Observation (CEACR) - adopted 2024, published 113rd ILC session (2025)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Uganda (Ratification: 1967)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión se refiere a su comentario anterior en el que solicitaba información sobre las medidas activas del mercado de trabajo que se han adoptado y la aplicación del tercer plan nacional de desarrollo (NDP III) para 2020/20212024/2025. Toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, incluidas las medidas de empleo aplicadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. El Gobierno indica que el NDP III se centra en la industrialización sostenible en aras del crecimiento inclusivo, el empleo y la creación de riqueza a largo plazo. En el marco del programa de desarrollo del capital humano, se hace mayor hincapié en la creación de una economía basada en las competencias y generadora de empleo, que sea competitiva y satisfaga las necesidades tanto de la economía nacional como de la mundial. El Gobierno añade que en la declaración de propósito de la política del empleo objeto de revisión se aboga por «una fuerza de trabajo competitiva con miras a la transformación socioeconómica de Uganda». Esta modificación de la política del empleo se ajusta a la declaración de propósito de Uganda para 2040, cuyo objetivo es transformar la sociedad ugandesa de modo que pase de una economía agraria a una nación moderna y próspera, poniendo el acento en los factores que definen el nivel de productividad de un país. La Comisión toma nota de que la posición del Gobierno en lo relativo al empleo es aprovechar la contribución del sector privado como motor de crecimiento, dado que el sector público puede generar actualmente 200 000 puestos de trabajo al año. Esta cifra sigue siendo muy inferior al 1,2 millón de ugandeses que se incorporan anualmente al mercado de trabajo. En consecuencia, muchos jóvenes que terminan sus estudios están desempleados o aceptan puestos para los que están sobrecalificados. En cuanto a las estadísticas de empleo, el Gobierno indica que se está desarrollando el sistema de información sobre el mercado de trabajo para registrar la información y las tendencias del mercado laboral. Este ha sido un proceso consultivo que ha durado varios años y ahora se encuentra en las fases finales de aprobación del sistema tras haber finalizado su desarrollo. La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, que indican que la encuesta de población activa de 2021 muestra un aumento en el porcentaje de la población en edad de trabajar ocupada en puestos para los que está sobrecalificada (del 6 por ciento en 2019-2020 al 9 por ciento en 2021). La tasa de participación en la fuerza de trabajo se sitúa en el 48 por ciento (39 por ciento en el caso de las mujeres y 58 por ciento en el de los hombres), lo que refleja un aumento con respecto al 43 por ciento registrado en la encuesta nacional de hogares de 2019-2020 de Uganda. El desempleo en Uganda sigue siendo elevado, con una tasa de desempleo a largo plazo del 49 por ciento (encuesta de población activa de 2021), significativamente más alta que la media de África subsahariana, del 32,7 por ciento. La Comisión observa que, según la base de datos ILOSTAT, la tasa global de desempleo en Uganda se situó en el 12,7 por ciento en 2021 (10,9 por ciento en el caso de los hombres y 15,3 por ciento en el de las mujeres). La Comisión toma nota además de que, en 2023, la OIT impartió, en colaboración con el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social, una formación en materia de capacitación para apoyar la revisión de la política nacional de empleo de Uganda y su conformidad con el cuarto plan nacional de desarrollo (2026-2030) y forjar un marco de empleo resiliente que fomente un crecimiento económico sostenible con vistas a la creación de empleo y la inclusión.

Al tiempo que reconoce los retos señalados anteriormente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la nueva política nacional de empleo, una vez adoptada, e indique de qué manera esta pretende abordarlos, en particular el gran alcance de la economía informal, que perjudica el ejercicio de los derechos laborales, así como el hecho de que el crecimiento económico no se haya traducido hasta ahora en una creación de empleo suficiente. La Comisión también pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas con miras a reforzar la administración del trabajo e integrar a los grupos en situación de vulnerabilidad en las políticas del empleo, lo cual es crucial para que la creación de empleo tenga un enfoque inclusivo. Asimismo, se pide al Gobierno que indique de qué forma la nueva política pretende garantizar la aplicación a través de una coordinación, presupuestación y rendición de cuentas eficaces dentro del Gobierno. Además, la Comisión también pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la repercusión de las medidas adoptadas en materia de empleo, incluidas las que se refieren a los desempleados de larga duración, así como al desempleo juvenil, que es un problema considerable, requiere nuevos indicadores y un enfoque centrado en las oportunidades para los jóvenes. La Comisión también pide al Gobierno que indique la manera en que la nueva política aborda la cuestión del desajuste entre las calificaciones y las demandas del mercado de trabajo, en particular respondiendo mejor a las necesidades de formación profesional. Asimismo, y al tiempo que toma nota de la orientación hacia la creación de empleo y el espíritu empresarial, la Comisión pide al Gobierno que indique si la nueva política nacional de empleo prevé incluir mecanismos de financiación para apoyar la creación de empleo, incluido el creado por las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por último, la Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información acerca de la finalización del sistema de información sobre el mercado de trabajo, así como estadísticas actualizadas acerca de las tendencias actuales en materia de empleo, desempleo y subempleo, desglosadas por sexo, edad, religión, sector económico y región.

Economía informal. Según las estadísticas proporcionadas por el Gobierno a partir de la encuesta de población activa de 2021, el nivel general de informalidad en la economía sigue siendo elevado, del 87,9 por ciento. La Comisión toma nota de que, según el informe de evaluación rápida de la OIT de 2024 sobre las carencias de competencias digitales y la viabilidad de las oportunidades de empleo en materia de microtrabajo en Uganda, gran parte de la economía del país es informal y abundan los trabajadores por cuenta propia, con un gran número de operaciones económicas impulsadas por pequeñas empresas. El alto grado de informalidad no facilita la respuesta a las demandas del mercado, que depende de la capacidad de las personas para prestar servicios. Esto implica que el éxito de los sectores informales a la hora de satisfacer la demanda del mercado depende de las aptitudes, los recursos y otras capacidades de las personas que dirigen empresas en dichos sectores. La Comisión observa además que la informalidad se ha reducido con el aumento de los niveles de finalización de la educación, y varía entre el 98 por ciento para las personas que no han completado la enseñanza primaria, y el 49 por ciento para las personas que han obtenido un grado (graduados universitarios) o un máster (Diagnóstico sobre la informalidad en zonas de intervención seleccionadas del programa PROSPECTS en Uganda, OIT, 2021).

A este respecto, la Comisión señala que, para combatir de manera eficaz la informalidad, el Gobierno puede referirse a la orientación proporcionada por la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). En la Recomendación núm. 204 se establece la visión estratégica elaborada por los mandantes tripartitos de la OIT para asegurar la transición a la economía formal mediante la creación y aplicación de marcos integrados de políticas que incluyan, entre otras cosas, leyes laborales, fiscales y de seguridad social. En efecto, esas políticas integradas son esenciales para promover un crecimiento sostenible que genere empleos y beneficie a las personas en situación de pobreza. En vista de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre las medidas de política del empleo adoptadas y su repercusión en la promoción de la transición de la economía informal a la economía formal, en coordinación con otras políticas públicas, incluidas, por ejemplo, las políticas de protección social, de educación, presupuestarias y de desarrollo rural. En particular, la Comisión pide al Gobierno que indique si las medidas adoptadas o previstas incluyen: i) el fortalecimiento del marco jurídico para garantizar que las leyes favorezcan la formalización y se apliquen de manera efectiva; ii) el apoyo a la iniciativa empresarial, junto con la mejora del acceso a la microfinanciación, con miras a proporcionar los recursos necesarios para que las pequeñas empresas crezcan y pasen a formar parte de la economía formal; iii) la inversión en capacitación y formación profesional para dotar a los trabajadores de las competencias necesarias en la economía formal, así como la ampliación de la protección social para ofrecer una red de seguridad a los trabajadores informales; iv) el fomento del crecimiento impulsado por el sector privado, con el fin de crear oportunidades de empleo formal, y la aplicación, en paralelo, de programas específicos destinados a reducir la informalidad; v) el desarrollo de un diálogo social con los empleadores y las organizaciones de trabajadores con vistas a diseñar y aplicar estrategias de formalización, al tiempo que se promueve la paridad de género en el mercado de trabajo para asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de transición a la economía formal, y vi) el recurso a medidas de política directas e indirectas para aumentar la confianza en las autoridades. Al tiempo que toma nota de los elevados niveles de empleo en la economía informal en Uganda y de la importancia de una estrategia integrada para la formalización del empleo, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

Promoción del empleo juvenil. La Comisión solicitó anteriormente información sobre las medidas previstas o adoptadas para reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes, así como la proporción de jóvenes en empleos informales. El Gobierno se refiere a los indicadores clave de la encuesta de población activa de 2021, que muestran que el empleo juvenil es de solo el 36,5 por ciento, mientras que el 41,1 por ciento de los jóvenes no tienen empleo, ni estudian, ni reciben formación. A este respecto, la Comisión toma nota de los esfuerzos del Gobierno para hacer frente al desempleo a través de iniciativas como la estrategia nacional de empleos verdes y la estrategia nacional de empleo juvenil en la agricultura, junto con otras medidas destinadas a generar oportunidades de empleo remunerado para los jóvenes. El Gobierno también ha creado programas diseñados para dotar a los jóvenes de competencias y equipos básicos de puesta en marcha, con el fin de fomentar la productividad. Entre estos programas, se encuentran el modelo de desarrollo municipal, que se inició en 2022 para empoderar a las comunidades locales, y en particular a los jóvenes; los centros presidenciales regionales de innovación, para promover el desarrollo de habilidades entre los jóvenes, y el programa Jua Kali, que se centra en capacitar a los jóvenes y proporcionar equipos básicos de puesta en marcha para la creación de empleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información más específica sobre la repercusión de las medidas adoptadas para abordar el elevado desempleo juvenil, y en particular la inadecuación de las calificaciones, y sobre las medidas para anticipar las necesidades futuras del mercado de trabajo ofreciendo programas de educación y formación. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione estadísticas actualizadas sobre las tasas de empleo y desempleo juveniles, desglosadas por sexo, edad, zonas urbanas o rurales y nivel de educación.

Promoción del empleo de las mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó información sobre las medidas para combatir la persistente segregación ocupacional basada en el sexo y para aumentar la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal. El Gobierno se refiere a sus esfuerzos por promover el empleo, incluidas iniciativas como el programa para la iniciativa empresarial de las mujeres de Uganda, y aquellas destinadas a crear oportunidades de generación de ingresos para las personas. La Comisión constata que, en sus observaciones finales de 1 de marzo de 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para sacar de la pobreza a las mujeres de las zonas rurales, que constituyen el 75 por ciento de la población femenina, y para apoyar el emprendimiento de las mujeres de estas zonas mediante diversos programas y planes. Sin embargo, añadió que le preocupaba que el 39 por ciento de los hogares encabezados principalmente por mujeres siguieran dependiendo de la economía de subsistencia, en particular de la agricultura, y tuvieran un acceso limitado a los ricos recursos naturales del país y a servicios básicos, como la atención de la salud y la protección social (véase CEDAW/C/UGA/CO/8-9, párrafo 45). Al tiempo que se refiere a sus comentarios relativos al Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), la Comisión pide al Gobierno que proporcione información más detallada sobre la repercusión de las medidas tomadas para promover el acceso de las mujeres al pleno empleo, productivo y libremente elegido. Habida cuenta de que no se han aportado estadísticas, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre los resultados obtenidos gracias a dichas medidas, incluyendo estadísticas sobre la tasa de participación de las mujeres, en especial las mujeres con discapacidad, en el mercado de trabajo informal y formal.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, a nivel nacional, la práctica habitual para la elaboración de la legislación en Uganda conlleva la celebración de consultas oficiales con los interlocutores sociales a lo largo de todo el proceso de redacción y finalización de las leyes. Estas consultas tienen lugar a través de comunicaciones escritas formales, así como de talleres y seminarios, en los que se invita a las partes interesadas a realizar aportaciones a los documentos de política y a otras iniciativas gubernamentales. El Gobierno también hace referencia a la carta tripartita, en la que se reconoce la relevancia de la cooperación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores en cuanto a la creación de empleo y la mejora de la productividad y la competitividad a través de la consulta y la negociación basadas en la confianza y el entendimiento mutuos. Dichas partes han acordado crear un centro nacional de productividad para promover la paz y la armonía en el ámbito laboral, esenciales para mejorar la productividad y la competitividad. Además, los interlocutores sociales respaldan al Gobierno, y cooperan con él, en lo referente a la aplicación de programas destinados a promover el empleo decente y la seguridad en el trabajo con vistas a fomentar la productividad y la competitividad de la fuerza de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre el contenido y los resultados de las consultas celebradas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores en lo relativo a la formulación y aplicación de medidas en materia de empleo, en particular en relación con la nueva política nacional de empleo.