Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) - India (Ratificación : 1923)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

En su observación anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que suministrara información relativa al número de trabajadores por cuenta propia en la agricultura que están afiliados a un sindicato y que proporcionara estadísticas más generales sobre el número y el tipo de sindicatos de trabajadores agrícolas registrados en virtud de la Ley Sobre los Sindicatos (enmienda), de 2001. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en su memoria, señala que: 1) el número de trabajadores agrícolas que trabajan para el Gobierno del país no es considerable, y la ejecución de la ley en los sectores agrícolas depende del Gobierno de cada estado; y 2) de acuerdo con las estadísticas de los sindicatos, en 2006, había en la India 274 sindicatos (Oficina del Trabajo) que representan a 1.311.424 afiliados que percibieron ingresos por sus trabajos en la agricultura, la caza y la silvicultura en 2006.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que la Ley sobre los Sindicatos, de 1926, que permite a los trabajadores del país, incluidos los trabajadores agrícolas, establecer sindicatos, fue modificada por la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), de 2001. Sin embargo, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información relativa al número de trabajadores por cuenta propia en la agricultura que están afiliados a un sindicato, y ni estadísticas más generales sobre el número y tipo de sindicatos de trabajadores agrícolas registrados en virtud de la Ley sobre los Sindicatos. En consecuencia, la Comisión reitera nuevamente su solicitud.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota de la información facilitada en la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en relación con la ley de 1926 sobre los sindicatos. Según el Gobierno, si bien es cierto que la ley sobre los sindicatos no incluye expresamente a la agricultura, no sería acertado llegar a la conclusión de que excluye de su campo de aplicación a los pequeños granjeros, los trabajadores independientes y aparceros en pequeña escala. Sin embargo, la Comisión recuerda nuevamente que la Comisión Nacional de Trabajo Rural (NCRL) (encargada de estudiar el conjunto de condiciones de trabajo en ese sector y de examinar las medidas legales y administrativas adoptadas a fin de organizar la mano de obra en ese sector, sugerir modificaciones de la legislación en vigor y proponer nuevos textos), había llegado en 1991 a la conclusión de que la actividad sindical organizada es muy inferior en el sector de la mano de obra agrícola del país, puesto que sólo el 5 por ciento, aproximadamente, de la mano de obra agrícola del país se encuentra formalmente organizada y que, en gran medida, los sindicatos han limitado sus actividades a los sectores favorables en los que los jornaleros agrícolas tienen empleo regular y trabajan conjuntamente en gran número. La NCRL había subrayado, en particular, que debería prestarse atención a que las siguientes categorías no quedasen excluidas de la legislación: «aquellos que poseen alguna extensión de tierra pero que deben complementar sus ingresos trabajando como jornaleros durante una parte del año, los que trabajan sobre una base contractual en la agricultura o en una actividad relacionada, y los caracterizados como trabajadores domésticos permanentes, trabajadores vinculados o trabajadores ocasionales».

Al tiempo que toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno sobre asociaciones y sindicatos de trabajadores agrícolas a nivel central, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite informaciones sobre la composición de esos sindicatos y asociaciones y que facilite estadísticas más generales sobre el número y tipo de sindicatos de trabajadores agrícolas registrados en virtud de la ley sobre los sindicatos así como el número de afiliados de dichos sindicatos.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

La Comisión toma nota de las informaciones facilitadas en la memoria del Gobierno.

En sus comentarios anteriores la Comisión había recordado las observaciones formuladas por la Organización Nacional del Trabajo (NLO), con sede en Ahmedabad, que el Gobierno había anexado a una memoria precedente y que se referían a dificultades prácticas al ejercicio de la actividad sindical en la agricultura en razón de la naturaleza del trabajo en este sector. Asimismo, según los elementos comunicados por el propio Gobierno, en la práctica, sólo 9 por ciento de la mano de obra agrícola está sindicada mientras que la inmensa mayoría, que vive en la pobreza, no lo está.

La Comisión recuerda nuevamente las importantes conclusiones de la Comisión Nacional de Trabajo Rural (NCRL) que había sido encargada de estudiar el conjunto de las condiciones de trabajo en este sector y de examinar las medidas legales y administrativas adoptadas a fin de organizar la mano de obra rural, sugerir modificaciones de la legislación en vigor y proponer nuevos textos. La NCRL, que había sometido su informe al Gobierno en 1991 definía al trabajador rural como «la persona que vive y trabaja en medio rural, está empleada en actividades agrícolas o no agrícolas que necesitan mano de obra manual, y que percibe durante el año un salario u otro tipo de remuneración entera o parcialmente en dinero o en especie o bien que trabaja por cuenta propia sin emplear de manera habitual jornaleros y que se inserta en el sistema de reducida producción en medio rural». Esta definición incluye la mano de obra manual asalariada, los pequeños granjeros que completan en su caso sus ingresos con un salario, los aparceros y los demás ocupantes y los artesanos. En 1987 y 1998, 150 millones de personas estaban comprendidas en esta definición que equivale a alrededor del 60 por ciento del conjunto de la población activa rural del país. La NCRL había recomendado una legislación de ámbito nacional para la mano de obra agrícola (que constituyen la categoría más vulnerable en razón de su dependencia de un empleo asalariado) quedando entendido que esta legislación debía tratar de la seguridad en el empleo, de la duración y de los horarios de trabajo, del pago de los salarios prescritos y del mecanismo de solución de conflictos. La NCRL había recomendado también que una disposición de esta legislación permitiera constituir sindicatos a los jornaleros agrícolas para que pudiesen llevar a cabo sus actividades en el marco de la legislación. De hecho, la NCRL había subrayado la importancia capital de la Organización de los Trabajadores Rurales, en particular de los jornaleros agrícolas, a fin de que pudieran acceder a la negociación que les es necesaria, tomar conciencia de la legitimidad de sus derechos y de sus intereses, protegerse contra todas las formas de explotación y acceder al estatuto de copartícipes en el desarrollo para poder lograr que finalmente mejoren sus condiciones de trabajo. Se han emprendido esfuerzos por parte del instituto nacional del trabajo, que se había comprometido en ciertos programas de sensibilización de los trabajadores rurales a fin de incitar a estos últimos a constituir sus propias organizaciones de masa y a tomar conciencia de sus derechos fundamentales.

La Comisión subraya nuevamente que el presente Convenio se aplica a todas las personas ocupadas en la agricultura. La Comisión expresa su preocupación observando que si bien la agricultura no se haya expresamente excluida del campo de aplicación de la ley de 1926 sobre los sindicatos (TUA) en su forma modificada, tampoco no está expresamente incluida por este instrumento, ya que las definiciones de este último pueden ser interpretadas en el sentido de que excluyen de su campo de aplicación a los trabajadores que trabajan en pequeñas explotaciones agrícolas. Así, por ejemplo, en la ley de 1926 el «trabajador» se define como toda persona empleada en el marco de una actividad profesional o industrial; se refiere por otra parte en su artículo 2, g) a los «conflictos profesionales» definición que parece aplicarse a la agricultura industrial y a las explotaciones agrícolas administradas sobre una base comercial, pero no a la mayoría de los trabajadores agrícolas, como los pequeños explotadores independientes, los aparceros y los pequeños propietarios.

Al tiempo que toma nota de la informaciones comunicadas por el Gobierno sobre asociaciones y sindicatos de trabajadores agrícolas a nivel central, la Comisión ruega al Gobierno una vez más que facilite informaciones sobre la composición de estos sindicatos y asociaciones, en particular en lo relativo a los trabajadores independientes en la agricultura. La Comisión pide igualmente informaciones sobre todas las medidas legislativas o de otro tipo adoptadas o previstas, en particular sobre las que se hacía mención en la anterior memoria del Gobierno, para asegurar que las personas ocupadas en la agricultura disfruten de los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria y que indique si ha derogado toda disposición legislativa o de otro tipo que tenga por efecto restringir estos derechos respecto de las personas ocupadas en la agricultura.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2001.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

No disponible en español.