Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Argentina

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Ratification: 2016)

La Comisión toma debida nota de la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, así como de la información proporcionada en respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión sobre la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), el 27 de agosto de 2024, y por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), el 3 de septiembre de 2024.

Artículos 1, 1) y 2, 1) del Convenio y artículo 1, 2) del Protocolo. Acción sistemática y coordinada de lucha contra el trabajo forzoso. Política Nacional. En relación con el marco institucional de lucha contra la trata de personas, el Gobierno indica en su memoria que se han creado 25 mesas interinstitucionales para la prevención y lucha contra la trata de personas en cada jurisdicción, con el objetivo de: i) contribuir a la formación continua de los funcionarios en materia de trata de personas, ii) difundir ampliamente la línea telefónica de asistencia gratuita para denunciar las situaciones de trata, iii) elaborar diagnósticos para mejorar la prevención de la trata, y iv) coordinar los esfuerzos en esta materia. El Gobierno se refiere también a la creación de la Coordinación para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas (CooTraVic), la cual se encarga de diseñar políticas y acciones para la prevención y detección temprana de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y de trabajo forzoso, así como de coordinar políticas para la asistencia integral de las víctimas.

En relación con la implementación del Plan nacional de lucha contra la trata y explotación de personas (2022-2024), el Gobierno precisa que, su cumplimiento supera el 90 por ciento y que el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas está comenzando a elaborar el Plan Nacional Bienal para 2024-2026. La Comisión toma nota además de la información proporcionada sobre las campañas de sensibilización, así como sobre las actividades de formación destinadas a reforzar las capacidades institucionales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la CooTraVic. Además, durante la ejecución del Plan Nacional 2020–2022 se realizaron un total de 552 actividades de formación que incluyen congresos, conversatorios, capacitaciones, sensibilizaciones, en las cuales se registraron un total de 66 156 personas formadas.

La Comisión alienta al Gobierno a seguir fortaleciendo el marco institucional que permite llevar a cabo una acción coordinada de lucha contra el trabajo forzoso, particularmente a través de la implementación de los diferentes ejes del Plan Nacional Bianual de Lucha contra la Trata de Personas y de la acción desplegada por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto, precisando las dificultades encontradas, así como las principales conclusiones de los informes anuales del Comité Ejecutivo. La Comisión pide además al Gobierno que indique cómo se lleva a cabo una acción sistemática y coordinada para luchar contra otras formas de trabajo forzoso que no constituyan trata de personas y el papel de la Coordinación para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas (CooTraVic) al respecto.

Artículos 1, 1) del Convenio y artículos 1, 1) y 2 del Protocolo. Identificación y lucha contra el trabajo forzoso de los trabajadores migrantes en distintos sectores. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se refirió a la persistencia de la trata y la explotación laboral de trabajadores migrantes en particular en el sector de la confección. La Comisión toma nota de que la CTA Autónoma en sus observaciones reitera la persistencia de casos de explotación laboral, particularmente en el sector agrícola. Indica que las víctimas son en general migrantes que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y que en algunas zonas esta situación continúa siendo estructural. Precisa además que aún no se observan mejoras en los índices de clandestinidad laboral, siniestralidad o aún situaciones de trabajo forzoso y que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con facultades residuales de control, lo que implica que sus acciones sean secundarias.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó un total de 78 operativos de fiscalización, en los cuales se relevó la situación de 692 trabajadoras y trabajadores que se encontraban en explotación laboral. El Gobierno indica además que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) viene desarrollando acciones para la ampliación de la presencia de inspectores, así como con la difusión y capacitación en torno a situaciones de explotación laboral en el ámbito rural. Entre enero de 2021 y diciembre de 2023 han sido detectados 2 056 trabajadores en situación de explotación laboral rural en 305 establecimientos rurales. La detección de indicios de explotación laboral se ha dado en establecimientos dedicados a la actividad agrícola, ganadera, forestal, hortícola, entre otros. Los inspectores han recibido capacitaciones especializadas en la identificación y el manejo de casos de trata de personas con fines de explotación laboral. De igual modo, se han llevado operativos específicos en sectores críticos tales como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, en donde se ha detectado una mayor vulnerabilidad al trabajo forzoso. La Comisión toma nota de la información estadística disponible en la página del Ministerio de Trabajo y el RENATRE, según la cual, en lo que respecta a casos de trabajadores detectados en situación de explotación laboral, para el 2022, de 86 inspecciones se detectaron 562; en 2023, de 137 inspecciones se detectaron 787, y para el 2024, de 95 inspecciones se detectaron 446.

La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo para llevar a cabo visitas, especialmente en aquellas zonas remotas o sectores vulnerables a estas prácticas, a fin de detectar indicios de trabajo forzoso (incluso la trata de personas; servidumbre). La Comisión pide al Gobierno que transmita informaciones sobre las actividades de capacitación y de información dirigidas a los migrantes y otros grupos vulnerables sobre posibles abusos y sobre sus derechos. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo informaciones sobre el número de inspecciones adelantadas, los casos de explotación identificados, las sanciones administrativas impuestas y los casos que fueron remitidos al Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones penales contra los responsables.

Artículo 25 del Convenio y artículo 1, 1) del Protocolo. Lucha contra la complicidad y la corrupción en las fuerzas policiales. En relación con los casos de corrupción y complicidad de los agentes de seguridad, el Gobierno indica que, de las denuncias recibidas en la línea telefónica 145, el 4 por ciento se relacionan con la corrupción y complicidad en casos relacionados con la trata de personas. En el periodo 2021 a 2023, se registraron 13 casos de funcionarios públicos (incluyendo miembros de las fuerzas policiales y otros empleados estatales) involucrados en actos de corrupción y complicidad, quienes recibieron sanciones tales como destituciones, suspensiones y penas de prisión. La Comisión pide al Gobierno que siga tomando las medidas necesarias para prevenir e investigar proactivamente los casos de corrupción y de complicidad de los agentes de las fuerzas de seguridad a fin de que se puedan enjuiciar e imponer las sanciones correspondientes a los autores. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones detalladas al respecto, y sobre el número de casos registrados y procesados, y las sanciones impuestas.

Persecución y aplicación de sanciones penales. La Comisión toma nota del informe del PROTEX de 2022, transmitido por el Gobierno, según el cual se recibieron 1 540 denuncias (promedio de 128 por mes), de las cuales 962 fueron judicializadas de manera directa y, de ellas, más del 65 por ciento fueron a distintas jurisdicciones de la Justicia Federal. En cuanto al tipo de explotación, se registró una mayoría de casos de explotación sexual (707 denuncias). Le siguen las de explotación laboral (392 denuncias), por posible captación/oferta laboral engañosa (146) y desaparición de personas (118). Se registraron otras 177 denuncias que responden a otro tipo de delitos vinculados. La Comisión toma debida nota de las sentencias condenatorias transmitidas en materia de trata de personas. Al respecto, observa que de la información disponible en él sitio web del Ministerio Público Fiscal, desde 2012, se lograron 490 sentencias condenatorias en el fuero federal, en las que fueron condenadas 976 personas que perjudicaron al menos a 2 305 víctimas. De las 490 sentencias condenatorias relevadas, el 74,3 por ciento fueron por explotación sexual y el 24,5 por ciento por explotación laboral.

La Comisión pide al Gobierno a que continúe tomando medidas para que las autoridades competentes (Policía, Fiscalía e inspección del trabajo) puedan coordinar sus esfuerzos y capacitar a sus funcionarios, para seguir identificando las distintas situaciones de trabajo forzoso, en particular en los sectores de riesgo y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo informaciones sobre el número de investigaciones y procesos judiciales en curso y concluidos relacionados con la trata de personas (artículo 145bis del Código Penal), así como sobre la servidumbre y los trabajos forzados (artículo 140 del Código Penal), precisando el tipo de sanciones aplicadas.

Artículo 3 del Protocolo.Protección de las víctimas. El Gobierno indica que, en 2021, se rescataron y/o asistieron 1 084 víctimas en comparación con 1 179 en 2022. Para el 2023, de las 1 763 víctimas rescatadas y/o asistidas, 405 estaban sometidas a explotación sexual, 1 206 a explotación laboral, 3 en el contexto de tráfico de estupefacientes, 105 a reducción a la servidumbre y 44 a otros tipos de explotación. En este contexto, 207 personas se beneficiaron de asistencia en el sector agrícola y 7 en talleres textiles. Para el 2024, se rescataron y/o asistieron un total de 677 víctimas, de las cuales, 177 estaban sometidas a explotación sexual, 430 a explotación laboral, 3 en el contexto de tráfico de estupefacientes, 6 a reducción a la servidumbre y 61 a otros tipos de explotación.

La Comisión toma nota también de la Resolución RENATRE núm. 100/2020 mediante la cual se establece la prestación extraordinaria por presunta trata de personas. El Gobierno indica que, entre 2021 y 2023, el RENATRE ha otorgado 976 prestaciones extraordinarias a trabajadores detectados en situaciones de trata con fines de explotación laboral. La Comisión toma nota además de la Resolución núm. 391 del MTEySS, de 2021, mediante la cual se establece el Programa nacional de reparación y fortalecimiento de las competencias laborales para las personas afectadas por los delitos de trata y explotación, el cual busca reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas de los delitos de trata y/o explotación sexual o laboral.

De otro lado, la Comisión toma nota de que la CTA Autónoma se refiere a recortes presupuestarios a los programas de asistencia a las víctimas. En este sentido, indica que en los primeros tres meses de 2024 el Gobierno no ejecutó el presupuesto asignado para rescatar y acompañar a víctimas de trata de personas. En algunas provincias, se desfinanciaron programas de apoyo económico a víctimas de violencia y de trata. También alegan que se produjeron despidos en el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas, luego de que este pasara de la Jefatura de Gabinete a la del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde diciembre de 2023 a abril de 2024, se rescataron 342 víctimas de trata y estas no tuvieron asistencia.

La Comisión pide al Gobierno que, en el marco de los programas de protección y atención integral desarrollados por la PROTEX, CooTraVic, y el RENATRE, redoble sus esfuerzos para brindar la adecuada, protección y asistencia a todas las víctimas de trabajo forzoso, especialmente a aquellas que se encuentran en sectores de riesgo, tales como la agricultura, la confección, la construcción y el trabajo doméstico. La Comisión pide al Gobierno que transmita informaciones sobre el número de víctimas identificadas, que han recibido asistencia y el tipo de asistencia brindada (asistencia jurídica gratuita, permisos de residencia, subsidio social, etc.).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.