Caso individual (CAS) - Discusión: 2015, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Mauritania (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Mauritania (Ratificación : 2016)



Un representante gubernamental, tras haber encomiado la labor de la Comisión, indicó que el Gobierno se ha comprometido firmemente desde hace varios decenios a luchar contra todas las secuelas de la esclavitud, los malos tratos y la explotación, en particular a través de reformas jurídicas e institucionales, y del establecimiento de programas de desarrollo económico y social para luchar contra las secuelas de la esclavitud. En 2012 se adoptaron importantes y audaces reformas jurídicas e institucionales. Según la ley constitucional núm. 2012-015, de 20 de marzo de 2012, que modifica el artículo 13 de la Constitución de 1991, la esclavitud se define como un crimen imprescriptible contra la humanidad y se sanciona como tal. Esta ley refuerza la ley núm. 2007/048, de 9 de agosto de 2007, relativa a la incriminación de la esclavitud y de las prácticas esclavistas. Así pues, la ley de 2007 ha definido por primera vez el esclavo y la esclavitud, y ha previsto la posibilidad de que toda asociación de derechos humanos legalmente conocida denuncie las infracciones observadas y preste asistencia a las víctimas. Esto constituye un gran avance, que expone a los posibles refractarios a la ley a la justicia popular. Además de las medidas complementarias a la ley que se han adoptado, el Parlamento está examinando dos proyectos de ley. El primero hace referencia a la ley relativa a la lucha contra la tortura, que revocará y sustituirá la ley núm. 2013-011, de 23 de enero de 2013, relativa a la represión de los crímenes de esclavitud y de tortura como crímenes contra la humanidad. El segundo proyecto de ley sometido al Parlamento se refiere a la ordenanza núm. 2006.05 de 26 de enero de 2006. Permitirá a las personas que cuentan con recursos financieros insuficientes, como es el caso de las víctimas de las secuelas de la esclavitud, defender sus derechos ante la justicia. Además, mencionó la decisión de constituir un tribunal encargado de reprimir los crímenes inherentes a la esclavitud, e indicó que está seleccionándose a los magistrados que integrarán el tribunal, con el fin de impartirles capacitación. El Gobierno ha elaborado programas dedicados a la lucha contra las secuelas de la esclavitud con el apoyo de la OIT. El 6 de marzo de 2014, el Gobierno adoptó la Hoja de ruta relativa a la lucha contra las secuelas de la esclavitud como consecuencia de un consenso participativo. Esta estrategia está acompañada por un plan de acción articulado en torno a las prioridades en los ámbitos jurídico y socioeconómico, así como a la sensibilización. Se ha establecido un comité interministerial presidido por el Primer Ministro y que comprende todos los departamentos competentes, el cual se reúne periódicamente con el fin de realizar un seguimiento de la puesta en práctica de esta estrategia. En mayo de 2015, la evaluación de las etapas puso de relieve que se han realizado progresos reales en el ámbito socioeconómico, en particular por parte de la Agencia Nacional Tadamoun, creada en marzo de 2013 para luchar contra las secuelas de la esclavitud, y para fomentar la inserción y la lucha contra la pobreza. Los esfuerzos de esta agencia han permitido en particular la construcción de escuelas, dispensarios, centros de salud y viviendas sociales, así como la distribución de terrenos rehabilitados y el acceso al agua potable en las localidades habitadas fundamentalmente por personas que sufren secuelas de la esclavitud. El Gobierno comunicará a la OIT todas las estadísticas relativas a las actividades de la agencia, así como sus efectos en la reducción de las secuelas de la esclavitud. Además, el Gobierno ha emprendido una campaña de información sobre estas cuestiones: la Asamblea de los Ulemas ha adoptado una «fatwa» que prohíbe la esclavitud y que se ha difundido ampliamente. Indicó que los detractores de esta política no pueden seguir perpetuando el revisionismo. El Gobierno continuará adoptando medidas para la renovación, la modernidad y el Estado de derecho, cuyos primeros beneficiarios son las víctimas de las secuelas de la esclavitud. Subrayó a este respecto que el Gobierno está elaborando, con el apoyo de la OIT, dos programas importantes que reforzarán el esfuerzo nacional mencionado. El primero, que hace referencia a la eliminación del trabajo infantil y desembocó en la elaboración de un plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil en Mauritania (PANET-RIM), el cual fue adoptado por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2015. El segundo programa tiende asimismo a erradicar las secuelas de la esclavitud, y se elaborará antes de finales de año, haciendo referencia al apoyo al cambio legislativo, al refuerzo de las instituciones, de las capacidades para la aplicación de la ley, la investigación, la sensibilización y el apoyo a las víctimas. Mencionó que, a pesar de estos numerosos progresos, Mauritania forma nuevamente parte de los casos individuales para la aplicación de este Convenio, debido a las informaciones obsoletas o incompletas proporcionadas a la Comisión. Concluyó reafirmando la determinación del Gobierno de erradicar definitivamente las secuelas de la esclavitud.

Los miembros trabajadores lamentaron que las informaciones comunicadas por el Gobierno no hayan sido reproducidas en un documento escrito. El Convenio fue ratificado por Mauritania en 1961 y, desde entonces, este caso fue examinado por la presente Comisión en numerosas ocasiones. Como consecuencia de las discusiones de la Comisión en 2002 y 2003, tuvieron lugar en el país algunas misiones (en 2004 y 2006) y se formularon una serie de recomendaciones. En 2010, la presente Comisión, al tiempo que acogió favorablemente algunos elementos, exhortó al Gobierno a que desempeñara un papel clave en la sensibilización para hacer comprender a la población y a las autoridades que era imperativo erradicar la esclavitud. Solicitó igualmente la adopción de un Plan nacional de lucha contra la esclavitud, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno debía adoptar medidas para permitir que las víctimas se dirijan a las autoridades judiciales y policiales, y comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto, incluidas informaciones fiables, tanto cuantitativas como cualitativas, sobre las características de la esclavitud y de sus secuelas. Al día de hoy, Mauritania es uno de los últimos países del mundo en el que subsisten formas tradicionales de esclavitud. Los miembros trabajadores señalaron que la Comisión de Expertos lamentó tomar nota de la ausencia de memorias en 2013 y 2014. Además, según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, a pesar de la abolición de la esclavitud en 1981, su calificación de crimen contra la humanidad en 2012 y el anuncio de creación de un tribunal especial encargado de perseguir los delitos de esclavitud, las leyes y las políticas pertinentes no se aplican de manera integral y la falta de informaciones fiables es especialmente preocupante. Los miembros trabajadores declararon que la esclavitud simplemente no puede tolerarse y que Mauritania debe comprometerse sin más dilaciones en la senda del cambio. Si bien, según la Comisión de Expertos y la Relatora Especial, la Ley núm. 2007/48, de 9 de agosto de 2007, sobre la Incriminación y la Represión de las Prácticas Esclavistas ha sido objeto de mucha publicidad, las víctimas siguen encontrando dificultades para hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes, no dando estas últimas un seguimiento a las denuncias. Asimismo hay que recordar que sólo si existe una denuncia, puede iniciarse una investigación, y la ley no autoriza a las organizaciones de derechos humanos a presentar una queja en nombre de las víctimas de esclavitud. Además, la policía se niega a realizar investigaciones sobre los alegatos de esclavitud o éstos se limitan a una confrontación entre las partes en el curso de la cual las víctimas, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, se ven obligadas a modificar sus declaraciones, recalificándose entonces el caso en conflicto laboral o explotación de menores. Las autoridades judiciales se niegan también a perseguir a los presuntos esclavistas. A pesar de la obligación que tiene el fiscal de notificar al querellante la decisión de intentar o no acciones judiciales en un plazo de ocho días, muchas denuncias quedaron en suspenso sin que el fiscal diera informaciones al querellante. Las denuncias desembocan raramente en un proceso, puesto que los plazos legales se sobrepasan sistemáticamente. Al respecto, SOS-Esclavos señala a la atención la reticencia de los jueces, en su mayoría procedentes de la comunidad Beidan, a condenar a los propietarios de esclavos y a acordar reparaciones a las víctimas, por temor a ser estigmatizados en el seno de su propia comunidad. Si bien la presente Comisión ha dado pruebas de comprensión en relación con el peso de las tradiciones, de la cultura y de las creencias, las conclusiones que formuló en 2010 no fueron seguidas de efectos. Las víctimas de esclavitud siguen ignorando que su situación es ilegal e injusta y que viven en la aceptación de su situación de inferioridad. Es por esta razón que les es muy difícil de hacer uso de la ley de 2007.

En cuanto a la Agencia Nacional Tadamoun para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, la inserción y la lucha contra la pobreza, cuya creación en 2013 fue recibida con profundo agrado, la Comisión de Expertos pone en duda su capacidad institucional y financiera para aplicar la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud adoptada en 2014. Pareciera que no ha hecho nada para responder a la problemática de la esclavitud y que su mandato ha sido limitado a las secuelas de la esclavitud y no a las prácticas persistentes de esclavitud, lo que viene a demostrar la ausencia de voluntad de las autoridades. En cuanto a la Hoja de ruta, ésta representa un avance positivo, pero no prevé medidas de protección específicas para las víctimas, ni acuerda el locus standi a terceros y sigue haciendo que corresponda a la víctima la carga de la prueba. Sin embargo, prevé la constitución de un fondo de urgencia destinado a obtener una ayuda socioeconómica para las personas libradas de la esclavitud y acciones positivas a favor de los descendientes de esclavos. El plazo de un año para su puesta en práctica es poco realista, habida cuenta de la situación. Los miembros trabajadores se ven obligados a señalar asimismo la situación de los niños sometidos a servidumbre que trabajan para un amo desde una edad muy temprana y que no tienen ningún acceso a la educación. Considerados como propiedad de su amo, pueden ser alquilados, prestados, ofrecidos a modo de regalo de boda o dejados en herencia a los descendientes del amo. Los descendientes de esclavos que ya no están bajo el control de su amo, tienen en general un acceso limitado a la enseñanza, debido a su marginación, y no adquieren, en consecuencia, las competencias que les permitirían realizar otros trabajos que no sean trabajos domésticos o actividades vinculadas con la cría de ganado o con la agricultura. Los sindicatos han librado una lucha activa contra la esclavitud. Sin embargo, en enero de 2015, las autoridades mauritanas intervinieron para impedir que la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) organizara una campaña de sensibilización de la opinión pública respecto de la legislación contra la esclavitud, mostrando así que siguen reprimiendo a aquellos que se atreven a denunciar la persistencia a gran escala de la lacra de la esclavitud. La situación es sumamente grave y el Gobierno parece poco dispuesto a abolir definitivamente la esclavitud. Aun cuando puede comprenderse que existan obstáculos políticos, culturales y económicos, el Gobierno debe actuar de inmediato.

Los miembros empleadores indicaron que en esta sesión de la Comisión de la Conferencia se examina la 18.ª observación de la Comisión de Expertos sobre este caso, que es un ejemplo trágico de perpetuación de la esclavitud que afecta a la propia población del país. Dieron las gracias al Gobierno por la información sobre las medidas adoptadas y por sus esfuerzos para luchar contra la esclavitud. Sin embargo, los miembros empleadores expresaron una gran preocupación por el hecho de que el Gobierno no haya presentado sus memorias en 2013 ni en 2014, lo cual consideran en sí un caso grave de falta de cumplimiento de sus obligaciones. La ley núm. 2007/48, que penaliza la esclavitud y persigue las prácticas similares a la esclavitud, se ha adoptado y hecho pública, pero, como se indica en la observación de la Comisión de Expertos, sigue resultando difícil para las víctimas presentar sus casos ante las instancias judiciales y administrativas competentes, como lo demuestra el hecho de que hasta ahora sólo se ha condenado a una persona en virtud de esa ley. Es evidente la falta de voluntad del Gobierno a la hora de aplicar y hacer cumplir la ley, la cual es contraria a la disposición contenida en el artículo 25 del Convenio. Los miembros empleadores observaron que las principales dificultades en la aplicación efectiva del Convenio se deben a obstáculos culturales y a que la administración pública se muestra reacia a atender casos de esclavitud. Al margen del caso mencionado en el que se condenó a una persona, no se han enjuiciado los demás casos debido a la falta de pruebas o a la presión que se ejerce sobre las víctimas para que se retiren las acciones judiciales, lo cual desemboca en una ausencia de justicia, igualdad y libertad desde que Mauritania ratificó el Convenio en 1961. Aunque se mostraron satisfechos al oír las explicaciones del Gobierno ante la Comisión sobre los pasos que se han dado desde el año anterior, indicaron que el Gobierno no sólo está obligado, sino que tiene un deber moral de actuar inmediatamente, y pidieron al Gobierno que adopte una amplia estrategia de lucha contra la esclavitud y las prácticas similares a ésta. Esa estrategia deberá incluir: 1) como cuestión prioritaria, el refuerzo de la administración de justicia en lo relativo a la esclavitud mediante tribunales, inspecciones y fiscales especializados, así como centros de atención a las víctimas; 2) prevención a través de la legislación; 3) redes de seguridad para las víctimas (por ejemplo, centros de rehabilitación, programas de desarrollo de las competencias y asistencia económica) y programas para erradicar la pobreza, y 4) actividades de sensibilización destinadas a inculcar la idea de que la esclavitud es intolerable en la sociedad actual, y a permitir a las víctimas y la sociedad civil que comuniquen casos de forma anónima y que se atienda el trauma de las víctimas. Los miembros empleadores señalaron que no puede autorizarse al Gobierno que decida no enviar memorias sobre la aplicación de los convenios. Recordaron que un gran número de personas en Mauritania es víctima de esclavitud mientras se reúne esta Comisión, y que ya no basta con intercambiar palabras a nivel diplomático.

Un miembro trabajador de Mauritania expresó el dolor que le causa ver como Mauritania tiene que comparecer ante las instancias internacionales de manera recurrente. Señaló que el problema radica en la manera en que se plantean, gestionan y evalúan las políticas y las acciones, y que todo enfoque que no sea participativo no tendrá los efectos previstos. Por ejemplo, cabe señalar que la Agencia Nacional Tadamoun está controlada exclusivamente por el Gobierno, sin la participación de la población ni de las organizaciones no gubernamentales (ONG), y que las organizaciones sindicales no han participado en la elaboración de la Hoja de ruta. En mayo de 2015, se invitó a las organizaciones sindicales a la ceremonia para marcar el inicio del proceso de evaluación de la Hoja de ruta, pero posteriormente no se les ha permitido participar en los talleres de evaluación. Indicó que ahora se debe proseguir el diálogo con el Gobierno y todas las organizaciones interesadas y definir objetivos, al margen de las instancias internacionales. Cuando el Gobierno explica que la ley de 2007 permite que las ONG ayuden a las víctimas, no precisa que el derecho a constituir organizaciones está supeditado al régimen de autorización previa y que muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos no han podido registrarse, y que incluso se encarceló al dirigente de una organización por haber gestionado una organización ilegal. Debe entablarse un diálogo inclusivo a fin de establecer una política consensuada y para que Mauritania pueda pasar página. A este respecto, la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, es un elemento esencial que puede servir como marco coherente para esa política.

Otro miembro trabajador de Mauritania expresó su total desacuerdo con las intervenciones de los miembros empleadores y de los miembros trabajadores, puesto que la situación que han descrito no refleja de manera alguna la realidad del país. La esclavitud es un crimen que debe denunciarse pero existe un complot sobre esta cuestión en el seno de las instancias internacionales. Este tema siempre surge para presionar al país. Aunque persisten secuelas de la esclavitud no es posible aceptar lo que se ha dicho sobre Mauritania. La esclavitud en Mauritania ha tocado a todos los componentes de la población. El Gobierno hace esfuerzos y aquellos que deseen ayudar al país están invitados a participar. El país ha salido de la esclavitud y hay que hablar de secuelas de la esclavitud. El orador concluyó protestando contra la forma en que se ha tratado a Mauritania en esta Comisión.

El miembro empleador de Mauritania declaró apoyar todas las medidas destinadas a consolidar el estado de derecho, ya que únicamente la democracia, la igualdad y la justicia podían asegurar la consecución y la permanencia de la paz social en todos los países. El Gobierno continúa sus esfuerzos para erradicar las secuelas de la esclavitud. En este sentido, cabe destacar numerosos logros, tanto en el medio urbano como en el rural, acontecidos en varios sectores, en particular la educación y la salud. Los esfuerzos legislativos del Gobierno han dado como resultado la tipificación de la esclavitud como crimen imprescriptible contra la humanidad y el Gobierno ha desarrollado importantes medidas institucionales, en el marco de un programa más amplio y ambicioso de desarrollo económico. Habiendo participado en la conceptualización de los componentes esenciales de estas políticas y estrategias, el orador se felicitó de la voluntad genuina del Gobierno de realizar todos los esfuerzos necesarios para erradicar las secuelas de la esclavitud. Pidió al Gobierno que realizara esfuerzos adicionales ya que este objetivo no era de fácil consecución y requería medios humanos y financieros importantes. En su contribución a la erradicación de la esclavitud, la OIT debe dotarse de informaciones más completas y objetivas y deben apoyarse los múltiples esfuerzos del país. La patronal de Mauritania, con el Gobierno y los interlocutores sociales, continuará contribuyendo a políticas sociales en favor del empleo y de la formación y en contra de la pobreza.

La miembro gubernamental de Letonia, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros, así como de Albania, Armenia, República de Moldova, Montenegro, Noruega, Serbia y ex República Yugoslava de Macedonia, recordó que, en virtud del Acuerdo de Cotonú, Mauritania se comprometió a respetar la democracia, el estado de derecho y los principios relativos a los derechos humanos, que incluyen los principios previstos en el Convenio. Indicó que si bien se han tomado medidas legales, en particular la adopción de la ley núm. 2007/48 que tipifica como delito las prácticas análogas a la esclavitud y prevé sanciones para dichas prácticas, el Gobierno debería continuar adoptando medidas, ya que las víctimas de trabajo forzoso continúan teniendo problemas para hacerse oír y defender sus derechos. Asimismo, instó al Gobierno a aplicar plenamente las 29 recomendaciones que figuran en la Hoja de ruta, a través de medidas encaminadas a alcanzar resultados concretos y rápidos. Pidió al Gobierno que cumpla con sus obligaciones de envío de memorias sobre los Convenios de la OIT ratificados por Mauritania, y manifestó la voluntad de la UE de cooperar con el Gobierno a fin de promover el desarrollo y el pleno disfrute de todos los derechos humanos.

El miembro trabajador de Sudáfrica, hablando también en nombre de los miembros trabajadores de Angola, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Swazilandia, puso de relieve el papel primordial que desempeña esta Comisión a la hora de contribuir a la lucha contra la esclavitud. La situación de las víctimas de la esclavitud es comparable a la de los migrantes. En Mauritania, la esclavitud está arraigada en la historia y la cultura del país, y es tolerada por quienes buscan el poder. Aunque la ley núm. 2007/48 ha penalizado la esclavitud, ha castigado las prácticas análogas a la esclavitud y ha previsto las funciones de los defensores de los derechos humanos, la esclavitud prevalece, y muchas personas siguen estando esclavizadas y son tratadas como propiedad. El orador indicó que esta existencia continua de esclavitud obedece a la falta de aplicación y de políticas de tolerancia cero, tal como ilustra el hecho de que, desde la adopción de la ley núm. 2007/48, sólo un caso de esclavitud ha conducido a una sentencia condenatoria. Además, el orador lamentó la actitud indulgente y parcial del Gobierno hacia quienes se descubre practicando la esclavitud, así como la intimidación a la que se enfrentan las víctimas que piden justicia. Como conclusión, subrayó la necesidad de establecer programas de apoyo a las víctimas encaminados a reducir la dependencia a través del empleo seguro y viable, con la participación de las instituciones sociales, las autoridades públicas y los interlocutores sociales.

La miembro gubernamental de Egipto tomó nota de los esfuerzos desplegados por el Gobierno con el fin de erradicar el trabajo forzoso y de crear unas condiciones en las que los trabajadores mauritanos trabajen de una forma digna y decente. Señaló que también se ha promulgado la legislación pertinente, en particular la ley núm. 2007/48. La ley penaliza la esclavitud y las prácticas análogas a la misma, y prevé la imposición de sanciones a los autores. La oradora también tomó nota de la Hoja de ruta para combatir los vestigios de la esclavitud. Recordó que el objetivo es eliminar el trabajo forzoso, para que el país cumpla con su compromiso de aplicar las normas internacionales del trabajo. Expresó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno, que parecen prometedores, y confió asimismo en que esta Comisión tome debidamente en cuenta los logros obtenidos a este respecto.

La miembro trabajadora del Reino Unido, interviniendo igualmente en nombre del miembro trabajador de Malí, dijo que la legislación y los programas adoptados para penalizar la esclavitud, que afecta al menos al 18 por ciento de la población de Mauritania, tuvieron una incidencia exigua. Las personas siguen siendo víctimas de la esclavitud, que está arraigada en la sociedad y la cultura, tal como lo advierten instancias como el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y Anti-Slavery International. La oradora indicó que la ley núm. 2007/48 no aporta justicia ni reparación a las víctimas. La ley prevé causas penales contra los presuntos autores del delito de esclavitud, pero no brinda medios para que las víctimas puedan escaparse. La ley dispone que sea la víctima quien someta el caso ante un tribunal y asuma la carga de la prueba. Estos procedimientos jurídicos son demasiado complejos para las víctimas, quienes carecen de la formación y los recursos financieros necesarios. Las investigaciones de las denuncias suelen quedar inconclusas. Los dueños de esclavos son detenidos y rápidamente liberados bajo fianza, tal como sucedió con la única condena impuesta de conformidad con la ley núm. 2007/48. Una audiencia con las víctimas y los victimarios en la misma sala pondría demasiada presión sobre las víctimas. Los otros programas no arrojaron resultados muy favorables. La Agencia Nacional Tadamoun no hizo mucho en lo relativo a la esclavitud. El proceso de la Hoja de ruta 2014 no incluyó a sindicatos ni empleadores en la aplicación, ni arrojó resultados concretos. Un proyecto de ley para reemplazar la ley núm. 2007/48, actualmente sometido a la consideración del Congreso Nacional, incluye algunas mejoras, como la posibilidad de que las ONG puedan someter casos en nombre de las víctimas. La oradora resaltó que las disposiciones legislativas no son suficientes. Se necesita la voluntad efectiva de contrarrestar la práctica y medidas concertadas que incluyan a los interlocutores sociales para erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud.

El miembro gubernamental de Malí tomó nota de las informaciones brindadas por el Gobierno sobre las medidas tomadas para asegurar la aplicación del Convenio, erradicar el trabajo forzoso de forma general y, en particular, luchar contra las secuelas de la esclavitud. Debe reconocerse y alentar los esfuerzos desplegados y la determinación demostrada por el Gobierno, en los últimos años, para circunscribir el fenómeno de la esclavitud, en particular gracias a las siguientes medidas: 1) la ley constitucional criminalizando la esclavitud; 2) el proyecto de ley sobre lucha contra la tortura; 3) el proyecto de ley sobre la asistencia judicial; 4) la creación de un tribunal especial para la represión de los crímenes relativos a la esclavitud y la formación de magistrados; 5) la adopción de una Hoja de ruta para combatir los vestigios de la esclavitud, y 6) los distintos programas establecidos con el apoyo de la OIT. El orador animó al Gobierno a proseguir con constancia sus esfuerzos y pidió a la OIT que reforzase su asistencia y cooperación para apoyarle.

La miembro trabajadora de Francia subrayó la necesidad de coherencia en las demandas dirigidas al Gobierno y recordó que en el marco del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados de África Occidental, la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste y la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste (UEMOA), por una parte y la UE y sus Estados miembros, por otra parte, Mauritania deberá suprimir el 75 por ciento de sus derechos de aduana, lo que la privará de ingresos presupuestarios considerables e indispensables para las poblaciones locales. Esta política comercial agresiva, que debilita la competitividad de las explotaciones agrícolas y de las pequeñas industrias locales implica una presión suplementaria sobre la economía y puede contribuir a perpetuar las prácticas esclavistas denunciadas por los sindicatos y numerosas organizaciones de la sociedad civil. La UE no debe, por una parte, firmar acuerdos comerciales que puedan perpetuar las prácticas del trabajo forzoso, y por la otra, solicitar al Gobierno, como lo ha hecho a través de una resolución del Parlamento Europeo de diciembre de 2014, que continúe con sus esfuerzos para luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud. Esta resolución subraya igualmente que los defensores de los derechos humanos son perseguidos. En efecto, tres militantes de la Iniciativa por la Resurgencia del Movimiento Abolicionista (IRA) han sido condenados a varios meses de prisión (Sr. Brahim Jaddou, Sr. Yacoub Inalla y Sr. Salar Ould Houssein) y el Sr. Biram Dah Abeïd, figura emblemática de la lucha contra la esclavitud en el país y reconocido como tal, ha sido condenado en enero de 2015 a dos años de prisión y hoy se enfrenta a la pena de muerte por haber organizado reuniones contra la esclavitud. El Parlamento Europeo en su resolución llama al Gobierno a liberar al Sr. Biram Dah Abeïd y a «permitir a los activistas en contra de la esclavitud continuar sus actividades no violentas sin que teman sufrir de acoso y prácticas de intimidación». Si se han adoptado leyes importantes en 1981 y 2007, es fundamental que sean aplicadas en la práctica, lo que implica la liberación de todos los defensores de los derechos humanos que luchan contra la esclavitud.

El miembro gubernamental de Marruecos subrayó que los comentarios de la Comisión de Expertos se refieren a la aplicación efectiva de la legislación en materia de trabajo forzoso, así como al marco estratégico e institucional de lucha contra la esclavitud. El Gobierno presentó elementos de respuesta al respecto, ya que las reformas jurídicas e institucionales añadidas al dispositivo establecido tienden a tipificar como delito la esclavitud o todas las formas de servidumbre impuestas a seres humanos. Están previstos dos proyectos de ley sobre la lucha contra la tortura y sobre el derecho de las víctimas de las secuelas de la esclavitud de recurrir a la justicia. Por otra parte, se han lanzado programas y proyectos con la asistencia de las instituciones de las Naciones Unidas. Estas medidas demuestran la voluntad del Gobierno de armonizar su legislación y las prácticas nacionales con las disposiciones y principios del Convenio. Por tanto, se deben apoyar los esfuerzos realizados por el Gobierno y se le debe otorgar más tiempo para que pueda responder a las solicitudes pendientes.

La miembro gubernamental de Túnez tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno con el objeto de luchar contra las secuelas de la esclavitud, promover los derechos de los trabajadores y aplicar el Convenio. Las reformas jurídicas e institucionales, los programas de desarrollo así como la creación de un tribunal encargado de reprimir los crímenes relativos a la esclavitud y la Hoja de ruta adoptada en 2014, constituyen pruebas irrefutables del compromiso y la determinación del Gobierno para luchar eficazmente contra la esclavitud y sus secuelas. Está convencida de que el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT y el programa de apoyo a la Hoja de ruta contribuirán a lograr los objetivos fijados por el Gobierno. Hizo un llamado a la OIT para que siga prestando asistencia técnica al Gobierno, y alienta al Gobierno a continuar sus esfuerzos con el objeto de erradicar definitivamente las secuelas de la esclavitud y para conformarse de esta manera a las disposiciones del Convenio.

El miembro gubernamental de Argelia acogió con agrado las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra las secuelas de la esclavitud. Según las informaciones proporcionadas por el Gobierno, se adoptaron medidas jurídicas y económicas mediante la adopción de varios textos con el objeto de prohibir la esclavitud y para indemnizar a las víctimas. Varios ministerios aplican programas de desarrollo destinados a las poblaciones vulnerables de ciertas zonas. Cabe señalar con interés la creación de la Agencia Nacional Tadamoun, encargada de luchar contra las secuelas de la esclavitud y de asegurar la inserción de las víctimas. Estas medidas permiten la aplicación de las normas internacionales pertinentes. También subrayó los esfuerzos realizados por el Gobierno y lo anima a continuar en este sentido. En sus conclusiones esta Comisión debe tener en cuenta las informaciones proporcionadas por el Gobierno que demuestran su completa disponibilidad para aplicar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del Convenio.

El miembro gubernamental de Qatar tomó nota de las declaraciones del Gobierno sobre las medidas emprendidas y lo alentó a continuar sus esfuerzos para dar pleno cumplimento al Convenio.

El representante gubernamental recordó que ha informado a la Comisión acerca de los esfuerzos realizados en concierto con la OIT y otros organismos internacionales. Expresó su disconformidad con la declaración de los miembros empleadores, en la que se muestra tal falta de respeto hacia Mauritania que supone una provocación y no contribuye a superar los problemas. En cuanto a la acusación de los miembros trabajadores, se trata de declaraciones falsas que no tienen en cuenta todo lo que se ha alcanzado, pues se han hecho esfuerzos importantes tanto en lo jurídico como en lo relativo a la aplicación de programas que luchan eficazmente contra el fenómeno y en un conjunto de campañas de sensibilización. También se ha señalado durante la discusión el importante papel desempeñado por las autoridades religiosas. Se felicitó de que los empleadores y trabajadores mauritanos hayan admitido las medidas positivas, adoptadas por el Gobierno. Les aseguró que no se escatimaría esfuerzo alguno para hacerles un lugar en el diálogo en curso, al que les invitó a participar. En Mauritania se garantiza la libertad de prensa y se celebran debates. Es increíble oír decir que en Mauritania no hay más que esclavos y que la única perspectiva es la de emigrar hacia Europa. Aunque muchos mauritanos se trasladan a Europa, su número representa una proporción de la población muy inferior al 1 por mil. En lo que concierne a la aplicación de la ley, se han llevado ante los tribunales mauritanos 26 casos. Se trata de verdaderos esfuerzos que se deben subrayar. La Hoja de ruta se ha elaborado de manera concertada, y han participado en ella los interlocutores sociales. Además, quien fue la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud ha regresado en calidad de consultora en el marco de la asistencia técnica prestada por la OIT. Es la prueba de que considera que es útil seguir apoyando los esfuerzos del Gobierno. La actitud del Gobierno demuestra su voluntad real de poner fin a las prácticas denunciadas. El representante gubernamental dio las gracias a todos aquellos, entre ellos la OIT, que han apoyado a Mauritania para poner en práctica los programas antes citados.

Los miembros empleadores declararon que escucharon las respuestas del Gobierno y que la situación es muy preocupante, particularmente en virtud de la vulnerabilidad que padecen las víctimas de la esclavitud. Se instó al Gobierno a que continúe adoptando todas las medidas que estén a su alcance para erradicar la esclavitud en el país. Se instó al Gobierno a: 1) que aplique efectivamente la ley de 2007 que penaliza la esclavitud, el Plan nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud (PESE) y la Hoja de ruta, mediante la puesta en marcha de un programa de apoyo integral para las víctimas que incluya el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades judiciales pertinentes, la aplicación de programas de prevención, programas específicos para que las víctimas puedan escapar, y programas de concientización destinados al público en general, así como a las autoridades centrales, judiciales y religiosas; 2) proporcionar los recursos necesarios para el PESE y promover el funcionamiento adecuado de la Agencia Nacional Tandamoun para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, la inserción y la lucha contra la pobreza; 3) recurrir a la asistencia técnica de la OIT, y 4) proporcionar información detallada sobre el progreso de las medidas de aplicación en la reunión de la Comisión de Expertos de noviembre de 2015.

Los miembros trabajadores agradecieron al Gobierno las informaciones proporcionadas, pero subrayaron que lo importante es la producción de la memoria. En ausencia de esta memoria, el análisis de la situación sólo puede basarse en las informaciones contenidas en otras fuentes, como el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Lamentablemente, los debates han demostrado una situación sumamente grave en la que el Gobierno protege, e incluso alienta, las prácticas de esclavitud. Lo importante para la Comisión de Aplicación de Normas es que los «haratines» no representan un grupo aislado, sino más bien una mayoría de la población. Éste es un problema que amenaza la unidad y la cohesión nacional. Estos trabajadores no sólo son objeto de explotación, sino también de discriminación en todos los ámbitos de la vida profesional y civil: privación de la promoción social, cultural y económica; denegación del derecho de propiedad; inexistencia de infraestructuras básica en detrimento de los trabajadores (escuelas, centros de salud, carreteras, pozos, etc.). El Gobierno debe tomar las medidas necesarias para asegurar la integración social y económica de los antiguos esclavos en la sociedad. No se trata de decir que el Gobierno no ha hecho nada, sino que es importante subrayar los problemas existentes. El Gobierno impide la acción de las organizaciones de trabajadores de Mauritania y de la CLTM en particular, mientras que esta última se esfuerza por denunciar los hechos, pero también por llevar a cabo campañas de sensibilización. En 2010, la Comisión solicitó precisamente al Gobierno que emprendiera campañas de sensibilización. El Gobierno no ha dado curso eficazmente a esta solicitud. Es hora de que se sensibilice a los verdugos — y también a las víctimas — así como a las autoridades administrativas y judiciales, acerca del carácter inhumano de las prácticas de esclavitud. El Gobierno debe comprender que su inercia, denunciada por todos desde hace mucho tiempo, ya no puede excusarse, particularmente tras las medidas adoptadas por iniciativa de esta Comisión y de la OIT. El objetivo de la Comisión es hallar soluciones constructivas para acabar con esta plaga. Los miembros trabajadores solicitaron al Gobierno que recabe datos detallados sobre la naturaleza y la incidencia de la esclavitud en Mauritania, y que los presente a la Comisión de Expertos antes de su próxima sesión. También debe hacer lo posible por asegurar una tramitación rápida y eficaz de las quejas en materia de esclavitud, en relación con la ley de 2007 y con la revisión de la Constitución de 2012. Deben nombrarse magistrados independientes para que conformen el tribunal especial encargado en particular de las quejas en materia de esclavitud y éste debe contar con procedimientos que garanticen un acceso fácil y libre a los querellantes y a todas las organizaciones representativas que les ayudan. Autorizar a terceros a representar a las víctimas de la esclavitud ayudará a proteger a las víctimas de explotación contra toda presión. Asimismo, la Agencia Nacional Tadamoun para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, la inserción y la lucha contra la pobreza debería recibir los medios financieros y humanos que le permitan ejercer eficazmente su mandato, el cual debería reorientarse hacia la lucha contra los daños asociados con la esclavitud. En lo que respecta a la Hoja de ruta de 2014, que es una referencia, debería contener un capítulo específico relativo a la protección de las víctimas y a la cuestión de la carga de la prueba, que en ningún caso puede incumbir a las víctimas querellantes. Los miembros trabajadores han solicitado al Gobierno que introduzca en la ley de 2007 las modificaciones que permitan: a) otorgar a terceros, tales como los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos, un derecho a actuar y a formular acusaciones en nombre de las víctimas; b) asegurar que la carga de la prueba no recaiga en la persona considerada «presunto esclavo», y c) agravar la pena de prisión para el delito de esclavitud, con el fin de armonizar las normas internacionales y la jurisprudencia para los delitos contra la humanidad. El Gobierno debería comprender el interés de colaborar de una manera más sistemática con las organizaciones sindicales que han demostrado su capacidad para emprender acciones y campañas de sensibilización bien estructuradas en lugar de interferir en sus actividades. Los miembros trabajadores han solicitado el establecimiento de una misión de contactos directos, ya que esta medida es la que mejor permitirá hallar soluciones y realizar actividades de sensibilización sobre la lucha contra la esclavitud y la reparación de los daños causados por la misma. Los miembros trabajadores solicitaron la liberación del Sr. Biram Ould Dah Abeid, condenado a dos años de prisión firme y que corre el riesgo de ser condenado a pena de muerte. Ante la persistencia del caso y la falta flagrante de resultados desde hace muchos años, también han solicitado la inscripción de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las informaciones orales facilitadas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión reiteró que el presente caso había sido objeto de debate en seis ocasiones anteriormente y que, en 2006, una misión de investigación había visitado Mauritania a petición de la Comisión de la Conferencia.

La Comisión tomó nota de las cuestiones pendientes planteadas por la Comisión de Expertos en relación con la aplicación ineficaz de la ley núm. 2007/48, de 9 de agosto de 2007, sobre la incriminación y represión de prácticas esclavistas en la que se tipifican como delito y penalizan las prácticas análogas a la esclavitud, incluyendo: la dificultad de las víctimas para plantear su caso ante las autoridades judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley, según se consigna en el escaso número de procedimientos judiciales incoados; la necesidad de adoptar medidas de sensibilización sobre la ilegalidad y la ilegitimidad de la esclavitud entre la población y las autoridades responsables de aplicar la ley de 2007; y la necesidad de aplicar eficazmente las diversas recomendaciones contenidas en la Hoja de ruta para combatir las prácticas residuales esclavistas que fueron adoptadas en marzo de 2014.

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en la que se exponen las leyes y políticas que se han aplicado para combatir cualquier práctica residual esclavista. Esto incluye enmiendas constitucionales, así como la adopción y la aplicación de la ley de 2007 en la que se define la esclavitud por primera vez y se faculta a las asociaciones de derechos humanos para denunciar las infracciones de la ley de 2007 y para prestar ayuda a las víctimas. La Comisión tomó nota además de que el Gobierno señala que se está analizando un proyecto de ley que, entre otras cosas, prevé la creación de un tribunal especial para juzgar los delitos relativos a la esclavitud y las prácticas esclavistas. La Comisión tomó nota asimismo de la información sobre varias actividades de sensibilización y medidas programáticas destinadas a reducir las desigualdades económicas y sociales mediante la mejora de los medios de subsistencia y de las condiciones para la emancipación de los grupos sociales vulnerables afectados por la esclavitud y sus prácticas residuales. Por último, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual seguirá recurriendo a la asistencia técnica de la OIT con el fin de lograr progresos tangibles en la aplicación de las disposiciones del Convenio.

Teniendo en cuenta la discusión que tuvo lugar al respecto, la Comisión instó firmemente al Gobierno a que:

- haga respetar rigurosamente la ley de 2007, para que quienes sean responsables de prácticas esclavistas sean investigados con eficacia y enjuiciados y se les impongan las sentencias proporcionales a la gravedad del delito y cumplan las penas correspondientes;

- modifique la ley de 2007, para conceder a las terceras partes, incluyendo los sindicatos, un locus standi o derecho a ser oído, a fin de que puedan presentar cargos o ejercitar una acción de reclamación de derechos en nombre de las víctimas, considere el cambio de la carga probatoria e incremente el tiempo de condena de prisión por la comisión de un delito de práctica esclavista a un plazo conforme con las normas internacionales por crímenes de lesa humanidad;

- aplique plenamente el Plan Nacional de lucha contra las prácticas residuales esclavistas y la Hoja de ruta para combatir las prácticas residuales esclavistas, incluido el apoyo integral a las víctimas y los procedimientos correspondientes. Esto debería incluir los siguientes aspectos:

— reforzamiento de la capacidad de las autoridades para procesar y administrar el sistema judicial en relación con la esclavitud;

— programas de prevención contra la esclavitud;

— programas específicos que permitan escapar a las víctimas de las prácticas esclavistas;

— programas de sensibilización de la comunidad;

- dote a la Agencia Nacional de los recursos necesarios para combatir las prácticas residuales esclavistas y en favor de la integración social y la lucha contra la pobreza, o «Tadamoun», y garantice que sus programas incluyan aquellas intervenciones destinadas a frenar y combatir la esclavitud;

- desarrolle y ponga en práctica campañas públicas de concienciación dirigidas al público en general, las víctimas de la esclavitud, la policía, las autoridades administrativas y judiciales y a las autoridades religiosas;

- facilite la integración social y económica de las personas que se ven sometidas objetivamente a la esclavitud, a corto medio y largo plazo, y garantice que los miembros de la comunidad «haratine» y otros grupos marginales que son objeto de esclavitud o de prácticas esclavistas análogas puedan acceder a servicios y recursos;

- recopile información detallada sobre la naturaleza e incidencia de la esclavitud en Mauritania y establezca procedimientos de seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos para poner fin a la esclavitud;

- recurra a la asistencia técnica de la OIT para aplicar estas recomendaciones;

- informe pormenorizadamente de las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones, en particular, sobre la ejecución de las leyes contra la esclavitud, a la próxima reunión de la Comisión de Expertos que se celebrará en noviembre de 2015.

La Comisión decidió incluir estas conclusiones en un párrafo especial del informe.

El representante gubernamental tomó debida nota de las conclusiones de la Comisión y declaró que el Gobierno haría todo lo posible para reflejar dichas conclusiones en la legislación nacional. Expresó la esperanza de que estos cambios se reflejen en una colaboración eficaz con la OIT.