó que se tomaran, con carácter de urgencia, las medidas necesarias para asegurar que el recurso al Consejo Nacional Electoral para los procesos de elecciones sindicales fuese completamente voluntario.

La Comisión pidió al Gobierno que intensificara el diálogo con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, incluida FEDECAMARAS. La Comisión esperó que pudiera avanzarse en la celebración de un acuerdo tripartito con todos los interlocutores sociales que podría sentar bases firmes para un diálogo social sostenido y constructivo. Pidió además al Gobierno que enviara informaciones a la Comisión de Expertos sobre todos los progresos alcanzados al respecto. La Comisión lamentó constatar que, contrariamente a lo solicitado en su conclusión del pasado año, el Gobierno no había levantado las restricciones a la libertad de movimiento impuestas a dirigentes de FEDECAMARAS y reiteró su solicitud al respecto.

La Comisión pidió a la Comisión de Expertos que examinara el informe de la Misión de Alto Nivel de la Oficina, así como el reciente Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y solicitó al Gobierno que enviara una memoria completa y detallada sobre las cuestiones pendientes.

El representante gubernamental manifestó que las conclusiones deberían haber considerado un avance más positivo sobre los progresos alcanzados en cada una de las cuestiones tratadas. Observó que su Gobierno no comparte algunos de los aspectos de las conclusiones, puesto que no reflejan el debate sobre el caso, en particular en cuanto a lo expresado sobre las libertades civiles. En lo que respecta al acuerdo tripartito propuesto en las conclusiones, indicó que su Gobierno no acepta firmar lo que ya está afirmado por la práctica del diálogo social existente en su país, con todos los interlocutores sociales, sin exclusión.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela dejó constancia de su absoluto desacuerdo con las conclusiones presentadas, pues las mismas no reflejan el tenor, ni el contenido del debate que tuvo lugar. Se afirma que en Venezuela está restringido o limitado el derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir organizaciones y eso es totalmente falso. También se refirió a las supuestas restricciones de las libertades civiles en contra de un dirigente empresarial, y lo que realmente sucede es que hay un ex dirigente gremial empresarial que tiene en su contra un proceso judicial por haber incurrido en actos de delito común.