Individual Case (CAS) - Discussion: 2016, Publication: 105th ILC session (2016)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)



Un representante gubernamental reafirmó el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los Convenios de la OIT ratificados. Destacó que es la primera vez que se llama al Gobierno con motivo del Convenio núm. 122. El Gobierno, ya aportó la información que fue requerida en relación al cumplimiento del Convenio, a través de la memoria presentada en el año 2015, que da cuenta de una política de empleo sostenida en el tiempo que ha favorecido a los venezolanos desde 1999. No se justifica que se haya incluido al Gobierno en la lista de casos a ser considerados en la Comisión, tomando en cuenta que la Comisión de Expertos no señaló ningún incumplimiento, sino que tomó nota y dejó constancia de las informaciones oportunamente brindadas por el Gobierno. La Comisión de Expertos se ha limitado a solicitar ejemplos o informaciones adicionales sobre algunos aspectos. La Comisión de Aplicación de Normas no debería ocuparse de conocer ejemplos y simples solicitudes de información, más aun cuando no se está señalando un incumplimiento por parte del Gobierno. El mecanismo regular para proporcionar información adicional y ejemplos sobre la aplicación del Convenio, prevé que debería hacerse mediante la próxima memoria que se presentará oportunamente. Lamentó constatar que la justificación de incluir a su país tiene un trasfondo político y se relaciona con la satisfacción de intereses particulares, lo cual es contrario a la objetividad, transparencia e imparcialidad que ha de regir en todas las instancias de la OIT. Quienes presionaron para que la República Bolivariana de Venezuela comparezca ante esta Comisión, no les interesa lo que tiene que exponer el Gobierno sobre el Convenio sino que tienen como objetivo cuestionar a un gobierno que fomenta la inclusión social y rompe los esquemas de explotación laboral. Pese a que un sector de los empleadores siga insistiendo en que comparezca el Gobierno ante la Comisión, adicionando quejas y casos y utilizando mal los mecanismos de control de la OIT, no lograrán que el Gobierno privilegie intereses privados, capitalistas y particulares, en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Por otro lado, en el informe de la Comisión de Expertos se señalan alegatos e informaciones presentadas por un sector de los empleadores sobre una supuesta ausencia de planes de empleo, y se mencionan cifras que el Gobierno desconoce. A los fines de evitar distraer a la Comisión de Aplicación de Normas y a la Comisión de Expertos, deberían solicitarse precisiones, datos y pruebas a quienes presenten argumentos sobre el incumplimiento de un Convenio, ya que así se actuaría con objetividad y transparencia y no se lesionaría el derecho a la defensa de los gobiernos llamados a comparecer ante la Comisión de Aplicación de Normas. A continuación, proporcionó informaciones actualizadas sobre la política del empleo en el país. Para el año 1999, cuando se inició el Gobierno bolivariano, la tasa de desocupación en la República Bolivariana de Venezuela era del 10,6 por ciento. Esta tasa para el cierre del año 2015, producto de las políticas de empleo, disminuyó a 6,7 por ciento. A partir del año 2003, luego del golpe de Estado y del sabotaje petrolero liderado por un sector de los empleadores del país, y con motivo de la intensa política de empleo, la economía informal disminuyó del 52,4 por ciento, a 40,1 por ciento para diciembre del año 2015. De cada cuatro empleos creados, tres han sido en el sector formal de la economía. Para el año 2000 existían en el país más de 4 millones de trabajadores en el sector formal y para el año 2015 esta cifra se ubicaba en más de 7,8 millones de trabajadores. Esto quiere decir que en el período de 1999 a 2015, el mercado laboral ha incorporado a más de 3 millones de trabajadores en el sector formal, lo que hoy representa aproximadamente el 60 por ciento de la población ocupada. Respecto al empleo juvenil, el Gobierno promueve su inclusión social y educativa, y la inserción laboral y socioproductiva. La tasa de desocupación de la población juvenil disminuyó del 23,7 por ciento en el año 2002, a 9,1 por ciento en el año 2015. Cada diez jóvenes que están desocupados, seis se encuentran estudiando; lo que significa que la mayoría de la población juvenil desocupada del país es población estudiantil y que el Gobierno ha logrado aumentar en un 71,1 por ciento la población juvenil estudiantil. Asimismo, existen programas que desarrollan una política de formación y capacitación laboral para los jóvenes. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), forma de manera permanente en todo el país, jóvenes para su inserción en el mercado de trabajo. En el año 2016 se van a formar 50 000 jóvenes en distintas áreas laborales. Además, la «Misión Saber y Trabajo» hasta la fecha ha capacitado a más de 1 millón de ciudadanos que se han insertado en el sistema económico y productivo. Todos estos resultados y las cifras reseñadas son el producto de las políticas de empleo e inclusión social implementadas en el país, que han fortalecido el sector productivo nacional, aumentado los niveles de ocupación formal y generado nuevos puestos de trabajo.

Por otra parte, en cuanto a los ejemplos concretos solicitados en el informe de la Comisión de Expertos referidos a la participación de los interlocutores sociales, se destaca que tal como ya ha sido informado a la OIT, a principios de 2016 se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), una instancia de diálogo y concertación para analizar, debatir y proponer líneas de acción para el desarrollo de la economía en el país y la generación de nuevos empleos y así superar la baja en los precios del petróleo y la coyuntura económica actual. En él participan, entre otros, representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, específicamente representantes de empresas públicas y privadas y de cámaras y federaciones, quienes se han mostrado satisfechos con las acciones que se han venido implementando. El CNEP abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas en el país. A través de este importante órgano de diálogo y concertación, más del 90 por ciento de los empresarios y representantes del sector productivo público y privado del país, mantienen un diálogo permanente con el Gobierno a fin de aumentar la producción de bienes y servicios, impulsar la economía y generar empleos. En cifras, en el marco de las 15 áreas estratégicas del Consejo, se han realizado más de 300 reuniones de trabajo, han participado más de 3 800 actores económicos y productivos; y se han generado cientos de propuestas, de las cuales se viene trabajando en la implementación de más de 150 propuestas vinculadas al desarrollo económico y productivo nacional. Al finalizar el representante gubernamental observó que la participación del Gobierno ante la Comisión de Aplicación de Normas únicamente se realiza a los fines de tratar lo referido al Convenio núm. 122. Solicitó que el debate se circunscriba a la temática del Convenio y que se hagan cumplir las reglas de procedimiento que rigen para la Comisión. Si se tratasen temas vinculados a otros Convenios o asuntos distintos que cursan ante otros órganos de control de la OIT, ello estaría fuera de orden.

Los miembros trabajadores subrayaron que la República Bolivariana de Venezuela atraviesa actualmente un período muy difícil de su historia. El Gobierno se enfrenta a grandes desafíos, en particular en materia de recuperación económica. Con independencia de sus convicciones económicas, cabe subrayar que los trabajadores y sus familias experimentan una crisis de la que no son responsables. Si bien es cierto que el estancamiento político actual puede redundar en beneficio de ciertos grupos, no puede negarse que los ciudadanos de a pie son los más afectados por una clara degradación de su nivel de vida. En estos tiempos difíciles, toda la clase política del país, incluidos todos los partidos, debería estar a la altura de las circunstancias y resistir la tentación de utilizar este descontento en su propio beneficio político. Por ello es importante que todas las partes busquen soluciones por conducto del diálogo y del consenso en lugar de tratar de estimular la agitación y la violencia sociales. Desde hace muchos años, la República Bolivariana de Venezuela pretende convertir el diálogo social constructivo en uno de los pilares de la búsqueda de consenso, y colocar las opiniones divergentes de cada cual en el centro del debate. La estructura tripartita de la OIT ofrece un medio óptimo para propiciar el diálogo social y alcanzar un consenso. En lo que respecta a la aplicación del Convenio, según la información proporcionada por el Gobierno, la tasa de desempleo pasó del 10,6 por ciento en 1999 al 5,5 por ciento en 2015. El Gobierno subraya asimismo que su política de empleo entra en el marco de las medidas encaminadas a reducir la pobreza, y prevé una estrategia de prestación de servicios públicos en materia de educación y de atención de salud. Sin embargo, desde una perspectiva económica, la situación actual de estancamiento, hiperinflación, penuria alimentaria y desindustrialización tiene repercusiones negativas en el nivel de vida y la calidad del empleo. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación anual ascendió al 141,5 por ciento en 2015, cifra que obedece fundamentalmente al precio de los alimentos. A escala mundial, este último se incrementó un 254,3 por ciento en 2015, tasa que supera considerablemente el aumento del salario en todos los aspectos. El incremento del precio de los productos alimenticios básicos afecta en particular a los trabajadores pobres, que suelen invertir en ellos una importante parte de sus ingresos. Por lo referente a la desindustrialización, a largo plazo, para resolver las dificultades económicas será necesaria la diversificación de la economía, para que esta última ya no se apoye únicamente en la producción de petróleo. Se estima que el sector petrolero representa por sí solo el 96 por ciento de los ingresos totales de exportación del país, cifra que pone de relieve la necesidad de integrar la planificación macroeconómica en las políticas de empleo. No obstante, aún es difícil saber si el Gobierno contemplará dicho enfoque para lograr los objetivos del Convenio.

En lo tocante a la cuestión de los trabajadores empleados en la economía informal, y según las cifras oficiales, en 2015 el 41,2 por ciento de la población activa trabajaba en el sector informal, lo cual representa una caída del 10,4 por ciento en relación con el mismo período once años antes. Entre 2000 y 2014, un tercio de los nuevos empleos creados provenían del sector formal. Esta cuestión es particularmente pertinente en el contexto de la adopción de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). Uno de los elementos centrales de esta Recomendación hace referencia al establecimiento de un marco mundial de políticas de empleo encaminadas a ayudar a los hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza, como las políticas de los salarios mínimos, los regímenes de protección social, incluidas las prestaciones monetarias, programas públicos de empleo y los servicios de empleo, que llegan más y mejor a las personas que se encuentran en la economía informal. Al tiempo que toman nota de la reducción del número de trabajadores en el sector informal, los miembros trabajadores estiman que aún queda mucho por hacer, e instan al Gobierno a que aplique las disposiciones de esta nueva norma de trabajo. En lo que respecta al empleo de los jóvenes, la tasa de desempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística en el segundo semestre de 2013 se cifró en el 12,8 por ciento. Sin embargo, según los datos proporcionados por la OIT en 2012, el número de jóvenes que se encontraban en una situación difícil a causa de la pobreza ascendía a 500 000, de los cuales 157 000 vivían en hogares cuyos ingresos apenas bastaban para costear la canasta básica alimentaria. Además, se ha observado un desequilibrio en el porcentaje de jóvenes dentro de la población activa según los ingresos. Así pues, en 2012, la tasa de desempleo de los jóvenes activos de ingresos medios y superiores era del 28,8 por ciento, pero alcanzaba el 50,7 por ciento entre los que tenían bajos ingresos. Además, aun cuando tienen la suerte de tener un empleo formal, los trabajadores jóvenes venezolanos suelen estar empleados en el sector de los servicios, en su mayoría en el comercio minorista, que se trata de un sector cuya productividad es baja y en el que los empleos creados suelen ser precarios. El artículo 3 del Convenio prevé claramente que «se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución». La cuestión de la falta de diálogo social se ha señalado a la atención de la Comisión de Aplicación de Normas en reiteradas ocasiones. Cabe subrayar que la crisis económica por la que atraviesa actualmente el país sólo podrá superarse si los interlocutores sociales se suman a las decisiones relativas a la política de empleo. Éste es el motivo por el que los miembros trabajadores se felicitan del acuerdo concluido, en la 326.ª reunión del Consejo de Administración de marzo de 2016, por el cual el Gobierno se compromete a respetar un calendario preciso de reuniones con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Para concluir, los miembros trabajadores expresaron su confianza en que dicha iniciativa se traduzca en avances concretos, con arreglo a los objetivos establecidos en el programa de trabajo acordado, a fin de garantizar que las normas de la OIT se apliquen y controlen con la participación de los empleadores y de los trabajadores.

Los miembros empleadores agradecieron la presencia del Ministro en representación de la República Bolivariana de Venezuela y la información suministrada a la Comisión de Aplicación de Normas. Es la primera vez que se presenta el Gobierno a responder a las observaciones vinculadas con el Convenio que se le han dirigido en 14 oportunidades. Se trata de un Convenio prioritario, distinto a los convenios fundamentales, pero uno de los cuatro grandes convenios que se ocupa de la política activa de empleo que deriva en el bienestar económico y social. De ello deriva la trascendencia de discutir el tema. No ha sido un capricho incluir este caso como lo ha planteado el Gobierno. Hay razones claramente justificadas para considerar este caso. Los indicadores sociales hacen necesario que esta Comisión haga un llamado al Gobierno al diálogo social. Cuando los empleadores consideran un caso, no lo hacen en base a una pretensión de intereses privados sino que lo hacen independientemente de la línea ideológica o política que pueda tener el Gobierno. Es el propósito de la Comisión de Aplicación de Normas evaluar resultados independientemente de cualquier línea ideológica y política. Y es por ello importante entender de qué trata el Convenio. El Convenio está inspirado en la Constitución de la OIT y en la Declaración de Filadelfia, en particular en la búsqueda para fomentar en todas las naciones del mundo, programas que permitan el pleno empleo, la elevación del nivel de vida de las poblaciones, y la garantía de un salario adecuado para los trabajadores. En la propia Declaración de Filadelfia se indica que incumbe a la OIT examinar y considerar los efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política de empleo que se adopte por parte de los Estados. El Convenio contiene distintas líneas de acción. Los artículos 1 y 2 hacen referencia a la necesidad de establecer políticas activas que estimulen el crecimiento y el desarrollo. También prevé elevar el nivel de vida y resolver problemas de desempleo con el fin de buscar el pleno empleo productivo y libremente elegido. El artículo 2 hace referencia a la necesidad de revisar regularmente las medidas adoptadas de manera que se coordinen las políticas económicas y sociales. Por último, el Convenio hace referencia especial al diálogo social, y precisamente en materia de empleo, hace un llamado para que los representantes de los trabajadores y de los empleadores sean plenamente consultados y se busque la plena concertación.

Los datos macroeconómicos y laborales en el país son preocupantes. En el año 2014 la economía decreció en el 4,3 por ciento, en 2015 el 5,6 por ciento y se estima que en 2016 decrecerá el 8 por ciento. Ante esta situación hay que tomar medidas contracíclicas para superarla, por ejemplo, en materia fiscal, crediticia o macroeconómica. Los miembros empleadores expresaron que les gustaría disponer de mayores informaciones sobre las medidas contracíclicas que haya adoptado o prevea adoptar el Gobierno. El ingreso per cápita es actualmente de unos 202 dólares por año. Esta es una cifra que está por debajo de los indicadores internacionales para medir el nivel de pobreza. Hay un déficit fiscal del 20 por ciento. La inflación del 337,4 por ciento anual es la más alta del mundo. Las inevitables consecuencias de la inflación se ven reflejadas en las tendencias crecientes de la pobreza. De acuerdo con una encuesta independiente sobre las condiciones de vida — porque no hay cifras oficiales — las tendencias que se ven reflejadas, muestran un incremento inusitado de la pobreza. Esto desestimula la inversión con efectos directos en la generación de empleo. No hay un estímulo para poder sobrepasar las variaciones que presenta la inflación. Hay un congelamiento en el nivel de la contratación de los trabajadores y esto estimula las actividades informales, como efectivamente se viene suscitando en los últimos años. Cuando no hay un abastecimiento suficiente de dólares para hacer comercio exterior, se presenta el desabastecimiento y en consecuencia no hay suministro de bienes básicos para los venezolanos en los supermercados. Las largas filas en los comercios para obtener alimentos han llevado al incremento incluso de los niveles de violencia. Todos estos elementos son la muestra de que hay una situación grave en el país que requiere hacer ajustes rápidos y que por supuesto también requiere llevar adelante un diálogo social que incluya a las organizaciones más representativas, como lo son la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que están incluidas en este caso. Con estas reflexiones los miembros empleadores invitaron al Gobierno a que abra sus puertas al diálogo con organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. Para ello le solicitaron que amplíe los compromisos que ha contraído en el pasado. El último de ellos fue en el mes de marzo de 2016 ante la OIT, en donde a partir del 4 abril de 2016, se suponía que habría un nuevo diálogo con las organizaciones más representativas, pero que hasta la fecha no se ha producido.

Un miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela expresó su asombro por la inclusión en la lista, a instancias de los empleadores, del caso de su país por el supuesto incumplimiento del Convenio, dado que el país viene cumpliendo un proceso acelerado de mejoramiento de los indicadores sociales, a partir de los cambios iniciados en 1999. Ese proceso ha llevado a la disminución acelerada de los índices de pobreza y a la disminución de la tasa de desempleo a valores permanentes entre 5 y 6 por ciento. Un sector de los empleadores venezolanos agrupados en FEDECAMARAS, ha desarrollado un sabotaje económico, cuyo objetivo último es el desplazamiento del poder de la revolución bolivariana. Para cumplir su objetivo, algunos empleadores, han venido reduciendo la producción de bienes y servicios fundamentales para el pueblo, bajo el argumento de que el Gobierno no les proporciona las divisas para la importación de insumos y materia prima necesaria para mantener sus procesos productivos. Ello, pese a que esas empresas han recibido miles de millones de dólares destinados a esos fines. Ante el cierre de empresas por parte de algunos empleadores representados por FEDECAMARAS, el Gobierno ha realizado procedimientos para procurar la reapertura de las plantas cerradas, restableciendo la producción y protegiendo los puestos de trabajo. Ese sector de empleadores pretende echar a la calle a miles de trabajadores, pero por otro lado acude a la Comisión a denunciar al Gobierno por no garantizar el empleo. Por otra parte, representantes de FEDECAMARAS han solicitado la derogación de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras vigente desde 2012, que es conocida mundialmente por sus contenidos profundos de garantía de derechos de los trabajadores. Se preguntó quién sanciona a los empleadores que sabotean la economía reduciendo la producción y que descaradamente pretenden burlarse de la aplicación de las leyes laborales, quién le exige a los empleadores cumplir con los convenios.

Por el contrario, otro sector importante de los empleadores afiliados a FEDECAMARAS, sí participa en la incentivación y crecimiento del aparato productivo venezolano, generando crecimiento del empleo y fortaleciendo la producción. Existe también una instancia de diálogo tripartito que es el Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), donde también participan los trabajadores agrupados en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), empleadores productivos y el Gobierno, y discuten los planes de inversión, nuevos empleos, inversión en divisas y facilidades para la exportación del sector privado y empresas del Estado. Subrayó que, en contraste con la cúpula de FEDECAMARAS, parte de los empleadores afiliados a esa federación, mantienen relaciones de cooperación con los trabajadores, aun a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que pudieran existir, fortaleciendo el diálogo social. La organización sindical mayoritaria, la CBST, ha sido tajante en manifestarle al Gobierno su negativa a reunirse con el sector empleador representado en la cúpula de FEDECAMARAS y su total disposición a mantener relaciones armoniosas con quienes sí están dispuestos a producir en el país, respetando los derechos de los trabajadores y la vigencia plena de las normas de la OIT. Finalizó afirmando que existe una política clara de generación y aumento de la productividad y del empleo estable, y cuenta con el CNEP, organismo tripartito que permite lograr acuerdos en las políticas macroeconómicas y sociales fundamentales. Rechazó los ataques de los empleadores contra el Gobierno, cuyas políticas laborales y sociales están enmarcadas en el Convenio.

Otro miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela expresó su sorpresa, al ver nuevamente su país en la lista de los países que son llamados ante la Comisión de Aplicación de Normas. Nuevamente FEDECAMARAS y sus aliados se plantean como un objetivo político seguir generando situaciones de desestabilización y pretenden acabar con un gobierno obrero, que ha desarrollado avances importantes en materia social pero sobre todo en lo que se refiere al Convenio núm. 122. La República Bolivariana de Venezuela es una referencia en materia del empleo digno, trabajo decente, empleo juvenil y el aumento de la calidad de vida del pueblo. El nivel de desempleo actualmente es de 7,1 por ciento. Las políticas de empleo se han fortalecido desde la llegada al poder de la revolución bolivariana, y todas las políticas de inclusión social desarrolladas por el ex Presidente Hugo Chávez tenían como objetivo la justicia social y la mejora de la calidad de vida del pueblo, como lo refleja la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras, la más avanzada en materia de justicia social y garantías de los derechos consagrados en los convenios de la OIT. FEDECAMARAS ha ido en contra de esa ley y va en contra de todas las políticas desarrolladas desde la revolución, al punto de pretender chantajear al Gobierno para derogar ese instrumento a cambio de entablar un diálogo, que ha venido eludiendo desde que es parte activa en la guerra económica. El Presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades ha hecho llamados a todos los que estén dispuestos a participar para apoyar y cooperar a los fines de enfrentar las dificultades que vive el país, y lamentablemente parte del sector empleador se hace a un lado. FEDECAMARAS prefiere seguir jugando con la suerte del pueblo. El país está atravesando momentos difíciles en materia económica. La clase obrera está en medio de una guerra económica que la lleva a enfrentar duras situaciones, en una lucha contra los grandes capitales privados internos y externos que se han puesto de espaldas al pueblo, y buscan la intervención extranjera generando una conmoción interna. La clase obrera venezolana está dispuesta a luchar por los grandes logros obtenidos en la revolución.

La miembro empleadora de la República Bolivariana de Venezuela consideró que el Gobierno incumple la obligación prevista en el Convenio de consultar a los representantes de los empleadores y trabajadores, para formular la política de empleo. FEDECAMARAS, a pesar de su incuestionable representatividad, no es consultada por el Gobierno a ningún efecto desde hace diecisiete años. Además, la supuesta consulta amplia con todos los sectores, alegada por el Gobierno, no se ha hecho nunca de manera formal ni se ha documentado. El Gobierno falla en el establecimiento de una política de empleo coordinada, que permita a quienes busquen trabajo, emplearse de acuerdo a su capacidad, en aquella actividad productiva que elijan libremente, y obtener de ella los ingresos que le permitan una vida digna. El país presenta dos años consecutivos de recesión económica, con una caída del producto interno bruto de casi 10 por ciento. La inflación oficial de 2015 fue de 180 por ciento, la más alta en la historia del país. El poder adquisitivo de los venezolanos se ha pulverizado. El salario mínimo del trabajador al presente está cerca de 27 dólares de los Estados Unidos mensuales, lo que equivale a 92 centavos de dólar de los Estados Unidos diarios. Se requerirían casi 14 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Se está lejos de un ingreso diario de 1,25 dólares de los Estados Unidos por día, que se suele tomar como indicador de pobreza extrema. Por otra parte, el 60 por ciento del ingreso mínimo mensual obligatorio carece de naturaleza salarial y no genera los beneficios de la protección social. El empleo formal del sector privado acusó una fuerte disminución. Hasta marzo de 2016, se habían perdido 282 400 empleos formales. El número de empleadores se redujo en 110 000 en 2015. La ausencia de una política coherente de empleo ha traído un enorme incremento de la pobreza. El índice de pobreza pasó de 53 por ciento en 2014 a 76 por ciento en 2015, y la pobreza extrema se duplicó, pasando de 25 por ciento en 2014 a 53 por ciento en 2015. En el sector de alimentos, la producción bajó un 22 por ciento de enero a abril de 2016. Gran número de plantas productoras de alimentos están inoperativas por falta de materias primas, con riesgo de perder 200 000 empleos directos adicionales y 1 millón de empleos indirectos, sólo en el sector de alimentos. Adicionalmente, las fallas en los servicios públicos de electricidad y agua, impactan en la operatividad de las empresas, que deben suspender sus actividades en las horas de racionamiento fijadas por el Gobierno. Además, al sector privado se lo asfixia con el control de precios, se lo persigue y se lo criminaliza, no se le asignan las divisas para adquirir las materias primas para producir y se lo obliga a vender a pérdida. La situación se agravó más aun cuando, a partir de enero de 2016, el Gobierno decretó un Estado de excepción por emergencia económica que suspende las garantías constitucionales en materia económica por 240 días, despreciando la consulta formal con los poderes públicos legítimamente constituidos y con los actores sociales.

Todo ello muestra que no existe una política sana para fomentar el empleo decente y, mucho menos, se cumple con el diálogo que exige el Convenio. En marzo de 2016, el Gobierno presentó ante la OIT una propuesta para conformar la mesa de diálogo y un cronograma de reuniones. Sin embargo, a la fecha (junio de 2016) no se ha celebrado la primera reunión a pesar de haber insistido en ello FEDECAMARAS. Por el contrario, el Presidente de la República continúa diciendo públicamente que no dialogará con FEDECAMARAS. Por su parte, el CNEP designado por el Presidente en el mes de enero de 2016 y al cual no convocó a FEDECAMARAS a participar, no muestra mayores avances. A fin de poder generar un cambio positivo para el futuro del país concluyó urgiendo al Gobierno, trabajadores y empleadores a llegar a consensos básicos para la adopción de medidas concretas dirigidas a garantizar el empleo y el crecimiento económico del país. El sector empleador, y FEDECAMARAS como su principal representante, no cesa de mostrar su empeño en participar en el diálogo social. Las condiciones del país están dadas para justificar el apoyo de la OIT, activando su contribución y mecanismos de persuasión para lograr que el Gobierno cumpla con el Convenio, principalmente en lo concerniente al diálogo social.

El miembro gubernamental de México, hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), agradeciendo la información brindada por el Gobierno relativa al cumplimiento del Convenio, observó que el informe de la Comisión de Expertos se limita a solicitar información adicional y no incluye un pronunciamiento específico respecto al presunto incumplimiento del Convenio. En su informe, la Comisión de Expertos hace referencia a las informaciones presentadas por el Gobierno sobre la implementación de una nueva estrategia social apoyada en los siguientes elementos clave: el empleo y la calidad del empleo, la atención de la educación, la garantía de una educación gratuita y de calidad, y la superación definitiva de la pobreza. En cuanto al empleo juvenil, el Gobierno informa que la tasa de ocupación de los jóvenes era del 87,2 por ciento, representando el 31,6 por ciento de la población total ocupada. Sobre el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, el Gobierno indicó que ha concluido acuerdos mediante mesas de diálogo con el sector empresarial para relanzar el empleo productivo dando el apoyo financiero e institucional a los proyectos de creación de empresas. Sobre la participación de los interlocutores sociales, la Comisión de Expertos se limita a pedir ejemplos concretos. Confió en que el Gobierno seguirá presentando información actualizada respecto a la aplicación del Convenio.

El miembro gubernamental de Nicaragua suscribiendo la declaración del GRULAC y apoyando al Gobierno recordó que la Comisión de Expertos no constató ningún incumplimiento del Convenio y simplemente requirió información complementaria y ejemplos. Por lo tanto, consideró que llama la atención la inclusión injustificada de este caso, lo que obedece a una motivación política, al igual que ocurrió en 2015. El Gobierno de Nicaragua considera que la solución de este tipo de casos debería recaer en las partes, sin injerencias externas ni presiones internacionales, y enmarcándose en el respeto mutuo en base a la paz, el diálogo y el consenso. Invitó a la Comisión de Aplicación de Normas a no seguir considerando este tipo de casos y a no prestarse a maniobras políticas que alejan a la OIT del noble objetivo para el que fue fundada.

La miembro gubernamental de Cuba adhirió a la declaración del miembro gubernamental de México pronunciada en nombre del GRULAC. Dado que la Comisión de Expertos no indica que el Gobierno ha incumplido el Convenio, el caso tiene poco sustento técnico para ser incluido entre los casos de incumplimiento grave. Estimó que se puede avanzar hacia una solución sin implicar a la Comisión de Aplicación de Normas ya que el Gobierno se ha comprometido en avanzar hacia la búsqueda de soluciones a través del diálogo social inclusivo. Expresó su convencimiento de que el Gobierno tiene la capacidad de presentar información que demuestre su cumplimiento del Convenio e instó a la Comisión de Aplicación de Normas a cerrar el caso.

El miembro gubernamental de Mauritania indicó que la información proporcionada por el Gobierno ha permitido tomar conocimiento de los grandes progresos realizados por este país en el ámbito del empleo y de la lucha contra el desempleo. Estos logros constituyen la culminación de una estrategia social basada en los ejes contenidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social y que considera prioritaria la creación de empleos de calidad, así como la garantía de una educación gratuita y de calidad. Hizo referencia a una serie de medidas adoptadas como consecuencia de los debates tripartitos con el fin de reactivar la productividad y la creación de empleo. A su juicio, las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas deben tener en cuenta los grandes esfuerzos desplegados por el Gobierno.

El miembro trabajador de Cuba declaró que no está de acuerdo con que se siga discutiendo este caso ante la Comisión de Aplicación de Normas ya que no existen fundamentos técnicos para ello. Señaló que las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a los artículos 1 y 2 del Convenio no cuestionan los procedimientos ni el cumplimiento de un Convenio sino el modelo económico aplicado en el país en los últimos años. Estimó que la Comisión de Aplicación de Normas no es el lugar adecuado para dirimir conflictos sobre definiciones de sistemas económicos y políticos. Declaró que una parte de la organización de empleadores ha generado el caos y la crisis por desabastecimiento de productos y servicios en el país y cuestionó la posibilidad de impulsar una política de empleo teniendo a una parte del sector empleador dispuesto a someterse a pérdidas millonarias con el fin de oponerse al modelo económico establecido en 1999. Pidió a la Comisión de Aplicación de Normas que tuviera en cuenta estos elementos en el momento de adoptar las conclusiones relativas al caso.

Una observadora en representación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recordó que en el Convenio se exige que los Miembros ratificantes formulen y lleven a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido y adopten medidas para aplicar la política en consulta con los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Destacó que el empleo productivo y sostenible constituye la base del trabajo decente, la creación de riqueza y la justicia social y que el fomento de las inversiones es una condición previa para el empleo. Hizo hincapié en que la situación social y económica en el país es el mayor motivo de preocupación no sólo para los empleadores, sino también para la sociedad en su conjunto. Hay múltiples desafíos para establecer empresas sostenibles, así como para crear y mantener empleos, al tiempo que no existen políticas para impulsar la inversión, el desarrollo de dichas empresas y el empleo. El control de precios, junto con la falta de divisas, da lugar a una grave escasez de productos básicos. La inflación es muy elevada, el PIB se redujo radicalmente en 2015 y la extrema pobreza alcanza los peores niveles de los últimos quince años. Mientras tanto, miles de empresas han debido cerrar, se han perdido 256 000 empleos y la informalidad ha aumentado hasta un 42,4 por ciento. Invitó al Gobierno a que cumpla cuanto antes las disposiciones del Convenio, tanto en la legislación como en la práctica, llevando a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con las organizaciones de trabajadores más representativas y FEDECAMARAS y en consonancia con las numerosas recomendaciones desatendidas del Consejo de Administración de la OIT, los órganos de control de la OIT y el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014.

El miembro trabajador de México manifestó que el Convenio, ratificado por la República Bolivariana de Venezuela en 1982, se ha convertido, como muchos otros, en letra muerta ya que la legislación, por una parte, y la práctica, por otra, van en direcciones opuestas. A pesar de los repetidos llamamientos de la Comisión de Expertos en este sentido, el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014. Sin embargo, la aplicación de una política de empleo basada en la concertación con los interlocutores sociales contribuiría sin lugar a duda a un clima de paz laboral que el país requiere con urgencia. Además, afirmó que los gobiernos deben velar por el cumplimiento de todos los convenios de la OIT ratificados y no focalizarse únicamente en los convenios fundamentales y que conviene defender la democracia y la libertad sindical en todos los países, sea cual sea el tipo de gobierno.

El miembro empleador de México recordó que el Convenio tiene su fundamento en el mandato de la OIT establecido por la Declaración de Filadelfia. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas. Indicó que el Convenio requiere una política de empleo activa en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Declaró que la situación económica y social del país es grave y que el diálogo social es una herramienta de gestión que ayudaría a solucionar graves problemas en el país y a crear las condiciones propicias para la inversión con el fin de generar empleo.

El miembro trabajador de Brasil exigió que el Gobierno dé una solución inmediata a la grave crisis humanitaria y social caracterizada por la falta de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Si bien dicha situación golpea a toda la sociedad venezolana, afecta sobre todo a los más vulnerables y es necesario que el Gobierno fortalezca la libertad sindical, la negociación colectiva, el diálogo social y la democracia en el país y que cumpla con las normas internacionales del trabajo. Solicitó que la OIT profundice su acción en el país a favor del cumplimiento del Convenio bajo examen y de otras normas y que preste atención a las quejas y observaciones presentadas por CTV, Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), Confederación General de Trabajadores (CGT) y Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA).

El miembro empleador de España declaró que los empresarios españoles están preocupados por la aplicación del Convenio por parte del Gobierno y expresaron su apoyo a FEDECAMARAS. La situación económica y social del país se ha deteriorado en los últimos meses. Instó al Gobierno a brindar informaciones estadísticas fiables en cuanto al empleo, en particular el empleo juvenil y a poner en marcha políticas de empleo activas. Indicó asimismo que es necesario poner en práctica políticas de empleo sostenibles en el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) e iniciar el diálogo social con organizaciones de empleadores tales como FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia se sumó a la declaración realizada por el GRULAC y reafirmó la importancia que su Gobierno asigna al cumplimiento de las normas de la OIT. Lamentó que las razones que obligan al Gobierno a comparecer ante la Comisión de Aplicación de Normas no estén fundamentadas en la aplicación de los convenios, sino en los intereses difusos que pretenden cuestionar a un Gobierno legítimo. Recordó que la responsabilidad de promover el trabajo decente y la generación de empleo también recae en los empleadores y lamentó la estigmatización de un Gobierno democrático. Valoró los esfuerzos del Gobierno en la promoción de políticas progresistas que apuntan a la ampliación de los derechos sociales de sus trabajadores, a la redistribución de los ingresos y a la promoción del trabajo decente. Concluyó invitando a la Comisión de Aplicación de Normas a hacer una evaluación equilibrada y justa de cada caso.

La miembro trabajadora de Paraguay declaró que los artículos 2 y 3 del Convenio no requieren cualquier política de empleo, sino una que haya sido consensuada mediante el diálogo y la consulta tripartitas. Consideró que si se hubieran seguido las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en 2014, se hubieran ahorrado muertes, tragedias y desesperanzas. Estimó asimismo que se sigue careciendo de empleo productivo, lo cual aumenta la escasez y la falta de alimentos para toda la población. Por tal motivo, solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas la inclusión en su informe de un párrafo especial que refleje la crisis sin precedentes que atraviesa el país. Instó al Gobierno a promover un diálogo serio y respetuoso que posibilite la generación de empleos dignos y trabajo decente para todos, respetando la libertad sindical y la negociación colectiva, bases fundamentales para el progreso.

La miembro empleadora de Perú manifestó su profunda preocupación por la grave crisis económica que atraviesa el país e indicó que la superinflación constituye el impuesto más nocivo para los más pobres. Subrayando la violación del artículo 3 del Convenio, consideró que si existiera un auténtico diálogo social entre el Gobierno, los trabajadores y las organizaciones empresariales más representativas como FEDECAMARAS, la situación de los trabajadores sería muy distinta a la actual. Dirigió un llamamiento a la OIT para que emplee todos los mecanismos y herramientas a disposición para instaurar un verdadero diálogo social en el país.

El miembro trabajador de Colombia destacó que es indispensable que los interlocutores sociales participen activamente del diálogo conducente a la elaboración de políticas de empleo que estimulen el desarrollo económico. Estimó que esto no existe en la República Bolivariana de Venezuela. Lamentó que el Gobierno no atienda las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014 y que, a pesar de haber presentado una propuesta de plan de acción para el diálogo social ante la 326.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2016), no haya realizado ninguna de las reuniones acordadas en tal ocasión. No puede haber políticas efectivas para promover el empleo productivo sin diálogo social. El empleo, el trabajo decente y el derecho al trabajo tienen por objeto satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y de la población en general. Manifestó que los anuncios del Gobierno sobre presuntas políticas de empleo mientras los trabajadores se ven cada vez más empobrecidos no son útiles. En La República Bolivariana de Venezuela el denominador común es la precariedad y la escasez, situación aberrante si se tiene en cuenta que es el país más rico de la región.

El miembro empleador de Honduras recordó que el Convenio establece que los Gobiernos deben obligatoriamente consultar con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores en la formulación de una política que fomente el empleo pleno, productivo y libremente elegido. Indicó que FEDECAMARAS es la organización de empleadores más representativa del país a nivel nacional. Por lo tanto, excluyendo a FEDECAMARAS de las consultas, el Gobierno está rechazando el diálogo social legítimo y efectivo. Los planes de empleo no han sido concertados con el sector empleador más representativo del país. Por tal razón, la Comisión de Aplicación de Normas debería destacar esta situación en un párrafo especial de su informe dada la falta de cumplimiento del plan de acción que el Gobierno presentó en marzo de 2016.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia, tomando nota de la observación de la Comisión de Expertos, celebró la disposición del Gobierno a cooperar de manera sustantiva y constructiva tanto con la OIT como con los interlocutores sociales, incluida FEDECAMARAS. Refiriéndose al informe de la Comisión de Expertos, declaró que no hay ninguna información específica relativa al incumplimiento de las obligaciones en el marco del Convenio. A este respecto, no está claro cuál es la razón por la que esta cuestión se ha incluido en la lista de casos discutidos por la Comisión de Aplicación de Normas. Teniendo esto presente, manifestó su preocupación por los reiterados intentos de politizar la labor de la OIT al forzar una discusión sobre el cumplimiento por el Gobierno de las normas internacionales del trabajo. En conclusión, mostró su satisfacción por el nivel de cooperación entre el Gobierno y la OIT para asegurar la aplicación de las normas internacionales del trabajo y su esperanza de que tal cooperación continúe.

El miembro gubernamental de Belarús, tomó nota del amplio enfoque relativo a la aplicación por el Gobierno de las medidas encaminadas a obtener resultados positivos en lo que respecta a las relaciones de trabajo en el país. Añadió que los comentarios de la Comisión de Expertos sólo solicitan información al Gobierno y que parece haber una falta de información sobre los alegados incumplimientos del Convenio. Opinó que el Gobierno respeta el Convenio. Indicó que el Gobierno está cooperando activamente con la OIT, particularmente mediante la incorporación de las disposiciones del Convenio a la legislación nacional. Apoyó la labor que realiza el Gobierno de reforzar el diálogo social bajo difíciles condiciones económicas.

El miembro trabajador de Honduras se refirió a los programas de empleo juvenil que el Gobierno está desarrollando en el marco de las transformaciones sociales, así como a los grandes avances en cuanto a protección social y defensa de los derechos de los trabajadores. Expresó su preocupación de que se discutiera una vez más el caso de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión de Aplicación de Normas ya que la Comisión de Expertos no menciona incumplimientos del Convenio por parte del Gobierno sino que se limita a solicitarle informaciones sobre sus políticas de empleo juvenil y de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la participación de los interlocutores sociales. Ese país tiene la más baja tasa de desempleo del continente americano y la más alta tasa de empleo juvenil. Por esto, se mostró preocupado de que algunos empleadores afiliados a FEDECAMARAS se dediquen a sabotear la obtención de bienes y servicios, cerrando sus empresas y despidiendo a centenares de trabajadores, mientras otras empresas afiliadas a la misma organización mantienen altos índices de productividad, respetan la estabilidad de los trabajadores y participan con el Gobierno y los trabajadores en el CNEP, una instancia tripartita.

El miembro gubernamental de Egipto observó las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la aplicación del Convenio. Éste ha adoptado una política nacional destinada a brindar oportunidades de empleo en la economía formal y reducir el desempleo y el número de trabajadores de la economía informal. Manifestó su esperanza de que la OIT preste al Gobierno la asistencia técnica necesaria para ayudarlo a lograr los objetivos consagrados en el Convenio.

El miembro trabajador de Perú afirmó que el Gobierno lleva quince años en el banquillo de los acusados en la Comisión de Aplicación de Normas, suerte que comparte con otros gobiernos progresistas de la región como Cuba. Manifestó su sorpresa por el hecho de que sean FEDECAMARAS y la OIE los que se preocupen por la situación de los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela mientras que en esa misma Comisión se oponen tenazmente a reconocer el derecho de huelga y no se manifiestan ante actos de represión cometidos por gobiernos que siguen otras orientaciones políticas y económicas. El caso bajo examen es por lo tanto de carácter político. Si la OIE y FEDECAMARAS, que aducen la falta de consulta en ese país, tuvieran un real interés en los problemas laborales de los trabajadores, habrían denunciado los despidos masivos y la violación del derecho a la negociación colectiva imperante en otros países y habrían podido exigir también el respeto de la consulta previa en el caso de las medidas draconianas impuestas a Grecia. Concluyó su intervención afirmando que este caso tiene la finalidad de derribar a un Gobierno democrático.

El miembro gubernamental de China, con referencia a las declaraciones pronunciadas por el Gobierno y el GRULAC, señaló que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones en virtud del Convenio y que, por tanto, sus esfuerzos deben ser reconocidos por la Comisión de Aplicación de Normas.

Un observador representando a la Organización Mundial de Trabajadores señaló que hace cinco años que el Gobierno no acredita a los miembros de la Unidad de Acción Sindical y Gremial de Venezuela y de UNETE ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Por otra parte, subrayó que el Convenio es fundamental para el país, en particular dada la grave situación de desempleo. El Gobierno debería haber consultado con los interlocutores sociales la política de empleo, tal como lo solicitó la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014. UNETE ha formulado recomendaciones en numerosas ocasiones, en particular en el marco del Plan de rescate de la producción nacional y el empleo. También se realizaron movilizaciones solicitando que se entablara el diálogo aunque no hubo respuesta. La producción nacional está amenazada, las empresas estatales están paralizadas y el sector privado enfrenta innumerables limitaciones, así como amenazas de intervención y expropiación. Las empresas que fueron estatizadas con la ayuda de los trabajadores se encuentran quebradas. Se ha despedido o se está por despedir a numerosos trabajadores por motivos políticos. Por otra parte, se ha criminalizado la protesta y se ha procedido a la detención de sindicalistas y dirigentes sindicales. El empleo productivo al que se refiere el artículo 1 del Convenio es una utopía, el salario ha sido substancialmente afectado por la devaluación. Más del 55 por ciento del salario se paga en bonos, y se ha vuelto al trueque, práctica abandonada desde hace décadas. Todas estas medidas han sido implementadas sin consulta con los trabajadores. Por estos motivos, solicitó la inclusión de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión de Aplicación de Normas.

El miembro trabajador de Benin declaró que este caso no constituye realmente una violación del Convenio, sino que más bien tiene por objeto sentar en el banquillo a los gobiernos que se niegan a defender los intereses privados y capitalistas para justificar golpes de Estado, como en Brasil. Manifestó que hay que alentar los esfuerzos de los gobiernos progresistas. La información presentada por el Gobierno demuestra los esfuerzos que realizan los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela en materia de empleo, economía, desarrollo de pymes y participación de los interlocutores sociales. En conclusión, mencionó que la Comisión debería alentar al Gobierno y que debería prestar más bien atención a los gobiernos que se dedican a desregular la legislación del trabajo y eliminar conquistas de los trabajadores.

El miembro gubernamental de Argelia agradeció la información presentada por el Gobierno que describe las acciones emprendidas y desarrolladas para aplicar el Convenio. El Gobierno ha elaborado una política de empleo en el marco del Plan de desarrollo económico y social dirigida a erradicar la pobreza y facilitar la inclusión social. El Plan ha generado una cantidad apreciable de puestos de trabajo y que se han concluido acuerdos con el sector empresarial para reimpulsar el empleo gracias al desarrollo de pymes. Para concluir, saludó la cooperación entre el Gobierno y la OIT.

El miembro trabajador de Argentina recordó que según la Comisión de Expertos, el Gobierno no incumple el Convenio, sino que solamente le reclama la adopción de un marco normativo y el envío de más información. Sostuvo que se está llevando a cabo una campaña de estigmatización de un gobierno democráticamente elegido con un objetivo desestabilizador a nivel nacional e internacional. Afirmó que no sólo la República Bolivariana de Venezuela está en crisis sino el mundo en su totalidad. Los denunciantes son los responsables del mantenimiento del empleo y no dudan en generar malestar social, cerrar las fuentes de empleo y financiar una campaña de desestabilización del país. El diálogo social requiere la voluntad de todas las partes y no se puede desarrollar en un escenario de conflictos. Enfatizó que el Gobierno tiene la voluntad de generar un espacio de diálogo social para construir la democracia.

El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán, además de agradecer la información proporcionada, subrayó que las medidas adoptadas merecen un análisis detenido por parte de la Comisión de Aplicación de Normas, ya que demuestran la voluntad y el compromiso del Gobierno de cumplir el Convenio. Recalcó que la aplicación del Convenio conlleva una serie de aspectos técnicos, y por lo tanto pidió a la Oficina que brinde asistencia técnica al Gobierno.

El miembro trabajador de la República Árabe Siria dijo que respalda las declaraciones del Gobierno y considera que este caso encierra una dimensión política. El Gobierno ha presentado memorias con regularidad sobre la aplicación del Convenio y la Comisión de Expertos no ha mencionado ninguna cuestión de falta de aplicación del mismo en su última observación. En sus comentarios, la Comisión de Expertos ha hecho referencia a la aplicación de una estrategia centrada en los siguientes elementos clave: el empleo, la calidad del empleo, la educación, la garantía de una educación gratuita de buena calidad y la eliminación definitiva de la pobreza. Por otra parte, entre 2000 y 2014 un tercio de los nuevos empleos se crearon en la economía formal. En lo relativo a la parte de la observación dedicada a las pymes, el empleo juvenil y la participación de los interlocutores sociales, indicó para terminar que la Comisión de Aplicación de Normas tiene ante sí un caso que se ha elegido por razones políticas y que constituye un ataque al Gobierno por parte de FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental de Qatar agradeció al Gobierno por la información transmitida a la Comisión de Aplicación de Normas. También saludó las medidas adoptadas por el Gobierno con el objeto de cumplir con el Convenio y alentó al Gobierno para que continúe con sus esfuerzos a este respecto.

El miembro trabajador de Uruguay observó que si bien todos los miembros de la Comisión de Aplicación de Normas coinciden en constatar que el país atraviesa un momento especialmente difícil, divergen las lecturas de esta situación. La grave inflación que afecta a los trabajadores del país no debe sorprender a nadie en una situación en la cual ciertos actores económicos esconden las mercancías. Se sorprendió de la importancia reconocida por los miembros empleadores a los órganos de control de la OIT en este caso, posición diametralmente opuesta a aquella que asumen habitualmente. Manifestó que el interés demostrado por los empleadores en la consulta debería concretarse en una propuesta de consulta sobre la distribución del ingreso. Afirmó finalmente que los trabajadores de Uruguay se mantendrán totalmente ajenos a la iniciativa de presentar una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT en relación con la República Bolivariana de Venezuela.

El miembro empleador de Chile señaló que el Gobierno no respeta el artículo 3 del Convenio relativo a la adopción de una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido, en la medida en que no consulta a FEDECAMARAS, que constituye la organización de empleadores más representativa del país. Esto ha tenido efectos negativos en el empleo, lo cual ha sido reconocido por el Presidente de la República, quien declaró el estado de excepción con la consecuente limitación de las garantías constitucionales. Ese país vive una situación de escasez de trabajo decente: los trabajadores ya no perciben salarios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas sin recurrir a un subsidio del Estado. Tampoco gozan de un sistema de protección social adecuado, ya que la tasa de informalidad laboral es muy elevada. Se asiste a una progresiva destrucción de las empresas privadas debido a la mala gobernanza, la ausencia de diálogo y la falta de un entorno jurídico y reglamentario propicio, elementos que constituyen las condiciones mínimas de sostenibilidad de las empresas identificadas en 2007 en el seno de la OIT. La OIT debe intervenir con todas sus herramientas para contribuir con el Gobierno y los interlocutores sociales a la elaboración de políticas de empleo que sean el resultado de un verdadero diálogo social.

El miembro gubernamental de Brasil, haciendo uso de su derecho de respuesta, manifestó que ciertas opiniones incorrectas expresadas durante la discusión hacen necesarias algunas aclaraciones respecto del juicio del cual es objeto la Presidenta de Brasil. El proceso en curso respeta rigurosamente las normas y procedimientos legales de Brasil bajo la supervisión del Tribunal Supremo Federal, el cual garantiza el respeto a la Constitución y al debido proceso. Hasta la fecha, la Cámara de Diputados y el Senado Federal se han pronunciado sobre la admisibilidad del juicio y han constatado la existencia de evidencias de posibles crímenes de responsabilidad. Las votaciones han sido precedidas de amplios debates de fondo y el conjunto del proceso se caracteriza por el pleno respeto del derecho de defensa.

El representante gubernamental indicó que la Comisión de Expertos no señala en su informe ningún incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno sino que únicamente solicita ejemplos o informaciones adicionales al respecto. A pesar de ello, se incluyó a su país en la lista de casos individuales, sin esperar que esa información y ejemplos fueran proporcionados en la próxima memoria sobre el Convenio. Esto prueba que sobre las consideraciones técnicas, prevalecieron los fundamentos políticos de los empleadores, y específicamente de FEDECAMARAS, organización que utiliza la institucionalidad de la OIT en pos de sus intereses particulares. Sostuvo que FEDECAMARAS actúa a menudo más como una organización política que como un gremio empresarial y afirmó que la cúpula de esa organización apoya la parálisis de la empresa más grande de producción de alimentos en el país. Afirmó que contrariamente a lo que señalan los miembros empleadores, en el país existe un diálogo social. Todas las semanas se reúnen los empresarios más prominentes, incluso muchos representantes de empresas, cámaras y federaciones afiliadas a FEDECAMARAS, y discuten políticas de interés nacional con el Gobierno y la central mayoritaria de trabajadores. Indicó que su Gobierno ha manifestado en varias oportunidades que quiere dialogar, pero en un marco de respeto a la legalidad aunque consideró que dicho diálogo será muy difícil mientras una fracción de esa organización de empleadores continúe amparando empresas que sabotean y desestabilizan la economía del país y perjudican al pueblo venezolano.

Afirmó que los empleadores presentaron cifras y estimaciones de fuentes no oficiales y tendenciosas, por lo que su Gobierno las desconoce. La caída de los precios del petróleo ha impactado negativamente en el país, así como el sabotaje a la producción y a la economía llevada a cabo por algunos empleadores, incluida una fracción de FEDECAMARAS. En el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva, instancia de diálogo social para desarrollar políticas e impulsar la economía venezolana en consulta con representantes de empleadores y de trabajadores, se han presentado propuestas por parte del empresariado, tales como las relativas al régimen cambiario, la disminución de los trámites para exportar, la repatriación de capitales y la flexibilización impositiva, entre otras. De este modo, los empresarios con mayor fuerza económica en el país y que apuestan por el fortalecimiento de la economía venezolana, la central de trabajadores mayoritaria y el Gobierno están comprometidos a transformar el aparato productivo nacional, para hacerlo más diversificado y menos dependiente de la renta petrolera. Expresó su esperanza de que las conclusiones sobre el caso, producto del amplio debate, sean objetivas y equilibradas, sin consideraciones negativas en contra del Gobierno, lo cual permitirá su análisis bajo un mejor enfoque en el marco del cumplimiento del Convenio. Confió en que no habrá necesidad de que este caso vuelva a ser considerado por la Comisión de Aplicación de Normas, ya que compete a la Comisión de Expertos hacer el seguimiento del mismo a través de las memorias que el Gobierno presente. Reafirmó el compromiso de su Gobierno con el cumplimiento del Convenio y con los demás convenios de la OIT ratificados por su país y recordó que el Gobierno no privilegiará los intereses privados en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano.

Los miembros trabajadores, agradeciendo al Gobierno su información detallada comunicada a la Comisión de Aplicación de Normas, saludaron los logros del Gobierno al reducir la pobreza y la desigualdad y al aumentar la participación ciudadana y la autogobernanza, y, en particular, todos los esfuerzos realizados para promover el trabajo decente como medio para alcanzar la justicia social. Sin embargo, manifestaron que la crisis económica y política puede poner en peligro logros tan importantes, puesto que los trabajadores y sus familias están pagando el precio de la crisis. Tomando nota con interés del compromiso contraído por el Gobierno en cuanto al trabajo informal y precario, indicaron que la reducción de la proporción del trabajo informal del 51,6 por ciento, en 2004, al 41,2 por ciento, en 2015, es un importante avance que ha de ser bienvenido por la Comisión de Aplicación de Normas. Invitaron al Gobierno a seguir comunicando información en este sentido y a seguir las disposiciones relativas a la Recomendación núm. 204. Puesto que el desempleo es más grave en los jóvenes, recordaron que la Comisión de Expertos solicitó al Gobierno que implemente políticas dirigidas a minimizar el impacto del desempleo en los trabajadores jóvenes y a facilitar su integración en la fuerza del trabajo respecto de los derechos fundamentales en el trabajo y la protección social. Recordando que el Gobierno acordó, en la 326.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2016), un calendario detallado, con el fin de restablecer el diálogo tripartito, para el tratamiento de los asuntos vinculados con las relaciones laborales, incluida la política económica, tomaron nota con preocupación de que no se realizaron progresos tangibles en este sentido. Teniendo plenamente en cuenta las observaciones de la Comisión de Expertos, los miembros trabajadores instaron al Gobierno a: i) establecer un órgano estructurado para el diálogo social tripartito en el país y adoptar medidas inmediatas para construir un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de las organizaciones sindicales, con miras a promover relaciones laborales sólidas y estables, y ii) aplicar, con carácter de urgencia, todos los compromisos contraídos en la pasada reunión del Consejo de Administración, a efectos de seguir el plan de acción para las consultas con los interlocutores sociales, incluyéndose las etapas y los plazos específicos para su aplicación.

Los miembros empleadores resaltaron el gran interés destacado por este caso y pusieron en evidencia tres aspectos relacionados con la falta de aplicación del Convenio. Si bien, en virtud del artículo 1 del Convenio, los gobiernos deben estimular el crecimiento y el desarrollo económico, se nota más bien lo contrario en la República Bolivariana de Venezuela. En virtud del artículo 2 del Convenio, se deben revisar las medidas económicas y sociales para asegurar su coordinación. Sin embargo, llevar a cabo dicha revisión requiere de un diálogo social genuino, el cual no se puede dar en el Consejo Nacional de Economía Productiva en donde no pueden participar los actores que tienen una voz distinta de la del Gobierno. El artículo 3 del Convenio prevé finalmente que la política de empleo sea consultada con los interlocutores sociales. A este respecto, el compromiso expresado por el Gobierno en marzo de 2016 no se ha concretado, lo cual constituye una clara violación del Convenio. Manifestó que las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas respecto de este caso deberían incluir: i) la constatación compartida con el portavoz de los trabajadores de que el deterioro de los indicadores económicos afecta a la mayoría de la población del país y al desarrollo de los negocios; ii) la necesidad de implementar medidas urgentes para estimular el crecimiento y el desarrollo económico; iii) la necesidad de que se revisen periódicamente las medidas adoptadas en materia de políticas económicas y sociales en consulta con los interlocutores sociales, incluyéndose a la CTV, UNETE y FEDECAMARAS; iv) la solicitud de que se desarrolle una política de empleo en plena consulta con los interlocutores sociales, incluyéndose a la CTV, UNETE y FEDECAMARAS; v) la invitación a que el Gobierno acepte una Misión de Alto Nivel para constatar las medidas tomadas para dar aplicación al Convenio, y vi) incluir este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información facilitada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos.

La Comisión deploró la crisis social y económica que afecta al país y la ausencia de una política activa del empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión deploró la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa del empleo.

Teniendo en cuenta la discusión sobre el caso, la Comisión instó al Gobierno a que:

• - con la asistencia de la OIT, elabore inmediatamente, en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, una política del empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido;
• - implemente inmediatamente medidas concretas que pongan en práctica una política del empleo que tenga como objetivo estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del desempleo y del subempleo;
• - establezca inmediatamente un órgano estructurado de diálogo social tripartito en el país y emprenda de inmediato acciones para generar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas;
• - implemente todos los compromisos asumidos en el pasado Consejo de Administración de cumplir con un plan de acción en consulta con los interlocutores sociales, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo, y
• - antes de septiembre de 2016, presente informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio núm. 122 en la legislación y la práctica.

El Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel de la OIT antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de manera de examinar los progresos alcanzados para cumplir con estas conclusiones.

El representante gubernamental rechazó las conclusiones sobre el caso. Se han tomado como ciertas informaciones falsas que no guardan relación con el Convenio. Además, estas conclusiones no han tomado en cuenta lo manifestado por el Gobierno, por los trabajadores, y representantes de otros gobiernos.