Caso individual (CAS) - Discusión: 2024, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - El Salvador (Ratificación : 2006)

Discusión por la Comisión

Presidente - Invito al representante gubernamental de El Salvador, Asesor del Despacho Ministerial, a que haga uso de la palabra.

Representante gubernamental - Señor Presidente de la Comisión, miembros de la Comisión y demás representantes tripartitos presentes en la sala, reciban un fraternal saludo de El Salvador. Les traslado también un cordial saludo en nombre del Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Trabajo Rolando Castro.

Como país fundador somos respetuosos con los convenios internacionales de la OIT, su Constitución y sus mecanismos de control, como lo es esta Comisión. Por lo que, con la importancia que esta Comisión reviste, venimos a presentar nuestro informe sobre la implementación del Convenio.

Para iniciar, queremos señalar que El Salvador está pasando por un proceso de transformación profundo. Por décadas, el país estuvo soterrado por el flagelo del crimen y las pandillas, tuvimos generaciones enteras que sufrieron los flagelos y las violaciones que realizaban estos grupos.

Para muestra, según las cifras oficiales, en 2015 la tasa de homicidios llegó a ser 106 homicidios por cada 100 000 habitantes, y por mucho tiempo estuvimos como el país más violento del mundo. Esto afectó profundamente a nuestro tejido social, fomentó la desintegración familiar, la migración irregular, profundizó la pobreza, el desempleo y la informalidad. También tuvo un impacto importante en la cultura, el esparcimiento y la educación. Generaciones de jóvenes no pudieron continuar sus estudios por razones de seguridad y porque fueron reclutados por estos grupos.

Quiero decirles que, en El Salvador, hubo generaciones de niños y jóvenes que no supieron lo que era jugar libremente en un parque o reunirse a conversar con sus amigos en la calle frente de su casa. Que no supieron lo que era ir a visitar a un tío o a sus abuelos, por miedo a perder la vida.

Nuestra sociedad estaba tan golpeada por este problema que normalizamos la violencia y aprendimos a sobrevivir con el miedo permanente de perder la vida, de sufrir la muerte de un familiar, de un padre, una madre, un hijo o un hermano. Siempre existió la pregunta en el imaginario colectivo, ¿cuántas generaciones más deberemos perder para que El Salvador pueda superar este problema? Y déjenme decirles que la respuesta era siempre desalentadora.

En El Salvador hemos lamentado la muerte de miles de personas honradas, jóvenes a quienes cegaron su futuro, niñas que fueron vejadas con lujo de barbarie que sería difícil de expresar en este espacio, al igual que lamentamos las muertes de sindicalistas, trabajadores y empleadores que fueron asesinados por las pandillas.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha llevado adelante un exitoso plan de seguridad, que ha permitido disminuir dramáticamente la delincuencia y ha reducido la tasa de homicidios a un mínimo, que nos posiciona como uno de los países más seguros del hemisferio, lo que ha dado a nuestra población un respiro y la posibilidad de soñar con un país libre y próspero, con más y mejores empleos, y un ejercicio pleno de la libertad sindical y de asociación.

En este contexto, para nosotros es muy importante exponer lo referido a los asesinatos del Sr. Weder Arturo Meléndez Ramírez, quien fue empleado de la Alcaldía de San Salvador y del Sr. Victoriano Abel Vega, quien en vida fue empleado de la Alcaldía de Santa Ana; casos que como Estado lamentamos mucho. De hecho, en el caso del Sr. Meléndez fue el Gobierno salvadoreño quien elevó la queja a la OIT, porque tenemos la firme convicción de que ninguna muerte de un sindicalista debe quedar impune, y por ello necesitamos la visoria internacional, a fin de esclarecer las causas del asesinato.

Como hemos adelantado en nuestros informes, ya hay resultados del caso. Las investigaciones han determinado que el asesinato fue perpetrado por miembros de las pandillas por motivos ajenos a su labor sindical. A partir de la información recabada por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, podemos informar que para ambos casos se han realizado investigaciones exhaustivas, dando como resultado el poder llevarlos a una etapa de individualización de los responsables.

En el caso específico del Sr. Weder Meléndez, los involucrados son precisamente miembros de la pandilla «18-Revolucionarios». En la madrugada del 20 de octubre de 2023, en un operativo conjunto entre las autoridades responsables, se procedió a la captura de 15 pandilleros por el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, entre ellos tres acusados de crímenes cometidos en los años 2020 y 2021, siendo uno de los casos el homicidio del Sr. Weder Meléndez. En tal sentido, estaremos brindando el debido informe definitivo al Comité de Libertad Sindical.

Toda política pública tiene sus pros y contras; lo que se persigue es el máximo beneficio social. Esta apuesta por la seguridad en nuestro país se ha realizado con la menor cantidad de víctimas civiles y militares posible, lo que incluso ha generado sorpresa a nivel internacional, pero principalmente recibe el apoyo de la inmensa mayoría de ciudadanos que ahora perciben un ambiente de seguridad. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas independientes de tanques de pensamiento de diferentes corrientes ideológicas, de universidades, y otros centros de estudio de la opinión pública.

Ahora las preocupaciones son de orden económico y del costo de la vida, lo cual es normal. Antes, la preocupación principal era garantizar el derecho fundamental de la vida. Ahora nos encontramos en una segunda fase de garantizar oportunidades de empleo decente para todos. Por ello, con un acuerdo renovado con el pueblo salvadoreño, el Gobierno emprende medidas de orden económico.

Contar ahora con un país seguro está permitiendo incentivar el turismo interno y externo, la atracción de la inversión, la reducción de los costos en seguridad por parte de las empresas, así como condiciones de certidumbre jurídica para los empleadores y trabajadores.

Este reto en materia económica y social requiere la confluencia de todos los actores y sectores. Se requiere la participación activa de los empleadores, de los trabajadores, de las organizaciones de sociedad civil y de todos los salvadoreños. También requiere el apoyo y acompañamiento de los organismos internacionales como la OIT.

Afortunadamente este llamado gubernamental a la unión ha sido escuchado y atendido por todos los sectores. El pueblo en su conjunto, los sectores sindicales y todas las gremiales empresariales han manifestado públicamente su respaldo al Gobierno y la anuencia para construir juntos un mejor El Salvador.

En esa línea, hemos fomentado programas para conectar a las personas que buscan un empleo y a las personas que están requiriendo talento humano, modernizando nuestro servicio público de empleo y permitiendo la colocación de miles de trabajadores anualmente.

Se han diseñado, además, programas que buscan apoyar a aquellos sectores que tienen mayores barreras de acceso al mercado laboral, como madres solteras, personas con discapacidad, jóvenes en su primer trabajo y personas mayores de 40 años en situación de desempleo.

Estamos implementando programas de subsidio que permiten financiar la curva de aprendizaje de estas personas, como un incentivo a las empresas para contratar a talento humano de estos sectores. Hemos tenido miles de historias de éxito con estos programas.

Por otra parte, se ha impulsado e institucionalizado el premio nacional al trabajo decente, que busca reconocer buenas prácticas en el cumplimiento de la normativa laboral nacional e internacional. La filosofía del premio es establecerse como un símbolo de distinción para todas las empresas, de tal forma que todas busquen alcanzar ese estándar y promover con ello una cultura de cumplimiento de la ley.

Asimismo, se ha instaurado el premio nacional a la negociación colectiva, que reconoce la capacidad de diálogo entre los empleadores y los trabajadores para establecer mejores condiciones laborales, siendo la negociación colectiva una de las máximas expresiones de la libertad sindical.

Se impulsó un proceso de modernización institucional que ha permitido estandarizar procesos y acercar los servicios a nuestros usuarios por medio de plataformas digitales como lo es la plataforma de oportunidades, que es una herramienta poderosa para la digitalización de servicios como lo es la intermediación laboral, el registro de las empresas, la entrega de contratos individuales de trabajo, reglamentos internos de trabajo, entre otros. Cualquier persona o empresa puede acceder a nuestra plataforma desde cualquier lugar del país.

Como resguardo de los derechos de los trabajadores, hemos lanzado programas especiales de inspecciones orientados a verificar las condiciones de seguridad ocupacional en el sector de la construcción —teniendo un alto cumplimiento de las observaciones realizadas— y de inspecciones en el sector de trabajadores de plataformas de delivery —alcanzando garantías sociales de seguridad ocupacional para las y los trabajadores—; hemos garantizado las condiciones laborales de futbolistas profesionales y empleados municipales; asimismo, hemos asegurado año tras año el debido pago del derecho al aguinaldo.

Del mismo modo, hemos creado la plataforma SOS Trabajadoras para atender denuncias referidas al acoso en el trabajo y tener un seguimiento de un equipo especializado de inspectoras formadas en la materia, además de nuestro servicio de inspecciones generales que responde ante cualquier denuncia por los diferentes medios disponibles para esto.

Estamos por lanzar un moderno sistema de inspecciones para poder brindar no solo mejores condiciones a los inspectores, sino un espacio más eficiente para los empleadores y trabajadores para gestionar sus registros, observaciones y resoluciones.

Hemos luchado contra la migración irregular, tocando puertas y generando acciones de cooperación con otros países, recibiendo el reconocimiento de diferentes organismos.

A nivel nacional, se ha creado el Instituto Salvadoreño de Pensiones, como un nuevo órgano tripartito institucionalizado y que promueve el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de previsión social.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo impulsó el diseño del Sistema de Información de Mercado Laboral (SIMEL), como una herramienta valiosa para transparentar y democratizar las cifras del mercado laboral y la orientación de políticas públicas basadas en evidencia. El SIMEL es un espacio valioso para los empleadores, trabajadores, universidades, tanques de pensamiento y la sociedad civil en general.

Agradecemos la cooperación técnica de la OIT en la implementación del SIMEL. Con ello El Salvador se ha convertido en un referente regional, siendo el primer país de Centroamérica, y el segundo de América Latina, en tener un sistema de información laboral que cumple con los estándares de los países desarrollados, dicho esto por la OIT.

Lo anterior es solo una muestra de los progresos realizados en los últimos cinco años en materia laboral. El compromiso de El Salvador con la OIT es muy grande, muestra de ello es la reciente ratificación de cinco convenios internacionales de la OIT. Esto había sido una deuda histórica con la clase trabajadora y su ratificación refleja el compromiso político de nuestro Gobierno con las normas internacionales del trabajo, ya que se convierten en fuente de derecho para impulsar el diseño de mejores políticas laborales en materia de seguridad social, negociación colectiva, protección de la maternidad, salud y seguridad ocupacional, así como la prevención del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Para su aplicación hemos solicitado la cooperación técnica de la OIT.

En nuestro país se respeta la libertad sindical; prueba de ello es que han existido diversas manifestaciones o muestras de libertad de expresión a nivel masivo, donde la clase trabajadora ha marchado incluso junto a otros movimientos sociales sin importar la afinidad o los objetivos de las consignas. Estos no han sido reprimidos ni amedrentados por ningún medio. Por el contrario, respetuoso de la libertad sindical, el Gobierno ha facilitado acompañamientos policiales para resguardar la seguridad de los participantes, la apertura vial y el goce del uso de las plazas públicas sin restricción alguna.

Por otro lado, en atención a los señalamientos respecto a la vigencia de las credenciales de los sindicatos, ya hemos informado nuestro propósito de llevar a cabo una reforma integral del Código del Trabajo para ampliar su vigencia, así como retomar otras libertades y garantías sindicales que han sido observadas por la Comisión de Expertos. No obstante, conscientes de que no se trata de un proceso corto, se creó la Oficina de Atención Sindical. Esta oficina ha bridado en el último año 12 278 asesorías laborales para sindicatos. Asimismo, se inscribieron 526 juntas directivas de confederaciones, federaciones sindicales y seccionales, de las cuales 15 se refieren a nuevas organizaciones sindicales, constando de 6 nuevas federaciones, 2 nuevas confederaciones, 6 nuevos sindicatos y 1 nueva seccional sindical, mostrando un crecimiento en el movimiento sindical en el país. Estas credenciales han sido entregadas en un promedio máximo de cinco días hábiles, reduciendo incluso los 10 o 15 días informados en el periodo anterior.

Como país expresamos nuestra apertura al diálogo y a la cooperación con la OIT. Somos conscientes de los desafíos presentes. Por ello, reafirmamos que continuaremos trabajando para superar estos desafíos, a la vez que destinaremos esfuerzos para cumplir con el mandato constitucional de la OIT y los convenios ratificados y, por supuesto, nos comprometemos a seguir informando de nuestros avances.

Estamos convencidos de que ahora tenemos un ambiente propicio para impulsar la generación de oportunidades y el bienestar de nuestra población y, por ello, invitamos a todos los actores sociales a unirse a este propósito.

Miembros empleadores - En primer lugar, quisiéramos agradecer el informe brindado por el Gobierno ante esta Comisión. Muchos cambios: felicidades. Lamentablemente observamos que ninguna de estas modificaciones de las que nos han informado están relacionadas con las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos y por esta Comisión.

No obstante, y más allá de las explicaciones formuladas, debemos expresar desde este momento la profunda preocupación que nos genera la realidad que impera en este país, realidad que se refleja de cierta manera en el Informe de la Comisión de Expertos, que continúa destacando graves incumplimientos por parte del Gobierno, ahora con respecto a la aplicación del Convenio.

El Salvador ratificó este Convenio en 2006 y, si bien es la primera vez que se discute en esta Comisión un caso en relación con este Convenio, la Comisión de Expertos ha realizado ya observaciones en seis ocasiones desde 2009, y tan solo en 2023 estuvimos aquí mismo discutiendo en esta sala los distintos incumplimientos que se destacaron en el Informe de la Comisión de Expertos en relación con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), en donde se mencionaron hechos, omisiones y circunstancias que evidentemente están plenamente vinculados con este caso, es decir, con el Convenio núm. 87, como lo reconoce la propia Comisión de Expertos, y que muestran una conducta de incumplimiento reiterada por parte del Gobierno, a pesar de la intención que nos ha expresado de cumplir cabal y formalmente con los compromisos adoptados.

No está de más insistir en que varios de los hechos vinculados a este caso se han debatido en el marco de los informes relativos a la falta de cumplimiento del Convenio núm. 144 por parte de la Comisión de Expertos y que han sido abordados en esta Comisión en seis ocasiones: en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023, y los temas son recurrentes, lamentablemente.

Resulta pertinente recordar algunas de las conclusiones más relevantes que se pronunciaron por parte de esta Comisión en la citada Conferencia de 2023, en relación con aspectos que afectan la libertad de asociación y hechos que corresponden a los actos que impiden el legítimo ejercicio de este derecho y que constituyen una intervención que lo limita y entorpece.

Precisamente al inicio de las citadas conclusiones, como primer punto se instó al Gobierno al cese inmediato de todo acto de violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones en relación tanto con el ejercicio de actividades sindicales legítimas como de las actividades de las organizaciones de los empleadores, y a que tomara medidas para garantizar que dichos actos no se repitieran, en particular en lo que se refiere a la organización más representativa de empleadores del país: la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y sus entidades afiliadas. Sobre estos temas no hemos escuchado ninguna explicación por parte del Gobierno, y de verdad lo lamentamos.

Al respecto, esta Comisión ha venido sosteniendo que «el pleno respeto de las libertades civiles es un elemento fundamental para el ejercicio de la libertad sindical» y que «los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y empleadores solo pueden alcanzarse en un contexto de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la seguridad de las personas y los derechos a la defensa y el debido proceso, como garantía de la prohibición de detenciones arbitrarias». Lamentamos que, hasta ahora, el Gobierno, en perjuicio de las libertades mencionadas, no haya actuado como se le requirió por parte de esta Comisión, y que, en consulta con los interlocutores sociales, hubiese tomado cuanto antes todas y cada una de las medidas a que se le instó por parte de esta Comisión en 2023. Por tanto, pedimos que se le reitere este llamado para que lo ejecute de manera urgente e inmediata. Debemos aprovechar esta buena disposición que nos ha expresado el Gobierno de dar cumplimiento a esto.

Adicionalmente, debemos solicitar al Gobierno que proporcione información detallada, indicando las medidas tomadas para garantizar que no se repitan otros actos de hostilidad e interferencia en contra de las organizaciones de trabajadores y empleadores y muy en lo particular de la ANEP, sus afiliadas y dirigentes, y que garantice el pleno respeto a la libertad de los empleadores para constituir las organizaciones que estimen convenientes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción sin intervención de las autoridades públicas y sin amedrentamientos.

Los empleadores expresamos enfáticamente nuestra preocupación porque después de mucho tiempo seguimos observando falta de progreso en la investigación de homicidios de dirigentes sindicales, la propuesta de reforma al Código Penal y que, en general, falta cumplimiento de los compromisos adoptados voluntariamente ante esta Organización. De ahí la necesidad de establecer una misión de contactos directos para garantizar el cumplimiento cabal de los Convenios que hasta ahora está injustificadamente pendiente.

El Gobierno nos ha manifestado que ellos están siempre dispuestos a recibir el acompañamiento de organizaciones como la OIT y esta propuesta va de la mano con ese interés de cumplimiento que nos ha expresado el Gobierno, si bien no hemos tenido avances en la parte medular.

Solo para enfatizar la pertinencia de esta solicitud, queremos recordar que el Gobierno, en su participación del año pasado, reafirmó textualmente el «inquebrantable compromiso de El Salvador con los valores y principios de la OIT», de tal suerte que el acompañamiento de esta Organización y de los especialistas resulta clave.

En cuanto a los artículos 2 y 3 del Convenio, nos hacemos eco del pedido de la Comisión y urgimos al Gobierno a que adopte medidas.

Con relación a las consideraciones expresadas por la Comisión de Expertos en relación con el derecho de huelga, no haremos ninguna expresión. Recordamos, sobre esto, nuestra posición y pedimos que no se toque en las conclusiones de la Comisión.

Observamos una serie de brechas que merecen el cumplimiento urgente. En particular, hacemos un llamado al Gobierno para hacer un mayor esfuerzo y avanzar en la reforma legislativa planteada.

Los empleadores tomamos nota de las referencias del Gobierno sobre una serie de reformas constitucionales y legislativas, incluida una reforma al Código del Trabajo, que según nos dicen se encuentra en estudio en el seno de la Asamblea Legislativa. Al respecto, solicitamos al Gobierno que provea información detallada sobre el contenido y el estado del trámite parlamentario de estas reformas, así como sobre los procesos de consulta llevados a cabo con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.

También tomamos nota de las referencias a las credenciales y registros que ha mencionado el Gobierno, sin embargo, urgimos que, en consulta con las organizaciones, tome las medidas necesarias para revisar las reglas aplicables a la inscripción de las juntas directivas para garantizar el derecho de las organizaciones a constituirse libremente.

Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento al Gobierno de El Salvador por la información proporcionada, insistimos en nuestra enorme preocupación en este caso y en que los hechos aquí discutidos en base a lo señalado por la Comisión de Expertos son de hace mucho tiempo y merecen la atención urgente del Gobierno, así como el seguimiento por parte de esta Comisión y otros mecanismos de control de la OIT. De la mayor importancia, e incluso urgente, es que el Gobierno reciba asistencia técnica de la Oficina para fortalecer sus capacidades y llevar adelante las consultas efectivas con las organizaciones más representativas e independientes de empleadores y trabajadores.

Antes de terminar quisiéramos hacer del conocimiento de la sala que hemos tomado nota de otros hechos que revelan una actitud contraria a lo que aquí nos expresa el Gobierno, al «inquebrantable compromiso de acompañar los valores y principios de la OIT» del que hace gala, mención que nos llena de tranquilidad. Pero no hay una coincidencia entre lo que nos dice el Gobierno y lo que sucede.

Hace treinta años se creó el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), de conformación tripartita y financiado con aportaciones de los empleadores equivalentes al 1 por ciento de la nómina del sector formal. Este organismo fue recientemente disuelto por el Gobierno, en diciembre del año pasado, y sustituido por uno nuevo, solo que ahora dirigido únicamente por el Gobierno, sin el involucramiento de los sectores. Aun cuando se mantiene la aportación económica de parte de los empleadores, solamente se va a destinar el 20 por ciento de esos recursos a la formación. Esto tiene una serie de problemas en sí mismo, puesto que se elimina la participación de los trabajadores y de los empleadores, y se reduce la aplicación de recursos para aspectos relacionados con la formación.

Me reservo para hacer algunas observaciones adicionales en mi segunda intervención.

Miembros trabajadores - Esta es la novena vez consecutiva que nuestra Comisión examina un caso de El Salvador. En los nueve últimos años, hemos analizado el cumplimiento del Convenio núm. 87 en dos ocasiones, en 2015 y en 2016, si bien bajo otro Gobierno.

En nuestro último análisis de El Salvador, en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el Convenio núm. 144, el Grupo de los Trabajadores observó que el Gobierno había realizado algunos avances. En particular, celebramos la ratificación de varios convenios de la OIT en respuesta a las demandas de las organizaciones sindicales salvadoreñas. Muchas de esas medidas positivas fueron resultado de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT de mayo de 2022. Sin embargo, lamentamos constatar que desde entonces el Gobierno no ha cumplido varios de los compromisos contraídos.

La Comisión de Expertos menciona una vez más la falta de avances concretos en relación con el asesinato del dirigente sindical, el Sr. Victoriano Abel Vega, en 2010. El Comité de Libertad Sindical también ha instado al Gobierno y a las autoridades competentes a que hicieran todo lo posible para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de dicho crimen.

Durante años, la Comisión de Expertos ha pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar diversas disposiciones constitucionales y legislativas que no se ajustan al Convenio. Entre los cambios legislativos recomendados por la Comisión de Expertos figura la modificación de los artículos 219 y 236 de la Constitución, y del artículo 73 de la Ley de Servicio Civil, los cuales privan a determinadas categorías de funcionarios del derecho de sindicación. Asimismo, el artículo 211 del Código del Trabajo establece que todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse un mínimo de 35 miembros.

Además, el requisito de ser salvadoreño por nacimiento para formar parte de la junta directiva de un sindicato dificulta la organización de los trabajadores migrantes, sobre todo en los sectores en los que están más presentes, como la construcción y el trabajo agrícola.

Uno de los mayores obstáculos al ejercicio de la libertad sindical, y que ha sido objeto de las conclusiones de nuestra Comisión durante varios años, es el requisito establecido en el Código del Trabajo que obliga a las organizaciones de trabajadores a renovar la composición de sus juntas directivas cada doce meses. En muchos casos, el proceso de ampliación de la vigencia de las credenciales tarda hasta nueve meses, lo que ocasiona diversas dificultades a las organizaciones de trabajadores, que no pueden solicitar inspecciones del trabajo, carecen de la autorización necesaria para recaudar las cuotas sindicales, ven congeladas sus cuentas bancarias y ni siquiera pueden negociar colectivamente.

El Comité de Libertad Sindical ha formulado recomendaciones específicas sobre la exigencia de requisitos excesivos para la inscripción y entrega de credenciales a las juntas directivas de sindicatos, tales como la presentación de copias de los documentos únicos de identidad y de boletas de pago para verificar si los miembros de las juntas directivas son de nacionalidad salvadoreña por nacimiento o bien para verificar el tipo de contrato que vincula al trabajador. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado ninguna de estas recomendaciones.

El Gobierno indica que las reformas constitucionales y legislativas mencionadas, incluida una reforma del Código del Trabajo, están siendo examinadas en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, resulta muy preocupante que la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa se haya disuelto el 1.º de junio de 2024, hace diez días. Hasta la fecha, se desconoce cuál de las nuevas comisiones se encargará de los asuntos que antes eran de la competencia de dicha instancia. Por lo tanto, podría suceder que las reformas de la legislación o de la Constitución que se estuvieran estudiando en la comisión disuelta se archiven, como suele ocurrir en estos casos.

En la reunión de junio de 2023, nuestra Comisión instó al Gobierno a que reactivara el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo y de otros órganos tripartitos. Concretamente, se le solicitó que garantizase el desarrollo y la adopción de normas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente vinculantes para garantizar su funcionamiento eficaz e independiente, sin ninguna injerencia externa.

Ahora bien, según la información que hemos recibido de los interlocutores sociales del país, el Consejo Superior del Trabajo no se ha reunido desde su sesión del 5 de mayo de 2022, a la que asistió la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT.

En otras instancias tripartitas como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tampoco ha habido una representación sindical desde junio de 2023. El INSAFORP fue completamente disuelto y en su lugar se creó una nueva organización en la que solo está representado el Gobierno.

La aplicación efectiva del Convenio en El Salvador continúa siendo deficiente. Siguen existiendo graves restricciones legislativas y prácticas que limitan la libertad sindical y el derecho de sindicación de los trabajadores. Los excesivos requisitos burocráticos y la falta de un auténtico diálogo social han obstaculizado el desarrollo de un panorama sindical verdaderamente libre y autónomo.

Por lo tanto, urge que el Gobierno adopte medidas concretas para eliminar esas barreras y garantice que todos los trabajadores, sin discriminación, puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad sindical.

Miembro trabajador, El Salvador - Agradecemos al Gobierno, trabajadores y empleadores, y los voceros de los respectivos sectores por sus informes y posiciones compartidas.

Este día, me refiero a ustedes como representante de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS), la organización que aglutina a la gran mayoría de las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones legalmente acreditadas en El Salvador, quienes representamos al auténtico movimiento sindical y los principios integrales del sindicalismo en El Salvador.

Inicialmente, como sector laboral tuvimos que lamentar en el año 2020 el asesinato de nuestro compañero y líder sindical, el Sr. Weder Arturo Meléndez Ramírez, por lo cual hemos exigido al Gobierno el esclarecimiento de su muerte y además la condena de sus responsables. Queremos externar nuestro reconocimiento por las investigaciones exhaustivas realizadas por las autoridades competentes que han llevado a dar con los asesinos del compañero, procediendo a la captura de los responsables. También esperamos que se proceda a delimitar las responsabilidades conforme a la ley y se impongan las penas correspondientes al crimen cometido. Por lo que esperamos que el Gobierno pueda darle seguimiento y conclusión; igualmente para el caso del compañero, el Sr. Victoriano Abel Vega.

Para nosotros ese resulta ser un elemento representativo en torno a la libertad sindical de El Salvador, pues lamentamos históricamente este mal endémico que representaron las pandillas en nuestro país, que se han cobrado tantas víctimas, inclusive la de los compañeros del movimiento sindical, por lo que las medidas de seguridad implementadas están reforzando también el ejercicio del pleno derecho a la libertad sindical.

Como movimiento sindical auténtico, queremos reconocer la lucha frontal que el Gobierno de El Salvador ha llevado a cabo contra la delincuencia, que está liberando a nuestro país del cáncer de las pandillas, que por tantos años llevaron dolor y luto a las familias salvadoreñas. Somos nosotros los que hemos visto fallecer a muchos compañeros de trabajo o familiares a manos de las pandillas, nuestros compañeros trabajadores son los que exponían su vida día a día para ir a su trabajo o realizar sus actividades cotidianas. Por lo que el incremento de la seguridad no solo beneficia a la sociedad en su conjunto, sino principalmente a los trabajadores y sus familias. De igual manera facilita el ejercicio sindical en un ambiente de seguridad.

Prueba de lo anterior, el pasado 1.º de Mayo, por segundo año consecutivo después de la pandemia de COVID-19, realizamos una masiva marcha en conmemoración de los mártires que a lo largo de la historia han ofrendado su vida por mejores condiciones laborales.

Quiero recordarles, sobre todo a aquellos representantes sindicales que tienen larga trayectoria acá, que eso no era posible cinco o diez años atrás, pues el movimiento sindical era reprimido; no obstante, quienes ahora señalan la situación como grave, en ese entonces no alzaron la voz para denunciar lo que sucedía, queremos creer que era por el mismo miedo que nosotros sentíamos y no por beneficios personales.

Actualmente, en El Salvador, podemos afirmar que hay un respeto a la actividad sindical, y que no hay un enfoque de represión, lo que permite al movimiento sindical participar en instancias de diálogo a fin de contribuir en el desarrollo económico y social del país. En este sentido, lamentamos profundamente que existan movimientos que usan el nombre del sindicalismo para promover discursos de odio a nivel interno y ante la comunidad internacional.

Queremos hacer de conocimiento que, como movimiento sindical auténtico, no respaldamos el accionar de un pequeño grupo de sindicalistas que han realizado amenazas a la vida de funcionarios o los han amedrentado para alcanzar fines políticos y privados, lo cual no representa los valores sindicales. Nosotros creemos que es importante promover el diálogo y la concertación, por lo que, además, instamos al Gobierno a continuar con las medidas implementadas.

El año pasado, en este mismo espacio, nuestro representante de la USS resaltó la existencia e hipocresía de la representación del sector empleador, que utilizaba y politizaba este espacio. Para nosotros eso dejó de ser un motivo de incomodidad y se ha convertido en un motivo de frustración, debido a que a nivel nacional se han publicado una gran cantidad de notas en periódicos privados que señalan que el movimiento sindical acusa de esto, acusa de lo otro; no obstante, esa es la voz de una minoría patrocinada por la ANEP, incluso en esas notas se informa que se han reunido con entidades de la OIT, pero nosotros como movimiento sindical auténtico no hemos sido considerados en esos espacios. Es por ello que hago eco al llamado que hicimos hace un año, a poder considerar al movimiento sindical auténtico, en los espacios de discusión internacional y en los relativos a El Salvador.

Valoramos que en el ámbito nacional se reconozca la labor sindical, por medio de reconocimientos que promueven el trabajo decente y la negociación colectiva.

Asimismo, exhortamos al Gobierno a seguir realizando apuestas estratégicas para el crecimiento económico con el enfoque de generación de empleo. Como clase trabajadora auténtica siempre velaremos por el progreso de los más desfavorecidos, por ello confiamos en que el ambiente de seguridad sea un factor determinante para el impulso de la economía, para lo cual alentamos a los representantes del sector empleador que aún no se suman a este esfuerzo de país a que dejen a un lado los intereses políticos-partidarios y apuesten más por el desarrollo.

Del mismo modo solicitamos al Gobierno de El Salvador que ratifique el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), pues estamos comprometidos con la lucha por la mejora continua de la seguridad y salud de nuestros compañeros trabajadores. A la vez, agradecemos los progresos en esta materia realizados por los empleadores del sector de la construcción, quienes han acatado las recomendaciones y solicitudes de los trabajadores, reduciendo en el último año la accidentalidad en ese sector, además de ser una muestra de una buena voluntad de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y regular las relaciones laborales para acceder y mantener la paz laboral.

Reconocemos la creación del SIMEL, el primero en Centroamérica y segundo en América Latina, el cual sirve para democratizar y transparentar la información que conlleva a la toma de decisiones.

Hacemos un llamado al sector empleador, trabajador y gubernamental para que sostengan un diálogo permanente, en un marco de transparencia, respeto y reconocimiento mutuo, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores salvadoreños, lo cual es una visión compartida, garantizando la estabilidad laboral y la libertad sindical y de asociatividad.

Solicitamos el impulso de las reformas respecto al actual Código del Trabajo para garantizar la vigencia oportuna de la legalidad de los sindicatos. Sin embargo, reconocemos con beneplácito la eficiencia en la entrega de credenciales por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo con la implementación de la Oficina de Atención Sindical, ya que gracias a eso nuestros compañeros sindicalistas han recibido asesorías y orientaciones, coadyuvando a poder contar con nuestras credenciales en un intervalo de cinco a diez días.

Respetables miembros de la Comisión, como Unidad Sindical Salvadoreña podemos decirles con firmeza que, si bien existen desafíos en nuestro marco jurídico, el sindicalismo en El Salvador va en aumento, cada vez se suman más sindicatos, seccionales o federaciones, por lo que esto nos llena de esperanza.

Como sector trabajador, refrendamos nuestro compromiso para trabajar de la mano en la construcción de condiciones laborales dignas para los trabajadores y así alcanzar un mejor país, y reiteramos nuestro ferviente llamado al resto de organizaciones sindicales, empleadores y también al Gobierno, para que se abstengan de discursos políticos que lo único que hacen es frenar la concertación nacional.

Asimismo, reiteramos nuestra fraterna solicitud a las organizaciones internacionales de trabajadores y a las autoridades de la OIT, para que escuchen la voz de todo un movimiento sindical unido y no de un sector reducido. Hacemos extensa finalmente una invitación al Gobierno y a la OIT con miras a concertar medidas de asistencia técnica para poder atender nuestras solicitudes y fortalecer aquellos aspectos positivos que hemos reconocido.

Miembro gubernamental, Bélgica - Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Los países candidatos Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, la República de Moldova y Ucrania, y Noruega, como país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración.

La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Promovemos la ratificación universal y la aplicación efectiva de los convenios fundamentales de la OIT y apoyamos a la Organización en su labor de desarrollo y promoción de las normas internacionales del trabajo y en la supervisión de su aplicación.

La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan al pueblo de El Salvador. Estamos decididos a reforzar nuestros lazos políticos y comerciales con el país, así como nuestra importante cartera de cooperación. El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica ofrece un marco para seguir desarrollando nuestra colaboración, entre otras cosas mediante la cooperación en materia de comercio, desarrollo sostenible y aplicación efectiva, en la legislación y en la práctica, de los convenios fundamentales de la OIT. Además, hemos establecido el Memorando de Entendimiento sobre consultas bilaterales, el cual permitirá intensificar nuestro compromiso y diálogo bilaterales con El Salvador.

Observamos con preocupación las alegaciones la ANEP relativas a actos de difamación e intimidación realizados contra la organización y su presidente. Pese a las solicitudes del Comité de Libertad Sindical y esta Comisión, que ya examinaron la cuestión en 2022 y 2023, según el comunicado de noviembre de 2022 de la Organización Internacional de Empleadores, se han mantenido las injerencias del Gobierno en la actividad de la organización. Entendemos que las hostilidades públicas abiertas contra la ANEP han cesado en el último año, pero continúan las injerencias en la autonomía de la organización. Los anteriores actos de intimidación parecen haber reducido verdaderamente el papel de la ANEP. Observamos igualmente que los empleadores no tienen un representante acreditado en la delegación de El Salvador. Instamos al Gobierno a que indique las medidas adoptadas para entablar de nuevo un diálogo abierto con la ANEP, así como para poner fin a las injerencias en sus actividades.

Lamentablemente, constatamos la falta de avances tangibles en la investigación del asesinato del dirigente sindical, el Sr. Victoriano Abel Vega, y la falta de información sobre la marcha de la investigación del asesinato del Sr. Weder Arturo Meléndez Ramírez, a pesar de las continuas solicitudes del Comité de Libertad Sindical. Pedimos al Gobierno que despliegue todos los esfuerzos necesarios para identificar a los instigadores y a los autores y a que concluya la investigación. En ese sentido, tomamos nota de la propuesta del Gobierno de reformar el Código Penal para mejorar la protección de la libertad sindical de los dirigentes y los afiliados a los sindicatos. Reiteramos la solicitud de la Comisión de Expertos de que se facilite información sobre los progresos realizados al respecto.

Pedimos al Gobierno que promueva de manera efectiva las reformas legislativas pendientes desde hace tiempo con el fin de modificar varias disposiciones legislativas y constitucionales, en consulta con los interlocutores sociales, en relación con todas las cuestiones mencionadas por la Comisión de Expertos para eliminar las restricciones a la libertad sindical y al derecho de sindicación.

El Gobierno indica que varias de las reformas constitucionales y legislativas propuestas están siendo examinadas por la Asamblea Legislativa. El Gobierno menciona la creación de una oficina sindical, que ha facilitado la expedición de credenciales y los registros sindicales. No obstante, reiteramos la solicitud de la Comisión de poner fin al retraso en la expedición de credenciales para las organizaciones de trabajadores y de empleadores, incluida la ANEP. Además, invitamos al Gobierno a simplificar los requisitos para el registro de los sindicatos y, en lo que respecta al sector penitenciario, a garantizar el pleno reconocimiento del derecho de sindicación de los trabajadores. Observamos con agrado el compromiso del Gobierno de emprender esas reformas y su intención de seguir dialogando con los interlocutores sociales.

La Unión Europea y sus Estados miembros mantienen su compromiso de sostener una colaboración constructiva conjunta con El Salvador, con el objetivo de reforzar la capacidad del Gobierno para abordar las cuestiones planteadas en el Informe de la Comisión de Expertos.

Miembro gubernamental, México - Realizo esta intervención en nombre de una mayoría de países del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC). Agradecemos la retroalimentación brindada por el Gobierno de la República de El Salvador, relativa al cumplimiento del Convenio. Valoramos la información proporcionada en relación con el esclarecimiento del asesinato del sindicalista, el Sr. Weder Arturo Meléndez, y alentamos al Gobierno de El Salvador a seguir reforzando las medidas de protección legal de los sindicatos salvadoreños.

Tomamos nota de los avances reportados por el Gobierno de El Salvador y los invitamos a seguir garantizando la seguridad jurídica de los trabajadores y de los empleadores, así como a mantener presentes los estándares de la Constitución de la OIT y sus convenios ratificados en todas las medidas que adopten a nivel nacional.

Asimismo, agradecemos la información proporcionada relativa a los esfuerzos realizados por el Gobierno de abrir oportunidades de empleo a grupos en situación de vulnerabilidad y su compromiso de dar cumplimiento a sus convenios recién ratificados en junio de 2022.

Por todo lo anterior, alentamos el compromiso de El Salvador con la aplicación del Convenio y animamos a la Oficina Internacional del Trabajo a continuar facilitando cooperación técnica al Gobierno de El Salvador.

Miembro empleadora, Colombia - En primer lugar, es importante tener en consideración que esta es la séptima vez que se analiza el cumplimiento del Gobierno de El Salvador de los convenios de la OIT en el marco de esta Comisión. Ahora es por el Convenio núm. 87. El año pasado esta misma Comisión presentó una serie de conclusiones, pero lamentablemente persisten las graves quejas presentadas por los empleadores.

En ese sentido, me permito referirme a dos aspectos del caso.

La Comisión de Expertos, en su Informe sobre el cumplimiento del Convenio núm. 87, hace referencia al Convenio núm. 144, en particular al artículo 2, en el que se indica el compromiso de realizar consultas efectivas, que tiene como fundamento básico el diálogo social, que constituye una herramienta esencial para la construcción de propuestas conjuntas entre trabajadores, empleadores y Gobierno.

Reiteramos que es de la mayor importancia que las consultas se realicen en un marco de buena fe y confianza, y se permita a los empleadores y los trabajadores expresar sus opiniones, análisis y propuestas para lograr verdaderos consensos y avanzar en la búsqueda del mejoramiento de las relaciones laborales a través del diálogo social. Estas consultas solo pueden realizarse respetando la libertad de las organizaciones de empleadores, y eso requiere que el Gobierno reconozca a la ANEP como la organización más representativa de los empleadores de El Salvador.

En segundo lugar, sobre los representantes de los trabajadores y de los empleadores, es preciso resaltar que estos deben ser elegidos libremente y estar representados en pie de igualdad, como establecen el Convenio núm. 87 y el Convenio núm. 144 en su artículo 3.

La Comisión de Expertos ha indicado en reiteradas oportunidades que corresponde a las organizaciones de trabajadores y de empleadores la determinación de las condiciones de elección de sus dirigentes, y las autoridades deberían abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio de este derecho.

Es por lo anterior que observamos con preocupación que el Gobierno, por una parte, continúe desconociendo la ANEP como la entidad más representativa de los empleadores en El Salvador y, por otro lado, que no se haya acreditado a los empleadores para participar en esta Conferencia, desconociendo el espíritu de la Constitución de la OIT y negando el derecho a la organización más representativa de empleadores de nombrar a sus delegados.

Este incumplimiento se inscribe en un ambiente contrario a las libertades y, en particular, a la libertad de asociación en El Salvador.

En conclusión, solicitamos al Gobierno que, en respeto y cumplimiento del Convenio núm. 87 y con la asistencia técnica de la OIT, respete la libertad de asociación y reconozca a la ANEP como la organización de empleadores más representativa.

Miembro gubernamental, Paraguay - En primer lugar, el Paraguay reconoce el trabajo realizado por el Gobierno de la República de El Salvador para proporcionar información relativa al cumplimiento del Convenio.

Asimismo, el Paraguay valora los esfuerzos y todas las medidas adoptadas para el esclarecimiento del asesinato del sindicalista, el Sr. Weder Meléndez, y exhorta al Gobierno de El Salvador a seguir garantizando la protección legal de los sindicatos.

Igualmente, destacamos los avances presentados por el Gobierno de El Salvador para alinear sus acciones a los estándares de la Constitución de la OIT y los convenios ratificados.

Así también, resaltamos la información brindada sobre las iniciativas empleadas para proveer oportunidades de empleo a grupos en situación de vulnerabilidad y el compromiso de dar cumplimiento a los convenios ratificados en junio de 2022.

Finalmente, apreciamos el compromiso de El Salvador con la aplicación del Convenio y animamos a la OIT a continuar con la facilitación de cooperación técnica a todos los Miembros para avanzar en la implementación de los distintos convenios.

Miembro empleador, Honduras - Como representantes del sector empleador nos preocupa el camino que está tomando el diálogo social en El Salvador, donde no logramos ver respeto a las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, con ello desconociendo que el diálogo social es el único mecanismo que puede contribuir a la legitimación y el fortalecimiento de la democracia.

La OIT debe fomentar el diálogo institucionalizado y la concertación social para la construcción de consensos que faciliten un proceso de desarrollo con inclusión y justicia social, a partir de la promoción del trabajo decente para todos. Es por esto que pedimos que se respete el derecho al diálogo social de las organizaciones más representativas en El Salvador y en este caso de la ANEP, organización que ha venido siendo excluida de los distintos espacios tripartitos de consulta, como es el reciente caso sobre el cierre del INSAFOR, el cual fue cerrado mediante decreto, y fue creada una nueva institución de formación profesional sin la representación de los empleadores y de los trabajadores.

Durante los últimos años la Comisión ha venido examinando el caso de El Salvador, sin mostrarse ningún avance sobre el funcionamiento del diálogo social, en donde se continúan manifestando las mismas violaciones al Convenio núm. 144, mismas que enumero a continuación:

• 1) no se han puesto en funcionamiento las estructuras y procesos efectivos de consulta tripartita, adoptando el Gobierno de El Salvador un papel pasivo en forma intencional, lo cual ha generado un clima político incierto en cuanto a las políticas de desarrollo y progreso social;
• 2) se ha ejercido una política de descrédito en contra de la ANEP, con el propósito de debilitarla como organización, y
• 3) el Gobierno de El Salvador ha incumplido con su obligación de consultar a la ANEP como organización más representativa del sector empleador, violentando con ello lo establecido en el artículo 5 del Convenio núm. 144.

Es por lo antes expuesto que pedimos a esta Comisión que tome medidas efectivas a fin de garantizar que se respete la autonomía de la ANEP como la organización más representativa del sector empleador de El Salvador y de esta forma poder participar en forma plena en las distintas instancias de diálogo y consulta tripartita.

Miembro trabajador, Uruguay - El Informe de la Comisión de Expertos no tiene otra alternativa que repetirse en torno a los mismo hechos e incumplimientos a las normas internacionales sobre libertad sindical, causados por la omisión responsable de los Gobiernos que se han sucedido en el país.

Esta larga y reiterada serie de obstáculos al ejercicio pleno de la libertad sindical comprende desde violaciones graves al derecho a la vida y a la seguridad, hasta reformas legislativas siempre anunciadas y nunca realizadas que han cristalizado en un régimen jurídico fuertemente limitativo de la actividad sindical.

Existen dispositivos presentes a lo largo y ancho de la legislación, y en algunos casos en la propia Constitución, que constituyen cortapisas insalvables para el desarrollo de las organizaciones sindicales.

Nos referimos, por ejemplo, a la exclusión de ciertas categorías de funcionarios públicos del derecho de sindicación, a la prohibición de la afiliación de trabajadores y trabajadoras a más de un sindicato, a la necesidad de contar con un mínimo de 35 miembros para constituir un sindicato, a la certificación por parte del empleador de la condición de asalariado durante el proceso de registro de aquellos trabajadores que impulsen la creación de un sindicato, a las diversas maneras de limitar el derecho de huelga, etc.

Conocemos también, largamente, el argumento y la promesa acerca de la existencia de un proceso de reforma legislativa que nunca llega a su término y sabemos de la proximidad de la convocatoria, siempre demorada, a los ámbitos tripartitos como el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo Nacional del Salario Mínimo.

No quedan fuera de este elenco las observaciones de la Comisión de Expertos que recogen las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical sobre la exigencia de requisitos desmedidos para la inscripción y entrega de las credenciales a las juntas directivas de sindicatos, tales como la presentación de copia de los documentos de identidad y de boletas de pago para verificar si los miembros de las juntas directivas son de nacionalidad salvadoreña por nacimiento, o bien para verificar el tipo de contrato que vincula al trabajador.

Observamos con preocupación las escasas respuestas que ha expuesto aquí, en esta Comisión, el Gobierno de El Salvador con respecto al objeto de análisis de esta Comisión y las observaciones de la Comisión de Expertos con respecto a la aplicación del Convenio.

La libertad sindical en El Salvador requiere de una afirmación definitiva que materialice los compromisos que el Gobierno ha manifestado en sus memorias y en oportunidad de su comparecencia en la Conferencia y en esta Comisión. Los sindicatos van a devolver ese reconocimiento con participación y calidad democrática para el país en su conjunto.

Miembro empleador, Costa Rica - El sector empleador de Costa Rica mira con mucha preocupación el caso ya reiterativo de violación al Convenio por parte del Estado salvadoreño.

Este es un Convenio de carácter fundamental, y como la propia OIT lo ha señalado: «estos Convenios son fundamentales para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo, con independencia del nivel de desarrollo de los Estados Miembros». Estos derechos son condición previa para el desarrollo de los demás, debido a que proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas.

Este tipo de Convenio es la base para el funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Una sociedad que no estimule el diálogo social tripartito y que no permita a nivel interno de cada país asegurar la participación de empleadores y de trabajadores no es una democracia plena y no podrá lograr términos equitativos de empleo ni condiciones de trabajo decente para el beneficio de todos.

Desconocer el rol de las organizaciones más representativas, ya sea de los empleadores o de los trabajadores, y obligar a sus afiliados a renunciar a su membresía mediante la negación de autorizaciones rutinarias y especiales que gestionan las oficinas públicas y que las empresas requieren para su normal funcionamiento, tales como permisos de construcción, de exportación, de importación, sanitarios y de medio ambiente, entre otros, son prácticas coercitivas y abusivas, que transgreden la libertad de asociación que resguarda el Convenio.

Al igual que lo señala la Comisión de Expertos, el sector empleador costarricense insta al Gobierno de la República de El Salvador a que se abstenga de continuar perpetrando actos de hostilidad, intimidación y agresión y de interferir en la constitución y las actividades de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con especial énfasis en la ANEP.

Para que haya diálogo social y tripartismo deben existir organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con capacidad técnica y con acceso a la información necesaria, voluntad política, respeto de las partes y el compromiso de todos hacia el respeto de los derechos fundamentales como la libertad sindical. Por lo anterior, es importante que se permita a la ANEP participar de los espacios de diálogo social que le corresponden, a fin de fortalecer la democracia, lo que necesariamente repercutirá en beneficio del desarrollo del país.

Finalmente solicitamos al Gobierno que reincorpore a la ANEP a los espacios de diálogo tripartito como la organización más representativa del sector salvadoreño.

Miembro trabajador, México - Hablo en nombre de la Unión Nacional de Trabajadores de México para comentar la situación persistente respecto de las violaciones sistemáticas al Convenio. Muestra de ello es la exigencia de un mínimo de 35 miembros para constituir un sindicato de trabajadores en el sector público. El Comité de Libertad Sindical ha considerado que un mínimo de 20 miembros para la constitución de un sindicato no parece constituir una cifra exagerada; en sentido contrario, exigir un mínimo de 35 constituye un obstáculo para la formación de sindicatos, disposición que no es acorde con el Convenio, puesto que se vulnera el derecho de constituir organizaciones sindicales al establecer requisitos difíciles de satisfacer.

Es absolutamente inaceptable que el Gobierno de El Salvador continúe retrasando la entrega de credenciales a las organizaciones de los trabajadores, una práctica que constituye una clara violación al derecho de sindicación. Este obstáculo administrativo no solo impide el funcionamiento efectivo de las organizaciones salvadoreñas, sino que también menoscaba su capacidad para representar y defender adecuadamente los intereses de sus miembros. Al obstruir el proceso de acreditación, está negando a los trabajadores el derecho fundamental de asociarse y organizarse libremente, prerrogativa que representa un pilar esencial en cualquier sociedad democrática y justa.

El Comité de Libertad Sindical ha señalado repetidamente que las demoras en los registros de organizaciones y la discrecionalidad excesiva de las autoridades competentes representan serios impedimentos para la creación de sindicatos. Estas prácticas son una violación flagrante al Convenio, que garantiza el derecho a crear organizaciones sin necesidad de autorización previa. Al persistir en estas acciones, el Gobierno no solo desobedece las normativas internacionales, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y vulnera los derechos de los trabajadores, socavando la base misma de la libertad sindical.

El requisito de ser salvadoreño por nacimiento para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato constituye una discriminación por nacionalidad de las personas extranjeras para ocupar cargos de dirección en los sindicatos. Lo anterior contradice lo señalado las disposiciones del Convenio, situación que no debe seguir prevaleciendo.

Es imperativo que el Gobierno acepte la asistencia técnica para adecuar la legislación interna a los principios de libertad sindical y derecho de sindicación. La armonización de las leyes nacionales con estos principios es fundamental para fomentar el diálogo social. Por lo tanto, le solicitamos a la Comisión que inste al Gobierno de El Salvador a tomar medidas concretas y proactivas para aprovechar esta oportunidad de asistencia técnica, asegurando así un respeto pleno de los principios de libertad sindical y derecho de sindicación.

Miembro empleador, México - La delegación de empleadores de México externa su profunda preocupación por el desarrollo y comportamiento que ha tenido el Gobierno de esa nación. Hay que resaltar que El Salvador ha sido denunciado ante esta Comisión en más de seis ocasiones por diversas violaciones a los convenios, la última vez en el año 2023 por el Convenio núm. 144. De igual forma, resaltar que la Comisión de Expertos ha tenido más de nueve observaciones desde 2013, siendo la última en 2023.

Es importante señalar que esta Comisión en 2023 instó al Gobierno a que cesara inmediatamente todo acto de violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones, en relación tanto con el ejercicio de actividades sindicales como de las actividades de las organizaciones de los empleadores, y a que tomara medidas para garantizar que dichos actos no se repitieran. En particular, en lo que se refiere a la ANEP y a sus entidades afiliadas.

Cabe mencionar que el Informe Mundial de Derechos Humanos de 2024, señaló que, en El Salvador, por lo que hace a la libertad de asociación y reunión, el Gobierno menoscabó la autonomía y eficacia de los sindicatos. Además, el Gobierno impuso restricciones injustificadas a los procesos de inscripción en el registro de sindicatos y acreditación de las juntas directivas sindicales, y el Gobierno y sus aliados en la Asamblea Legislativa han desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos.

Si bien es cierto que la Comisión tomó nota de la misión tripartita de alto nivel, aceptada por el Gobierno en mayo de 2022, también lo es, por desgracia, que en El Salvador cinco convenios de la OIT fueron ratificados sin consultar a las organizaciones de los empleadores más representativas.

Es por ello que solicitamos que dentro de las conclusiones de esta Comisión se reitere la solicitud al Gobierno de que se abstenga de cualquier agresión o injerencia a la constitución y actividades de las organizaciones de empleadores, en particular de la ANEP; se respete la plena autonomía de la asociación de empleadores más representativa, y que, mediante el diálogo social, se garantice su pleno funcionamiento sin injerencia alguna.

Miembro empleadora, Argentina - El sector empleador argentino agradece la información suministrada por las autoridades de El Salvador ante esta Comisión. Sin embargo, y a la luz de los elementos de este caso, debemos expresar la profunda preocupación que nos genera encontrarnos con un escenario de graves brechas de cumplimiento con los principios de la libertad sindical.

Pese a que este es el primer año en que se discute la implementación de este Convenio en la Comisión, tomamos nota con preocupación de que no se han implementado en el país medidas que respondan a las recomendaciones realizadas por la Comisión del año 2023, que, aunque referidas al Convenio núm. 144, tienen plena implicancia en este caso.

Efectivamente, en sus conclusiones de 2023, la Comisión tomó nota con profunda preocupación de las múltiples alegaciones de injerencia por parte de las autoridades en el nombramiento de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios, e instó al Gobierno a tomar medidas para garantizar el cese de todo acto de violencia e intimidación; así como de toda injerencia indebida en la vida interna de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Estas solicitudes siguen a la fecha vigentes.

Al respecto, es necesario destacar lo que en esta Comisión se ha venido sosteniendo: el pleno respeto de las libertades civiles es un elemento fundamental para el ejercicio de la libertad sindical y los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores solo pueden alcanzarse en un contexto de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la seguridad de las personas y los derechos de defensa y el debido proceso, como garantía de la prohibición de detenciones arbitrarias.

Esperamos que el compromiso expresado por el Gobierno se traduzca en la implementación tempestiva de las medidas necesarias para garantizar el cese de todo acto de violencia, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores, y que tome medidas para garantizar que dichos actos no se repitan, en particular en lo que se refiere a la organización más representativa de empleadores del país —la ANEP— y sus entidades afiliadas.

Tomamos nota del pedido de asistencia técnica realizado por el Gobierno y le animamos a trabajar en conjunto con la Oficina en seguimiento a las recomendaciones que surjan de esta Comisión para garantizar la conformidad, tanto en la legislación nacional como en la práctica, con el Convenio.

Miembro empleador, Brasil - Como saben, no es la primera vez que el caso está en esta Comisión, ni tampoco en el Comité de Libertad Sindical. Hace casi una década que se analiza continuamente en la OIT el continuo desprecio al principio y al derecho fundamental de libertad de asociación y de derecho de organización, especialmente de los empleadores, en El Salvador.

En el último año, bajo el enfoque del Convenio núm. 144, la Comisión de Expertos, y esta Comisión reconocieron que no se han estado respetando los derechos de la ANEP como representante de los empleadores a lo largo de los últimos años. Se destacó, en general, que esta situación se mantuvo y, en algunas situaciones, se agravó.

En este sentido, vale la pena reforzar que el Informe de la Comisión de Expertos de 2024 pide expresamente, después de recapitular las observaciones hechas por la Organización Internacional de Empleadores en el sentido de que sigue habiendo agresión e interferencia en relación con la ANEP, que cesen todos los actos de violencia, amenazas, estigmatización, y otros contra los individuos u organizaciones para garantizar, en la legislación y en la práctica, el ejercicio de la libertad de asociación y del derecho de organización, lo que protege tanto a los empleadores, como a los trabajadores.

Reitero: el desprecio a la libertad de asociación y a la libertad de organización es muy serio en la visión de los empleadores. No en vano se trata de un principio y de un derecho fundamental del trabajo, y estos elementos hacen que la resolución de este caso reiterado de El Salvador sea cada vez más urgente.

Por lo tanto, no hay duda sobre la necesidad de que se tomen medidas necesarias por parte de esta Comisión para retomar y asegurar la autonomía de la representación empresarial de El Salvador. De la misma forma, es necesario rescatar el derecho de las empresas de ejercer libremente su derecho de asociación. Por eso, entendemos que la OIT siga actuando, dando al caso la necesaria urgencia, para restaurar el respeto y la autonomía para los representantes de los empleadores de El Salvador, en especial la ANEP.

Miembro empleador, Chile - La libertad sindical, prevista en el Convenio, deriva del derecho de asociación, y sus convenios reconocen y protegen derechos de los trabajadores y de los empleadores. El Convenio es claro en reconocer que los Estados deben garantizar el ejercicio de la libertad sindical sin imponer condiciones o requisitos arbitrarios para la conformación y permanencia de las organizaciones de trabajadores y empleadores.

La Comisión concluyó el año pasado que en El Salvador existen múltiples injerencias de las autoridades del Gobierno en la designación de los representantes empleadores y trabajadores en las instancias del diálogo tripartito y paritario. Lamentablemente, tenemos que decir que esta situación no ha cambiado, perjudicando la actuación de la ANEP en su carácter de organización empresarial más representativa de El Salvador.

Por otra parte, hay un punto que vale la pena enfatizar, porque no siempre se entiende: la labor de los gremios empresariales es promover la libre iniciativa privada y las mejores condiciones posibles para el surgimiento de más y mejores empresas sostenibles, y en ese sentido, es su obligación hacer propuestas a las autoridades de turno que faciliten la actividad empresarial y la generación de empleos formales.

Vale la pena destacar esto, porque a veces los Gobiernos piensan que los gremios empresariales realizan y promueven actuaciones con sesgos políticos. Al respecto, se debe precisar que todas las personas tienen derecho individualmente a tener una opción política, pero los gremios empresariales bregan por los intereses generales de sus empresas asociadas independientemente de la tendencia del Gobierno de turno, sea este de izquierda, centro o derecha.

Finalmente, hay que recordar que la libertad sindical es positiva y negativa, porque a ninguna persona o empresa se le puede negar su derecho a afiliarse a un sindicato o de asociarse a un gremio empresarial, pero tampoco a ninguno se le puede obligar a tener que hacerlo para poder trabajar o desarrollar con éxito su labor empresarial. Esto es muy importante, porque siempre puede existir la tentación de crear organizaciones sindicales o empresariales afines a los Gobiernos de turno, atentando contra la libertad sindical.

Por último, hacemos votos por que el Gobierno de El Salvador retome cuanto antes el diálogo con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas del país, y se genere un auténtico y sincero reencuentro de los distintos actores sociales con miras a retomar el diálogo social que requiere El Salvador para la búsqueda conjunta del bien común.

Observador, Organización Internacional de Empleadores (OIE) - Hablo en nombre de la Organización Internacional de Empleadores, organización que aglutina a organizaciones de empleadores independientes en más de 145 países. Como han dicho pasadas intervenciones, el caso de El Salvador por la violación de distintos convenios lleva más de ocho años siendo examinado por esta Comisión y por la Comisión de Expertos.

Es claro que el Gobierno de El Salvador ha cometido y sigue cometiendo actos de injerencias, amenazas e intimidaciones hacia la organización empresarial más representativa, la ANEP.

Últimamente, estos actos se canalizan a través de amenazas directas a las empresas o a los presidentes de los gremios que forman parte de la organización. Se les exige que retiren su membresía de la ANEP e incluso se les amenaza con afectar su patrimonio.

La Comisión de Expertos sigue instando al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, tome cuanto antes todas y cada una de las medidas a las que le instó esta misma Comisión para cesar las hostilidades.

La ANEP este año no ha sido acreditada para participar en esta Conferencia. Si en foros internacionales el Gobierno excluye a la ANEP de la representación tripartita, resulta claro lo que puede suceder en el día a día en el ámbito nacional. Por más que el representante del Gobierno nos llene esta Comisión de palabras, los hechos indican que la ANEP sigue siendo excluida.

El Gobierno de El Salvador presume de mejoras en la seguridad ciudadana y en la estabilidad política. Nosotros estamos convencidos de que no hay sostenibilidad si no hay Estado de derecho ni libertad de asociación, que es lo que examinamos en este Convenio.

El respeto a la libertad de asociación se debe verificar con independencia del color o ideología del Gobierno, incluso aunque se trate de Gobiernos que presuman de favorecer el desarrollo empresarial. Esto es lo que nos hace creíbles, y no es sostenible ni compatible con los principios y derechos fundamentales de la OIT una actuación que daña el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión de una manera tan obscena y flagrante. Cualquiera que quiera profundizar en la situación de El Salvador apenas tiene que recurrir a la diversidad de medios que refieren a las violaciones de libertad de expresión.

De nuevo consideramos este caso como un caso preocupante e instamos al Gobierno a acometer medidas que respeten la representatividad de la ANEP. Cualquier medida que se tome en este sentido, quiero subrayar, tendrá nuestro apoyo constructivo.

Presidente - Dado que nadie más desea intervenir, invito ahora al representante gubernamental a hacer uso de la palabra para que pronuncie su alocución final.

Representante gubernamental - Hemos tomado nota de los comentarios vertidos por los representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los Gobiernos. A pesar de conocer este espacio, nos sorprende el lenguaje utilizado en sus posicionamientos. En nuestro caso, hemos venido a presentar nuestro informe con la mejor voluntad de atender y esclarecer los comentarios de la Comisión de Expertos. Sin embargo, a pesar de notar que dicha apertura no es compartida por todos los sectores, procedemos a atender los comentarios vertidos en este espacio.

Respecto a los avances de los casos de los sindicalistas, quien en vida fueron los Sres. Victoriano Abel Vega y Weder Arturo Meléndez, reitero lo mencionado en mi intervención inicial.

Respecto al Sr. Meléndez, he indicado que la Fiscalía General de la República identificó y capturó a los responsables, siendo tres miembros de la pandilla «18 Revolucionarios», los mismos que están a la espera de un juicio condenatorio y que, al tener una resolución final, remitiremos el informe pertinente al Comité de Libertad Sindical. Sin embargo, consideramos que, en el contexto de delincuencia en el que se encontraba el país, la resolución que se tiene al momento es muy significativa.

Por otro lado, al igual que en el caso del Sr. Meléndez, para el caso del Sr. Vega se han realizado exhaustivas investigaciones, encontrándose, como ya dije, en una etapa de individualización de responsables con el fin de proceder a juicios. Vale la pena recordar que este caso estaba archivado por el órgano judicial y que ha sido precisamente este Gobierno quien solicitó su reapertura para una pronta y cumplida justicia. Siendo nosotros respetuosos de la división de poderes y conscientes de nuestras obligaciones, haremos el respectivo seguimiento a los avances.

En relación con los comentarios sobre la ANEP queremos decir enfáticamente que en el país se respeta plenamente el accionar de las diferentes asociaciones de los empleadores, incluida la ANEP. Esto incluye la elección libre e independiente de sus representantes. Todos sus dirigentes, al igual que todos los ciudadanos, tienen asegurado el derecho de libre expresión y organización. Eso no quita la posibilidad de trasladarles la realidad sobre la ANEP.

Nos sorprende en su discurso y parece que sus alegatos son eminentemente políticos, como es la naturaleza de la ANEP. Aquí tengo impresas las publicaciones de las gremiales asociadas a la ANEP: la Cámara Americana del Comercio de El Salvador, la Cámara de la Industria de Textil, la Cámara de la Industria de la Construcción, la Corporación de Exportadores de El Salvador, la Industria de Farmacia, la Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales, la Asociación Cafetalera de El Salvador y la Cámara Alemana de Comercio e Industria. Todas estas asociadas a la ANEP y todas ellas muestran un respaldo al Gobierno y, además, han mostrado su anuencia para construir juntos un mejor país.

La postura de la ANEP es contraria a la de los sectores que dice representar, por lo que deja la duda razonable de su representatividad, pero aún más: hay miles de empleadores de todos los tamaños y sectores que manifiestan sentirse seguros. Ellos tuvieron que lamentar la muerte de sus empleados y las enormes extorsiones. Expresan su apoyo y anuencia para provechar este espacio para la generación de oportunidades y el emprendimiento en el país.

Para que se conozca en este espacio, la ANEP nunca denunció a nivel internacional durante los veinte años de gobierno de ARENA, ya que eran ellos quienes tenían cooptado el Estado.

Durante los gobiernos de ANEP, crearon instancias bipartitas y jamás se preocuparon por la incorporación de los trabajadores en ese espacio. El discurso de ANEP corresponde a su ideología partidaria, que otrora imperaba en el país. Fue su cúpula la que tomaba las decisiones dentro del Gobierno, que ponía y quitaba presidentes y ministros, y decía qué leyes aprobar y cuáles no. Es simplemente el recuerdo que tuvieron en otros tiempos lo que los hace querer permear en estas esferas un discurso que no tiene un fin empresarial, sino político.

No obstante, conscientes de su naturaleza política, en nuestro país el accionar de la ANEP es totalmente respetado, y además puede hacerlo en un ambiente de total seguridad.

Sobre la necesidad de reformas laborales, este es un tema del que se tiene pleno conocimiento, y coincidimos en que deben reducirse los requisitos para formar sindicatos, ampliar la vigencia de las credenciales y reducir la tramitología para su obtención, reducir el número de trabajadores necesarios para conformar un sindicato y la posibilidad de poder inscribirse en más de un sindicato, entre otras observaciones realizadas por el Comité de Expertos.

Somos conscientes de que tenemos un Código del Trabajo que data de 1972 y que no corresponde a la realidad laboral actual. Es más, tiene en muchos sentidos restricciones a la defensa de los derechos de los trabajadores y prerrogativas que fueron establecidas por los grupos de poder en su momento. Este es un desafío que requiere una amplia discusión y consenso de todos los sectores, por lo que les invitamos a aportar en este proceso de discusión de la reforma del Código del Trabajo, a la vez que solicitamos la asistencia técnica de la OIT.

En relación con la disolución de instituciones y la creación de nuevas instancias, esto está alineado con un proceso de modernización del Estado, y todo ha sido realizado siguiendo los procesos e instancias establecidas en nuestro marco normativo.

Respecto a la acreditación de la parte empleadora, hay que decir que ya se remitió el informe a la Comisión de Verificación de Poderes.

Tomamos nota del amplio interés de los empleadores en este caso. Por ello, hacemos propicia la ocasión para extender una invitación a nuestro país para que puedan constatar las condiciones por su propia cuenta. También les invitamos a promover escenarios de generación de empleo decente, siendo ese uno de los principales objetivos que debemos seguir.

En vista de que el espacio no nos permite abordar puntualmente todos los comentarios vertidos, tomamos nota de los mismos y procederemos a remitir los informes correspondientes a los órganos de control de la OIT, no sin antes reiterar nuestra solicitud del acompañamiento y cooperación técnica de esta institución para avanzar hacia el pleno cumplimiento de la libertad sindical en El Salvador.

Miembros trabajadores - En sesiones anteriores de nuestra Comisión, los miembros trabajadores reconocimos algunos avances realizados por el Gobierno, como la ratificación de varios convenios de la OIT en respuesta a las demandas de las organizaciones sindicales. Sin embargo, es evidente que esos avances han sido mínimos y sobre todo simbólicos, ya que muchos de los compromisos adquiridos no se han cumplido desde la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT de mayo de 2022.

La Comisión de Expertos ha señalado repetidas veces la falta de acciones concretas en relación con el asesinato del dirigente sindical, el Sr. Victoriano Abel Vega en 2010. A pesar de las reiteradas solicitudes del Comité de Libertad Sindical para que el Gobierno identificara y sancionara a los responsables, no se ha producido ningún avance real. Celebro que el Gobierno haya anunciado que ello se hará en el corto plazo. Esperemos.

Además, el Gobierno sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones de revisar las disposiciones constitucionales y legislativas que privan a determinadas categorías de funcionarios públicos del derecho de sindicación y obstaculizan la formación de sindicatos.

El requisito de renovar las juntas directivas sindicales cada año, establecido en el Código del Trabajo, es un claro obstáculo a la libertad sindical. Se trata de un proceso muy burocrático que puede durar hasta nueve meses (a veces cinco días, pero también nueve meses) y que paraliza la actividad sindical, impide solicitar inspecciones del trabajo y bloquea la negociación colectiva. Con todo, el Gobierno ha ignorado las recomendaciones para eliminar esos requisitos excesivos, demostrando una falta de compromiso real con la libertad sindical.

En junio de 2023, se instó al Gobierno a que reactivase el Consejo Superior del Trabajo y otros órganos tripartitos de acuerdo a normas claras y objetivas. Sin embargo, el Consejo Superior del Trabajo no ha sesionado desde mayo de 2022 y otros órganos tripartitos carecen de representación sindical. La reciente disolución de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa en junio de este año no ha hecho sino agravar la situación, ya que deja en el limbo las reformas legislativas pendientes. ¿Qué ocurrirá con ellas?

Así pues, la falta de acciones efectivas y las continuas restricciones legislativas y prácticas demuestran una preocupante negligencia por parte del Gobierno a la hora de garantizar los derechos sindicales de los trabajadores salvadoreños.

Y por esta razón, nos vemos obligados a reiterar algunas de las conclusiones de anteriores sesiones de nuestra Comisión.

Instamos al Gobierno a que:

• dedique con urgencia y de manera prioritaria todos los esfuerzos necesarios para agilizar y concluir las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes sindicales, de manera que se identifique y sancione a la brevedad a los responsables tanto materiales como intelectuales;
• ponga fin a los retrasos en la expedición de credenciales a las organizaciones de trabajadores;
• garantice que todas las organizaciones de trabajadores gocen de los derechos y libertades establecidos en el Convenio y estén plenamente incluidas en la consulta tripartita y el diálogo social;
• reactive, sin demora, el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo y otros órganos tripartitos;
• adopte sin demora todas las medidas necesarias para derogar la obligación legal de los sindicatos de solicitar la renovación de su estatuto jurídico cada doce meses;
• elabore una hoja de ruta con plazos determinados para aplicar sin demora todas las recomendaciones formuladas por la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT de 2022 y las recomendaciones de la Comisión en relación con el Convenio.

Miembros empleadores - En nuestras consideraciones finales, primero queremos reiterar nuevamente nuestro agradecimiento al Gobierno de El Salvador por la información suministrada a esta Comisión, y le decimos abierta y francamente que esperamos que su compromiso ante la OIT se traduzca en hechos concretos y en el cumplimiento cabal de las recomendaciones y requerimientos formulados.

Tengo que mencionar un ejemplo de la discrepancia que observamos entre lo dicho y lo realizado por el Gobierno, un ejemplo simple: el Gobierno no consultó a la ANEP la designación de delegados a esta Conferencia. ¿Qué más? En fin, vamos a continuar.

Los empleadores agradecemos también a los delegados que han participado en esta reunión y los aportes que han realizado para este caso. Hacemos eco de lo señalado por el portavoz del Grupo de los Trabajadores, que refleja claramente el incumplimiento por parte del Gobierno que se ha venido mostrando hasta ahora, y compartimos preocupaciones. Las recomendaciones que ha formulado el representante del Grupo de los Trabajadores son totalmente aceptables para nosotros, así que las reproducimos.

Quisiéramos añadir a esto que las conclusiones deben hacer referencia y replicar en lo que corresponda las conclusiones que ya se establecieron en la discusión del año 2023 relativas al Convenio núm. 144. Por razón de la vinculación de ambos casos, no solo dicha por mí, sino también reconocida por la Comisión de Expertos expresamente en su Informe.

Adicionalmente, nos parece necesario que se establezca lo siguiente:

• 1) que, previa consulta con las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores independientes y representativas, tome las medidas para garantizar el cese definitivo de toda forma de agresión en contra de personas u organizaciones en relación tanto con el ejercicio de actividades sindicales legítimas como con las actividades de las organizaciones de empleadores, de sus directivos y miembros, y prevenir que vuelva a ocurrir esto en el futuro. Se debe garantizar que no se repitan estos ni otros actos de hostilidad e interferencia en contra de la ANEP y sus afiliadas y que se respete la libertad de los empleadores respecto de sus organizaciones. El rol político que atribuye el representante del Gobierno a la ANEP está fuera de esta discusión; si en el pasado hubo organismos solo bipartitos es una responsabilidad del Gobierno y no puede ser atribuible a las organizaciones sindicales o a las de los empleadores. Seguramente hicieron los reclamos correspondientes en su oportunidad. Esto no justifica en absoluto que a tiempo presente se haga a un lado y se ignore a una organización representativa como lo es la ANEP;
• 2) que proporcione de inmediato información detallada indicando las medidas tomadas para garantizar que no se repitan estos ni otros actos de hostilidad e interferencia y para garantizar el respeto de la libertad de los trabajadores y de los empleadores para constituir las organizaciones que estimen convenientes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción sin intervención de las autoridades públicas, libres de los citados actos de agresión;
• 3) que dirija de forma prioritaria todos sus esfuerzos para agilizar y concluir las investigaciones sobre los homicidios que ya se han mencionado;
• 4) que provea información detallada sobre el contenido y el estado del trámite parlamentario de las reformas dirigidas a garantizar la coherencia de las normas nacionales con el Convenio, incluida la propuesta de reforma al Código Penal y de los procesos de consulta con los actores sociales que existan en torno a estas iniciativas y los resultados obtenidos, y
• 5) que tome las medidas necesarias para revisar las reglas aplicables a la inscripción de las juntas directivas para garantizar el derecho de las organizaciones para constituirse y elegir libremente a sus representantes.

Es evidente, y así lo ha identificado la Comisión de Expertos en su Informe, que los hechos y violaciones correspondientes y atribuibles al Convenio están íntimamente vinculados a la discusión sostenida en 2023 respecto al Convenio núm. 144, como ya he mencionado. Por esta razón reiteramos el planteamiento que hizo esta Comisión en sus conclusiones relativas a este caso. En este sentido, resulta necesario establecer una misión de contactos directos.

Queremos hacer la solicitud expresa de que se establezca esta misión de contactos directos. Nos parece que tiene plena congruencia con todas las preocupaciones que tenemos, con el interés que ha manifestado el Gobierno para cumplir con todas las obligaciones contraídas a través de la ratificación de los convenios y con la hoja de ruta que debe existir para el cumplimiento de los compromisos ya adoptados con anterioridad.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota con preocupación de las alegaciones de violaciones continuas del Convenio por parte del Gobierno, incluida la ausencia de progresos tangibles en las investigaciones de los asesinatos de sindicalistas y la denuncia de actos de acoso contra una organización de empleadores (ANEP).

La Comisión también expresó preocupación por las alegaciones de injerencia por parte de las autoridades en la designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión instó al Gobierno, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores independientes y representativas, a:

• poner fin inmediatamente a todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra las personas o las organizaciones en relación con el ejercicio tanto de las actividades sindicales legítimas como de las actividades de las organizaciones de empleadores, y a adoptar medidas para garantizar que tales actos no se repitan;
• garantizar de nuevo el respeto de la libertad de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción sin injerencia de las autoridades públicas;
• acelerar y concluir las investigaciones en curso de los asesinatos de dirigentes sindicales con miras a establecer los hechos, determinar la culpabilidad y castigar a los autores de tales actos;
• proporcionar información detallada sobre el contenido y la situación del proceso parlamentario de la reforma propuesta al Código Penal, los procesos de consulta con los actores sociales que existen en relación con esta iniciativa, y los resultados obtenidos;
• acelerar los procesos de registro y la expedición de credenciales de las juntas directivas para garantizar el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a establecer y elegir libremente a sus representantes;
• derogar la obligación legal de los sindicatos de solicitar la renovación de su condición jurídica cada doce meses;
• reactivar, sin demora, el Consejo Superior del Trabajo (CST), a fin de garantizar la plena participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el diálogo social y la consulta tripartita;
• elaborar una hoja de ruta con plazos concretos para aplicar sin demora todas las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel de la OIT de 2022 y las recomendaciones previas de la Comisión relativas al Convenio, y
• proporcionar información sobre el cambio institucional de INSAFORP a INCAF, y garantizar que dicha institución tenga una estructura tripartita.

La Comisión pidió al Gobierno que presentara a la Comisión de Expertos, antes de su próxima reunión, una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, con respecto a todos los temas arriba mencionados, incluida información sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas.

Representante gubernamental - En nombre de la delegación de El Salvador, tomo nota de las conclusiones señaladas por esta Comisión.

Aprovecho la ocasión para señalar que El Salvador es respetuoso de los órganos de control de la OIT. Por lo tanto, agradecemos la oportunidad de presentar los avances en la implementación del Convenio. Asimismo, tomamos nota de los comentarios vertidos por los interlocutores sociales.

Respecto a los avances de los casos de los sindicalistas, quiero reiterar los significativos avances realizados. Lo haré de manera pausada para facilitar la traducción.

Hemos reiterado que, respecto al Sr. Weder Meléndez, hemos indicado que la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil, luego de exhaustivas investigaciones, identificó y capturó a los responsables, siendo tres miembros de la pandilla «18 Revolucionarios», los mismos que están a la espera de un juicio condenatorio, y que, al tener una resolución final, remitiremos el informe pertinente al Comité de Libertad Sindical. Sin embargo, consideramos que en el contexto de delincuencia en el que el país se encontraba, la resolución que se tiene hasta el momento es un avance muy significativo.

Por otro lado, al igual que en el caso del Sr. Meléndez, en el caso del Sr. Abel Vega se han realizado exhaustivas investigaciones, encontrándose, como ya dije, en una etapa de individualización de responsables con el fin de proceder a juicios. Vale la pena recordar que este caso se encontraba archivado por el órgano judicial y que ha sido precisamente el Estado salvadoreño quien pidió la reapertura del caso. Esto con el fin de tener una pronta y cumplida justicia.

Siendo nosotros respetuosos de la división de poderes y conscientes de nuestras obligaciones, haremos el seguimiento respectivo a los avances. Pero tenemos, como Estado, la plena convicción de que ninguna muerte de sindicalista quedará impune en nuestro país.

En relación con los comentarios sobre las organizaciones de empleadores, queremos decir, enfáticamente, que en el país se respeta plenamente el accionar de las diferentes asociaciones de empleadores; esto incluye la elección libre e independiente de sus representantes. Todos sus dirigentes, al igual que todos los ciudadanos, tienen asegurado el derecho de libre expresión y organización.

Por lo demás, aceptamos la declaración y nos comprometemos a su debido seguimiento, habida cuenta de nuestro compromiso de seguir informando sobre los avances.

Reafirmamos que nuestro compromiso con los principios y valores de la OIT es inquebrantable, por lo que seguiremos avanzando para alcanzar el trabajo decente, privilegiando el diálogo social con todos los actores y sectores. Agradecemos en este proceso la valiosa cooperación y asistencia técnica de la OIT.