Caso individual (CAS) - Discusión: 2011, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

El Gobierno proporcionó la siguiente información escrita.

En marzo de 2010, el Gobierno de Zimbabwe aceptó las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Aceptó también el apoyo (técnico y financiero) ofrecido por la Oficina. En agosto de 2010, la OIT lanzó un conjunto de medidas de asistencia de la OIT a la vez que una reunión informativa de alto nivel en Harare en la que participaba la Oficina Internacional del Trabajo y altos funcionarios del Gobierno procedentes de los Ministerios de Trabajo, Administración Pública, Justicia, Interior, Exterior, Oficina del Presidente y Gabinete, Comisión de la Administración, Oficina del Fiscal General, Tribunal Laboral y la Oficina del Defensor del Pueblo. Entre septiembre y diciembre de 2010, se puso en marcha, con el concurso de los interlocutores sociales, una hoja de ruta de las actividades fundamentales de aplicación. Durante este período se iniciaron consultas con amplios sectores sobre la armonización y el examen de la legislación laboral. En febrero de 2011, en consulta con los interlocutores sociales, se revisaron los plazos de aplicación de las actividades consensuadas. Estos adoptaron una nueva hoja de ruta sobre las cuestiones fundamentales. En marzo de 2011, el Ministerio contrató a la Oficina (el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo) para que finalice los programas y el presupuesto durante la 310.ª reunión del Consejo de Administración. En abril de 2011, se iniciaron las actividades consensuadas con el apoyo de la Oficina. En mayo-junio de 2011, la Oficina finalizó los programas y módulos destinados a ser utilizados en las reuniones de diálogo y los programas de capacitación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios judiciales.

El Gobierno proporcionó la siguiente información en relación con la aplicación de las actividades acordadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 1) El 20 de abril de 2011 se realizó una reunión del Gobierno para examinar los principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral en la Cámara de Compensación. La reunión tuvo lugar y se han tenido en cuenta los comentarios formulados en ella. 2) La reunión técnica tripartita sobre el siguiente asunto: Principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral se tenía que celebrar el 27 de abril de 2011 en las Rainbow Towers de Harare pero fue aplazada hasta el 18 de mayo de 2011. 3) La planificación bilateral entre el Ministerio del Trabajo y los Servicios Sociales y el Ministerio de la Juventud en relación con la formulación de un plan de aplicación del marco de políticas de empleo y la preparación de un orden del día de la reunión inaugural del Foro sobre Empleo se realizó los días 28 y 29 de abril en las Rainbow Towers de Harare. Se formuló el concepto rector de la reunión inaugural del Foro sobre Empleo. 4) La reunión inaugural del Comité Directivo del Programa de Trabajo Decente por País se celebró el 4 de mayo de 2011 en las Rainbow Towers de Harare. El Ministerio elaboró el mandato de la Comisión que fue acordado por los interlocutores sociales. La reunión se celebró, y fue oficialmente abierta por su excelencia el Ministro. 5) El 5 de mayo de 2011, se abordaron las cuestiones siguientes: a) seguimiento por parte de la Oficina del Fiscal General de la lista de sindicalistas que tienen casos pendientes en virtud de la Ley de Seguridad y Orden Público (POSA); b) comunicación con el Ministerio de Justicia. Los comentarios y las solicitudes directas sobre cuestiones relativas al Reglamento (General) de Prisiones (Convenio núm. 29) y la Codificación de la Legislación Criminal y la Ley de Reforma (Convenio núm. 105); c) comunicación con el Departamento de Servicios Sociales, a saber, Reforma de la Ley sobre la Infancia, a raíz de las observaciones de la CEACR, en el contexto del Convenio núm. 182, y d) comunicación con la NSSA-OHS en el marco de las observaciones de la CEACR relativas a los Convenios núms. 81 y 155. Se trata de cuestiones legislativas que la CEACR plantea con respecto a otras leyes relativas a cuestiones laborales. La Oficina del Fiscal General está estudiando la cuestión de los casos pendientes de sindicalistas. 6) El 18 de mayo de 2011 se realizó una reunión técnica tripartita sobre los principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral en las Rainbow Towers de Harare. El Ministro presentó un proyecto de base y se adoptaron los 11 principios provisionales. El Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) propuso nuevos principios provisionales que deben considerarse durante el período del 12 al 15 de julio de 2011. Se acordaron las fechas del mismo. 7) El 20 de mayo de 2011 se realizó la reunión inaugural del Foro del Empleo en las Rainbow Towers de Harare. El Foro del Empleo empezó y en él participaron los interlocutores sociales. 8) Los días 23 y 24 de mayo de 2011 se llevó a cabo un seminario tripartito sobre diálogo social, haciendo especial hincapié en el programa legislativo sobre las cámaras de diálogo social; lecciones del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo – NEDLAC en el Hotel Kadoma. Los interlocutores sociales participaron en el seminario. Se trató del preludio de las negociaciones sobre los principios legislativos del Foro de Negociación Tripartito (TNF) que tuvieron lugar entre el 12 y el 15 de julio. 9) Los días 26 y 27 de mayo de 2011 se llevó a cabo el primer seminario de creación de capacidades para orientar a los nuevos miembros del Comité Directivo del Programa de Trabajo Decente por País en el Hotel Kadoma. Se admitió a miembros escogidos en el Gobierno, el ZCTU y la EMCOZ. 10) El 26 de mayo de 2011 tenía que realizarse una reunión de los principales miembros del Gobierno y de los interlocutores sociales para examinar los principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral en la Sala de reuniones del 12.º piso, de la Cámara de Compensación que tuvo que aplazarse, y no se celebrará hasta que los directores hayan examinado los principios provisionales de la Comisión Técnica. 11) El 27 de mayo de 2011 los funcionarios de los correspondientes ministerios del Gobierno tenían que emprender la finalización del Memorando de la Comisión del Gabinete sobre Legislación (CCL) en la Sala de reuniones del 12.º piso, de la Cámara de Compensación. Esto tuvo que posponerse y solamente se llevará a cabo cuando los directores hayan considerado los principios provisionales de la Comisión Técnica. 12) El 30 de mayo de 2011 tienen que presentarse los principios de la CCL. Esto sucederá cuando los directores hayan examinado los principios provisionales. 13) Los días 12 y 15 de julio de 2011 está previsto realizar una reunión para formular los principios del Foro Tripartito de Negociación (TNF) en el Troutbeck Inn de Nyanga. La Comisión Técnica del TNF fue la encargada de concebir los principios provisionales. 14) El 19 de julio de 2011 está previsto realizar una mesa redonda sobre la relación entre las Normas Internacionales del Trabajo y la Legislación Nacional respecto al Comité de Derechos Humanos, el Organismo para Reparación, Reconciliación e Integración Nacional, la Oficina del Defensor del Pueblo y los interlocutores sociales en las Rainbow Towers de Harare. El programa está siendo desarrollado por la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo). 15) Del 20 al 22 de julio de 2011 está previsto realizar el primer seminario de creación de capacidades para los organismos encargados de hacer cumplir la ley (abarcará la totalidad de las diez provincias si los recursos lo permiten), en las Rainbow Towers de Harare. El programa está siendo desarrollado por la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo). 16) Del 25 al 29 de julio de 2011 está previsto realizar el primer seminario de creación de capacidades para los funcionarios judiciales e inspectores del trabajo (abarcará la totalidad de las diez provincias si los recursos lo permiten), en el Hotel Kadoma. El programa está siendo desarrollado por la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo). 17) Los días 2 y 3 de agosto de 2011 está previsto realizar una reunión entre los funcionarios del Ministerio y los Secretarios Generales de todos los Consejos de Empleo para debatir las observaciones de la CEACR relativas a la aplicación del Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) en la legislación, en Nyanga. Deberá debatirse la cuestión del apoyo de la OIT a la reunión, ya que ha surgido únicamente una vez examinadas las observaciones atrasadas de la CEACR. 18) Del 26 al 30 de septiembre de 2011 está previsto realizar un segundo seminario de creación de capacidades para los funcionarios judiciales e inspectores del trabajo, en el Hotel Kadoma. Las fechas han sido acordadas entre la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo) que es el facilitador. 19) Del 12 al 16 de diciembre de 2011 está previsto realizar el tercer seminario de creación de capacidades para los funcionarios judiciales e inspectores del trabajo, en el Hotel Kadoma. Las fechas han sido acordadas entre la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo) que es el facilitador.

Por último, el Gobierno de Zimbabwe ha adoptado todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y las solicitudes correspondientes de la Comisión de Expertos. Como hemos visto más arriba, el Gobierno de Zimbabwe está cooperando con los interlocutores sociales y la Oficina. En su próxima memoria, el Gobierno pretende presentar un informe exhaustivo relativo a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Además, ante la Comisión, una representante gubernamental, Ministra de Trabajo y Servicios Sociales recordó que su Gobierno ha aceptado las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y se compromete plenamente a aplicarlas, con la asistencia técnica de la Oficina, que, junto con el Gobierno y los interlocutores sociales, lanzó un «conjunto de medidas de asistencia técnica» en agosto de 2010. El Gobierno y los interlocutores sociales aprobaron entonces una hoja de ruta que cubre las principales cuestiones que es preciso abordar. Aunque lamentó que por ahora se hayan realizado pocos progresos debido a ciertos obstáculos administrativos, afirmó que se ha iniciado el trabajo con base en la hoja de ruta acordada. Indicó que su Gobierno y los interlocutores sociales han acordado, en el plano técnico, un proyecto de los principios para la armonización y revisión de la legislación laboral, que tiene en cuenta los comentarios y las observaciones de la Comisión de Expertos, así como las recomendaciones legislativas de la Comisión de Encuesta. En julio de 2011, se convocará una reunión de Ministros de Trabajo y de la Función Pública para examinar el borrador de los principios antes de presentarlos al Gabinete para su aprobación. Por otra parte, ya se ha comenzado la labor de creación de un mecanismo independiente de diálogo social. El Gobierno y los interlocutores sociales se reunirán en julio de 2011 para finalizar el borrador de los principios para la legislación sobre el Foro Tripartito de Negociación (TFN). Además, se ha emprendido la labor de dar efecto a la recomendación de la Comisión de Expertos relativa a la promoción del empleo de conformidad con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). El marco de políticas nacionales de empleo, que se formuló con la participación de los interlocutores sociales, ya está en vigor y se ha lanzado el foro de empleo, que es el órgano responsable de la coordinación de la aplicación de las políticas nacionales de empleo. Está previsto llevar a cabo otras acciones de creación de capacidades a principios de julio de 2011. Éstas contarán con la participación de los funcionarios gubernamentales, incluidos los de los órganos de aplicación de la ley, que en sus tareas diarias tratan con los trabajadores. La idea consiste en impartir conocimientos sobre normas laborales internacionales, no sólo a funcionarios gubernamentales del Ministerio de Trabajo, sino también en los órganos y a los funcionarios de alto grado que se ocupan de la aplicación de la Ley de Seguridad y Orden Público (POSA). Se espera una transformación y un nuevo enfoque por parte de estos departamentos de las cuestiones relacionadas con los trabajadores y empleadores organizados. También se organizarán sesiones de debates sobre las normas laborales internacionales y los derechos humanos en el mundo del trabajo con el Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe y la Oficina del Defensor del Pueblo. Se han creado estos nuevos órganos en aras de la cohesión nacional y los derechos humanos. La meta del Ministerio de Trabajo consiste en asegurar que se integran los derechos humanos en el mundo del trabajo. Instó a la Comisión a dar una oportunidad a estas sesiones de debates y los programas de creación de capacidades. Asimismo, indicó que todos los asuntos pendientes mencionados por la Comisión de Expertos se están examinando en este contexto. El Gobierno está analizando el alegato relativo al exilio forzoso del secretario general del Sindicato General de Trabajadores de la Agricultura y de las Plantaciones de Zimbabwe. Se ha sometido a la Oficina del Fiscal General la lista de los sindicalistas que presuntamente fueron detenidos en virtud de la POSA mientras efectuaban labores sindicales, como se indica en el informe de la Comisión de Encuesta. La Oficina del Fiscal General ha señalado que está actuando de enlace con todos los fiscales de zona con vistas a determinar la naturaleza de los hechos. La oradora esperaba recibir en el momento oportuno información de la Oficina del Fiscal General a este respecto. Terminó agradeciendo a la Comisión que haya brindado a su delegación la oportunidad de informar sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, que en su opinión no debe verse como un hecho, sino como un proceso. Asimismo, agradeció a la Oficina el apoyo brindado y el camino que el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo ha accedido seguir recorriendo con Zimbabwe. Puede que su Gobierno esté un poco rezagado, pero está decidido a cumplir su parte del trato. Para expresar su voluntad política y su compromiso, el Ministro de la Función Pública y el Presidente de la Comisión de la Función Pública están presentes en la Conferencia, además de los delegados procedentes del Ministerio de Trabajo. Si su Gobierno figurase en la lista de la próxima reunión de la Comisión, estaría preparado para informar sobre el progreso realizado en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Los miembros empleadores recordaron que se trata de la cuarta vez que se examina la aplicación de las disposiciones del Convenio por parte de Zimbabwe. En 2007 y 2008, las conclusiones de la Comisión de la Conferencia se incluyeron en un párrafo especial (en 2008, el párrafo especial trató la falta continua de incumplimiento del Convenio). Durante las últimas dos discusiones sobre este caso, el Gobierno no se presentó ante la Comisión. En las conclusiones de 2008, la Comisión instó a otros gobiernos que han ratificado el Convenio a que consideren seriamente presentar una queja en el marco del artículo 26 e instaron al Consejo de Administración a que apruebe una Comisión de Encuesta con arreglo al artículo 26 de la Constitución de la OIT. Las quejas examinadas por la Comisión de Encuesta creada en 2009 se refieren sobre todo a los graves alegatos de violaciones de las libertades civiles básicas, incluidos el arresto prácticamente sistemático, la detención, el hostigamiento y la intimidación de los líderes sindicales y de los afiliados que ejercen actividades sindicales legítimas. En sus recomendaciones, la Comisión solicitó: la armonización de los textos legislativos pertinentes, y en particular la Ley del Trabajo, la Ley de la Administración Pública y la POSA, con los Convenios núms. 87 y 98, como lo solicitaron los órganos de control de la OIT; el cese con efecto inmediato de todas las prácticas antisindicales, como figura en su memoria; que se ponga en funcionamiento, lo antes posible, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe y que esté dotada de los recursos adecuados; las disposiciones en materia de formación sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, las libertades civiles y los derechos humanos para el personal clave en el país, sobre todo la policía, las fuerzas de seguridad y los interlocutores sociales; el refuerzo del Estado de derecho y el papel de los tribunales en Zimbabwe, garantizando que los tribunales son respetados, dotados de los recursos adecuados y puedan recibir la formación y el apoyo adecuados; el fortalecimiento continuo del diálogo social; y la continuación de la asistencia técnica de la OIT en estos ámbitos. Volviendo a las observaciones realizadas por el Gobierno, observaron que el Gobierno sólo se ha centrado en las dos últimas cuestiones dejando de lado el contexto importante. Instaron al Gobierno a que examine las otras cuestiones.

Los miembros trabajadores señalaron que este caso ya había sido examinado en varias ocasiones por esta Comisión y que en noviembre de 2008 dio lugar a la presentación de una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, alegando el incumplimiento por parte del Gobierno de los Convenios núms. 87 y 98. La Comisión de Encuesta creada para examinar dicha queja presentó su informe al Consejo de Administración en marzo de 2010. En sus memorias relativas a la aplicación de los citados Convenios, el Gobierno se comprometió a cooperar con la OIT y a respetar las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta, sobre todo a enmendar la legislación vigente a fin de ponerla en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98; a cesar inmediatamente las prácticas antisindicales; a continuar con el proceso iniciado en el marco de la Comisión de Encuesta permitiendo la audición de las personas por la Comisión de Derechos Humanos y por el Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional; a ofrecer formación al personal clave en el país en lo que respecta a la libertad sindical y la negociación colectiva, las libertades públicas y los derechos humanos; a reforzar el marco jurídico y el papel de los tribunales y del diálogo social y a continuar su colaboración con la OIT. En marzo de 2010, el Gobierno aceptó estas distintas recomendaciones, y en agosto de 2010, se puso en marcha el programa de asistencia técnica de la OIT. En cuanto a las informaciones escritas comunicadas por el Gobierno, los miembros trabajadores subrayaron que pese a la aprobación de las conclusiones y de las recomendaciones mencionadas anteriormente, se han alcanzado muy pocos resultados tangibles a pesar de las múltiples reuniones que ya se han celebrado y que se van a celebrar. En agosto de 2010, el Gobierno anunció su intención de revisar la POSA, para prohibir que pueda ser invocada contra los sindicatos, reconociendo la necesidad de llevar a cabo una campaña de sensibilización destinada a la policía y las fuerzas de seguridad. El Gobierno debe ahora demostrar la existencia de textos legislativos pertinentes. En efecto, parece que a pesar de la elaboración, en concertación con los interlocutores sociales, de una hoja de ruta para la realización de actividades esenciales, el hostigamiento y las detenciones antisindicales siguen existiendo, no sólo de los dirigentes del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) sino también de los otros sindicatos, en particular del Sindicato General de Agricultura y Trabajadores de las Plantaciones de Zimbabwe (GAPWUZ). Haciendo hincapié en la importancia que conceden a la aplicación en derecho y en la práctica de los principios de libertad sindical, los miembros trabajadores lamentaron la falta de información facilitada por el Gobierno en cuanto a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta relativas a la elaboración efectiva de un calendario con miras a poner en conformidad la legislación con el Convenio; la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe conozca las violaciones de los derechos humanos y de los derechos sindicales perpetradas desde 1990; la participación efectiva del Gobierno en la preparación de las actividades de formación previstas en la hoja de ruta (especialmente la que está previsto realizar en septiembre destinada a la policía y las fuerzas de seguridad) y con miras a demostrar que hace suyas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta; la participación de los representantes de las jurisdicciones laborales y penales en las actividades previstas en diciembre de 2011 relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho y del papel de los tribunales; el fomento del diálogo social en la elaboración de políticas relativas al empleo. Por último, subrayaron la necesidad de la OIT de encontrar la financiación adecuada para las actividades de cooperación técnica previstas en el marco de la Comisión de Encuesta y de desarrollar una cooperación eficaz con el resto de los organismos internacionales a este respecto.

El miembro trabajador de Zimbabwe recordó que este era el primer examen de este caso tras el establecimiento, en 2009, de la Comisión de Encuesta que visitó Zimbabwe y recabó información entre las personas que se habían ofrecido voluntariamente a relatar sus experiencias relativas a violaciones de los derechos humanos y sindicales. El orador recordó también que, a raíz de la aceptación por parte del Gobierno de Zimbabwe de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la OIT propuso un «paquete de asistencia técnica» en apoyo de su aplicación. Lamentablemente, en vez de aprovechar el «paquete», el Gobierno había esperado hasta el mes de mayo, antes de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebraría en junio de 2011, para organizar reuniones sin sustancia. Añadió que, si bien un comité técnico tripartito participaba en la reforma de la legislación laboral, ese proceso se estaba prolongando más de lo esperado. El ZCTU manifestó su preocupación por el ritmo letárgico del Gobierno. El orador recordó que la reforma de la legislación laboral tuvo su origen en una modificación poco sistemática de la Ley de Relaciones del Trabajo, acometida en 1992 y 1996, y continuada en 2002 mediante la armonización de la Ley sobre la Administración Pública y la Ley del Trabajo, antes de que se procediera a desarmonizarlas nuevamente para volver al status quo de 2002. En vez de aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el Gobierno ha pisoteado los derechos sindicales mediante la detención de trabajadores y la denegación de su derecho constitucional a conmemorar acontecimientos reconocidos internacionalmente, entre ellos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2011, el Día de los Trabajadores, el 1.º de mayo de 2011 y el Día de la Salud y la Seguridad, el 6 de junio de 2011. En Harare y Bulawayo, por ejemplo, el ZCTU comunicó a la policía su intención de celebrar el Día Internacional de la Mujer. En Harare, las marchas fueron prohibidas. En Bulawayo, la policía había denegado el permiso para cualquier conmemoración. El 7 de marzo de 2011 el ZCTU solicitó al Tribunal de Magistrados la legalización de las conmemoraciones. El Tribunal concedió el permiso. Sin embargo, el día de la conmemoración, unos 30 agentes de policía con porras antidisturbios interrumpieron el acto y detuvieron a 19 dirigentes sindicales. Otros 20 agentes allanaron el lugar y amenazaron a toda persona que se atreviera a participar en la conmemoración. La policía impidió al ZCTU conmemorar el 1.º de mayo y denegó el permiso para las marchas en muchos centros de todo el país. Consciente de las graves consecuencias que ello tendría en la moral de los trabajadores, el ZCTU solicitó urgentemente al Tribunal Supremo que impugnara la práctica de denegación sistemática. A pesar de la orden de permitir que todas las conmemoraciones del ZTCU se desarrollaran sin interferencia policial, en algunos centros, la policía impidió que los actos se llevaran a cabo. El orador sostuvo que algunas de las recomendaciones de la Comisión se podrían haber aplicado sin la financiación de la OIT. Por ejemplo, el Gobierno podría haber ordenado a la policía y a otros organismos de seguridad que no interfirieran en las actividades sindicales, tal como lo garantiza el artículo 26 de la POSA. Además, podría haber asegurado el cese de todas las prácticas antisindicales, en particular en lugares en que los trabajadores fueron despedidos por sus actividades sindicales, como ocurrió con todo el Comité Ejecutivo Sindical del sector postal y de telecomunicaciones, incluido el orador. Como muestra de su buena voluntad, el Gobierno podría haber retirado las demandas judiciales contra los sindicalistas, según fue solicitado por la Comisión de Encuesta. En la actualidad, la Sra. Gertrude Hambira está exiliada tras recibir amenazas de oficiales superiores del ejército en relación con sus actividades sindicales. Por tercera vez, la Comisión de Expertos recordó que los funcionarios públicos y el personal de los servicios penitenciarios deben disfrutar del derecho de negociación colectiva. Aparentemente, la actual reforma de la legislación laboral mantiene la Ley del Trabajo y la Ley sobre la Administración Pública como dos leyes separadas, una para el sector privado y la otra para la administración pública. El ZCTU manifestó sus sospechas de que, mediante el mantenimiento de dos instrumentos legislativos separados, el Gobierno obstaculiza la demanda de los funcionarios públicos de afiliarse al ZCTU. El derecho de huelga no existe, a menos que los trabajadores recurran ilegalmente a medidas laborales colectivas. En muchos casos, las huelgas se politizan y se penalizan, lo que da lugar a arrestos, torturas y detenciones de trabajadores. En julio de 2009, el Foro Tripartito de Negociación (TNF) realizó un viaje de estudio a Sudáfrica, con el fin de aprender de la experiencia sudafricana la manera de lograr la aplicación práctica del tripartismo. Aunque fue una buena gira de aprendizaje, no arrojó ningún resultado concreto. Además de la firma y la puesta en marcha de la Declaración de Kadoma por el Presidente, el TNF no se ha reunido desde entonces para abordar su función normativa. El ZCTU pidió al Gobierno que fijara plazos precisos para completar la labor de reforma de la legislación del trabajo y asegurar que los funcionarios públicos, así como el personal del servicio penitenciario y de la policía, disfruten del derecho de negociación colectiva en el marco del Consejo Nacional del Empleo (CNE), en el marco de una única legislación laboral armonizada. Por último, manifestó que la aplicación de las recomendaciones críticas relativas a las libertades civiles, la primacía del derecho y la buena gobernanza no requieren financiamiento y se podrían haber puesto en práctica. El Gobierno debería informar a la Comisión acerca de las razones por las que no lo ha hecho.

El miembro empleador de Zimbabwe señaló que el Gobierno compareció ante la Comisión de la Conferencia para informar sobre el seguimiento dado a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, que ha aceptado plenamente. El orador no tiene conocimiento de las alegaciones de incumplimiento formuladas por el miembro trabajador de Zimbabwe; de otro modo, habría convocado inmediatamente una reunión del TNF. Es necesario plantear tres puntos: la información por escrito facilitada por el Gobierno; la situación del diálogo social en Zimbabwe; y la elección del Gobierno de Zimbabwe para formar parte del Consejo de Administración de la OIT. En lo que respecta al primer punto, declaró que la memoria del Gobierno sobre las medidas adoptadas hasta la fecha para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta es exacta. En relación con el segundo punto, aunque reconoce que el diálogo social aún se enfrenta a enormes problemas, se declaró optimista al respecto y declaró que el país tiene que sentarse a la mesa a encontrar soluciones con la participación de los interlocutores sociales. Aunque cree que el Gobierno es sincero y está haciendo cuanto puede, esto sin embargo no implica que estén infundadas las alegaciones de violación de los Convenios núms. 87 y 98. Los actos que resultan del fracaso del diálogo social se originan en otras instancias del Estado que tal vez no entiendan el diálogo social. A este respecto, se espera con interés la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. En cuanto al tercer punto, agradece a los gobiernos que hayan elegido al Gobierno en el Consejo de Administración, lo que representa un honor para el país. Aunque algunos miembros de la OIT consideran que Zimbabwe no debiera ser elegido debido a las continuas alegaciones de violación de los Convenios núms. 87 y 98, estimó que el Gobierno es consciente de la importante responsabilidad que está asumiendo al ocupar su lugar en el Consejo de Administración de la OIT, pues sus miembros tienen un mayor nivel de responsabilidad que otros miembros de la OIT que no son partes de ese Consejo. Tal nivel de responsabilidad reforzará las responsabilidades del Gobierno con respecto al cumplimiento de los convenios de la OIT. Concluyó subrayando que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta constituyen para Zimbabwe un sólido fundamento y que los avances realizados en su aplicación hasta la fecha han mostrado que hay margen para mejorar. Se deberá acelerar el proceso de aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

La miembro gubernamental de Hungría, hablando en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) presentes en la Conferencia, así como de países candidatos a la adhesión (Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro e Islandia), candidatos potenciales (Albania, y Bosnia y Herzegovina), Noruega y la República de Moldova, tomó nota con interés de la puesta en marcha del conjunto de medidas de asistencia técnica de la OIT en agosto de 2010, cuyo fin es apoyar al Gobierno y a los interlocutores sociales para que apliquen las recomendaciones de la Comisión de Encuesta con el fin de asegurar la plena libertad sindical y la protección del derecho de sindicación en el país. Recordando la declaración del Gobierno en respuesta al informe de la Comisión de Encuesta de 2009 de que las recomendaciones se aplicarían en el contexto de su actual programa de reforma legislativa e institucional y que se acogía con beneplácito el apoyo de la OIT, manifestó la firme esperanza de que pronto finalicen la tan esperada armonización de las leyes del trabajo y la modificación de la Ley del Trabajo y la Ley del Servicio Público y que la legislación se ponga plenamente en conformidad con el Convenio. Tomando nota con pesar de las alegaciones presentadas por el ZCTU relativas a la prohibición de las actividades sindicales, instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar, en la legislación y en la práctica, el derecho de los sindicatos a organizarse sin interferencia alguna, incluida la de la policía y las fuerzas de seguridad. En particular, instó al Gobierno a que vele por que no se utilice la POSA para infringir los derechos legítimos de los sindicatos, incluido el derecho de las organizaciones de trabajadores a expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno. Recordando al Gobierno su firme compromiso, expresado cuando se puso en marcha el conjunto de medidas de asistencia técnica de la OIT, de aplicar las recomendaciones de la Comisión, le instó a que tome todas las medidas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de todos los aspectos del Convenio y a que garantice con ello el pleno respeto de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

La miembro gubernamental de Suiza se alineó a las manifestaciones de la miembro gubernamental de Hungría.

El miembro gubernamental de Swazilandia consideró que se debería felicitar a Zimbabwe por comprometerse a aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y aceptar la asistencia de la OIT. El Gobierno expresó el compromiso y la voluntad de tomar todas las medidas necesarias para abordar los comentarios formulados por la Comisión de Expertos: se ha elaborado, en consulta con las partes interesadas, una hoja de ruta para la aplicación de recomendaciones y se ha emprendido la armonización y revisión de la legislación laboral. El orador agradeció a la OIT su apoyo continuo a Zimbabwe y solicitó a la Comisión que dé a Zimbabwe la oportunidad de aplicar plenamente las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y presentar un informe de progreso técnico a tiempo para que lo examine la Comisión de Expertos.

El miembro trabajador de China recordó que en el informe de la Comisión de Expertos se declara que los constituyentes tripartitos en Zimbabwe han identificado siete actividades prioritarias que han de llevarse a cabo entre septiembre y diciembre de 2010, y que se están desarrollando, en consulta con los interlocutores sociales, otras actividades que se han de realizar en 2011. Subrayó la importancia del diálogo social como un inestimable mecanismo para reducir las tensiones sociales en épocas de crisis y diseñar las medidas que se adapten a las políticas nacionales. Aunque los sindicatos se sienten alentados por el fortalecimiento del diálogo social, que es fundamental para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el orador no se mostró optimista acerca de ese diálogo en la práctica, puesto que desde hace dos años no hay ninguna reunión tripartita sobre políticas en Zimbabwe. Instó al Gobierno y a los interlocutores sociales a aceptar la necesidad del tripartismo y a aceptar el llamamiento de la ZCTU. Expresó el temor de que la firma de la Declaración de Kadoma y la puesta en marcha de la reforma de la legislación del trabajo tengan más de escaparate que de sustancia. Recordó que las estructuras y el proceso del diálogo social pueden resolver importantes cuestiones económicas y sociales, promover la buena gobernanza, promover la paz y la estabilidad social en el trabajo e impulsar el progreso económico. Para que este diálogo sea efectivo, es necesario el respeto de los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva. Para la eficacia del diálogo social, es esencial contar con organizaciones de trabajadores autónomas, independientes y fuertes, por lo que instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para velar por que la POSA no se utilice para infringir los legítimos derechos de las organizaciones de trabajadores de expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno.

El miembro gubernamental de Namibia tomó nota de que la Comisión de Encuesta finalizó su trabajo en diciembre de 2009 y manifestó su satisfacción de que el Gobierno se ha comprometido a implementar sus recomendaciones. Pidió al Gobierno, empleadores y trabajadores de Zimbabwe que entablen un diálogo social constructivo que lleve a la implementación del Convenio. Además solicitó a la OIT que siguiera ofreciendo asistencia técnica al país.

La miembro trabajadora de Noruega indicó que el informe de la Comisión de Encuesta ofrece información detallada sobre graves violaciones de derechos laborales, sobre frecuentes arrestos, detenciones, asaltos y torturas como armas de intimidación y acoso contra sindicalistas, describe el deterioro de la negociación colectiva y diálogo social y la falta de protección institucional de los derechos de sindicación, e identifica disposiciones legislativas que no están en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98, que deben ser derogados. Aunque el Gobierno ha aceptado las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la situación no ha mejorado, lo que demuestra una falta de voluntad política de implementar las recomendaciones. Instó al Gobierno a que hiciera un seguimiento e implementara las recomendaciones de la Comisión en su totalidad para que la legislación y la práctica nacional estén en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. Para que los sindicatos en Zimbabwe puedan ejercitar su derecho de libre asociación, expresión y movimiento es imperativo que se deroguen todas las leyes represivas, como la POSA. El Gobierno tiene que desistir de interferir en las actividades de los sindicatos, dejar de acosar a los dirigentes sindicales y sus miembros y retirar todos los cargos pendientes contra sindicalistas bajo la POSA. Sólo se puede tener un diálogo constructivo y significativo en un ambiente de entendimiento común, confianza y respeto mutuo de los interlocutores sociales; desafortunadamente este ambiente en la actualidad es una ilusión.

La miembro gubernamental de Cuba declaró que el Gobierno está realizando esfuerzos positivos para cumplir con el Convenio y destacó la función importante que ha tenido la cooperación técnica de la OIT. Señaló que se tiene que tener en cuenta que el Gobierno ha ejecutado el conjunto de medidas de asistencia técnica de la OIT y recordó algunas de las medidas destacadas por el Gobierno, entre ellas las reuniones celebradas para examinar los principios provisionales de armonización y revisión de la legislación nacional. Concluyó destacando que los hechos muestran la voluntad política del Gobierno por cumplir con las disposiciones del Convenio y alentó al Gobierno a seguir manteniendo un diálogo abierto con los interlocutores sociales y a dar continuidad a la cooperación técnica.

El miembro trabajador de Ghana llamó la atención sobre el gran número de violaciones de los derechos sindicales que son responsabilidad del Gobierno y sobre su incapacidad para crear un entorno propicio para el libre ejercicio del derecho de libertad sindical. Los empleadores en Zimbabwe atropellan los derechos de los trabajadores y pocas veces se enfrentan a consecuencias negativas. Por el contrario, a menudo pueden contar con el apoyo del Gobierno. Se refirió a incidentes concretos que comprenden agresiones físicas en contra de los sindicalistas y despidos y multas como represalias por la participación en huelgas. Esto ilustra la forma en que la falta de aplicación de los derechos sindicales por parte de las autoridades, alienta a otras partes, incluido algunos empleadores del sector público a violar estos derechos, lo que es inaceptable. El orador expresó la esperanza de que la Comisión de la Conferencia reconocería esta situación en sus conclusiones.

El miembro trabajador de Zambia recordó que los derechos sindicales son derechos humanos, y que el logro de cualquier progreso social se basa en el respeto y la aplicación efectiva de estos derechos fundamentales. Tomó nota de los esfuerzos de los gobiernos locales, pero lamentó que las constantes tensiones políticas conduzcan a violaciones de los derechos de los sindicatos. Condenó los más de 119 casos de vulneración de los derechos sindicales que se han producido en los últimos dos años y denunció la actitud de la policía que a menudo incumple las sentencias de los tribunales. Concluyó afirmando que la libertad sindical, un derecho consagrado en el Convenio, ratificado por Zimbabwe en 2003, no se ha aplicado en la práctica y que ello ha puesto gravemente en tela de juicio la voluntad del Gobierno de aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

La miembro trabajadora del Brasil hizo referencia a la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para implementar el Convenio e indicó que no existen razones técnicas para que Zimbabwe figure en la lista de casos de la Comisión por incumplimiento del Convenio, ya que se han realizado progresos. Criticó que se utilice el pretexto del Convenio para presionar a un país por motivos políticos e intereses económicos. Señaló que desde que el país empezó a exigir el cumplimiento del acuerdo sobre la devolución de las tierras se han impuesto sanciones económicas, todo ello debido a que el país quiere desarrollar una economía nacional independiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Expuso que los ataques se deben a las riquezas minerales y que los países del norte han construido gran parte de su riqueza teniendo por base la esclavitud, la colonización y una política agresiva de saqueo y de violencia contra los países del sur. Insistió en que es necesario que esta Comisión se fije en los hechos concretos y felicite al país por sus esfuerzos por cumplir las recomendaciones de la OIT y apoye su lucha para mantener el control sobre sus recursos. Concluyó insistiendo en que es un grave error aceptar que las grandes multinacionales sigan presionando para que se incluya en la lista a países por motivos lejanos a los fundamentos de la OIT.

La representante gubernamental agradeció el apoyo expresado por la hoja de ruta que su país está siguiendo en la aplicación de las recomendaciones del Comité de Encuesta y en el examen de las cuestiones pendientes planteadas por la de la Comisión de Expertos. El panorama sociopolítico de su país se caracteriza por una dinámica subyacente que fue objeto de otras reuniones, tales como la de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la Unión Africana. Subrayó que la totalidad del panorama de Zimbabwe se está reformando y el mercado laboral forma parte de esta evolución; las incidencias y los asuntos mencionados así como las continúas limitaciones a las actividades o reuniones de los sindicatos citadas anteriormente son el tema clave de las actividades programadas a partir de julio de 2011. La Oficina trabajará con el Ministerio en Harare en julio de 2011, y a la vez se iniciarán reuniones con miras a entablar un diálogo con los organismos gubernamentales pertinentes. Se trata de cambiar la evolución de las tendencias, que sólo se podrá lograr mediante el intercambio de conocimientos. Por ello, solicitó de nuevo a la Comisión que le dé la oportunidad de implementar los objetivos de su Gobierno, con el apoyo de la Oficina. La voluntad política y el compromiso del Gobierno son incuestionables; el Gobierno ha aceptado con sinceridad las recomendaciones del Comité de Encuesta y ha planificado una serie de actividades que se llevarán a cabo para cumplir con esas recomendaciones, actividades que constituyen la piedra angular de la hoja de ruta acordada que la Oficina viene apoyando.

Los miembros empleadores indicaron que esperaban algo que fuera más concreto y tangible en vez de tan sólo una expresión de buena fe. A diferencia de los debates anteriores, el de hoy ha sido constructivo. Sin embargo, el Gobierno ha dado más importancia al proceso que al fondo. El Gobierno debe iniciar y adoptar cambios de fondo en línea con los requisitos del Convenio. Se debe dar prioridad a aquellas partes de la ley y la práctica que infringen las libertades individuales y civiles. Los miembros empleadores apoyaron las recomendaciones de los miembros trabajadores y pidieron que las conclusiones se incluyeran en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Los miembros trabajadores observaron que el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, muy precisas y nada equívocas, constituye el elemento central de la discusión. Entre las recomendaciones dirigidas a las autoridades, figuran el cese inmediato de las agresiones contra sindicalistas; la creación de una comisión de derechos humanos; la puesta en marcha de formaciones sobre los derechos humanos destinadas a las fuerzas de seguridad; el refuerzo del estado de derecho, y la modificación de la legislación para que esté en conformidad con los convenios. Por consiguiente, los miembros trabajadores expresaron el deseo de que las siguientes recomendaciones figuren en las conclusiones: i) el establecimiento y respeto de un calendario con plazos fijos para poner la legislación de conformidad con el Convenio; ii) la inscripción en el orden del día de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de todas las vulneraciones de los derechos humanos perpetradas desde 1990, así como de las infracciones a derechos sindicales; iii) la adopción de medidas concretas con vistas a la preparación de talleres relativos a la elaboración de líneas de conducta claras para la policía y las fuerzas de seguridad y a la confección y distribución de material de formación, con el fin de otorgar visibilidad al apoyo que el Gobierno proporciona a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta; iv) la ampliación de la participación en las acciones previstas para diciembre de 2011 relativas al refuerzo del estado de derecho y el papel de los tribunales a un público más amplio para no englobar sólo a las jurisdicciones del trabajo, sino también a las penales. Se requiere transparencia para todos los casos juzgados y las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos; v) la reconstrucción del diálogo social y necesidad de que el Gobierno consulte a todos los interlocutores sociales en lo relativo al establecimiento de las nuevas políticas, y vi) la necesidad de que la OIT encuentre los fondos para proseguir su asistencia técnica y comparta sus evaluaciones sobre la situación de Zimbabwe con otras instituciones internacionales para garantizar una mejor colaboración y puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Los miembros trabajadores pidieron al Consejo de Administración que continúe realizando el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y al Gobierno que proporcione, lo antes posible, información detallada en respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos. Por último, apoyaron la propuesta de los miembros empleadores de inscribir las conclusiones sobre este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Los miembros empleadores reafirmaron su acuerdo con las conclusiones de la Comisión. Tras varias consideraciones, a diferencia de otros gobiernos, en el marco de recientes comisiones de encuesta, el Gobierno de Zimbabwe ha aceptado las recomendaciones de la Comisión, y ha formulado una hoja de ruta para la aplicación de esas recomendaciones. Sin embargo, esta hoja de ruta se centra principalmente en el proceso y no en el fondo. Deben demostrarse avances sustanciales durante el próximo año. Los miembros empleadores no apoyaron la propuesta de poner las conclusiones del caso en un párrafo especial del informe de la Comisión este año pero el año próximo revisarán los progresos reales y concretos en relación con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Los miembros trabajadores tomaron nota de la declaración de los miembros empleadores y declararon sentirse incómodos con la negativa de estos últimos de poner las conclusiones de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión. Este caso sigue siendo grave con respecto a las violaciones de las libertades civiles y de la libertad sindical, así como en relación con la situación que enfrentan los dirigentes sindicales. No es cierto que el Gobierno tenga la voluntad política de progresar. Las recomendaciones que figuran en las conclusiones son claras y precisas. Constituyen una hoja de ruta y la OIT debe asegurar un seguimiento permanente de los progresos logrados en la aplicación de esta última. La Comisión de Expertos debe evaluar la situación en su próximo informe. Los miembros trabajadores seguirán de cerca la evolución de la aplicación del Convenio y reexaminarán el caso en la próxima reunión de la Conferencia.

El miembro trabajador de Zimbabwe expresó su decepción en relación con las conclusiones de la Comisión. El orador dijo esperar que el Gobierno de Zimbabwe implemente efectivamente las medidas presentadas ante la Comisión por el representante gubernamental, pero expresó igualmente dudas de que esto ocurriera, debido a la falta de voluntad política.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información escrita y oral comunicada por la representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión recordó que la Comisión de Encuesta, establecida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para examinar la observancia por el Gobierno de Zimbabwe de los Convenios núms. 87 y 98, finalizó su labor en diciembre de 2009 y que su informe fue sometido al Consejo de Administración en su reunión de marzo de 2010. La Comisión recordó que el Gobierno aceptó las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de que los textos legislativos pertinentes se pongan en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98; que se ponga fin de inmediato a todas las prácticas antisindicales — arrestos, detenciones, violencia, tortura, intimidación y acoso, injerencia y discriminación antisindicales; que las instituciones nacionales continúen el proceso iniciado por la Comisión en relación con la posibilidad de que la población pueda comunicar sus testimonios, en particular, en referencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional; que el personal clave del país reciba formación en materia de libertad sindical y negociación colectiva, libertades civiles y derechos humanos; que se fortalezca el imperio de la ley y la función que desempeñan los tribunales; que se fortalezca el diálogo social en el país en reconocimiento de su importancia en el mantenimiento de la democracia; y que continúe la asistencia técnica de la OIT en el país.

La Comisión tomó nota de la declaración de la representante gubernamental, en la que reafirma la voluntad política del Gobierno y su compromiso con la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y expresó su profundo aprecio por la asistencia prestada por la OIT con este fin. Al tiempo que lamentó que apenas se hayan registrado progresos, debido a algunos obstáculos administrativos, afirmó que el trabajo ya había empezado, y que éste había tomado como punto de partida una hoja de ruta consensuada. En particular, se acordó con los interlocutores sociales una serie de proyectos de principios para la armonización y el examen de la legislación laboral, y ello teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión de Encuesta y de la Comisión de Expertos. Además, los interlocutores tripartitos están finalizando la redacción de los proyectos de principios para el Foro Tripartito de Negociación establecido por la ley. Afirmó que las cuestiones relativas a la Ley de Seguridad y Orden Público (POSA) ocupan un lugar preeminente en las reuniones de diálogo mantenidas con los altos funcionarios de los ministerios y organismos pertinentes, de los que espera que transformen y den un nuevo enfoque a aquellas cuestiones que afectan a las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Indicó que su Ministerio está trabajando para incluir los derechos del trabajo en los programas del Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Defensor del Pueblo.

La Comisión tomó nota con preocupación de los nuevos alegatos de violaciones de la libertad sindical en la práctica y, en particular, del relativo al exilio forzoso del secretario general del Sindicato General de Trabajadores de la Agricultura y de las Plantaciones de Zimbabwe (GAPWUZ), así como de varios casos de prohibición de actividades sindicales. A este respecto, la Comisión recordó la importancia que concede al respeto de las libertades civiles fundamentales, entre otras, la libertad y la seguridad de las personas y la libertad de reunión, que son cruciales para el ejercicio efectivo de la libertad sindical y que constituyen un elemento fundamental de los derechos sindicales. La Comisión pidió al Gobierno que garantice que la POSA no se aplique en la práctica de un modo que contravenga este principio fundamental, y que lleve a cabo con los interlocutores sociales un examen exhaustivo de su aplicación en la práctica. La Comisión urgió al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la dirigente del GAPWUZ pueda regresar al país y que se garantice su seguridad.

La Comisión tomó nota del lanzamiento del programa de asistencia técnica de la OIT y de la información oral y escrita que se ha facilitado sobre las actividades que ya se han organizado, así como de las que está previsto organizar antes de que finalice 2011. En particular, la Comisión tomó nota de que se han detectado casos pendientes de sindicalistas arrestados en aplicación de la POSA e instó al Gobierno a que garantice que sin demora se retiren los cargos contra ellos.

La Comisión tomó nota del proceso de reforma y armonización de la legislación laboral que se ha iniciado en el país, y apreció que en este proceso participen los interlocutores sociales. La Comisión instó al Gobierno a que lleve adelante esta labor y a que adopte, con carácter de urgencia, todas las demás medidas encaminadas a la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta y recomendó al Gobierno que elabore una hoja de ruta a estos efectos, con plazos claramente delimitados, que deberían ser estrictamente respetados. Debería ser prioritario que en ella se traten todas las preocupaciones relativas a las libertades civiles fundamentales y a las violaciones de los derechos humanos, incluidas las relativas a los derechos sindicales, que deberían incluirse en el examen que debe efectuar la Comisión de Derechos Humanos. Deberían adoptarse medidas concretas para organizar seminarios encaminados a garantizar que la policía y las fuerzas de seguridad reciban formación en el respeto a los derechos humanos y sindicales y a propiciar la elaboración y promulgación de líneas claras de conducta en esta materia.

La Comisión expresó la firme esperanza de que, en un futuro próximo, la legislación y la práctica estén plenamente en conformidad con las disposiciones del Convenio, alentó al Gobierno a seguir cooperando con la OIT y los interlocutores sociales en este sentido y pidió al Gobierno que comunique una memoria detallada a la Comisión de Expertos para que sea examinada en su próxima reunión.

Los miembros empleadores reafirmaron su acuerdo con las conclusiones de la Comisión. Tras varias consideraciones, a diferencia de otros gobiernos, en el marco de recientes comisiones de encuesta, el Gobierno de Zimbabwe ha aceptado las recomendaciones de la Comisión, y ha formulado una hoja de ruta para la aplicación de esas recomendaciones. Sin embargo, esta hoja de ruta se centra principalmente en el proceso y no en el fondo. Deben demostrarse avances sustanciales durante el próximo año. Los miembros empleadores no apoyaron la propuesta de poner las conclusiones del caso en un párrafo especial del informe de la Comisión este año pero el año próximo revisarán los progresos reales y concretos en relación con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Los miembros trabajadores tomaron nota de la declaración de los miembros empleadores y declararon sentirse incómodos con la negativa de estos últimos de poner las conclusiones de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión. Este caso sigue siendo grave con respecto a las violaciones de las libertades civiles y de la libertad sindical, así como en relación con la situación que enfrentan los dirigentes sindicales. No es cierto que el Gobierno tenga la voluntad política de progresar. Las recomendaciones que figuran en las conclusiones son claras y precisas. Constituyen una hoja de ruta y la OIT debe asegurar un seguimiento permanente de los progresos logrados en la aplicación de esta última. La Comisión de Expertos debe evaluar la situación en su próximo informe. Los miembros trabajadores seguirán de cerca la evolución de la aplicación del Convenio y reexaminarán el caso en la próxima reunión de la Conferencia.

El miembro trabajador de Zimbabwe expresó su decepción en relación con las conclusiones de la Comisión. El orador dijo esperar que el Gobierno de Zimbabwe implemente efectivamente las medidas presentadas ante la Comisión por el representante gubernamental, pero expresó igualmente dudas de que esto ocurriera, debido a la falta de voluntad política.