Allegations: Alegatos: la organización querellante, una organización sindical
departamental, alega que su entidad matriz de ámbito nacional y el Gobierno se niegan a
reconocer a sus dirigentes recién elegidos, a pesar de una decisión judicial dictada a su
favor al respecto
- 183. La queja figura en una comunicación de fecha 25 de junio de 2024
remitida por la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD Santa Cruz).
- 184. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia envió sus
observaciones sobre los alegatos en dos comunicaciones de fechas 21 de noviembre de 2024
y 22 de octubre de 2025.
- 185. El Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado el Convenio sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98).
A. Alegatos de la organización querellante
A. Alegatos de la organización querellante- 186. En su comunicación de 25 de junio de 2024, la organización
querellante informa que es la entidad matriz única de representación de los trabajadores
del departamento de Santa Cruz de la Sierra, y que está afiliada a la Central Obrera
Boliviana (COB), que es la que reconoce y da su «aval sindical» a las organizaciones de
trabajadores. Explica que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, los sindicatos están
afiliados a organizaciones sindicales departamentales y regionales, que están afiliadas
a federaciones nacionales, confederaciones y centrales obreras departamentales y
regionales, que a su vez están afiliadas a la COB, creando así un centralismo obrero en
el país. A este respecto, también indica que el artículo 51, párrafo IV, de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) prevé que el Estado
respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos, y que estos
gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por
sus entidades matrices.
- 187. La organización querellante indica que, en septiembre de 2023,
convocó su XVII Magno Congreso Ordinario para los días 11, 12 y 13 de octubre de 2023,
en cumplimiento de su estatuto orgánico. Afirma que invitó a representantes de la COB,
su entidad matriz de ámbito nacional, a participar como veedores durante estos tres
días, y a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social a asistir como invitada
especial al día de inauguración, pero ninguno de ellos acudió. La organización
querellante indica que el Congreso se llevó a cabo con normalidad y que en esa ocasión
se eligieron sus nuevos dirigentes.
- 188. La organización querellante sostiene que entonces procedió con el
trámite administrativo para obtener su resolución administrativa de reconocimiento ante
la COB y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (en adelante, «el
Ministerio») para que los referidos dirigentes puedan beneficiarse del fuero sindical y
efectuar su trabajo a dedicación completa y exclusiva. A este respecto, explica que,
mediante el convenio Gobierno nacional - Central Obrera Boliviana, celebrado el 10 de
mayo de 2001, se instituyeron los denominados «avales sindicales» otorgados por la COB
como requisito esencial ante el Ministerio a fin de obtener la resolución ministerial de
reconocimiento y, en su caso, la resolución administrativa que los reconoce ante los
empleadores como dirigentes sindicales.
- 189. La organización querellante afirma que, el 6 de noviembre de 2023,
solicitó el aval sindical de la COB, pero que, mediante carta de fecha 23 de noviembre
de 2023, esta respondió que no correspondía otorgarlo, ya que la COB no había
participado en el mencionado congreso debido a denuncias de algunos sectores. Según la
organización querellante, esta respuesta constituye una clara evidencia de injerencia
sindical por parte de un ente matriz nacional contra un ente matriz departamental.
Afirma que tales denuncias deberían tratarse en su propio seno, y no en la COB, y que el
requisito del aval sindical debería cumplirse respetando el principio de la autonomía
sindical, su facultad de elegir a sus dirigentes, así como la libertad sindical.
- 190. La organización querellante también alega que, de manera general,
cuando organizaciones sindicales o sus dirigentes son contestatarios del pensamiento
político e ideológico del Gobierno y de su aliada, la COB, esta no otorga el aval
sindical y, por consiguiente, no se otorga la resolución ministerial de reconocimiento.
Afirma que el Gobierno y la COB pueden así descabezar a las organizaciones sindicales
contestarias e imponer la elección de sus acólitos en las direcciones sindicales
afiliadas, en violación de la libertad sindical. La organización querellante sostiene
que cuando, al contrario, se trata de organizaciones sindicales afines a la COB, los
avales sindicales se otorgan rápidamente, lo que genera discriminación e injerencia en
contra de las que son independientes del Gobierno.
- 191. La organización querellante indica que presentó una acción de amparo
constitucional en contra de la COB ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de
Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas. Informa que, en una resolución de
fecha 3 de enero de 2024, este le otorgó la tutela constitucional al considerar el
rechazo del aval sindical por parte de la COB como una violación de la libertad
sindical. La organización querellante indica que, por lo tanto, se dejó sin efecto la
nota de fecha 23 de noviembre de 2023 emitida por la COB, que negaba la emisión de dicho
aval sindical.
- 192. Sin embargo, la organización querellante afirma que la COB no dio
cumplimiento a la mencionada resolución. Indica que, por lo tanto, presentó un recurso
de cumplimiento ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el 5 de febrero de 2024,
pero que la COB sigue sin cumplir la referida resolución.
B. Respuesta del Gobierno
B. Respuesta del Gobierno- 193. En su comunicación de 21 de noviembre de 2024, el Gobierno reconoce
el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y la independencia ideológica
y organizativa de estos. Manifiesta que el rol del Estado no es gestionar las
interacciones de dichos trabajadores dentro de sus organizaciones sindicales o entes
matrices, y que las decisiones de estas no pueden ser objeto de control por parte del
Ministerio. Por lo tanto, afirma que no delibera, y mucho menos interviene, en los
conflictos orgánicos que se desprenden de una organización sindical, ya que estos deben
resolverse en el seno de la propia organización.
- 194. El Gobierno también confirma que, en el convenio Gobierno nacional -
Central Obrera Boliviana, se comprometió a que todas las solicitudes de resoluciones
ministeriales por el reconocimiento de organizaciones sindicales contaran con el aval de
la COB. Sin embargo, señala que esta exigencia fue aceptada por el sector obrero y no
emergió de una decisión propia del Ministerio. El Gobierno también indica que el aval
sindical no es emitido únicamente por la COB, sino por cualquier organización sindical
que se constituya en ente matriz, ya que dicho aval se utiliza como un instrumento de
control interno con el fin de evitar el paralelismo orgánico.
- 195. Por otra parte, el Gobierno informa que el 14 de mayo de 2024, la
COB emitió su aval a favor de la organización querellante para el trámite de
reconocimiento de su directorio, cumpliendo así con la resolución de fecha 3 de enero de
2024 emitida por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción
Penal Primero de Cuatro Cañadas. El Gobierno indica asimismo que el 22 de octubre de
2024, la organización querellante presentó una solicitud de resolución ministerial de
reconocimiento de directorio y declaratoria en comisión ante el Ministerio, que este
remitió a su Dirección General de Asuntos Sindicales para su tramitación.
- 196. A este respecto, el Gobierno afirma que el Ministerio enmarca su
actuación en el respeto de la normativa vigente, así como de los estatutos de las
organizaciones sindicales. Señala que, en este caso, la nómina de directorio adjunta por
la organización querellante contempla un total de 142 dirigentes a ser reconocidos,
mientras que el artículo 20 de su estatuto orgánico solo reconoce a 32 miembros del
directorio. El Gobierno sostiene que, aunque esta observación fue puesta en conocimiento
del Sr. Sócimo Paniagua Revollo, secretario ejecutivo de la organización querellante, el
anexo en cuestión no fue subsanado.
- 197. El Gobierno informa que, el 10 de diciembre de 2020, el Sr. Paniagua
Revollo había presentado ante el Ministerio una nota para la modificación del estatuto
orgánico y del reglamento interno de la organización querellante, pero que el trámite no
fue concluido por la organización querellante, por lo que fue archivado. Por lo tanto,
indica que el Ministerio recomendó a la organización querellante que, previo al
reconocimiento de directorio y declaratoria en comisión, concluyera el referido trámite
de modificación. Según el Gobierno, resulta contradictorio argumentar que el Ministerio
vulnera el derecho de libertad sindical, cuando es la directiva de la organización
querellante la que incumple su propia normativa interna.
- 198. El Gobierno también indica que la organización querellante presentó
un recurso en contra del Ministerio ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de
Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas. Informa que dicho recurso sigue
pendiente de resolución.
- 199. En su comunicación de 22 de octubre de 2025, el Gobierno informa
que, en una decisión de fecha 16 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional
confirmó la decisión de fecha 3 de enero de 2024 que el Juzgado Público Mixto Civil y
Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas había emitido a
favor de la organización querellante. Indica que, por lo tanto, el Ministerio emitió el
17 de enero de 2025 la resolución ministerial de reconocimiento de directorio y
declaratoria en comisión solicitada por esta.
C. Conclusiones del Comité
C. Conclusiones del Comité- 200. El Comité observa que, en el presente caso, la organización
querellante, una organización sindical de ámbito departamental, alega que su entidad
matriz de ámbito nacional, la COB, así como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, se niegan a reconocer a sus nuevos dirigentes sindicales, a pesar de una
decisión judicial emitida a su favor al respecto. El Comité también toma nota de que el
Gobierno, por su parte, indica que la COB finalmente concedió su aval sindical, y que
una solicitud posterior de reconocimiento presentada por la organización querellante al
Ministerio, que había sido inicialmente rechazada debido a una incoherencia con el
estatuto orgánico de dicha organización, fue finalmente otorgada tras la confirmación de
la referida decisión judicial por el Tribunal Constitucional.
- 201. El Comité toma nota de que la organización querellante alega que: i)
en septiembre de 2023, eligió a sus nuevos dirigentes en el marco de un congreso
ordinario; ii) en noviembre de 2023, de conformidad con el convenio Gobierno nacional -
Central Obrera Boliviana de 10 de mayo de 2001, que establece el aval sindical de la COB
como requisito para obtener la resolución ministerial de reconocimiento, intentó obtener
dicho aval para que sus nuevos dirigentes pudieran beneficiarse del fuero sindical y
desempeñar su labor a tiempo completo, pero la COB se negó a concederlo, ya que no había
participado en el referido congreso; iii) esta negativa constituye un acto de
injerencia, ya que el requisito del aval sindical debería cumplirse de conformidad con
el principio de la autonomía sindical y el derecho de las organizaciones a elegir a sus
dirigentes; iv) presentó una acción de amparo constitucional contra la COB ante el
Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de
Cuatro Cañadas, que le otorgó la tutela constitucional en una decisión de fecha 3 de
enero de 2024, al considerar la no emisión del aval sindical como una violación de la
libertad sindical; v) la COB no acató esta decisión, razón por la cual la COD Santa Cruz
presentó un recurso de cumplimiento ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el 5
de febrero de 2024, y vi) la COB sigue sin cumplir la referida decisión.
- 202. El Comité toma nota de que el Gobierno, por su parte, manifiesta
que: i) el papel del Estado no es gestionar o controlar las interacciones de los
trabajadores dentro de sus organizaciones sindicales o entes matrices; ii) el 14 de mayo
de 2024, la COB emitió su aval a favor de la organización querellante, dando así
cumplimiento a la resolución de 3 de enero de 2024 del Juzgado Público Mixto Civil y
Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas; iii) el 22 de
octubre de 2024, la organización querellante presentó ante el Ministerio una solicitud
de resolución ministerial de reconocimiento de directorio y declaratoria en comisión;
iv) el Ministerio señaló a la organización querellante que la nómina de directorio
adjunta a la referida solicitud incluía 142 dirigentes a ser reconocidos mientras que su
estatuto orgánico solo reconocía a 32 miembros del directorio, y le recomendó que
completara un trámite de modificación de su estatuto orgánico iniciado en 2020, pero no
se corrigió el anexo ni se modificó el estatuto orgánico; v) la organización querellante
presentó un recurso en contra del Ministerio ante el Juzgado Público Mixto Civil y
Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, que sigue pendiente
de resolución; vi) el 16 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional confirmó la
mencionada resolución de 3 de enero de 2024, y vii) el 17 de enero de 2025, el
Ministerio emitió la resolución ministerial de reconocimiento de directorio y
declaratoria en comisión solicitada por la organización querellante.
- 203. El Comité toma debida nota de estos elementos. El Comité observa que
el presente caso, relativo al reconocimiento de la elección de los dirigentes de la COD
Santa Cruz, se refiere principalmente a las relaciones entre la organización
querellante, organización sindical de ámbito departamental, con su ente matriz de ámbito
nacional, la COB, de la cual la COD Santa Cruz forma parte. En relación con la alegada
negativa de la COB a conceder su aval sindical para el reconocimiento de los nuevos
dirigentes de la COD Santa Cruz, el Comité recuerda que cuando se producen conflictos
internos en el seno de una organización sindical su solución debería encontrarse a
través de los propios interesados (por ejemplo a través de una votación), a través de la
designación de un mediador independiente con el acuerdo de las partes interesadas, o a
través de la intervención de la justicia [véase Recopilación de decisiones del Comité de
Libertad Sindical, sexta edición, 2018, párrafo 1621]. A este respecto, el Comité toma
debida nota de que: i) la organización querellante y el Gobierno señalan que, por medio
de una decisión de 3 de enero de 2024, el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de
Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas determinó que la negativa de la
COB a otorgar su aval sindical para el reconocimiento de los nuevos dirigentes de la COD
Santa Cruz vulneraba la libertad sindical; ii) la organización querellante manifiesta
que, el 5 de febrero de 2024, ante el rechazo de la COB de cumplir con dicha decisión,
inició un recurso de cumplimiento ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, y iii)
el Gobierno indica que el 14 de mayo de 2024, la COB concedió su aval en cumplimiento de
la mencionada decisión de enero de 2024, que fue finalmente confirmada por el Tribunal
Constitucional el 24 diciembre de 2024.
- 204. El Comité también toma nota de la indicación del Gobierno de que una
solicitud de resolución ministerial de reconocimiento de directorio y declaratoria en
comisión presentada por la organización querellante al Ministerio en octubre de 2024,
que había sido inicialmente rechazada porque el número de dirigentes indicado en la
nómina adjunta era superior al indicado en el estatuto orgánico de dicha organización,
fue finalmente otorgada el 17 de enero de 2025 en cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Constitucional de diciembre de 2024.
- 205. Habida cuenta de lo anterior, el Comité considera que el presente
caso no requiere un examen más detenido y queda cerrado.
Recomendación del Comité
Recomendación del Comité- 206. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al
Consejo de Administración a que apruebe la siguiente recomendación:
- El Comité
considera que el presente caso no requiere un examen más detenido y queda
cerrado.
