Individual Case (CAS) - Discussion: 2016, Publication: 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritania (Ratification: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mauritania (Ratification: 2016)



Un representante gubernamental, recordando que en 2015 se exhortó a Mauritania a dar a conocer a la Comisión los esfuerzos realizados en el marco de la aplicación del Convenio, agradeció a la Comisión de Aplicación de Normas la oportunidad que se le brinda a fin de informar sobre los avances realizados y que siguen consolidándose en el ámbito de la promoción y la defensa de los derechos humanos, y en particular en lo que respecta a la lucha contra las prácticas esclavistas y las secuelas del esclavismo. En lo que respecta al marco jurídico de lucha contra el trabajo forzoso, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de junio de 2015, este tema se ha revisado y modernizado con el fin de luchar plenamente contra este flagelo y estar en condiciones de garantizar la aplicación efectiva de los objetivos marcados por el programa electoral del Presidente del país en la lucha por la igualdad entre todos los ciudadanos, velando en particular por devolver la dignidad a las víctimas de cierta injusticia histórica. A este respecto, en la memoria del Gobierno presentada a la Comisión de Expertos en septiembre de 2015 se relacionan los textos jurídicos recientemente adoptados. De conformidad con las modificaciones de la Constitución por las que se declara a la esclavitud crimen contra la humanidad y con la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, adoptada por el Consejo de Ministros el 6 de marzo de 2014, la adopción de la Ley núm. 2015-031, de 10 de septiembre de 2015, que Incrimina la Esclavitud y Reprime las Prácticas Análogas a la Esclavitud consolida las orientaciones del Gobierno en la materia derogando la Ley núm. 2007-048, de 9 de agosto de 2007, sobre la Incriminación y el Castigo de Prácticas Análogas al Esclavismo. De conformidad con las recomendaciones de la Comisión, esta ley introduce un conjunto de definiciones que facilitan su aplicación basándose en una terminología clara y precisa relativa a la esclavitud; incorpora las infracciones previstas en los convenios internacionales de lucha contra la esclavitud afirmando que este delito es imprescriptible; agrava las sanciones relativas a las prácticas esclavistas equiparándolas a las previstas para los crímenes; e instituye el locus standi para terceros, en particular las organizaciones no gubernamentales (ONG), que en adelante pueden actuar en justicia y constituirse como parte civil en los litigios a los que diere lugar la aplicación de la ley, sin que la calidad de tales les confiera ninguna ventaja patrimonial. Esta importante reforma se ha visto acompañada por el establecimiento de tres jurisdicciones especiales que se ocupan de las infracciones relativas a las prácticas esclavistas y que abarcan el conjunto del país, con la incoación, para el conjunto del país en los cinco últimos años, de 40 procedimientos relacionados con el trabajo forzoso. Dos de estos casos se han solventado con condenas, otros se han desestimado y el resto sigue sometido a juicio. Se han adoptado otros textos para completar esta nueva ley: la ley núm. 2015-033, de 10 de septiembre de 2015, relativa a la lucha contra la tortura, que deroga y sustituye a la Ley núm. 2013-011, de 23 de enero de 2013, sobre la Represión de los Crímenes de Esclavitud y de Tortura en tanto que crímenes contra la humanidad; la ley núm. 2015-034 de 10 de septiembre de 2015 por la que se establece un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la tortura; y la Ley núm. 2015-030, de 10 de septiembre de 2015, sobre la Asistencia Judicial. En lo que respecta a la recomendación por la que se pide al Gobierno que solicite la asistencia técnica de la OIT para ayudarlo a concretar sus esfuerzos de lucha contra el trabajo forzoso, como seguimiento a la petición oficial hecha por el Primer Ministro al Director General de la OIT en febrero de 2015, se inició el 2 de mayo de 2016 un proyecto de cuatro años encaminado a apoyar el establecimiento de la ley por la que se incrimina la esclavitud y se reprimen las prácticas esclavistas y que comprende la identificación de todas las líneas de actuación. Su objetivo concreto es el de apoyar y acompañar a las jurisdicciones especiales de represión de los delitos relacionados con la práctica de la esclavitud y a los auxiliares de justicia, en particular los abogados a quienes se encomendarán las investigaciones que se realizarán sobre la incidencia de las prácticas esclavistas y las secuelas de la esclavitud, y también de prestar apoyo directo a las víctimas. En lo que concierne a determinados casos pendientes ante las jurisdicciones que se ocupan del trabajo forzoso y que afectan a los niños, Mauritania ha adoptado, con el respaldo de la OIT, un plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil, plan que se pondrá en práctica en cuanto se movilicen los recursos financieros y que contribuirá a luchar, entre otras cosas, contra las secuelas de la esclavitud. Mauritania forma parte de los cinco primeros países que han ratificado el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Convenio núm. 29). Más allá de la importancia de esta iniciativa, conviene subrayar que la actuación del Gobierno ha recibido la adhesión total de los interlocutores sociales y de los agentes de la sociedad civil, adhesión que se constató en el curso de la gran concertación emprendida antes de la ratificación del Protocolo y que permitirá que con el tiempo se apliquen las disposiciones de ese instrumento en las condiciones más idóneas. Asimismo, en el marco de la difusión de los textos jurídicos relativos a la lucha contra las prácticas esclavistas, Mauritania ha publicado, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un número especial del Diario Oficial sobre los convenios internacionales ratificados en materia de derechos humanos, lo que permitirá a las jurisdicciones nacionales incorporar estos instrumentos al cuerpo jurídico interno. A pesar de la importancia del marco jurídico, éste no bastaría por sí solo para acabar con el trabajo forzoso y las secuelas de la esclavitud. Por tanto, en aplicación de las recomendaciones de la Comisión de junio de 2015, el Gobierno ha adoptado medidas audaces en el ámbito socioeconómico mediante la creación de una Agencia nacional para la lucha contra las secuelas de la esclavitud y la integración, la Agencia Tadamoun. Estas acciones se articulan en torno a la puesta en marcha de un conjunto de proyectos en los ámbitos prioritarios que benefician directamente a las poblaciones que sufren de las secuelas de la esclavitud a fin de que puedan recuperar el retraso en los siguientes campos: la educación con la construcción de escuelas, la salud, el agua, el hábitat social, las represas, la horticultura, las mejoras agrícolas, la modernización de los medios de producción con la distribución de arados de tracción animal a las poblaciones víctimas de las secuelas de la esclavitud así como la adquisición de triciclos en los barrios precarios, y la puesta en marcha de centenares de actividades generadoras de ingresos. Estas iniciativas, que han elevado sensiblemente el nivel de vida de las poblaciones creando simultáneamente empleo decente, se pueden consultar en el sitio web de la Agencia. En lo que respecta a la sensibilización y a la concienciación en torno al trabajo forzoso, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la formación de las autoridades administrativas, judiciales y de seguridad e implicado a los agentes de la sociedad civil que actúan en el ámbito de la promoción o la defensa de los derechos humanos. Se han organizado varios cursos de formación para los hakem (prefectos), los alcaldes, los gendarmes, los policías, los magistrados y los auxiliares de justicia sobre la necesidad de que se apliquen con rigor las disposiciones del marco jurídico que incriminan la esclavitud y reprimen las prácticas esclavistas. Asimismo, han recorrido el país caravanas de sensibilización, cuyo objetivo particular son los líderes religiosos y los notables tradicionales, a fin de difundir la fatwa por la cual la comunidad de los ulemas reafirma la prohibición formal y perentoria de toda explotación. Estos esfuerzos de sensibilización van a continuar, concretamente a través del proyecto de apoyo a la aplicación de la Ley sobre la Incriminación de la Esclavitud y la represión de las prácticas esclavistas financiado por la OIT. Por último, ha de destacarse el compromiso de Mauritania con la promoción y la defensa de los derechos humanos, en particular a través de la movilización para estos fines de todos los medios y esfuerzos del país. Mauritania se mantiene abierta a todos aquellos que deseen contribuir a la realización de este ambicioso proyecto.

Los miembros trabajadores recordaron que la Comisión ha demostrado una enorme paciencia con el Gobierno y observaron la recurrencia del presente caso ante la Comisión, lo cual pone de relieve una inercia inaceptable. El incumplimiento de las disposiciones del Convenio no puede justificarse apelando a la difícil coyuntura política y económica del país, que es uno de los únicos del mundo donde aún persisten las formas tradicionales de esclavitud. La extrema vulnerabilidad de las víctimas de la esclavitud — y, en particular, de los grupos más vulnerables, como la comunidad haratine — requiere que las autoridades realicen denodados esfuerzos para protegerlas. Pese al reiterado rechazo de la comunidad internacional, el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para combatir este flagelo. En 2016, no se puede tolerar la esclavitud, y es urgente que el Gobierno tome todas las medidas necesarias para erradicarla definitivamente. Los miembros trabajadores recordaron que la Ley núm. 2007-48, de 9 de agosto de 2007, sobre la Incriminación y el Castigo de Prácticas Análogas al Esclavismo, ha resultado ser ineficaz. Celebraron, sin embargo, la ratificación del Protocolo al Convenio y la introducción de ciertas modificaciones a la legislación. La Ley núm. 2015-031, de 10 de septiembre de 2015, que Incrimina la Esclavitud y reprime las prácticas análogas a la esclavitud, deroga la ley núm. 2007/48. La nueva ley retoma las líneas principales de la ley anterior definiendo con mayor precisión los elementos constitutivos de la esclavitud, la cesión de personas, la servidumbre y la servidumbre por deudas y aumenta las penas correspondientes para esos delitos. Asimismo, introduce la posibilidad de que las asociaciones de defensa de derechos humanos que tengan personalidad jurídica desde al menos cinco años se constituyan como parte civil. La Ley núm. 2015-032, sobre la Asistencia Judicial, permite cubrir los gastos que normalmente están a cargo de las partes cuando se trata de personas indigentes o de escasos ingresos. Aunque se han registrado logros positivos destinados a fortalecer el mecanismo legislativo de lucha contra la esclavitud, cabe señalar que Mauritania no está en condiciones de poner en práctica de manera efectiva y aplicar las reformas legislativas, por causa de dificultades a menudo motivadas por la insuficiencia de los mecanismos de inspección del trabajo y del control de la aplicación de las leyes. El Gobierno es incapaz de demostrar que se enjuicia y se sanciona sistemáticamente a los autores del delito de esclavitud en todas sus formas y que se garantiza a las víctimas el acceso a la justicia. Por tanto, es necesario que se adopten medidas concretas para garantizar este acceso a las víctimas. El Gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para identificar, liberar y reinsertar a las víctimas, y castigar a los responsables, fortaleciendo los mecanismos de inspección laboral y del control de la aplicación de las leyes. Los miembros trabajadores manifestaron que los 40 casos de prácticas análogas a la esclavitud tratados por los tribunales son insuficientes y que sería interesante saber cuántas sentencias absolutorias se dictaron en esos casos. En cuanto a las sanciones aplicadas por crímenes de esclavitud, no son lo bastante severas. La primera condena dictada en mayo de 2016 por el tribunal especial de lucha contra la esclavitud de Nema ha sido muy decepcionante, y ha sido objeto de una apelación. Conviene recordar que es esencial aplicar de manera efectiva un nivel de sanciones disuasorias para erradicar estas prácticas de conformidad con el artículo 25 del Convenio. La Comisión de Expertos observó en la práctica une reticencia de las autoridades administrativas y policiales a investigar los casos de esclavitud señalados por las asociaciones. A menudo se archivan los casos o se recalifican los hechos, lo cual constituye un obstáculo más al procesamiento de los crímenes de esclavitud.

En lo referente a la Agencia Tadamoun, es lamentable que no se ocupe debidamente de uno de sus objetivos iniciales, luchar contra la esclavitud, y se centre especialmente en el desarrollo de proyectos sociales y económicos, lo cual sólo responde indirectamente a la necesidad urgente de poner fin a las prácticas de esclavitud. La agencia también padece de una carencia de medios para luchar contra la esclavitud. Es igualmente lamentable que las ONG gubernamentales y las organizaciones sindicales sean mantenidas al margen de las actividades de la agencia. Tras la recomendación formulada por la Comisión en 2015 sobre la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud adoptada en 2014, el Gobierno ha establecido una comisión encargada del seguimiento de la Hoja de ruta y un comité técnico interministerial. Sin embargo, no parece claro que estos dos órganos comuniquen entre sí, y tampoco parece que existan indicadores claros que permitan evaluar los cambios ocurridos. Se espera que el Gobierno garantice el buen funcionamiento de estos órganos y tome las medidas adecuadas para lograr resultados concretos y rápidos en la práctica. En lo relativo a que las tradiciones y la cultura sean las razones profundas para que persistan prácticas importantes y duraderas de esclavitud en Mauritania, es esencial que se realicen transformaciones sociales profundas en la sociedad comenzando con el Jefe del Gobierno, el Presidente, que parece negar la realidad. Esta negación de la esclavitud desacredita todas las acciones emprendidas por las autoridades públicas para erradicar este flagelo y es necesario que el Jefe del Ejecutivo tome consciencia de la situación y que se ordene una investigación nacional sobre el trabajo de servidumbre para permitir a las autoridades darse cuenta de la amplitud del fenómeno y definir las acciones específicas que se deben emprender. El Gobierno debe asimismo lanzar grandes campañas de promoción, sensibilización y educación tanto de la opinión pública como de las autoridades administrativas, policiales y judiciarias para combatir sistemáticamente cualquier forma de trabajo forzoso. En conclusión, las autoridades deben abstenerse de obstaculizar continuamente el trabajo de las asociaciones, sindicatos y ONG que luchan contra la esclavitud, tanto en Mauritania como en el resto del mundo. Sobre este punto, es lamentable que el Gobierno haya hecho obstrucción a la expedición del visado del secretario general de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), lo cual lamentablemente ha impedido que se presente ante la Comisión de Aplicación de Normas para exponer su visión de la situación del país.

Los miembros empleadores señalaron que estaban de acuerdo con la declaración de los miembros trabajadores e indicaron que en esta reunión se está dando seguimiento a la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de 2015. Desde que Mauritania ratificó el Convenio en 1961, la Comisión examinó el caso en numerosas ocasiones y la Comisión de Expertos formuló 14 observaciones al respecto desde 1997. En 2004 y 2006, la OIT efectuó misiones en función de las cuales se adoptó un conjunto de recomendaciones. Destacaron que, pese a ser uno de los casos sobre trabajo forzoso más examinado, el progreso registrado ha sido escaso. Aun así, agradecieron al Gobierno la información sobre las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados para combatir la esclavitud. En particular, tomaron nota de la ley de 2007, de la ley de 2015, de la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, adoptada en 2014, y del establecimiento del tribunal especializado. Tomaron nota asimismo de la ratificación del nuevo Protocolo al Convenio. Sin embargo, indicaron que, aunque el Gobierno ha desarrollado un marco jurídico extenso, la aplicación de las leyes en la práctica sigue siendo deficiente y se plantean preguntas acerca de la voluntad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones. A este respecto, manifestaron tener dudas de que la ratificación del Protocolo pueda resolver el problema de falta de aplicación que ha perdurado durante los últimos 55 años. En relación con el artículo 25 del Convenio, se señaló la falta de eficacia y severidad en la imposición de las penas previstas en la legislación. A este respecto, las principales dificultades son los obstáculos culturales y los relativos a la administración nacional en cuanto a los enjuiciamientos. Según consta en la observación de la Comisión de Expertos, las víctimas siguen teniendo dificultades para someter sus casos ante las autoridades judiciales y administrativas competentes. Así pues, de 31 casos, uno solo culminó con una pena de prisión para el autor, lo cual pone de manifiesto la ineficacia de la aplicación del Convenio. Los miembros empleadores concluyeron recordando al Gobierno que es su deber proteger a los ciudadanos vulnerables.

El miembro gubernamental de los Países Bajos, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, así como de Islandia, la República de Moldova, y Noruega recordó el compromiso contraído por Mauritania en virtud del Acuerdo de Cotonú de respetar la democracia, el Estado de derecho y los principios de los derechos humanos, entre los que se encuentran la abolición del trabajo forzoso. Insistió en que el cumplimiento del Convenio resulta esencial a este respecto. Tomó nota de la evolución positiva en lo relativo a la aprobación en 2015 de dos nuevas leyes en las que se penaliza y castiga la esclavitud, se establecen jurisdicciones de carácter colegiado con competencia para juzgar las infracciones relativas a la esclavitud y las prácticas esclavistas y se crea un sistema de asistencia judicial. Acogió con agrado el hecho de que los tribunales hayan tratado 31 casos de prácticas análogas a la esclavitud, de los cuales algunos dieron lugar a sanciones y dos casos tuvieron como consecuencia la aplicación de penas de cinco años de prisión. Se animó al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar la plena aplicación de la nueva legislación, proporcionando a las autoridades competentes los medios adecuados para llevar a cabo investigaciones y entablar procedimientos judiciales con rapidez e imparcialidad. Es absolutamente necesario asegurar que las víctimas de la esclavitud tengan la capacidad de afirmar sus derechos y castigar debidamente a los culpables mediante sanciones disuasorias. Asimismo, el orador animó al Gobierno a que aplique las 29 recomendaciones de la Hoja de ruta para luchar contra las secuelas de la esclavitud, aprobada en 2014, y a que garantice que la Agencia Tadamoun disponga de los medios necesarios para llevar a cabo todas las tareas de su mandato. Cabe esperar que el Gobierno siga sensibilizando al público y a las autoridades competentes acerca del problema de la esclavitud y la necesidad de erradicarlo. La UE está dispuesta en todo momento a cooperar con el Gobierno en el fomento del desarrollo y el pleno goce de los derechos humanos.

El miembro trabajador del Senegal recordó que el caso de Mauritania viene planteándose con frecuencia ante la Comisión desde 1990. La misión de investigación que visitó el país en 2006 puso de relieve una serie de recomendaciones con objeto de que propiciaran progresos significativos. En 2010, la Comisión instó al Gobierno a promover una mejor comprensión entre la población y las autoridades de la necesidad imperiosa de erradicar la esclavitud, en particular, a través de la adopción sin demora de un plan nacional de lucha contra la esclavitud, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, así como de medidas para garantizar que las víctimas puedan recurrir efectivamente a las autoridades policiales y judiciales. Cabe denunciar la falta de voluntad del Gobierno, tal como evidencia la obstrucción por su parte de la participación de los trabajadores mauritanos en la labor de la Comisión, así como la levedad de las sanciones impuestas a las personas declaradas culpables de esclavitud. Mencionó las conclusiones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, quien señala que, si bien la Ley de 2007 sobre la Incriminación y el Castigo de Prácticas Análogas al Esclavismo ha sido muy difundida con el fin de favorecer la comprensión de la naturaleza delictiva de estas prácticas esclavistas, las víctimas siguen tropezando con dificultades para hacerse escuchar y exigir sus derechos, tanto en el ámbito de las autoridades administrativas como de las autoridades judiciales. La creación en 2013 de la Agencia Tadamoun es un hecho positivo, pero la Comisión de Expertos pone en duda la capacidad de ésta para poner en práctica la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Al parecer, el mandato de esta Agencia se limita a la lucha contra las secuelas de la esclavitud, y no cubre el tema de la continuidad de las prácticas esclavistas. Por último, si la introducción de una Hoja de ruta representa un paso adelante, la citada Agencia no prevé medidas específicas para la protección de las víctimas.

La miembro trabajadora de Francia hizo hincapié en que la ratificación del Protocolo al Convenio demuestra que Mauritania desea dotarse de disposiciones que le permitan luchar contra la esclavitud y sus secuelas. No obstante, la aplicación efectiva del Protocolo mediante su transcripción legislativa, que prevé que las víctimas puedan hacer valer sus derechos, no ha dado frutos y existen reticencias al respecto en los ámbitos policial y judicial. Por mucho que se intente explicar que hay causas socioeconómicas y culturales detrás de la esclavitud y las dificultades para erradicarla, la esclavitud es intolerable y sus consecuencias no se están combatiendo en proporción a lo anclada que está en la sociedad. En sus observaciones dirigidas a la Comisión de Expertos, la Confederación Sindical Internacional (CSI) hizo referencia a la reticencia de las autoridades a investigar sobre casos de esclavitud y a la tendencia de las autoridades judiciales a desestimar las causas y a reclasificar algunos hechos para evitar la aplicación de las disposiciones que penalizan la esclavitud. El hecho de que la mayoría de las víctimas no sean conscientes de lo que les ocurre y la reticencia de las autoridades son los dos obstáculos a los que hay que enfrentarse, y a la Agencia de Tadamoun le cuesta conseguir que la situación evolucione a pesar de su mandato en este sentido, lo que merma su credibilidad. Los trabajadores mauritanos ponen de relieve a menudo la ausencia de voluntad política real y que el Gobierno incurre en una falta al seguir imponiendo la carga probatoria a las víctimas y al no poner en pie una campaña de sensibilización y educación, tal como lo exige el artículo 2 del Protocolo. Algunos sectores de la economía son más vulnerables y algunos trabajadores corren un riesgo mayor. Es necesario contar con el apoyo de los inspectores de trabajo, los jueces y los poderes públicos para satisfacer los requisitos del Protocolo. Es indispensable que las autoridades competentes y el conjunto de la sociedad se movilicen para que la situación mejore y se respeten los derechos de las víctimas. Es fundamental que existan instituciones encargadas de supervisar la aplicación de la legislación, en la ley y la práctica, para evitar que la misma quede en letra muerta.

El miembro gubernamental de Argelia reconoció los esfuerzos realizados por Mauritania para aplicar las recomendaciones de la Comisión, en particular a través de la aprobación de la ley de 2015, que incrimina la esclavitud y reprime las prácticas análogas a la esclavitud, consolidando así las medidas adoptadas por el Gobierno desde 2007. Según las indicaciones del Gobierno, se han aprobado otros textos relativos a la ley antedicha, específicamente la Ley de 2015 relativa a la Lucha Contra la Tortura. El orador también tomó nota de la cooperación entre Mauritania y la OIT con vistas a materializar los esfuerzos del Gobierno contra el trabajo forzoso. Además, se han realizado esfuerzos socioeconómicos para luchar contra ese tipo de trabajo, especialmente en el ámbito de la educación, la salud y la modernización de los medios de producción.

El miembro trabajador de la Argentina indicó que desde la ratificación del Convenio en 1961, la Comisión de Expertos hizo alrededor de 20 observaciones y el caso fue examinado por la Comisión en numerosas ocasiones. A nivel nacional, el Gobierno ha adoptado leyes, implementado planes y programas y creado organismos para combatir el trabajo forzoso, que afecta a gran parte de la población y que, de acuerdo con la información disponible, todavía se halla profundamente arraigado en la sociedad. No obstante, esas medidas han tenido un impacto limitado y las víctimas siguen encontrando dificultades para hacer valer sus derechos y obtener reparación, dado que las denuncias no son investigadas o no tienen el seguimiento adecuado y en algunos casos son obstaculizadas por las autoridades. De esta manera, las víctimas sufren una doble victimización, por sus opresores y por las autoridades. La situación de los niños sometidos a servidumbre que trabajan para un «amo» realizando trabajos domésticos o relacionados con la agricultura y teniendo escaso acceso a la educación (similar al fenómeno que en América Latina se conoce como «criadazgo») constituye un crimen atroz que no sólo arruina la infancia de esos niños sino que condiciona esa y las futuras generaciones, ya que perpetúa la condición de pobreza y marginación. Esta Comisión ha venido recordando por muchos años que, frente a ese fenómeno, el Gobierno debería actuar en el marco de una estrategia global que abarque todos los dominios de la sensibilización y la prevención, la cooperación con la sociedad civil, así como la protección y reinserción de las víctimas. Este proceso debería ser participativo, incluyendo a amplios sectores de la sociedad y contando con la asistencia de la comunidad internacional. El Gobierno debería consultar a los interlocutores sociales y trabajar con ellos para desarrollar planes que permitan de una vez la eliminación de este flagelo y se valga de la asistencia técnica de la OIT. Asimismo exhortó al Gobierno a respetar el compromiso hacia la consolidación del Estado de derecho para asegurar la permanencia de la paz social. Finalmente, recomendó que todos los gobiernos ratifiquen el Protocolo al Convenio y se comprometan a la erradicación del trabajo forzoso, que constituye una flagrante violación de los derechos y la dignidad humana.

La miembro trabajadora de Italia dijo que, a pesar de que en 2007 se abolió y penalizó la esclavitud, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud consideró que todavía se deniega a alrededor del 20 por ciento de los ciudadanos de Mauritania sus derechos fundamentales a la libertad y la autodeterminación, lo cual convierte a Mauritania en el país de mundo que tiene un nivel más alto de esclavitud. En 2015, el Gobierno aprobó una nueva ley que establece que la esclavitud es un crimen contra la humanidad y dobla la pena de prisión por ese delito. Sin embargo, debido a la agrupación de poderes y a los conflictos de intereses que existen en los ámbitos político, militar y judicial, no se ha adoptado efectivamente medida real alguna para acabar con la esclavitud a pesar de que, en teoría, existen los mecanismos de aplicación necesarios para ello. La élite del país controla todas las instituciones nacionales y no tiene interés en poner fin al orden preestablecido en el que basa sus privilegios y su riqueza. Por el contrario, usa su poder e influencia para aplastar el movimiento de lucha contra la esclavitud, al tiempo que niega la existencia misma de la esclavitud. En los últimos años han sido detenidos y condenados muchos activistas contra la esclavitud, en más de una ocasión la policía ha utilizado gases lacrimógenos para disolver manifestaciones contra la esclavitud y algunos manifestantes han sido golpeados y han sufrido torturas durante su detención. Los factores étnicos e históricos que han propiciado la esclavitud todavía persisten, y una parte de la población sufre un trato degradante, no recibe remuneración por su trabajo, está excluida de la educación y la política y no está autorizada a poseer tierras ni a heredar bienes. Las mujeres sufren discriminación por ser esclavas o por ser mujeres, y a menudo son golpeadas y violadas por sus «amos» que las consideran de su propiedad. Los niños también son considerados propiedades y los «amos» pueden alquilarlos, prestarlos u ofrecerlos como regalos. Por consiguiente, resulta fundamental que la Ley de 2015 que Incrimina la Esclavitud se aplique de manera efectiva y que se lleven a cabo procesos penales en relación con los actos de esclavitud, incluso a través de la Agencia Tadamoun. A pesar de haber recibido alrededor de 25 millones de dólares de los Estados Unidos en financiación pública, la iniciativa de sensibilización de dicha Agencia ha tenido poco impacto. La oradora instó al Gobierno a poner fin a su conducta ambigua en relación con la lucha contra la esclavitud con miras a acabar con los abusos continuos y cotidianos.

El miembro trabajador del Japón tomó nota de que el Gobierno ha modificado y aprobado leyes para penalizar y castigar las prácticas análogas a la esclavitud, además de adoptar la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Hizo hincapié en que las reformas no se implantan con eficacia y en que esas prácticas persisten en el país. Pese al número elevado de personas (4 por ciento de la población) que vive en condiciones de esclavitud doméstica o agrícola, sólo una cantidad limitada de casos se ha presentado ante los tribunales. Al referirse al incidente del 27 de enero de 2012, cuando las autoridades locales de Dar Naim prohibieron la celebración de una concentración organizada por la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), declaró que las autoridades reprimieron duramente el activismo contra la esclavitud. Mauritania fue uno de los primeros países que ratificó el Protocolo al Convenio. Sin embargo, si no se incorporan los principios del Convenio a las leyes y prácticas nacionales, el significado de la ratificación y el valor de cualquier instrumento de la OIT quedarán desvirtuados. El orador solicitó a la Comisión que recomiende al Gobierno la adopción inmediata de medidas para armonizar sus prácticas con el Convenio y cumplir sus obligaciones en virtud del mismo.

El miembro trabajador de Burkina Faso recordó que la esclavitud y la trata de personas están reconocidas como crímenes contra la humanidad y que Mauritania ratificó el Convenio en 1961, razón por la cual éste debe aplicarse con el mayor rigor posible. El orador se preguntó si otros Estados apoyan consciente o inconscientemente las prácticas que se dan en Mauritania. Cuando un Estado cierra los ojos respecto de la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), y el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), expone gravemente a los inspectores del trabajo a todo tipo de medidas de represión por parte de los empleadores, lo que alimenta la impunidad y las prácticas esclavistas. Toda forma de esclavitud, sea tradicional o moderna, es condenable. El orador felicitó a los trabajadores mauritanos por su lucha para poner fin a la esclavitud y alentó a las autoridades gubernamentales a avanzar en la aplicación de los Convenios ratificados. Es necesario analizar el cumplimiento del Convenio en los diversos países en relación, por una parte, con las condiciones de trabajo, la independencia y la protección de los inspectores y, por otra parte, con el respecto del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

El representante gubernamental recordó la exhaustiva presentación que había realizado anteriormente para poner de relieve el camino recorrido desde la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y los esfuerzos desplegados para responder a las recomendaciones de la Comisión. Ya no existen formas tradicionales de esclavitud en Mauritania, como lo ha recordado el Presidente de la República, y se hace todo lo posible por luchar contra las formas modernas de esclavitud que puedan persistir. Si bien es cierto que la Inspección del Trabajo no dispone de los medios suficientes para poder luchar con eficacia contra el trabajo forzoso, estas insuficiencias son un fenómeno común en muchos países africanos. Sin embargo, desde hace dos años, se han introducido reformas para responder a las exigencias y los imperativos de un control minucioso de la aplicación de la legislación del trabajo en este ámbito. Se está poniendo en marcha un proyecto de ayuda al refuerzo de las instituciones del trabajo con el respaldo de la OIT. Las autoridades administrativas o de seguridad que no actúen de la forma prevista por la ley cuando se pone en su conocimiento un caso de esclavitud se expondrán a sanciones penales y disciplinarias. En contra de lo que se ha dicho, la sociedad civil cuenta con representación en el seno de la Agencia Tadamoun y sí se han instruido diligencias y procedimientos judiciales. A este respecto, el orador recordó que ha comunicado a la Comisión tanto los casos que se han resuelto como aquellos que han dado lugar a una absolución por falta de pruebas. El hecho de que haya trabajadores mauritanos que no hayan obtenido sus visados a tiempo para venir a participar en la Conferencia no es culpa del Gobierno, que ha cumplido con sus obligaciones al respecto. Parte de la delegación gubernamental ha tenido el mismo problema. Para terminar, el orador evocó los progresos realizados desde 2015. Se trabaja sin descanso para combatir esta lacra. Lamentó que el caso de su país sea discutido una vez más ante la Comisión, pero añadió que esto se debe a razones de origen externo.

El miembro empleador dio las gracias al Gobierno por la extensa información facilitada acerca de las medidas que ha adoptado desde junio de 2015, entre ellas la promulgación de la nueva legislación que prevé sanciones más estrictas y la ratificación del Protocolo al Convenio. Pese a los esfuerzos realizados en el año transcurrido, y teniendo en cuenta que la Comisión lleva muchos años debatiendo esta situación, todavía queda mucho por hacer en el país. La situación sigue siendo muy preocupante debido a la vulnerabilidad a que están expuestas las víctimas de la esclavitud. En las conclusiones de la Comisión se debe instar al Gobierno a que: i) aplique efectivamente la nueva ley que ha sustituido a la ley de 2007; ii) aplique efectivamente el plan y la Hoja de ruta nacionales para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, por ejemplo brindando un amplio apoyo a las víctimas e iniciando procesos; iii) proporcione los recursos necesarios para financiar adecuadamente a la Agencia Tadamoun y a los inspectores del trabajo de modo que puedan realizar la labor necesaria a este respecto; iv) prosiga su programa de sensibilización, que ha de dirigirse al público en general, a las autoridades centrales, a las autoridades religiosas y al Poder Judicial, y v) se valga de la asistencia técnica continua de la OIT. También se instó al Gobierno a que informe detalladamente a la Comisión de Expertos para su reunión de 2016, sobre la aplicación de las medidas de observancia, incluyendo estadísticas sobre el número de casos investigados y sometidos a juicio.

Los miembros trabajadores se refirieron a los esfuerzos realizados por el Gobierno para dotarse de un arsenal jurídico lo más completo posible a fin de luchar contra la esclavitud. Acogieron con agrado, en particular, la rapidez con la que Mauritania ha ratificado el Protocolo al Convenio. Sin embargo lamentaron profundamente que el Gobierno no sea capaz de aplicar los instrumentos jurídicos en vigor. Consagrar los derechos sin garantizar su ejercicio efectivo resulta inútil y el Gobierno debe adoptar medidas apropiadas para que se puedan obtener resultados concretos y rápidos. Después de que se haya efectuado la recopilación de datos detallados sobre la naturaleza y la incidencia de esta práctica que la Comisión de Expertos recomendó que se realizara, una primera etapa consistiría en reconocer oficialmente que en Mauritania hay esclavitud. Asimismo, el Gobierno debería establecer procedimientos para garantizar el seguimiento y evaluar los esfuerzos realizados para erradicar la esclavitud. A fin de garantizar que se llevan a cabo investigaciones y que los responsables de las prácticas de esclavitud son procesados y condenados a penas proporcionales a los delitos cometidos, es necesario aplicar de manera estricta la legislación adoptada en 2015 de lucha contra la esclavitud. Para alcanzar este objetivo es indispensable reforzar los servicios de inspección del trabajo y los mecanismos de control de la aplicación de la legislación. El Poder Judicial debe disponer de medios suficientes para que los procedimientos se lleven a cabo en un plazo razonable. Las autoridades encargadas de estos procedimientos han de tener formación al respecto y el público debe estar sensibilizado sobre los delitos en materia de esclavitud. El Gobierno debería aplicar la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Además, hay que proporcionar el apoyo necesario a la Agencia Tadamoun y permitir que la sociedad civil y los interlocutores sociales participen en sus labores. El desarrollo y la realización de campañas de sensibilización dirigidas al público en general, a las víctimas de la esclavitud, a la policía, a las autoridades administrativas y judiciales y a las autoridades religiosas es una medida indispensable para luchar contra las prácticas de esclavitud arraigadas en la cultura y la tradición. A fin de promover la integración económica y social de las personas víctimas de esclavitud, las autoridades deben garantizar a los grupos vulnerables el acceso a los recursos y servicios del Estado. Las autoridades deben colaborar con las asociaciones, los sindicatos y las ONG que luchan contra la esclavitud y dejar de obstaculizar su trabajo. Para poder aplicar las numerosas medidas que resultan necesarias, el Gobierno debe recurrir a la asistencia técnica de la OIT y aceptar una misión de contactos directos. Los miembros trabajadores expresaron la esperanza de que el Gobierno enviará una memoria sobre las medidas adoptadas, en particular en lo que respecta a la aplicación de la Ley de 2015 que Incrimina la Esclavitud, de aquí a la reunión de la Comisión de Expertos de 2016. Por último, lamentaron profundamente la ausencia de los trabajadores mauritanos, que querían compartir directamente sus experiencias con la Comisión.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información suministrada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos.

La Comisión, al tiempo que tomó nota de la información facilitada por el Gobierno, expresó su profunda preocupación de que en la práctica el Gobierno no ha tomado aún suficientes medidas para combatir la esclavitud, a pesar de las numerosas ocasiones en las que ha sido llamado ante la Comisión. En particular, preocupa a la Comisión que el Gobierno ha procesado a un número reducido de los responsables del delito de esclavitud y que se han impuesto sanciones penales leves, cuyo efecto disuasivo, de tenerlo, es escaso.

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión urgió al Gobierno a que:

• - haga cumplir estrictamente la ley contra la esclavitud de 2015 a fin de que los responsables de imponer la esclavitud sean efectivamente investigados y procesados y que reciban y cumplan condenas que sean proporcionales al delito cometido;
• - fortalezca la inspección del trabajo y demás mecanismos de control pertinentes para combatir la imposición del trabajo forzoso;
• - asegure que los procesos judiciales ante los tribunales especiales por delitos de esclavitud se sustancien y procesen en el debido plazo, capacitando a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el país en materia de identificación y remisión de los casos y realizando campañas de sensibilización pública en relación con las condenas;
• - dé pleno cumplimiento a la Hoja de ruta para combatir los vestigios de esclavitud, incluyendo el apoyo exhaustivo a las víctimas y los procesamientos. Ello debe comprender lo siguiente:
  • — el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades de juzgar y de administrar el sistema de justicia en relación con la esclavitud;
  • — programas de prevención de la esclavitud;
  • — programas específicos que permitan a las víctimas de la esclavitud reintegrarse en la sociedad;
  • — programas de sensibilización;
• - facilite la integración general social y económica en la sociedad de las personas sometidas a esclavitud, incluyendo de los Haratine y otros grupos marginalizados afectados por la esclavitud y prácticas afines a la esclavitud, y asegure que tienen acceso a servicios y a recursos;
• - proporcione el apoyo necesario a la Agencia Nacional para la Lucha contra las secuelas de la Esclavitud, la Inserción Social y Lucha contra la Pobreza, o «Tadamoun», para que sus programas se concentren específicamente en acercarse a las comunidades y a las personas afectadas por la esclavitud, apoyarlas y empoderarlas; involucre a los interlocutores sociales en la lucha contra la esclavitud mediante estos programas y en particular en la labor de la Agencia Tadamoun;
• - elabore y lleve a cabo campañas de sensibilización para el público en general, las víctimas de la esclavitud, la policía, las autoridades administrativas y judiciales y las autoridades religiosas, y
• - reúna información detallada sobre la naturaleza y el impacto de la esclavitud en Mauritania, según lo recomendado por la Comisión de Expertos en 2016, y establezca procedimientos para controlar y evaluar la aplicación de las medidas encaminadas a poner fin a la esclavitud.

A este respecto, la Comisión urgió al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT y a una misión de contactos directos. La Comisión también pidió al Gobierno que en su memoria a la próxima reunión de la Comisión de Expertos, en noviembre de 2016, informe con detalle sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones, en particular para hacer respetar la ley contra la esclavitud de 2015.

La Comisión también tomó nota con preocupación de que el Gobierno no haya logrado asegurar que se proporcionen visados a los delegados de los trabajadores para permitirles participar en la labor de la Comisión.

Un representante gubernamental de Mauritania declaró que había escuchado con interés las conclusiones de la Comisión. La mayoría de las recomendaciones formuladas ya han sido puestas en práctica o están por serlo. Estas cuestiones figuran entre las prioridades del Gobierno, éste continuará trabajando a fin de resolverlas. En lo que respecta a las alegaciones de obstrucción a la expedición de visados para los representantes de los trabajadores en la Conferencia, aseguró que el Gobierno adoptó las medidas necesarias en los plazos establecidos a tal efecto. Al respecto, en aras del desarrollo normal del movimiento sindical y de la promoción del diálogo social, con la que está plenamente comprometido el Gobierno, sería deseable que las partes interesadas se inspiraran de los principios de la Resolución sobre la independencia del movimiento sindical adoptada en 1952 por la Conferencia, especialmente en lo concerniente a que: «cuando los sindicatos deciden, en conformidad a las leyes y a las costumbres en vigor en sus países respectivos, y a la voluntad de sus miembros, establecer relaciones con un partido político o llevar a cabo una acción política conforme a la Constitución, para favorecer la realización de sus objetivos económicos y sociales, estas relaciones o esta acción política no deben ser de tal naturaleza que comprometan la continuidad del movimiento sindical o de sus funciones sociales y económicas...». Mauritania ha proporcionado pruebas tangibles de su firme compromiso de cumplir con las normas de la OIT con absoluta prioridad.