Caso individual (CAS) - Discusión: 2015, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - España (Ratificación : 1970)



El Gobierno ha comunicado la siguiente información por escrito.

En 1970 España ratificó el Convenio y siempre lo respetó y aplicó decididamente. Establece que todo Miembro de la Organización deberá llevar a cabo, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, con participación de los interlocutores sociales. En los últimos años, se han dado pasos importantes en España en esta dirección, con avances y resultados que demuestran el inicio de un proceso firme de reducción del desempleo y creación de puestos de trabajo en un nuevo contexto de recuperación de la economía española. Este cambio de tendencia no sólo es cuantitativo, sino también cualitativo. Todo ello en el marco del diálogo social tripartito, con consulta a los representantes de los empleadores y de los trabajadores. La Estrategia económica y de empleo del Gobierno se establece en el marco del Semestre Europeo. Sus actuaciones se corresponden con los tres pilares fundamentales del Estudio Prospectivo Anual 2015 para la política económica y social de la Unión Europea (UE) para 2015. Destacan dos prioridades que se refuerzan mutuamente: concluir las reformas iniciadas y favorecer la recuperación económica y la creación de empleo.

Las decisiones tomadas en políticas activas de empleo y formación profesional, son comprensibles ante la situación y características del mercado laboral español en diciembre de 2011, con ineficiencias y debilidades estructurales que la crisis económica de 2007 no hizo sino acentuar: gran rigidez para adaptar las condiciones de trabajo a las condiciones de la economía; excesiva segmentación o dualidad del mercado y menor productividad por trabajador que la de nuestros socios europeos. Estos problemas estructurales, unidos a la intensa crisis económica, tuvieron una dramática traducción en cifras. Desde el inicio de la crisis hasta diciembre de 2011, la tasa de paro pasó del 8,6 al 22,9 por ciento. Las personas desempleadas aumentaron en 3,3 millones. Se destruyeron más de 2,5 millones de puestos de trabajo según la Encuesta de Población Activa (EPA). La tasa de paro de los menores de 25 años creció del 18,8 al 48,6 por ciento. El paro de larga duración alcanzó a la mitad de todos los parados. La contratación indefinida caía, en diciembre de 2011, a un ritmo anual del 22,5 por ciento.

En este contexto, era imprescindible la adopción de reformas estructurales, la laboral entre ellas, que hicieran posible una economía capaz de crecer y de generar empleo. Esta agenda de reformas, ha permitido a la economía española recuperar la confianza de los mercados internacionales y ganar en eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir. Con la reforma laboral de 2012, se inició en España una profunda transformación del mercado de trabajo, muy en línea con el concepto de flexiseguridad que preside las directrices de empleo de la Unión Europea; más flexibilidad, pero sin merma de los derechos de los trabajadores ni del sistema de protección por desempleo, que es parte esencial de nuestro Estado de bienestar. Así lo ha entendido, recientemente el Tribunal Constitucional, en la sentencia núm. 8/2015, de 22 de enero de 2015, que ha avalado, definitivamente, la reforma laboral y ha rechazado que ésta vulnere el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, al trabajo y a la tutela constitucional y judicial efectiva. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Competitividad, esta transformación del mercado laboral contribuyó a evitar la destrucción de más de 225 000 empleos durante el primer año de entrada en vigor de la reforma. Además, la reforma laboral ha contribuido a que, por primera vez, se cree empleo en España a partir de tasas moderadas de crecimiento económico. Los datos reflejan claramente esa mejor relación entre el empleo y el PIB. Así, en 2014, que ha sido el año de cambio de tendencia en la evolución de este indicador, el crecimiento en volumen del PIB en el conjunto del año fue del 1,4 por ciento y, según los datos EPA, la ocupación aumentó respecto del año anterior en el 2,5 por ciento; es decir, en más de 430 000 personas. Esta pauta se ha visto reforzada por la evolución interanual de la afiliación a partir de febrero de 2014, cuando por primera vez desde 2008 la afiliación media total se situó en valores positivos. El 2014 terminó con más de 417 000 afiliados más que un año antes, con un incremento superior al 2,5 por ciento. Es preciso subrayar un efecto fundamental de la reforma laboral, por primera vez, se crea empleo en España a partir de tasas moderadas de crecimiento económico.

Modernizadas las normas de las relaciones laborales, era preciso la modernización de las políticas de activación para el empleo, que tiene como objetivo esencial configurar un nuevo marco de políticas de empleo en el que todos sus instrumentos estén al servicio de la activación y de la empleabilidad de los trabajadores para contribuir a que la recuperación se traduzca en empleo estable y de calidad. Basado en el intenso trabajo de años anteriores, en septiembre de 2014, se aprobaron un paquete de medidas de impulso a la activación, que incluía la nueva «Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016». Esta Estrategia, establece una nueva forma de trabajar para todos los servicios públicos de empleo de todo el territorio en un marco plurianual: con objetivos comunes, flexibilidad y especificidad en la manera de alcanzarlos y un nuevo sistema de evaluación permanente y de orientación a resultados. El objetivo global es la modernización de los servicios públicos de empleo. Esta actividad se plasma en planes anuales, que coordinan y recogen toda la actividad que programan los servicios públicos de empleo para cada ejercicio, en función de esos objetivos comunes. Desde 2012 ya están aprobados cuatro planes, el último ya presentado en la reunión de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales de abril de 2015, con las comunidades autónomas. Estos planes, detallan qué se está haciendo y dónde, de manera que es posible comparar y, sobre todo medir el impacto de las distintas iniciativas. A tal fin, en un importantísimo esfuerzo inter-administrativo se ha desarrollado un sistema de indicadores aprobado por todos, para evaluar los resultados de las medidas y para, sobre esta base, determinar la distribución de fondos para políticas activas que anualmente se hace desde el Estado a las autonomías. Así, por ejemplo, los resultados obtenidos en 2014 han determinado el reparto del 60 por ciento de los fondos en 2015, es decir, cerca de 850 millones de euros. La Estrategia de activación prevé, una serie de elementos que podemos llamar «vertebradores» de la actividad de los servicios de empleo. Por ejemplo, para facilitar el tránsito al empleo, se ha desarrollado el acuerdo marco para la colaboración público-privada en la intermediación laboral, de acuerdo con el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), que define una arquitectura común para desarrollar los proyectos de colaboración entre los 14 servicios de empleo que se han adherido y las 80 agencias privadas de colocación que han resultado adjudicatarias. Está en funcionamiento el portal único de empleo, que canaliza las ofertas de empleo de los distintos servicios públicos de empleo y de los portales privados, que se han unido a este proyecto. En enero de 2015, se aprobó la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo, que determina el conjunto de los servicios de empleo que han de prestarse en todo el territorio y que constituyen un derecho para todos los trabajadores. Para cada uno de los servicios incluidos en esta cartera (orientación profesional, colocación y asesoramiento a empresas, formación y cualificación para el empleo, así como asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento) se establecen los contenidos o requisitos comunes mínimos y ya se está trabajando con las comunidades autónomas en los protocolos de prestación que conjuntamente serán aprobados.

Los jóvenes son los más afectados por la reciente crisis, situándose la tasa de desempleo juvenil en el 51,4 por ciento, es decir, 382 012 parados menores de 25 años, a pesar de haber descendido el número de parados desde diciembre de 2011 en casi 105 500 personas. En el marco de la reforma laboral de 2012 algunas de las actuaciones para favorecer la contratación de jóvenes: contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que contempla incentivos de hasta 3 600 euros durante tres años por la contratación indefinida de jóvenes. Más de 107 000 contratos de este tipo se han firmado con jóvenes menores de 30 años desde la reforma laboral de 2012 hasta abril de 2015. Modificación del contrato para la formación y el aprendizaje con el objeto de hacerlo más flexible y adaptado a las necesidades de la realidad cotidiana de las empresas y a sus necesidades formativas. Después de tres años desde su modificación, es un instrumento consolidado que abre la puerta a los jóvenes a la formación profesional dual, permitiéndoles formarse mientras desempeñan un puesto de trabajo. En 2014, se realizaron casi 140 000 contratos, un 32 por ciento más que en 2013 y un 130 por ciento más que en 2012. Durante 2015, el ritmo de avance se mantiene, situándose por encima del 25 por ciento interanual. Desde la reforma laboral de 2012 hasta abril de 2015 se han comunicado más de 355 000 contratos de formación y aprendizaje.

En 2013 se aprobó la Estrategia española de emprendimiento y empleo joven 2013-2016, que contenía 100 medidas de choque, de las cuales el 85 por ciento ya se ha hecho efectivo. En este momento, más de 400 000 jóvenes menores de 30 años (402 908 personas hasta el 12 de mayo) se benefician de alguna medida de emprendimiento o de empleo contenida en la Estrategia, a las que habría que sumar las medidas de formación, orientación y mejora de la empleabilidad desarrolladas por las comunidades autónomas. El 66 por ciento se beneficia de algún incentivo a la contratación y el 34 por ciento restante lo hace de medidas de fomento del autoempleo y el emprendimiento, especialmente de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la seguridad social para los nuevos autónomos. El mejor comportamiento del mercado de trabajo también se está empezando a notar entre los jóvenes: en 2014, el desempleo bajó entre los más jóvenes (menores de 25 años) en 93 400 personas; una reducción del 10 por ciento respecto a 2013. Es el segundo año en que el desempleo de los más jóvenes se reduce, habiéndose incrementando sin interrupción entre 2007 y 2012. En 2014 la ocupación entre tales jóvenes aumentó un 1,6 por ciento; el primer aumento desde 2006. En el ámbito de la «Estrategia de emprendimiento y empleo joven», y como respuesta a una recomendación del Consejo Europeo de abril de 2014, en julio de 2014, se aprobó el sistema nacional de garantía juvenil, que tiene por finalidad que los jóvenes menores de 25 años no ocupados, ni integrados en los sistemas de educación o formación puedan recibir una oferta de empleo o formativa. A través de este sistema, se han puesto en funcionamiento los medios telemáticos para inscribirse como beneficiario de la garantía juvenil, para que los beneficiarios puedan obtener información relativa a las medidas del sistema y para hacer un seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados y se ha definido un catálogo de medidas a desarrollar por el Estado y la comunidad autónoma, según sus competencias. Entre tales medidas, destacan las que tienen por objeto mejorar la casación de oferta y demanda de empleo y la mejora de las competencias profesionales de los beneficiarios. Con fecha 30 de abril de 2015, un total de 48 576 jóvenes se encontraban inscritos. Asimismo, en el marco del FSE se ha diseñado el Programa operativo de empleo juvenil 2014-2020, que contará con más de 2 360 millones de euros en términos de ayuda para poner en marcha actuaciones que favorezcan el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El 13 de abril de 2015 la 60.ª Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con participación de las autoridades ministeriales y los consejeros de empleo de las comunidades autónomas acordaron ampliar la edad máxima de acceso al sistema nacional de garantía juvenil de los 25 a los 29 años, con carácter extraordinario y hasta que la tasa de paro entre ambas edades, actualmente del 29,7 por ciento, se sitúe por debajo del 20 por ciento. Finalmente, también son de relevancia a efectos de combatir el desempleo juvenil las medidas adoptadas para procurar una mayor coordinación entre las políticas de empleo y las políticas educativas: establecer un procedimiento más flexible que agiliza la actualización del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales (títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad); potenciar una formación profesional más orientada al mercado de trabajo y más eficaz, que incluye la implantación de la formación profesional básica (en la formación profesional del sistema educativo se ha pasado de una participación de 462 492 alumnos en el curso 2007-2008 a una participación de 793 034 en el curso 2014-2015; es decir, se ha incrementado dicha participación en un 71,5 por ciento); combatir el abandono escolar prematuro a través de un plan específico para 2014 2020 que complementa la reforma educativa. En España, la tasa de abandono escolar ha disminuido paulatinamente desde el 31,7 por ciento en 2008 al 21,9 por ciento en 2014 (cumplimiento holgadamente ese compromiso intermedio). Este descenso ha sido mayor que el producido en la media de la UE que ha pasado del 14,8 al 11,1 por ciento.

El Programa extraordinario de activación para el empleo, aprobado en diciembre del pasado año en el contexto del diálogo social y de colaboración con las comunidades autónomas, responde a la voluntad de que la recuperación llegue al mayor número de trabajadores posible, atendiendo a un colectivo con especial necesidad surgido de la crisis, como es el de los parados de larga duración con cargas familiares que han agotado las posibilidades que les ofrece el sistema de protección ante el desempleo, y cumplan la obligación de buscar activamente empleo. Así, el Programa prevé acciones de activación que mejoren la empleabilidad de estos trabajadores, para que puedan volver cuanto antes al mercado de trabajo, así como una ayuda temporal, a modo de apoyo económico mientras dichos trabajadores participan en las medidas de activación, y que es compatible con un contrato por cuenta ajena, como doble incentivo novedoso para el beneficiario y para el empleador. Además este Programa responde a la necesidad de suministrar servicios de empleo personalizados y promover la empleabilidad a aquellos con mayores problemas de inserción laboral y cumplan la obligación de buscar activamente empleo. Como elemento novedoso, el Programa permite compatibilizar la percepción de la ayuda económica con el trabajo, en cuyo caso la cuantía de la ayuda se convierte en un incentivo económico para las empresas que contratan a estos desempleados.

España ha arrastrado desde hace tiempo un problema de desajuste entre las capacidades que demanda nuestra economía y las que poseen los trabajadores. Nuestro sistema de formación profesional para el empleo, en el que se forman cada año más de tres millones de trabajadores y participan cerca de 480 000 empresas, ha podido atender las necesidades de un contexto económico y social determinado pero, desde su creación en 1992, no se ha ajustado con toda la agilidad que requieren las demandas cada vez más complejas del tejido productivo. Por ello, ya la reforma laboral de 2012 inició una transformación gradual del sistema apostando claramente por una formación alineada con las habilidades y capacidades que exige el sistema productivo. Fue entonces cuando se reconoció de forma expresa el derecho individual a la formación a los trabajadores y cuando se permitió el acceso directo de los centros de formación a los fondos disponibles que antes estaban limitados a los agentes sociales. Esa transformación gradual del sistema de formación, que ha tenido también su reflejo en la gestión y financiación de los planes formativos gestionados por los agentes sociales en los últimos tres años, ha culminado con la reciente reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo aprobada mediante el Real decreto-ley núm. 4/2015, de 22 de marzo. Algunos elementos más destacados de esta reforma son: aplicación a todas las administraciones públicas, al servicio de empresas y trabajadores en cualquier parte del territorio, avanzando en la necesaria unidad de mercado; los agentes sociales y la negociación colectiva continúan desempeñando un papel esencial; desarrollo de un sistema eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo, en un escenario de planificación estratégica plurianual, para que la formación resulte coherente con las necesidades, actuales y futuras, del tejido productivo y de los trabajadores; implantación de cuenta-formación que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional; formación en el seno de la empresa con la máxima flexibilidad; en la formación programada por las administraciones públicas, la gestión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y sólo entre las entidades impartidoras de la formación; la teleformación será un instrumento que permitirá dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad; apuesta por la evaluación permanente de la calidad y el impacto de la formación en términos de mejora del desempeño en el puesto de trabajo y de mejora de la competitividad de las empresas; principio de tolerancia cero contra el fraude, mediante la creación de una Unidad Especial de Inspección y un nuevo régimen sancionador. Todas estas novedades serán posibles gracias al desarrollo de un completo sistema de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre la formación profesional para el empleo. En definitiva, este nuevo modelo de formación profesional para el empleo se aprueba en un momento en el que se consolida la tendencia de la recuperación económica (tras seis trimestres de crecimiento del PIB y con una estimación de crecimiento en torno al 3 por ciento anual desde el 2015 hasta el 2018), por lo que debe favorecer que las buenas previsiones económicas se trasladen al mercado de trabajo en forma de empleabilidad para los trabajadores y de competitividad empresarial.

La aplicación por España del Convenio núm. 122 refleja un balance positivo cuantitativa y cualitativamente, en lo que se refiere a las reformas y medidas puestas en marcha desde la reforma laboral de 2012 como a los resultados obtenidos con dichas reformas y medidas. Los datos que vamos conociendo mes a mes y trimestre a trimestre van confirmándonos que la recuperación económica y del empleo es un hecho. Lo confirman todos los sistemas que miden la situación del mercado laboral. Según la EPA: el primer trimestre de 2015 había 488 700 parados menos que en el mismo trimestre del año anterior (menos del 8,2 por ciento interanual). No se conocían ritmos de reducción del paro similares a los actuales desde 2006. A ello contribuyó la creación de más de medio millón (más de 504 200) de empleos en dicho trimestre respecto al mismo del año anterior, lo que supuso un ritmo de más del 3 por ciento, por encima del 2,6 por ciento registrado por el PIB. Nunca antes, y ésta es la gran novedad, se había sumado la recuperación del empleo a la recuperación del PIB tan intensa y rápidamente. Según el paro registrado y afiliación: el paro registrado ha descendido entre abril de 2014 y abril de 2015 en más de 350 000 personas (menos de 351 285), la mayor caída interanual de toda la serie histórica, con una tasa de reducción interanual que se sitúa en el 7,5 por ciento, lo que destaca con el incremento del 12,5 por ciento registrado en mayo de 2012. La afiliación, por su parte, se ha incrementado en cerca de 580 000 afiliados (más de 578 243). Con ello, el descenso acumulado en el paro registrado en los dos últimos años supera ya las 650 000 personas (menos de 656 177), y la afiliación a la Seguridad Social supera las 750 000 personas (más de 775 944). La tendencia de fondo, mostrada por los datos desestacionalizados, sigue siendo favorable. Llevamos así 24 meses encadenados en los que, con la excepción de julio 2014, ha descendido el paro en términos desestacionalizados, una tendencia que no se daba hace 15 años. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en abril en 50 160 personas, el mejor dato registrado en un mes de abril. El paro registrado entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en los últimos 12 meses en 33 965 personas, lo que supone un 9,5 por ciento de caída interanual. A pesar de estos datos positivos, España sigue teniendo una tasa elevada de desempleo. El Programa de Estabilidad Presupuestaria 2015-2018 estima que finalice este año con una tasa de paro del 22,1 por ciento y que, con un crecimiento estimado del PIB en torno al 3 por ciento durante los próximos años, dicha tasa se irá reduciendo hasta situarse en el 15,6 por ciento en 2018.

De acuerdo con el Convenio núm. 122, el diálogo social ha sido una constante, una actitud permanente del Gobierno de España durante un período especialmente intenso de reformas en el que se ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. Ha sido así porque sólo mediante una herramienta tan poderosa como el diálogo social y con la colaboración de todos es posible hacer frente al principal de los retos que tiene hoy en día planteado la sociedad española: el reto del empleo. A pesar de que en los últimos tres años, el diagnóstico de la situación de nuestro mercado laboral, así como las propuestas que se aportaban para hacer frente a los problemas planteados en cada uno de ellos han sido, a veces, divergentes, todas las partes han hecho un esfuerzo por mantener los canales y vías de comunicación abiertos. El Gobierno de España es plenamente consciente de la labor insustituible que realizan los agentes sociales, una labor que, reconocida en la Constitución Española, es de vital importancia para el sistema democrático. Por ello, con independencia de las discrepancias que, puntualmente, se hayan podido producir siempre se ha mantenido con sindicatos y asociaciones empresariales un clima de diálogo permanente que redunda, sin duda, en una defensa más eficaz de los derechos y legítimos intereses de trabajadores y empresarios. Así, el mantenimiento del diálogo social se ha concretado, bien mediante reuniones de grupos de trabajo ad hoc, bien a través de los órganos competentes en las diferentes materias que cuentan con representación de los interlocutores sociales tales como el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, o el Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Entre los asuntos que han sido objeto de diálogo y consenso con los interlocutores sociales cabe destacar: la «Estrategia de emprendimiento y empleo joven», el «Plan de implantación de la garantía juvenil», la «Estrategia de responsabilidad social de las empresas», la introducción de cambios en el subsistema de formación para el empleo, los «Planes anuales de política de empleo», la regulación de los certificados de profesionalidad para completar su Repertorio Nacional y la modificación de su decreto matriz, el contrato para la formación y el aprendizaje o cuestiones más específicas como, en 2013 y 2015, la reducción del número de jornadas para acceder al subsidio y renta agrarios. Esa actitud permanentemente abierta al intercambio de opiniones y propuestas ha tenido también claro reflejo en la consecución de otros acuerdos en el ámbito del empleo como: el «Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo», de julio de 2014, el «Acuerdo relativo al programa de activación para parados de larga duración» firmado el 15 de diciembre de 2014 y, por último y después de un largo e intenso proceso de negociación, aunque finalmente no ha sido posible firmar, un nuevo Acuerdo tripartito en el ámbito de la formación. Es importante destacar que las numerosísimas propuestas y la labor de análisis conjunta con los agentes sociales y también con otras organizaciones representativas de autónomos, con las propias empresas, los centros de formación y los expertos de nuestro país sobre esta materia, se han incorporado en muy buena medida.

Además, ante la Comisión, una representante gubernamental reiteró en gran parte las informaciones escritas proporcionadas por el Gobierno e indicó que en los últimos años se han dado pasos importantes que demuestran que se ha puesto freno al proceso de destrucción de empleo iniciado con la crisis económica y que se ha iniciado un proceso firme de reducción del desempleo y de creación de puestos de trabajo en un contexto de recuperación de la economía. Se trata de un cambio cualitativo y cuantitativo. Las políticas y reformas adoptadas por el Gobierno tienen como meta principal la creación de empleo estable y de calidad de manera coordinada con el conjunto de políticas económicas y sociales. En lo que respecta al artículo 3 del Convenio, el Gobierno consulta a los representantes de los trabajadores no sólo de manera preceptiva sobre las distintas normas o programas que diseñan las políticas de empleo, sino que les da participación en los distintos órganos de debate y diálogo social permanente, tanto a nivel estatal como autonómico.

Todos los resultados mencionados previamente se han logrado en el marco de diálogo social constante durante un período especialmente intenso de reformas en el que se ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. Sólo mediante el diálogo social y con la colaboración de todos es posible hacer frente al principal reto planteado actualmente a la sociedad: el empleo. El Gobierno es plenamente consciente de la labor insustituible que realizan los agentes sociales. Por ello, con independencia de las discrepancias que se hayan podido producir se ha trabajado siempre para mantener un clima de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales que redunde en una defensa más eficaz de los derechos y legítimos intereses de trabajadores y empresarios, con una visión más completa del mercado laboral para que el mismo responda a las necesidades de la economía, en beneficio del sistema representativo y de convivencia que el Gobierno estableció.

Los miembros trabajadores recordaron que el objetivo del Convenio de lograr el empleo pleno, productivo y libremente elegido es ahora más actual que nunca. El Convenio es el principal mecanismo de orientación de la cooperación y la coordinación de políticas en materia de empleo a escala nacional, que conciben el empleo, no como un resultado hipotético de las políticas económicas, sino más bien como el objetivo al que deberían estar dirigidas esas políticas. En este sentido, el Convenio está directamente relacionado con el Programa de Trabajo Decente y representa un convenio de gobernanza en el sentido de la Declaración sobre la Justicia Social de 2008 junto con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), que funda esta gobernanza en el diálogo social, en especial en lo relativo a la revisión de políticas del empleo. Los objetivos del Convenio, dentro del respeto de los derechos y principios fundamentales fueron reafirmados por el Pacto Mundial para el Empleo, de 2009, la resolución de la CIT de 2010 relativa a la discusión recurrente sobre el empleo y más recientemente la Declaración de Oslo de 2013. Asimismo, conviene insistir en la necesidad de fomentar estrategias que mejoren la calidad del empleo, colmen la brecha salarial entre hombres y mujeres, ayuden a los solicitantes de empleo, centrándose en particular en las necesidades de los trabajadores jóvenes y mayores y en la actividad de las mujeres. Por lo tanto, una política para el empleo pleno, productivo y libremente elegido en los términos del Convenio exige el respeto de las conclusiones de la Declaración de Oslo y la celebración de consultas efectivas con los interlocutores sociales desde el primer momento y durante todo el proceso de evolución de esas políticas. El caso de España también debe analizarse en el contexto de la Recomendación sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), que prevé que los trabajadores y sus respectivas organizaciones deben examinar la relación que existe entre política del empleo y la política económica y social, a fin de que se complementen mutuamente, en especial en lo referente a la calidad del empleo, la discriminación entre hombres y mujeres, la situación precaria de los jóvenes, los trabajadores desempleados y el diálogo social. A nivel europeo, los interlocutores sociales adoptaron en 2013, a escala interprofesional, una declaración sobre la implicación de los interlocutores sociales europeos en la gobernanza económica. Por medio de esta declaración, exigieron ante los Estados miembros y la Unión Europea que se organicen consultas oportunas con los interlocutores sociales para permitirles formular propuestas y pedir que se realicen análisis.

Al tiempo que recordaron las conclusiones de la discusión en el seno de la Comisión en 2013 sobre el caso de España, los miembros trabajadores señalaron que no se ha seguido verdaderamente la recomendación con vistas a la promoción de un diálogo social sincero y constructivo entre todas las partes afectadas para solucionar la situación del mercado del trabajo. No se debería tolerar la tentación de escudarse detrás de la gobernanza económica para desviarse de la aplicación de las normas y los procesos existentes en el seno de la OIT. Además, se ha impulsado el diálogo social a nivel europeo, en especial en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y la gobernanza económica no es jerárquicamente superior a las normas europeas y a las de la OIT. A pesar de las informaciones que ha transmitido por escrito el Gobierno, el diálogo social no parece ser una actitud permanente del Gobierno, que no ha consultado a los sindicatos sobre ninguna norma pertinente en materia de empleo o relativa a la modificación del marco de las relaciones colectivas, poniendo como pretexto la urgencia. Sólo se ha entablado un diálogo bipartito en España, acompañado de una tendencia a la descentralización de las negociaciones colectivas. A pesar de las protestas de las organizaciones sindicales, el Gobierno no ha tomado medida alguna al respecto. Así, en el marco del Plan anual para el empleo de 2015, se entregó a las organizaciones sindicales un documento final concertado con las comunidades autónomas sin que se haya admitido ninguna de las modificaciones que se habían transmitido en el reducido plazo fijado. Lo mismo ocurrió en lo relativo a la reforma del sistema de formación profesional. Las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) firmaron con los empleadores un acuerdo interprofesional para los años 2015 a 2017 sobre el tema del empleo y la negociación colectiva. Se trata de consolidar una recuperación económica más justa tras los años de austeridad, que han dejado huella en los salarios de los trabajadores, la calidad de su empleo y los ingresos de sus familias. Ese acuerdo interprofesional debe relanzar la demanda interna y la creación de empleo. El éxito de ese acuerdo implica que el Gobierno respete a los interlocutores sociales y los acuerdos negociados con objeto de mejorar las condiciones de trabajo. Por su parte, el Comité de Libertad Sindical ha resaltado, en numerosas ocasiones y en concreto en su informe sobre el caso núm. 2947 relativo a una queja de organizaciones sindicales españolas, el hecho de que consultar a los interlocutores sociales implica que las consultas se realicen con la suficiente antelación. Además, las reglas relativas a los sistemas de relaciones laborales y a la negociación colectiva deben, en la medida de lo posible, contar con el visto bueno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En efecto, el mercado del trabajo en España muestra indicios alarmantes en lo relativo al desempleo de los jóvenes, que sigue superando el 50 por ciento y que únicamente puede combatirse eficazmente con la participación de los interlocutores sociales y no sólo de la sociedad civil. El desempleo de larga duración, que afecta sobre todo a los trabajadores de más edad y los menos formados, requiere también medidas adecuadas, ya que sobrepasa el 49 por ciento en un contexto de segmentación del mercado del trabajo que propicia la precariedad, la pobreza y afecta a la cohesión social. Es urgente llegar a una concertación con los interlocutores sociales para evaluar la eficacia de las medidas aplicadas y hacerlas más accesibles. España se enfrenta a desafíos económicos considerables y es evidente la necesidad imperiosa de encontrar nuevas bases para el crecimiento. Sin embargo, esto debe hacerse en el marco de una consulta estructurada con los interlocutores sociales para evitar las fórmulas desequilibradas que han gozado del favor del Gobierno en los últimos años. El objetivo debe consistir en un crecimiento que aporte creación de empleos más numerosos y de buena calidad. Debe otorgarse prioridad a las cuestiones de la formación, la educación y la inclusión mediante el empleo de las personas más alejadas del mercado del trabajo y se debe poner el Programa de Trabajo Decente en el corazón de las políticas económicas, lo cual entra completamente en el marco del Convenio.

Los miembros empleadores recordaron que en 2013, la Comisión ya había expresado su preocupación por el deterioro del mercado de trabajo y recomendó al Gobierno que siguiera evaluando, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas adoptadas en la superación de la crisis. En agosto de 2013, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) valoraron positivamente la reforma de 2012 tendiente a: establecer bases para una futura reactivación económica; reducir los desequilibrios macroeconómicos; crear un entorno favorable a la creación y el desarrollo de empresas; mejorar la competitividad y la productividad y fortalecer el sector exportador. También valoraron positivamente la reforma laboral, la cual ha sido validada por el Tribunal Constitucional. Dicha reforma se aproxima a la flexibilidad de los demás países europeos y está condicionada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. En lo que respecta al empleo juvenil, los empleadores también encomiaron la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que contiene 100 medidas para favorecer la contratación de los jóvenes. Subrayaron que el rol de la Comisión de Expertos y de la presente Comisión, en lo que respecta al Convenio, consiste en verificar que el Estado tenga la intención expresa de garantizar el pleno empleo y el empleo productivo; que existan medidas e instituciones para concretar este objetivo; que los interlocutores sociales sean consultados en cuanto a las políticas y medidas y que existan mecanismos de evaluación. La Comisión de Expertos no es competente para juzgar la validez, la eficiencia o la justificación de las medidas adoptadas. El Convenio es un instrumento promocional que requiere que los gobiernos adopten una política de empleo pero que no especifica el contenido concreto de dicha política. Esto es adecuado porque el pleno empleo exige que las políticas sean amplias en términos de política económica, teniendo en cuenta el entorno político, económico y social, la inflación y el respeto de los derechos humanos y de la propiedad privada. La creación de empleo también requiere un funcionamiento adecuado del mercado laboral.

Un miembro trabajador de España señaló que pasados tres años desde la reforma laboral más agresiva que tuvo lugar en España desde el regreso de la democracia, la situación de desempleo en el país es dramática. Hay más de 5,5 millones de desempleados, lo que equivale al 24 por ciento de la población. De dicha cifra, 782 000 desempleados son menores de 25 años. En efecto, el desempleo juvenil equivale al 51 por ciento. Más de 3 300 000 personas están desempleadas desde hace más de un año, lo que equivale al 61 por ciento de los desempleados. Uno de cada cuatro desempleados, es decir 1 400 000 personas, han pasado tres o más años buscando trabajo. Se corre un serio riesgo de que el desempleo se transforme en estructural. Más de 1 millón de hogares carecen de todo tipo de ingreso y el 29 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social. El mercado de trabajo actual es el motor de la desigualdad al imponer la reducción de los salarios, el desempleo masivo y el subempleo. España es uno de los países en donde más ha aumentado la desigualdad debido a las diferencias salariales y la pobre calidad del empleo. La reforma laboral de 2012 facilitó y abarató el despido y permitió que los empleadores modificaran el contrato de trabajo de manera unilateral. El 60 por ciento de los despidos carecen de causa justificada y de tutela judicial suficiente. El Convenio establece la obligación para el Estado de adoptar una política activa de promoción del pleno empleo. Sin embargo, el hecho de que el presupuesto nacional se haya reducido en un 48 por ciento entre 2010 y 2014 demuestra que el pleno empleo no es una prioridad para el Gobierno. El deterioro del servicio público de empleo también demuestra la importancia que se le da a la cuestión. En lo que respecta al alcance de la consulta con las organizaciones de trabajadores en cuanto a la política de empleo, el orador indicó que ni en el marco de la reforma laboral ni en el de ninguna otra medida económica adoptada se ha dejado espacio para la negociación. Esto se refleja en el número de quejas y reclamaciones presentadas ante los órganos de control. En respuesta a las alegaciones de los empleadores según las cuales la Comisión de Expertos y esta Comisión no son competentes para evaluar las políticas de empleo, consideró que las mismas, de ser acertadas, llevarían a concluir que la OIT ya no tiene razón de ser. Los trabajadores rechazan este argumento.

Otra miembro trabajadora de España, interviniendo en nombre de CCOO y de la UGT y con el apoyo de la Unión Sindical Obrera de España, se refirió a la situación difícil del mercado del trabajo que se caracteriza por una reducción muy lenta del desempleo, la desprotección insoportable de las personas desempleadas y el crecimiento de la precariedad. Aunque ha aumentado el número de parados registrados, el gasto en prestaciones se ha reducido en 7 700 millones de euros desde 2010 a 2014, reducción que continúa en 2015. El resultado de este brutal recorte es que la tasa de cobertura ha caído en más del 32 por ciento de forma que 2 millones de personas desempleadas están excluidas de toda protección. Esta es la razón que llevó a CCOO y la UGT a promover una propuesta de iniciativa legislativa para la implantación de una prestación de ingresos mínimos. Los datos del régimen general de la seguridad social confirman el enorme deterioro que está sufriendo la calidad del empleo: más de la mitad (51 por ciento) de los afiliados tienen contratos precarios (el 37 por ciento tiene un contrato temporal y el 25 por ciento, un contrato a tiempo parcial). El 95 por ciento de los contratos firmados en mayo de 2015 fueron temporales o a tiempo parcial. Además, el empleo generado sólo crece en los sectores de bajo valor añadido. A pesar de los discursos triunfalistas del Gobierno, la realidad demuestra que no hay un cambio estructural de la economía ni del empleo. Si se considera que hay 4,2 millones de personas en paro registrado y 5,5 millones en el paro estimado por la Encuesta de Población Activa (EPA), la reducción del 2,7 por ciento es una cifra ciertamente insuficiente. Para salir de la crisis, el Gobierno sigue promoviendo un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor, con un peso muy bajo y decreciente de las actividades industriales, lo que condena a un empleo precario en lo contractual y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para dar una oportunidad de empleo a la gente. Ante este panorama, es necesaria una política presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la administración y que ayude a recuperar la demanda interna. Es necesario el aumento de la inversión pública y su reorientación hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. También urge adoptar nuevas medidas que mejoren la protección de las personas desempleadas, y en particular los desempleados de larga duración con cargas familiares, como lo sugiere el estudio de la OIT, España: crecimiento con empleo. En conclusión, la oradora subrayó que es menester acabar con las ideas equivocadas que consideran que destruir los derechos laborales o la negociación colectiva mejora el mercado de trabajo; que recortar los gastos públicos genera un sector público más eficiente; que cualquier empleo vale aunque no saque los trabajadores de la pobreza; o que devaluar los salarios es el medio para construir una economía competitiva.

El miembro empleador de España sostuvo que la crisis económica vivida en los últimos años ha tenido un impacto muy relevante en el ámbito laboral. En efecto, a finales de 2011 el paro era del 24 por ciento de la población activa y del 48 por ciento para los jóvenes menores de 25 años. En ese marco, el Gobierno llamó a los interlocutores sociales al diálogo social con el objetivo de alcanzar un acuerdo que sirviera de base para una reforma laboral que se hacía claramente necesaria. Se inició un período de intensas negociaciones en las que desafortunadamente no fue posible lograr un acuerdo. Esto dio lugar a que el Gobierno adoptara la reforma laboral a través del Real decreto-ley núm. 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral destinada a generar empleo a través de medidas de choque. Sostuvo que los empleadores españoles valoran positivamente la reforma por ser coherente con el marco de la política de empleo de la Unión Europea y porque ha contribuido al proceso de modernización de la legislación laboral para aproximarla a la flexibilidad de los países de su entorno. Incluso les hubiera gustado que la reforma hubiese ido aún más lejos en la convergencia de condiciones laborales con tales países. Destacó que los datos de la evolución del empleo en España han venido siendo positivos y parecen avalar la reforma: en abril, el paro se redujo en 120 000 personas y en mayo, en otras 117 000 personas más. La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también han hecho una valoración positiva y entienden que las reformas emprendidas favorecen la creación de empleo. Refiriéndose al diálogo social, indicó que éste tiene gran importancia en la democracia española y forma parte de la cultura del país. Destacó algunos momentos relevantes del diálogo social desde la reforma laboral en 2012 que demuestran no sólo que ha existido diálogo sino que el mismo ha dado frutos. Así, a inicios de 2013 se negoció la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. El 18 de marzo de 2014 se alcanzó un compromiso con el Presidente del Gobierno y los máximos representantes de las organizaciones de trabajadores y empleadores para impulsar medidas para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social. El 29 de julio de 2014, se logró de manera tripartita el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo. Este escenario sirvió de impulso al Acuerdo sobre el programa extraordinario de activación del empleo, dirigido a la empleabilidad de los parados en situaciones de especial necesidad, firmado el 15 de diciembre de 2014. Subrayó por último que si bien el mejor resultado del diálogo social es que se llegue a un acuerdo, puede también existir diálogo intenso sin que se logre alcanzar ese resultado. Vincular la existencia del diálogo social con los resultados del mismo significa desnaturalizar su propia esencia.

El miembro gubernamental de Francia, hablando también en nombre de los miembros gubernamentales de Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Rumania, indicó que estos países están comprometidos a aplicar un enfoque coordinado en el marco de la Unión Europea para favorecer la aplicación de políticas activas que promuevan el empleo pleno, productivo y libremente elegido, y la lucha contra el desempleo. Los esfuerzos realizados por España a este respecto guardan consonancia absoluta con los que se llevan a cabo en el marco de la Estrategia Europea de Empleo. España está decidida a dar batalla y contrarrestar los efectos negativos de la crisis financiera y económica, en plena consulta con los interlocutores sociales. Se alienta al Gobierno a que continúe realizando esfuerzos en este sentido, de conformidad con los valores y los principios de la OIT, a los que España se adhiere firmemente tal y como lo demuestran los numerosos convenios ratificados por ese país. Es evidente que sin el diálogo social resulta imposible aportar soluciones sostenibles a los problemas del mercado laboral europeo. Instó a la OIT a que desempeñe cabalmente su función en la incorporación de cuestiones sociales relativas a las normas internacionales del trabajo en los sistemas multilaterales, aumentando la cooperación con otras organizaciones internacionales, en particular con las económicas y financieras.

El miembro empleador del Reino Unido subrayó la necesidad de considerar el cumplimiento del Convenio por España, en el contexto de la crisis económica actual. Es necesario recordar, además, que las reformas de la legislación laboral de España se introdujeron en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (UE), que puso el acento en la reducción del déficit público y de la deuda pública cuando estos últimos crecieron excesivamente. La economía española comenzó a recuperarse en la segunda mitad de 2014 y se espera en 2015 un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5 3 por ciento. El diálogo social también está pujante, aunque no siempre se tradujo en un acuerdo. En relación con esto, expresó su confianza en que España siga evaluando sus políticas de empleo y sociales con los interlocutores sociales. Declaró que el problema del desempleo juvenil es polifacético y que, para abordarlo, España está adoptando medidas. Se pregunta si la Comisión de Expertos tiene la competencia de supervisar las políticas de España respecto del desempleo juvenil, que, en su opinión, son un asunto de soberanía nacional. Además, sostiene que la Comisión de Expertos carece de la competencia de cuestionar las resoluciones del Tribunal Constitucional español, que apoyó las reformas laborales de 2012 de España. Es preocupante tomar nota, entonces, de que España compareció ante la Comisión dos veces en los últimos tres años por inaplicación del Convenio. La supervisión de la aplicación del Convenio por la Comisión de la Conferencia no es adecuada y, en los próximos años, España no debería comparecer nuevamente respecto de este tema, especialmente dado su actual diálogo constructivo con la Comisión de Expertos.

El miembro trabajador de Alemania expresó su apoyo a los trabajadores españoles. La grave crisis económica afecta también a la sociedad y los efectos sociales negativos de las políticas de austeridad repercuten en los sistemas de protección social, salud y pensiones. Una gran parte de la población vive de empleos precarios, como contratos de corta duración, y el aumento de la inseguridad laboral existente lleva a muchos jóvenes a irse del país. Algunos empleadores son particularmente creativos a la hora de diseñar contratos flexibles, que generan desigualdad porque no se paga a los trabajadores de forma adecuada. La situación resultante de una flexibilidad contractual excesiva es contradictoria con los principios de salario justo, condiciones de trabajo justas y horario de trabajo justo, y pone en cuestión el concepto del trabajo decente, que la OIT fomenta desde su creación en 1919. Los empleos precarios originan desigualdad y pobreza y es crucial mejorar el diálogo social para solucionar este problema.

La miembro empleadora de Alemania declaró que la crisis económica de 2008 ha revelado, entre otras cosas, ciertas debilidades estructurales y rigideces en el mercado de trabajo español. Por lo tanto, es justo e importante que, al abordar la crisis, España reforme su mercado de trabajo para potenciar la empleabilidad y combatir el desempleo de larga duración. España está cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el Convenio, y lo está haciendo de una manera compatible con los principios establecidos en la Declaración de Oslo a la que se han referido los miembros empleadores. Los efectos positivos de las políticas emprendidas por España ya se pueden observar: el año anterior, por ejemplo, se han creado medio millón de puestos de trabajo. Saludó los resultados logrados por España en el fomento del empleo, y declaró que se debería alentar al Gobierno a que prosiga con sus actuales esfuerzos para reformar el mercado de trabajo y con la consolidación fiscal.

La miembro trabajadora de Suecia, hablando en nombre de los miembros trabajadores de los países nórdicos y de Estonia, señaló que casi un decenio de penurias económicas y de medidas de austeridad ha tenido un impacto negativo en la sociedad. El desempleo ha alcanzado niveles históricamente extremos, especialmente en lo que respecta a los jóvenes, muchos de los cuales han tenido que dejar el país en busca de un futuro mejor. Además, un gran porcentaje de la población vive con contratos de trabajo precarios, como los contratos de corta duración. Estos desafíos deberían abordarse a través de políticas laborales activas que redunden en interés tanto de los empleadores como de los trabajadores, y no deberían utilizarse como pretexto para desmantelar las políticas sociales. Deben cumplirse las normas internacionales del trabajo, también en tiempos de dificultades económicas. En 2013, la UE impulsó un Conjunto de medidas sobre inversión social con el objetivo de apoyar medidas de política social y de favorecer el gasto, en particular por lo que respecta a los jóvenes, tales como la educación y el apoyo a la transición desde la educación hasta el empleo. Instó al Gobierno a que proporcione la información solicitada por la Comisión de Expertos, y a que tome medidas concretas para reducir el desempleo de los jóvenes, facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo, e invertir en educación y en mejores programas de formación.

La miembro empleadora de Francia subrayó que la crisis económica de 2008 ha generado en España un deterioro fuerte del mercado de trabajo lo que ha provocado un aumento de la deuda pública, razón por la cual el Gobierno ha debido establecer un plan de consolidación fiscal. La crisis ha causado un paro importante pero gracias a los esfuerzos de cada uno, se está registrando una recuperación significativa del crecimiento y del gasto y una reducción de los déficits públicos. Desde 2012, se han efectuado reformas estructurales con miras a crear un clima favorable para la creación de empresas y en consecuencia, para la creación de empleo. El programa nacional de reformas, presentado en el marco del semestre europeo en 2013, así como la estrategia española del empleo, permitirán una recuperación importante y disminuirán el paro. En marzo de 2014, se celebró una reunión tripartita para intercambiar opiniones sobre las medidas que deben ser tomadas con miras a favorecer el crecimiento y el renuevo económico. El Gobierno ha adoptado diversas medidas, en especial en materia de formación y de aprendizaje, destinadas a favorecer el empleo de los jóvenes. A este respecto, ha sido positivo el lanzamiento en mayo de 2013 de una plataforma de diálogo social tripartita sobre el futuro de la formación profesional. Desde 1992, se han concluido varios acuerdos con los interlocutores sociales relativos a la formación aunque la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está abierta al diálogo para eventualmente adaptarlos a las necesidades económicas y sociales actuales. Por último, teniendo en cuenta estas medidas, el Gobierno respeta el Convenio y debe ser alentado para continuar con sus esfuerzos con el fin de consolidar el crecimiento y lograr así el pleno empleo.

La miembro empleadora de Bélgica subrayó que la crisis económica de 2008 ha obligado a todos los actores a desplegar importantes esfuerzos para retomar la vía del crecimiento y el empleo. En este sentido, las reformas estructurales del mercado de trabajo que se han tenido que emprender empiezan a dar resultados. Tanto la elaboración de estas reformas como su aplicación, se han llevado a cabo mediante consultas permanentes con los interlocutores sociales. Es comprensible que los actores tripartitos no compartan siempre el mismo punto de vista sobre todo cuando ha sido necesario tomar medidas dolorosas. Por otra parte, la oradora consideró que el artículo 3 del Convenio no tiene por objetivo menoscabar la soberanía de los Estados a la hora de tomar decisiones ineludibles y que, a la vista de los elementos expuestos, el Gobierno ha cumplido plenamente el Convenio.

La miembro empleadora de Italia observó que España se esfuerza por alcanzar los objetivos del Convenio en un contexto extremadamente difícil, a saber, la crisis económica en curso que también afectó fuertemente a Italia, su propio país. La debilidad estructural del mercado de trabajo de España se ha visto magnificada por la crisis, y sólo puede abordarse en el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento de la UE. La información detallada que ha suministrado el Gobierno demuestra claramente que el país se encamina por el sendero correcto para subsanar las deficiencias del mercado de trabajo y lograr la recuperación económica. Es encomiable la estrategia de abordar el desempleo y la dualidad del mercado laboral mediante la flexiseguridad — una política cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad y, al mismo tiempo, mantener la protección de los trabajadores. Al tiempo de expresar su aprobación por la voluntad del Gobierno de mantener abiertos los canales del diálogo con los interlocutores sociales en lo que respecta a la formulación y aplicación de sus políticas de empleo, estimó que debería alentarse al Gobierno a que prosiga las reformas del mercado de trabajo, que ya han comenzado a arrojar resultados positivos.

La miembro trabajadora de Grecia, haciendo uso de la palabra también en nombre de los miembros trabajadores de Francia y Portugal, recordó que el Convenio establece pleno empleo, productivo y libremente elegido como objetivo clave de las políticas de empleo. En particular, el artículo 3 del Convenio establece la obligación de diálogo social y la Comisión de Expertos destacó regularmente la importancia de una amplia cooperación con los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de las políticas de empleo. Además, el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo y el informe del Comité de Libertad Sindical de marzo de 2014 consideran el diálogo social como aún más esencial en tiempos de crisis. Lamenta que el Gobierno, si bien reconoce el cometido constitucional vital de los sindicatos y del diálogo social, haya denegado la consulta con los interlocutores sociales sobre la adopción de legislaciones y reglamentaciones que afectan de manera profunda a las normas relativas al empleo y al marco de relaciones laborales. Especialmente, durante el debate parlamentario que tuvo lugar para la adopción de la reforma del mercado laboral de 2012, el Gobierno manifestó que no hay necesidad u obligación de que el diálogo social valide los acuerdos. A pesar de que la Comisión de la Conferencia de 2013 instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para fortalecer el proceso de diálogo social, se promulgaron algunas leyes y decretos sin diálogo social previo y se modificó de manera unilateral todo el sistema de relaciones de trabajo. En este sentido, lamentó que el Ministerio de Trabajo ignorara la carta de los dos sindicatos más representativos que pidieron el restablecimiento del diálogo social, y que rechazara las observaciones de los sindicatos sobre tres iniciativas de políticas de empleo claves, a saber, el Plan de Política de Empleo Anual, de 2015, la Estrategia para la activación del empleo y la Cartera común de servicios públicos de empleo. También deploró que el marco de la formación en el empleo se haya modificado sin buscar un acuerdo con las organizaciones de interlocutores sociales. Señaló que los interlocutores sociales se esfuerzan en mantener el diálogo bipartito, como demostró el Acuerdo de empleo y negociación colectiva, 2015-2017, al tiempo que el Gobierno desestima el diálogo social tripartito, socava el diálogo social bipartito y perturba las estructuras de negociación colectiva. Concluyó instando al Gobierno a que diera cumplimiento al Convenio.

El miembro empleador de Dinamarca señaló que si bien es importante aliviar el impacto que la crisis económica tiene sobre los trabajadores y sus familias también es necesario reformar el mercado de trabajo, tal como ha hecho el Gobierno. Toda la información que se ha puesto a disposición de la Comisión parece indicar que España está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Convenio, de una manera conforme con el principio de diálogo social. El mismo Convenio indica que en las políticas de empleo se debe tener debidamente en cuenta el desarrollo económico, que es precisamente lo que ha hecho el Gobierno. Además, esas políticas ya han empezado a producir resultados, aunque todavía queda mucho por hacer. En lo que respecta al pedido de la Comisión de Expertos de que se refuerce el diálogo social, indicó que no hay pruebas que sugieran que éste no sea adecuado, dejando aparte el hecho de que los sindicatos no están satisfechos con su resultado. Si bien afirmó que el diálogo social es muy importante como principio fundacional de la OIT, también destacó que tener derecho a participar en él no equivale a tener derecho a vetar las reformas del mercado de trabajo. Señaló que el diálogo social a menudo conduce a la adopción de políticas de mercado de trabajo que aunque no reflejan plenamente las prioridades de los empleadores éstos tienen que aceptar. Por consiguiente, los sindicatos también tienen que aceptar sus responsabilidades y participar en las tan necesarias reformas.

El miembro trabajador de la Argentina declaró que la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma apoya a los sindicatos españoles en su lucha por mantener las conquistas y resistir contra el avasallamiento de sus derechos. El voto mayoritario de la decisión del Tribunal Constitucional español afirmó que la reforma laboral de 2012 contempla, junto a la readmisión en el empleo, el pago de una indemnización adecuada como una de las posibles consecuencias de la extinción sin causa de la relación de trabajo. En el mismo sentido, la sentencia núm. 119/2014 de julio desestimó un recurso de inconstitucionalidad, por el cual se estableció en una modalidad contractual un período de prueba de un año. La sentencia justifica la finalidad de dicha modalidad con el argumento de que prevalece la promoción del pleno empleo en desmedro de los derechos eventualmente adquiridos durante el período de prueba, apartándose así de las conclusiones del informe del comité tripartito de la OIT que examinó la reclamación presentada en 2012 por los sindicatos españoles en relación con el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158). Llama la atención que el Tribunal Constitucional no haya considerado las observaciones de los órganos de control de la OIT ante los reclamos de los sindicatos españoles sobre aspectos sustanciales de la reforma, a pesar de que, en virtud del artículo 96 de la Constitución española, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno, por encima incluso de las leyes laborales ordinarias. La reforma laboral acometida en 2012 flexibiliza los principales institutos del derecho individual del trabajo y debilita sustancialmente la negociación colectiva, priorizando las unidades de negociación de empresa por sobre los convenios colectivos de actividad o regionales. En la primera etapa de la crisis, la destrucción del empleo impactó mayoritariamente en los contratos temporales, como consecuencia de su mayor flexibilidad. En la segunda etapa, que coincide con la aprobación de la reforma laboral, creció de forma intensa la destrucción de empleo indefinido frente al temporal, con respecto a años precedentes. La reforma laboral de 2012 no sólo impone la autoridad indiscutible del empresario al reforzar el poder unilateral de éste, rompiendo el cada vez más degradado equilibrio entre el derecho del trabajo y el libre mercado, sino que también persigue un debilitamiento de las organizaciones sindicales. Estas sentencias, además de consolidar la ruptura del consenso con el que se fraguó la propia Constitución española en relación con el sistema de relaciones laborales, viene a reafirmar la subordinación de los derechos de los trabajadores a consideraciones de mera discrecionalidad política.

El miembro empleador de Colombia expresó que este caso fue analizado por la Comisión y por otros órganos de control y que las conclusiones siempre hicieron hincapié en la necesidad de reaccionar de manera urgente ante una crisis muy grave. En efecto, tasas de desempleo de la población activa del 26 por ciento y de desempleo juvenil de más del 50 por ciento, sumadas a una situación de déficit público y deuda pública muy seria, configuran un escenario grave que requiere decisiones urgentes. Ante esto, en su última observación, la Comisión de Expertos pidió aumentar los esfuerzos para reforzar el diálogo social. El Gobierno ha tomado medidas para reducir los desequilibrios macroeconómicos y para apoyar la creación y desarrollo de las empresas. El Tribunal Constitucional español realizó un análisis detallado sobre las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno y las mismas también fueron examinadas en diversos foros de la UE. Como resultado de la aplicación de tales medidas, en mayo de 2015, el número de afiliados al sistema de seguridad social aumentó significativamente. Por su parte, la OCDE ha reajustado sus previsiones para el crecimiento económico de España de 1,7 a 2,9 por ciento para 2015 y de 1,9 a 2,8 por ciento para 2016. Asimismo, la tasa de desempleo viene disminuyendo y se han logrado acuerdos entre los trabajadores y los empleadores para regular el salario de manera acordada.

El representante gubernamental indicó que el desempleo es un problema indisimulable de la sociedad española. El número de ocupados en España en 1996 era el mismo que en 1976, lo que demuestra que en los primeros 20 años de democracia no se creó empleo. En 1996 se inició un proceso de creación de empleo que, sin embargo, no fue suficiente. Esta tendencia se rompió en torno a la crisis económica de 2007 cuando el desempleo empezó a aumentar. El Gobierno debió recurrir entonces a estabilizadores automáticos pero la crisis resultó ser más profunda de lo esperado. Para hacer frente a esta situación, se adoptaron otro tipo de medidas en el marco de la reforma laboral de 2012, cuyos objetivos han sido favorecer la creación de empleo y mejorar la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. España cumple con el Convenio. En 2014, el país ha liderado dentro de la eurozona la reducción del desempleo y la creación de empleo. Ello evidencia el impacto positivo de la reforma del mercado de trabajo de 2012 y medidas posteriores. En los últimos doce meses, el desempleo descendió en 488 700 personas, la mayor reducción anual del desempleo desde 2002. Además, el empleo creció en términos interanuales en 504 200 personas, una tasa del 2,97 por ciento por encima del crecimiento del PIB. Por su parte, la reforma laboral de 2012 ha flexibilizado el mercado de trabajo pero esta apuesta por la flexibilidad no lo es en detrimento de la seguridad en el empleo. Flexibilidad no significa precariedad en el empleo sino que implica que el énfasis se sitúa sobre el trabajador y no sobre su puesto de trabajo. Es un hecho destacable que la contratación indefinida esté avanzando. Mientras que en 2006, dos de cada tres contratos eran indefinidos, en 2013 tres de cada cuatro lo eran, situándose así España en mejor posición que la media de la UE. Así, la mejora del empleo no es sólo cuantitativa sino también cualitativa. Por otro lado, España es el segundo país de la OCDE que más gasta en políticas de empleo, tanto activas como pasivas. Un ejemplo es el programa PREPARA, medida de política activa que lleva asociada una ayuda económica. Más recientemente, se ha puesto en marcha el Programa de Activación para el Empleo, aprobado en diciembre de 2014, el cual está dirigido a un colectivo con especial necesidad surgido de la crisis, como es el de los desempleados de larga duración con cargas familiares que han agotado, hace al menos seis meses, la posibilidad que les ofrece el sistema de protección ante el desempleo. Estos programas no son una invención española sino que se inspiran en la experiencia y posibilidades ofrecidas por los socios europeos. Hace más de quince años que no se registraban en España 24 meses seguidos de creación de empleo. Esta reducción del desempleo no sólo se debe a acciones del Gobierno sino al diálogo social que es una constante en el país.

Los miembros empleadores manifestaron que los debates de la Comisión destacan la necesidad del desarrollo de políticas activas de empleo, de conformidad con lo requerido por el artículo 1 del Convenio. Las informaciones proporcionadas por el Gobierno demuestran que se está dando cumplimiento al Convenio, empezando por su artículo 1. En este contexto, las reformas laborales de 2012 establecieron medidas urgentes para poder generar empleo y superar la crisis. La política llevada a cabo por el Gobierno es coherente con el Pacto de estabilidad y crecimiento de la UE de la cual España forma parte. De hecho, el Gobierno no puede adoptar medidas aisladas en el contexto europeo, sino que debe coordinarse con el resto de los miembros de la UE. De conformidad con el artículo 2 del Convenio, la política de empleo desarrollada por el Gobierno es parte integrante de una política coordinada y coherente tanto a nivel interno como a nivel regional. Los miembros empleadores destacaron la importancia de las sentencias del Tribunal Constitucional español que respaldaron totalmente las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, lo cual supone que no corresponde a la Comisión hacer mayores comentarios sobre dichas reformas. Adicionalmente, otras medidas fueron tomadas para dar aplicación al Convenio, tales como los programas dirigidos a los colectivos más vulnerables, entre los cuales se encuentran los jóvenes y los desempleados de larga duración. De igual manera, se está llevando a cabo una transformación gradual del sistema de formación profesional para que sirva más eficazmente los objetivos de la política de empleo. Todo esto se está realizando en pleno cumplimiento del artículo 3 del Convenio, que exige la consulta con los interlocutores sociales de las medidas que se vayan a adoptar. El diálogo social es un medio para alcanzar estos acuerdos y no un fin en sí mismo. Hasta ahora, ha habido resultados, tales como la firma del Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado el 29 de julio de 2014 y el Acuerdo relativo al programa de activación para parados de larga duración, firmado el 15 de diciembre de 2014. Por último, la CEOE, CCOO y la UGT están ultimando las negociaciones para cerrar en el día de hoy el Tercer Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que establecerá una guía sobre aumentos salariales, además de cuestiones relativas a la estabilidad en el empleo de los jóvenes. Estos acuerdos son ejemplos concretos de diálogo social respecto a políticas activas en el empleo. Sin embargo, el contenido de los mismos es propio de cada Estado y no le corresponde, por lo tanto, a esta Comisión analizar la manera en que deben hacerse efectivos. Varios representantes de países de la OCDE y de la UE han realizado una valoración positiva de la reforma laboral española. Por tal motivo, los datos que reflejan esta mejora deben incluirse en las conclusiones de este caso, destacando los progresos y admitiendo que existen márgenes para las mejoras.

Los miembros trabajadores destacaron que los numerosos debates e intervenciones en torno a este caso demuestran que la Comisión está cumpliendo plenamente su función al examinar la aplicación del Convenio. Por otra parte, se congratularon por la importancia que otorgan los empleadores a la negociación colectiva paritaria en lo relativo a las cuestiones de empleo. Desde la adopción del Convenio, en 1964, el mundo del trabajo se vio afectado primero por dos grandes crisis, al final de la década de 1970 y a lo largo de la década de 1980, lo que condujo a la aparición de un desempleo masivo en los países industrializados, así como al recrudecimiento de las desigualdades en un contexto de mundialización y desregulación en el que las normas sociales se convirtieron en socios menores de la economía. Ante esta situación, la OIT tomó la iniciativa de crear la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización y, más tarde, adoptó la Declaración sobre la Justicia Social, de 2008. Para hacer frente a la actual crisis financiera y económica mundial, la OIT adoptó en 2009, el Pacto Mundial para el Empleo, con el apoyo de todos los mandantes. En dicho Pacto, cuyo objetivo es que la economía real vuelva a estar en el corazón de las políticas económicas, se hace hincapié en la necesidad de respetar los principios y derechos fundamentales del trabajo, así como una serie de convenios internacionales sobre el trabajo. Según el Pacto, la economía debe estar al servicio del empleo decente y la demanda interna, garantizando de ese modo la sostenibilidad de las empresas. A este respecto, el concepto de empresa sostenible, que apoyan los empleadores, debe venir acompañado de la sostenibilidad del empleo y la existencia de empleos de buena calidad. Lamentablemente, las prescripciones del Pacto parecen haber quedado olvidadas desde entonces, en particular en Europa, donde el diálogo social y la negociación colectiva se sacrifican a menudo en nombre de la urgencia en responder a la crisis económica que pretextan los gobiernos, como demuestran las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, respecto de varios casos. El caso núm. 2947 referente a España ha permitido, entre otras cosas, destacar la importancia de celebrar consultas tripartitas minuciosas para que las leyes y los programas relativos a la economía y el empleo dispongan de un fundamento más sólido y se apliquen mejor. Los miembros trabajadores tomaron nota con interés de la intervención del miembro empleador español, que ha comunicado su valoración sobre la política económica y del empleo puesta en práctica por el Gobierno de su país. En efecto, si bien los trabajadores no comparten su percepción de esta política, es cierto que las diversas opiniones expresadas demuestran que la Comisión ejerce plenamente su mandato al examinar la aplicación del Convenio sobre la base de las observaciones de la Comisión de Expertos. Con respecto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional referentes a la reforma de la legislación laboral, es extraño que este órgano no haya prestado atención a la obligación de cumplir los convenios de la OIT pertinentes ratificados por España, así como la Carta Social Europea. Es más, el pronunciamiento destacado por los empleadores dio lugar a un voto disidente, muy argumentado, defendido por tres magistrados del tribunal. En cuanto al concepto de flexiseguridad, no ha sido recogido en ninguna directiva europea y no existe ninguna definición inequívoca al respecto concertada por los miembros de la UE y por los interlocutores sociales. En cualquier caso, la referencia a la flexiseguridad no puede justificar que se descarten las normas de la OIT ni permitir afirmar que se han cumplido las obligaciones del Convenio en cuanto se invoca este término. Según el Convenio, la política activa del empleo constituye un elemento esencial de la política macroeconómica, prestando especial interés a la elaboración y la aplicación de las medidas que constituyen tales políticas. El examen del Convenio no se limita por tanto a una simple observación formal sobre la existencia o no de medidas, sino que supone necesariamente abordar el contenido concreto de las políticas de empleo. En cuanto a la UE, aunque no se cuestione la existencia de una gobernanza europea, conviene en cambio recordar que la UE no está por encima de las normas de la OIT ni tampoco de la Carta Social Europea. En el marco del seguimiento de los debates sobre este caso, los miembros trabajadores consideraron necesario seguir la línea de las conclusiones adoptadas por la Comisión en 2013. Pidieron al Gobierno retomar el camino del diálogo social tripartito para discutir con los interlocutores sociales la formulación de una política del empleo conforme a los objetivos del Convenio. Estas consultas deberían tener lugar antes de la toma de decisión, tomando efectivamente en cuenta la formulación de contrapropuestas. En virtud del artículo 2 del Convenio, el Gobierno debe seguir evaluando con los interlocutores sociales los resultados de la política del empleo y de las modificaciones de la legislación sobre el mercado de trabajo. También debería centrarse en garantizar un amplio consenso sobre los programas de formación, especialmente los relativos a las personas alejadas del empleo y los jóvenes, en base a unos servicios públicos fuertes. Los miembros trabajadores pidieron finalmente al Gobierno que acepte la asistencia técnica propuesta en 2013 y que informe a los expertos durante su próxima reunión sobre las etapas establecidas para cumplir las obligaciones del Convenio.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la detallada información oral y escrita proporcionada por la representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar sobre los temas planteados por la Comisión de Expertos en relación con las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis, la situación persistente del desempleo que afecta principalmente a los jóvenes y las reformas laborales adoptadas que incluyen programas para coordinar las medidas de educación y de formación con las oportunidades de empleo y mejorar el nivel de las calificaciones.

La Comisión tomó nota de la información proporcionada por la representante gubernamental sobre las medidas económicas y de empleo exhaustivas adoptadas por el Gobierno para superar la crisis de puestos de trabajo y las reformas laborales que se iniciaron en marzo de 2012 en consonancia con el concepto de flexiseguridad al que se le da prioridad en las directrices para el empleo de la Unión Europea. La Comisión tomó nota de las medidas activas del mercado del trabajo adoptadas, tales como la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, el Portal Único de Empleo y la Cartera Común de Servicios adoptada en enero de 2015 para promover el uso de los servicios públicos y privados de empleo. El desempleo juvenil continúa siendo muy alto y un Programa extraordinario de activación para el empleo se aprobó en diciembre de 2014 para atender específicamente a los colectivos con necesidades particularmente graves originadas en la crisis del empleo como los parados de larga duración con responsabilidades familiares. La representante gubernamental también presentó informaciones sobre los datos positivos del empleo señalando que, en el primer trimestre de 2015, había 488 700 parados menos que en el mismo trimestre del año anterior y que se habían creado 504 200 empleos en el mismo trimestre.

La Comisión tomó nota de las informaciones completas presentadas por el Gobierno sobre las medidas activas de empleo que se están ejecutando en el marco de la estrategia económica y del empleo adoptadas en el contexto de la Unión Europea para combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis.

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión pidió al Gobierno que:

- continúe el diálogo social constructivo, tomando plenamente en consideración las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales y su plena cooperación para formular y obtener el apoyo necesario para la ejecución de dichas políticas en relación con los objetivos expresados en el artículo 1 del Convenio;

- en consonancia con el Convenio, evalúe, junto con los interlocutores sociales, los resultados de la política del empleo y adopte las disposiciones que se requieran, incluyendo, si fuera necesario, la elaboración de programas para la aplicación de la política del empleo;

- se centre en garantizar el máximo consenso sobre los programas relacionados con la formación profesional y prosiga el diálogo con los interlocutores sociales en relación con la formación profesional con los jóvenes y los desempleados sobre la base de servicios públicos fuertes;

- presente, en 2015, una memoria sobre la aplicación del Convenio para su examen por la Comisión de Expertos.