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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Burkina Faso (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

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Artículos 3, a) y 7, 1) del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Venta y trata de niños. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma debida nota de la información facilitada por el Gobierno en su memoria según la cual, como parte del fortalecimiento de la capacidad de los organismos encargados de aplicar la legislación relativa a la trata de niños, se ha creado una aplicación de vigilancia para uso de los inspectores del trabajo, denominada «Koglkamba», con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Un total de 72 controladores e inspectores del trabajo han recibido formación sobre el uso de esta aplicación, cuyos datos también pueden utilizar los operadores de justicia y el personal encargado de la atención a los niños víctimas. Asimismo, han recibido formación sobre la trata de niños un total de 79 trabajadores sociales y 18 miembros de redes de protección de la infancia (incluidos 6 miembros de brigadas regionales de protección de la infancia y 2 magistrados). Además, el Gobierno afirma que se ha introducido un módulo sobre trata de personas en el programa académico de los auditores de justicia formados en la Escuela Nacional de Administración y Magistratura.
Asimismo, la Comisión toma buena nota de la información del Gobierno según la cual, entre 2021 y 2022, se condenó a un total de 63 personas a penas de prisión de entre seis meses y cinco años por el delito de trata de personas.
Sin embargo, la Comisión toma nota de la información contenida en el Plan de acción nacional de lucha contra la trata de personas en Burkina Faso 2023-2025 (PANTP), adjunto a la memoria del Gobierno, según la cual el número de presuntas víctimas identificadas supera con creces el número de investigaciones. En el documento se indica que, entre los factores que limitan la lucha contra la trata de personas, se encuentran la dificultad que entraña recopilar datos, la falta de recursos humanos, financieros y materiales, la insuficiencia de instalaciones de acogida para las víctimas y la falta de cooperación regional e internacional. La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar que se lleven a cabo investigaciones y enjuiciamientos rigurosos de los autores de delitos relacionados con la venta y la trata de niños, y que se impongan penas suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información concreta sobre la aplicación de las disposiciones relativas a esta forma de trabajo infantil, que cuenta entre las peores, aportando estadísticas sobre el número de condenas y sanciones penales impuestas.
Artículo 6. Plan de acción y aplicación del Convenio en la práctica. Venta, trata y explotación sexual de niños. La Comisión toma debida nota de la publicación del PANTP 2023-2025, que se basa en cinco ejes, a saber, el marco institucional, la prevención, el apoyo y la protección de las víctimas, las medidas represivas y judiciales contra los traficantes, y el refuerzo de la colaboración para la lucha contra la trata de personas, con el fin de mejorar la coordinación a escala nacional e internacional. Al tiempo que toma nota de algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que comunique información sobre las medidas tomadas y los resultados obtenidos, en el marco del PAN-TP 2023-2025, para prevenir la trata de niños y asegurar que los niños víctimas de trata reciban servicios adecuados de rehabilitación e inserción social.
Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la adopción de la Estrategia nacional de educación en situaciones de emergencia 20192024, cuyo objetivo es garantizar que las actividades de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un entorno seguro y protegido para todos los niños, en particular los que se encuentran en zonas de riesgo y afectadas por las crisis.
Asimismo, toma nota de que en la Estrategia nacional de lucha contra las peores formas de trabajo infantil 2019-2023 se indica que un total de 387 778 niños han recibido apoyo en forma de becas escolares, material escolar y raciones de alimentos. Se ha librado a un total de 978 niños de entre 9 y 13 años del trabajo infantil, a los que se ha reinsertado en el sistema escolar formal en el marco de la Estrategia de Escolarización Acelerada/Pasarela. Del mismo modo, señala que para el curso escolar 2022-2023, se beneficiaron de la atención escolar un total de 7 815 niños de familias vulnerables, de los cuales 3 806 eran niñas. De estos niños, 5 000 también obtuvieron una beca escolar, y 345 niños, de entre ellos, 211 niñas, recibieron formación profesional.
Sin embargo, la Comisión toma nota de la información publicada en el sitio web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) según la cual, al inicio del curso escolar 2023-2024, un total de 6 149 escuelas (al menos una de cada cuatro) permanecían cerradas debido a la violencia y la inseguridad en determinadas regiones del país. A este respecto, el UNICEF calcula que un millón de niños no asisten a la escuela y están expuestos a numerosas amenazas. Al tiempo que toma nota de la difícil situación que prevalece en el país y de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país, acrecentando la calidad de la enseñanza y el acceso a la educación básica de todos los niños, en particular los afectados por la crisis de seguridad y de salud del país.En este sentido, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas específicas adoptadas en el marco de la Estrategia nacional de lucha contra las peores formas de trabajo infantil 2019-2023, la Estrategia de Escolarización Acelerada/Pasarela y la Estrategia nacional de educación en situaciones de emergencia.Tambiénsolicita al Gobierno que aporte información sobre los resultados obtenidos, en especial en lo que se refiere al aumento de las tasas de escolarización y finalización de los estudios.
Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo y rehabilitarlos e insertarlos en la sociedad. Venta y trata de niños. La Comisión toma buena nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual se ha impartido formación, en particular sobre la gestión de los casos de trata y la utilización del Sistema de gestión de información para la protección de la infancia, en lo relativo a la supervisión y el apoyo profesional a los niños, y sobre la atención psicosocial a niños víctimas de violencia, movilidad y trata, entre otras cosas.
El Gobierno menciona que, en cuanto a la atención a los niños víctimas de trata y de las peores formas de trabajo infantil: 1) se ha atendido a un total de 1 759 niños sin familia en centros para niños desamparados y familias de acogida; 2) un total de 809 niños y jóvenes en dificultades han recibido apoyo psicosocial y educativo en internados; 3) se ha atendido a un total de 21 073 niños víctimas de violencia y abusos; 4) un total de 972 niños en situación de movilidad o riesgo han recibido becas de formación profesional, y 5) se ha informado a un total de 6 732 niños sobre las medidas de protección de la niñez, en particular en situaciones de emergencia. También se celebraron sesiones de sensibilización sobre la trata, la movilidad y las peores formas de trabajo infantil, así como reuniones de coordinación de grupos de trabajo sobre protección de la niñez. Además, 104 denuncias a través de la línea telefónica 116 han dado lugar a la aplicación de medidas de protección para los niños afectados. La Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para impedir que los menores de 18 años se conviertan en víctimas de trata con fines de explotación económica o sexual, y para librar a los niños de la venta y la trata, y rehabilitarlos e insertarlos en la sociedad. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados obtenidos.
Niños que trabajan en minas de oro artesanales y canteras. Al hilo de sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información del PANTP según la cual está previsto lanzar campañas de sensibilización sobre la trata de personas en Burkina Faso, dirigidas a personas que trabajan en determinados sectores productivos, como el lavado de oro. Además, en el marco del componente de prevención del plan, se prevén controles seguidos de notificaciones formales, observaciones y actas de infracción en determinados sectores, en particular las plantas de lavado de oro.
Asimismo, la Comisión observa que, según la información proporcionada por el Gobierno, un total de 413 miembros de las Unidades comunitarias de protección de la infancia se han beneficiado de la capacitación sobre el enfoque de red, la cuestión de la movilidad de los niños y el trabajo infantil en las plantas de lavado de oro.
La Comisión también toma nota de la información que figura en el segundo informe periódico presentado por Burkina Faso en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en 2024, según la cual se ha podido sacar a un total de 612 niños de plantas de lavado de oro y devolverlos a sus familias (CCPR/C/BFA/2, párrafo 167).
Sin embargo, la Comisión observa que, según la información del PAN-TP, los delincuentes transportan a niños, incluidos niños sin hogar o en situación de movilidad, a Côte d’Ivoire, Malí, el Senegal y el Níger para explotarlos en minas artesanales, entre otros lugares.
Además, el Gobierno afirma que las niñas de la ciudad de Uagadugú y de las zonas donde se realiza el lavado de oro son sometidas a explotación sexual y transportadas desde comunidades de Burkina Faso y países vecinos, como Nigeria. El Gobierno también se refiere a la información procedente de una organización internacional, que calcula que entre 200 000 y 300 000 niños trabajan en explotaciones mineras artesanales. La Comisión insta al Gobierno a que siga adoptando medidas para retirar a los niños del trabajo en minas y plantas de lavado de oro, y que asegure su rehabilitación e inserción social. Pide al Gobierno que proporcione información, en particular sobre las medidas adoptadas en el marco del PAN-TP, así como sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos a este respecto.
Artículo 8. Cooperación y asistencia internacionales. Cooperación regional en materia de venta y trata de niños. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno comunica que en 2021 se rescató y repatrió a sus países de origen a un total de 26 niños, en el marco de la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Burkina Faso y Côte d'Ivoire, así como entre Burkina Faso, el Togo y Benin.
Del mismo modo, la Comisión constata en el PAN-TP 2023-2025 que, según el informe nacional de 2019 sobre la trata de personas, de las 4 684 personas que se encontraban en situación de movilidad, un total de 2 303 presuntas víctimas de trata fueron rescatadas por las fuerzas de defensa y seguridad, entre ellas 1 941 personas de nacionalidad burkinesa y 362 personas originarias de Côte d’Ivoire, el Togo, Nigeria y Benin. Entre todas las víctimas, el número de niños supera al de niñas, y el grupo de edad más explotado es el de 14 a 18 años, con un total de 1 097 víctimas, de las cuales 704 son niños y 393 niñas. La explotación económica afecta a un total de 2 131 niños, y la explotación sexual afecta a 172 víctimas en total. Al tiempo que toma nota de algunas medidas adoptadas por el Gobierno y recuerda la magnitud de la trata transfronteriza en el país, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación del acuerdo de cooperación firmado con el Togo y Benin, así como del acuerdo firmado con Côte d’Ivoire, y acerca de los fondos asignados a estos acuerdos. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre los resultados obtenidos en términos de interceptación de niños víctimas de venta o trata, así como de su rehabilitación, reinserción social y repatriación.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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