Caso individual (CAS) - Discusión: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - India (Ratificación : 1958)

El Gobierno ha comunicado la siguiente información:

Se enumeran a continuación algunos hechos fundamentales acerca del Proyecto Hidroeléctrico Sardar Sarovar (SSP) con informaciones actualizadas sobre las cuestiones suscitadas en las observaciones de la Federación Internacional de los Trabajadores de las Plantaciones y Afines (IFPABB): La población total afectada por el SSP, según el censo de 1981, es de 66 675 personas, que incluyen a 245 aldeas - 19 en Gujarat, 33 en Maharashtra y 193 en Madhya Pradesh (comprendida la población afectada brevemente por las aguas estancadas). El Proyecto Hidroeléctrico Narmada Sagar (NSP), por otro lado, desalojaría a 86 572 personas, según el censo de 1981, y también en este caso sólo 69 aldeas de un total de 249 quedarían completamente sometidas a inmersión. En 25 aldeas del SSP sólo quedarían afectadas las tierras del Gobierno, lo cual no requeriría desalojo alguno, en tanto que en 91 aldeas la inmersión sólo ascendería a 10 por ciento.

Medidas de asentamiento y rehabilitación (R&R)

Gujarat: La política elaborada en diciembre de 1987 se ha modificado de vez en cuando para aportar beneficios máximos a las personas afectadas por el proyeto (PAP). Se ha constituido una subcomisión para que lleve a cabo un estudio detallado de la situación económica y social de las personas afectadas por el canal, con miras a su rehabilitación adecuada. Hasta la fecha del 15 de abril de 1991, 2 624 familias de las 4 500 familias de Gujarat habían sido reasentadas y las restantes serían reasentadas entre 1991 y 1992. Se había concedido una subvención de reasentamiento a 697 familias y subsidios por el monto de 5 000 Rs. por familia, además de las asignaciones de subsistencia, se habían concedido a 1 141 familias. En lo que atañe al reasentamiento, los desalojados habían sido trasladados a sitios de su elección.

Maharashtra: Las personas desalojadas tienen la opción de reasentarse en Maharashtra misma o de trasladarse a Gujarat. Cuatrocientas veinticinco familias han optado por reasentarse en Gujarat, de las cuales 200 ya se habían reasentado en Parveta, en Gujarat. Parveta se ha desarrollado ahora como aldea modelo donde se han suministrado centros de esparcimiento, terrenos colectivos cultivables y solares. También se han proporcionado viviendas provisionales, si bien, de acuerdo con la política, los desalojados tienen que construir sus propias casas en los terrenos repartidos. Por consiguiente, no es correcta la alegación de "Survival International@ (SI) acerca de que los residentes de Parventa se enfrentaban con graves problemas de R&R. Por añadidura, también se ha descubierto que es incorrecta la inferencia que se deduce del estudio realizado por el Tata Instituteof Social Studies sobre la tasa de mortalidad infantil. Para dar cabida a los desalojados que han mostrado preferencia por reasentarse en Maharashtra misma, el Gobierno de la India ha dado, excepcionalmente, permiso para que se utilicen con este fin 2 700 hectáreas de terrenos forestales en Taloda, en el distrito de Dhule. Ya aproximadamente 20 familias han sido reasentadas allí y para junio de 1992 serán realojadas todas las demás familias. También están en vías de construcción los centros de esparcimiento.

Pradesh: La alegación de si los desalojados de Madhya Pradesh han recibido un trato injusto y que se han visto obligados a trasladarse a Gujarat no se fundamenta en los hechos. Como ya se dijo, los desalojados de Madhya Pradesh tienen igualmente la opción de permanecer allí si así lo desean o de trasladarse a Gujarat. Como ya se comunicara en la información suministrada anteriormente a la Comisión, en el Estado de Madhya Pradesh quedarían afectadas 193 aldeas que reagrupan a 14 994 familias. Ocho mil ochocientas cincuenta y cuatro familias quedarían completamente afectadas y 6 140 lo estarían sólo parcialmente. Para los fines del reasentamiento, se requerían 15'080 hectáreas de terreno, de las cuales se requerían 2 083 hectáreas en la propia Madhya Pradesh y 13 000 hectáreas en Gujarat. Como ya es sabido, no existen problemas de tierra en Gujarat. Doscientas dieciocho familias ya se han trasladado a Gujarat y 1 342 familias serán reasentadas allí para junio de 1992. Se ha elaborado el plan para adquirir cada año 2 500 hectáreas de terreno en Gujarat para los desalojados de Madhya Pradesh. En la propia Madhya Pradesh, como ya se ha dicho el pasado año, el Gobierno del Estado ha identificado 1 489 hectáreas de terreno. La demanda de 594 hectáreas adicionales de terreno no causaría problemas. En este aspecto cabría mencionar que, según el plan de inmersión, la primera aldea de Madhya Pradesh será sometida a inmersión en 1994, al igual que seis aldeas en 1995. Según el Narmada Water Dispute Tribunal (NWDT) Award, la rehabilitación se llevaría a término un año antes de la inmersión. Si bien hay tiempo suficiente para elaborar estrategias apropiadas de R&R, el Gobierno de Madhya Pradesh ya ha comenzado a tomar medidas, tal como arriba se indica. Se ha afirmado que muchos desalojados han estado viviendo en refugios provisionales miserables durante los últimos años y que no habían recibido títulos de propiedad de la tierra. Esto se debe, según la política, a que los desalojados tienen derecho a cultivar sus tierras en ambos lugares, es decir, sus tierras de origen así como los nuevos sitios que se le han concedido. La principal razón de que permanezcan en refugios provisionales reside en su deseo de seguir cultivando también sus tierras originales. En cuanto al reasentamiento de personas definidas por el término "desalojado" para los fines de R&R, todas las personas que quedarían afectadas por la inmersión han sido identificadas como PAP, tal como se define en el laudo (NWDT). No sólo los propietarios sino también los intrusos y los trabajadores sin tierras han obtenido beneficios en concepto del plan global de R&R del SSP.

Costos sociales

El objetivo principal de los proyectos de desarrollo tales como el SSP consiste en mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, incluida la población tribual de estas zonas. Por tanto, la afirmación de que estos proyectos ocasionarían catástrofes humanas y sociales carece de fundamento. El plan de reasentamiento y de rehabilitación de los desalojados ha sido cuidadosamente formulado para asegurar que ellos: a) sean prontamente realojados como unidades aldeanas, según sus preferencias; b) pueden cabalmente integrados en el seno de la comunidad donde han sido reasentados; c) reciban la compensación adecuada y la adecuada infraestructura que incluye los servicios y recursos comunitarios idóneos; d) mejore o por lo menos recupere el nivel de vida del que disfrutaban antes de su desplazamiento, y e) participen plenamente en el proceso de su rehabilitación.

Repercusiones en el medio ambiente

La evaluación de las repercusiones del proyecto en el medio ambiente se llevó a cabo en la etapa inicial de la propia formulación del proyecto. El establecimiento del Environmental Development Centre (EDC) se encuentra en vías de realización para supervisar las repercusiones de los proyectos en el medio ambiente y para elaborar estrategias adecuadas a fin de combatir cualquier problema que pudiera surgir.

Destrucción de los bosques y de la fauna silvestre

Para contrarrestar la pérdida prevista de los recursos forestales, los Gobiernos de los tres Estados han tomado engran escala medidas compensatorias de repoblación forestal. El Gobierno de Madhya Pradesh había elaborado un plan de repoblación forestal para 8 737 hectáreas, el de Maharashtra para 19 000 hectáreas y el de Gujarat para 4 650 hectáreas. Por añadidura, se encuentra en vías de elaboración otro plan de repoblación forestal de 3 000 hectáreas en Maharashtra y de 4 650 hectáreas en Gujarat. Hasta la fecha se ha llevado a cabo la repoblación forestal de aproximadamente 7 525 hectáreas de terreno en los tres Estados. Ya se han tomado medidas presupuestarias para este fin. El proyecto ha cumplido con los requisitos del Banco Mundial que ha supervisado periódicamente sus progresos. La misión del Banco ha quedado satisfecha con las medidas adoptadas por el Estado para cuidar de los aspectos relativos a la R&R y al medio ambiente. En lo que atañe al OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) del Gobierno del Japón, éste se concede sobre una base anual. La extensión del mismo para este año se encuentra en vías de negociación con las autoridades del OECF. Las alegaciones de las ONG y de otras organizaciones se deben a su falta de conocimiento acerca de los aspectos positivos del proyecto que superan, a todas luces, los efectos negativos. No se puede negar que todo proyecto de desarrollo tiene a la par repercusiones positivas y negativas. Tampoco es correcto afirmar, tal como se menciona en la queja, que sólo se ha construido una décima parte de la represa. Tampoco tiene fundamento la afirmación de que los funcionarios del Gobierno utilizan la fuerza y la violencia al tratar con los desalojados. Ya se han completado al máximo las obras públicas. Por consigiente, las organizaciones arriba mencionadas deberían dejar de lado un planteamiento de confrontación y prestar asistencia en la terminación del proyecto que tendría como resultado el desarrollo económico y social del país en general y de los Estados interesados en particular.

Además, una representante gubernamental recordó que varios aspectos del proyecto Sardar Sarovar (SSP) han sido discutidos numerosas veces en la Comisión y que el delegado gubernamental formuló una declaración bastante detallada durante la reunión de 1990 de la Comisión. Además de la información que fue suministrada por escrito, comunicó otras informaciones básicas relativas al mismo tema y aseguró a la Comisión que su Gobierno está plenamente decidido a cumplir con las disposiciones del Convenio y que ha tomado todas las medidas necesarias relativas a los problemas económicos, sociales y ambientales que ha planteado el mencionado proyecto.

En lo que respecta al párrafo 2 de la observación de la Comisión de Expertos, la oradora indicó que su Gobierno está dispuesto a tomar en cuenta los comentarios de la Comisión. En lo que se refiere a la cuestión de los derechos humanos fundamentales y los derechos relativos a la propiedad de la tierra, así como también al derecho a conservar los modos tradicionales de vida, se han implantado programas sociales y de rehabilitación adecuados, a través de un enfoque multidisciplinario para asegurarles un mejor nivel de vida. Los pasos que han sido dados por el Gobierno sobre las disposiciones relativas a la compensación otorgada a las personas que han sido desplazadas han sido ya puestos en práctica en política de reasentamiento y rehabilitación de los Gobiernos de los Estados Gujarat, Maharashtra y Madhya Pradesh. En cuanto a la elección del lugar para el reasentamiento, la oradora señaló que la decisión se toma después de consultar el proyecto con las personas afectadas, quienes escogen entre las opciones que les son propuestas. Puso de relieve ante la Comisión que algunas directivas se desprenden del fallo pronunciado en el tribunal sobre el litigio de Narmada. Declaró que los alegatos relativos al empleo de la fuerza y la violencia por las autoridades del proyecto y funcionarios del Gobierno carece de sustancia y se refirió a la información escrita relativa a la asistencia del Banco Mundial y del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés. La representante gubernamental subrayó que ha sido claramente estipulado en la sentencia que la rehabilitación de las personas afectadas debe ser enteramente satisfactoria y debe finalizar un año antesde que intervenga la inundación.

Los miembros trabajadores declararon que la cuestión que se discute es un aspecto importante de los derechos humanos y se refieron a los comentarios de la Comisión de Expertos en el sentido de que deben continuarse los esfuerzos que han sido realizados y que resultan evidentes a partir de la información suministrada. Sin embargo, es menos evidente, que estos esfuerzos tengan pleno éxito. Recordaron igualmente que el proyecto ha sido financiado por el Banco Mundial y que se ha criticado a este último su participación en el proyecto. Los miembros trabajadores se refirieron al punto que fue planteado durante la discusión general en donde se indicó que sería conveniente que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional añadieran una dimensión social a la ayuda financiera que otorgan a los países. Pusieron de relieve que si la OIT ha sido involucrada en la primera parte del proyecto, debería ser posible asesorar al Gobierno en la fase de la preparación necesaria para asegurar que no se infrinjan las disposiciones del Convenio. Con respecto al aspecto ambiental, los miembros trabajadores subrayaron que es díficil hacer declaraciones, formular evaluaciones y juicios sobre este tema en la Comisión, pero expresaron la opinión de que el Gobierno debería suministrar por escrito información complementaria para que sea examinada por la Comisión de Expertos. En lo que se refiere a la actitud del Gobierno frente a las organizaciones no gubernamentales indicaron que la información suministrada por estas organizaciones y examinada por la Comisión de Expertos, que no es posible obtener de otra manera, es comunicada al Gobierno para que puede pronunciarse sobre ella, creando de esta manera un diálogo constructivo. Expresaron la esperanza de que el Gobierno estudiará el informe del Comisario para las castas y las tribus, al cual se refiere el informe de la Comisión de Expertos y que comunicará informaciones sobre los puntos que han sido planteados. Los miembros trabajadores manifestaron reservas acerca de la extensión de tierras disponibles para el reasentamiento de los pueblos afectados por el proyecto. Indicaron que sólo se ha desarrollado la primera parte del proyecto y que el Gobierno deberá comunicar posterior información a la Comisión de Expertos con suficiente tiempo para que esta última pueda examinar tal información. No subestiman sin embargo la buena voluntad del Gobierno, pero consideran que no cabe manifestar demasiado optímismo.

Los miembros empleadores recordaron que por cuarta vez se discute este difícil caso desde 1987. Declararon que el problema planteado se relaciona con el reasentamiento de un gran número de personas (100 000 incluyendo 60 000 de poblaciones tribuales), piensan que este número se elevará a un millón de personas en las fases futuras del proyecto y manifestaron algunas reservas en cuanto al plan de reasentamiento en el sentido de que se pregunta si la extensión de tierras es suficiente para reasentar a todas estas personas. En lo que se refiere al problema de la propiedad y del derecho a la propiedad, los miembros empleadores declararon que la situación no está nada clara en lo que se refiere a la ocupación tradicional, a la "usurpación" y a las circunstancias en las cuales procede la compensación. Será necesario tomar medidas a más largo plazo, para complementar las medidas relativas al reasentamiento, en lo que se refiere a las cuestiones de salud.

La representante gubernamental indicó que una comisión ha sido creada a nivel del Gobierno de la India para examinar los aspectos de la rehabilitación y el reasentamiento, dirigida por el secretario del Departamento de Bienestar. En la medida en que se traten cuestiones ambientales, intervendrá otro subgrupo dirigido por el secretario del Departamento de Cuestiones de Medio Ambiente. Declaró que la información sobre el número de familias afectadas tal como se indica, figura en el censo de 1981 y que las informaciones acerca del número exacto de familias que han sido afectadas por el proyecto será comunicada tan pronto como se termine un completo estudio que se está realizando sobre el tema y expresó la esperanza de que esto sea antes de la reunión de la Comisión en 1992. Con respecto al Banco Mundial, la representante gubernamental subrayó que éste suministra asistencia únicamente después de haber estudiado exhaustivamente cada aspecto, por lo cual se tiene en cuenta la dimensión social antes de examinar el asunto. En cuanto a las cuestiones ambientales, añadió que su Gobierno tiene un plan más detallado de acción que someterá a la Comisión oportunamente. En relación con los derechos de propiedad de la tierra y de lo que debe entenderse por "ocupación tradicional" y "usurpación", la oradora se refirió a la declaración del representante gubernamental durante la última reunión. Aseguró a la Comisión que la cantidad de tierras necesarias para el reasentamiento de las personas afectadas es adecuada y que no hay problema en relación con este aspecto.

Los miembros trabajadores refiriéndose al punto relativo al Banco Mundial pusieron de relieve que éste no puede evaluar las dimensiones sociales de los proyectos ya que no tiene la competencia necesaria para hacerlo, así como la OIT no tiene la posibilidad de asesorar al Banco Mundial acerca de los aspectos financieros de sus préstamos. La OIT es el organismo que puede asesorar al Banco Mundial sobre las dimensiones sociales de los proyectos.

La Comisión tomó nota de la información verbal y escrita suministrada por el Gobierno. Tomó nota con interés de las medidas que han sido tomadas para asegurar la aplicación del Convenio. Lamentó, sin embargo, que en la última memoria el Gobierno no haya suministrado toda la información solicitada. Recordando la preocupación que ha sido siempre expresada con respecto a la situación de las poblaciones tribales, la Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno continuará tomando todas las medidas necesarias en beneficio de estas poblaciones con miras a asegurar la plena aplicación del Convenio en derecho y en la práctica. Instó al Gobierno a que comunique un informe detallado tal como ha sido solicitado por la Comisión de Expertos.