Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Australia (Ratificación : 1973)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Política nacional de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. Raza, color, origen social y ascendencia nacional. Pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que, tras el fracaso del referéndum de 2024 sobre el reconocimiento constitucional de los primeros pueblos de Australia mediante la creación del organismo The Aboriginal and Torres Strait Islander Voice (la «voz» de las primeras naciones), existe una renovada conciencia nacional sobre la necesidad de eliminar las diferencias en materia de salud, educación, empleo, vivienda y justicia que experimentan los pueblos indígenas, así como de la información proporcionada sobre los esfuerzos conexos. La Comisión saluda la garantía del Gobierno de que el resultado del referéndum no cambia en nada su compromiso con la reconciliación ni su permanente labor para mejorar la situación de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres.

En relación con el acceso a la tierra y a los recursos de los pueblos indígenas, el Gobierno indica en su memoria que, a 25 de enero de 2025: 1) cerca del 57 por ciento de la superficie terrestre de Australia está sujeta a los derechos o intereses legales reconocidos a los pueblos de las primeras naciones: aproximadamente el 16 por ciento de las tierras están sujetas a un derecho otorgado en virtud de los regímenes de derechos sobre la tierra de los estados y los territorios o la Commonwealth, y el 46 por ciento de las tierras están sujetas a un título de propiedad aborigen; 2) se ha reconocido la titularidad aborigen sobre 113 529 kilómetros cuadrados de los mares de Australia, y 3) hay 130 reclamaciones activas de titularidad aborigen, que abarcan el 10,4 por ciento de la superficie terrestre de Australia, y 643 reclamaciones de titularidad aborigen resueltas. La Comisión también observa que el Gobierno se refiere a la revisión del régimen de «actos futuros» de la Ley de Títulos de Propiedad Aborígenes, de 1993, que está llevando a cabo la Comisión Australiana de Reforma Legislativa, entre cuyos objetivos está examinar: los 30 años de funcionamiento de la Ley de Títulos de Propiedad Aborígenes y estudiar las opciones para rectificar cualquier desigualdad, injusticia o deficiencia en el funcionamiento actual del régimen de actos futuros, así como formas de hacerlo más eficiente; las opciones para que los grupos detentores de los títulos de propiedad aborigen, los promotores de los proyectos y las autoridades compartan los beneficios de las iniciativas de desarrollo previstas en tierras de titularidad aborigen, y los derechos y obligaciones reconocidos en los instrumentos internacionales en los que Australia es parte o que se ha comprometido a apoyar. La Comisión toma nota además de que, según la comunicación presentada por la Comisión Australiana de Derechos Humanos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sigue habiendo una gran preocupación por la incompatibilidad de la Ley de Títulos de Propiedad Aborígenes, de 1993, con las obligaciones de Australia en materia de derechos humanos, entre otras cosas por cuanto respecta a los requisitos probatorios que la Ley establece para demostrar la vinculación de los pueblos indígenas con la tierra. También toma nota de que el informe «Las mujeres y los títulos de propiedad aborigen: Informe sobre los títulos de propiedad aborigen 2024» entre otras cosas recomienda crear un consejo de reforma de los títulos de propiedad aborigen para llevar a cabo un proceso de reforma integral en relación con la Ley de Títulos de Propiedad Aborígenes, de 1993, y con todas las leyes y políticas conexas, con miras a crear un sistema de justicia territorial coherente, homogéneo, justo, sostenible y con perspectiva de género.

En lo que respecta al Programa de Guardabosques Indígenas y el Programa de Áreas Protegidas Indígenas, el Gobierno indica que: 1) tiene previsto invertir un total de 1 300 millones de dólares en la financiación de programas e iniciativas relativos a la dotación de guardabosques indígenas a través de la Agencia Nacional de Indígenas Australianos entre 2021 y 2028, y 2) en toda Australia hay un total de 121 proyectos de áreas protegidas indígenas. La Comisión también toma nota de que, según el informe anual de la Commonwealth sobre el cierre de la brecha de 2024 y Plan de Implementación para 2025, en 2024 se crearon 12 nuevas áreas protegidas indígenas y se amplió el Programa de Guardabosques Indígenas, dando prioridad a la creación de puestos de guardabosques para las mujeres de las primeras naciones y, en lo que respecta al Plan de Implementación para 2025, se había previsto traspasar la gestión de ocho áreas protegidas indígenas a organizaciones controladas por la comunidad. Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los diversos programas y medidas adoptados para promover el acceso de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres al empleo y la formación profesional, entre ellos el Programa de Competencias y Empleo para Indígenas y el Programa de Reconexión, Empleo y Aprendizaje.

En relación con el examen del acuerdo nacional para cerrar la brecha elaborado por la Comisión de Productividad, la Comisión lamenta observar lo siguiente: 1) a pesar de algunos casos aislados positivos, los avances en la aplicación de las reformas prioritarias del acuerdo en su mayor parte han sido escasos; 2) la heterogeneidad de las medidas y el carácter esporádico de los cambios no han dado lugar a mejoras notables y significativas; 3) no se ha adoptado un enfoque sistemático para determinar qué estrategias deben aplicarse para romper con el modus operandi habitual de las autoridades, y 4) entre los obstáculos que siguen impidiendo llevar adelante las reformas prioritarias del acuerdo figuran la ausencia del reparto de poderes necesario para posibilitar la toma de decisiones conjunta y el hecho de que las autoridades no han asumido la realidad, que es que los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres saben lo que es mejor para sus comunidades, ni actúan en consecuencia. La Comisión también toma nota de que, según el informe remitido por la Comisión Australiana de Derechos Humanos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 1) los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres siguen en una situación desfavorecida inaceptable; 2) en los últimos cinco años se ha avanzado poco en relación con el reconocimiento de sus derechos, y 3) la representatividad, la verdad y el establecimiento de acuerdos siguen siendo elementos fundamentales para abordar las dificultades que estos pueblos experimentan.

Estados y territorios. La Comisión toma nota de las diversas iniciativas que se siguen emprendiendo para promover la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas y para hacer frente a la discriminación. Concretamente, toma nota con interés de: 1) la adopción de la Ley de la Voz de las Primeras Naciones en 2023 en Australia Meridional, que estableció un órgano representativo de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con funciones consultivas y capacidad para presentar observaciones al Parlamento del estado sobre cuestiones que afectan a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en Australia Meridional, incluido el empleo, y 2) la firma del primer tratado de Australia con las primeras naciones en el estado de Victoria en noviembre de 2025.

La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos por promover la igualdad de oportunidades y de trato para los pueblos indígenas en materia de empleo, educación, formación profesional y ocupación, así como en relación con el acceso a la tierra y a los recursos y la seguridad de la tenencia de la tierra, y que proporcione información sobre las medidas adoptadas para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y los ajustes y reformas realizados en consecuencia, en colaboración con los grupos interesados, incluida información sobre: i) los avances realizados en el cumplimiento de los objetivos de cerrar la brecha, especialmente en lo que respecta al empleo, la educación y la formación profesional, así como en lo tocante a la tierra y los recursos; ii) la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Productividad, así como las formuladas por la Comisión de Derechos Humanos de Australia en el informe sobre los títulos de propiedad aborigen de 2024, incluida la creación de un consejo de reforma de los títulos de propiedad aborigen, y iii) los resultados del examen del régimen de «actos futuros» de la Ley de Títulos de Propiedad Aborígenes, de 1993.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.