Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Costa Rica (Ratificación : 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), transmitidas junto con la memoria del Gobierno. También toma nota de las observaciones conjuntas de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), recibidas el 7 de septiembre de 2024. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 3 a) y b) del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual comercial, y utilización, reclutamiento u oferta de niños con fines de prostitución. La Comisión toma nota de los siguientes datos estadísticos, proporcionados por el Gobierno en su memoria sobre las investigaciones de la Fiscalía adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, relativos a la trata de personas: 1) en 2022, hubo 23 investigaciones de trata de personas, incluidas 13 investigaciones de trata con fines de explotación sexual; 2) en 2023, hubo 90 investigaciones de trata de personas, incluidas 40 investigaciones de trata con fines de explotación sexual y 34 investigaciones de delitos relacionados con pornografía infantil, y 3) en 2023, hubo nueve sentencias condenatorias y dos sentencias absolutorias. La Comisión toma nota de que esta información no está desglosada por edad de las víctimas, por lo que, exceptuando las investigaciones de pornografía infantil, se desconoce cuántas de estas investigaciones y sentencias son relativas a víctimas de menos de 18 años.

La Comisión también toma nota de la siguiente información proporcionada sobre los casos registrados en el Ministerio Público: 1) de los 229 casos de trata de personas en 2020, ninguno correspondía a la trata de personas menores de edad; 2) los 312 casos de trata en 2021, cuatro correspondían a la trata de personas menores de edad; 3) de los 180 casos de trata en 2022, dos correspondían a la trata de personas menores de edad; 4) entre 2020 y 2022 se registraron 116 actos sexuales remunerados con menores de edad, 655 casos de difusión de pornografía infantil y 67 casos de fabricación, producción o reproducción de pornografía infantil. A partir de la información proporcionada por el Gobierno, la Comisión observa nuevamente: 1) el escaso número de casos registrados en relación a la trata de menores de 18 años, incluyendo aquellos con fines de explotación sexual comercial, y 2) la falta de información sobre las condenas impuestas en casos de trata de niños y explotación sexual comercial de niños. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión pide al Gobierno que realice todos los esfuerzos a su alcance para asegurar que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan la identificación, detención y procesamiento de los autores de la trata de niños, y que se impongan sanciones suficientemente disuasorias. A este respecto, le pide una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre el número y la naturaleza de las infracciones constatadas, las investigaciones y enjuiciamientos realizados y las condenas impuestas en relación con la trata y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y asistencia directa para librar a los niños de esas formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trata y explotación sexual comercial de menores. La Comisión toma nota, según informa el Gobierno, de que: 1) en cualquier caso en el que se sospeche de la existencia de riesgo de trata de personas, habrá que remitirse al «Protocolo institucional para la atención de personas menores de edad víctimas y sobrevivientes del delito de trata de personas y personas menores de edad dependientes de una víctima de trata de personas (2020)»; 2) el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) estableció un enlace estratégico con la RED 9-1-1, operativa 24 horas al día, los 365 días del año, lo que ha aumentado la capacidad para alertar y denunciar situaciones de riesgo inminente que afecten a niños, niñas y adolescentes, movilizando dicha red interinstitucional para su protección, y 3) en 2023, se contó con el registro de nueve menores de edad acreditados por el Equipo de Respuesta Inmediata de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), de los cuales seis fueron considerados víctimas de trata con fines de explotación sexual, uno como víctima directa de trata de personas y dos como víctimas de trata de personas con fines de servidumbre doméstica.

Además, la Comisión toma nota de que, en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Gobierno indica que, una vez que se detecta o se conoce la situación de una persona como víctima de trata, se coordina de inmediato con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, a fin de que esta instancia proceda a brindar los servicios de atención y protección necesarios a las víctimas de trata.

Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones finales, tomó nota con preocupación de: 1) el hecho de que Costa Rica es país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, en particular mujeres y niños, con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso, así como del elevado riesgo de trata de personas con fines de explotación sexual a que están expuestas las mujeres y las niñas indígenas, afrodescendientes y migrantes en las zonas de la costa del Pacífico, y 2) la prevalencia de la utilización de niños en el turismo sexual en el Estado parte (CEDAW/C/CRI/CO/8, 2 de marzo de 2023, párrafo 25). En estas condiciones, al tiempo que toma nota de todas estas informaciones, la Comisión pide al Gobierno que realice todos los esfuerzos a su alcance para evitar que los niños sean víctimas de la trata y la explotación sexual comercial. A este respecto, le pide que siga proporcionando información sobre: i) las medidas adoptadas en un plazo determinado para evitar que los niños sean víctimas de la trata y la explotación sexual comercial, para que puedan ser liberados de tales situaciones y rehabilitados e integrados en la sociedad, y ii) los resultados obtenidos, en términos del número de niños que han sido identificados, librados, rehabilitados y socialmente integrados

Apartados a) y c). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y garantizar el acceso a la educación básica gratuita a todos los niños que hayan sido librados de estas peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante un convenio de cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Socia (IMAS), ha otorgado transferencias monetarias condicionadas a más de 1 400 menores de 15 años identificados en situaciones de trabajo infantil, para garantizar su permanencia en el sistema educativo (532 en 2021, 532 en 2022 y 412 en 2023), y 2) entre 2023 y 2024, el IMAS ejecutó 2 120 transferencias monetarias condicionadas para promover el acceso de niños a las «Casas de la Alegría», centros de cuidado que acogen a niños y niñas mientras sus padres trabajan en la cosecha de productos agrícolas.

La Comisión también toma nota de las observaciones de la UCCAEP, en las cuales indica que suscribió un convenio con el Ministerio de Educación Pública para impulsar el programa «Adopte un centro educativo». Este programa busca identificar los centros educativos con mayor necesidad del país en infraestructura, conectividad, mobiliario escolar y equipamiento con el objetivo de recibir apoyo por parte del sector empresarial privado. La Comisión también nota, de que la CTRN y la CMTC alegan que, entre 2022 y 2023, el Gobierno redujo las becas educativas y el presupuesto en educación, con el resultado de que los niños más vulnerables podrían dejar las aulas. Al respecto, la Comisión toma nota del informe anual de 2023 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el cual se indica que la contracción de la inversión social pública afectó a algunos programas de educación y protección infantil que beneficiaban a niños vulnerables.

La Comisión toma nota de que, según el perfil de país de Costa Rica del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 2021: 1) la tasa neta ajustada de asistencia a la escuela primaria era de 99,4 por ciento para los niños y 99,5 por ciento para las niñas, y 2) la tasa neta ajustada de asistencia al primer ciclo de la enseñanza secundaria era del 68,4 por ciento para los niños y 72,9 por ciento para las niñas (un incremento comparado con el año 2020, en que las tasas eran del 66 y del 68,4 por ciento para niños y niñas respectivamente). La Comisión recuerda que la educación desempeña un papel fundamental para impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para mejorar el acceso a la educación básica gratuita de todos los niños, incluidos los más vulnerables, evitando que caigan en las peores formas de trabajo infantil. A este respecto, le pide que continúe proporcionando información sobre: i) las medidas concretas adoptadas para garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación básica gratuita, incluido el primer ciclo de la enseñanza secundaria, y ii) los resultados obtenidos, especialmente estadísticas sobre la evolución de las tasas de matriculación, asistencia y finalización de los estudios de educación primaria y del primer ciclo de la enseñanza secundaria, así como las tasas de abandono escolar de los niños, incluidos los más vulnerables.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.