Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1977)

1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la memoria detallada presentada por el Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 1989, así como de las informaciones comunicadas como respuesta a los comentarios que había formulado el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC) el mes de enero de 1989.

Artículo 1 del Convenio

2. Dada la reciente evolución ocurrida en el Servicio del Empleo, el TUC expresa su preocupación por lo que considera las etapas iniciales, por parte del Gobierno, para desmantelar el Servicio Público de Empleo, reduciendo en particular sus competencias y limitando en la práctica su ámbito de acción a los adultos empleados. Por su parte, el Gobierno declara su empeño en que el Servicio del Empleo (ES) continúe ofreciendo servicios gratuitos con independencia de la situación en el empleo de los interesados y constituyendo un medio importante para orientar a los interesados hacia programas públicos de formación. El Gobierno estima que ha sido correcto privatizar la Agencia de colocación de profesionales y ejecutivos (PER), que antes formaba parte del ES, pues se había hecho evidente que el sector público estaba brindando servicios cuya naturaleza correspondía exactamente a los que podía prestar una organización plenamente comercial. La Comisión recuerda que los planes y programas de orientación y formación profesionales deberían guardar "una estrecha relación entre este campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos del empleo" (artículo 1, párrafo 1, del Convenio). La Comisión confía en que las futuras memorias del Gobierno contendrán más indicaciones sobre la forma en que las políticas y programas de orientación y formación profesionales se relacionan con el empleo y los servicios públicos del empleo. La Comisión también se remite a este respecto a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122).

3. En segundo lugar, el TUC estima que un nuevo programa de formación introducido por el Gobierno para desempleados adultos, a saber, el programa de formación y empleo, no toma en consideración en su sistema de remuneración las necesidades de desarrollo social y económico nacionales. Las tasas de remuneración para desempleados que realizaban tareas productivas en virtud del anterior programa - el Programa Comunitario - concordaban con los niveles salariales locales equivalentes, mientras que la remuneración ofrecida en virtud del programa de formación y empleo (ET) se basa en el nivel de prestaciones públicas que se habían aplicado anteriormente sólo a las personas que recibían su formación fuera del lugar de trabajo. El Gobierno indica que el ET comenzó en septiembre de 1988 para reunir en un único programa varias formas de formación y adquisición de experiencia de trabajo que figuraban en distintos programas para desempleados adultos. Los participantes cuentan con un programa de formación estructurada cuyo objetivo no es ofrecer un empleo temporal y, en consecuencia, conceptos tales como "tasas adecuadas para el empleo" no cabe utilizarlas en este caso. El Gobierno añade que la prestación de formación que se paga a las personas del ET son a su juicio más justas que las basadas en tasas locales de remuneración. La Comisión recuerda que el Convenio, en su articulo 1, párrafo 2, entre los aspectos que se deben tener en cuenta en políticas y programas de formación y orientación profesionales figuran "las necesidades, posibilidades y problemas en materia de empleo, tanto a nivel regional como a nivel nacional" (apartado a)), así como la "fase y el nivel de desarrollo económico, social y cultural" (apartado b)). La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera indicar en su próxima memoria de qué manera se toman en consideración los factores antes mencionados en el sistema de formación y empleo y en otros sistemas de formación de adultos en el Reino Unido.

Artículo 3

4. A juicio del TUC, la orientación profesional que brinda el Gobierno presenta graves deficiencias; en la práctica, no se da a los empleados ninguna clase de orientación profesional y el Gobierno ha disminuido el monto de los recursos adjudicados a los sistemas de información sobre el empleo, tales como los de la Dirección de Seguridad y Salud (HSE). En la memoria del Gobierno, como respuesta a las afirmaciones del TUC, el Gobierno comunica informaciones detalladas y señala que los sistemas nacionales de información, tales como el Sistema NOMIS, cuentan con rica información sobre empleo, desempleo, vacantes, colocaciones y población y, a nivel local, el Sistema CALLMI (información sobre el mercado de trabajo local con asistencia de computadora) ha sido utilizado por más de 75 000 empleadores durante sus dos años y medio de funcionamiento. En cuanto al HSE, el Gobierno señala que se ha producido una gran disminución de las informaciones difundidas. La Comisión confía en que el Gobierno podrá comunicar detalles sobre nuevas ampliaciones del sistema de orientación profesional durante el período abarcado por su próxima memoria, con miras a garantizar la más amplia orientación posible y la más amplia información a todos los niños, adolescentes y adultos, según dispone esta disosición del Convenio.

Artículo 4

5. A juicio del TUC, el Gobierno no ha dado suficiente importancia a los requisitos generales para garantizar el desarrollo de recursos humanos en forma coherente y global a efectos de satisfacer las necesidades de la economía y de la sociedad. En forma más concreta, estima que las políticas oficiales de formación se orientan por la necesidad de emplear jóvenes y no de dar adecuada formación a la fuerza de trabajo. El Gobierno se empeña en un enfoque que no ha hecho sino provocar graves carencias de mano de obra calificada. El TUC se refiere al documento de información al Parlamento "Employment for the 1990s" (El empleo para el decenio de 1990) (Cm. 540, diciembre de 1988), en el cual mantiene que desarrollar la formación durante toda la vida no es tarea principal de un gobierno (subrayado del TUC).

El Gobierno por su parte cree que el desarrollo de los recursos humanos es indispensable para satisfacer las necesidades económicas y sociales por lo que ha hecho aumentos de inversiones masivos en materia de formación, con el empeño de impartir formación tanto a los empleados como a los desempleados en forma permanente, como lo demuestran los muy amplios sistemas implantados que se describen en la memoria. La Comisión sin embargo toma nota de que, según el informe al Parlamento antes mencionado (párrafo 6.19), la formación en el empleo está aún poco desarrollada y que un estudio reciente sobre las formas de financiarla demuestra que la mitad de todos los empleados no recibían ninguna formación en 1987. La Comisión agradecería que el Gobierno se sirva comunicar en su próxima memoria informaciones sobre las medidas tomadas, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, a efectos de ampliar, adaptar y armonizar gradualmente sus sistemas de formación profesional en forma que cubran las necesidades de la economía y se adapten mediante la formación permanente a las cambiantes necesidades de los individuos durante toda su vida.

Artículo 5

6. Con respecto a su comunicación de enero de 1989 sobre propuestas pendientes para suprimir la Comisión de Formación, que es un organismo nacional tripartito, y otros siete organismos tripartitos públicos de formación, el TUC estima que en toda estructura nacional, sectorial o local que se establezca deberían participar representantes sindicales, mientras que en realidad no existe ninguna disposición que prevea la participación automática de los sindicatos. El Gobierno da una detallada respuesta a estas alegaciones, explicando que su decisión de suprimir la Comisión de Formación y reemplazarla por un organismo de formación toma debidamente en cuenta las opiniones expresadas por las organizaciones que representan a empleadores y a trabajadores, y también de sus obligaciones contraídas en virtud del artículo 5 del Convenio. El Gobierno reitera la seguridad dada en el documento de informe al Parlamento antes mencionado en el sentido de que continuará, en lo que al Gobierno respecta, el proceder de que participen tanto los empleadores como los sindicatos, así como las demás partes interesadas, a todo lo largo del proceso de formular y aplicar planes y programas. La memoria brinda más informaciones sobre los sistemas existentes en el plano nacional local o a nivel de industria. En 1989 se designó un grupo nacional de trabajo en materia de formación (NTTF), compuesto por figuras destacadas en sus especialidades y elegidas en función de su dedicación personal a la formación, a efectos de ayudar al Ministro del Empleo a llevar a cabo sus cometidos de formación y educación profesionales. A nivel local, los consejos de formación y empresa (TECs) funcionan desde julio de 1989. Por último, a nivel industrial, el Gobierno declara que no prevé derogar los siete organismos de formación pública existentes en la industria y que éstos deberán presentar planes para dejar de ser organizaciones de formación financiadas con fondos públicos y obtener sus ingresos de suscripciones y del pago de los servicios y productos que ofrezcan.

En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de las seguridades dadas por el Gobierno y espera que aplicará las medidas apropiadas y los procedimientos necesarios para hacer surtir plenos efectos a las disposiciones del artículo 5 del Convenio, y asegurar que las políticas y programas de orientación y formación profesionales se establezcan y apliquen en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno describirá con mayores detalles los resultados de la cooperación de organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las medidas previstas o recientemente adoptadas que se mencionan en estos comentarios.

7. Ante esta situación, la Comisión no puede aún llegar a una conclusión sobre esta materia. Sin embargo, considerando las observaciones formuladas por el TUC y las informaciones dadas por el Gobierno, se encuentra obligada a expresar cierta preocupación en relación con la evolución observada. La Comisión confía en que el Gobierno enviará informaciones complementarias detalladas que muestren que la política que se lleva a cabo y las medidas que se han previsto no producirán una disminución del nivel de compromiso del Gobierno en lo que respecta a las obligaciones contraídas por el Convenio.