Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Portugal (Ratification: 1981)

Aplicación de una política activa de empleo. Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2010 con contribuciones de la Unión General de Trabajadores (UGT), de la Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCSP) y de la Confederación del Turismo Portugués (CTP). En su observación de 2009, la Comisión invitó al Gobierno a presentar informaciones sobre la manera en que se habían superado las dificultades encontradas para alcanzar los objetivos del Convenio y en particular sobre el impacto que tuvo la reforma del Código del Trabajo, de febrero de 2009 sobre el mercado del trabajo. El Gobierno recuerda que para superar la crisis financiera y económica global se lanzó la iniciativa «inversión y empleo» (ley núm. 10 de 10 de marzo de 2009) tendiente a promover proyectos de inversión pública en áreas críticas para la modernización de las infraestructuras del país (infraestructura escolar, energías renovables, tecnología de la información) incluyendo medidas para facilitar las exportaciones de la pequeñas y medianas empresas. En enero de 2010, el Gobierno lanzó una «iniciativa empleo» (resolución del Consejo de Ministros núm. 5/2010, de 29 de enero de 2010) para mantener el empleo, facilitar la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo y combatir el desempleo. Además, dando seguimiento al acuerdo tripartito alcanzado en junio de 2008, el Gobierno había adoptado nuevas modalidades de contratación, revisado las prestaciones de desempleo y tomado otras medidas destinadas a favorecer el empleo. Se acordó con los interlocutores sociales combatir la precariedad y la segmentación del mercado de trabajo y mejorar la calidad del empleo. Las reformas del Código del Trabajo estuvieron destinadas a reforzar la presunción legal de la existencia de un contrato de trabajo y evitar el disimulo de la relación de dependencia mediante «falsos recibos verdes» que perjudicaban al trabajador y a la recaudación del Estado. Entre otras medidas, se limitó la renovación de los contratos de duración determinada y se impuso el uso de un formulario simple para la impugnación judicial del despido. Según los datos publicados por el Instituto del Empleo y de la Formación Profesional (IEFP), en 2010, 181.115 personas se beneficiaron de programas de empleo y de la colocación, cerca de 340.000 personas recibieron formación profesional y 11.718 readaptación profesional (de manera similar, en 2009, casi 173.000 personas se beneficiaron de programas de empleo y de colocación; 344.155 personas, de formación profesional y 17.103 de readaptación profesional). La Comisión observa que, en enero de 2011, habían inscritos 557.244 desempleados en los centros de empleo, lo que significaba una pequeña disminución respecto del número de desempleados (del 0,5 por ciento) respecto de enero de 2010. Sin embargo, pese a esta leve mejoría, durante 27 meses consecutivos el desempleo aumentó de manera consecutiva. La tasa de desempleo pasó del 7,6 por ciento en 2008 al 9,5 por ciento en 2009 hasta llegar al 10,8 por ciento en 2010. Teniendo en cuenta los cambios de metodología en las estadísticas, se proyecta que la tasa de desempleo en 2011 seguirá siendo superior al 12 por ciento. Ante el agravamiento de la crisis de la deuda, en mayo de 2011, el Gobierno recibió el apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera y presentó al Fondo Monetario Internacional un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras destinado a restaurar la confianza de los mercados y a aumentar el potencial económico del país que genere de manera equilibrada crecimiento y empleo. El Gobierno se propone crear nuevos puestos de trabajo, en particular para los jóvenes. Además, el Gobierno se dice dispuesto, en consulta con los interlocutores sociales, a reformar la legislación sobre protección del empleo para aumentar la flexibilidad y mejorar la equidad y a asegurar que el costo del empleo facilite la creación de puestos de trabajo y la competitividad. Si bien se decidió suspender las obras públicas y reducir el número de funcionarios, la Comisión entiende que el Gobierno se propone también seguir ejecutando medidas activas para sostener el mercado de trabajo, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de las otras categorías vulnerables de trabajadores, y lograr superar las inadecuaciones del mercado laboral. Consciente de la carga del ajuste estructural, la Comisión destaca la importancia de las consultas tripartitas continuas y genuinas para afrontar y mitigar la consecuencias de la crisis (párrafo 788 del Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo). Por este motivo, la Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria presente datos que permitan asegurar que se ha tenido en cuenta la opinión de los interlocutores sociales al tomar las medidas destinadas a aumentar la flexibilidad del mercado del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que presente también datos que permitan evaluar la manera en que la reducción de los costos laborales ha propiciado la creación de empleos productivos y de calidad.

Medidas para promover el empleo de las categorías de trabajadores vulnerables. En su memoria, el Gobierno recuerda las medidas destinadas específicamente a los trabajadores desocupados de más de 55 años de edad y aquellas establecidas por las modalidades contractuales de «empleo inserción» y de «empleo inserción +» (previstas en el acuerdo tripartito de junio de 2008). Según el análisis del IEFP, en diciembre de 2010, la mayoría de los desocupados eran mujeres de 35-54 años de edad. Teniendo en cuenta el lugar importante que ocupa la empleabilidad de los jóvenes y de las categorías desfavorecidas de la población en las nuevas medidas de ajuste propuestas en mayo de 2011, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información actualizada sobre los resultados alcanzados por aquellas medidas destinadas a asegurar oportunidades de empleo para todas las categorías de trabajadores vulnerables.

Creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas. La CCSP pone en relieve la contribución positiva de las reuniones celebradas periódicamente en el Grupo Técnico de Acompañamiento del Plan Nacional de Empleo, en el marco del Consejo Económico y Social. La CCSP expresa su convicción de que el futuro de las políticas de empleo dependerá de las mejoras que se introduzcan para coordinar las diferentes políticas nacionales, así como del hecho de dar más importancia a las medidas destinadas a favorecer la creación del propio empleo y evaluar mejor el impacto de las medidas ejecutadas sobre los niveles de empleo. Asimismo, la CCSP destaca la necesidad de revisar las medidas adoptadas para permitir la asignación de recursos de manera más eficaz y lograr un retorno positivo de las inversiones ya realizadas en materia de empleo. La CCSP señala también las dificultades para la mayoría de las empresas portuguesas, bien microempresas bien empresas muy pequeñas, que no pueden organizar sus tareas de manera que uno o dos de sus trabajadores se beneficien de los esquemas de formación. Las microempresas y las empresas muy pequeñas deberían recibir una formación específica teniendo en cuenta su número muy pequeño de trabajadores. El Gobierno recuerda en su memoria las medidas específicas adoptadas para la formación en las pequeñas empresas. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria señale las medidas adoptadas que han tenido éxito para facilitar las actividades de las micro y pequeñas empresas destinadas a la creación de empleo productivo.

Políticas de educación y de formación. En sus anteriores comentarios, la Comisión destacó la preocupación de las organizaciones sindicales en relación con el abandono escolar prematuro de los adolescentes y la disminución de la participación de los trabajadores adultos de entre 25 y 65 años de edad en la formación continua. En su memoria, el Gobierno se remite a la creación de una comisión tripartita de acompañamiento de la iniciativa Novas Oportunidades y del Sistema Nacional de Calificaciones (SNQ). Las empresas están ahora obligadas a presentar datos cuantitativos sobre la formación continua de los trabajadores en sus informes anuales. En el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras presentado al FMI en mayo de 2011, el Gobierno reconoció que debía continuar tomando medidas para contrarrestar el bajo nivel de los resultados escolares y de deserción escolar y mejorar la calidad de la enseñanza secundaria y de la formación profesional con el objetivo de aumentar la eficacia del sector educativo, elevar la calidad del capital humano y facilitar la adecuación con el mercado del trabajo. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que presente en su próxima memoria información actualizada sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de educación y formación del empleo, cuya necesidad se agudizó en el contexto del ajuste estructural en curso.