Caso individual (CAS) - Discusión: 2017, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Mauritania (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Mauritania (Ratificación : 2016)



Un representante gubernamental subrayó que Mauritania se presenta por segunda vez consecutiva ante la Comisión, lo cual ofrece al Gobierno la oportunidad de compartir información sobre los esfuerzos realizados y los proyectos llevados a cabo para dar efecto a las recomendaciones formuladas en la anterior sesión de la Conferencia. Así pues, el Gobierno se ha valido del apoyo técnico de la OIT y cabe felicitarse por el establecimiento de un proyecto de apoyo a la aplicación de la ley núm. 2015-031 de 10 de septiembre de 2015 que incrimina la esclavitud y reprime las prácticas análogas a la esclavitud (en adelante ley de 2015). Este proyecto, de una duración de cuatro años, permite reforzar los esfuerzos emprendidos por el Gobierno para poner fin a las secuelas de la esclavitud. Cubre los temas de la sensibilización pública y el conocimiento de la problemática del trabajo forzoso; de la mejora de las políticas nacionales y las legislaciones sobre el trabajo forzoso, su aplicación y su evaluación; y del acceso a programas de medios de vida para las víctimas del trabajo forzoso. Tras una larga concertación en la que han participado todas las partes interesadas y con el apoyo de la comunidad internacional, Mauritania adoptó, en 2014, una Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Esta Hoja de ruta incluye 29 recomendaciones repartidas en tres apartados: revisión del marco legal e institucional; sensibilización; y programas económicos y sociales. La responsabilidad de la aplicación de las recomendaciones se ha confiado a un comité interministerial presidido por el Primer Ministro, con el apoyo de un comité técnico de seguimiento compuesto por representantes de diferentes departamentos e instituciones interesados y representantes de otros organismos. En cuanto al apartado legal, conviene recordar la adopción de la ley de 2015 y el establecimiento de tres tribunales penales especiales competentes en materia de esclavitud (en Nuakchot, Nuadibú y Nema); la actualización del reglamento sobre la asistencia judicial y la creación de oficinas de asistencia jurídica; la revisión del marco legal relativo al acceso a la propiedad de bienes raíces y la propiedad patrimonial; la adopción de medidas específicas de seguimiento de la política penal en materia de ejecución de decisiones judiciales relativas a la recaudación de las indemnizaciones por daños y perjuicios adjudicadas a la víctimas; la adopción de una estrategia nacional de institucionalización del género y la formación de las ONG en esta materia; la elaboración del Código del Niño; la generalización de mesas de trabajo regionales de protección de la infancia; la elaboración de una ley marco sobre los actos de violencia basados en el género; el establecimiento de un mecanismo de concertación para facilitar el acceso al registro civil de las personas sin filiación; el establecimiento de un plan de acción nacional de lucha contra el trabajo infantil; el fortalecimiento de las capacidades de la administración del trabajo; la adopción de una guía de buena conducta para las empresas extranjeras que operan en Mauritania y la instauración de controles regulares de dichas empresas; y la revisión de la Ley sobre el estatuto de la magistratura.

Con respecto a la sensibilización, cabe mencionar las campañas de sensibilización destinadas a las personas afectadas a propósito de sus derechos, así como aquellas dirigidas a los actores de la sociedad civil y los medios de comunicación, y a los dirigentes religiosos y los notables tradicionales; el establecimiento de una estrategia nacional de comunicación para luchar contra las secuelas de la esclavitud; la formación de redes y asociaciones de prensa sobre la lucha contra las secuelas de la esclavitud; la adopción de una fatwa que deslegitima la esclavitud; la divulgación de una guía de buena conducta para las empresas; la integración de un módulo de formación sobre los derechos humanos y la lucha contra las secuelas de la esclavitud en los programas de alfabetización y para los imames; la difusión en la radio y la televisión de programas de debate sobre la ilegitimidad de las prácticas esclavistas; la formación y la sensibilización de jueces y agentes de aplicación de la ley sobre la ley de 2015; y la conmemoración de un día nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud. Con respecto al último apartado de la Hoja de ruta consagrado al ámbito socioeconómico, los logros más concretos se han dado en la educación, el establecimiento de líneas de crédito para facilitar la financiación de actividades generadoras de ingresos, las formaciones profesionales dirigidas a los jóvenes de zonas en las que se concentran los descendientes de esclavos (adwabas), el apoyo a las ONG nacionales para que se ocupen de la ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de las personas afectadas por las secuelas de la esclavitud. También se han realizado progresos en relación con la aplicación de las recomendaciones formuladas por la misión de contactos directos efectuada en octubre de 2016. En cuanto al estudio cualitativo y/o cuantitativo que permitiría plantear de manera concreta y objetiva las cuestiones objeto de debate, lo cual contribuiría a apaciguar el debate y desmitificarlo, tanto a nivel nacional como internacional, se están aprobando sus términos de referencia. Asimismo, se ha atendido la recomendación de que los tres tribunales especiales cuenten con el personal necesario y suficientes recursos materiales y logísticos instalando equipamiento e impartiendo formación al personal en varias ocasiones. En cuanto a la necesidad de establecer un mecanismo de atención a las víctimas desde el momento en que éstas hacen la denuncia o son identificadas, tal empresa ha sido asumida por la Agencia Tadamoun (Agencia nacional para la lucha contra las secuelas de la esclavitud) o por las organizaciones de la sociedad civil que reciben subvenciones del Estado para estos fines. En lo que se refiere al ámbito socioeconómico, los programas de la Agencia Tadamoun están en curso y se ha aumentado su presupuesto para agilizar la realización de actividades en ese ámbito. La misión también recomendó al Gobierno que evaluara la aplicación de la Hoja de ruta. Esta evaluación se llevó a cabo en abril de 2017; los logros conseguidos han sido expuestos en la presente alocución. La última recomendación formulada por la misión alude a la necesidad de que los interlocutores sociales participen en los mecanismos de seguimiento de las actividades de lucha contra las secuelas de la esclavitud. Ello ya ocurre en el comité de aplicación de la Hoja de ruta, que ha sido ampliado para atender dicha necesidad. En cuanto a la presencia de interlocutores sociales en el órgano deliberante de la Agencia Tadamoun, el decreto que prevé la nominación de sus miembros será revisado para atender la necesidad de aumentar la inclusión. En conclusión, el representante gubernamental recordó que la misión de contactos directos subrayó que se han realizado importantes progresos. Toda la información proporcionada demuestra los esfuerzos realizados por Mauritania para acabar definitivamente con las secuelas de la esclavitud y todas las formas de exclusión o marginalización. Se siguen realizando esfuerzos para llevar a buen puerto esta labor y garantizar la dignidad a todos los mauritanos y ofrecerles oportunidades de desarrollarse.

Los miembros trabajadores reiteraron su profunda preocupación con respecto a la situación de Mauritania en materia de lucha contra la esclavitud, la forma más grave de trabajo forzoso. La recurrencia del examen del caso de Mauritania pone de relieve dicha preocupación. Una de las labores esenciales de la Comisión consiste en evaluar el grado de aplicación de las normas internacionales del trabajo en el terreno. En el caso de Mauritania, la brecha entre las declaraciones de intenciones y su concretización es gigantesca. La organización de la misión de contactos directos de octubre de 2016 no ha puesto fin a las preocupaciones de los trabajadores. Para dar seguimiento a las conclusiones adoptadas por la Comisión en 2016, el Gobierno debería haber llevado a cabo, a escala nacional, una encuesta estadística sobre el trabajo en servidumbre para disponer de los datos objetivos que permitan a las autoridades tomar conciencia de la envergadura del fenómeno y definir las acciones específicas que deberían emprender. Estos datos estadísticos permitirían abrir un debate basado en datos detallados y objetivos. La adopción de la ley de 2015 pone de manifiesto la determinación expresada por el Gobierno de enfrentarse al problema de las prácticas esclavistas. Desgraciadamente, los primeros resultados de la aplicación concreta de esta nueva ley no son tranquilizadores. El establecimiento de tres tribunales especiales constituye un serio progreso. Pero como indica la Comisión de Expertos, más allá de estos tribunales especiales, se debe reforzar y formar toda la cadena penal y dotarla de todos los medios necesarios para que ningún caso de esclavitud quede impune. La creación de una fiscalía y un cuerpo de policía especializados en materia de esclavitud también podría resultar útil. La primera sentencia del Tribunal Especial de Nema, que condenaba a dos personas a una pena de cinco años de prisión de los que cuatro años eran de ejecución condicional, no parece conforme a las exigencias del artículo 25 del Convenio que impone al Gobierno asegurarse de que las sanciones impuestas por la legislación sean realmente eficaces. Razonablemente, una pena de un año de prisión firme no puede constituir una sanción realmente disuasoria y no es en absoluto proporcional a la gravedad del crimen de esclavitud. Esta sanción no contribuirá a erradicar las prácticas esclavistas. Por otra parte, el mismo tribunal ha refrendado una solución amistosa entre un autor de prácticas esclavistas y su víctima, que retiró la denuncia. Ésta es una muy mala señal que indica a cualquier autor de este tipo de prácticas que puede eludir las acciones penales mediante un acuerdo amistoso con su víctima. El Gobierno deberá también proporcionar datos estadísticos sobre los procesamientos y sus resultados, para poder evaluar los progresos realizados en materia de lucha contra las prácticas esclavistas. El Gobierno debe comprometerse a aplicar plenamente en la práctica las medidas adoptadas en materia de lucha contra la esclavitud y a aprovechar la oportunidad que le ofrece el proyecto Bridge, cuya aplicación prevista hasta septiembre de 2019 constituye un apoyo decisivo para poner fin a las prácticas esclavistas.

El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Protocolo de 2014) prevé la obligación de garantizar a las víctimas de trabajo forzoso protección y un acceso a mecanismos para emprender acciones judiciales y obtener reparación adecuados y eficaces, tales como la indemnización. Para cumplir esta obligación, el Gobierno tiene que poder identificar a las víctimas. Esta tarea es particularmente difícil pues las situaciones de dependencia pueden variar mucho. Es de temer que un gran número de personas en situación de esclavitud ni siquiera sean conscientes de ello y por tanto no denuncien la situación en la que se encuentran. Las campañas de sensibilización que lleguen hasta todas las víctimas de prácticas esclavistas son pues esenciales. Una vez que se identifique a las víctimas, el Gobierno tiene que poder garantizarles una protección que les permita proseguir con los procedimientos para denunciar las prácticas esclavistas de las que han sido víctimas, sin temor a represalias ni a la exclusión social. La ley de 2015 responde en parte a esta obligación de protección y sería útil que el Gobierno proporcionara información relativa a la aplicación en la práctica de estas medidas de protección y a los resultados que han permitido obtener. El Gobierno afirma, a propósito de la Hoja de ruta adoptada en 2014, que se ha implementado el 70 por ciento de las recomendaciones. Sin embargo, la ausencia de indicadores claros y cualitativos que permitan evaluar objetivamente los cambios efectivos en la práctica es fuente de gran inquietud. Numerosos actores sobre el terreno coinciden en afirmar que la pobreza y la educación mantienen un vínculo muy estrecho con la supervivencia de prácticas esclavistas. Las acciones de la Agencia Tadamoun son, por lo tanto, indispensables para proporcionar apoyo a las víctimas y permitirles salir de su situación de dependencia. Así pues, el Gobierno debe seguir dotando a la agencia con los medios necesarios para que pueda lograr llevar a cabo su misión y que sus acciones beneficien prioritariamente a los antiguos esclavos. Convendría además que las organizaciones representativas de los trabajadores y de la sociedad civil puedan tomar parte en las discusiones relativas a las políticas de lucha contra la esclavitud y sus secuelas. Las organizaciones representativas de los trabajadores no están representadas en el Comité interministerial encargado de la aplicación de la Hoja de ruta ni tampoco en la Agencia Tadamoun. Los miembros trabajadores expresaron su profunda inquietud frente a los arrestos de militantes de la Iniciativa por la Recuperación del Movimiento Abolicionista (IRA), que además han sido condenados a largas penas de prisión. Así pues, los Sres. Moussa Ould Bilal Biram y Abdallahi Matala Salek, militantes abolicionistas, fueron inicialmente condenados a quince años de prisión, antes de que los tribunales redujeran estas sentencias a tres años. Resulta chocante que las penas de prisión impuestas a los militantes abolicionistas sean por lo tanto mucho más largas que aquellas impuestas por los tribunales especiales a los autores de prácticas esclavistas. Los últimos arrestos de militantes del IRA datan del 2 de mayo de 2017. La OIT no puede tolerar estas prácticas. Debe exigirse al Gobierno que ponga fin a la represión contra organizaciones de lucha contra la esclavitud, que anule las detenciones y condenas de militantes de estas organizaciones, y que ordene sin demora la liberación de los militantes que siguen detenidos. El Gobierno debe trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones de lucha contra la esclavitud en vez de reprimir sus actividades.

Los miembros empleadores subrayaron que la erradicación del trabajo forzoso es una obligación dimanante del derecho internacional, que se basa en un deber moral fundamental de todos los mandantes de la Organización. La cuestión de la esclavitud y sus secuelas en Mauritania se somete a debate por novena vez en el marco de la Comisión. Este año, se trata de examinar el seguimiento del que han sido objeto las conclusiones anteriores de la Comisión, es decir, las acciones que realmente ha llevado a cabo Mauritania para erradicar para siempre el trabajo forzoso y la esclavitud y para sancionar a los autores y apoyar a las víctimas. Tal como subrayó la Comisión de Expertos, se han tomado varias medidas: la creación de la Agencia Tadamoun; la adopción de una Hoja de ruta cuya aplicación depende de un comité técnico interministerial; la adopción en 2015 de una ley que tipifica como delito la esclavitud y prevé la posibilidad de que las asociaciones de defensa de los derechos humanos puedan emprender una acción ante los tribunales y de una ley que instaura un sistema de asistencia judicial, así como el establecimiento de tres tribunales especiales. Además de estos esfuerzos que deben fomentarse y recibir apoyo, dos eventos recientes revisten también una importancia particular: la ratificación por Mauritania, en marzo de 2017, del Protocolo de 2014 que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de erradicar en la práctica todas las formas de trabajo forzoso. Por otra parte, el Gobierno recibió la misión de contactos directos de la OIT que pudo comprobar los esfuerzos realizados, así como los avances logrados para erradicar el trabajo forzoso y proteger a las víctimas. Es necesario esperar un tiempo antes de que los esfuerzos tendientes a cambiar la actitud ante la cuestión de la esclavitud — fenómeno vinculado con factores históricos, culturales y religiosos — permitan obtener resultados. Sin embargo, las autoridades mauritanas no pueden confiarse y deben seguir por el mismo camino, con el apoyo de la comunidad internacional.

Los miembros empleadores se refirieron a cuatro temas tratados por la Comisión de Expertos en su observación basándose en las informaciones recopiladas por la misión de contactos directos. En primer lugar, con relación a la cuestión de la aplicación efectiva de la legislación nacional, resulta esencial asignar recursos y medios materiales a los tres tribunales especiales. A este respecto, el Gobierno debería presentar cifras sobre el número de casos tratados, la indemnización de las víctimas y las sanciones impuestas. Asimismo, resulta alentador comprobar que el Gobierno colabora con las autoridades locales y religiosas para fomentar una mayor conciencia de los nuevos mecanismos de protección jurídica. Además, el Gobierno se beneficia de una asistencia técnica, en particular mediante el proyecto Bridge, para reforzar las capacidades de toda la cadena de actores en este ámbito. En cuanto a conocer la situación real de la esclavitud, conviene alentar al Gobierno a que solicite la asistencia técnica de la OIT para disponer de un estudio cualitativo y cuantitativo que permita conocer la dimensión del fenómeno en 2017 y las actividades y las poblaciones de que se trata, tal como subrayó la misión de contactos directos. En lo atinente a las acciones inclusivas y coordinadas, el Gobierno indicó que mantiene un diálogo inclusivo y abierto sobre la erradicación de la esclavitud y que sus esfuerzos se centran en la educación, la sensibilización de la opinión pública y el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza. Los miembros empleadores alientan encarecidamente al Gobierno a que intensifique los esfuerzos realizados al respecto, teniendo en cuenta que la pobreza y la ignorancia propician prácticas abusivas. Los interlocutores sociales saben que deben desempeñar su función consistente en informar a sus miembros y formarlos, para que éstos ejerzan sus actividades respetando la ley. En ese sentido, las organizaciones de empleadores nacionales desean participar activamente en todo proceso establecido para luchar contra el trabajo forzoso y la esclavitud. Sólo una estrategia de unión nacional basada en conclusiones objetivas tendrá alguna posibilidad de reportar beneficios en el terreno. Por último, en relación con la identificación y protección de las víctimas, la misión de contactos directos observó que la relación existente entre éstas y sus amos es pluridimensional y que la dependencia económica, social y psicológica en la que se encuentran presenta diversos grados y comporta una amplia gama de situaciones que exigen un conjunto de medidas complementarias. El programa global y transversal que ha de desarrollar el Gobierno debe apuntar a deshacer la modalidad de dependencia en la que se encuentran dichas víctimas. La misión recomendó al Gobierno que las atienda en cuanto presenten denuncias para protegerlas de toda presión social, tradicional o familiar. En conclusión, los miembros empleadores recordaron que, por ningún motivo, se puede organizar actividades de trabajo forzoso por iniciativa de un gobierno, autoridad pública o empresa, sea cual fuere. Si se descubren prácticas de trabajo forzoso o esclavitud, las víctimas de estas prácticas deben ser identificadas y protegidas. Además, los beneficiarios de esas prácticas ilegales deben ser identificados y, después de un juicio imparcial, ser objeto de sanciones eficaces en forma proporcional a la gravedad de las faltas cometidas.

Un miembro trabajador de Mauritania se refirió a las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno, especialmente a la adopción de la ley de 2015, destacando que la esclavitud se considerará en adelante como un crimen de lesa humanidad por el cual podrán imponerse penas de diez a veinte años de prisión; la creación de tres cursos especializados; la adopción de la Hoja de ruta; la creación de la Agencia Tadamoun; y la ratificación del Protocolo de 2014. Sin embargo, persisten prácticas vinculadas con la esclavitud, enraizadas en viejas costumbres y sus manifestaciones constituyen casos preocupantes que subrayan la necesidad de proseguir y profundizar la lucha. Esta lucha será de largo aliento y las asociaciones que comprenden a representantes de antiguas víctimas y de antiguos esclavistas deben realizar campañas sostenidas en todos los medios sociales con el fin de afianzar la igualdad de todos en todas las conciencias. Debe combatirse la indiferencia de las autoridades administrativas, judiciales y policiales ante estas manifestaciones y el Estado debe implicar a los ciudadanos en esta lucha. La educación de las nuevas generaciones debe tener presente esta lacra e inculcar una conciencia ciudadana nueva hecha de igualdad, de justicia social, de libertad y de responsabilidad. Deben elaborarse programas descentralizados de desarrollo local en las zonas rurales, urbanas y semiurbanas del país, que se llevarán a cabo con la implicación efectiva de ciudadanos de todas las capas sociales. Los programas de radio y de televisión sobre las secuelas de la esclavitud, dando la palabra a todos los implicados, tanto víctimas como esclavistas, permitirán que la población tenga sus propias convicciones. En el siglo xxi, es inadmisible que persista en Mauritania la esclavitud y que las autoridades públicas practiquen la «política del avestruz», no emprendiendo estrategias radicales para erradicar esas prácticas. Es asimismo necesario que los asociados para el desarrollo apoyen a Mauritania en la realización de programas participativos dirigidos a la ejecución de obras destinadas a las poblaciones sumamente pobres, con el fin de permitir que las antiguas víctimas de esclavitud puedan eludir la asistencia de los antiguos amos para convertirse en autónomos. La movilización de la sociedad civil, de los sindicatos y de las fuerzas económicas y políticas en un movimiento nacional a favor de la erradicación de las secuelas de la esclavitud, constituye una prioridad esencial. El miembro trabajador consideró que el comité técnico interministerial no afrontó de manera suficiente este desafío, que requiere el compromiso de todos.

Otra miembro trabajadora de Mauritania, expresándose en nombre de la Unión de Trabajadores de Mauritania (UTM) y de la intersindical compuesta de 20 centrales sindicales de las 28 con que cuenta Mauritania, recordó los enormes progresos realizados, que vienen a dar testimonio de la voluntad del Gobierno de erradicar definitivamente las secuelas de la esclavitud. Entre estos progresos, se pueden citar la adopción de la ley de 2015 y de sus textos de aplicación. Se trata de un arsenal jurídico completo que tiene en cuenta las especificidades de la sociedad mauritana, y que fue elaborado de manera inclusiva. Para la aplicación de esta ley, bien acogida por toda la sociedad civil y los asociados extranjeros, las autoridades establecieron tres tribunales especiales que abarcan a todo el territorio nacional cuyo personal se benefició de una formación adecuada. Las secuelas de la esclavitud se vinculan fundamentalmente con la pobreza y con un déficit educativo. Por tal razón, las autoridades crearon la Agencia Tadamoun, cuyos programas se orientan a la construcción de escuelas y centros sanitarios, y a la prestación de servicios básicos, incluidos el agua, el alumbrado y las carreteras, así como a la financiación de actividades generadoras de ingresos en las zonas adwaba, habitadas, en su mayoría, por antiguos esclavos. La organización conjunta con la Confederación Sindical Internacional (CSI) de un taller subregional sobre las formas contemporáneas de esclavitud, ha permitido establecer un plan de acción nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud. La libertad de expresión, al igual que la libertad sindical y el libre acceso a la información, son una realidad en Mauritania. Estos hechos innegables ponen de manifiesto la voluntad política real y los progresos realizados, que deben continuar con el apoyo de la OIT y la CSI, y con una mayor implicación de los sindicatos en todas las estructuras y programas de que se trata, incluida la Agencia Tadamoun. La miembro trabajadora desea que este caso sea citado por la Comisión como caso de progreso, lo que sería un estímulo muy valorado para seguir avanzando

El miembro empleador de Mauritania recordó que desde 2015 Mauritania ha intervenido ante la Comisión en tres ocasiones. La inclusión de Mauritania en la lista de casos es tanto más paradójica cuanto que no parece tener en cuenta los esfuerzos realizados para aplicar las recomendaciones de la Comisión. Sin embargo, el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas entre las cuales figuran la penalización de la esclavitud, la creación de cursos especiales y la creación de la Agencia Tadamoun, que lleva a cabo numerosos proyectos de infraestructuras, escolares y de otro tipo en beneficio de las poblaciones afectadas. Estas actuaciones se inscriben en el marco de la Hoja de ruta y también se concretan a través del proyecto Bridge, coordinado por la OIT. El miembro empleador estimó que, en un espíritu de sentido común, de lógica y de equidad, se debería haber felicitado a Mauritania o cuando menos se la debería haber estimulado y apoyado con miras a reforzar y consolidar los importantes esfuerzos que despliega para erradicar las secuelas de la esclavitud.

El miembro gubernamental de Malta, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros, así como de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Noruega y Serbia, reiteró su compromiso con la ratificación y aplicación universales de los convenios fundamentales de la OIT, e instó a todos los países a que protejan y preconicen todas las libertades y derechos humanos. El cumplimiento del Convenio es esencial para el compromiso contraído por Mauritania, en virtud del Acuerdo de Cotonú, de respetar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. La misión de contactos directos reconoció los avances realizados, en particular, los esfuerzos desplegados para hacer cumplir la ley de 2015, así como el establecimiento de tribunales en Nema, Nouakchott y Nouadhibou, que están operativos actualmente. Acogió con agrado la estrecha cooperación con la OIT, así como el fortalecimiento de los actores, con inclusión de la policía y las autoridades judiciales, para detectar prácticas análogas a la esclavitud. Con el fin de luchar contra la impunidad y de erradicar la esclavitud en todo el país, debe enjuiciarse efectivamente a los perpetradores, y las sanciones deben ser suficientemente disuasorias y aplicarse de manera apropiada. Es esencial tener una visión precisa de la situación de la esclavitud en el país, con objeto de orientar de manera específica las intervenciones públicas. El Gobierno debería realizar un estudio para proporcionar datos cualitativos y cuantitativos y análisis sobre las prácticas de esclavitud. También es primordial que el Gobierno colabore con la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales y las autoridades religiosas, en la lucha contra la esclavitud, y que siga sensibilizando a la opinión pública. Instó al Gobierno a que vele por que se brinde protección y asistencia a las víctimas, con el fin de que puedan ejercer sus derechos, y alentó a que se apliquen las 29 recomendaciones de la Hoja de ruta de 2014 para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. También deben proporcionarse a la Agencia Tadamoun los medios necesarios para que cumpla su mandato. El miembro gubernamental tomó nota de labor de esta última orientada a las zonas propensas a las prácticas de esclavitud, en las que el Estado está poco presente. Expresó su continua disposición a cooperar con el Gobierno con el fin de promover el desarrollo y el pleno goce de los derechos humanos.

La miembro gubernamental de Suiza lamentó que este caso se someta nuevamente a la Comisión. Este hecho pone de relieve la urgencia que reviste luchar de manera rápida y eficaz contra todas las formas de esclavitud. Si bien se han realizado avances gracias al establecimiento de tres tribunales especiales y a la labor llevada a cabo por la Agencia Tadamoun, deben seguir realizándose esfuerzos en colaboración con la OIT. La puesta en práctica efectiva de las leyes y su estricta aplicación son elementos indispensables para luchar plenamente contra el trabajo forzoso. Es preciso alentar al Gobierno a que prosiga sus actividades de prevención y de comunicación, así como el diálogo con los interlocutores sociales para lograr el compromiso de todos los actores. Por último, la miembro gubernamental expresó su esperanza de que el Gobierno pueda adoptar medidas de protección de las víctimas.

El miembro trabajador de Nigeria, hablando asimismo en nombre del miembro trabajador de Ghana, saludó los progresos realizados gracias a las labores de la Comisión y al apoyo de la OIT a lo largo de los años. Se ha establecido una comisión técnica interministerial, dirigida por el Primer Ministro, y los tribunales han enjuiciado algunos casos de esclavitud. El Gobierno también se propone llevar a cabo investigaciones con miras a determinar la profundidad del problema y a evaluar los progresos. Sin embargo, queda mucho por hacer. La esclavitud está firmemente arraigada en la estructura social del país, además de ser una cuestión compleja. La historia de Nigeria y Ghana en relación con la esclavitud demuestra que abordar este fenómeno tan profundamente arraigado y socialmente complejo exige que todos los actores estatales y sociales se enfrenten a la existencia de la esclavitud, la deslegitimen y se comprometan a erradicarla concertando esfuerzos. Dado el alcance de la legitimidad social de la esclavitud en Mauritania, ésta no puede abordarse como un asunto penal o un problema social ordinario. No es realista esperar que las instituciones arraigadas en sus tradiciones investiguen, persigan y erradiquen la esclavitud con celeridad. Es lógico esperar que las víctimas de la esclavitud y los activistas que luchan contra ella no confíen en estas instituciones. El Gobierno, como principal responsable, debería proseguir sus esfuerzos, pero es hora de realizar un llamamiento para que se cree una comisión contra la esclavitud con facultades especiales de investigación, procesales y de promoción de políticas que supervise la erradicación de la esclavitud y de sus secuelas en Mauritania. El miembro trabajador instó al Gobierno a que aliente a participar a los sindicatos y a que siga solicitando la asistencia técnica de la OIT para mejorar la situación.

El miembro gubernamental de los Estados Unidos recordó que, en los últimos años, el Gobierno ha adoptado algunas medidas iniciales para enfrentar el problema de la esclavitud. En este sentido, cabe señalar la Hoja de ruta de 2014, la ley de 2015 y la ratificación del Protocolo de 2014. Además, el Gobierno aceptó la misión de contactos directos enviada para dar seguimiento a las conclusiones formuladas por la Comisión en 2016. Si bien estas acciones son indicadores satisfactorios del reconocimiento por parte del Gobierno de un problema que persiste y de su función en la lucha contra la esclavitud y sus secuelas, los esfuerzos encaminados a poner fin a esta práctica y a enjuiciar a los responsables con arreglo a la legislación siguen siendo inapropiados. Aunque se establecieron tres tribunales especiales, hasta la fecha hubo sólo dos condenas de responsables de esclavitud. Los fondos y el personal con los que cuentan estos tribunales siguen siendo insuficientes. Los informes indican que la policía y las autoridades judiciales son renuentes a investigar o a entablar juicios. El Gobierno ha de velar por que las autoridades competentes cuenten con los recursos necesarios para hacer desaparecer las secuelas de la esclavitud, al tiempo que se aumentan las actividades de concienciación. En concreto, el Gobierno ha de aportar todos los fondos y el personal necesarios a los tres tribunales encargados de luchar contra la esclavitud, investigar los casos de esclavitud y entablar las acciones judiciales pertinentes de forma efectiva, garantizar que todos los miembros de la sociedad civil de Mauritania puedan manifestar de forma pacífica su apoyo o su disconformidad, en especial los activistas que luchan contra la esclavitud, desistir de emprender acciones judiciales por motivos políticos contra los abolicionistas, como el juicio reciente de 13 miembros del IRA, y permitir que la Agencia Tadamoun lleve a cabo su cometido de identificar a propietarios de esclavos y entregarlos a la justicia, y proporcionar servicios de asistencia y rehabilitación a las víctimas de esclavitud. El miembro gubernamental instó al Gobierno a que aproveche al máximo la asistencia técnica proporcionada por la OIT y logre avances decisivos hacia la erradicación total de la esclavitud, comprendidas sus secuelas y sus formas contemporáneas.

Un observador en representación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) hizo constar que, aunque el fenómeno abominable de la esclavitud constituye una afrenta para la comunidad internacional, un insulto a la humanidad y una grave violación de los derechos humanos, sigue existiendo en Mauritania. El Gobierno de este país continúa ocultando y asfixiando la realidad de toda una población sometida y condenada a vivir en situaciones de extrema pobreza y exclusión. Esta inquietante situación destruye en las víctimas toda esperanza de cambiar de condición y de integrarse en la vida activa. Los ex esclavos se enfrentan a la falta de medidas integrales de readaptación y reintegración. El acoso, la intimidación, la expropiación de tierras y la discriminación en el empleo, así como la falta de oportunidades, los debilitan y los mantienen dependientes de sus dueños. La Comisión de Expertos hace referencia a la Agencia Tadamoun creada supuestamente para fomentar el desarrollo económico y social de la población harratine. Esta agencia tiene tres misiones, una de las cuales es la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Sin embargo, el Estado no tiene intención de emprender acciones concretas y prefiere tomar medidas para satisfacer a la opinión internacional. Corresponde por lo tanto a la legislación territorial permitir que los ex esclavos tengan acceso a la tierra y a tribunales especiales que, en la práctica, no son operativos debido a que no existen textos que regulen su aplicación. Pese a las dificultades evidentes, como la falta de estructuras de acogida, de asistencia material o de indemnización por daños y perjuicios, medidas que permitirían a las víctimas lograr la autonomía económica, y la falta de voluntad gubernamental de encauzar el fenómeno, los esclavos siguen manifestando su deseo de abandonar a sus amos. Existen múltiples cuestiones, ya se trate de los trabajadores del servicio doméstico, de las víctimas de la trata de personas enviadas a Arabia Saudita, cuyas denuncias no se han recibido, o de los testimonios de diez ex esclavos que abandonaron a sus dueños en 2016. El observador estima que las medidas adoptadas que menciona el Gobierno y las informaciones que ha transmitido no son fiables ni exactas. Se espera que las recomendaciones de la Comisión de Expertos relacionadas con la aplicación de la Hoja de ruta sean realmente llevadas a la práctica por el Gobierno con la colaboración de todas las partes interesadas.

El miembro gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela valoró las informaciones proporcionadas por el representante gubernamental y resaltó la buena disposición del Gobierno al haber aceptado la visita de una misión de contactos directos en octubre de 2016. Se refirió en particular a las cortes especiales competentes en materia de esclavitud — tribunales que son operativos, dotados del personal necesario y de los recursos adecuados —, expresando la esperanza de que pronuncien condenas justas y ejemplares. También destacó la cooperación técnica que la Oficina está llevando a cabo en Mauritania para la aplicación de la legislación y la erradicación de las secuelas de la esclavitud, así como el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que figuran en la Hoja de ruta contra las secuelas de la esclavitud. Habida cuenta de la buena disposición y del compromiso del Gobierno de Mauritania, consideró que la Comisión debería tener presente los aspectos positivos del caso, adoptando conclusiones objetivas y equilibradas, y seguir alentando y apoyando al Gobierno en sus esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso y sus secuelas.

La miembro trabajadora de España destacó que en muchos centros oficiales se niega la existencia de la esclavitud, lo cual perjudica e inhibe la lucha para poner fin a la misma. El Gobierno debería trabajar de manera seria con las organizaciones antiesclavistas, en vez de criminalizar y perseguir a dichas organizaciones y a sus miembros. En efecto, en lugar de centrarse en abordar las reclamaciones de los mauritanos, entre éstos, descendientes de esclavos o de antiguos esclavos, quienes siguen protestando por su falta de oportunidades, el Gobierno ha señalado a los activistas antiesclavistas como responsables de las manifestaciones. Existe un gran número de casos de malos tratos y de persecución contra estas organizaciones y sus miembros. El Sr. Biram Dah Abeid, un activista destacado, fue liberado recientemente gracias a los grandes esfuerzos de grupos de defensores de los derechos humanos que consiguieron una victoria en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se teme que vuelva a ser detenido. Además, el Sr. Amadou Tidjane Diop fue arrestado en junio de 2016, junto con otros 12 miembros de la Iniciativa para la Recuperación del Movimiento Abolicionista (IRA). Su arresto estaba relacionado con una manifestación espontánea entre los habitantes de Boumatou, barrio donde viven una gran mayoría de los harratines, descendientes de los esclavos que habían sido amenazados con ser desalojados en julio de 2016. A pesar de los registros y allanamientos arbitrarios, la policía fue incapaz de establecer la conexión entre los activistas de la IRA y la manifestación en el barrio de Boumatou. Durante su detención, los activistas arrestados fueron víctimas de torturas, maltratos, y amenazas de muerte. En el 2008, la IRA solicitó que se le reconociera su personalidad jurídica, hasta la fecha no ha sido ni reconocida ni autorizada por las autoridades. Por lo tanto, cada activista de la IRA corre el riesgo de ser condenado por pertenencia a una organización no reconocida en cualquier momento. Las organizaciones de la sociedad civil y sus activistas han demostrado su capacidad y determinación por ser parte de la solución. Deberían ser apoyados y no perseguidos.

El miembro gubernamental de Egipto dio las gracias al Gobierno por facilitar información sobre las actuaciones de sus autoridades para hacer frente al problema de la esclavitud, que incluyen la promulgación de leyes, la creación de tribunales especiales y la organización de campañas de sensibilización y de sesiones de formación. El Gobierno ha desarrollado una estrategia de lucha para abordar esta cuestión. El miembro gubernamental expresó la esperanza de que se proporcione la asistencia técnica solicitada por el Gobierno.

El miembro empleador de Argelia constató con satisfacción que la cuestión de la esclavitud se ha tomado a cargo firmemente en la ley fundamental del país, que constituye la referencia y el anclaje jurídico de los textos legislativos y reglamentarios subsiguientes que penalizan todas las formas de trabajo forzoso. Se felicitó por este gran avance de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para poner su legislación en conformidad con el Convenio, esfuerzos que merecen todo el apoyo y el acompañamiento de la Comisión.

El miembro gubernamental de Argelia subrayó que de las informaciones facilitadas por el representante gubernamental se desprende que las medidas adoptadas para combatir el trabajo forzoso revisten un carácter práctico y eficaz y que se inscriben en la aplicación de la Hoja de ruta para luchar contra las secuelas de la esclavitud. Más allá de las medidas encaminadas a reforzar el marco legislativo e institucional, también se han adoptado medidas de sensibilización y de formación de los actores afectados y, paralelamente, se ha establecido un mecanismo de seguimiento al que se han asociado todas las partes interesadas y la sociedad civil. Parece, pues, que se han registrado muchos resultados positivos y que existe una movilización colectiva para aplicar las medidas encaminadas a combatir el trabajo forzoso. Por consiguiente, procede saludar los esfuerzos desplegados por Mauritania y seguir apoyándola para que mantenga este rumbo.

La miembro trabajadora de Francia se refirió al informe de la Comisión de Expertos subrayando que «las víctimas de la esclavitud se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad que requiere medidas específicas por parte del Estado» y que «desconocen sus derechos y si denuncian una situación puede ejercerse una presión social muy fuerte sobre ellas». A este respecto, el Gobierno ha ratificado el Protocolo de 2014 que afirma que la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso implica medidas con el fin de proporcionar a las víctimas protección y acceso a mecanismos de recurso y de reparación apropiados y eficaces como la indemnización, y la necesidad de identificar y de proteger a las víctimas a fin de permitir su readaptación y prestarles asistencia y apoyo. Cabe felicitarse de esta ratificación y de los esfuerzos desplegados en materia legislativa, pero ahora es esencial aplicar el conjunto de estas disposiciones con el fin de erradicar las prácticas esclavistas en Mauritania, en donde un número muy importante de personas se ven reducidas a la esclavitud. Los que se atreven a dar el paso de presentar denuncias ante las autoridades afrontan en el mejor de los casos a la banalización de la situación y, en el peor, la represión policial y la devolución al amo. En 2009, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud realizó una visita a Mauritania y señaló que la ausencia de otros medios de subsistencia, el analfabetismo y la falta de información, así como el recurso a la religión, contribuyen a mantener la dominación de los amos. Las organizaciones que luchan contra la esclavitud ofrecen diferentes tipos de ayuda a las víctimas, como alojamiento, programas de formación y de alfabetización e informaciones relativas a sus derechos. Sus actividades afrontan graves obstáculos y a sus miembros activos se les persigue judicialmente. Recordando que el Protocolo de 2014 afirma la necesidad de asociarse y de consultar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la miembro trabajadora exhortó al Gobierno a dar muestras de compromiso y a cooperar con los interlocutores sociales y con la sociedad civil a fin de aplicar la ley de 2015 al objeto de erradicar la esclavitud y poner fin a la impunidad.

El representante gubernamental dio las gracias a los delegados que intervinieron en el debate y, en particular, a quienes hicieron un esfuerzo por comprender la situación, reconocieron los logros concretos alcanzados por Mauritania en la lucha contra las secuelas de la esclavitud y alentaron al país a perseverar en tal empresa. El Gobierno coopera con los organismos internacionales, en particular con el Consejo de Derechos Humanos, y da efecto a las recomendaciones que éstos formulan. Este espíritu de apertura y cooperación refleja la voluntad del Gobierno de convocar a todas las partes interesadas en participar en la resolución de esta cuestión, que tiene que ver con los vestigios de la historia. El Gobierno procede conforme a sus convicciones y su sentido del deber, y no a presiones de ningún tipo. El Gobierno tendrá en cuenta las preocupaciones expresadas por ciertos oradores, en particular aquéllas de quienes representan a los trabajadores. En este sentido, los programas puestos en marcha en la actualidad abordan precisamente algunas de esas preocupaciones. Es absolutamente lamentable advertir la exageración de ciertos planteamientos y la falta de reconocimiento de los logros alcanzados. Esa actitud de negación no ayuda a las víctimas. Es preciso desplegar y conjugar todos los esfuerzos para hacer frente a la necesidad imperativa de comprender bien la situación de las víctimas. Concluyó su intervención reiterando que el Gobierno está actuando y que tomará en consideración las preocupaciones expresadas, especialmente en lo que respecta al estudio que ya está programado en el marco del proyecto Bridge.

Los miembros empleadores declararon haber tomado nota de las múltiples iniciativas adoptadas para prevenir toda forma de trabajo forzoso en Mauritania, identificar y proteger a las víctimas de esclavitud y sancionar los abusos constantes en la materia. En este contexto, cabe recordar que los mandantes de la OIT tienen la responsabilidad colectiva de garantizar que en el siglo xxi los derechos sociales fundamentales son respetados por el conjunto de los Estados Miembros. Toda queja en este ámbito debe ser examinada seriamente por las autoridades nacionales, en particular por los funcionarios y los magistrados competentes e independientes. Así debe ocurrir con el trabajo forzoso que debe erradicarse sin demora de manera permanente. Cabe felicitarse por los esfuerzos desplegados por el Gobierno. Sin embargo, la erradicación de la esclavitud requiere un arsenal de medidas preventivas y correctivas permanentes. Por lo tanto, el Gobierno debe proseguir sus esfuerzos especialmente en lo que se refiere a:

— reforzar la eficacia y las capacidades de todos los eslabones del sistema administrativo y judicial;

— recabar, analizar y proporcionar periódicamente informaciones sobre el número de casos de esclavitud denunciados ante las autoridades, el número de casos que han dado lugar a una demanda judicial, las indemnizaciones otorgadas a las víctimas y las sanciones impuestas ;

— continuar aplicando las 29 recomendaciones de la Hoja de ruta, en particular aquellas relativas a la asistencia concedida a las víctimas y su indemnización así como a la lucha contra la pobreza,

— garantizar que el comité técnico interministerial evalúe el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la Hoja de ruta implicando en forma activa a todos los actores de la sociedad civil, las autoridades religiosas y los interlocutores sociales, incluidos los sindicatos representativos;

— sensibilizar a la sociedad civil de forma todavía más eficaz, habida cuenta de las raíces culturales de la esclavitud que están arraigadas profundamente en las mentalidades y que oponen todavía fuerzas contrarias a los esfuerzos del Gobierno.

Los miembros trabajadores acogieron con beneplácito la voluntad política manifestada por el Gobierno de hacer de la lucha contra la esclavitud y sus secuelas una de sus prioridades. No obstante, el Gobierno debe asegurar la concordancia entre sus declaraciones y los resultados de sus acciones. A tal fin, es conveniente que en Mauritania se recopilen datos estadísticos relativos a la esclavitud en todo el país de forma permanente y sistemática. La OIT cuenta con unos conocimientos especializados de los que podría beneficiarse Mauritania. Se requiere una estricta aplicación de la ley de 2015, a efectos de asegurarse de que se realicen efectivamente investigaciones respecto de los responsables de prácticas de esclavitud. Estos últimos deben ser enjuiciados y condenados a penas proporcionales a la gravedad del delito cometido, con el fin de garantizar un efecto disuasorio del dispositivo represivo. En un caso de esclavitud debe excluirse toda posibilidad de arreglo amistoso. Se invita asimismo al Gobierno a que establezca una fiscalía y un cuerpo de policía especializados en la lucha contra la esclavitud. La justicia debe estar dotada de medios suficientes para garantizar que los procesos incoados ante los tres tribunales especiales sean tratados en un plazo razonable. Las autoridades encargadas de esos procesos deben tener formación y el público debe estar sensibilizado en relación con las infracciones vinculadas con la esclavitud, a efectos de poner fin a las reticencias de la policía y de las autoridades judiciales comprobadas en el tratamiento de las reclamaciones. La eficacia y el éxito de los procesos en materia de esclavitud pasarán por el desarrollo y la puesta en práctica de campañas de sensibilización dirigidas al gran público, a las víctimas de la esclavitud, a la policía y a las autoridades administrativas, judiciales y religiosas. Exigirán asimismo que se otorgue a las víctimas protección y medios de subsistencia, desde su identificación o desde la presentación de una reclamación. A este respecto, se solicita al Gobierno que comunique informaciones estadísticas relativas a los procesos incoados, así como informaciones sobre la aplicación práctica de las medidas de protección previstas en la ley de 2015. El Gobierno deberá desarrollar indicadores claros, cualitativos y objetivos que permitan medir los resultados obtenidos en la lucha contra las prácticas esclavistas. Este punto reviste especial importancia para el análisis de los resultados obtenidos en el marco de la Hoja de ruta. Además, la Agencia Tadamoun deberá beneficiarse de todos los medios necesarios para la consecución de los importantes objetivos que se le asignan, con miras a apoyar y empoderar a las comunidades o a las personas afectadas por la esclavitud. El Gobierno debe aprovechar plenamente la oportunidad de apoyo que le brinda el proyecto Bridge para aplicar estas recomendaciones. Además, es una necesidad imperiosa la implicación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en todas las iniciativas de lucha contra la esclavitud, permitiendo especialmente que estos actores participen en los trabajos de la Agencia Tadamoun y del comité interministerial encargado de la aplicación de la Hoja de ruta. Por último, el Gobierno debe liberar, en los más breves plazos, a los miembros del IRA aún encarcelados, y terminar, en lo sucesivo, de obstaculizar el trabajo de las organizaciones de lucha contra la esclavitud. Por el contrario, el Gobierno debe cooperar con estas organizaciones a efectos de que sean mayores las oportunidades de éxito en la erradicación de la esclavitud en el país. Para elaborar todas estas recomendaciones, que coinciden en buena medida con las formuladas por los miembros empleadores, se solicita al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la declaración oral realizada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión también tomó nota de los esfuerzos que el Gobierno indica que ha realizado en la lucha contra la esclavitud y las secuelas de la esclavitud e instó al Gobierno a proseguir estos esfuerzos. Sin embargo, la Comisión expresó su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de las numerosas discusiones que se han realizado en la Comisión, la esclavitud siga estando muy extendida. Además, la Comisión lamentó que el Gobierno sólo haya procesado a un número reducido de responsables del delito de esclavitud desde que este caso se discutió por última vez en la Comisión.

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión urgió al Gobierno de Mauritania a que:

- haga cumplir estrictamente la ley contra la esclavitud de 2015 a fin de que los responsables de imponer la esclavitud sean efectivamente investigados y procesados y se les impongan y cumplan condenas que sean proporcionales al delito cometido;

- proporcione información sobre el número de casos de esclavitud denunciados ante las autoridades, y especifique en cuántos de estos casos se han interpuesto acciones judiciales, así como el número y la naturaleza de las condenas pronunciadas;

- transmita información sobre las medidas correctivas adoptadas en relación con las víctimas;

- refuerce la inspección del trabajo y otros mecanismos de aplicación pertinentes para combatir la imposición de trabajo forzoso;

- cree unidades especializadas en el Ministerio Público y las fuerzas del orden con capacidad para reunir pruebas e iniciar los procesos judiciales correspondientes;

- vele por que los procesos judiciales ante los tribunales especiales por delitos de esclavitud se sustancien y tramiten en el debido plazo, y se realicen campañas de sensibilización pública en relación con las condenas;

- desarrolle indicadores claros y objetivos para evaluar la plena aplicación de la Hoja de ruta para combatir las secuelas de la esclavitud;

- realice un análisis completo sobre la naturaleza y la incidencia de la esclavitud como base para tomar mejores medidas para erradicarla;

- aumente la visibilidad de las campañas de sensibilización destinadas a la población en general, las víctimas, la policía, las autoridades administrativas y judiciales y las autoridades religiosas;

- vele por la integración social y económica de las víctimas de esclavitud proporcionando acceso a los servicios y recursos que les permitan reconstruir sus vidas y evitar volver a ser esclavos;

- proporcione información detallada sobre las operaciones, programas y recursos de la Agencia nacional para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, la inserción social y la lucha contra la pobreza, o «Tadamoun», y

- vele por que las víctimas que han denunciado su situación reciban protección frente a las represalias y la presión social y libere sin condiciones a quienes han denunciado públicamente la esclavitud.

A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno que solicite activamente la asistencia técnica de la OIT a fin de cumplir las recomendaciones y que también acepte una misión de alto nivel. Asimismo, la Comisión pidió al Gobierno que informe detalladamente en la próxima reunión de la Comisión de Expertos, que se celebrará en noviembre de 2017, sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.