Caso individual (CAS) - Discusión: 2026, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belarús (Ratificación : 1956)

Sesión especial relativa a la observancia por Belarús del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), en aplicación de la Resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 111.ª reunión (2023)

Información escrita proporcionada por el Gobierno

El Gobierno de Belarús ha presentado en repetidas ocasiones los argumentos necesarios para refutar las acusaciones infundadas y con motivaciones políticas que se han vertido en su contra, según las cuales incumple el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949 (núm. 98); no aplica las recomendaciones de la comisión de encuesta ni de los órganos de la OIT, y persigue a los activistas sindicales por el supuesto ejercicio pacífico de actividades legítimas.

Teniendo en cuenta que Belarús volverá a ser objeto de examen por parte de la Comisión de Aplicación de Normas durante la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Gobierno se ve obligado a reiterar sus observaciones sobre la situación real de las cuestiones planteadas.

Los sucesos ocurridos en 2020 no tuvieron nada que ver con los procesos de diálogo social en el ámbito laboral o con el ejercicio legítimo de los derechos y libertades sindicales o de otro tipo. Las acciones de protesta, instigadas artificialmente por fuerzas destructivas, no tuvieron su origen en factores de orden económico o social, fueron de carácter ilegal y estuvieron destinadas a tomar el poder por medios inconstitucionales.

Los ciudadanos que fueron llevados ante la justicia y están cumpliendo condena (o la han cumplido ya) en lugares de reclusión, y que figuran en listas de opositores, cometieron delitos penales concretos, de los cuales muchos de ellos se declararon culpables. Sus actos ilegales no guardan relación con la labor sindical real para proteger los derechos de los trabajadores y el ejercicio pacífico de las libertadas garantizadas. No se hicieron reclamaciones de carácter económico o social durante dichos actos ilegales.

El Gobierno ha explicado en repetidas ocasiones los motivos por los cuales se exigen responsabilidades a estas personas. En la mayoría de los casos, los cargos que se les imputan están relacionados con delitos de naturaleza extremista o vinculados al terrorismo. Algunos ciudadanos pertenecían al grupo extremista financiado con capital extranjero «Rabochy Rukh» (Movimiento Obrero), cuyas actividades estaban destinadas a desestabilizar la situación en el país y dañar su economía (como el cierre ilegal de empresas estratégicas, la recopilación y difusión a actores externos de información reservada sobre las actividades de grandes instalaciones industriales, el sabotaje económico para desestabilizar a la fuerza de trabajo, la trama de actos de sabotaje y extremistas y las presiones ejercidas sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley).

Los intentos sistemáticos por parte de los opositores a Belarús de describir a estas personas como víctimas de una campaña antisindical o de represión política están motivados por el ansia de utilizar los mecanismos de la OIT para ejercer una presión indebida sobre Belarús con fines geopolíticos.

La personería gremial no otorga a los ciudadanos ni a las organizaciones carta blanca para vulnerar la ley o llevar a cabo actividades destructivas perjudiciales para los intereses de la sociedad y el Estado. Las normas internacionales universalmente reconocidas, incluidos los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, no contienen disposiciones que permitan infringir la legislación nacional. Al hacer que los autores de los delitos comparecieran ante la justicia, las autoridades bielorrusas no vulneraron ninguna obligación internacional.

Al mismo tiempo, en Belarús no se persigue a nadie por su actividad sindical. Al contrario, se fomenta la labor sindical legítima.

Belarús ha creado todas las condiciones necesarias para garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho a la libertad sindical, y que los sindicatos puedan constituirse libremente y llevar a cabo sus actividades sin injerencia externa o discriminación. Las garantías de los derechos sindicales están consagradas en la legislación y se cumplen en la práctica. No se permiten las restricciones ilícitas de los derechos de los sindicatos ni la obstrucción del ejercicio de las competencias que les corresponden. Los ciudadanos del país ejercen libre y activamente su derecho a afiliarse a sindicatos. En la actualidad, la central sindical nacional, representada por la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), vela por los intereses de cerca de 4 millones de ciudadanos, cifra que habla por sí sola.

Por su parte, los sindicatos y sus dirigentes y activistas llevan a cabo libremente sus actividades, encaminadas a proteger los derechos e intereses laborales y socioeconómicos de los trabajadores, mejorando el nivel de vida y la seguridad social de los ciudadanos, entre otras cosas mediante la interacción con los organismos gubernamentales y los empleadores en un marco de gestión participativa.

Cualquier afirmación de que los sindicatos y los ciudadanos de Belarús son perseguidos por sus actividades sindicales o por el ejercicio legítimo y pacífico de sus derechos y libertades civiles es absurda y carece de fundamento. Afirmaciones como estas son algunos de los instrumentos que emplean en la guerra de información abierta contra Belarús sus opositores, así como personas y organizaciones con motivaciones políticas que, sin ninguna vergüenza, explotan las cuestiones de derechos humanos y las plataformas internacionales para desacreditar al país, endurecer las sanciones que se le aplican, debilitar su economía y esfera social, y subvertir la opinión pública con el fin de que cambien las prioridades en materia de política exterior y el vector de integración.

Habida cuenta de los hechos expuestos, los llamamientos dirigidos a las autoridades bielorrusas para que revoquen de inmediato decisiones judiciales, pongan en libertad a los ciudadanos sancionados por llevar a cabo actividades sindicales supuestamente legítimas, los absuelvan de todos los cargos que se les imputan, les restituyan sus derechos y les concedan una indemnización carecen de base objetiva y rozan la injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano.

A su vez, el Gobierno de Belarús, por razones objetivas, no puede cumplir las correspondientes exigencias impuestas por los órganos de control de la OIT, simplemente porque no hay en el país ciudadanos a los que se sancionaría por el ejercicio lícito y pacífico de sus derechos y libertades sindicales o de otro tipo. A las personas que se encuentran en lugares de reclusión y que se las posiciona en el papel de «víctimas inocentes de la represión» se les exigen responsabilidades jurídicas por haber cometido actos ilícitos.

En respuesta a las acusaciones vertidas contra el Gobierno con respecto a su indiferencia ante las recomendaciones formuladas por la comisión de encuesta y los órganos de la OIT, y por no haber facilitado ninguna información nueva sobre su aplicación, deseamos señalar que ya se facilitaron a la Oficina Internacional del Trabajo información detallada y aclaraciones exhaustivas en numerosas ocasiones, así como durante el examen del «caso de Belarús».

La legislación nacional y las prácticas de aplicación de la ley no son incompatibles con la obligación del país de cumplir los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT.

Los sindicatos tienen todo el derecho a celebrar actos multitudinarios para proteger los intereses de sus afiliados. Los procedimientos para la organización y celebración de actos de ese tipo no contravienen el principio de la libertad sindical y están en plena consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las normas legislativas que prevén sanciones por la infracción de estos procedimientos, que tiene importantes consecuencias negativas, están dirigidas a evitar actos ilícitos peligrosos para la sociedad, los cuales ponen en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos. Estas normas no son un elemento disuasorio del ejercicio del derecho a la libertad de reunión legítima y pacífica.

Las enmiendas introducidas en la legislación sobre actos multitudinarios y en el Código Penal, destinadas a luchar contra la organización, preparación y ejecución de actos que vulneran la independencia, la integridad territorial y la soberanía del Estado, los pilares del orden constitucional y la seguridad pública, fueron un paso necesario para adecuar el marco jurídico a los desafíos que Belarús afrontó en 2020 a raíz del ataque que fuerzas hostiles planificaron contra el Estado.

A fin de defender los intereses de los trabajadores y solucionar cualquier conflicto laboral que se plantee, los sindicatos tienen garantizado el derecho a organizar y llevar a cabo huelgas. La prohibición de plantear reivindicaciones políticas durante las huelgas es una práctica internacional justificada (es decir, no debería instrumentalizarse a las empresas para ejercer presión y lograr objetivos políticos).

Los sindicatos tienen derecho a cooperar con sindicatos de otros países y, según estimen conveniente, a afiliarse a asociaciones y organizaciones sindicales internacionales y de otra índole.

La legislación sobre ayuda gratuita extranjera no prohíbe que los sindicatos reciban esa ayuda para beneficio público o fines de relevancia social. El procedimiento de inscripción para solicitar la ayuda es sencillo y puede llevarse a cabo con rapidez. La prohibición de recibir y utilizar esa ayuda para fines políticos y propaganda se aplica a todas las organizaciones (no solo a los sindicatos). Esta prohibición obedece a intereses de seguridad nacional y se ha vinculado de manera injustificada con los artículos 5 y 6 del Convenio núm. 87.

En el contexto de la presión que se ejerce sobre Belarús, satisfacer las exigencias formuladas por conducto de los órganos de la OIT, consistentes en suavizar los controles impuestos a los fondos procedentes del extranjero, eximir a los sindicatos y los ciudadanos de responsabilidad respecto de las violaciones flagrantes de la ley cometidas durante actos multitudinarios y legalizar las huelgas políticas, creará las condiciones para que aumente la influencia destructiva sobre la situación en el país. Estas exigencias no redundan en los intereses nacionales, no contribuyen a lograr el bienestar de los ciudadanos, tienen por objeto destruir los cimientos de la estabilidad del Estado y constituyen una injerencia en los asuntos internos del país, lo cual es contrario a los principios, las metas y los objetivos de la OIT.

Habida cuenta de las acusaciones de que el Gobierno hace caso omiso de las recomendaciones formuladas por la comisión de encuesta, cabe señalar que, en repetidas ocasiones, se ha enviado a la Oficina Internacional del Trabajo, a la atención de los órganos facultados para examinar esta cuestión, información detallada sobre la aplicación de dichas recomendaciones, la cual confirma que la campaña iniciada contra Belarús en el seno de la OIT y la aplicación del artículo 33 de su Constitución al país son ilegales.

El Gobierno, en cooperación con los interlocutores sociales y la Oficina Internacional del Trabajo, ha realizado una considerable labor, que ha culminado con la aplicación de 10 de las 12 recomendaciones (núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12). Las recomendaciones 9 y 10 se han implementado en la medida en que no contradecían los intereses nacionales. Al implementar las recomendaciones, el Gobierno de Belarús se ciñó estrictamente a los acuerdos alcanzados con la Oficina Internacional del Trabajo y a los planes de acción elaborados conjuntamente. Los órganos de la OIT en repetidas ocasiones han tomado nota con interés de las medidas adoptadas, y han indicado que se han registrado avances.

En vista de los constantes intentos de «dañar» a Belarús desacreditando a la FPB y privándola de su derecho a representar los intereses de los trabajadores en el marco de la OIT, deseamos señalar que no existe ninguna razón objetiva para poner en tela de juicio la legitimidad, la independencia y el carácter representativo de la central sindical nacional.

La FPB es la única asociación sindical que lleva a cabo sus actividades en todo el territorio nacional y es la entidad pública más grande, pues agrupa a la inmensa mayoría de trabajadores de todos los sectores de la economía en todas las regiones de Belarús. La FPB está integrada por 15 organizaciones afiliadas (sindicatos sectoriales de ámbito nacional, que, como ya se ha indicado, congregan en total a cerca de 4 millones de personas).

A nivel regional, las actividades de las organizaciones afiliadas a la FPB se coordinan mediante estructuras orgánicas: seis asociaciones regionales y la Asociación Sindical de la Ciudad de Minsk. La estructura orgánica de las organizaciones afiliadas a la FPB incluye 83 organizaciones sindicales sectoriales regionales (o de la ciudad de Minsk); 5 organizaciones sindicales sectoriales unidas; 493 organizaciones municipales o de distrito; 75 organizaciones sindicales unidas y 23 670 organizaciones sindicales de base.

Por lo tanto, la FPB es la asociación de trabajadores más representativa del país en cuanto al número de afiliados cuyos intereses representa.

En relación con la cuestión planteada por los opositores acerca de la «autenticidad» de la FPB como verdadera central sindical, sus estatutos establecen claramente que la FPB es independiente de los órganos gubernamentales, los partidos políticos y otras asociaciones y organizaciones públicas. De manera independiente, la FPB elabora y aprueba sus estatutos, determina su estructura, elige sus órganos rectores y de auditoría, organiza sus actividades y dirige su propia política de personal. La FPB coopera con otras asociaciones públicas a fin de proteger los derechos laborales y socioeconómicos, así como los intereses legítimos de los sindicalistas, al tiempo que respeta la situación de cada uno y mantiene la independencia.

La independencia de la FPB la confirman los principios básicos que rigen su estructura y actividades, entre los que cabe destacar la afiliación y desafiliación voluntaria; la igualdad de derechos y obligaciones de todas las organizaciones afiliadas, así como su independencia orgánica y financiera; la colegialidad y la transparencia en la labor de sus órganos electos y la información periódica a las organizaciones afiliadas y al Congreso de la FPB por parte de dichos órganos; y la participación de todas las organizaciones afiliadas en la institución de los órganos rectores y de auditoría mediante la celebración de elecciones en el Congreso y el Consejo de la FPB entre los representantes recomendados por los sindicatos y los delegados en el Congreso y el Consejo.

Los órganos rectores de la FPB son el Congreso (órgano de gobernanza supremo), el Consejo (órgano rector entre Congresos) y el Presídium del Consejo (órgano rector entre las reuniones del Consejo). La persona que ejerce la presidencia de la FPB, las personas que ejercen sus vicepresidencias, el Consejo, su Presídium y la Comisión de Auditoría son elegidos por el Congreso.

De acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, los bienes de la FPB (fondos monetarios) se constituyen mediante las cuotas de entrada y afiliación, los fondos obtenidos de actividades empresariales, educativas, editoriales y de otro tipo, las donaciones voluntarias y otras fuentes de ingresos autorizadas por ley.

Las actividades de la FPB no están controladas ni financiadas por el Gobierno de Belarús.

La inclusión de representantes de la FPB, en calidad de organización más representativa de los trabajadores del país, en las delegaciones tripartitas de Belarús que participan en las sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, se lleva a cabo en riguroso cumplimiento de la Constitución de la OIT.

Las alegaciones infundadas presentadas por los opositores a Belarús acerca del supuesto control ejercido sobre la FPB por parte de las autoridades gubernamentales, las peticiones de que se limite la participación legítima de la FPB en la labor de la Conferencia Internacional del Trabajo y la práctica de bloquear la participación de los representantes de la FPB en las reuniones del Grupo de los Trabajadores, que es contraria a los principios de la OIT, constituyen ataques flagrantes contra el derecho legítimo de los trabajadores bielorrusos a la libertad sindical, los cuales exigen la condena y el juicio más severo por parte de los mandantes tripartitos de la OIT.

Belarús es Miembro de la OIT, abona sus contribuciones de buena fe y tiene todo el derecho a velar por que sus organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores participen libremente en las actividades de la Organización y puedan, con un espíritu de diálogo abierto, expresar libremente su posición sobre cualquier cuestión que tenga que ver con la situación en el país.

Al mismo tiempo, el Gobierno desea insistir en que es ilegal y carece de fundamento situar a estructuras que no están vinculadas a Belarús como representantes del movimiento sindical nacional.

Quisiéramos llamar nuevamente la atención de los órganos de la OIT y sus mandantes tripartitos sobre el hecho de que el Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), así como las organizaciones que anteriormente estuvieron afiliadas a él, han dejado de existir. Desde un punto de vista objetivo, no puede considerarse que un pequeño colectivo de antiguos dirigentes y activistas del BKDP, que siguen desacreditando a Belarús desde el extranjero, constituya una asociación sindical con derecho a representar los intereses de los trabajadores del país.

El grupo de personas que se autodenomina BKDP no lleva a cabo ninguna actividad en Belarús, tiene su sede en el extranjero y carece de vínculo alguno con el movimiento sindical nacional. Este grupo no representa los intereses de los trabajadores de Belarús, ya que los sindicatos que estuvieron afiliados al BKDP han cesado sus actividades de facto y de jure, carecen de afiliados o de organizaciones de base en las empresas del país y no realizan actividades destinadas a proteger los derechos e intereses laborales y socioeconómicos de los trabajadores. Está financiado por organizaciones y estructuras que actúan en interés de Estados extranjeros que tratan de aplicar políticas hostiles hacia Belarús, es decir, que no cumple los criterios necesarios de representatividad e independencia.

De hecho, en la actualidad, al amparo del BKDP, opera una célula destructiva, cuyas actividades se limitan a promover una agenda contra Belarús utilizando instrumentos y procedimientos de la OIT. En este sentido, la información facilitada por los «representantes del BKDP» debería analizarse con espíritu crítico, ya que no refleja en absoluto la realidad de la situación en Belarús.

Habida cuenta de las circunstancias mencionadas, la Oficina Internacional del Trabajo, los órganos y mandantes de la OIT, el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores, así como organizaciones y estructuras internacionales, carecen de fundamento jurídico para relacionarse con «representantes del BKDP». Al mismo tiempo, no se puede obligar al Gobierno de Belarús a que facilite observaciones en respuesta a los llamamientos de estructuras ilegítimas no vinculadas al país.

Las afirmaciones realizadas por opositores a Belarús en el sentido de que en el país no hay sindicatos «genuinos» e «independientes» (debido al cese de las actividades del BKDP) ni, en consecuencia, tampoco diálogo social, ponen de manifiesto una interpretación de la situación totalmente errónea.

En Belarús, se ha creado un sistema de gestión participativa que está funcionando con éxito, en el marco del cual los órganos gubernamentales, las asociaciones de empleadores y los sindicatos interactúan en la formulación y aplicación de la política socioeconómica del Estado, mediante negociaciones, consultas y el rechazo de la confrontación y los conflictos sociales. Este planteamiento permite tener en cuenta en la medida de lo posible los intereses sociales y laborales de distintos estratos y grupos sociales, así como contribuir al desarrollo económico y social sólido del Estado.

Los sindicatos y los empleadores participan activamente en la elaboración y la actualización de la legislación, actúan como interlocutores igualitarios en el diálogo con los órganos gubernamentales en el marco de los órganos consultivos —comités sobre temas laborales y sociales— y entablan y mantienen la negociación colectiva para concluir, modificar y suplementar acuerdos sobre tarifas (sectoriales) y acuerdos de negociación colectiva en las empresas. Los sindicatos y las asociaciones de empleadores nacionales son parte en el Acuerdo General para 2025 firmado con el Gobierno, que rige las relaciones en las esferas social y laboral a nivel nacional y sirve de base para acuerdos de tarifas (sectoriales), locales y de negociación colectiva a nivel de las empresas.

Por consiguiente, sobre la base de los hechos antes expuestos, se puede concluir que no hubo, ni hay, motivos objetivos para la aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT a Belarús ni para la adopción de una resolución durante la 111.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2023) en la que se instó a reconsiderar las relaciones con Belarús.

El «caso de Belarús», que se examina varias veces al año en foros de la OIT, se basa en hechos distorsionados, acusaciones falsas contra el Gobierno y el empeño de los opositores al país en utilizar los instrumentos y mecanismos de la OIT para presionarlo. Además, la cuestión de las acusaciones presentadas contra Belarús trasciende notablemente el alcance del mandato de la OIT, lo cual ha sido señalado en repetidas ocasiones por los representantes tripartitos en la Organización y no es aceptable.

Todo esto conduce a un punto muerto, cuya salida puede y debería pasar por rechazar la presión ilícita ejercida sobre Belarús, revocar con prontitud la Resolución adoptada contra el país en 2023 y todas las decisiones discriminatorias consiguientes, aceptar la realidad del país y respetar sus intereses soberanos, reconocer legalmente a la FPB como asociación de trabajadores legítima y reanudar una colaboración plena con el Gobierno de Belarús.

Si no se toman ahora las medidas necesarias, los fondos del presupuesto de la OIT seguirán gastándose en reuniones estériles sobre el «caso de Belarús», en informes, conclusiones y recomendaciones de los órganos de la OIT basados en información no fidedigna y en las actividades del enviado especial de la OIT, que simplemente se ve forzado a repetir el relato politizado de los opositores al país.

En la situación actual, el Gobierno de Belarús no ve conveniente desde un punto de vista político o práctico establecer una interacción con las misiones que se propone enviar al país o con el enviado especial nombrado por la OIT, y se opone a los intentos de coordinar esfuerzos con otros organismos de las Naciones Unidas dirigidos a ejercer presión sobre el país.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Belarús reafirma su compromiso con los derechos y principios fundamentales en el trabajo y expresa su disposición a mantener un diálogo constructivo con la Oficina Internacional del Trabajo y los órganos de la OIT, siempre y cuando se tengan debidamente en cuenta la realidad y los intereses soberanos de la República de Belarús.

En este sentido, el Gobierno de Belarús exhorta a todos los mandantes tripartitos de la OIT y a la Comisión de Aplicación de Normas a que presten la debida atención a esta información, que refleja la verdadera situación de las cuestiones planteadas por los órganos de la OIT. Ello evitará que se tomen más decisiones infundadas y basadas en motivaciones políticas con respecto a Belarús en el seno de la OIT.

Discusión por la Comisión

Presidenta: La Comisión reanuda sus labores esta mañana con una sesión especial sobre Belarús.

Como ustedes saben, en su 111.ª reunión en 2023, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una Resolución sobre las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT sobre la cuestión de Belarús. Al adoptar esta resolución, la Conferencia decidió dedicar en sus futuras reuniones una sesión especial de la Comisión al examen de la aplicación por el Gobierno de Belarús de los Convenios núms. 87 y 98, así como la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, hasta que se haya comprobado que Belarús ha cumplido sus obligaciones.

Sobre la base de esta decisión, esta cuestión se ha incluido en el orden del día de la Comisión. Me permito señalar a la atención de los miembros de la Comisión, la información escrita proporcionada por el Gobierno de Belarús sobre la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, que ha sido publicada en la página web de la Comisión en la sección dedicada a la sesión especial. Además, les informo que, en su 356.ª reunión celebrada el año pasado, el Consejo de Administración encargó al enviado especial de la OIT para Belarús que facilitara toda la información pertinente a la Comisión, para su tercera sesión especial sobre Belarús. En ese contexto, doy la bienvenida al Sr. Lelio Bentes Corrêa, enviado especial de la OIT para Belarús, y le invito a tomar la palabra para presentarnos su informe de situación.

Enviado especial a Belarús: Es un honor dirigirme a nuestra Comisión por primera vez tras mi nombramiento por el Consejo de Administración en junio del año pasado.

Para empezar, quiero felicitar a su Comisión con motivo de su centenario. Durante un siglo, esta Comisión ha sido un pilar fundamental del sistema de control de la OIT, al ofrecer un foro en el que los representantes de los Gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores examinan las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar cumplimiento a las disposiciones de los convenios que han ratificado.

Su Comisión constituye una plataforma única para el diálogo tripartito sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo ratificadas. Su labor está estrechamente vinculada a la de la Comisión de Expertos, que también celebra este año su centenario. A lo largo de los años, ambos órganos de control han demostrado que una supervisión constante y rigurosa, basada en un diálogo constructivo, puede tener efectos reales, prácticos y tangibles en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales y, por consiguiente, en la vida cotidiana de las mujeres y los hombres trabajadores. Los resultados positivos obtenidos por ambas comisiones, como elementos de un mecanismo de control que se refuerza mutuamente, se basan en un delicado equilibrio entre la independencia y los conocimientos jurídicos, por un lado, y la participación tripartita y el diálogo, por otro. El sistema en su conjunto se basa en el diálogo, la cooperación, la confianza y la rendición de cuentas.

Es importante destacar estas características definitorias del sistema de control de la OIT, que cuenta con un siglo de historia, ya que están a punto de examinar el caso de Belarús y su cumplimiento de los dos Convenios sobre la libertad sindical.

Aunque es su tercera sesión especial sobre Belarús, este caso no es nuevo. En los últimos 25 años, se ha solicitado regularmente a Belarús que compareciera ante su Comisión: 13 veces en relación con las medidas adoptadas para implementar las recomendaciones de la comisión de encuesta. Este periodo se caracterizó por un seguimiento exhaustivo por parte de los órganos de control de la OIT, la asistencia técnica constante de la Oficina, la colaboración con el Gobierno y algunos resultados positivos logrados gracias al diálogo con los interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Lamentablemente, en los últimos años se ha producido un retroceso en los avances logrados y un creciente estancamiento, a pesar de las buenas intenciones manifestadas por todas las partes.

El mandato que me ha conferido el Consejo de Administración se hace eco de las conclusiones de su Comisión y tiene por objeto servir de puente entre los órganos de control de la OIT y el Gobierno. Quisiera subrayar que mi mandato no se deriva de la Resolución del artículo 33, sino más bien de un objetivo pragmático: ayudar a encontrar una vía para avanzar en una situación en la que el Gobierno solicita la derogación de las decisiones de los órganos de control y de la Resolución de la Conferencia de 2023, mientras que la única vía para volver al ciclo de control habitual es que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y aplique las decisiones de los órganos de control. Mi mandato no es político. Es independiente y se basa en la confianza y el diálogo.

Señor Viceministro, deseo invitar una vez más a su Gobierno a que tenga en cuenta los beneficios mutuos que supondría salir del punto muerto en el que nos encontramos. Reitero mi disposición a colaborar con usted con imparcialidad, transparencia y buena fe.

La Resolución invita a los mandantes de la OIT a adoptar las medidas oportunas para contribuir, en la medida de lo posible, a que Belarús aplique las recomendaciones de la comisión de encuesta aprobadas hace más de 20 años. Estimados delegados, existen diversas formas en las que pueden responder a este llamamiento de la Organización de la que su país forma parte. Una de esas contribuciones sería facilitar mi diálogo con las autoridades bielorrusas. Muchos de ustedes pusieron de relieve la importancia del diálogo durante la última sesión especial. Agradecería enormemente cualquier aportación constructiva al respecto.

En cumplimiento de mi mandato, debo colaborar con todos los interlocutores sociales a los que se refiere la comisión de encuesta, incluido el Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP). Hasta la fecha, es la única organización de trabajadores, de entre las mencionadas en el informe de la comisión de encuesta, que se ha puesto en contacto conmigo. Por ello, hago un llamamiento a los demás, incluidas las organizaciones de empleadores y de trabajadores de Belarús, para que hagan lo mismo.

Paralelamente, y de acuerdo con mi mandato, he mantenido contactos con diversos actores internacionales. Tal y como se informó al Consejo de Administración en sus últimas sesiones de noviembre y marzo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, mi equipo y yo colaboramos con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Expertos Independientes sobre la situación de los derechos humanos en Belarús y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y sindicación, sobre la independencia de jueces y abogados, y sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Además, he mantenido conversaciones con el Comité Económico y Social Europeo y con la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Me gustaría destacar y, espero, tranquilizar a todas las partes implicadas asegurándoles que estos intercambios tienen como único objetivo encontrar soluciones y garantizar que los trabajadores y los empleadores de Belarús puedan ejercer su derecho a la libertad sindical, tal y como se consagra en los Convenios núms. 87 y 98.

Aunque celebro la puesta en libertad en 2025 del Sr. Aliaksandr Yarashuk, el Sr. Hennadz Fiadynich y el Sr. Maksim Senik, me preocupa que no se les hayan devuelto los pasaportes al Sr. Yarashuk y al Sr. Fiadynich y que no se les hayan restablecido sus pensiones. Me han informado de que el pasaporte del Sr. Senik fue anulado recientemente.

Más de 50 líderes sindicales y activistas laborales siguen siendo objeto de procesos penales, entre ellos al menos 19 que aún se encuentran detenidos. Me preocupa especialmente el grave estado de salud del Sr. Vatslau Areshka, que ha perdido la vista durante su encarcelamiento. Su vida y bienestar corren peligro. Por lo tanto, reitero mi urgente llamamiento humanitario al Gobierno de Belarús para que lo libere de inmediato.

Si hay un mensaje que me gustaría que recordaran, es mi firme compromiso de apoyar a Belarús en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Convenios sobre la libertad sindical. Sigo totalmente abierto al diálogo con las autoridades, la FPB y las organizaciones de empleadores activas en el país, con el fin de conocer sus opiniones y hallar propuestas concretas para dar respuesta a las solicitudes pendientes de la OIT.

En definitiva, es fundamental que todos colaboremos para garantizar el respeto duradero de la libertad sindical en Belarús, en beneficio de sus trabajadores, empleadores y la sociedad en su conjunto. Estoy dispuesto a participar y a facilitar ese proceso.

Presidenta: Muchas gracias, Sr. Bentes Corrêa, por la información suministrada a esta Comisión. Para esta discusión contamos con 42 oradores inscriptos en la lista. Sobre esta base, la Mesa decidió reducir el tiempo máximo de intervención de los delegados que hablan a título individual de 5 a 3 minutos. Invito ahora al representante gubernamental de Belarús, señor Viceministro de Trabajo y Protección Social, a tomar la palabra.

Interpretación del ruso: Representante gubernamental: La Comisión examina nuevamente el caso de Belarús hoy. Esta es la tercera sesión de la Comisión, fruto de la decisión más injusta y errónea de toda la historia de la OIT. Me refiero a la Resolución de 2023 sobre Belarús, impulsada por fuerzas hostiles con el fin de intensificar la presión sobre nuestro país.

Esta Resolución es un ejemplo de cómo los instrumentos y mecanismos de las instituciones de la ONU se utilizan no para resolver problemas actuales ni para proteger los derechos y libertades humanas, sino como palanca de presión indebida. El objetivo de esta presión es claro: desestabilizar la sociedad bielorrusa, provocar un cambio de poder, socavar la soberanía del Estado y dar marcha atrás en los procesos de integración. Belarús se ha visto obligada durante mucho tiempo a cambiar su rumbo y sus prioridades de política exterior mediante sanciones legales e intentos de aislamiento. Lamentablemente, la OIT se vio arrastrada a este proceso por la actuación de quienes apoyan la presión sobre Belarús.

No dejamos de preguntarnos: ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo es posible que los órganos de la OIT —la organización internacional más antigua y con mayor autoridad— acabaron convirtiéndose en peones de un juego geopolítico, en instrumentos para la ejecución de órdenes políticas? Todos somos conscientes de que el mundo actual necesita, ahora más que nunca, un diálogo justo y constructivo, así como decisiones equilibradas. No debemos fomentar la confrontación, sino trabajar para resolver los conflictos y lograr un desarrollo estable.

Creemos que la OIT puede y debe convertirse, en un ejemplo de plataforma para un diálogo constructivo, lo cual es un requisito previo para el desarrollo pacífico de los países y de la comunidad internacional.

Sin embargo, cualquier diálogo solo será fructífero si se respetan los intereses de las partes, si sus participantes adoptan una actitud constructiva, se escuchan mutuamente y se basan en información fiable. Por eso, desde hace muchos años venimos instando a los Estados Miembros y órganos de la OIT a que respeten los intereses de Belarús y su pueblo, y se abstengan de ejercer presiones injustificadas, difundir narrativas falsas y especular sobre el respeto de los derechos sindicales y los derechos humanos en el país.

Nunca nos cansaremos de repetirlo: desacreditar a Belarús, ejercer presión sobre nuestro país e intentar aislarlo son acciones que no llevan a ninguna parte. Rechazamos los dobles raseros y la injerencia en los asuntos internos, y nunca, bajo ninguna presión, tomaremos medidas que no redunden en beneficio de los intereses del Estado y del pueblo. Solo hay una forma de salir de esta situación, y ya lo hemos comentado muchas veces.

Los órganos de la OIT deberían abandonar las percepciones falsas sobre Belarús que se les han impuesto. Es precisamente la evaluación de la situación basada en hechos lo que constituye la condición para restablecer la cooperación, lo que, a su vez, determina la utilidad de la pertenencia a la OIT. El principal obstáculo para un diálogo real son las afirmaciones infundadas basadas en evaluaciones y recomendaciones de los opositores a Belarús. Una vez más, quiero destacar la situación actual del país. Se acusa a las autoridades bielorrusas de reprimir manifestaciones pacíficas y legales destinadas a resolver problemas económicos y sociales, pero los hechos cuentan una historia completamente diferente.

Los acontecimientos de 2020 no guardaban relación con el diálogo social ni con el ejercicio de los derechos sindicales. No se planteó ninguna reivindicación económica ni social. Las manifestaciones fueron impulsadas por fuerzas externas y tenían como objetivo dar un golpe de Estado. Estos fueron los motivos por los que se exigió responsabilidades a quienes infringieron la ley. Esto significa que los acontecimientos de 2020 no pueden interpretarse como acciones pacíficas y legítimas de los sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores. No entran en el ámbito de aplicación de los Convenios y no deben tenerse en cuenta a nivel de la OIT. Cualquier intento de presentar la situación bajo una luz diferente constituye una manipulación. Nuestros oponentes tergiversan deliberadamente los conceptos. Describen las acciones ilegales como manifestaciones pacíficas y a quienes cometieron delitos como víctimas de la represión antisindical o política. Los derechos humanos son una de las herramientas preferidas de los países occidentales para justificar la injerencia en los asuntos internos, la presión y las políticas de sanciones.

Sin embargo, la condición de sindicato no confiere el derecho a infringir la ley. Al exigir responsabilidades a quienes han cometido delitos, las autoridades bielorrusas no están quebrantando las normas y obligaciones internacionales. En este sentido, las peticiones dirigidas al Gobierno de Belarús para que revoque las resoluciones judiciales, ponga en libertad a los ciudadanos que figuran en las listas conocidas, retire todos los cargos que se les imputan, restablezca sus derechos y les conceda una indemnización carecen de fundamento jurídico. ¿Qué es esto, si no una injerencia en los asuntos internos y un apoyo a actividades destructivas? ¿Acaso los órganos de la OIT no comprenden que tales recomendaciones no se derivan de los Convenios de la OIT y exceden el mandato de la Organización?

Por razones objetivas, Belarús no puede atender las peticiones relativas a las personas presuntamente perseguidas por su labor sindical. Lo cierto es que no hay ningún ciudadano en el país que esté cumpliendo condena por el ejercicio legal y pacífico de los derechos y libertades sindicales. Permítanme insistir una vez más: aquellos a quienes se presenta como víctimas de la represión no lo son. El enjuiciamiento penal y el castigo de quienes cometen delitos es una práctica habitual en cualquier Estado. Instamos a todos a afrontar la verdad y dejar de especular sobre la persecución de los activistas sindicales en Belarús.

En Belarús, los sindicatos siempre han sido una parte fundamental de la sociedad civil y un socio en igualdad de condiciones en el sistema de gestión participativa. Las actividades sindicales destinadas a proteger los derechos laborales y socioeconómicos de los ciudadanos no hacen más que recibir apoyo. En Belarús, los ciudadanos ejercen libre y activamente su derecho a la libertad sindical, mediante la creación de sindicatos y la afiliación a los mismos. La central sindical nacional, la FPB, representa los intereses de aproximadamente 4 millones de personas, una cifra que habla por sí sola. Todos los sindicatos son independientes de las autoridades gubernamentales y funcionan sin injerencias externas ni discriminación.

Las garantías de los derechos sindicales están consagradas en la ley y se aplican en la práctica. Está prohibido restringir los derechos sindicales o poner obstáculos a la labor de los sindicatos. La legislación y la práctica no contradicen las normas de la OIT sobre la libertad sindical. Los sindicatos tienen derecho a organizar actos multitudinarios. El procedimiento para la celebración de actos legales y pacíficos se ajusta plenamente a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Código del Trabajo garantiza el derecho a la huelga. La prohibición de plantear reivindicaciones políticas durante las huelgas es una práctica internacional justificada. Los sindicatos cooperan plenamente con los sindicatos de otros países, se afilian a asociaciones internacionales y tienen derecho a recibir ayuda extranjera con fines de interés social. La prohibición de utilizar la ayuda exterior con fines políticos se aplica a todas las organizaciones del país y se basa en intereses de seguridad nacional. Las exigencias de que Belarús disminuya el control sobre la financiación extranjera, legalice las huelgas políticas y flexibilice los trámites para la celebración de actos multitudinarios no redundan en beneficio del país. Su objetivo es crear las condiciones propicias para que se produzcan influencias externas destructivas.

Otro ejemplo de desinformación y manipulación es la afirmación de que Belarús no ha aplicado las recomendaciones de la comisión de encuesta y no ha facilitado nueva información al respecto. No obstante, los órganos de la OIT saben muy bien que se ha realizado un trabajo importante en este sentido. Por ello, se constataron avances en la aplicación de las recomendaciones y se retiró del orden del día de la Conferencia la cuestión del cumplimiento de los Convenios por parte del país. Hoy podemos confirmar que se han puesto en práctica la gran mayoría de las recomendaciones de la comisión de encuesta, 10 de un total de 12.

Se ha proporcionado en repetidas ocasiones información detallada sobre este tema a los órganos de la OIT. Sin embargo, los argumentos del Gobierno se ignoran sistemáticamente. Nuestros adversarios, impulsados por el deseo de denigrar a Belarús tanto como sea posible, no ven ningún obstáculo moral. Encontraron una oportunidad para intensificar la presión desacreditando a la central sindical nacional: la FPB. Desde hace varios años se han producido intentos, sin motivo alguno, de privar a la FPB de sus competencias en la Conferencia. El Grupo de los Trabajadores está impidiendo la participación de los representantes de la FPB en sus reuniones en la sede del Consejo de Administración. ¿Cómo podemos calificar estas acciones si no como un ataque directo al derecho de los trabajadores bielorrusos a la libertad sindical? ¿Por qué motivos se les niega el derecho a estar representados en la OIT? ¿Se debe esto a las afirmaciones sin fundamento de los impulsores de la odiosa Resolución contra Belarús o a que la FPB mantiene un diálogo constructivo con el Gobierno? ¿No es esto una violación de los principios de la OIT?

La FPB siempre ha sido y sigue siendo una asociación de trabajadores libre, independiente y la más representativa del país. Es la organización pública más grande. Está formada por 15 sindicatos sectoriales que representan, repito, a 4 millones de trabajadores de todos los sectores de la economía y de todas las regiones. La independencia de la FPB respecto a los organismos gubernamentales, los partidos políticos y otras organizaciones queda claramente establecida en sus estatutos. Se trata de una auténtica central sindical, cuya autenticidad e independencia quedan confirmadas por los principios que rigen su organización y actividades.

La FPB ha elaborado de forma independiente sus propios estatutos, determina su estructura y elige los órganos de Gobierno y auditoría. Prevé la afiliación y la baja voluntarias, la igualdad de derechos y responsabilidades de las organizaciones miembros, su autonomía organizativa y financiera, la colegialidad y la transparencia en el trabajo de los órganos elegidos, así como la rendición de cuentas ante las organizaciones miembros. Las actividades de la FPB no están supervisadas, controladas ni financiadas por el Gobierno. La inclusión de sus representantes en la delegación tripartita de Belarús para la Conferencia se lleva a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución de la OIT.

A este respecto, cabe decir que el seguimiento de la situación mediante la formación de la delegación de trabajadores bielorrusos por parte de la Comisión de Verificación carece de sentido. Este es un ejemplo de uso ineficaz de los recursos de la OIT. Al mismo tiempo, la práctica del Grupo de los Trabajadores de bloquear la participación de la FPB en las reuniones de la OIT merece ser condenada y sometida a la evaluación más severa.

Belarús es un Estado Miembro de la OIT; abona sus cuotas y tiene todo el derecho a garantizar que sus organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores participen libremente en las actividades de la Organización. Al mismo tiempo, insistimos en que es ilegal designar como representantes del movimiento sindical nacional a personas que no tienen ninguna relación con Belarús. Me refiero a la principal fuente de información falsa sobre Belarús: un grupo de personas que operan desde el extranjero y que se hacen llamar BKDP.

En el país existía una asociación con este nombre y el Gobierno intentó entablar un diálogo con ella. Sin embargo, en 2020, el enfoque del BKDP cambió por completo, pasando de la protección de los derechos de los trabajadores a acciones abiertamente destructivas contra los intereses de la sociedad y del Estado. Como consecuencia, el Tribunal Supremo puso fin legalmente a sus actividades. Esta asociación de sindicatos ya no existe. No obstante, los antiguos dirigentes del BKDP siguen defendiendo una línea contraria al Estado y no terminan de aceptar esta decisión. Para ellos, la condición de sindicato representa una oportunidad para seguir impulsando la agenda contra Belarús en la OIT, en beneficio de los países que aplican una política de aislamiento y restricciones contra Belarús.

Por eso estas personas se autodenominan la única asociación sindical independiente de Belarús. Al mismo tiempo, el denominado BKDP no es más que un pequeño grupo de antiguos líderes y activistas sindicales. En las empresas del país no hay afiliados ni organizaciones sindicales de base que formaran parte anteriormente del BKDP. Las razones son claras: los trabajadores necesitan sindicatos auténticos y no quieren verse arrastrados a dudosas aventuras políticas.

Los representantes del BKDP tienen su base en el extranjero. Sus actividades, destinadas a difundir información falsa sobre Belarús con el fin de justificar las sanciones, están financiadas por patrocinadores extranjeros. Todo esto no se corresponde con la condición de sindicato, la auténtica independencia y la representatividad que el BKDP afirma tener.

Como hemos señalado reiteradamente a la Oficina y a los órganos de la OIT, no existe fundamento jurídico alguno para dialogar con el BKDP, al tratarse de una estructura que no tiene relación alguna con los trabajadores de Belarús. La participación del BKDP en las reuniones sobre el caso de Belarús y su postura como representantes de los trabajadores del país son inaceptables.

Al mismo tiempo, las declaraciones de nuestros oponentes sobre la ausencia de sindicatos auténticos e independientes en Belarús y, por consiguiente, la ausencia de diálogo social, ponen de manifiesto un desconocimiento total de la situación. Belarús cuenta con un sistema de gestión participativa que funciona con éxito. Los empleadores afiliados a los sindicatos participan plenamente en la elaboración y la implementación de las políticas socioeconómicas.

El rechazo de las partes a la confrontación y la resolución de cualquier problema mediante negociaciones nos permiten tener en cuenta, en la medida de lo posible, los intereses de todos los grupos de la sociedad y mantener el desarrollo económico y social estable del Estado.

Por lo tanto, a la luz de los hechos expuestos, cabe concluir que no existían ni existen fundamentos objetivos para aplicar el artículo 33 de la Constitución de la OIT a Belarús ni para adoptar la Resolución de 2023 que solicita revisar las relaciones con nuestro país. La OIT examina el caso de Belarús varias veces al año. Se basa en hechos tergiversados, acusaciones falsas contra el Gobierno y el deseo de nuestros oponentes de utilizar a la OIT para ejercer presión sobre Belarús.

Además, el objeto de las quejas que se nos han remitido no entra dentro del ámbito de competencia de la OIT, algo que se ha señalado en más de una ocasión y que resulta inaceptable. Entendemos que en la OIT se está llevando a cabo una campaña contra Belarús, que forma parte de la guerra de información y sanciones declarada contra nosotros. Es improbable que nuestros adversarios vayan a detenerse a corto plazo, y estoy seguro de que hoy escucharemos una nueva tanda de acusaciones que distorsionan la realidad.

En este sentido, insto a todos a que afronten la verdad y dejen de seguir la retórica antibielorrusa por mera inercia. Pido a las delegaciones nacionales y a los órganos de la OIT que sean más selectivos a la hora de utilizar la información procedente de los antiguos líderes del BKDP y de los países occidentales. No permitan que les engañen ni manipulen de nuevo.

El caso de Belarús, basado en un enfoque politizado, hace tiempo que se agotó. Repetir exigencias infundadas contra Belarús no servirá de nada. Ningún país que se precie seguirá unas recomendaciones que ignoren la realidad de los hechos y tengan como objetivo desestabilizar la situación.

El Gobierno de Belarús sigue esperando que prevalezca el sentido común en el seno de la OIT y que las aportaciones de los Estados Miembros dejen de desperdiciarse en sesiones infructuosas, conclusiones, recomendaciones e informes siempre iguales.

Me gustaría dirigirme específicamente a los miembros de la Comisión. Está en sus manos cambiar la situación y reconducir el debate hacia un marco que sea coherente con los principios de la OIT. La forma más rápida y eficaz de avanzar es rechazar las conclusiones injustas sobre Belarús y pedir a los órganos de control de la OIT que abandonen su política de presión indebida, acepten la realidad de los intereses soberanos del país y tengan en cuenta la información objetiva proporcionada por el Gobierno. Hago un llamamiento a todos para que pongan fin a la politización de la OIT, no tomen decisiones injustas y vuelvan a la senda del diálogo constructivo y la plena cooperación con la parte bielorrusa.

Miembros empleadores: Queremos dar las gracias al Gobierno de Belarús por su presencia esta mañana en esta sesión especial. Hemos tomado nota de la información escrita y oral que nos han facilitado sobre este caso. Para empezar, cabe confirmar que Belarús ratificó ambos Convenios en 1956, y que el Grupo de los Empleadores desea destacar la importancia de que los Estados cumplan con estos dos Convenios, que se consideran fundamentales. Los miembros empleadores quisieran destacar que este caso tiene una larga trayectoria en la OIT.

Desde 1997, la Comisión de Expertos ha emitido numerosas observaciones y, a lo largo de los años, el asunto se ha tratado en diversos comités de supervisión de la OIT, incluida esta Comisión. Tomamos nota de la postura del Gobierno de que este caso carece de fundamento y tiene motivaciones políticas, y de que los hechos de 2020 no guardaban relación alguna con los procesos de diálogo social en el ámbito laboral ni con el ejercicio de los derechos y libertades sindicales o de otros derechos y libertades civiles.

No obstante, los miembros empleadores desean recordar que, en mayo de 2024, tuvo lugar una mesa redonda de alto nivel sobre la libertad sindical en Belarús, organizada por la OIT. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas —entre ellos los relatores especiales sobre Belarús, sobre la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre la independencia de los jueces y abogados— participaron en la mesa redonda y presentaron sus conclusiones, que indicaban lo contrario.

El Consejo de Administración de la OIT ha examinado este caso en varias ocasiones. Más recientemente, en su sesión de marzo de 2026, en el marco del seguimiento de la Resolución adoptada en virtud del artículo 33 de la Constitución, el Consejo de Administración:

• observó con creciente preocupación que el Gobierno de Belarús, una vez más, no había proporcionado información nueva sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la comisión de encuesta y las recomendaciones posteriores de los órganos de control;
• instó al Gobierno a que reconsiderara su postura y colaborara plenamente con el enviado especial;
• solicitó de nuevo al Gobierno de Belarús, con la máxima urgencia, que aceptara una misión humanitaria internacional destinada a garantizar que médicos independientes pudieran visitar a todos los sindicalistas encarcelados con el fin de evaluar su estado de salud y prestarles asistencia médica en caso necesario, así como una misión tripartita de la OIT para evaluar la situación y visitar a los sindicalistas que se encuentran en prisión o detenidos;
• instó al Gobierno de Belarús a que remitiera al Director General, a más tardar el 21 de septiembre de 2026, toda la información relativa a las medidas concretas adoptadas al respecto tras la 356.ª sesión del Consejo de Administración;
• solicitó al enviado especial que informara al Consejo de Administración en su 358.ª sesión y que, además, facilitara toda la información pertinente en la tercera sesión especial de la Comisión.

En este sentido, hacemos una pausa para tomar nota de la presencia del enviado especial y del informe, la información que compartió con esta Comisión esta mañana, incluida su petición de colaboración con el Gobierno.

En las conclusiones de 2024 y 2025, la Comisión, entre otras cosas, instó al Gobierno a:

• adoptar con la mayor urgencia todas las medidas posibles para aplicar las recomendaciones de la comisión de encuesta y todas las observaciones posteriores formuladas por los órganos de control de la OIT en relación con el cumplimiento de los Convenios;
• además, aceptar una misión humanitaria internacional destinada a garantizar que médicos independientes pudieran visitar a todos los sindicalistas encarcelados con el fin de evaluar su estado de salud y prestarles asistencia médica en caso necesario, así como una misión tripartita de la OIT para evaluar la situación y visitar a los sindicalistas que se encuentran actualmente en prisión o detenidos.

Pasemos ahora a las observaciones de la Comisión de Expertos, que en sus recientes comentarios solicitó al Gobierno que se pronunciara sobre la alegación de que dos sindicalistas fueron deportados ilegalmente a Lituania y de que se les confiscaron sus pasaportes y medicación personal. La Comisión de Expertos solicitó además información sobre la alegación de que más de 70 dirigentes y activistas sindicales y laborales seguían siendo objeto de enjuiciamientos penales y que 21 dirigentes y activistas sindicales permanecían en prisión o detenidos.

Además, la Comisión de Expertos lamentó profundamente que el Gobierno no hubiera facilitado ninguna información nueva sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la comisión de encuesta y las recomendaciones posteriores de los órganos de control, así como su declaración de que no apoyaba el nombramiento del enviado especial.

La Comisión de Expertos volvió a lamentar la falta de avances en la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta y en la aplicación de las recomendaciones pendientes de los órganos de control. En relación con la decisión del Consejo de Administración, la Comisión urgió al Gobierno a que reconsiderara su postura y colaborara plenamente con el enviado especial.

Asimismo, insta al Gobierno que adopte medidas concretas que permitan implementar las recomendaciones restantes de la comisión de encuesta, las recomendaciones posteriores de los órganos de control y las decisiones del Consejo de Administración. La Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara información detallada sobre las medidas concretas adoptadas al respecto.

Ahora bien, al igual que en los últimos años y en consonancia con las aportaciones anteriores del Grupo de los Empleadores, nos gustaría destacar que, de conformidad con el artículo 2 del Convenio núm. 87, la libertad sindical implica y exige que los trabajadores y los empresarios puedan decidir libremente, sin injerencia del Estado, si desean constituir sus propias organizaciones. De conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87, el derecho de sindicación constituye un aspecto importante de las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Según el artículo 11 del Convenio núm. 87, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar que los trabajadores y los empresarios puedan ejercer libremente el derecho de sindicación.

Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos, instamos al Gobierno a que inicie un diálogo constructivo con la OIT, lo que incluye reunirse sin más demora con el enviado especial de la OIT, con el fin de mejorar la situación del país en lo que respecta a la libertad sindical y el derecho de sindicación. Los miembros empleadores están dispuestos a apoyar de forma constructiva este proceso.

Los empleadores nacionales de Belarús también confirman, y lo volverán a hacer, su compromiso con la cooperación y la interacción. En conclusión, y basándose en la observación de la Comisión de Expertos, los empleadores recomiendan al Gobierno:

• primero, reconsiderar su postura y colaborar plenamente con el enviado especial;
• segundo, adoptar medidas concretas que permitan implementar las recomendaciones pendientes de la comisión de encuesta, las recomendaciones posteriores de los órganos de control y las decisiones del Consejo de Administración;
• tercero, formular observaciones sobre las alegaciones de que dos sindicalistas fueron deportados ilegalmente y de que más de 70 dirigentes y activistas sindicales siguen siendo objeto de enjuiciamientos penales, y que 21 dirigentes y activistas sindicales siguen en prisión o detenidos;
• por último, adoptar medidas para enmendar sin más demora varias disposiciones legales, a fin de que se ajusten a las obligaciones internacionales del Gobierno en materia de libertad sindical.

Miembros trabajadores: En 2023, la Conferencia aprobó una Resolución en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT relativa a Belarús. Esta Resolución fue el resultado de muchos años de esfuerzos infructuosos por lograr que se respetaran las recomendaciones de la comisión de encuesta creada en relación con los Convenios. El artículo 33 representa el nivel más alto de intervención posible dentro del sistema de control de la OIT. Refleja la determinación colectiva de los Miembros de la OIT de velar por el respeto de los Convenios y los valores de la OIT, incluidos los principios y derechos fundamentales en el trabajo, allí donde todos los esfuerzos realizados han fracasado.

La sesión especial que celebramos hoy forma parte de ese proceso. No tiene por objeto perjudicar a Belarús. Su objetivo es lograr que Belarús cumpla por fin las obligaciones que ha asumido libremente en virtud de la Constitución de la OIT y de los Convenios que ha ratificado. El objetivo es mejorar las condiciones laborales en Belarús para todos los trabajadores.

En el centro de esta discusión se encuentran la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Estos principios reconocen que los trabajadores y los empleadores deben tener libertad para crear y asegurar la gestión de sus organizaciones de forma independiente, elegir libremente a sus representantes, determinar sus actividades y defender sus intereses y derechos sin injerencias.

La historia, en particular la que precedió a la creación de la OIT y a la adopción de los Convenios núms. 87 y 98, ha demostrado que las organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores son indispensables para la justicia social y el desarrollo económico sostenible. Cuando las organizaciones quedan sometidas al control del Estado, cuando no son libres, pierden la independencia necesaria para desempeñar su función. Por eso el Convenio núm. 87 concede tanta importancia a la autonomía y la independencia de las organizaciones.

Los problemas a los que nos enfrentamos no son nuevos. A raíz de las preocupaciones relativas a los derechos sindicales en Belarús, una misión de la OIT ya visitó el país en 1997 y constató en esa época ciertos avances. Sin embargo, esos avances duraron poco. En 2000, varios sindicatos, entre ellos el BKDP, presentaron una nueva queja. Después vinieron otras misiones en los años 2000 y 2003. A pesar de estos esfuerzos, la situación no ha dejado de empeorar. Las alegaciones se referían a la injerencia en los asuntos sindicales, la legislación restrictiva, la discriminación contra los sindicalistas y el acoso a los dirigentes y miembros sindicales.

En junio de 2003 se presentó una queja al amparo del artículo 26 de la Constitución de la OIT, lo que dio lugar a la creación de una comisión de encuesta. La comisión llegó a la conclusión de que los sindicatos independientes de Belarús fueron objeto de una importante injerencia y de constantes intentos de someterlos al control del Estado. La comisión ha destacado que la libertad sindical solo puede existir realmente si los sindicatos ajenos a las estructuras oficiales pueden organizarse y funcionar libremente y de forma independiente. Es importante señalar que la comisión ha dejado claro que sus recomendaciones tienen por objeto beneficiar a la sociedad bielorrusa en su conjunto. Los sindicatos libres e independientes eran reconocidos como actores fundamentales del desarrollo social y económico del país. Todo eso sigue siendo cierto hoy en día.

La Comisión de Expertos y el Consejo de Administración han señalado claramente que siguen produciéndose infracciones graves. Los sindicatos independientes han sido desmantelados. Se ha encarcelado a dirigentes sindicales y a miembros de los sindicatos. Los trabajadores siguen enfrentándose a graves obstáculos a la hora de ejercer sus derechos. Muchos sindicalistas que han salido de prisión siguen sometidos a restricciones y a la estigmatización, mientras que otros se enfrentan al exilio forzoso, a la pérdida de documentos, al impago de sus pensiones y a la separación de sus familias. Otros siguen encarcelados en condiciones que les han causado daños graves y duraderos en su salud física y mental.

Nos alegra ver que nuestro hermano Aliaksandr Yarashuk pueda estar hoy aquí con nosotros. Su experiencia pone de manifiesto las consecuencias duraderas que sufren los sindicalistas incluso tras su puesta en libertad. Seguimos profundamente preocupados por todas las personas que siguen encarceladas, como Vatslau Areshka, cuya salud se ha deteriorado considerablemente durante su estancia en prisión. Ha perdido la vista.

El Gobierno sostiene que algunas recomendaciones de la comisión de encuesta no pueden aplicarse por motivos de seguridad nacional. Los miembros trabajadores no pueden aceptar esta postura.

El sistema de control de la OIT se basa en el diálogo, las pruebas y el compromiso de buena fe. Cuando surgen intereses públicos legítimos, deben abordarse de conformidad con las obligaciones internacionales y las realidades nacionales, pero no pueden utilizarse como una reserva indirecta que exima al Estado Miembro de toda responsabilidad.

Las restricciones que impiden a las organizaciones de trabajadores llevar a cabo sus actividades, expresar sus opiniones, organizar actos o gestionar libremente sus finanzas afectan a la esencia misma de la libertad sindical. Criminalizar o imponer estrictas consideraciones de seguridad nacional a las aspiraciones y los derechos legítimos obliga al Estado a aceptar el peso de un escrutinio minucioso. La balanza debe inclinarse a favor del ejercicio de los derechos. Del mismo modo, las organizaciones de trabajadores y de empresarios deben poder mantener relaciones con las organizaciones internacionales y recibir apoyo, en el marco de su derecho a constituir o afiliarse a sus propias organizaciones internacionales y a beneficiarse de su administración, incluido el apoyo financiero amparado por el artículo 5 del Convenio núm. 87.

No son derechos insignificantes. Son elementos esenciales para la verdadera independencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Nos preocupa especialmente la negativa persistente del Gobierno a comprometerse de manera significativa con las medidas de aplicación adoptadas en el marco de la Resolución del artículo 33. Lamentamos la falta de cooperación con el enviado especial del Director General e instamos al Gobierno a que colabore de forma constructiva con él y la labor que está realizando. Aplaudimos las medidas adoptadas por los Estados Miembros, los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones sindicales para apoyar a los sindicalistas de Belarús y paliar las consecuencias humanitarias del exilio forzoso y la represión.

Asimismo, acogemos con satisfacción las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que instan a crear un entorno seguro y propicio para la actividad sindical y a derogar las medidas que diezman a los sindicatos independientes.

Los miembros trabajadores siguen convencidos de que es posible lograr avances significativos. Sin embargo, necesitamos un compromiso real, el respeto al sistema de control y medidas concretas para restablecer la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, tanto en la legislación como en la práctica.

En 2004, la Comisión consideró, y cito: «que es fundamental que se adopten medidas significativas en un futuro inmediato para permitir que los sindicatos ajenos a la estructura de la FPB puedan constituir sus organizaciones y llevar a cabo libremente sus actividades. Solo en circunstancias como estas puede considerarse que existe libertad sindical en Belarús». Han pasado ya veintidós años desde que se formularon esas recomendaciones, y no existe ningún sindicato independiente aparte de la FPB.

El Gobierno afirma ahora que el BKDP no opera en el país, cuando ha sido el propio Gobierno el que ha creado las condiciones de exilio forzoso que impiden a sus dirigentes permanecer en el país. Cualquier persona que se implique con sindicatos independientes puede ser objeto de un proceso penal. Esto no impide que el BKDP defienda con firmeza el respeto de las libertades civiles y un clima de libertad que permita a los sindicatos desarrollar realmente su actividad en Belarús. Si esto no es una iniciativa en beneficio de los sindicatos independientes de Belarús, entonces no sé qué lo sería.

En cualquier caso, no es la FPB quien lleva a cabo este trabajo. El Gobierno ha asumido el control. Se mostró muy duro con la FPB cuando esta apoyó al BKDP en el pasado. Así pues, el mensaje que transmite el Gobierno es muy claro: hay que guardar silencio e integrarse plenamente en sus filas. Perder la autonomía y la independencia. Pero eso significa que, en esencia, ya no sois un sindicato. Quizá hagáis muchas cosas buenas bajo la supervisión del Gobierno, pero no sois un sindicato si ya no podéis alzar la voz en defensa de los trabajadores, aunque estos tengan opiniones diferentes a las vuestras. El Gobierno ha registrado el cargo de presidente de la FPB como funcionario público. Por lo tanto, está claro que la FPB es un organismo estatal.

De cara al futuro, el Gobierno no se compromete a aplicar las medidas adoptadas para mejorar la situación en Belarús. Dice que es «un callejón sin salida».

Agradecemos enormemente la información sobre las medidas adoptadas por el enviado especial, aplaudimos sus esfuerzos y pedimos que se eliminen los obstáculos que las autoridades de Belarús le han puesto en el camino. Asimismo, acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por los Gobiernos, de conformidad con el principio de no devolución aplicado en estas circunstancias, con el fin de mitigar las consecuencias de la deportación forzosa desde Belarús, el exilio forzoso y la regulación de los pasaportes. También queremos dar las gracias a los sindicatos, como la Confederación Alemana de Sindicatos, por la labor realizada en este sentido.

Deberían acelerarse las reuniones tripartitas nacionales para examinar las relaciones con Belarús. Asimismo, acogemos con satisfacción las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la adopción de medidas destinadas a favorecer un entorno seguro y propicio para los sindicalistas, entre otras cosas, y la derogación de las leyes que desmantelan a los sindicatos independientes. Del mismo modo, celebramos que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, al tiempo que acogía con satisfacción la puesta en libertad de los presos, también haya destacado que muchas de las personas liberadas, entre ellas sindicalistas y activistas civiles, habían sido condenadas sin un juicio justo.

Todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para que cese el encarcelamiento de sindicalistas y las violaciones de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva.

En estos momentos, 20 de nuestros compañeros siguen en prisión porque su organización sindical ha sido calificada de «extremista» a causa de sus actividades sindicales, que incluyen reivindicaciones sindicales legítimas. Estos compañeros están sometidos a sanciones que implican trabajo forzoso como castigo por expresar opiniones políticas u opiniones contrarias al sistema político, social o económico establecido. Seguiremos exigiendo su liberación y pediremos al Gobierno que respete las recomendaciones de la comisión de encuesta.

Interpretación del ruso: Miembro empleador, Belarús: Permítanme saludarles a todos en nombre de la Confederación de Empleadores de la República de Belarús. Esa es nuestra asociación, nuestro sindicato. Reúne a empresas con diferentes formas de propiedad, a personas de distintos sectores y de diferentes partes del país. La elaboración y aprobación de la Ley de Asociaciones de Empleadores fue, de hecho, un magnífico ejemplo de colaboración social satisfactoria en nuestro país, ya que contó con la participación de todas las partes implicadas.

Se aprobó un acuerdo general para el periodo 2025-2027, en el que participaron el Gobierno, varias asociaciones de empleadores de ámbito nacional y los sindicatos. El tema suscitó un animado debate. Hubo muchas negociaciones. Hubo que llegar a acuerdos. Había que resolver algunas contradicciones.

Conseguimos flexibilidad. Todo salió muy bien, lo que demuestra que la gestión participativa se está desarrollando satisfactoriamente en Belarús. A pesar de todas las dificultades a las que nos enfrentamos, hemos podido colaborar con las organizaciones de trabajadores, el Gobierno y otras partes interesadas pertinentes. Hemos podido adoptar medidas centradas en defender los intereses de empleadores y de trabajadores, crear condiciones laborales adecuadas y, en particular, prestar especial atención a la seguridad y la salud en el trabajo. Así es como funciona una gestión participativa próspera y, aun en estos tiempos difíciles marcados por las sanciones y las restricciones, hemos logrado reforzar la seguridad económica de nuestro país para garantizar la sostenibilidad y la eficacia de la economía real.

¿Qué hace nuestra Confederación de Empleadores? Hacemos varias cosas. Llevamos a cabo actividades conjuntas para crear nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, garantizando la oferta continua de formación profesional y mejorando las competencias y la certificación de los trabajadores. Nuestro Gobierno tiene como objetivo asegurar la protección social de los trabajadores, y hemos visto cómo se han adoptado decisiones, por ejemplo, en la Asamblea Popular Paneuropea, que reflejan ese compromiso. Además, estos cambios se reflejan en el Código del Trabajo y en la Ley de Asociaciones de Empleadores, en el Código Tributario, en los programas regionales de vivienda, salud, educación, etc.

Todas las medidas que se están adoptando están dando resultados positivos. En Belarús, trabajadores y empresarios colaboran de forma estable, y estamos demostrando el crecimiento sostenible de nuestra producción, así como de la exportación de bienes y servicios. Tenemos la posibilidad de mantener una buena cooperación industrial con muchos países en distintos sectores de la economía real. Esto incluye ingeniería, industria agroalimentaria, tecnologías de la información, biotecnología, electrónica, energía, medicina, industria farmacéutica y muchas otras áreas. Un aspecto que merece la pena destacar es el interés que están mostrando los socios comerciales extranjeros por ampliar la cooperación con empresas bielorrusas en una serie de proyectos innovadores.

Dicho esto, cabe señalar que los industriales y empleadores de Belarús hacen hincapié en su disposición a reanudar la cooperación con socios occidentales en proyectos de interés mutuo, basados en el respeto recíproco y el beneficio mutuo.

Hemos observado que se han liberado algunos nichos de mercado y que ahora representantes de países amigos han ocupado esos espacios. No obstante, esperamos sinceramente que, en un futuro próximo, se restablezcan las relaciones mutuamente beneficiosas que manteníamos con otras empresas, relaciones que quedaron destruidas por las sanciones. Permítanme reiterar que deberían revocarse las decisiones adoptadas por la OIT, centradas en limitar la cooperación con las empresas de la economía real.

Debemos reconocer que la presión de las sanciones impulsada por varios Estados Miembros de la OIT tiene como objetivo desestabilizar las actividades conjuntas de los interlocutores sociales en Belarús, pero ha fracasado. Como ha demostrado el tiempo, los intentos de provocar problemas en materia de empleo o de ingresos para los trabajadores, o incluso de socavar las garantías y obligaciones sociales del país, por parte de los autores de las resoluciones y decisiones contra Belarús adoptadas en la Conferencia, no han tenido éxito. Debemos reconocer que el éxito alcanzado en Belarús se debe a la eficaz colaboración entre el Gobierno, los sindicatos, incluidos los sindicatos sectoriales, y las asociaciones de empleadores. Nuestra gestión participativa nacional no será rehén de desacuerdos políticos, ni internos ni externos. En la Conferencia, estamos abiertos a trabajar conjuntamente sobre la base del respeto mutuo y teniendo en cuenta los intereses nacionales.

Los empleadores de Belarús son interlocutores sociales responsables. Una vez más, vemos que aquí se propone una decisión sobre el denominado «caso de Belarús». Una vez más, vemos que se trata de un tema politizado. Una vez más, vemos que se están pidiendo restricciones a la cooperación con el Gobierno de Belarús y los interlocutores sociales. En consecuencia, hay menos interacción entre las organizaciones empresariales y la OIT, y observamos que, de hecho, lo que esto provoca en última instancia es crear las condiciones para la competencia desleal.

Esperamos sinceramente que las conclusiones de los expertos no excedan el mandato de esta Organización y se basen en los logros reales de la gestión participativa en el país y en los resultados concretos. Esa es la postura de los empleadores de Belarús, y esperamos que se tenga en cuenta. Solicitamos el apoyo y la solidaridad de la Conferencia y creemos que el compromiso de mantener una interacción lo más activa posible con los empresarios de todos los países es el camino a seguir para todos nosotros.

Interpretación del ruso: Miembro trabajador, Belarús: La FPB incluye en sus filas a una mayoría absoluta de trabajadores de nuestro país. Desde hace más de 35 años, representamos y defendemos los intereses de los trabajadores tanto a nivel nacional como internacional, incluso ante la OIT.

Las organizaciones sindicales afiliadas a la FPB desarrollan su actividad en empresas de todos los sectores económicos, tanto del sector público como del privado. Supervisamos constantemente el cumplimiento de la legislación en todos los espacios de trabajo. Recibimos comentarios de forma habitual de los 4 millones de miembros de nuestra organización. Teniendo esto en cuenta, hoy disponemos de información completa y fiable sobre la situación en el ámbito social y laboral de nuestro país. Podemos afirmar con total seguridad que lo que está ocurriendo hoy en la OIT es, por desgracia, la difusión de información totalmente falsa sobre nuestro país, y nos preocupa mucho el hecho de que, basándose en datos tan distorsionados, los órganos de la OIT sigan adoptando decisiones que perjudican directamente los derechos de los trabajadores en Belarús y, en particular, insistan en que otros Estados revisen sus relaciones con Belarús.

Permítanme insistir una vez más: este tipo de actividades contradicen directamente las metas y los objetivos de la OIT y la razón de ser de esta Organización. La Constitución de la OIT y otros documentos fundamentales establecen claramente que el objetivo principal de esta Organización —y, de hecho, de cualquier política nacional e internacional pertinente— es garantizar el derecho de los ciudadanos de cualquier Estado a trabajar en condiciones de sostenibilidad económica e igualdad de oportunidades. Las sanciones económicas, cuya aplicación se está fomentando actualmente mediante las decisiones de la OIT, tienen un efecto muy negativo sobre los derechos socioeconómicos fundamentales de las personas y obstaculizan el desarrollo sostenible. Así lo ha señalado en repetidas ocasiones el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales. El Relator Especial hizo especial hincapié sobre la situación en la OIT y se refirió a la inaceptable adopción de decisiones que fomentan las sanciones.

La FPB también ha planteado esta cuestión repetidamente. La misión de los sindicatos en cualquier país es defender los derechos de los trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional. Queremos destacar que nuestra postura sobre la inadmisibilidad de la aplicación de restricciones económicas unilaterales es ahora compartida por los sindicatos de muchos países. El otoño pasado, debatimos este tema en Minsk y celebramos una conferencia internacional a la que asistieron representantes de decenas de países, y todos ellos respaldaron un llamamiento general a la OIT para que adoptara medidas realistas que pusieran fin a esta práctica detestable.

Además, deseamos llamar la atención sobre otro aspecto. Desde hace muchos años, y ahora recientemente, hemos sido testigos de intentos por privar a los trabajadores de Belarús de la posibilidad de defender sus intereses en el seno de la OIT. Sin mantener una discusión colegiada en el que participaran los Miembros de la OIT, y a puerta cerrada, se tomó la decisión de no admitir a los representantes legítimos de los trabajadores bielorrusos en las reuniones de los órganos de la OIT en las que se debatía el denominado «caso de Belarús». A pesar de las solicitudes oficiales, a los representantes de la FPB no se les concedió ni siquiera la oportunidad de asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la OIT en las que se debatía la situación en Belarús. En consecuencia, las conclusiones de Belarús se basaron, una vez más, en información totalmente falsa procedente de representantes de organizaciones que no tienen ninguna relación con los trabajadores de Belarús, que actúan y son financiadas por otros Estados, tal y como ya se ha señalado.

Además, infringiendo todas las normas y procedimientos de la OIT, algunos miembros de dicha organización se erigieron en representantes de los trabajadores de Belarús, a pesar de que ninguno de ellos fue elegido ni propuesto por los trabajadores de Belarús. Esencialmente, se está intentando privar a la FPB, la auténtica representante de los trabajadores de Belarús, de la posibilidad de participar en la labor de la OIT. Entendemos que todas estas acciones hostiles, todas estas acusaciones inverosímiles, esconden una agenda política oculta y tienen como objetivo ejercer una mayor presión sobre Belarús, con el fin de obligar a nuestro país a abstenerse de ejercer el derecho inalienable de todo Estado a la autodeterminación. Queremos hacer hincapié en que las acusaciones vertidas contra Belarús por incumplimiento de los Convenios, así como los ataques contra la FPB, se producen en un momento en el que ya hemos alcanzado muchos de los objetivos que la OIT solo puede instar a otros países a perseguir. Les daré algunos ejemplos significativos.

A pesar de la enorme presión económica y política, Belarús ya ha logrado hoy avances relevantes e impresionantes en la clasificación mundial sobre desarrollo sostenible. Por ejemplo, en lo que respecta al trabajo decente y al crecimiento económico, hoy en día casi todo el mundo en nuestro país puede disfrutar del derecho al trabajo. La tasa de desempleo en nuestro país es mínima. Es solo un 2,5 por ciento, según la propia metodología de la OIT. Así y todo, cada año observamos un crecimiento sustancial en los ingresos reales de la población de nuestro país.

Además, tal y como recomienda la OIT, Belarús garantiza el pleno ejercicio del derecho a las garantías sociales básicas. Todos los ciudadanos de Belarús pueden disfrutar, de forma gratuita, de educación y formación profesional, atención médica completa, prestaciones sociales y pensiones. Contamos también con una distribución equitativa de los ingresos y un nivel mínimo de desigualdad.

Todo esto pone de manifiesto la eficaz gestión participativa que existe en Belarús. La OIT insta a todos los países a establecer un diálogo social pleno y respetuoso, y subraya que solo cuando existe ese diálogo, solo cuando existe esa cooperación constructiva, es posible resolver las cuestiones más importantes para los trabajadores. Eso es precisamente lo que ocurre hoy en Belarús con la interacción entre las autoridades, los sindicatos y las organizaciones de empleadores. Nuestra Federación es la organización de trabajadores más representativa. Participa en la elaboración de toda la legislación sobre cuestiones sociales y laborales.

Tenemos una postura independiente respecto a todos y cada uno de los temas. Solo el año pasado, participamos en la elaboración de documentos tan importantes como el Código del Trabajo, la Ley de Protección Laboral y otros muchos. Y fue por iniciativa de la FPB que los proyectos de estas leyes incluyeron una serie de normas que refuerzan las garantías de protección de los trabajadores. Además, la legislación de nuestro país nos otorga el derecho exclusivo de velar por el cumplimiento de la legislación sobre cuestiones laborales en todas las organizaciones. Tan solo el año pasado, gracias al trabajo realizado por nuestros abogados, pudimos detectar 20 000 infracciones de la legislación laboral y subsanarlas.

También pudimos abordar cuestiones relacionadas con el despido improcedente. Asimismo, pudimos ayudar a personas que estaban siendo sancionadas injustamente o a las que se les retenía parte de su salario. En otras palabras, estábamos tomando medidas prácticas para garantizar que los trabajadores pudieran disfrutar de sus derechos. En cuanto al derecho a la negociación colectiva, contamos con organizaciones dentro de nuestro sistema de la FPB y, de hecho, hemos logrado firmar más de 18 200 convenios colectivos con organizaciones de empleadores en diferentes compañías de todos los sectores y en todas las regiones del país, centrándonos en cuestiones como los niveles salariales, las garantías laborales y el apoyo en situaciones difíciles de la vida. Todo ello confirma que Belarús está cumpliendo, de forma sistemática y decidida, todas las disposiciones de la declaración relativas a los objetivos y fines de la OIT, así como todos los principios que esta Organización debe defender.

Hoy en día, nuestro país se encuentra en una situación en la que contamos con empleo, una distribución justa y equitativa de los ingresos y el desarrollo de la negociación colectiva. Estamos dispuestos a mantener un intercambio abierto de nuestra experiencia, incluso a través de la OIT, con otras partes, a fin de seguir impulsando los esfuerzos para encontrar las mejores soluciones en beneficio de los trabajadores de todo el mundo. Por consiguiente, instamos a la OIT a que adopte una serie de medidas:

• En primer lugar, es fundamental garantizar la transparencia y la objetividad al analizar la situación actual en Belarús: los resultados reales y la experiencia de la FPB se están pasando por alto y casi nunca se incluyen en los documentos finales, lo que induce a error a los participantes de la OIT.
• En segundo lugar, pedimos que se evalúe el cumplimiento de los derechos laborales en el país y que los resultados de la labor realizada por los sindicatos se analicen no sobre la base de hipótesis, sino a partir de indicadores reales que puedan influir de verdad en la situación de los trabajadores de nuestro país, teniendo en cuenta la cobertura social, el empleo, las garantías adicionales, etc.
• En tercer lugar, como organización auténtica y más representativa de los trabajadores de Belarús, defendemos los intereses de nuestros trabajadores y exigimos la derogación de las decisiones que tienen por objeto restringir la interacción con nuestro país y que, por lo tanto, están afectando negativamente al derecho de los trabajadores de Belarús a trabajar y a los derechos de las empresas sostenibles.

Miembro gubernamental, Chipre: Tengo el honor de intervenir en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Los países candidatos Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Ucrania y la República de Moldova, así como Islandia y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración.

Este año conmemoramos el centenario de esta Comisión y de la Comisión de Expertos. Ambas Comisiones han sido el núcleo del sistema de control de la OIT y han colaborado para velar por que los Estados Miembros de la OIT cumplan su compromiso de aplicar las normas internacionales del trabajo que los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores han adoptado y aplicado colectivamente a nivel nacional con plena soberanía. Por lo tanto, resulta especialmente lamentable que, en este año del centenario, nos encontremos una vez más ante el persistente incumplimiento por parte de las autoridades de Belarús de las obligaciones que les incumben en virtud de los convenios que ratificaron voluntariamente. Desde la aprobación de la Resolución del artículo 33, Belarús ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones de la comisión de encuesta y las recomendaciones posteriores de los órganos de control. Esto se ha reflejado en las últimas conclusiones de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical. El enjuiciamiento penal continúa, con casi 850 personas que siguen detenidas o encarceladas por motivos políticos, entre ellas muchos sindicalistas.

Un número considerable de ellos se encuentra recluido en condiciones espantosas e inhumanas que ponen en grave peligro su salud física y mental, lo que supone una amenaza directa para sus vidas. Muchas de las personas que han sido puestas en libertad no han sido exoneradas, fueron deportadas a la fuerza de Belarús tras la confiscación de sus pasaportes y se han visto privadas de los medios de subsistencia esenciales. La legislación vigente les impide, de hecho, obtener nuevos documentos de identidad en el extranjero, lo que agrava aún más su situación, entre otras cosas al imposibilitarles el acceso a las pensiones y otros derechos en la práctica. Las personas a las que se les permite permanecer en Belarús siguen sometidas a una estricta vigilancia y se enfrentan a restricciones que dificultan su reintegración. Esto significa que su castigo continúa incluso después de su liberación.

Persiste la disolución de los sindicatos independientes, incluido el BKDP, así como la imposibilidad de que sus miembros puedan actuar legalmente. Las restricciones a las libertades civiles, incluida la participación en reuniones pacíficas y acciones sindicales, siguen dando lugar a detenciones, encarcelamientos y otras sanciones. Las medidas legislativas siguen imponiendo restricciones indebidas a las actividades sindicales democráticas, incluido el acceso a la financiación, así como restricciones que impiden a las personas vinculadas a ellas ejercer determinadas profesiones. Los ejemplos anteriores contradicen directamente las afirmaciones de progreso que las autoridades bielorrusas han repetido en numerosas ocasiones. Así pues, instamos a las autoridades a que adopten sin más demora todas las medidas necesarias para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos de control y del Consejo de Administración, y a que garanticen que la legislación y la práctica nacionales se ajusten a los convenios fundamentales de la OIT.

Si bien la reciente puesta en libertad de 250 presos políticos fue una señal de voluntad de dar un paso adelante, instamos encarecidamente a que se proceda a la liberación inmediata e incondicional y la rehabilitación de todos los presos políticos, con el pleno restablecimiento de sus derechos civiles y políticos y la retirada de todos los cargos. Urgimos a las autoridades bielorrusas a que se abstengan de realizar más detenciones arbitrarias y a que aseguren el derecho a las garantías procesales y a un juicio justo.

Hacemos un llamamiento a Belarús para que restablezca el funcionamiento legal de los sindicatos independientes, incluido el BKDP, para garantizar que las actividades sindicales legítimas no sean calificadas de extremistas y asegurar que los trabajadores puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Urgimos con firmeza a Belarús a que colabore de forma constructiva con la OIT. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades para que acepten sin más dilación las misiones humanitarias y tripartitas y colaboren de forma constructiva con el enviado especial de la OIT, entre otras cosas concediéndole el acceso pleno y sin trabas necesario para llevar a cabo su mandato.

También queremos dar las gracias al enviado especial de la OIT para Belarús por sus continuos esfuerzos y por la información actualizada que nos ha facilitado oralmente. Tomamos nota con profunda preocupación de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical relativas a la exclusión de los sindicatos independientes de un diálogo social constructivo, así como a la fuerte dependencia de la FPB respecto a las autoridades y al creciente control e injerencia del Estado en sus actividades. Seguimos muy de cerca las conclusiones de la Comisión de Verificación e instamos a las autoridades de Belarús a que velen por que los delegados a la Conferencia sean designados de común acuerdo con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, auténticas e independientes.

Reiteramos nuestro llamamiento al régimen bielorruso para que ponga fin a su participación en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación de Rusia —una invasión brutal, ilegal, no provocada e injustificada— y respete el derecho internacional y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La Unión Europea y sus Estados miembros, de conformidad con la Resolución del artículo 33, instan a todas las organizaciones internacionales a que cesen cualquier actividad que pueda justificar, directa o indirectamente, la continua inacción ante las violaciones de los derechos sindicales en Belarús.

Asimismo, hacemos hincapié en la importancia de garantizar una colaboración coordinada y coherente entre la OIT y otros órganos de las Naciones Unidas en apoyo de la Resolución del artículo 33. Reafirmamos nuestro firme apoyo a la aplicación de esta Resolución y adoptaremos las medidas que sean necesarias en consonancia con la misma hasta que se logren avances tangibles y verificables. Seguiremos apoyando y reforzando plenamente el sistema de control de la OIT.

Miembro gubernamental, Lituania: Presento esta declaración en nombre de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Noruega, Polonia, Suecia y mi propio país, Lituania. Nos sumamos a la declaración de la Unión Europea y de sus Estados miembros.

Agradecemos al enviado especial de la OIT para Belarús su participación en la sesión especial y la información actualizada que nos ha facilitado.

Sigue siendo inaceptable que Belarús continúe haciendo caso omiso de las recomendaciones de la comisión de encuesta de 2004, las conclusiones de la Comisión, la observación de la Comisión de Expertos y las decisiones del Consejo de Administración.

La Comisión de Expertos ha vuelto a lamentar la falta de avances, ha señalado que las autoridades bielorrusas no han proporcionado nueva información sobre las medidas de implementación y les ha urgido a cooperar con el enviado especial de la OIT.

Se han disuelto los sindicatos independientes. El BKDP y las organizaciones afiliadas siguen sin poder operar legalmente. Más de 70 dirigentes y activistas sindicales y laborales siguen siendo objeto de procesos penales, incluidos juicios en rebeldía contra quienes se encuentran en el exilio, mientras que 19 permanecen encarcelados o detenidos. Por su parte, la FPB depende de las autoridades, que la tratan como un organismo estatal. La supresión de los sindicatos independientes y las restricciones excesivas al derecho de huelga han destruido el diálogo social en el país.

Las personas encarceladas o detenidas han permanecido recluidas en condiciones espantosas e inhumanas, lo que ha tenido graves consecuencias para su salud y dignidad. La atención internacional ha puesto de relieve la necesidad de que médicos independientes visiten a los sindicalistas detenidos y de que se permita la entrada al país de la misión tripartita de la OIT. Sin embargo, Belarús sigue negándose a cooperar. Los expertos de las Naciones Unidas han advertido que en Belarús no existe la libertad sindical y han pedido la liberación inmediata de los dirigentes y miembros sindicales encarcelados.

Nos preocupa igualmente el trato que reciben las personas que son puestas en libertad tras cumplir su condena. El enviado especial y otras personas han señalado que Aliaksandr Yarashuk y Hennadz Fiadynich fueron deportados ilegalmente a Lituania y que les confiscaron los pasaportes y la medicación personal. El Consejo de Administración de la OIT instó a Belarús a que devolviera los pasaportes y restableciera el pago de las pensiones. El Sr. Senik, junto con otros presos políticos, fue deportado a la fuerza a Ucrania. Al principio salió del país con un pasaporte válido. Sin embargo, las autoridades bielorrusas invalidaron posteriormente el documento, dejándolo inservible en la práctica. Tales acciones no equivalen a justicia ni siquiera a la liberación. Equivalen a un exilio forzoso, a un castigo que trasciende los muros de la prisión y a un intento de despojar a las personas de su identidad, su medio de vida y sus derechos.

Observamos con preocupación el creciente abuso por parte de Belarús de la denominada legislación contra el «extremismo». La actividad sindical independiente ha sido objeto de ataques en este contexto y ahora esa misma lógica se está extendiendo contra la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y las instituciones educativas. Constatamos que las prácticas discriminatorias por motivos de género en el mercado laboral siguen estando muy extendidas, entre ellas la concentración de mujeres en sectores con salarios más bajos, la contratación basada en el estado civil y la maternidad, así como la falta de una legislación adecuada que tipifique como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo. Human Rights Watch ha documentado el uso cada vez más frecuente de leyes vagas contra el extremismo para reprimir las voces disidentes, incluidos actores que se encuentran en el exilio.

En este sentido, condenamos la decisión del Tribunal Supremo de Belarús de calificar a la Universidad Europea de Humanidades de Vilna como organización extremista, ya que supone un ataque a la libertad académica y un paso más en la campaña del régimen para silenciar el pensamiento crítico. Nos solidarizamos con la Universidad, su profesorado, sus estudiantes y sus antiguos alumnos.

Reiteramos de forma inequívoca nuestra exigencia de que el régimen bielorruso ponga fin de inmediato a toda complicidad en la brutal, ilegal, no provocada y totalmente injustificada agresión a gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como en la deportación de niños ucranianos a Belarús, y que cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el respeto incondicional de los derechos fundamentales.

Las autoridades de Belarús deben comprender que no es posible volver a la normalidad mientras sigan encarcelando a sindicalistas, suprimiendo organizaciones sindicales independientes, persiguiendo a los trabajadores por ejercer sus derechos fundamentales y rechazando la colaboración con la OIT. Este patrón de conducta es persistente, intencionado e incompatible con la condición de miembro de pleno derecho de la comunidad laboral internacional.

(interrupción)

Interpretación del ruso: Otra representante gubernamental: Les ruego que llamen la atención de los oradores de esta discusión sobre la necesidad de respetar los principios generalmente aceptados de las Naciones Unidas con respecto al lenguaje utilizado en relación con el país en cuestión. Mi país no debería calificarse de régimen. Se debe utilizar un lenguaje respetuoso con todos los participantes. En segundo lugar, también quisiera pedir que se preste atención al hecho de que la delegación de la Unión Europea —y ahora la delegación que tiene la palabra— están introduciendo en la discusión elementos que no son fundamentales para la misma. Ahora estamos hablando de la tensión política en la región, y pediría que estos asuntos se mantuvieran al margen de la discusión que estamos manteniendo, ya que no son pertinentes para la misma.

Presidenta: Hemos tomado debida nota del punto de orden solicitado por la delegada de Belarús. Remarcamos la importancia del lenguaje apropiado, y solicitamos a los siguientes oradores que se mantengan dentro de lo que está establecido para la discusión de este tipo de casos de manera individual. Volvemos a conceder la palabra al orador para que concluya su intervención.

Miembro gubernamental, Lituania: Todos estos conceptos se han mencionado en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto al conflicto en Ucrania. Así pues, en realidad no nos estamos alejando de los conceptos tradicionales que se conocen del sistema de las Naciones Unidas. Pero seguiré adelante con mi alocución.

Instamos a las autoridades bielorrusas a que apliquen sin más demora y en su totalidad la Resolución del artículo 33. Hacemos un llamamiento a todos los actores internacionales pertinentes para que se aseguren de que su participación no legitime ni facilite, directa o indirectamente, el continuo desmantelamiento de la libertad sindical en Belarús. Hasta que se produzcan avances tangibles, verificables e irreversibles, es necesario mantener la presión y reforzar la coordinación en el seno de la OIT, el sistema de las Naciones Unidas y entre los Estados Miembros. Los trabajadores bielorrusos merecen una representación real, la negociación colectiva y la libertad, no una represión disfrazada de ley.

Miembro gubernamental, Canadá: Tengo el honor de intervenir en nombre de los Gobiernos de Australia, el Japón, Nueva Zelandia, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y mi propio país, el Canadá. Una vez más, debemos hacernos eco del profundo pesar de la Comisión de Expertos por el hecho de que las autoridades de Belarús no hayan comunicado ningún cambio significativo en la legislación o en la práctica, a pesar de los persistentes llamamientos de esta Organización para que se apliquen plenamente las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, entre ellas las recomendaciones de 2004 formuladas por la comisión de encuesta. Durante más de dos décadas, las autoridades de Belarús han incumplido sistemáticamente su obligación de salvaguardar los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, lo que pone de manifiesto un desprecio constante por el sistema de control de la OIT y por los derechos y la dignidad de los trabajadores bielorrusos.

Seguimos profundamente preocupados por las violaciones, bien documentadas y aún vigentes, de los derechos humanos y laborales, como el continuo procesamiento de trabajadores y líderes sindicales por ejercer sus derechos fundamentales. Nos siguen preocupando sumamente las informaciones que señalan la persistencia de los procesos penales contra dirigentes sindicales, muchos de los cuales siguen encarcelados o sometidos a restricciones de libertad, el uso del sistema judicial para reprimir las actividades de los sindicatos independientes, incluido el recurso cada vez más frecuente a los juicios en rebeldía sin garantías de un juicio justo y la imposición de severas condenas penales, entre ellas largas penas de prisión por pertenecer a sindicatos independientes. Si bien reconocemos la reciente liberación de algunos líderes sindicales, entre ellos el Sr. Aliaksandr Yarashuk y el Sr. Hennadz Fiadynich, nos preocupa profundamente que dichas liberaciones no vayan acompañadas de la exoneración o el reconocimiento de la violación de los derechos humanos cometida por las autoridades de Belarús contra ellos y que, en algunos casos, vayan seguidas de la deportación.

A pesar de estas pruebas abrumadoras, las autoridades bielorrusas siguen negando cualquier violación de los Convenios y afirman que se han aplicado las recomendaciones de la comisión de encuesta.

Una vez más, urgimos a las autoridades de Belarús a que cumplan plenamente las recomendaciones de la comisión de encuesta y a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los líderes sindicales encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales, a que cesen toda forma de represión contra los trabajadores y sus representantes, a que acepten una misión humanitaria internacional destinada a garantizar el acceso médico independiente a los sindicalistas detenidos, y a que acepten una misión tripartita de la OIT para evaluar la situación sobre el terreno.

Reafirmamos nuestro firme apoyo a la Resolución adoptada por la Conferencia en 2023 en virtud del artículo 33 y animamos a todos los mandantes de la OIT a que sigan tomando las medidas adecuadas con miras a que Belarús cumpla con sus obligaciones dimanantes de la Constitución y los convenios de la OIT. Acogemos con especial satisfacción la labor del enviado especial de la OIT a Belarús e instamos a las autoridades de Belarús a que colaboren plenamente con él de forma constructiva y de buena fe. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento al Director General de la OIT y a la Oficina por su esfuerzo constante en aras de fomentar el diálogo con las autoridades de Belarús. En este año especial que se conmemora el centenario de esta Comisión, reiteramos nuestro apoyo inquebrantable al sistema de control de la OIT. Instamos a Belarús a que respete su experiencia e integridad y a que coopere plenamente con la OIT para implementar, sin más demora, todas las recomendaciones pendientes.

Interpretación del árabe: Miembro trabajador, Sudán: La Federación de Sindicatos de Trabajadores del Sudán tiene el honor de participar en esta discusión, como consecuencia de nuestro firme compromiso con los principios de justicia social y el respeto por el papel fundamental que desempeña el movimiento sindical en la defensa de los intereses de los trabajadores. Queremos destacar que la FPB representa a la abrumadora mayoría de los trabajadores del país, ya que agrupa a más del 90 por ciento de la población activa bielorrusa. Esto la convierte en la representante legítima y auténtica de los trabajadores bielorrusos. Elogiamos los esfuerzos realizados por la FPB para supervisar la aplicación de la legislación laboral y las normas de seguridad y salud en el trabajo a través de sus órganos de inspección jurídica y técnica. Durante el último año, estos órganos detectaron decenas de miles de infracciones en los lugares de trabajo y trabajaron para abordarlas y corregirlas. También acogemos con satisfacción las recientes iniciativas puestas en marcha por la FPB, entre las que se incluye un servicio gratuito de atención telefónica sindical que atiende a diario las quejas y consultas de los trabajadores. Esta iniciativa refuerza la comunicación directa con los trabajadores y contribuye a la resolución rápida de sus inquietudes. La FPB sigue mejorando el bienestar y la protección de los trabajadores a través de la negociación colectiva. Las organizaciones sindicales han firmado más de 18 200 convenios colectivos con los empresarios.

Sin embargo, a pesar de las pruebas tangibles que demuestran la protección de los derechos de los trabajadores y la independencia y eficacia de la FPB, la OIT sigue acusando a Belarús de incumplir los Convenios núms. 87 y 98. Creemos que es fundamental tener debidamente en cuenta la información y los datos facilitados por la FPB, ya que es la organización más cercana a la realidad laboral y la mejor situada para expresar las aspiraciones y necesidades de los trabajadores bielorrusos. Hacemos hincapié en la importancia de escuchar a los representantes de los trabajadores de Belarús que forman parte de la delegación nacional en la Conferencia y de prestar a sus opiniones y valoraciones la atención que merecen a la hora de examinar cualquier decisión o recomendación que afecte a los intereses de los trabajadores de Belarús.

Creemos que la OIT debería tomarse en serio la información facilitada por la FPB sobre la situación de los trabajadores y el desarrollo socioeconómico del país. La Federación representa a la mayoría de los trabajadores de todas las regiones y sectores de la economía bielorrusa. Cuenta con más de 4 millones de afiliados sindicales. Instamos a la Comisión a que respete los principios de neutralidad, integridad y objetividad al tomar decisiones que redunden exclusivamente en beneficio de los trabajadores bielorrusos. Esperamos que la OIT siga teniendo presente el impacto negativo que las medidas restrictivas pueden tener sobre los trabajadores de a pie.

Abogamos por el diálogo, la cooperación técnica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales como los medios más eficaces para promover el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y avanzar hacia los objetivos comunes de la OIT. En conclusión, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de Belarús y con su central sindical nacional, y reafirmamos nuestro apoyo a su derecho a que se escuche su voz en el seno de la OIT, de una manera que se defiendan los intereses de los trabajadores y se promuevan los valores de la justicia social y el trabajo decente a los que todos aspiramos.

Miembro gubernamental, República Democrática Popular Lao: Para empezar, mi delegación toma nota del Informe de la Comisión y agradece sinceramente a la delegación de Belarús la información exhaustiva que ha facilitado sobre la situación laboral y la cooperación y la labor actuales relacionadas con la OIT en Belarús. La República Democrática Popular Lao felicita a Belarús por sus continuos esfuerzos y los avances logrados en el ámbito social y laboral, en particular el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los Convenios y mecanismos de la OIT mediante la aplicación de las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración y esta Comisión, entre otros. Esto incluye, en primer lugar, la cooperación satisfactoria de la gestión participativa tripartita (el Gobierno, los sindicatos y los empleadores) en el diseño y la implementación de las políticas socioeconómicas nacionales. En segundo lugar, la participación activa de los sindicatos y los empleadores en el proceso legislativo sobre cuestiones laborales y sociales. En tercer lugar, el sindicato nacional y la asociación de empresarios son parte en el acuerdo general para el periodo 2025-2027 suscrito con el Gobierno en materia social y laboral a nivel nacional.

Creemos firmemente que las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y el aislamiento contra cualquier Estado Miembro de la OIT no constituyen enfoques constructivos ni eficaces. Permítanme concluir haciendo un llamamiento para que se evite el uso de los mecanismos de la OIT con el fin de ejercer presiones de carácter político sobre Estados soberanos. Hacemos un llamamiento a que se reanuden los diálogos constructivos, el compromiso y la cooperación con los interlocutores sociales de Belarús, respetando estrictamente el mandato de la OIT.

Interpretación del chino: Miembro trabajador, China: Hemos tomado nota de las declaraciones realizadas por todas las partes. Nuestra postura respecto al examen de los casos en la Comisión ha sido coherente. Las sanciones no son un objetivo. Nuestro objetivo común es salvaguardar verdaderamente los derechos e intereses legítimos de los trabajadores. Con este fin, instamos a que se aborden debidamente todas las preocupaciones con el fin de reforzar la consulta y el diálogo, y a que se realicen esfuerzos que promuevan una resolución pronta del caso de Belarús.

Miembro gubernamental, Azerbaiyán: Azerbaiyán acoge con agrado la información proporcionada por el Gobierno de Belarús, que pone de manifiesto los avances logrados en la promoción del diálogo social. Encomiamos los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Belarús por crear las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión participativa en el país. Reconocemos el compromiso de Belarús de respetar las normas internacionales del trabajo y de cooperar con la OIT en el marco de su mandato. Azerbaiyán cree firmemente que la promoción de los derechos laborales debe basarse en un diálogo constructivo y en el pleno respeto del principio de soberanía nacional.

Miembro trabajadora, Canadá: Hablo en nombre de los trabajadores del Canadá y Suiza. Las conclusiones de la comisión de encuesta de la OIT, de los órganos de control y de la aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT en relación con las violaciones de los derechos laborales en Belarús se ven respaldadas sistemáticamente por el conjunto del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. El consenso internacional sobre la situación en Belarús queda patente en las recomendaciones formuladas durante los sucesivos ciclos del Examen Periódico Universal, así como en la labor de los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales y el Grupo de Expertos Independientes sobre Belarús. Estos órganos han documentado y alertado sobre extensas violaciones de los derechos humanos y laborales, entre las que se incluyen la persecución de personas que ejercen la libertad sindical, de expresión y de reunión pacífica; la disolución de sindicatos independientes; la detención y encarcelamiento arbitrario de líderes y activistas sindicales; el trabajo forzoso; la tortura y las represalias contra personas que colaboran con organizaciones internacionales y mecanismos de derechos humanos.

En 2026, durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal, un gran número de Estados Miembros de las Naciones Unidas recomendó a Belarús que restableciera la libertad sindical y la libertad de reunión, y que pusiera fin a la persecución de sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil.

En 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su examen de la situación en Belarús, abordó no solo cuestiones relacionadas con la igualdad de género, sino también cuestiones directamente vinculadas a la libertad sindical, y señaló que la supresión de la representación independiente de los trabajadores priva a las trabajadoras de mecanismos eficaces para hacer frente a la discriminación, el acoso, la desigualdad salarial y otras violaciones.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Belarús concluyó que la represión de los sindicatos independientes forma parte de una estrategia más amplia destinada a impedir que los trabajadores ejerzan sus derechos, y subrayó que los sindicatos respaldados por el Estado no pueden considerarse organizaciones de trabajadores verdaderamente independientes.

La labor del Grupo de Expertos Independientes sobre la situación de los derechos humanos en Belarús constituye una importante confirmación de las conclusiones que los sindicatos independientes llevan mucho tiempo documentando y que han sido reconocidas por los órganos de control de la OIT.

En una declaración conjunta, un grupo de titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen el Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Relator Especial sobre los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre Belarús, el Relator Especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, y el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, manifestó su alarma por las continuas violaciones de la libertad sindical en las relaciones laborales en Belarús y pidió explícitamente la puesta en libertad de todos los dirigentes y miembros sindicales encarcelados. Estos titulares instaron a las autoridades bielorrusas a derogar la legislación y las medidas administrativas que impiden el funcionamiento de los sindicatos independientes, y a cooperar plenamente con la OIT y sus órganos de control.

Miembro gubernamental, República Islámica del Irán: La República Islámica del Irán aprovecha esta oportunidad para expresar su opinión sobre la situación en Belarús. Si bien respetamos los procesos de control de la Organización, creemos que el objetivo principal de estos mecanismos debería ser apoyar a los trabajadores y mejorar las normas de trabajo mediante la cooperación y el diálogo constructivo. Belarús es Miembro de esta Organización desde hace casi siete décadas, ha ratificado 51 convenios y ha aplicado 10 de las 12 recomendaciones de la comisión de encuesta. Estas medidas demuestran la capacidad del país para colaborar con los mecanismos de la Organización.

El enfoque positivo y reforzado del Gobierno bielorruso hacia la cooperación con la OIT y los interlocutores sociales para abordar las cuestiones pendientes es digno de reconocimiento y merece ser debidamente acogido.

La República Islámica del Irán insta a la OIT a reforzar su cooperación técnica con Belarús con el fin de mejorar la aplicación de los Convenios, creando así las condiciones necesarias para avanzar realmente en la protección de los derechos de los trabajadores a la libertad sindical y a la negociación colectiva. También hacemos hincapié en la importancia de mantener un espacio para el diálogo y evitar enfoques que puedan obstaculizar una cooperación constructiva.

Siempre hemos tenido la convicción de que la OIT está libre de politización y de la aplicación de un doble rasero, y esperamos que la Organización refuerce esta convicción continuando su actuación con transparencia. Hacemos un llamamiento a todos los Miembros para que trabajen en pro de un diálogo auténtico, justo y no discriminatorio, con el fin de alcanzar la paz mundial a través de la justicia social, que constituye la piedra angular de esta Organización.

Miembro trabajador, Alemania: Hablaré en nombre de la Confederación Alemana de Sindicatos. En Belarús, el trabajo y las actividades sindicales se consideran extremistas y, por lo tanto, delictivas. Esto significa la detención, el exilio o ambas cosas para quienes realizan actividades sindicales, como Aliaksandr Yarashuk y Gennadiy Fedynich. El Decreto núm. 278 impuso nuevas trabas a los exiliados, impidiendo a quienes se encuentran en el extranjero obtener nuevos pasaportes.

Para sindicalistas como Maksim Senik, un pasaporte caducado o anulado supone la apatridia o la detención. Están perdiendo la protección jurídica y la posibilidad de trabajar o viajar. En la Resolución relativa a Belarús, adoptada en virtud del artículo 33, se insta a los Estados Miembros de la OIT a que respeten el principio de no devolución en lo que respecta a los sindicalistas bielorrusos. Solo si los países de acogida expiden documentos que sustituyan a los pasaportes y que permitan a quienes se encuentran fuera del país llevar una vida normal y viajar, se podrá derrotar la estrategia del régimen de Lukashenko destinada a debilitar la sociedad civil. La anulación de pasaportes no es solo una cuestión de derecho migratorio. Se trata de una clara violación del Convenio y de discriminación contra los sindicalistas. Es fundamental garantizar un estatus jurídico claro a los sindicalistas exiliados para poder aplicar en la práctica el principio de no devolución.

Por ello, hacemos un llamamiento especial a los Gobiernos de la Unión Europea para que expidan documentos sustitutivos del pasaporte para los sindicalistas exiliados. Al mismo tiempo, es necesario brindar a los sindicatos de Belarús la posibilidad de viajar al extranjero. En concreto, deberían concederse visados humanitarios.

El proceso de solicitud en el país de origen o en un tercer país seguro, una tramitación rápida y una entrada segura en el país de acogida tras una decisión favorable implican un riesgo calculable para los afectados. Por ello, instamos a los Gobiernos, en particular a los de la Unión Europea, a que elaboren programas de visados humanitarios y garanticen trámites ágiles. Los sindicalistas independientes que forman parte de las fuerzas democráticas de Belarús necesitan la protección y el apoyo de las sociedades democráticas para poder continuar con su labor. Los Gobiernos de la Unión Europea deberían demostrar, a través de estas medidas, que se preocupan por la libertad sindical y los valores democráticos más allá de sus fronteras.

Interpretación del árabe: Miembro gubernamental, Sudán: Intervenimos en relación con la aplicación por parte de Belarús de ambos Convenios, así como de las recomendaciones de la comisión de encuesta. Quisiéramos subrayar la necesidad de respetar los principios y de no politizar la Organización. En este sentido, nos gustaría expresar nuestra preocupación por la creación de nuevos mecanismos de control basados en posiciones políticas, así como por la propuesta actual de crear un nuevo mecanismo, lo cual va en contra de los derechos de los trabajadores. Apelamos al diálogo bilateral regional y a los mecanismos técnicos reconocidos, y a que no se adopten nuevos mecanismos que atenten contra la soberanía y no guarden relación alguna con el mandato de la Organización. Afirmamos que ninguna política de doble rasero aportará la solución necesaria, sobre todo en el contexto de la actual situación económica mundial. Necesitamos solidaridad y mantenernos dentro del marco del mandato de la OIT.

Dicho esto, hacemos un llamamiento al respeto de la soberanía y al diálogo. Apelamos al respeto del marco técnico de la OIT, lejos de cualquier instrumentalización de la Organización o de cualquier generación de conflictos que no tengan nada que ver con su mandato.

Miembro trabajadora, Italia: Hablo en nombre de los trabajadores italianos. Deseamos llamar la atención de la Comisión sobre la alarmante situación de las sindicalistas encarceladas en Belarús por ejercer derechos fundamentales protegidos por los convenios de la OIT, entre ellos la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a organizarse. Según la organización de derechos humanos VIASNA, actualmente hay cientos de presos políticos en Belarús, entre ellos más de 100 mujeres, y entre ellas se encuentran al menos tres activistas y líderes sindicales: Hanna Karneyenka, Volha Brytsikava y Hanna Ablab.

A estas mujeres se les ha privado de libertad por sus actividades sindicales legítimas, su compromiso cívico pacífico y su defensa de los derechos de los trabajadores. Estos casos ilustran la represión constante a la que se enfrentan los sindicatos independientes en Belarús desde 2020 y el desmantelamiento sistemático de la libertad sindical en el país. Hanna Karneyenka, miembro del Sindicato Libre de Trabajadores Metalúrgicos (SPM), fue condenada a cinco años de prisión. Volha Brytsikava, una de las líderes del Sindicato Independiente de Belarús en la refinería de Naftan, fue condenada a seis años de prisión tras oponerse abiertamente a la guerra en Ucrania y defender los derechos sindicales. Hanna Ablab, miembro de la iniciativa obrera Rabochy Rukh y madre de tres hijos, fue condenada a 11 años de prisión por cargos de carácter político.

Estas mujeres se encuentran recluidas en colonias penales en condiciones muy duras, con acceso limitado a la atención médica, al contacto con sus familias y a las necesidades básicas. Al igual que otros presos, se ven obligadas a realizar trabajos en condiciones que suscitan serias preocupaciones en cuanto al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, incluida la prohibición del trabajo forzoso. El encarcelamiento de sindicalistas por llevar a cabo actividades sindicales legítimas es incompatible con los principios y derechos consagrados en la Constitución de la OIT y en los convenios fundamentales ratificados por Belarús. Esta situación genera un clima de miedo e intimidación que impide a los trabajadores ejercer libremente sus derechos y socava un diálogo social auténtico. Por consiguiente, los sindicatos italianos instan al Gobierno de Belarús a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los sindicalistas detenidos por ejercer sus derechos fundamentales; ponga fin a todos los actos de acoso, intimidación y persecución penal contra los sindicatos independientes y sus miembros; restablezca el pleno respeto a la libertad sindical y a los derechos de negociación colectiva; garantice que todos los trabajadores puedan organizarse y participar en actividades sindicales sin temor a represalias; coopere plenamente con el mecanismo de control de la OIT; reconozca plenamente el mandato del enviado especial; y aplique sin demora las recomendaciones de esta Comisión y de otros órganos de la OIT.

Los casos de Hanna Karneyenka, Volha Brytsikava y Hanna Ablab nos recuerdan que la libertad sindical no puede existir allí donde se encarcela a los sindicalistas por defender los derechos de los trabajadores. Expresamos nuestra solidaridad con ellas y con todos los trabajadores de Belarús que siguen luchando por la dignidad, la justicia y la libertad.

Interpretación del chino: Miembro gubernamental, China: Agradecemos al Gobierno de Belarús por haber proporcionado información detallada sobre el asunto que nos ocupa. China sabe que el Gobierno de Belarús ha adoptado medidas concretas para salvaguardar los derechos sindicales y ha ido estableciendo progresivamente un marco jurídico integral para garantizar la libertad sindical de los ciudadanos. En Belarús se pueden constituir libremente sindicatos y llevar a cabo actividades legales destinadas a proteger los derechos e intereses de los trabajadores.

Según se informa, los sindicatos y las federaciones industriales de Belarús cuentan con unos 4 millones de afiliados que abarcan todos los sectores y regiones del país, y se respetan los derechos sindicales legítimos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el Gobierno de Belarús concede importancia al papel y al estatus de la OIT y cumple con las obligaciones que le incumben en virtud de los Convenios ratificados. La postura de China respecto a este asunto siempre ha sido coherente y clara. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OIT debe respetar plenamente los principios básicos del derecho internacional y de las relaciones internacionales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos. El artículo 33 de la Constitución de la OIT representa los mecanismos de control y cumplimiento más estrictos y prevé la negativa de un Estado Miembro a aplicar las recomendaciones de una comisión de encuesta. Debemos velar por la aplicación uniforme y equitativa del derecho internacional, incluida la Constitución de la OIT, y no debemos ampliar las interpretaciones de forma arbitraria ni hacer un uso indebido de dichos mecanismos. En conclusión, China insta a esta Comisión y a los mandantes tripartitos de la OIT a que respeten totalmente la soberanía de Belarús y evalúen su situación social y el cumplimiento de sus obligaciones de manera exhaustiva, objetiva e imparcial.

Animamos a todas las partes a que escuchen atentamente las opiniones del Gobierno de Belarús y esperamos que la Oficina de la OIT siga desempeñando un papel constructivo en la salvaguarda de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores y los empleadores en Belarús y en la promoción del desarrollo económico y social del país.

Miembro trabajador, Kenya: Hoy me dirijo a ustedes en nombre de los trabajadores kenianos y de las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos en África y los países árabes. Tomo la palabra para expresar nuestra profunda condena a la destrucción sistemática de los sindicatos independientes y los derechos humanos fundamentales en Belarús. Desde 2020, el régimen bielorruso ha llevado a cabo una considerable campaña de terror contra su propia población activa. Cientos de activistas han sido detenidos de forma arbitraria.

Hoy en día, de entre los cientos de presos políticos que hay, al menos 20 de nuestros compañeros sindicalistas siguen entre rejas. El Estado los ha tildado, de forma absurda, de extremistas y terroristas simple y llanamente por defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Como profesional de la medicina, debo llamar urgentemente la atención de la Comisión sobre el desgarrador caso del Dr. Ruslan Badamshyn. Es un destacado neurólogo, un especialista brillante y un hombre que ha dedicado su carrera a compartir sus amplios conocimientos y a ser mentor de médicos jóvenes. En una sociedad racional, el sentido común dicta que los profesionales médicos altamente cualificados deben estar protegidos.

La sociedad los necesita para curar a los enfermos y salvar vidas. Sin embargo, al encarcelar al Dr. Badamshyn, el Estado bielorruso ha antepuesto la represión estatal a la salud pública. Han decidido dejar a los pacientes sin sus médicos. Han dejado a todo el sistema totalmente desprovisto de unos conocimientos especializados esenciales y escasos. El compromiso inquebrantable del Dr. Badamshyn le convirtió en blanco de una venganza judicial implacable y cada vez más intensa.

En primer lugar, sufrió acoso administrativo y fue detenido al menos cinco veces. El Estado no quedó satisfecho. El régimen intensificó entonces la presión y lo condenó a tres años de arresto domiciliario. Una vez más, el Estado no tuvo bastante. En junio de 2025, fue detenido de nuevo en virtud de leyes contra el extremismo que se utilizaron de forma abusiva.

Con todo y con eso, no fue suficiente para el Estado. A principios de 2026, un tribunal dictó una sentencia devastadora: dos años y medio de prisión en una colonia penitenciaria de régimen general y condiciones muy duras. Para sellar su destino, el régimen tildó oficialmente a este médico tan dedicado de extremista y terrorista. Su calvario representa un patrón aterrador de persecución penal reiterada. En Belarús, cumplir la condena ya no es suficiente.

El Estado inventó continuamente nuevos cargos que se solapaban entre sí para asegurarse de que las voces independientes permanecieran silenciadas para siempre. Además, más de 50 líderes que han cumplido sus condenas siguen viviendo sometidos a restricciones estatales asfixiantes y represivas que les privan de su sustento, dignidad y ciudadanía. La OIT no puede ni debe permitir que esta flagrante violación continúe impunemente. Urgimos a la Comisión a que adopte una postura firme y exija: la liberación inmediata e incondicional del Dr. Ruslan Badamshyn y de todos los sindicalistas encarcelados en Belarús; el cese inmediato del acoso judicial, los repetidos procesos judiciales y las calificaciones utilizadas con fines punitivos; y que las autoridades de Belarús restablezcan plenamente los derechos de los sindicatos independientes. El Dr. Badamshyn era consciente del inmenso riesgo que suponía plantarle cara a la tiranía. Sin embargo, se negó a cambiar de opinión. Y estaba dispuesto a morir para que los sindicatos sobrevivieran en Belarús. Hoy debemos responder a su valentía con nuestra acción colectiva.

Miembro trabajador, Dinamarca: Hablaré en nombre de los trabajadores nórdicos. El año pasado, ante esta Comisión, hablé sobre el encarcelamiento de sindicalistas en Belarús por llevar a cabo actividades sindicales legítimas. Es decir, la actividad sindical independiente. Aunque muchos de nuestros compañeros y compañeras siguen encarcelados, el artículo 33 y el impulso político han propiciado la puesta en libertad de algunos sindicalistas. Sin embargo, ser libre no significa recuperar la libertad en ningún sentido significativo de la palabra, al menos no en Belarús.

Los sindicalistas independientes siguen siendo tachados por el Estado de extremistas, con consecuencias devastadoras para su vida cotidiana, sustento y familias. Con este estigma que les ha impuesto el Estado, a los sindicalistas libres se les niega el acceso a la mayoría de los puestos de trabajo. Por ejemplo, no pueden realizar actividades educativas, no pueden trabajar con niños, no pueden publicar material, no pueden ocupar cargos públicos, no pueden desempeñar la mayoría de los trabajos en bancos, no pueden ejercer de auditores, ni pueden trabajar como intérpretes ni siquiera guías turísticos. Además, a estos sindicalistas libres les resulta imposible encontrar empleo en ninguna empresa estatal. Por supuesto, en las empresas privadas la situación no es muy diferente. No los contratarán por miedo a las represalias del Estado.

Esto debe decirse con toda claridad, tal y como es. En primer lugar, el Estado acabó con los sindicatos independientes y tipificó como delito el sindicalismo independiente. Posteriormente, encarceló a sindicalistas por ejercer sus derechos fundamentales. Y ahora, sigue persiguiéndolos deliberadamente mediante el estigma, la exclusión y el miedo. Esto va en contra de cualquier norma ética, moral, justa e internacional.

Estas prácticas son totalmente incompatibles con la libertad sindical, con el derecho de sindicación y con los principios más básicos de la dignidad humana. Estas medidas son instrumentos deliberados de represión destinados a erradicar el sindicalismo independiente y a advertir a todos los trabajadores de Belarús sobre el precio que supone actuar de forma independiente. Esto va más allá de cualquier crítica, y la presión internacional continuada no solo está justificada, sino que debería ser obligatoria, al igual que la aplicación del artículo 33. Sugerir que la situación en Belarús puede resolverse con medidas parciales sería un grave error. Nuestro mensaje a Belarús y a su Gobierno es claro.

Todos los sindicalistas encarcelados deben ser puestos en libertad y deben retirarse los cargos contra ellos. La actividad sindical independiente debe dejar de considerarse un delito. Es lo mínimo que se merecen nuestros hermanos y hermanas de Belarús. Para concluir, cabe señalar que los delegados de Belarús hablan de hechos y verdades, pero al mismo tiempo han negado el acceso y el diálogo con el enviado especial de la OIT. Si es necesario ocultar verdades y hechos a un observador neutral capaz de evaluar la verdad objetiva, entonces quizá haya una razón por la que la verdad de Belarús sea diferente de la verdad del resto del mundo.

Miembro trabajador, Pakistán: Intervengo en nombre de los sindicatos de la región de Asia y el Pacífico. Seguimos profundamente preocupados por la grave y continuada violación de la libertad sindical en Belarús y expresamos nuestra absoluta solidaridad con los trabajadores bielorrusos y los sindicatos independientes. El Convenio núm. 87 es uno de los convenios fundamentales de la OIT. Garantiza a los trabajadores el derecho a constituir y afiliarse a las organizaciones que elijan, así como a realizar actividades sindicales sin ningún tipo de injerencia de las autoridades.

Sin embargo, la situación en Belarús pone de manifiesto un incumplimiento sistemático de estas obligaciones. Tras la disolución de los sindicatos independientes, ya no existen en Belarús organizaciones obreras auténticas capaces de representar y defender de forma independiente los intereses de los trabajadores. En la práctica, se ha privado a los trabajadores de su derecho a organizarse según sus propias preferencias o a afiliarse a sindicatos independientes sin temor a represalias. En la actualidad, al menos 20 líderes y activistas sindicales permanecen encarcelados. Además, 54 representantes del movimiento sindical independiente han sido calificados de «extremistas», mientras que 11 han sido incluidos en la lista de terroristas elaborada por las autoridades.

Estas medidas se han impuesto a personas cuyo único delito fue participar en actividades sindicales legítimas y defender los derechos de los trabajadores. En este contexto, las declaraciones de la denominada Federación de Sindicatos de Belarús sobre el éxito del diálogo social, el número de convenios colectivos firmados o la representación efectiva de los trabajadores no pueden considerarse pruebas del cumplimiento del Convenio. No puede haber un auténtico diálogo social cuando se han desmantelado los sindicatos independientes. Los convenios colectivos no pueden servir como prueba de la libertad sindical mientras los dirigentes sindicales sigan entre rejas. Es imposible hablar de libertad sindical cuando a los trabajadores se les niega el derecho a constituir y afiliarse a organizaciones independientes de su elección.

La región de Asia y el Pacífico sabe muy bien que el desarrollo sostenible, la estabilidad social y el crecimiento económico inclusivo son imposibles sin sindicatos libres e independientes. Por este motivo, consideramos que la situación en Belarús supone un grave desafío para el sistema internacional de normas laborales. Instamos al Gobierno de Belarús a que aplique sin más demora la recomendación de los órganos de control de la OIT con el fin de: liberar a todos los dirigentes y activistas sindicales encarcelados; poner fin a la persecución del movimiento sindical independiente; restablecer las condiciones necesarias para el libre funcionamiento de los sindicatos; y garantizar el pleno cumplimiento del Convenio. Los trabajadores bielorrusos merecen los mismos derechos que los trabajadores de cualquier otro lugar: el derecho de sindicarse libremente, a estar representados por organizaciones de su elección, y a defender sus intereses sin temor a la intimidación, la persecución o el encarcelamiento.

Miembro gubernamental, República Bolivariana de Venezuela: La República Bolivariana de Venezuela refirma su firme compromiso con los principios del diálogo social, el tripartismo y la cooperación internacional genuina que constituyen pilares fundamentales del mandato de esta Organización. En este contexto, la República Bolivariana de Venezuela toma nota de la disposición manifestada por el Gobierno de la República de Belarús, para continuar manteniendo el diálogo con la OIT y con los interlocutores sociales nacionales, en relación con la aplicación de los Convenios.

Se considera esencial que los mecanismos de supervisión de la Organización se conduzcan de manera objetiva, imparcial, transparente y no selectiva, evitando cualquier forma de instrumentalización política, que pueda desvirtuar el espíritu de cooperación, asistencia técnica y diálogo constructivo que debe prevalecer en el seno de esta Organización. Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela reconoce la importancia de preservar los principios de soberanía, no injerencia en los asuntos internos y respeto a las particularidades nacionales, así como el derecho soberano de los Estados a desarrollar sus políticas sociales y laborales, de conformidad con sus realidades, prioridades y marcos jurídicos nacionales, en consonancia con sus obligaciones internacionales.

La República Bolivariana de Venezuela reitera que las soluciones sostenibles y duraderas solo pueden construirse sobre la base del respeto mutuo, el diálogo constructivo y la cooperación técnica despolitizada, con la participación plena y efectiva de los Gobiernos y de los interlocutores sociales legítimamente constituidos. En tal sentido, consideramos fundamental privilegiar el entendimiento entre las partes, el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento técnico, por encima de enfoques confrontacionales o medidas que puedan profundizar divisiones. Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela expresa su disposición a continuar apoyando iniciativas orientadas a fortalecer el diálogo social, la promoción y protección de los derechos de los trabajadores, así como la preservación del carácter inclusivo, equilibrado y no politizado, de la OIT.

Miembro gubernamental, Kazajstán: Kazajstán reconoce la larga colaboración de Belarús con la OIT y su compromiso declarado de respetar las normas sociales y laborales, incluidos los esfuerzos por reforzar un sistema de concertación tripartita. Tomamos nota asimismo de la información facilitada por el Gobierno de Belarús sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la comisión de encuesta, así como de su disposición al diálogo con los interlocutores sociales y la OIT, como lo demuestra la cooperación mantenida en el pasado con misiones y proyectos técnicos de la OIT. En lo que respecta a las conclusiones de los órganos de control de la OIT sobre la importancia de la plena aplicación de los Convenios, consideramos que es fundamental reforzar la colaboración constructiva entre el Gobierno y la OIT para abordar estas cuestiones de forma conjunta. Asimismo, alentamos a que se realicen esfuerzos sostenidos para alinear la legislación y las prácticas nacionales con las normas internacionales del trabajo y destacamos la importancia de un diálogo inclusivo y constructivo entre todas las partes interesadas.

Miembro trabajador, Francia: El desmantelamiento de los sindicatos independientes en Belarús no solo ha privado a miles de trabajadoras y trabajadores de su derecho fundamental a organizarse. Ha deteriorado profundamente el conjunto de las relaciones laborales en el país. Cuando se ilegalizan los sindicatos independientes, cuando se silencia a los sindicalistas independientes, se les encarcela o se les obliga al exilio, ya no queda ningún contrapoder capaz de defender los derechos de los trabajadores. La arbitrariedad se impone y la coacción se convierte en la norma. Hoy en día, en Belarús, todo el sistema de relaciones laborales está a la deriva.

• Se imponen sanciones económicas a aquellas personas consideradas «aptas para el trabajo», pero insuficientemente activas. En lugar de abordar las causas económicas y sociales del desempleo y la exclusión, las autoridades optan por castigar a las personas.
• Los centros denominados de «tratamiento mediante el trabajo» (LTP) constituyen otro motivo importante de preocupación. Estos establecimientos, que dependen del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Salud, funcionan como centros de detención cerrados. El objetivo declarado de la rehabilitación queda relegado a un segundo plano ante la obligación de trabajar en condiciones precarias, sin ningún contrato de trabajo y bajo coacción.
• La situación de las personas con discapacidad que viven en centros especializados también plantea serias dudas. Miles de residentes participan en actividades productivas que se presentan como «terapia ocupacional» o «rehabilitación». Sin embargo, estas actividades suelen consistir en trabajos agrícolas, mantenimiento, carpintería o servicios domésticos que se realizan en establecimientos cerrados, sin contrato de trabajo, sin protección sindical y sin garantías salariales.
• Las personas condenadas por haber ejercido pacíficamente sus libertades de expresión y asociación son objeto de un trato discriminatorio en los establecimientos penitenciarios. Se ven obligadas a llevar una etiqueta amarilla que permite distinguirlas del resto de reclusos. Se las asigna a los trabajos más penosos, más degradantes y peor remunerados. Así, las personas encarceladas por haber ejercido sus derechos fundamentales sufren una doble pena: la privación de libertad y unas condiciones de trabajo más duras.

Ante esta situación, nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Año tras año, reunidos aquí en la sede de la OIT, no dejamos de afirmar que solo el respeto de las libertades sindicales puede proteger a las trabajadoras y trabajadores contra la arbitrariedad y la explotación. Las libertades sindicales son la piedra angular de cualquier sistema de relaciones laborales que tenga por objeto garantizar la justicia y la dignidad. Cuando se respetan estos derechos, se pueden denunciar los abusos. Cuando se destruyen, todas las demás protecciones acaban por derrumbarse.

Miembro gubernamental, República Unida de Tanzanía: La República Unida de Tanzanía acoge con satisfacción la información presentada por el Gobierno de Belarús en la que solicita a los órganos de la OIT que acepten y tengan debidamente en cuenta la versión de los hechos de Belarús en relación con las denuncias de violaciones de los Convenios y la aplicación de la recomendación de la comisión de encuesta. Tomamos nota de la información facilitada sobre la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta y la colaboración con los mecanismos de control de la OIT. El llamamiento del Gobierno de Belarús a todos los mandantes tripartitos de la OIT y a la Comisión para que presten la debida atención a la información presentada merece ser tenido en cuenta y recibir la importancia que le corresponde. La República Unida de Tanzanía considera que el diálogo constructivo, el respeto mutuo y la cooperación siguen siendo los medios más eficaces para abordar las cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Fomentamos debates objetivos y equilibrados que tengan debidamente en cuenta la información presentada por Belarús.

Miembro trabajador, Brasil: Hablo en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de las demás centrales sindicales brasileñas para expresar nuestra preocupación ante las graves violaciones imputadas a Belarús en lo que respecta a la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98, y al cumplimiento de las obligaciones de rendir cuentas ante el sistema de control de normas.

Es inaceptable, que incluso tras innumerables alertas y recomendaciones, el Gobierno siga incumpliendo las obligaciones fundamentales de la libertad sindical, así como la presentación de informaciones de manera oportuna y transparente. La libertad sindical es un derecho esencial para la defensa de los intereses de la clase trabajadora y la concepción de mejores condiciones de vida. La información recopilada a lo largo de los años indica, sin embargo, que los trabajadores y trabajadoras sufren represalias, ataques y restricciones a su organización colectiva, además de la ausencia de un diálogo social efectivo. Esta situación compromete gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales y la justicia social, pilares indispensables para la paz y el desarrollo sostenible.

Los Convenios núms. 87 y 98, no son solo un conjunto de normas, sino la garantía de la autonomía, independencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, un espacio que permite la defensa colectiva, la negociación y la búsqueda de la justicia social. Es mediante el cumplimiento riguroso de estas normas, supervisado por el sistema de control de la OIT, que es posible el verdadero progreso social.

Destacamos, en ese sentido, que el sistema de control de normas es una herramienta crucial para garantizar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo. Su funcionamiento depende del compromiso firme e íntegro de los Gobiernos de respetar y aplicar las recomendaciones, lo que incluye la labor del enviado especial de la OIT.

Conviene destacar el papel fundamental del enviado especial de la OIT que actúa como puente entre el Gobierno, los interlocutores sociales y la Organización, facilitando el diálogo social y la cooperación necesaria para superar los desafíos y avanzar en la implementación de las normas internacionales. Por ello, hacemos un llamamiento urgente para que el Gobierno de Belarús se comprometa con los procedimientos establecidos, abriéndose a un diálogo social constructivo y que solo así, será posible promover avances reales y duraderos para la población trabajadora.

Creemos, firmemente, que solo con un diálogo social abierto, respetuoso y constructivo, será posible avanzar en la superación de los desafíos actuales y restablecer el pleno respeto de los derechos fundamentales de la clase trabajadora. La OIT debe reafirmar su papel como guardiana de los derechos fundamentales y como espacio de búsqueda de soluciones que promuevan el trabajo decente para todos.

Miembro gubernamental, Zimbabwe: El Gobierno de Zimbabwe toma nota del informe presentado por la República de Belarús y ha seguido muy de cerca los debates tanto pasados como actuales. Reconocemos la reciente afirmación por parte de la República de Belarús de su compromiso con el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Este compromiso no es una mera declaración, sino un llamamiento a un diálogo constructivo que respete las realidades y los intereses soberanos de la República de Belarús. El Gobierno de Belarús ha manifestado su disposición a colaborar con la Oficina para fomentar un enfoque más inclusivo y la aplicación de las normas internacionales del trabajo.

Esto supone una oportunidad para que todas las partes interesadas se reúnan y encuentren puntos en común. Sin embargo, este diálogo debe basarse en el respeto mutuo y en la comprensión del contexto nacional de Belarús. Los retos a los que se enfrentan exigen que todas las partes, incluidos los órganos de control de la OIT, adopten un enfoque equilibrado para superarlos. Es necesario tener en cuenta la realidad sobre el terreno. Por lo tanto, animamos al Gobierno de Belarús y a los interlocutores sociales a entablar un diálogo social constructivo y, al mismo tiempo, urgimos a los órganos de control de la OIT a que se mantengan firmes en su compromiso con la objetividad y la neutralidad, sin perder de vista los factores geopolíticos en juego.

Es imprescindible que la OIT siga prestando asistencia a la República de Belarús y a sus interlocutores sociales en su camino hacia el fortalecimiento de la libertad sindical. En conclusión, el Gobierno de Zimbabwe reitera la importancia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por lo tanto, resulta imperativo adoptar un enfoque colaborativo que defienda los derechos laborales, refuerce los principios fundamentales de la justicia social y preserve la soberanía de los Estados Miembros. Por lo tanto, instamos a esta Comisión a que, en sus observaciones finales y recomendaciones, haga hincapié en la colaboración y en la asistencia técnica de la OIT a los interlocutores tripartitos de Belarús, sobre una base pragmática, no partidista y apolítica, con el fin de permitir la implementación de las recomendaciones pendientes de la comisión de encuesta.

Miembro trabajador, Polonia: Hablo en nombre de los trabajadores polacos afiliados al Sindicato Independiente y Autónomo (NSZZ «Solidarność»). No estoy aquí como mero observador. Hablo como alguien que ha vivido en primera persona lo que ocurre cuando los trabajadores intentan ejercer su derecho de sindicación de forma independiente en Belarús. Antes de unirme al NSZZ «Solidarność», trabajé durante siete años como operario en la planta química de fertilizantes nitrogenados, una de las mayores empresas industriales de Belarús, que daba empleo a unos 10 000 trabajadores. En 2020, fui víctima de una acusación penal fabricada.

Tras un intento de detención, hui a Polonia. Las autoridades polacas examinaron mi caso y reconocieron que los cargos eran de carácter puramente político, tras lo cual me concedieron el estatuto de refugiado. En este sentido, instamos a la comunidad internacional y a todos los Estados Miembros a que respeten estrictamente el principio de no devolución en el caso de los dirigentes y activistas sindicales, de conformidad con la Resolución de la OIT de 2023 sobre Belarús. Yo pude rehacer mi vida, pero muchos de mis antiguos compañeros de trabajo no tuvieron tanta suerte. Hoy en día, los sindicatos en Belarús ya no existen.

Han sido liquidados fraudulentamente. Sus activistas han sido encarcelados, obligados a exiliarse o silenciados. Al mismo tiempo, la FPB, controlada por el Estado, sigue presentándose como representante de los trabajadores bielorrusos. Sin embargo, los registros públicos demuestran que los dirigentes de la FPB y de sus sindicatos sectoriales proceden cada vez más de antiguos altos cargos del aparato represivo del Estado. Se trata de una incorporación directa del control estatal en las estructuras sindicales.

El teniente coronel que hoy se encuentra en esta misma sala como miembro de la delegación de trabajadores bielorrusos dirigía una de las fiscalías de distrito. El Fiscal General lo destituyó por su indiferencia ante el sufrimiento humano. A pesar de este vergonzoso historial, más tarde pasó a formar parte del Departamento de Policía Regional de Grodno, donde ascendió al rango de teniente coronel de policía. En enero de 2022, este antiguo agente de las fuerzas del orden fue nombrado alto directivo y jefe del departamento jurídico de mi antigua planta química, donde se incorporó a uno de los ocho grupos de información y propaganda dirigidos por la dirección y encargados de ejercer el control ideológico sobre los trabajadores. Unos meses después de la llegada del teniente coronel, el presidente de nuestro sindicato independiente, Andrei Khanevich, fue detenido y condenado a cinco años de prisión simplemente por conceder una entrevista sobre los problemas de la fábrica.

La sede del sindicato fue objeto de escuchas ilegales y nuestra organización fue disuelta de inmediato. Como consecuencia, llegamos a una realidad profundamente preocupante. Precisamente quienes imponen la represión estatal sobre los trabajadores bielorrusos son presentados a nivel internacional como sus representantes. Esta situación no es simplemente un asunto interno de Belarús. Se trata de un ataque directo a la integridad de esta Organización. Al aceptar a estos «representantes», ponemos en tela de juicio su credibilidad y debilitamos los principios fundamentales de la libertad sindical que todos queremos defender.

Miembro gubernamental, Argelia: Hemos escuchado con atención la declaración del Gobierno en la que indica que presta toda la atención necesaria a las observaciones y recomendaciones de los órganos de control de la OIT. La delegación argelina celebra las importantes medidas que ha adoptado el Gobierno, en particular al tener en cuenta las recomendaciones de la comisión de encuesta creada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. Argelia alienta al Gobierno a que prosiga con sus esfuerzos y colabore con la Oficina con el fin de poner en práctica las recomendaciones de la comisión de encuesta. Argelia aboga firmemente por el mantenimiento de un diálogo abierto entre Belarús y los órganos competentes de la OIT con el fin de alcanzar un entendimiento mutuo de las preocupaciones expresadas, en un espíritu de colaboración y respeto mutuo.

Miembro trabajador, Reino de los Países Bajos: Los lugares de trabajo en Belarús se han convertido en lugares propicios para las detenciones. Cada día se producen detenciones en los lugares de trabajo de todo el país, ya sea en empresas estatales, privadas o de capital extranjero. Los trabajadores pueden ser detenidos por unidades especiales de agentes armados y tratados como delincuentes por actividades tales como suscribirse a canales de noticias independientes; dar «me gusta» a una publicación en redes sociales que aparezca en fotografías de las protestas de 2020; realizar donaciones a iniciativas de la sociedad civil, apoyar a defensores de los derechos humanos o solidarizarse con las familias de los presos políticos. La presión y las intimidaciones son prácticas habituales en los lugares de trabajo de todo el país.

En todas las empresas estatales existen departamentos ideológicos encargados de supervisar la lealtad de los empleados al Estado. Estas estructuras están integradas en la dirección de la empresa y en el departamento de recursos humanos. Los contratos de trabajo de corta duración, que se han utilizado ampliamente en Belarús durante casi 20 años, siguen sirviendo como instrumento para mantener a los trabajadores en un estado constante de temor a perder su empleo. Según se informa, en una conocida empresa estatal de Grodno se utilizan de forma sistemática pruebas con detector de mentiras en este contexto, tanto durante el proceso de selección como al renovar los contratos de trabajo. Aún no está claro si los representantes de los sindicatos controlados por el Estado reciben el mismo trato.

También hay indicios de que las pruebas con polígrafo se utilizan en otras empresas estatales. Además, los solicitantes de empleo deben proporcionar una referencia de su empleador anterior, ya que la lealtad percibida desempeña un papel importante en las decisiones de contratación. Al mismo tiempo, cabe decir que al parecer existen listas negras no oficiales de estos ciudadanos leales que impiden a determinadas personas conseguir un empleo.

Lo que antes se asociaba únicamente a las empresas estatales, ahora también está legalmente permitido para las empresas privadas. El Estado obliga a las empresas privadas con más de 600 empleados a contratar a directivos ideológicos designados por las autoridades locales. Dado que en Belarús las empresas de la Unión Europea siguen desarrollando sus actividades comerciales, la existencia de tales mecanismos de control ideológico debe analizarse detenidamente en el marco de las obligaciones de diligencia debida corporativa. Por lo que sabemos, podemos concluir que el clima de las relaciones laborales en Belarús es hostil tanto para los trabajadores como para las empresas.

La falta de libertad sindical genera este ambiente. Hacemos un llamamiento al Gobierno para que entable una comunicación genuina con la OIT a través del enviado especial para que cumpla sus recomendaciones y ponga fin a la represión en Belarús.

Interpretación del árabe: Miembro trabajador, Libia: Tengo el honor de participar en esta discusión y la delegación del Sindicato de Trabajadores de Libia desea expresar su reconocimiento por el importante papel que desempeña la OIT en la promoción de la justicia social y la consolidación de los principios del trabajo decente en el mundo. La Organización ha sido y seguirá siendo una plataforma de diálogo y cooperación entre los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores, que contribuye a la protección de los derechos y, al mismo tiempo, refuerza la estabilidad y el desarrollo. En lo que respecta a la discusión en curso sobre Belarús, consideramos que debemos prestar la debida atención a lo que dice el Gobierno y tener en cuenta las opiniones de los sindicatos que representan a los trabajadores sobre el terreno. En este contexto, nos gustaría señalar que el sindicato de Belarús representa a millones de trabajadores y debemos encomiar sus esfuerzos por defender sus intereses económicos y sociales.

Asimismo, valoramos todas las iniciativas y esfuerzos encaminados a reforzar el bienestar de los trabajadores y a lograr su estabilidad profesional y social. Dondequiera que se encuentren, los trabajadores deben ser escuchados y sus aspiraciones e intereses deben ser tenidos en cuenta. La delegación de trabajadores libios reitera su apoyo a todas las acciones dirigidas a fortalecer el diálogo y la cooperación sobre la base del principio en el que se fundó la OIT. Nos gustaría expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de Belarús y valoramos lo que están haciendo al servicio de su país, su economía y su sociedad. Esperamos que estas conversaciones contribuyan a reforzar la confianza y a lograr una mayor prosperidad y progreso para todos los trabajadores.

Miembro gubernamental, Turkmenistán: Turkmenistán da la bienvenida a la distinguida delegación de la República de Belarús y expresa su agradecimiento por la información facilitada sobre los asuntos que está examinando la Comisión. En la práctica de la OIT, se concede especial importancia a la colaboración constructiva entre los Gobiernos y los órganos de control, lo que incluye el diálogo técnico, el intercambio de información y el avance gradual en las cuestiones que suscitan preocupación. Este enfoque contribuye a garantizar unos resultados más sostenibles y a largo plazo. En este contexto, Turkmenistán destaca la importancia de que el Gobierno de Belarús y los mecanismos pertinentes de la OIT sigan colaborando en las cuestiones que se están analizando, de conformidad con los principios del diálogo y la cooperación. Estamos convencidos de que la colaboración constante y constructiva de todas las partes interesadas sigue siendo una condición fundamental para seguir avanzando.

Observadora, Confederación Sindical Internacional (CSI): Hablo en nombre de los trabajadores de Myanmar y de la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM). Expresamos nuestra solidaridad con el movimiento sindical independiente de Belarús y con todos los sindicalistas que siguen defendiendo los derechos de los trabajadores a pesar de la represión, el encarcelamiento y el exilio. Los trabajadores de Belarús y Myanmar se enfrentan a muchos de los mismos retos. Ambos países están sujetos a las medidas previstas en el artículo 33 debido a violaciones graves y persistentes de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. Los trabajadores siguieron sufriendo represión, mientras que a los sindicatos independientes se les siguen negando sus derechos fundamentales.

En Belarús se han disuelto los sindicatos independientes. Sus líderes fueron encarcelados y los activistas se vieron obligados a exiliarse. En Myanmar, desde el golpe de Estado militar de 2021, los líderes y miembros sindicales se han enfrentado a detenciones, encarcelamientos, actos de violencia, desplazamientos injustificados, exilio y revocación de la ciudadanía. No se trata de incidentes aislados. Reflejan una tendencia más amplia en la que las autoridades de Belarús y las autoridades militares de Myanmar aplican políticas similares de represión de los sindicatos independientes, silenciando las voces de los trabajadores independientes y promoviendo organizaciones sustitutas que no representan la libre elección de los trabajadores.

Los trabajadores de Myanmar son conscientes de que, cuando se desmantelan los sindicatos independientes, no puede haber un diálogo social auténtico, ni una negociación colectiva significativa, ni respeto por la libertad sindical. También nos preocupa la creciente cooperación entre las autoridades de Belarús y las autoridades militares de Myanmar, en un momento en el que ambas siguen siendo objeto de graves críticas por parte de la OIT por violar los derechos de los trabajadores y la libertad sindical. La comunidad internacional no debe permitir que esa represión se normalice. Por lo tanto, instamos al Gobierno de Belarús a que libere a los sindicalistas encarcelados, restablezca la libertad sindical y aplique íntegramente las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Por último, exhortamos a los Gobiernos y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a que vayan más allá de las meras muestras de preocupación y hagan lo posible por lograr la implementación efectiva de las medidas previstas en el artículo 33 y de las recomendaciones de la OIT.

Los trabajadores de Belarús y Myanmar merecen libertad, justicia, dignidad y el derecho de sindicación sin miedo.

Interpretación del árabe: Miembro gubernamental, Egipto: La República Árabe de Egipto expresa su agradecimiento por la labor realizada por la Comisión de Expertos en la elaboración del Informe anual presentado a la Comisión. Agradecemos a la secretaría la excelente preparación de esta sesión.

La delegación de Egipto tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno de Belarús, así como de las observaciones y recomendaciones de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical. También tomamos nota de las decisiones del Consejo de Administración y de la Conferencia, así como de las declaraciones del Gobierno de Belarús en relación con la aplicación de dichas decisiones y con la puesta en práctica de las recomendaciones de la comisión de encuesta. La delegación de Egipto desea reafirmar su posición sobre la importancia de apoyar los esfuerzos destinados a fortalecer el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. La Organización debería seguir desempeñando su papel de liderazgo en el apoyo a las acciones nacionales dirigidas a promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, así como a fomentar la asistencia técnica prestada a los Estados Miembros y a dar respuesta a los retos a los que estos puedan afrontar en relación con la implementación de dichas normas. En consonancia con lo anterior, Egipto considera importante que prosiga el diálogo constructivo entre el Gobierno de Belarús y la OIT, ya que constituye la mejor forma de aplicar la recomendación de la comisión de encuesta y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y de las obligaciones derivadas del Convenio.

Miembro gubernamental, Pakistán: El Pakistán reconoce el compromiso constante de Belarús con la OIT y toma nota de las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del mecanismo de control. Creemos que el diálogo constructivo, la cooperación y el compromiso técnico siguen siendo los medios más eficaces para abordar las cuestiones pendientes relacionadas con las normas internacionales del trabajo. El Pakistán alienta además a que se mantenga la colaboración en el marco de control de la OIT y considera que los enfoques basados en el diálogo son preferibles a las medidas previstas en el artículo 33 de la Constitución de la OIT. El Pakistán también subraya la importancia de respetar los principios de soberanía nacional y cooperación mutua a la hora de resolver las diferencias.

Interpretación del ruso: Miembro gubernamental, Federación de Rusia: Hemos escuchado con atención las declaraciones de los representantes del Gobierno de la República de Belarús y también hemos examinado detenidamente sus comunicaciones escritas. Compartimos plenamente las observaciones formuladas en relación con esta sesión especial y con el caso de Belarús, en el marco de la labor de la OIT en sus órganos de control y órganos rectores. Tradicionalmente, la República de Belarús se ha comprometido con los derechos de los trabajadores, proporcionando apoyo social a los trabajadores y a sus familias y reforzando el diálogo social. Los indicadores que reflejan esta situación son bien conocidos. En el país existe una gestión participativa eficaz basada en las normas fundamentales de la OIT. Se celebran negociaciones periódicas entre todos los interlocutores sociales.

Los representantes de los movimientos sindicales, así como de las asociaciones de empleadores, participan activamente en el proceso legislativo, lo que les permite influir directamente en la elaboración de las políticas en el ámbito social y laboral. En este contexto, no nos queda más que expresar nuestro profundo pesar y decepción por la campaña contra Belarús que se está llevando a cabo en la OIT. El Gobierno ha aplicado todas las recomendaciones de la comisión de encuesta de 2004, salvo aquellas que tenían un carácter político, como la puesta en libertad de los denominados «activistas sindicales» y la derogación de una serie de leyes relativas a la realización de actos multitudinarios y la financiación extranjera. No nos cansaremos de repetir que estas recomendaciones son inadecuadas. En primer lugar, van más allá del mandato de la OIT.

En segundo lugar, llevan claramente el sello distintivo de la injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, Belarús, en beneficio de los intereses, apenas disimulados, de un grupo reducido de intereses externos y Estados extranjeros. Tampoco nos cansaremos de afirmar que las personas cuya liberación o restitución de derechos reclaman tan activamente los órganos de control han sido condenadas no por sus actividades sindicales, sino por delitos comunes, en plena conformidad con la legislación de la República de Belarús, ya que los hechos cometidos no tenían nada que ver con la protección de los derechos de los trabajadores, sino que estaban motivados por un activismo político impulsado desde el exterior. El hecho de pertenecer a grupos de activistas políticos, a los que por alguna razón en los documentos de la OIT se hace referencia como figuras sindicales, no los exime de responsabilidad penal. Los motivos políticos ocultos que subyacen a esta difamación contra Belarús son evidentes. En tales circunstancias, no podríamos aceptar ninguna medida contra Belarús que ya se haya propuesto o que pueda surgir en la sesión de hoy.

Una vez más, tendríamos que apoyar una moción para someter a votación cualquier conclusión de este tipo que surja de la Comisión en su discusión sobre el caso de Belarús.

Observador, IndustriALL Global Union: Tomo la palabra en nombre de IndustriALL Global Union, que representa a más de 50 millones de trabajadores de los sectores de la minería, la energía y la industria manufacturera en todo el mundo. Hoy hemos escuchado a los tres representantes de la delegación oficial de Belarús, quienes describen la situación como perfecta. Esto no refleja la realidad. La realidad es que los trabajadores bielorrusos no tienen voz y que los líderes y los activistas sindicales se encuentran en estos momentos en prisión, en condiciones que ponen en peligro sus vidas.

Voy a mencionar algunos de ellos. Vatslau Areshka, de 71 años, redactor jefe de nuestro periódico afiliado y representante sindical, se encuentra en prisión desde abril de 2022, condenado a ocho años de cárcel por publicar información sobre los derechos de los trabajadores. Durante su encarcelamiento, su vista se ha deteriorado hasta llegar a una ceguera casi total. No puede leer. No puede escribir. Se desplaza por su celda a tientas y se ha caído en repetidas ocasiones, sufriendo lesiones que no han recibido tratamiento. Esto no es una acusación. Esto es un hecho documentado, una realidad. No es el único. Andrei Khanevich, presidente del Sindicato Independiente de Belarús (BNP) en la fábrica química de Grodno. Volha Brytsikava, presidenta de BNP en la planta de procesamiento de petróleo de Novopolotsk. Hanna Karneenka, miembro del SPM en la fábrica de maquinaria de Minsk. Diecinueve sindicalistas siguen entre rejas. Más de 50 personas siguen bajo proceso penal. ¿Cuáles son sus delitos?

¿Publicar noticias sindicales, organizar a los trabajadores, defender los derechos de los trabajadores? ¿Ejercen los derechos que les garantizan los convenios? El Gobierno de Belarús ha tipificado como delito el contacto con sindicatos independientes. Además, el Gobierno ha disuelto por la fuerza todas las organizaciones industriales afiliadas —el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Electrónica (REP), el BNP y el SPM—, dejando a los trabajadores sin representación y poniéndolos a merced del Estado. El Gobierno ha confiscado los pasaportes de los líderes liberados Aliaksandr Yarashuk y Hennadz Fiadynich, y se ha negado a aceptar al enviado especial de la OIT.

Creemos que el caso está muy claro. Esperamos y pedimos a la Comisión que extraiga las conclusiones necesarias sobre el incumplimiento continuado por parte del Gobierno de Belarús y que garantice el respeto del principio de «cumplimiento casi total» para los sindicalistas bielorrusos en el exilio. El camino a seguir no admite dudas. La Comisión ha marcado el rumbo. Ahora le toca al Gobierno de Belarús actuar, liberar a los trabajadores, cooperar y cumplir con las recomendaciones.

Observador, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), Internacional de Servicios Públicos (ISP) e Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM): Intervengo en nombre de tres sindicatos mundiales: la UITA, la ISP y la ICM. Esta Comisión lleva cien años en activo y, durante una cuarta parte de ese siglo, se ha ocupado del caso de Belarús. Se trata, sin duda, de un logro notable del Gobierno, que pasará a la historia junto con el número sin precedentes de activistas sindicales encarcelados y la crueldad con la que se les ha tratado. Lo que comenzó como una injerencia en los asuntos sindicales se ha convertido en una represión sistemática, que incluye detenciones masivas y el desmantelamiento total de los sindicatos independientes.

Sus oficinas han sido registradas y sus líderes, entre ellos Aliaksandr Yarashuk, miembro del Consejo de Administración, han sido detenidos y sometidos a malos tratos y torturas. Muchos de ellos siguen hoy en prisión y se encuentran recluidos en condiciones inhumanas. A lo largo de estos años, la OIT ha ofrecido al Gobierno de Belarús numerosas oportunidades y vías para volver a respetar el Estado de derecho en el ámbito de los derechos laborales. Estos esfuerzos han sido ignorados o rechazados. Las detenciones han continuado, al tiempo que la intimidación y la represión se han vuelto sistemáticas.

Estas represalias han afectado no solo a quienes permanecieron en el país, sino también a quienes intentaron establecer contacto con la comunidad internacional y la OIT. El Secretario General de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos. El informe hacía referencia al caso de Maksim Pazniakou, uno de los líderes del BKDP, que fue acusado en rebeldía de haber hecho llamamientos públicos a llevar a cabo acciones presuntamente perjudiciales para la seguridad nacional. Según la información facilitada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el proceso judicial contra Maksim Pazniakou, así como el acoso continuo al que se ven sometidos sus familiares en Belarús, parecen estar directamente relacionados con su colaboración con la OIT. Según se ha informado, unos funcionarios estatales visitaron a su madre de 75 años, causándole una importante angustia emocional.

En su respuesta, recogida en el informe, el Gobierno de Belarús afirmó que este proceso penal estaba relacionado con la supuesta colaboración de Maksim con un grupo extremista y con su interacción con las Naciones Unidas, y en particular con la OIT. El Gobierno señaló además que el interrogatorio de los familiares era una práctica de investigación habitual. Sabemos, de hecho, que en Belarús es una práctica muy arraigada visitar a los familiares de quienes asisten a reuniones internacionales. Este caso habla por sí solo. El Gobierno de Belarús no solo está demostrando un desprecio hacia la OIT, sino también un intento deliberado de socavar la Organización mediante amenazas e intimidaciones a quienes participan en sus mecanismos.

Tales acciones constituyen un ataque al propio funcionamiento de las Naciones Unidas. Además, ponen en jaque la credibilidad y la autoridad de la OIT. Lamentamos profundamente que la postura del Gobierno bielorruso no haya cambiado. Apelamos a la OIT a que siga reforzando las medidas de cumplimiento previstas en el artículo 33. Una vez más, instamos al Gobierno de Belarús a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los sindicalistas detenidos.

Por último, solicitamos a la OIT que proporcione al enviado especial toda la asistencia necesaria y los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para que pueda cumplir eficazmente su mandato.

Interpretación del ruso: Observador, Confederación Sindical Internacional (CSI): Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que lucharon por mi liberación. Gracias a ustedes fue posible. Muchísimas gracias a todos. Creo que no es necesario hablar de la legalidad de mi encarcelamiento, la tortura y la violencia.

No hemos dejado de insistir en la puesta en libertad de todos nuestros amigos que han sido encarcelados y que siguen en prisión, incluido Vatslau Areshka, que ha perdido la vista. Nadie debería ser procesado por su actividad sindical. Nadie debería ser encarcelado por esto ni tildado de extremista. Nadie debería ser encarcelado por protestar contra la guerra. Nadie debería ser objeto de una deportación forzosa que le prive de sus derechos civiles.

Hago un llamamiento a los trabajadores para que tengan presente que, en Belarús, tanto los trabajadores como las empresas se han visto privados de su libertad sindical, ya que las empresas están obligadas a crear sindicatos estatales y a incluir en su nómina a quienes promueven una determinada ideología. Esto no puede considerarse normal. Pido a los Gobiernos que no sigan el ejemplo de las autoridades bielorrusas, que están convirtiendo a los trabajadores en personas sin derechos. Si siguen por ese camino, sus declaraciones sobre el trabajo decente no serán más que palabras vacías. Al igual que las autoridades bielorrusas, no lograrán que su país sea próspero, ni los trabajadores tendrán una vida digna.

Al regresar a esta augusta casa, me embarga la firme determinación de continuar la lucha para devolver los derechos que les fueron arrebatados a los trabajadores bielorrusos. Ante todo, me referiré al derecho a la libertad sindical, teniendo en cuenta que las acciones del Gobierno bielorruso, que constituyen una violación del derecho internacional, representan una amenaza para la propia OIT. Sin embargo, el funcionamiento eficaz de la OIT es más importante que nunca. Nosotros, los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores, podemos mantener la capacidad de lograr el diálogo social, alcanzar acuerdos y establecer la gestión participativa. Debemos respetar las normas internacionales del trabajo y adoptar una postura firme frente a las acciones de Gobiernos que, como el de Belarús, pretenden convertir el mundo del trabajo, el diálogo social y la gestión participativa en un mundo donde reinen la anarquía, la violencia y la tiranía.

Interpretación del ruso: Representante gubernamental: En nombre del Gobierno, doy las gracias a todos aquellos que comprenden las verdaderas razones que se esconden tras la campaña contra Belarús y apoyan a nuestro país. Estamos muy agradecidos. Su apoyo demuestra que existen fuerzas que se oponen a la politización de la OIT y a su participación en la presión ejercida sobre los países por motivos inverosímiles. Creemos que cuanto más comprendan los Miembros de la OIT lo infundadas que son las decisiones contra Belarús, mayores serán las posibilidades de que la OIT evite, en última instancia, convertirse en una plataforma para saldar cuentas geopolíticas.

A pesar de las aclaraciones sobre la situación real del país, los detractores de Belarús no modifican su discurso. Repiten constantemente afirmaciones falsas sobre la represión del movimiento sindical y el incumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta. Al mismo tiempo, no les preocupa el hecho de que las reivindicaciones no se basen en la situación real, no se deriven directamente de los Convenios y excedan el mandato de la OIT. Hemos afirmado en repetidas ocasiones que comprendemos los objetivos de ejercer presión y promover decisiones injustas en el seno de la OIT. Se trata de elementos de una guerra híbrida cuyo objetivo es apoyar a las fuerzas destructivas, cambiar el Gobierno y nuestras prioridades en materia de política exterior.

Quienes apoyan la Resolución sobre Belarús no se preocupan por el futuro del país ni de su pueblo. El tema de la protección de los derechos sindicales se ha utilizado como herramienta para manipular y desacreditar al Estado bielorruso. Precisamente por eso no quieren escucharnos. Precisamente por eso siguen circulando noticias falsas sobre Belarús. Por desgracia, a nuestros oponentes les cuesta admitir que sus esfuerzos no están dando los resultados esperados.

¿De qué otra forma se puede explicar su deseo de mantener una confrontación que, de hecho, tiene un impacto negativo tanto en ellos mismos como en el sistema de relaciones internacionales? ¿Es que los instigadores de la campaña contra Belarús realmente no comprenden las consecuencias de sus políticas miopes? En primer lugar, el uso de la OIT como instrumento de presión política y económica menoscaba la autoridad y los fundamentos de la Organización, que fue creada para el diálogo y la cooperación. La OIT ya no puede considerarse un organismo internacional neutral. Se utiliza como herramienta para castigar a países indeseables y sus decisiones forman parte de la política de sanciones.

En segundo lugar, las medidas coercitivas unilaterales contra Belarús que, según informan, han adoptado los países occidentales, han tenido un efecto bumerán. Las sanciones han tenido un efecto negativo en las economías de los países que las imponen. Se enfrentan a perturbaciones en las cadenas de suministro, interrupciones en el abastecimiento de materias primas, el aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes, y pérdidas para los inversores y las empresas. Todo ello ha afectado a los ingresos y al nivel de vida de su población. ¿Es este realmente el resultado que buscamos?

¿Hay lógica y sentido común en este tipo de acciones? Son los Gobiernos de los países que han dado prioridad a ejercer presión sobre Belarús en lugar de cooperar en beneficio de sus propios ciudadanos quienes deben responder a estas preguntas. Tampoco entendemos del todo la postura del Grupo de los Empleadores. ¿Por qué los empleadores de varios países se dejaron engañar inicialmente y apoyaron una resolución claramente injusta sobre Belarús? ¿Por qué hicieron eso?

Lógicamente, deberían estar interesados en la estabilidad de las cadenas de suministro y en su protección. Dado que la ruptura de los vínculos económicos puede acarrear perjuicios financieros, pérdida de cuota de mercado, cierre de empresas, etcétera, en los discursos de los representantes del Grupo de los Empleadores se escuchan en ocasiones voces sensatas que abogan, por ejemplo, por el cumplimiento del mandato de la OIT. Sin embargo, esto no basta para restablecer un equilibrio de poder saludable dentro de la Organización y contrarrestar su politización, que perjudica los intereses de todas las partes. Por supuesto, el Gobierno de Belarús es quien tiene más preguntas para el Grupo de los Trabajadores. Estoy seguro de que no hay consenso dentro del Grupo sobre Belarús, pero la postura del Grupo viene determinada por fuerzas que se solidarizan con las autoridades de los países occidentales y que promueven de forma agresiva enfoques politizados en la OIT.

Me dirijo a ellos específicamente. ¿Por qué no quieren afrontar la verdad? ¿Por qué, a costa de su propia misión de proteger los intereses de los trabajadores, persiguen los planes y las ambiciones de un pequeño grupo de individuos que se oponen a Belarús y, por consiguiente, a su pueblo? Ni el BKDP ni los sindicatos, muchos de los cuales formaban parte de él, existen ya. Ya hemos hablado de esto muchas veces.

No obstante, los opositores de Belarús siguen intentando hacer pasar sus acciones ilegales por actividades sindicales. Sin embargo, estos objetivos que atentan contra la seguridad nacional no tienen nada que ver con la protección de los derechos laborales y socioeconómicos de los trabajadores. No es de extrañar que nuestros ciudadanos prefirieran afiliarse a sindicatos reales que entienden que las sanciones perjudican los intereses de los trabajadores y abogan exclusivamente por un diálogo pacífico y constructivo con el Gobierno. Precisamente por eso, hoy en día nadie apoya a los antiguos líderes del BKDP. Permítanme subrayar una vez más que este grupo de personas no representa a los trabajadores bielorrusos en la OIT, sino exclusivamente a sí mismos y a sus ideas erróneas sobre la situación en el país.

El Gobierno de Bielorrusia hace un llamamiento a todos para que acepten este hecho. En Belarús hay 15 sindicatos sectoriales independientes en activo. La afiliación sindical abarca más del 90 por ciento de la población económicamente activa, y se trata de una afiliación real confirmada por declaraciones escritas de los trabajadores y por el pago voluntario de las cuotas sindicales. Para aunar sus esfuerzos, los sindicatos crearon una central sindical nacional, la FPB, que actúa como socio en igualdad de condiciones en el sistema de gestión participativa. Así pues, en Belarús existe el diálogo social y cumple con unos altos estándares.

Todas las cuestiones se resuelven de forma civilizada entre las partes durante las consultas y negociaciones que tienen lugar en las sedes de los consejos para asuntos laborales y sociales. En total, existen 339 consejos de este tipo en el país. Los resultados de las negociaciones quedan plasmados en los acuerdos arancelarios y en los convenios colectivos que se celebran en las empresas. Hay más de 18 000 convenios colectivos en vigor. Los sindicatos y los empleadores participan en la elaboración de la legislación y los documentos de política, y colaboran con el Estado en la implementación de políticas laborales y socioeconómicas.

No todos los países de la OIT pueden presumir de una interacción semejante con los interlocutores sociales. Esto confirma lo absurdo de las acusaciones de eliminar el movimiento sindical y perseguir a los ciudadanos por su labor sindical. Si hay algo que realmente perjudica los intereses de los trabajadores son las sanciones que los países occidentales mencionan en sus informes sobre la aplicación de la Resolución relativa a Belarús, así como el no reconocimiento de la FPB y el bloqueo de su participación en los actos de la OIT. ¿No se da cuenta el Grupo de los Trabajadores que aboga por ejercer presión sobre Belarús de que ha ido demasiado lejos? Se ha producido una situación absurda: al defender los derechos de los trabajadores, se apoya la presión y las sanciones.

Sin embargo, estos métodos no responden a los intereses de los trabajadores, ya que tienen como objetivo reducir el empleo, aumentar el desempleo, reducir los ingresos y recortar los programas sociales. ¿Están seguros de que los trabajadores bielorrusos agradecen tanta solidaridad y apoyo? Sabemos con certeza que no lo están. El Gobierno de Belarús hace un llamamiento a todos para que evalúen objetivamente la situación y comiencen a corregir los errores cometidos. La presión ejercida sobre Belarús es una herramienta en manos de estafadores políticos a quienes no les importa el destino del país ni el bienestar de sus ciudadanos.

El denominado «caso de Belarús» y las decisiones posteriores de los órganos de la OIT no se basaron en criterios objetivos. El denominado «caso de Belarús» se basa en la tergiversación de los hechos, acusaciones falsas y el deseo de legitimar la presión ejercida sobre el país a través de la OIT. Las acusaciones que se nos imputan van más allá del mandato de la Organización. En este contexto, no tiene sentido plantear ultimátums basados en valoraciones falsas que no se corresponden con la situación real.

Reafirmamos al mismo tiempo el compromiso de Belarús con los objetivos y principios de la OIT, así como nuestra apuesta por el diálogo y el restablecimiento de una cooperación plena. Pero hay una condición imprescindible. Esto implica tener en cuenta la realidad y los intereses soberanos de Belarús, rechazar la politización y la injerencia en los asuntos internos del país y revocar las decisiones injustas motivadas por razones políticas. Cualquier recomendación o conclusión de los órganos de la OIT relativa a Belarús debe basarse en hechos fiables, en consonancia con las competencias de la Organización y los intereses de los ciudadanos de Belarús. Si el proyecto de conclusiones de la Comisión sobre Belarús vuelve a distar mucho de ofrecer enfoques constructivos y evaluaciones objetivas, su aprobación podría convertirse en otro error. Quiero pedirles a todos que eviten este error.

Miembros trabajadores: Damos las gracias al Gobierno de Belarús por su intervención y a todos los que han tomado la palabra. Esta discusión ha confirmado una vez más lo que la Comisión de Expertos, el Comité de Libertad Sindical, el Consejo de Administración, la comisión de encuesta y esta Comisión han concluido en numerosas ocasiones: Belarús sigue infringiendo gravemente los Convenios. Más de 20 años después de la comisión de encuesta, el problema fundamental sigue siendo el mismo. Los sindicatos independientes siguen siendo desmantelados, sus dirigentes y afiliados siguen sufriendo represión, y a los trabajadores se les sigue negando el derecho a organizarse libremente y a defender sus intereses, incluidos los políticos y económicos, con independencia del Gobierno.

El Gobierno ha afirmado haber aplicado la mayoría de las recomendaciones de la comisión de encuesta. Sin embargo, la realidad es que las recomendaciones que aún no se han aplicado se refieren a aspectos fundamentales de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva. Las restricciones a las actividades sindicales, las restricciones al acceso a los recursos y las restricciones a la capacidad de las organizaciones para actuar libremente y de forma independiente constituyen el núcleo del Convenio.

Asimismo, hemos tenido conocimiento de hechos profundamente preocupantes relacionados con los sindicalistas encarcelados, el acoso continuo a los sindicalistas independientes, el exilio forzoso, las restricciones a los documentos de viaje, la retención de las pensiones y el clima de miedo persistente que impide a los trabajadores ejercer sus derechos.

Nuestro Grupo sigue especialmente preocupado por el hecho de que el Gobierno continúe negándose a comprometerse seriamente con la aplicación de las medidas de la OIT adoptadas en virtud de la Resolución aprobada con arreglo al artículo 33. Lamentamos la falta de cooperación con el enviado especial de la OIT y la negativa persistente a participar en un proceso constructivo destinado a encontrar soluciones.

El Gobierno de Bielorrusia afirma, por un lado, que se trata de un proceso sin salida y que no resulta oportuno, ni desde el punto de vista político ni práctico, aceptar las medidas propuestas para hacer frente a la situación. Por otra parte, reafirma al mismo tiempo su compromiso con los principios fundamentales y el derecho al trabajo, así como su voluntad de entablar un diálogo constructivo con la Oficina y los órganos de la OIT.

Debemos destacar que el sistema de la OIT destinado a detectar las deficiencias de los Estados Miembros y a poner en marcha las herramientas necesarias para ayudar a mejorar la situación de conformidad con las obligaciones asumidas no es independiente de la Oficina ni de los demás órganos de la OIT. Se trata de un conjunto integrado. En este sentido, resulta profundamente preocupante que el Gobierno siga mostrando un desprecio persistente hacia el seguimiento, las conclusiones y las recomendaciones de la comisión de encuesta, los órganos de control y el Consejo de Administración, y se niegue a aceptarlas y a aplicarlas.

No se está haciendo ningún esfuerzo por abordar las preocupaciones relativas a la imposición de sanciones penales a los sindicalistas que participan en actividades sindicales legítimas y al acoso judicial de los miembros de los sindicatos, incluidas las detenciones, los procesos judiciales y las penas de prisión. No existe medida más severa para someter a un Estado al escrutinio riguroso, que cuando impone restricciones a actividades legítimas cuya finalidad es defender los derechos sindicales. El Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial se ven debilitados.

La represión contra los sindicatos independientes continúa, y hay que poner fin al encarcelamiento de los sindicalistas. Lamentamos profundamente el clima de violencia estatal, intimidación y miedo que se vive en Belarús, lo cual no favorece el libre ejercicio de las libertades civiles. Los sindicalistas son encarcelados y sometidos a trabajos forzosos como castigo por expresar puntos de vista políticos y opiniones contrarias al sistema político, social o económico establecido.

Tal y como han confirmado los órganos de control, siguen existiendo serias dudas sobre la independencia de la FPB. Lamentamos que, incluso en esta sala, la FPB actúe como un agente del Gobierno. El año pasado tuvimos que protestar porque grabaron a los participantes. Este año hemos sido testigos de numerosas comunicaciones destinadas a atacar a nuestros compañeros del BKDP.

El Grupo de los Trabajadores desea responder a las declaraciones realizadas por el representante del Gobierno de Belarús. Nos oponemos de manera formal y firme a que el Gobierno de Belarús tache de delincuentes a los portavoces de nuestro Grupo y a los sindicalistas en general. Esperamos que este tipo de declaraciones no vuelvan a producirse en el seno de nuestra institución.

La OIT debería plantearse seriamente la posibilidad de establecer un mecanismo —una reunión de coordinación abierta a la participación de los Gobiernos y los interlocutores sociales, integrada o adscrita al grupo de trabajo—, bajo los auspicios de la OIT, pero con el apoyo de una coalición de Estados Miembros, con el fin de coordinar a los organismos de las Naciones Unidas implicados en la aplicación efectiva de la Resolución. Deberíamos plantearnos la organización de un evento de este tipo antes de la reunión del Consejo de Administración de noviembre.

El Gobierno debe liberar de inmediato a los sindicalistas encarcelados, retirar todos los cargos y anular todas las condenas dictadas contra ellos en relación con sus actividades sindicales legítimas.

El Gobierno debe aceptar con la mayor urgencia:

• una misión humanitaria internacional para garantizar que médicos independientes puedan visitar a todos los sindicalistas encarcelados con el fin de evaluar su estado de salud y prestarles asistencia médica, si fuera necesario, y
• una misión tripartita de la OIT para evaluar la situación y visitar a los sindicalistas que se encuentran actualmente en prisión o bajo custodia.

Agradecemos a los Gobiernos que aplican el principio de no devolución para garantizar que los sindicalistas obligados al exilio que están en sus países no sean devueltos a Belarús, donde podrían ser objeto de persecuciones, detenciones arbitrarias y tortura. Hacemos un llamamiento a todos los Gobiernos para que respeten también estos principios y ayuden a los ciudadanos bielorrusos residentes en sus países que carecen de documentos de viaje válidos debido a su imposibilidad de recibir servicios consulares, facilitando la expedición de visados de turista a los ciudadanos bielorrusos perseguidos por sus actividades sindicales y a sus familiares, según proceda.

Solicitamos que estas discusiones y las conclusiones de la sesión especial se incluyan en una sección separada del Informe de nuestra Comisión.

Miembros empleadores: Como Grupo, los empleadores hemos escuchado atentamente todas las intervenciones y queremos dar las gracias a todos los oradores que han tomado la palabra, así como al Gobierno de Belarús por la información que nos ha facilitado hoy aquí. Hemos tomado buena nota de ello. Para nosotros, lo importante es el cumplimiento de los Convenios ratificados. Reiteramos que los Gobiernos deberían prestar una atención especial a los Convenios núms. 87 y 98, que son convenios fundamentales, al igual que lo hacen los trabajadores y los empleadores.

Los miembros empleadores instan una vez más encarecidamente al cumplimiento de los Convenios ratificados, pero, en este caso concreto, especialmente de los números 87 y 98. Instamos al Gobierno a que entable un diálogo constructivo con la OIT, para mejorar la situación del país en lo que respecta a la libertad sindical y el derecho de sindicación. En nuestra opinión, esta es la mejor manera de desmentir la idea de que este caso no tiene nada que ver con los Convenios ni con cuestiones laborales, sino que es de carácter político. En conclusión, recomendamos al Gobierno que considere la posibilidad de colaborar con el enviado especial, adopte medidas concretas para aplicar las recomendaciones pendientes de la comisión de encuesta, las recomendaciones posteriores de los órganos de control y las decisiones del Consejo de Administración, y que proporcione información sobre las denuncias de que dos sindicalistas fueron deportados ilegalmente y que más de 70 dirigentes y activistas sindicales siguen siendo procesados penalmente, y que 21 dirigentes y activistas sindicales permanecen encarcelados o detenidos.

Y, por último, se deben adoptar medidas para armonizar todas las disposiciones legales de Belarús con las obligaciones internacionales del Gobierno en materia de libertad sindical.

Presidenta: Damos por concluida esta discusión. Agradezco la participación del Viceministro de Trabajo y Protección Social de Belarús y de todos los oradores que participaron en la discusión, así como al enviado especial.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión celebró una tercera sesión especial sobre Belarús en la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativa a la aplicación por parte de Belarús del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), en cumplimiento de la Resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 111.ª reunión, relativa a las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, en la que se instaba a Belarús a aplicar las recomendaciones de la comisión de encuesta y de los órganos de control.

La Comisión tomó nota de la información escrita y oral presentada por el Gobierno, así como de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión volvió a observar con profunda preocupación el persistente menosprecio por parte del Gobierno de las orientaciones, conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta, los órganos de control y del Consejo de Administración, así como su continua negativa a aceptarlas y aplicarlas.

La Comisión tomó nota de la mesa redonda de alto nivel, organizada el 28 de mayo de 2024, como parte de la aplicación de la Resolución en virtud del artículo 33 y de las pruebas aportadas por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas en dicho evento en relación con la violación de los derechos sindicales y el persistente clima general de falta de respeto hacia las libertades civiles básicas necesarias para el ejercicio de la libertad sindical.

El Gobierno reiteró sus observaciones anteriores y no informó a la Comisión de que hubiera adoptado las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta. El Gobierno no ha logrado convencer a la Comisión de que sus acciones estén justificadas en el marco de los Convenios.

La Comisión expresó su profunda preocupación y pesar por el uso de sanciones penales contra sindicalistas que participaban en actividades sindicales legítimas y por el acoso judicial a los dirigentes sindicales, en particular por las detenciones, enjuiciamientos y encarcelamientos. Deploró profundamente la represión contra los sindicatos independientes y el encarcelamiento y la deportación forzosa de sindicalistas.

Recordó que, antes del nombramiento de una comisión de encuesta, este caso había sido objeto de discusión en repetidas ocasiones en el seno de la Comisión, y lamentó profundamente la falta de avances por parte del Gobierno en el cumplimiento de los Convenios.

La Comisión tomó nota del plan de acción para aplicar las medidas recomendadas en virtud del artículo 33 y de la necesidad de garantizar una coordinación efectiva entre los organismos de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos mencionados en dicha Resolución. Asimismo, tomó nota de las medidas adoptadas por los mandantes de la OIT y otras organizaciones internacionales en respuesta a la Resolución de 2023 sobre Belarús, a fin de que reconsiderasen sus relaciones con el Gobierno y adoptasen las medidas adecuadas con objeto de que este no pueda valerse de esas relaciones para perpetuar o ampliar las violaciones de los derechos de los trabajadores con respecto a la libertad sindical y la negociación colectiva, a las que se refiere la comisión de encuesta. La Comisión instó a los mandantes de la OIT y a otras organizaciones internacionales a que perseveren en esa actitud.

De conformidad con la información presentada al Consejo de Administración y a la Comisión, la Comisión deploró profundamente el clima de violencia estatal, intimidación y miedo que prevalece en Belarús y que no es propicio para el libre ejercicio de las libertades civiles, lo que se pone de manifiesto con el continuo deterioro de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, así como con la erosión del Estado de derecho, lo que se demuestra en la total falta de independencia del Poder Judicial.

En cuanto al continuo deterioro de la libertad sindical, la Comisión deploró la continua injerencia del Gobierno en las actividades sindicales. La Comisión expresó serias dudas sobre la independencia de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) y esperaba que, sin más demora, el Gobierno colaborara con la OIT para abordar esas preocupaciones y velar por que todos los sindicatos, incluidos los sindicatos independientes, como el Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), puedan operar sin ninguna injerencia del Gobierno.

La Comisión tomó nota asimismo de la información actualizada sobre la situación en Belarús que se presentó en la 356.ª reunión del Consejo de Administración, el cual lamentó profundamente observar que, una vez más, el Gobierno no había proporcionado información nueva sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la comisión de encuesta y los órganos de control. Señaló además que la información remitida por escrito a la Comisión no contenía ningún elemento nuevo a ese respecto.

Después de la discusión y tras constatar que el Gobierno no había comunicado información nueva alguna, la Comisión se vio obligada una vez más a reiterar su llamamiento al Gobierno para que adoptara con la mayor urgencia todas las medidas posibles para dar efecto a las recomendaciones de la comisión de encuesta y todas las observaciones posteriores formuladas por los órganos de control de la OIT en relación con el cumplimiento de los convenios.

La Comisión instó en los términos más enérgicos al Gobierno a que liberara de inmediato a los sindicalistas encarcelados, retirara todos los cargos, anulara todas las condenas dictadas contra ellos en relación con sus actividades sindicales legítimas, devolviera los pasaportes confiscados y reanudara el pago de las pensiones de los sindicalistas liberados que se habían visto forzados a exiliarse.

La Comisión reiteró asimismo su petición al Gobierno de que aceptara con la máxima urgencia:

• una misión humanitaria internacional para que médicos independientes puedan visitar a todos los sindicalistas encarcelados con el fin de evaluar su estado de salud y ofrecerles asistencia médica, según sea necesario;
• una misión tripartita de la OIT para que evalúe la situación y visite a los sindicalistas que se encuentran prisión o detención.

En consonancia con la Resolución de la Conferencia, la Comisión acogió con agrado la creación de un grupo de trabajo de la OIT y otras instituciones de las Naciones Unidas con miras a garantizar una acción coordinada y conjunta para la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta y los órganos de control, e instó al Gobierno a que colaborara de manera constructiva con dicho grupo.

A este respecto, la Comisión también acogió con agrado el seguimiento continuo de la situación por parte del Consejo de Administración.

La Comisión instó a los Gobiernos a que respetaran el principio de no devolución para garantizar que los sindicalistas a los que se obligó a exiliarse no tengan que volver a Belarús, donde podrían ser objeto de persecución, detención arbitraria y torturas, y a que prestara asistencia a los ciudadanos bielorrusos que residan en el extranjero y puedan carecer de la documentación válida para viajar debido a la ausencia de servicios consulares, en particular facilitando la expedición de visados de turista a dichos ciudadanos, perseguidos por sus actividades sindicales, y a sus familiares, según proceda.

Por último, la Comisión decidió incluir las discusiones y las conclusiones de la sesión especial en una sección aparte de su Informe.

Interpretación del ruso: Representante gubernamental: La discusión sobre el caso de Belarús en la sesión especial de la Comisión celebrada el 6 de junio puso de manifiesto la falta de consenso tanto en lo que respecta a la evaluación de las políticas del Gobierno como a la situación en el ámbito social y laboral, así como la falta de consenso en relación con las medidas recomendadas a Belarús por la OIT. Diecisiete delegaciones —la mitad de las que tomaron la palabra— valoraron positivamente el sistema de diálogo tripartito nacional y destacaron los logros de Belarús en la gestión participativa, así como las actividades de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) para defender los derechos e intereses de los trabajadores.

Varios Estados apelaron a la Comisión y a la OIT para que evitaran la politización en sus relaciones con Belarús y se pronunciaron en contra de la imposición de ultimátums políticos al Gobierno. Hicieron referencia a la influencia negativa de las sanciones impuestas a Belarús por los Estados que han presionado para que se aplique el artículo 33 de la Constitución de la OIT contra Belarús. Hasta la fecha, estas sanciones se han utilizado para obligar a Belarús a cumplir las normas de la OIT, y se ha instado a esta Organización a restablecer un diálogo pleno con el Gobierno y a prestar asistencia técnica para mejorar el ámbito social y laboral.

Sin embargo, en las conclusiones de la Comisión se han pasado por alto completamente los aspectos sustantivos de la reunión. El documento solo refleja la postura y la evaluación de nuestros oponentes, y se centra exclusivamente en medidas destinadas a ejercer presión sobre el Gobierno, los 4 millones de afiliados sindicales y los empleadores de Belarús.

Además, existen dudas sobre la validez de la información contenida en el documento, según la cual la Comisión, al parecer, «acogió con agrado la creación de un grupo de trabajo de la OIT y otras instituciones de las Naciones Unidas con miras a conseguir una acción coordinada y conjunta para la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta y de los órganos de control, e instó al Gobierno a colaborar con él». De hecho, esa propuesta solo se mencionó en las observaciones finales del Grupo de los Trabajadores. La Comisión no discutió este asunto. La Resolución de 2023 no contempla la posibilidad de presentar una propuesta de este tipo. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Con el fin de crear otro mecanismo de la OIT que no esté previsto en su mandato y financiarlo con el presupuesto de la OIT?

La falta de consenso durante la discusión sobre Belarús y el contenido de las conclusiones ponen de relieve que no hay acuerdo sobre las conclusiones de la Comisión y, por lo tanto, dificultan su adopción.

En esta situación, solicito que se respete estrictamente el Reglamento y que se sometan a votación las conclusiones emitidas por la Comisión tras la discusión sobre el caso de Belarús. Se pide a los miembros de la Comisión que voten en contra de estas conclusiones, ya que no tienen en cuenta el contenido de las discusiones, incluida la posición expresada por mi delegación.

Presidenta: Muchas gracias, señora, su intervención quedará reflejada en el acta de esta sesión. Como es de vuestro conocimiento, la Comisión procura, en la medida de lo posible, adoptar sus decisiones por consenso. Les recuerdo que el consenso se caracteriza por la ausencia de objeción presentada por un Miembro, como un obstáculo a la adopción de decisiones de que se trate. A este respecto, quisiera llamar la atención de la delegada de Belarús sobre el hecho de que la posición del Gobierno de Belarús ha sido reflejada en las actas sobre la discusión de la sesión especial, y de que su intervención también quedará reflejada en el Informe de la Comisión.

En esta circunstancia, ruego de nuevo al Gobierno de Belarús considerar su posición y no obstaculizar la adopción de las conclusiones por consenso.

Interpretación del ruso: Representante gubernamental: Gracias por sus amables aclaraciones. Consideramos que la labor de la Comisión se rige por la Parte 4 del Reglamento, que regula la labor de todas las comisiones designadas por la Conferencia, salvo que se disponga lo contrario en el propio Reglamento.

Se establece que la Comisión hará todo lo posible por adoptar conclusiones por consenso, lo que se caracteriza por la ausencia de cualquier objeción expresada por un miembro de la Comisión que suponga un impedimento para la adopción de la decisión en cuestión. Por lo tanto, se entiende por ausencia de consenso la expresión de una objeción por parte de un miembro de la Comisión. Expresé mi objeción en mi declaración.

Presidenta: El representante gubernamental de la Federación de Rusia tiene la palabra.

Interpretación del ruso: Miembro gubernamental, Federación de Rusia: La Federación de Rusia ha expuesto ampliamente su posición con respecto a la sesión especial sobre la situación en la República de Belarús durante la sesión de la Comisión celebrada el 6 de junio. No vamos a repetir todas las opiniones negativas que expresamos durante la sesión. Nos limitaremos a señalar el carácter politizado y antibielorruso de las discusiones que tuvieron lugar en la sesión, igual que el de las conclusiones. Compartimos plenamente las opiniones manifestadas al respecto por el representante de Belarús.

Apoyamos la petición formulada por la delegación bielorrusa de que se sometan a votación las conclusiones de la sesión especial. Instamos asimismo a los miembros de la Comisión a que adopten una actitud constructiva y, por lo tanto, a que voten en contra de las conclusiones.

Presidenta: Informo a la Comisión entonces que la solicitud de votación por parte del Gobierno de Belarús, cuenta con apoyo. Informo a los miembros de la Comisión que no se ha alcanzado el consenso sobre la adopción de las conclusiones relativas a la sesión especial de Belarús.

Antes de proseguir, voy a pasar a dar la palabra a la representante gubernamental de Chipre.

Miembro gubernamental, Chipre, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros: En nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, queremos destacar que concedemos gran importancia a que las conclusiones de esta Comisión se adopten por consenso, de conformidad con la práctica arraigada de esta Comisión, que celebra su centenario. Nos gustaría subrayar que, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Conferencia, la Comisión hará todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Además, el documento D.1 sobre los métodos de trabajo y los procedimientos de la Comisión establece claramente en el apartado 32 que las conclusiones relativas a casos concretos deben reflejar recomendaciones consensuadas. Las opiniones divergentes pueden registrarse en el acta de las sesiones de la Comisión, y quienes no estén de acuerdo con las recomendaciones tienen la oportunidad de hacer constar sus opiniones en el acta, lo que garantiza una total transparencia sin menoscabar la toma de decisiones colectiva.

Por lo tanto, instamos una vez más a todas las delegaciones a que respeten este principio y permitan que las conclusiones se adopten por consenso, sin tomar ninguna medida que ponga en peligro la independencia y el papel fundamental de esta Comisión Tripartita del sistema de control de la OIT.

Presidenta: Consulto al Gobierno de Belarús, si a la luz de la intervención de la representante de la Unión Europea, puede reconsiderar su posición.

Interpretación del ruso: Representante gubernamental: Hemos escuchado la declaración formulada por la Unión Europea y protestamos contra este intento de presentar como consensuadas unas discusiones y conclusiones que no lo son. Me opongo a que se presente que se basan en un consenso. Por consiguiente, reitero mi petición de que se someta a votación.

Presidenta: Gracias. Doy la palabra al representante gubernamental del Canadá.

Miembro gubernamental, Canadá: Intervengo en nombre de los Gobiernos de Australia, el Japón, Nueva Zelandia, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y mi propio país, el Canadá. Por tercer año consecutivo, nos vemos obligados a tomar la palabra para declarar con firmeza que la decisión de someter a votación esta cuestión hoy constituye una clara violación de la arraigada y apreciada tradición de adoptar conclusiones por consenso en esta Comisión. En este año especial que se conmemora el centenario de esta Comisión, reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a esta labor. Esta Comisión sigue siendo una piedra angular de uno de los sistemas de control más creíbles, consolidados y respetados del marco multilateral.

La Comisión es un mecanismo único que proporciona un foro esencial para que Gobiernos, trabajadores y empleadores entablen un diálogo constructivo y ofrezcan orientaciones prácticas sobre cómo pueden los Estados Miembros cumplir con las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios internacionales del trabajo ratificados. Condenamos en los términos más enérgicos posibles la interrupción deliberada de los métodos de trabajo de la Comisión, que están bien establecidos y cuidadosamente equilibrados. Tales acciones socavan no solo la eficacia de este organismo, sino también el objetivo más amplio de impulsar la aplicación de las normas internacionales del trabajo y salvaguardar los derechos de los trabajadores. Hacemos un llamamiento a quienes apoyan la votación para que respeten la integridad de los procesos de esta Comisión, así como el papel y la labor de nuestros interlocutores sociales. Seamos claros: la votación de hoy es una anomalía y debe seguir siéndolo.

No puede ni debe convertirse en un precedente. Urgimos a todos los mandantes de la OIT a que respeten y defiendan los principios de consenso y la sólida tradición de diálogo social que constituyen la base de la legitimidad y la eficacia de esta Comisión.

Presidenta: Gracias señora, pasamos el uso de la palabra al representante de la Federación de Rusia.

Interpretación del ruso: Miembro gubernamental, Federación de Rusia: La Federación de Rusia reafirma su apoyo a la petición del Gobierno de Belarús en relación con la votación sobre las conclusiones de la sesión especial. Además, la Federación de Rusia reitera su llamamiento a que los miembros de la Comisión adopten una actitud constructiva y voten en contra de las conclusiones, como ya he mencionado.

Presidenta: Muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a dejar constancia de todas ellas en las actas. Invito ahora a los dos Vicepresidentes si pueden, por favor, acercarse a la Mesa.

Luego de consultar con los dos Vicepresidentes, informo a la Comisión que hemos decidido proceder a la votación a mano alzada. Con el fin de preparar dicha votación propongo una pausa técnica de 10 minutos.

Presidenta: Señoras y señores, les ruego que tomen asiento. Vamos a continuar con nuestras labores. Estimados miembros de la Comisión, a los efectos de organizar la votación a mano alzada voy a dar la palabra a la secretaría.

(Votación a mano alzada).

Presidenta: Estimados señoras y señores, deseo anunciar el resultado de la votación. Las conclusiones relativas al caso de Belarús tienen los siguientes resultados:

• votos a favor 2 100 votos;
• votos en contra 56,
• abstenciones 63.

Teniendo en cuenta que se alcanzó el quorum requerido, las conclusiones sobre Belarús son adoptadas.

(Las conclusiones fueron adoptadas).

Veo al representante gubernamental del Brasil que pide la palabra.

Miembro gubernamental, Brasil: El Gobierno se adhiere a los principios y valores que constituyen los cimientos mismos de la OIT. Mantenemos nuestro firme compromiso de promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos la libertad sindical y la negociación colectiva, que son pilares esenciales de la justicia social, la democracia y el desarrollo inclusivo. Por lo tanto, al reiterar su compromiso con la plena aplicación del mandato de la OIT, el Gobierno expresa su preocupación por la implementación de los Convenios núms. 87 y 98 en Belarús.

El Gobierno subraya asimismo que adoptará una interpretación restrictiva en lo que respecta a los puntos de la conclusión que no estén directamente relacionados con el mandato de la OIT, al tiempo que mantendrá la referencia fundamental a los ámbitos que son competencia de la Organización. Por último, aprovechamos esta ocasión para reiterar nuestro apoyo al enviado especial, el Sr. Lelio Bentes-Correia.

Presidenta: Muchas gracias. Damos la palabra a la representante gubernamental de Belarús.

Interpretación del ruso: Representante gubernamental: En primer lugar, quisiera dar las gracias a las delegaciones que no han respaldado las conclusiones de la Comisión sobre Belarús.

Estas conclusiones tienen por objeto imponer a los Estados Miembros de la OIT una visión sesgada de la situación en mi país y adoptar decisiones discriminatorias contra el Estado bielorruso, los trabajadores y los empleadores. El Gobierno no considera que las recomendaciones de estas conclusiones le obliguen a actuar en consecuencia.