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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Panamá (Ratificación : 1970)

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La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), recibidas el 30 de agosto de 2025; así como de las observaciones de la CONUSI, recibidas el 29 de agosto de 2025. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1 de septiembre de 2025, en las que reitera los comentarios formulados por los miembros empleadores durante el debate sobre la aplicación del Convenio celebrado en junio de 2024 en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante la Comisión de la Conferencia). La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 2 de septiembre de 2025. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Medidas para promover el pleno empleo. Desarrollo de la infraestructura. Política comercial. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno se refiere a la continuidad de la implementación del Programa de intermediación laboral «Eje de Empleabilidad Comunitaria», que tiene como objetivo contratar mano de obra local con la finalidad de brindar oportunidades de empleo en las comunidades donde se desarrollan proyectos de infraestructura con el fin de mejorar su empleabilidad y reconversión laboral. En el marco de dicho programa, se implementaron 47 proyectos en 2023, en los que se capacitó a 967 personas, y se lograron 2 200 inserciones, de las cuales tan solo 72 fueron mujeres. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones, la CONUSI sostiene que: i) las cuantiosas inversiones en infraestructuras y los programas de empleabilidad comunitaria, no han tenido un impacto significativo y verificable en la creación de puestos de trabajo decentes y ii) el Gobierno omite de manera reiterada proporcionar datos concretos y desglosados sobre el impacto de estas medidas en la generación de empleo. Por último, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas específicas adoptadas en el marco de todos los proyectos de desarrollo de infraestructura y de política comercial señalados por el Gobierno en su memoria anterior. A la luz de lo anterior, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas específicas adoptadas para generar empleo en el marco de proyectos de desarrollo de infraestructura, así como de la política comercial, incluyendo información estadística, desagregada por sexo, edad y región, sobre el número de empleos generados.
Contribución de los servicios de empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de que la CONUSI sostiene que el servicio público de empleo y el portal «Empleos Panamá» exhiben una clara ineficacia en la intermediación laboral, ya que tan solo lograron acceder al empleo 504 personas de un total de 24 689 intermediaciones. La CONUSI afirma que esto evidencia una debilidad estructural en los servicios de empleo y una escasez crítica de vacantes de calidad que sean compatibles con las aspiraciones y cualificaciones de los trabajadores. La Comisión observa que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores. Por consiguiente,la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre la naturaleza de los programas y medidas implementadas por los servicios de empleo con miras a promocionar el empleo, incluidas en las zonas rurales, así como información estadística, desagregada por edad, sexo y provincia, sobre el número de personas registradas, vacantes y colocaciones efectuadas.
Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. La CONUSI destaca en sus observaciones que: i) la educación, los planes de formación técnica y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), carecen de inversión sustancial y de la pertinencia contextual necesarias para impactar a la mayoría de los trabajadores; y ii) la desconexión crónica entre la oferta formativa del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y las demandas reales y cambiantes del sector productivo persiste, lo que se traduce en una fuerza laboral con habilidades desactualizadas y, por ende, subutilizada. La Comisión observa que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores. A la luz de las preocupaciones expresadas por la CONUSI y ante la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas tomadas, en consulta con los interlocutores sociales, con miras a coordinar las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con los cambios en la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.
microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes).Ante la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo, sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos de trabajo generados por las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Promoción del empleo para personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Ante la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas con miras a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, incluidas las comunidades indígenas y la población en zonas rurales. Pide también una vez más al Gobierno que envíe información estadística comparable, desagregada por sexo, sobre los resultados obtenidos por dichas medidas para lograr la inserción durable en el mercado del trabajo de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información incluida en la memoria del Gobierno sobre los reclutamientos focalizados dirigidos a personas con discapacidad llevados a cabo por el Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad. El Gobierno indica además que, entre 2024 y marzo de 2024, se inspeccionaron 44 empresas con miras a verificar el cumplimiento de la Ley núm. 15, de 31 de mayo de 2016, relativa a la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. La Comisión toma nota también de que, según información publicada el 25 de noviembre de 2025 en el sitio web de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó ante el Consejo de Gabinete los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), que revelaron que 781 478 personas en el país viven con algún tipo de discapacidad (uno de cada seis panameños). Por último, la Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que, en el marco del Plan Estratégico del Gobierno (PEG) anterior, se previa la elaboración del primer estudio nacional de accesibilidad laboral, con el propósito de ayudar a los actores involucrados en la integración laboral. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no proporciona información sobre la situación en la que se encuentra la adopción de dicho estudio y de que una vez más el Gobierno no proporciona información sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo regular, que permitan evaluar el impacto de las medidas implementadas Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas con miras a promover el acceso de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo, incluyendo información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo de las personas con discapacidad. La Comisión pide también una vez más al Gobierno que envíe una copia del primer estudio nacional de accesibilidad laboral una vez este sea finalizado.
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