Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Portugal (Ratificación : 1981)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2014, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)



Un representante gubernamental acogió con interés los comentarios de la Comisión de Expertos en relación con la aplicación del Convenio núm. 138 por el Níger. El país ratificó ese Convenio el 2 de diciembre de 1978, poniendo así de manifiesto su voluntad de proteger y preservar a su juventud del trabajo infantil y asegurar que los jóvenes estén en condiciones de seguir una escolaridad normal. El Níger siempre ha cumplido las obligaciones que le incumben en cumplimiento de la Constitución de la OIT y enviado regularmente las memorias debidas sobre los convenios de la OIT ratificados, en concreto el Convenio núm. 138. En lo que respecta al ámbito de aplicación del Convenio, en 2012, el Instituto Nacional de Estadística (INS) realizó una encuesta nacional sobre el empleo y el sector informal. Se presentó un primer informe sobre el sector informal y el mercado de trabajo, aunque los datos no pueden comunicarse antes de ser validados oficialmente. Si bien el trabajo infantil no fue abordado en el informe, éste puede dar algunas indicaciones pertinentes, teniendo en cuenta que otros informes, sobre todo los relativos a los indicadores del trabajo decente, abordaron más en detalle esos aspectos. Además, el período en que se realizó la encuesta coincidió con el inicio del Censo General de Población y Vivienda (RGPH-2012) cuyos resultados fueron publicados en abril de 2014. El INS es el único organismo habilitado para realizar ese tipo de encuesta, lo que explica el retraso en la finalización y la publicación oficial de sus resultados.

En lo que respecta a la educación obligatoria, se han adoptado medidas legislativas para que los niños permanezcan el mayor tiempo posible en la escuela, en concreto: la adopción de la Ley de Orientación del Sistema Educativo del Níger (LOSEN) que establece la enseñanza primaria universal y obligatoria para los niños de Níger de ambos sexos; la elaboración de la carta de política educativa del Gobierno que establece la obligatoriedad de la educación hasta la edad de 16 años. Esta carta forma parte de los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Estrategia para el desarrollo sostenible y el crecimiento incluyente «Níger 2035 y el PDES 2012-2015»; y, la elaboración del Programa Sectorial de la Educación y la Formación (PSEF) 2014-2024, que es un documento de estrategia sobre la aplicación de la ley antes mencionada. A ese respecto, todos esos instrumentos han sido apoyados por los interlocutores del sector de la educación. En el marco del PSEF (2014-2024) el Gobierno se comprometió a estimular la demanda social en materia de educación y de promoción de la escolarización de las niñas más jóvenes en la enseñanza primaria siguiendo una estrategia operativa que se basa en los comités de gestión de los establecimientos escolares, la contratación de docentes mujeres en las zonas rurales, así como actividades generadoras de ingresos para los padres. Se han previsto asimismo otras iniciativas para mejorar la enseñanza preescolar y la educación no formal de los jóvenes de 9 a 15 años, así como la sensibilización de los padres. La actuación de los organismos públicos se complementa con la acción de las ONG y de las asociaciones que actúan a través de diversas redes, en particular mediante la adopción y la puesta en marcha de un plan de acción nacional de lucha contra el trabajo infantil que ha sido revisado y validado con el apoyo de la OIT.

En lo que respecta a la autorización de emplear a niños en trabajos peligrosos desde los 16 años, el representante gubernamental observó que los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) creados a nivel de empresas a las que se aplica el Código del Trabajo funcionan normalmente. Además, se ha creado una coordinación nacional de los CSST mediante la orden núm. 365/MFP/DSST de 16 de marzo de 2012. Esa coordinación ha realizado varias actividades relativas a la formación de los miembros de los CSST, la participación en las actividades del mes de la prevención de los riesgos profesionales, el fortalecimiento de la capacidad de los miembros, la organización de visitas de empresas en colaboración con la Inspección del Trabajo y la elaboración y adopción de un plan de acción de tres años (2013-2015). Indicó que los CSST existen en las empresas sujetas al control de los inspectores del trabajo, en las que es raro encontrar niños trabajadores, puesto que los CSST se crean en las empresas de más de 50 trabajadores. No se ha constatado en ninguno de los informes de los inspectores del trabajo una infracción de ese tipo. También indicó que el trabajo infantil existe principalmente en el sector informal. Suscribió la opinión de la Comisión en cuanto a la existencia de trabajo infantil en el Níger y recordó que el Gobierno se ha comprometido, con el apoyo de sus asociados de desarrollo, la ONG y otras asociaciones, a eliminar ese flagelo. La ley no prohíbe a los Inspectores del Trabajo intervenir en los establecimientos de ese sector. Sin embargo, éstos tienen dificultades para identificar la existencia de trabajo infantil debido a su complejidad y a la escasez de medios para actuar, por lo que intervienen más frecuentemente en el sector formal para prevenir ese fenómeno. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha equipado a todos los inspectores del trabajo con vehículos y ha aumentado significativamente su presupuesto de funcionamiento. Subrayó que, cualesquiera que sean los medios para luchar contra el trabajo infantil, es sobre todo gracias a la intervención directa de los inspectores del trabajo, en colaboración con las comunidades y otros actores del sector informal, que se podrá eliminar el trabajo infantil. Para ello, el Gobierno está dispuesto a crear las condiciones más propicias para la realización de la Auditoría Institucional de la Inspección del Trabajo que fue solicitada a la OIT, y a proponer iniciativas susceptibles de reforzar la capacidad de los inspectores del trabajo en el sector informal. A ese respecto, el representante gubernamental expresó el deseo de que las actividades de la segunda fase del proyecto de la OIT de Apoyo a la Administración del Trabajo (ADMITRA) cubran también al Níger. En conclusión, el control del fenómeno del trabajo infantil exige una colaboración estrecha entre los diferentes ministerios implicados. El Níger ha previsto seguir aplicando las iniciativas mencionadas, con miras a la aplicación del Convenio núm. 138. A este respecto, es necesario contar con un apoyo más decidido de los actores, incluida la OIT, para que la lucha en contra del trabajo infantil produzca los resultados deseados.

Los miembros trabajadores indicaron que la mitad de la población del Níger tiene menos de 15 años de edad y su crecimiento demográfico se eleva a 3,3 por ciento por año. Por consiguiente, el país tiene un número muy elevado de niños en edad escolar que trabajan, una proporción importante de los cuales trabajan en condiciones peligrosas. Según los datos estadísticos provenientes de una encuesta nacional del 2009, el 50 por ciento de los niños de entre 5 y 17 años de edad estaban ocupados en actividades económicas en el medio rural, es decir 1,9 millones de niños. Según el último Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, el Níger se encuentra entre los países con mayor número de niños no escolarizados, casi 1 millón. Tres de cada cuatro niños pasan menos de cuatro años en la escuela, y cerca del 50 por ciento de las niñas no saben ni leer ni escribir. Por otro lado, los miembros trabajadores resaltaron que 1,6 millones de niños están ocupados en trabajos prohibidos por el Convenio núm. 138. De éstos, 1,2 millones lo están en trabajos peligrosos. Dos de cada tres niños de entre 5 y 17 años trabajan en condiciones peligrosas. Precisaron que estos niños en edad escolar trabajan en condiciones difíciles y realizan tareas que exceden sus capacidades físicas. Dichos niños trabajan a menudo con sus familias en zonas rurales y participan en las labores del campo, y la molienda de cereales, y se ocupan de los animales. A pesar de la circular del Ministerio del Trabajo prohibiendo la utilización de los niños en las minas de cal y de sal, ninguna condena ha sido pronunciada al respecto por el Gobierno. Señalaron que el Código del Trabajo del Níger no se aplica al trabajo de la economía informal. En la respuesta del Gobierno del Níger a los comentarios de la Comisión de Expertos se indica que la extensión del Código del Trabajo al sector informal de la economía requiere una colaboración formal entre varios ministerios y que el Gobierno desea primero conocer la magnitud del trabajo informal de los niños gracias a una encuesta nacional. No obstante, el Gobierno no proporciona ninguna información nueva, ni sobre la encuesta que debió ser organizada en el 2012 ni sobre la situación de los niños en la economía informal. Recordaron que el Convenio núm. 138 se aplica a todos los sectores de la actividad económica independientemente de la existencia de una relación contractual. Se refirieron al decreto de 1967 que autoriza la utilización de los niños en ciertos tipos de trabajos peligrosos, a partir de los 16 años de edad. Recomendaron que los comités de salud y de seguridad en las empresas debieran ocuparse de la sensibilización y de la formación en materia de seguridad. El Gobierno nunca aportó informaciones sobre la naturaleza del trabajo de dichos comités que deberían asegurar que el trabajo de dichos adolescentes no constituye un peligro para su salud o seguridad. Concluyeron su intervención recordando que el artículo 3, párrafo 3 del Convenio núm. 138 sólo permite que se empleen niños desde los 16 años edad en trabajos peligrosos, cuando quedan plenamente garantizadas su salud, seguridad y moralidad, pero que dichas condiciones no se satisfacen en el Níger.

Los miembros empleadores suscribieron la mayor parte de las opiniones expresadas por los miembros trabajadores. Coincidieron en la frustración de constatar el persistente incumplimiento de la obligación de suministrar información y pruebas concretas del progreso realizado sobre la importante cuestión de asegurar que los niños reciban una educación básica adecuada y se les proteja contra el riesgo de que realicen actividades que puedan ser perjudiciales para su bienestar físico o mental. La Comisión observó anteriormente que el Código del Trabajo del Níger no se aplica al sector informal y que cambiar el ámbito de aplicación de la legislación laboral requiere la colaboración formal entre varios ministerios. Por otra parte, el objetivo del Programa Decenal de Desarrollo de la Educación de 2002 es conseguir una tasa de escolarización en la enseñanza primaria del 80 por ciento para 2012 y del 84 por ciento en 2015. Las estimaciones de diversas organizaciones, incluida la UNESCO, ponen de manifiesto el bajo índice de escolarización de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años de edad y el importante número de niños que abandona la escuela mucho antes de alcanzar la edad mínima de admisión al empleo. Según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2012, la tasa bruta de escolarización en la enseñanza primaria aumentó al 71 por ciento en 2010 (64 por ciento para las niñas y 77 por ciento para los niños), frente al 67,8 por ciento (58,6 por ciento para las niñas y el 77 por ciento para los niños) en 2008-2009. Sin embargo, este aumento de la escolarización no fue acompañado de un incremento en los porcentajes de niños que finalizaron su escolaridad. Refiriéndose a las estadísticas de 2009 sobre trabajo infantil, los miembros empleadores observaron que la Comisión seguía sin disponer de información concreta que le permitiera evaluar mejor la situación en el Níger. Con respecto al artículo 3 del Convenio, la Comisión de Expertos había pedido anteriormente al Gobierno que facilitara información sobre la manera en que los comités de salud y seguridad se cercioran de que el trabajo desempeñado por los menores y jóvenes no pone en peligro su salud y seguridad. La falta de información no ha permitido a esta Comisión hacerse una idea de la situación, y exacerba la preocupación expresada acerca de la exposición, al parecer importante, de un número alarmante alto de jóvenes de ese país a prácticas laborales insatisfactorias. Los miembros empleadores instaron al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que los comités de seguridad y salud de las empresas se cercioren de que las condiciones de trabajo de los jóvenes entre los 16 y 18 años de edad no constituyan un peligro para su salud y su seguridad. Expresaron profunda preocupación por el elevado número de niños que trabajan en Níger con una edad inferior a la edad mínima de admisión al empleo y por la significativa proporción de esos niños que trabajan en condiciones peligrosas. Considerando que la escolarización obligatoria es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil, los miembros empleadores exhortaron firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos y adopte las medidas necesarias para permitir que los niños accedan a la enseñanza obligatoria básica. Los miembros empleadores también pidieron al Gobierno que: intensifique sus esfuerzos para combatir y eliminar progresivamente el trabajo infantil en el Níger; continúe proporcionando información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, con inclusión de extractos de los informes de los servicios de inspección del trabajo que indiquen el número de infracciones constatadas y las sanciones aplicadas, y suministre datos estadísticos desglosados por sexo y grupo de edad, sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias del trabajo infantil, y sobre el trabajo realizado por los niños que no han alcanzado la edad mínima especificada por el Gobierno al ratificar el Convenio. Los miembros empleadores expresaron la esperanza de que el Gobierno tome todas las medidas necesarias en el futuro próximo.

El miembro trabajador del Níger indicó que la incidencia del trabajo infantil en el Níger depende en gran medida del sector de actividad tomado en consideración, incluidos los sectores agrícola, ganadero, pesquero, de la manufactura de minería artesanal, de canteras, de industrias extractivas, informal, de la fabricación y del mantenimiento o de los servicios. La incidencia y la naturaleza varían en función de las edades de los niños que trabajan, que fluctúan entre los 7 y los 13 años. Precisó que suele haber niños de menos de 7 años de edad, pero en ese caso están con sus padres o con un miembro adulto de su familia en vez de asistir a la escuela. Respecto de las causas del trabajo infantil, indicó que pueden ser la pobreza, el bajo crecimiento económico, el desconocimiento por los padres de las consecuencias del trabajo infantil, la escasa escolarización, el desempleo, la discapacidad física de los padres, el éxodo de las familias de zonas rurales que se desplazan hacia las zonas urbanas o hacia el extranjero. En cuanto a la escasa escolarización, el orador indicó que, si bien el acceso a la educación mejoró con una variación de la tasa de escolarización del 76,1 por ciento en 2011 al 79,1 por ciento en 2012, el índice de finalización de la enseñanza primaria del 55,8 por ciento en 2012 sigue siendo relativamente bajo. La tasa bruta de escolarización varía del 108 por ciento en el medio urbano al 71 por ciento en el medio rural y del 88 por ciento en el caso de los niños al 71 por ciento en el caso de las niñas. En relación con el desempleo, el orador indicó que, si bien el capital humano es el recurso más abundante en el Níger, las oportunidades de empleo siguen siendo relativamente escasas, lo que ocasiona el subempleo y el desempleo de una gran parte de la población activa. El porcentaje de la población activa sin empleo varía del 56 por ciento en conjunto al 40 por ciento entre los hombres y al 71 por ciento entre las mujeres, y del 46 por ciento en el medio urbano al 59 por ciento en el medio rural. No obstante, el orador precisó que también existen otras causas específicas del trabajo infantil en el Níger, en particular: la falta de sensibilización de la población sobre las consecuencias de dicho trabajo, los factores demográficos, las dificultades que plantea la aplicación del marco jurídico e institucional y los factores socioculturales, dado que el peso de las costumbres y la religión es determinante en las actitudes y conductas sociales en el Níger. Recordó que los trabajadores del Níger han trabajado y seguirán trabajando para lograr una aplicación congruente del Convenio núm. 138 por su Gobierno. Reconoció que, en el actual contexto socioeconómico y cultural del Níger, la aplicación efectiva del Convenio requiere una firme voluntad política, pero también una asistencia técnica constante. Por consiguiente, comparte los comentarios formulados por la Comisión de Expertos y sugirió: una actualización de los datos estadísticos sobre el trabajo infantil en el Níger con la participación de distintos interlocutores, entre ellos la OIT; la asignación por el Gobierno del Níger de un presupuesto congruente para la educación que constituye la mejor alternativa al trabajo infantil; así como la asistencia técnica de la OIT para hacer efectivos y operativos los comités de seguridad y salud en el trabajo tanto en el sector formal como en el informal. El orador concluyó diciendo que es indispensable que la OIT acompañe a su país en la puesta en práctica de distintas medidas de lucha contra el trabajo infantil.

La miembro gubernamental de Noruega hablando en nombre de los miembros gubernamentales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia expresó su profunda preocupación ante la incapacidad del Gobierno del Níger de proporcionar la información solicitada en lo concerniente al trabajo infantil en la economía informal y las medidas adoptadas por la administración del trabajo. Este caso es grave y necesita ser evaluado junto a las conclusiones de la Comisión de Expertos sobre el cumplimiento del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) por el Níger. Niñas y niños están siendo víctimas del trabajo forzoso u obligatorio que cobra la forma de trata, mendicidad forzada y trabajo infantil peligroso. El déficit de inspección del trabajo significa que existe un monitoreo insuficiente de los niños involucrados en las peores formas de trabajo infantil. También hay falta de investigaciones, procedimientos judiciales y sanciones disuasorias en relación con la utilización de niños para fines puramente económicos. El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para asegurar la protección de los niños de esas peores formas de trabajo infantil, en particular respecto a las formas peligrosas de trabajo. Los gobiernos siguen siendo los principales actores del cambio. El Gobierno tiene que demostrar su voluntad política, su capacidad de actuar de acuerdo a los principios de buen gobierno y de luchar contra la corrupción. Es necesario fortalecer la administración del trabajo, en particular la inspección del trabajo, la protección del trabajo y la seguridad social. Hizo hincapié en que uno de los medios más eficaces para combatir el trabajo infantil es proveer una educación obligatoria y accesible. Una encuesta nacional sobre la economía informal para medir el alcance del fenómeno del trabajo infantil por cuenta propia sería útil y facilitaría una intervención eficiente. Además, alentó al Gobierno a buscar la asistencia técnica de la OIT para eliminar el trabajo infantil en el país, y a que reconozca la necesidad de un esfuerzo conjunto para superar los problemas en este ámbito.

El miembro trabajador de Zimbabwe expresó su profunda preocupación ante las cifras alarmantes de niños que trabajan en el Níger. No obstante la fijación de la edad mínima de acceso al empleo en 14 años de edad por el Código del Trabajo adoptado en el 2012, casi la mitad de los niños entre 5 y 14 años de edad están trabajando, y un tercio de ellos lo hacen en trabajos peligrosos. Los niños que trabajan en las minas están expuestos al mercurio y al riesgo de sofocación o muerte producto de los derrumbes. Los niños que trabajan en la agricultura están expuestos a riesgos ocupacionales serios. Los niños, en especial las niñas, que trabajan en el servicio doméstico son particularmente vulnerables a jornadas largas y a abusos físicos y sexuales. La práctica tradicional consistente en que el hombre tome a una niña como «quinta esposa» es un asunto de suma gravedad, ya que son esclavizadas y sus hijos son vendidos como esclavos. Algunos niños son enviados a escuelas coránicas, y algunos profesores explotan a dichos niños, obligándolos a mendigar o a trabajar como trabajadores domésticos o agrícolas. Instó al Gobierno a adoptar leyes y políticas adecuadas, en colaboración con los interlocutores sociales para poner un fin al trabajo infantil.

El miembro trabajador de Nicaragua opinó que es lamentable que las autoridades gubernamentales del Níger no consideraran prioritario garantizar el libre acceso a la educación pública, siendo dicho acceso una garantía para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Indicó que la Internacional de la Educación promueve una campaña por la calidad y el acceso a la educación pública, como un medio para erradicar el trabajo infantil. Señaló que las estadísticas revelan una ausencia palpable de políticas a corto y a largo plazo, un desinterés por garantizar plazas al personal docente, y una falta de recursos económicos suficientes. Añadió que la explotación laboral de las niñas y de los niños del Níger sólo es posible por la dejadez de las autoridades gubernamentales en lo que respecta a la supervisión y al control de las empresas y de los empresarios que promueven ese tipo de trabajo. Aclaró que las autoridades gubernamentales no son las únicas responsables del abandono escolar, sino que las empresas también son responsables al permitir que se contrate mano de obra infantil para maximizar sus ganancias. El hecho de no garantizar el acceso a una educación pública de calidad tiene implicaciones para el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia, condenando el país a la pobreza. Recordó que la mejor manera de erradicar el trabajo infantil es garantizar que todas las niñas y todos los niños asistan a la escuela y que sus padres tengan empleos decentes. Concluyó instando al Gobierno del Níger a asumir el compromiso de erradicar el trabajo infantil, destinando los recursos económicos y financieros necesarios a la educación pública, ejerciendo mayores controles sobre las empresas y considerando la educación como prioridad fundamental.

El miembro trabajador de Swazilandia declaró que se observa una prevalencia alta de niños que trabajan en el Níger. Es esencial contar con leyes laborales eficaces para impedir el trabajo infantil. La legislación laboral y su aplicación son insuficientes, dado que no abarcan la economía informal. Pidió que se tomen acciones inmediatas. Si bien la ley fija la edad mínima para trabajar en 14 años de edad e incluye disposiciones que limitan el número de horas de trabajo de los niños mayores de 14 y menores de 18 años de edad, no existen sanciones disuasivas para las infracciones, pese al número alarmante de niños que trabajan. Las sanciones penales no van más allá de un año de encarcelamiento. Las políticas inadecuadas dejan a los niños desprotegidos y vulnerables. Es necesario ampliar la legislación para incluir a los trabajadores domésticos y de la economía informal y reformar las leyes sobre trabajo infantil.

El representante gubernamental resaltó el compromiso del Níger de continuar con la puesta en aplicación del Convenio núm. 138. Indicó que el debate aparenta retomar el cauce de las discusiones que habían tenido lugar en la Comisión en el año 2005, pero que desde entonces ha habido varios avances. Al respecto recordó las conclusiones de la Misión de Alto Nivel relativa al trabajo forzoso en el Níger (2006). Resaltó que el Código del Trabajo de 2012, no prohíbe a los inspectores del trabajo llevar a cabo inspecciones en el sector informal; no obstante, mencionó la falta de medios y de recursos de los servicios de la Inspección del Trabajo. En lo que atañe a los Comités de salud y seguridad en el trabajo, éstos tienen que tener al menos 50 asalariados. También hizo referencia a la nueva política educativa según la cual un cuarto de los recursos del presupuesto nacional serán asignados a la educación y a la formación profesional y técnica. En lo que concierne al período de realización de las distintas encuestas, el Gobierno se compromete a acelerar la finalización de la encuesta sobre el trabajo y el sector informal. Para tal efecto, solicitó el apoyo técnico de la OIT para el equipo del Instituto Nacional de Estadísticas. Finalmente el Gobierno se compromete a culminar el proceso de establecimiento del marco promocional de seguridad y salud en el trabajo, en el curso del cual el documento marco de política nacional de seguridad y salud en el trabajo ha sido releído y validado.

Los miembros trabajadores indicaron que el 12 de junio tiene lugar el día mundial contra el trabajo infantil cuyo lema para este año es: «Extender la protección social, eliminar el trabajo infantil.» El caso del Níger demuestra la importancia de esta jornada mundial para luchar contra el trabajo infantil y la importancia de la protección social a estos fines. Las formas de trabajo infantil que van contra los derechos humanos fundamentales son obstáculos al trabajo decente. Los convenios internacionales identifican el trabajo infantil y el trabajo forzoso como parte íntegra de estas formas inaceptables y exigen su abolición definitiva. Estas formas de trabajo constituyen preocupaciones reales para el Níger y su erradicación debe ser la prioridad principal para las autoridades. Pidieron al Gobierno que establezca un plan de acción en cooperación estrecha con los interlocutores sociales. Un plan que: i) otorgue la prioridad a la abolición del trabajo infantil y, en especial, los trabajos peligrosos; ii) planifique un incremento del presupuesto de la educación de 4,5 a 6 por ciento del producto nacional bruto para aumentar la tasa de escolaridad y contratar a profesores calificados, iii) prevea alternativas al trabajo infantil para el nivel de vida de las familias, y iv) organice un sector social de base que comprenda el ingreso, la alimentación, la salud y la maternidad. Concluyeron solicitando al Gobierno que: 1) reactualice los datos estadísticos sobre el trabajo infantil, 2) extienda el Código del Trabajo a la economía informal, y 3) vele por la correcta aplicación del decreto sobre los trabajos peligrosos. Solicitaron igualmente a la OIT/IPEC que restableciera su cooperación con el Níger.

Los miembros empleadores coincidieron con los miembros trabajadores respecto a la necesidad de que los miembros de la Comisión de Aplicación de Normas centren su atención en el tema del trabajo infantil en el Níger. No ha habido disensión entre los oradores sobre la gravedad de la presente situación. Se reconoció, no obstante, que el Gobierno es consciente de los problemas existentes en el Níger. Respecto a la información y a las estadísticas, el Gobierno debería encontrar una forma sistemática de identificar la información requerida de forma oportuna. Alentaron al Gobierno a compilar, analizar y publicar informaciones y estadísticas, como parte del plan de acción mencionado por los miembros empleadores. El Instituto Nacional de Estadísticas es la única organización que trabaja con información sobre el trabajo infantil. Los miembros empleadores pidieron al Gobierno que solicite asistencia técnica en materia de compilación, análisis y difusión de la información, así como respecto a otros asuntos. Asimismo instaron al Gobierno a fortalecer sus servicios de inspección. El Código del Trabajo debería aplicarse en la práctica a todas las ramas de la economía, incluyendo a la economía informal. Se deben tomar medidas sin demora para abordar la cuestión del trabajo infantil en el Níger.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información oral suministrada por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación sobre el elevado número de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años que no asisten a la escuela y que están ocupados en trabajo infantil, incluyendo trabajos peligrosos, así como sobre el fenómeno del trabajo infantil en el sector de la economía informal.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que está adoptando medidas para mantener a los niños en la escuela y está decidido a erradicar el trabajo infantil en el país. La Comisión tomó nota además del compromiso del Gobierno de aplicar el Convenio mediante varias medidas, incluyendo el fortalecimiento de la inspección del trabajo y el establecimiento de comisiones de salud y seguridad en el ámbito empresarial. La Comisión tomó nota asimismo de la información detallada suministrada por el Gobierno en la que se describen varias leyes y políticas que se están aplicando para fomentar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, entre otras un programa sectorial de educación y formación de 2014 a 2024 (PSEF), así como la asignación de un porcentaje sustancial de su presupuesto nacional para este objetivo. En este sentido, observó que el Gobierno pretendía adoptar varias medidas para fomentar el acceso a la escuela primaria, especialmente para las niñas. La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno señala que el Instituto Nacional de Estadísticas (INS) organizó en 2012 una encuesta nacional en el sector de la economía informal, pero que esta encuesta no incluye el trabajo infantil en dicho sector. Por último, el representante gubernamental destacó que el trabajo infantil y sus peores formas son el resultado de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo. En este sentido, la Comisión tomó nota de que el Gobierno del Níger había expresado su voluntad de seguir respaldando, en cooperación con los interlocutores sociales, la erradicación del trabajo infantil con la asistencia técnica y la cooperación de la OIT.

Al tiempo que tomó nota de que el Gobierno ha adoptado algunas medidas para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión expresó su profunda preocupación por el elevado número de niños con edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, 14 años, que trabajan en el Níger, y por el alto porcentaje de estos niños que realizan trabajos en condiciones peligrosas. Instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para mejorar esta situación y luchar contra el trabajo infantil en el país en aras de su erradicación progresiva, dentro de un plazo de tiempo determinado, en particular mediante el establecimiento de una política nacional que garantice la abolición efectiva del trabajo infantil y un programa de acción para luchar contra éste, dando prioridad al trabajo infantil peligroso. Además, al tiempo que toma nota de las dificultades que afronta el Gobierno para el seguimiento del sector informal, la Comisión exhortó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación a la economía informal con objeto de fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo en este sector, y a que garantice que se lleve a cabo un régimen de visitas periódicas, incluyendo visitas sin previo aviso, a fin de imponer sanciones a las personas que sean declaradas culpables de vulnerar las disposiciones del Convenio. En este sentido, solicitó al Gobierno que comunique extractos de los informes de la inspección del trabajo en los que se indique el número y la naturaleza de las infracciones observadas y las sanciones impuestas.

La Comisión tomó nota con preocupación de que sigue registrándose una baja tasa de escolarización y una alta tasa de abandono escolar. Al tiempo que recalcó la importancia de una enseñanza universal y obligatoria gratuita para evitar y combatir el trabajo infantil, la Comisión instó enérgicamente al Gobierno a que desarrolle y mejore el sistema educativo mediante la adopción, entre otras, de medidas efectivas, dentro el marco de la educación sectorial y los programas de capacitación con el fin de garantizar acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria a todos los niños con edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo, con especial atención a la situación de las niñas, con objeto de impedir que los niños menores de 14 años trabajen y de reducir los porcentajes de abandono escolar en el país.

Al tiempo que tomó nota de que se han establecido comités de salud y seguridad en las empresas, la Comisión expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno señale que dichos comités detectan pocas veces el trabajo infantil en el curso de sus actividades. La Comisión alentó firmemente al Gobierno a que se cerciore de que estos comités de salud realicen actividades de sensibilización y de capacitación con objeto de que las condiciones de trabajo de los jóvenes no perjudiquen su salud, seguridad o bienestar.

Además, a la luz de la falta de datos sobre el número de niños que trabajan sin tener la edad mínima para ello, y tomando nota de que el Gobierno señala que el trabajo infantil tiene lugar en gran medida en la economía informal, la Comisión instó al Gobierno a que lleve a cabo una encuesta nacional sobre trabajo infantil en un futuro próximo con el fin de poder cuantificar el alcance del fenómeno del trabajo infantil en la economía informal, lo que permitiría a la administración del trabajo intervenir más eficazmente en esta materia.

Reconociendo la importancia de la coherencia política, la Comisión instó a promover la cooperación internacional en aras de la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y equitativo y la eliminación del trabajo infantil y, en este sentido, recomendó que OIT/IPEC reanude sus actividades en el país. Solicitó al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT para garantizar una aplicación plena y efectiva de este Convenio fundamental, incluyendo la adopción de un plan de acción con un plazo determinado que aborde las cuestiones planteadas por la presente Comisión. Solicitó al Gobierno que, en su próxima memoria, transmita información completa sobre todas las cuestiones planteadas por esta Comisión y la Comisión de Expertos, para que sea examinada en su próxima sesión de 2014. La Comisión indicó que espera poder observar progresos tangibles en la aplicación del Convenio en un futuro muy próximo.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2003, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Un representante gubernamental declaró que trataría los diferentes aspectos abordados por la Comisión de Expertos y que proporcionaría algunas indicaciones sobre la evolución reciente del mercado de trabajo. Entre el primer trimestre de 2002 y el primer trimestre de 2003, el crecimiento de la población activa ha sido de un 1,2 por ciento la tasa de actividad se ha mantenido constante y la tasa de empleo ha bajado ligeramente (0,01 por ciento). En el primer trimestre de 2003, la tasa de desempleo era de 6,4 por ciento con un aumento del número de desempleados de un 45,6 por ciento El desempleo de los jóvenes y de los trabajadores mayores ha aumentado menos que la media general. Esta evolución es el resultado de la desaceleración de la actividad económica, la cual está relacionada con la política económica internacional y con la coyuntura nacional de reducción del déficit presupuestario y de control del gasto público. Por otra parte, no hay que olvidar que, debido a la integración en el Mercado Común Europeo, la política de empleo sigue las orientaciones establecidas a nivel comunitario con miras a la elaboración de los planes nacionales de empleo. Debe tenerse en cuenta que, el primer trimestre de 2003, según el Eurostat, la tasa media de desempleo en la Unión Europea, era del 8,2 por ciento y en Portugal, del 7 por ciento.

En lo que respecta al aumento del número de contratos temporales de trabajo, estos últimos representan el 17,1 por ciento del total de los contratos. Esta tasa es del 15,5 por ciento para los hombres y del 18,9 por ciento para las mujeres. En este período de desaceleración económica, el empleo se ajusta, principalmente, a través del recurso a los contratos de duración determinada. En lo que respecta al impacto de las medidas tomadas, en el marco del plan nacional de empleo, sobre la calidad del empleo, la protección social, el aumento de la productividad y de la competitividad, la lucha contra el trabajo ilegal y el recurso a los contratos de duración determinada, hay que mencionar la elaboración de un programa para combatir los riesgos profesionales, la adopción de la nueva ley básica sobre el seguro social, y la aprobación del primer Código de Trabajo portugués que revisa y sistematiza las leyes en vigor. Este Código fue aprobado por el Parlamento y debe ser firmado por el Presidente de la República, que ha solicitado al Tribunal Constitucional que verifique la constitucionalidad de algunos artículos. En lo que respecta a la lucha contra el trabajo ilegal, algunos trabajadores independientes están a veces en una situación de trabajo dependiente o de subcontratación. A este respecto, el Código de Trabajo prevé, en base a ciertos elementos de hecho, la existencia de un contrato de trabajo. Por otra parte, el Gobierno ha proporcionado informaciones sobre la lucha contra la inmigración ilegal en la memoria enviada este año en virtud del artículo 19 de la Constitución. Por último, en lo que respecta al recurso a los contratos de duración determinada, el Código de Trabajo contiene disposiciones para limitar la realización y la renovación de dichos contratos. Además, las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores pueden aumentarse en función del número y de la duración de contratos de duración determinada concluidos en su empresa. Si estos contratos son para más de seis meses, el empleador debe proporcionar formación profesional al trabajador. Por último, está previsto incitar financieramente a las empresas, a través de una reducción de sus cargas sociales, a que conviertan los contratos de duración determinada en contratos de larga duración.

El representante gubernamental refirió que la Comisión de Expertos expresó su deseo de recibir información sobre la forma en que se consulta a los representantes de todos los grupos interesados sobre la elaboración y la aplicación de políticas y programas de empleo, principalmente el plan nacional de empleo. En lo que respecta, concretamente, a los trabajadores del sector agrícola y de la economía informal, éstos son representados por las confederaciones sindicales citadas por los expertos. Los trabajadores del sector informal tienen los mismos derechos que los otros trabajadores y pueden constituir sindicatos o afiliarse a los sindicatos existentes. De forma general la consulta de los interlocutores sociales se realiza en el seno de la comisión permanente de concertación social, de composición tripartita, en la cual se presentan y discuten los informes semestrales sobre la ejecución del plan. Asimismo, existe un grupo de trabajo tripartito para la asistencia técnica al desarrollo del plan nacional. Además, las leyes que adopten medidas de política del empleo se presentan previamente a una valoración pública de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha dado cuenta de la dificultad que tienen los jóvenes para entrar en el mercado de trabajo. Esta dificultad es el resultado de un desajuste entre la oferta propuesta por el conjunto de sistema de enseñanza superior y las necesidades del mercado de trabajo. Actualmente se dispone de informaciones suficientes sobre este asunto para que los jóvenes se orienten hacia las formaciones superiores de las que hay demanda en el mercado de trabajo. Asimismo, la UGT da cuenta de las brechas existentes entre las regiones en materia de empleo. En las regiones en las que el desempleo es más alto, existen algunas inversiones públicas para dinamizar la actividad económica. Además, el plan nacional sobre el empleo se completa con planes regionales que adaptan las estrategias nacionales a las características específicas de cada región. En lo que respecta a la formación de los jóvenes pocos calificados, los jóvenes de menos de 18 años que no están calificados deben seguir un curso de formación profesional durante el período en el que están trabajando. Lo mismo ocurre con los que tienen 16 y 17 años, que, no habiendo completado la escolaridad obligatoria, deben, si resulta necesario, seguir cursos equivalentes a la escolaridad obligatoria. Existen servicios de orientación profesional para ayudar a los jóvenes a elegir su trayectoria profesional. Por último, es probable que la duración de la escolaridad obligatoria pase de 9 a 12 años, lo cual mejoraría sustancialmente la formación básica de los jóvenes. Se ha creado el décimo año de estudios orientados hacia una profesión destinada a los jóvenes que hubieran completado la escolaridad obligatoria y no siguieran estudios.

La UGT señala, de forma muy apropiada, la situación de los trabajadores de más edad que no tienen acceso a los cursos de reinserción profesional y que están más expuestos al desempleo de larga duración. Las cifras recientes muestran que el aumento del desempleo no ha afectado tanto a los trabajadores de más edad. Las posibilidades de formación de estos trabajadores dependen principalmente de su capacidad de aprender, pero muchos de ellos no finalizaron su escolaridad obligatoria. En este contexto, para hacer frente al reciente aumento del desempleo, el programa de empleo y de protección social prevé medidas para facilitar la prejubilación de estos trabajadores, si así lo desean. Este programa prevé un conjunto de medidas de apoyo a la formación para el conjunto de los trabajadores y de los desempleados, independientemente de su edad. Algunas de estas medidas son especialmente interesantes para los trabajadores de edad más elevada. Por último, en lo que respecta a la formación continua y el acceso de todos los trabajadores a la formación, el Gobierno prepara una ley básica sobre la formación profesional que regulará esta formación continua. El programa de empleo y de protección social prevé otras medidas de formación para hacer frente a la coyuntura actual de aumento del desempleo, y el nuevo Código de Trabajo consagra el principio según el cual los empleadores deben garantizar una formación profesional a sus trabajadores.

En referencia a las observaciones de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP-IN) relativas a la pérdida de empleos en muchos sectores de actividad y a la discriminación que continúan sufriendo las mujeres en ciertos sectores, el orador confirmó que hay una disminución de la actividad en la agricultura y en la industria, y un aumento en el sector servicios. El abandono de la vida activa de los trabajadores de más edad podrá favorecer la transformación de las explotaciones agrícolas y el aumento de la productividad de este sector. La disminución del número de trabajadores en el sector de la industria lo explican elementos tales como la modernización tecnológica de las actividades que utilizan una mano de obra intensiva, la sustitución de empleos poco calificados por empleos más calificados, la reestructuración de las empresas, sobre todo mediante el "outsourcing" que tiene repercusiones en la clasificación estadística de ciertos puestos de trabajo que pasan de la industria a los servicios y la deslocalización al extranjero de empresas industriales donde los salarios son inferiores.

Para concluir, el orador señaló que había comentado todos los temas tratados por la Comisión de Expertos intentando sintetizar. Declaró que sería deseable que cuando la observación de la Comisión de Expertos cubra muchos puntos, la Comisión de Aplicación de Normas informe a los gobiernos de las razones que han motivado la elección del caso o al menos de los temas sobre los que desearía que los gobiernos dieran explicaciones.

Los miembros empleadores agradecieron la declaración del representante gubernamental de Portugal, que proporcionó explicaciones y algunas estadísticas sobre la situación de la política de empleo en ese país. La declaración dio una perspectiva buena y equilibrada de lo que el Gobierno está tratando de hacer para cumplir con los objetivos del Convenio. Recordó que el artículo 1 del Convenio establece el objetivo de seguir una política activa diseñada para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, garantizando a cada trabajador todas las oportunidades posibles para calificarse para dicho empleo, sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la procedencia nacional o el origen social, con miras a estimular el crecimiento económico y el desarrollo, aumentar el nivel de vida, cumplir con los objetivos sociales y superar los problemas del desempleo o del empleo de baja calidad. La declaración del Gobierno se refirió a los esfuerzos que se están realizando, según las condiciones que prevalecen en el país y describiendo los elementos de la política nacional y de las inversiones privadas. Recordó que el Convenio es promocional y que se puede aplicar con flexibilidad, pero que al final su eficacia se mide por los resultados obtenidos en el lugar de trabajo. Tomaron nota de la información proporcionada por el Gobierno, incluyendo la relacionada con el aumento de las mujeres trabajadoras, lo cual consideran fundamental en el contexto de la actual situación económica del mundo. Tomaron nota de las cifras relativamente altas de desempleo comparadas con las de la región, y los puntos tratados por el representante del Gobierno sobre el empleo a corto plazo, a plazo fijo y temporal, y consideraron que todo esto es relativo. Lo que es considerado corto en un país puede ser normal en otros. Asimismo, tomaron nota del proceso consultativo que se realiza en el sector informal. Consideraron que el Gobierno debe continuar sus esfuerzos para incrementar las calificaciones, fomentando el aprendizaje durante toda la vida y el desarrollo de los recursos humanos en general. Declararon que comparten el punto de vista del Gobierno sobre la elección de casos individuales de discusión que ha hecho la Comisión. Los comentarios de la Comisión de Expertos en este caso han sido bastante breves y enigmáticos. Opinaron que en este caso el Gobierno sigue el buen camino.

Los miembros trabajadores apreciaron los esfuerzos del Gobierno de Portugal para suministrar todas las informaciones solicitadas por la Comisión en 2001. El caso de Portugal, les parece un buen ejemplo de los problemas a los que se enfrentan muchos países europeos, a saber, por un lado el aumento de la desocupación y una precariedad creciente de los trabajadores y, por el otro, las medidas consideradas ineptas de la política económica europea, tanto en el plano monetario como en el plano presupuestario. A este respecto, Portugal parece tener como meta la aplicación de una política de reducción del déficit presupuestario (menos del 3 por ciento del PBI). Asimismo, los miembros trabajadores insistieron sobre las características del desempleo en Portugal, que experimenta un aumento más rápido que en otros países de Europa y afecta paradójicamente a los jóvenes calificados, por razones vinculadas, no sólo con la coyuntura, sino también con la estructura de la economía portuguesa (empleo poco calificado y salarios bastante bajos). En estas condiciones, Portugal sufre el triple efecto de una coyuntura difícil, de una política presupuestaria restrictiva y de la reconversión industrial. Además, los miembros trabajadores se mostraron satisfechos de la participación de los interlocutores sociales en las discusiones sobre el empleo. A este respecto, se firmó un acuerdo el 1.o de febrero de 2001 para lograr un mayor desarrollo de la formación y para combatir la precariedad, luchando en particular contra el empleo ilegal y controlando el recurso a los contratos temporales. No es menos cierto que el mayor problema es la puesta en práctica de tales acuerdos sobre el empleo. Los miembros trabajadores solicitaron, pues, al Gobierno que concentre sus esfuerzos en el problema del creciente desempleo, incluido el desempleo de los jóvenes calificados, vigilando la ejecución de los acuerdos concluidos, y que los mantenga informados de los resultados de las medidas tomadas en ese sentido.

El miembro trabajador de Portugal declaró que el diálogo tripartito no plantea problemas en su país, pero que la principal dificultad reside en la concreción práctica de los acuerdos negociados en el marco de este diálogo. El desempleo existente en Portugal es debido, por una parte, al modelo de desarrollo seguido por las autoridades que está esencialmente basado en sectores que requieren una mano de obra intensiva y, por otra parte, a la política de estabilidad presupuestaria que ha llevado al Gobierno a elegir criterios de reducción del déficit y de la deuda pública que tienen repercusiones negativas sobre el empleo. Este desempleo tiene diversas características. Ha aumentado a una velocidad preocupante, pasando de un 4,5 por ciento, en junio de 2002, a un 7,3 por ciento en mayo de 2003. A este aumento se añade el problema de la calificación de los desempleados. En estas circunstancias, se trata de una cuestión estructural muy preocupante.

El Código de Trabajo que fue adoptado por la Asamblea Nacional ha introducido un desequilibrio de fuerzas entre el patronato y los trabajadores. La promulgación de este Código podría provocar en el futuro una nueva alza del desempleo y convertir el diálogo social y la negociación colectiva en asuntos más difíciles, en la medida en la que el patronato, al sentirse en posición de fuerza, tendría menos tendencia a negociar con los trabajadores. La adopción de este Código por la Asamblea fue muy controvertida y provocó una huelga general en diciembre de 2002, que llevó al Presidente de la República a someter algunas de estas disposiciones al Tribunal Constitucional. En conclusión, los trabajadores portugueses están profundamente preocupados por la evolución del desempleo y piden una política activa de empleo y más programas de formación profesional, así como la adopción de medidas para concretar los acuerdos tripartitos que se han concluido. Por otra parte, si el nuevo Código de Trabajo fuese aprobado por el Presidente de la República, esto podría tener repercusiones preocupantes sobre la calidad del empleo, la calificación de los trabajadores, la productividad nacional y el diálogo tripartito.

El miembro trabajador de Senegal estimó que las respuestas proporcionadas por el Gobierno portugués no habían solucionado todas las preocupaciones. Después de haber señalado que el recurso al trabajo temporal ha alcanzado proporciones inquietantes y que el nivel de empleo ha descendido en los sectores de la agricultura y de la industria, insistió en la función de los interlocutores sociales en la elaboración de una nueva legislación en el ámbito de la promoción del empleo, que comprende a los trabajadores del sector rural y de la economía informal. El orador, luego de indicar que algunos problemas estructurales persisten en el empleo y la formación, se refirió especialmente a la cuestión del desempleo de los jóvenes calificados, así como a la insuficiencia de las posibilidades de formación propuestas a los jóvenes menos calificados, antes de denunciar las diferencias entre las regiones y la persistencia de la discriminación basada en el sexo. Manifestó su deseo de que el Gobierno tome medidas para garantizar que haya empleos para todas las personas calificadas, a fin de realizar progresos reales y responder a la demanda social.

El miembro trabajador de Austria recordó el preámbulo y el artículo 1 del Convenio núm. 122, así como la obligación de los Estados que ratifican este Convenio de diseñar y aplicar políticas activas de empleo que tengan por objetivo el pleno empleo según las circunstancias nacionales. Asimismo, expresó que esto incluirá el examen de las políticas económicas y financieras relacionadas. Manifestó que el deterioro de la situación del empleo en Portugal refleja una situación que se está produciendo en toda Europa y que, por lo tanto, no se debe sólo al fracaso de la política de empleo portuguesa, sino también a las condiciones macroeconómicas en la Unión Europea que dificultan el crecimiento económico. Indicó que el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento no creó crecimiento ni estabilidad y tuvo efectos negativos en los objetivos de empleo que contiene el Convenio núm. 122. Además, señaló la práctica cada vez más frecuente del Gobierno portugués y otros gobiernos europeos que consiste en excluir a las organizaciones de trabajadores del proceso de formulación, implementación y análisis de las políticas nacionales de empleo, tal como exige el artículo 3 del Convenio núm. 122. Los costos sociales de una política de empleo que fracasa los tienen que pagar los que no están en los gobiernos de esos países. Con respecto a las conclusiones de este caso, solicitó a la Comisión que recomiende al Gobierno de Portugal que utilice todos los recursos disponibles para que se diseñen políticas activas de empleo en consulta con las organizaciones de trabajadores y que utilice su influencia a nivel europeo para cambiar las bases de la política macroeconómica de la Unión Europea, a fin de lograr empleos sostenibles y un crecimiento económico intensivo.

El miembro gubernamental de Francia señaló que Portugal es un interlocutor muy activo en el marco de la estrategia europea para el empleo que se lleva a cabo en el seno de la Unión Europea. Esta estrategia da mucha importancia a las cuestiones del empleo, de la educación y de la formación, así como a la relación entre las competencias y la competitividad. Indicó que esta orientación ha sido impulsada por Portugal. Sin entrar en las cuestiones de fondo ni en las discusiones que pertenecen al ámbito de trabajo de los interlocutores sociales y del Gobierno, mencionó que hay que recordar que Portugal es un país conocido por ser un interlocutor con mucha sensibilidad y muy implicado en las cuestiones del empleo y de la formación, y concienciado sobre el lugar que hay que dar a estas cuestiones.

El representante gubernamental indicó, respecto de las preocupaciones expresadas por los miembros trabajadores en cuanto a la duración de su exposición, que había tratado de sintetizar al máximo su intervención, que cubría ámbitos muy variados. Por otra parte, el conjunto de los comentarios formulados por los trabajadores plantea una dificultad objetiva en la medida en la que necesitarían una nueva intervención extensa y completa sobre la política económica, social y presupuestaria. Señaló que tres puntos merecen, sin embargo, recalcarse. En primer lugar, existe acuerdo sobre los hechos, pero también una divergencia sobre su apreciación, así como sobre las perspectivas futuras y la determinación de los objetivos que se derivan de esta evaluación. Señaló que no será fácil, pues la economía portuguesa reposa sobre actividades que requieren una mano de obra intensiva. Es necesario transformar ese modelo económico, concentrarse sobre los trabajadores jóvenes y garantizar la reconversión de los trabajadores de más edad. Indicó que existen igualmente divergencias en cuanto al impacto del futuro Código del Trabajo sobre la economía y las relaciones sociales. Mencionó que los diferentes aspectos de la aplicación de ese nuevo Código del trabajo serán objeto de comentarios futuros en el marco de las próximas memorias que comunique el Gobierno. Expresó que el Gobierno concede una gran importancia a la precisión y a la celebración de acuerdos, así como a la búsqueda de soluciones para aplicarlos en la práctica, siendo la aplicación de los acuerdos menos fácil que su concertación. En lo que respecta a los acuerdos concertados en 2002 sobre la política de empleo, existen elementos objetivos que requieren un nuevo examen de las prioridades, teniendo en cuenta, en particular, las recientes elecciones. Finalmente, mencionó que, si ha habido un retraso en la toma de ciertas decisiones, ciertos aspectos han podido, sin embargo, ser aplicados.

Los miembros trabajadores admitieron el interés del proceso de la Estrategia de Lisboa, pero precisaron que esta estrategia había sido elaborada en un período, así como en una perspectiva de crecimiento económico. La situación actual ya no corresponde a las previsiones del año 2000. Reiteraron sus conclusiones con respecto a la concreción de los acuerdos concertados y la solicitud de informaciones sobre las medidas adoptadas.

Los miembros empleadores se refirieron a las cuestiones planteadas durante la discusión sobre este caso, que tuvo lugar en la Comisión, y comentaron dos aspectos de ellas. Observaron que la obligación del Gobierno de Portugal de diseñar políticas macroeconómicas que estén en línea con los acuerdos de la Unión Europea o el Acuerdo de Lisboa no entra dentro del ámbito del Convenio núm. 122. Además, en su observación la Comisión de Expertos no valora estas políticas. Con respecto al objetivo principal del Convenio núm. 122, declararon que es necesario centrarse en la creación de oportunidades de empleo y analizar los factores que promueven o dificultan el empleo. Hicieron notar que a veces esta prioridad no es claramente reconocida. Recordaron que las políticas para aplicar los convenios promocionales, tales como el Convenio núm. 122, a menudo cubren muchos campos. Señalaron que la evaluación de una sola parte de estas políticas se hará con dificultad si previamente no se realiza un análisis profundo de todos los aspectos relacionados.

La Comisión tomó nota de las informaciones detalladas brindadas por la representante gubernamental, y de la discusión subsiguiente. La Comisión recordó que se trata de un convenio prioritario que requiere que, en consulta con los interlocutores sociales, se formule y adopte, en el marco de una política económica y social coordinada, una política de empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión advirtió que el Gobierno lleva a cabo en la actualidad, una política de empleo en el marco de la Estrategia Europea del Empleo y procede a una revisión regular de su Plan Nacional de Empleo. La Comisión confió en que el Gobierno seguirá comunicando respuestas a los asuntos planteados por la Comisión de Expertos y en que en sus memorias se incluirán informaciones sobre las consultas tripartitas y sobre el resultado de otras medidas concretas adoptadas para lograr la consecución de los importantes objetivos de este Convenio prioritario.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2001, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Un representante gubernamental agradeció a la Comisión la oportunidad otorgada para aclarar de manera complementaria ciertos aspectos del mercado laboral y de la política de empleo en su país. Se refirió primeramente a las cuestiones sobre las cuales la Comisión de Expertos solicitó información complementaria. En lo referente al nivel general de instrucción y formación de la población activa, la Comisión de Expertos pidió información sobre las medidas adoptadas para mejorarlas y para coordinar la oferta y la demanda de empleo. El informe del Gobierno señaló ya que la capacitación de la población en su conjunto era baja, sobre todo entre los adultos. La tasa de participación escolar de los jóvenes se acerca a la media de la Unión Europea. Sin embargo, es significativa la proporción de jóvenes que no tienen más de los nueve años de escolaridad obligatoria. También hay jóvenes que no acaban la escolaridad obligatoria y que ingresan precozmente en el mercado de trabajo.

Desde 1997 la Unión Europea otorga gran prioridad a la política de empleo, la cual fue reforzada durante la presidencia portuguesa de la Unión. Las autoridades europeas adoptaron, durante el primer semestre de 2000, compromisos en relación con estrategias globales dirigidas al pleno empleo y a la cohesión social, acentuando la importancia de la formación continua y la función de los interlocutores sociales en la modernización de la organización del trabajo, en la formación continua y en el crecimiento del empleo. La estrategia europea para el empleo está basada en estos compromisos políticos definidos al más alto nivel.

El Director General de OIT en su informe titulado "Reducir el déficit de trabajo decente" presentado este año señaló que la estrategia europea para el empleo constituye un buen ejemplo de la manera en que se puede lanzar con éxito una estrategia global de empleo.

En relación con dicha estrategia, Portugal cuenta con un Plan Nacional de Empleo revisado para 2001, el cual tiene en cuenta las recomendaciones adoptadas por la Unión Europea como consecuencia de la ejecución del plan del año pasado. En particular, se tienen en cuenta las recomendaciones relativas a la formación continua, a los problemas de abandono escolar, a la calidad de la educación y de la formación, y a la contribución de los interlocutores sociales en la modernización de la organización del trabajo y en la adaptación de las relaciones de trabajo y la formación continua.

Añadió que el Gobierno y los interlocutores sociales acogieron con beneplácito dichas recomendaciones y que celebraron a principios de ese año un "Acuerdo sobre política de empleo, mercado de trabajo, educación y formación" que incluye medidas de formación dirigidas a los jóvenes y a los adultos en el Plan Nacional de Empleo para 2001. Dicho Plan prevé iniciativas para mejorar la empleabilidad de las personas, particularmente de los grupos con más dificultad de inserción en el mercado de trabajo - los jóvenes, las mujeres y los desempleados de larga duración -. El Plan contiene también numerosas medidas sobre la educación y la formación de los niños y de los jóvenes, entre las que mencionó: a) el refuerzo de la enseñanza preescolar; b) la continuación del programa existente de combate de la exclusión escolar y social en la educación básica, el cual prevé programas alternativos para los niños y jóvenes con dificultades de comportamiento y de aprendizaje; c) un sistema que asegure a los jóvenes de menos de 18 años que ingresen o pretendan ingresar en el mercado de trabajo la conclusión del noveno año de escolaridad básica si aún no lo completaron o, si ya lo han hecho, la capacitación profesional; dicha formación tendrá por lo menos 1.000 horas de duración, y respecto de los jóvenes empleados, el 40 por ciento de las horas de trabajo a tiempo completo y se destinará a la formación. En dicho caso se subvencionará a las empresas para compensar el salario por el tiempo de formación; d) se prevé el establecimiento a corto plazo de un sistema que asegure que los jóvenes que finalicen la escolaridad a los 15 años - habida cuenta de que la ley portuguesa establece que la edad mínima de admisión al empleo es de 16 años - tengan acceso a un décimo año de profesionalización en los casos en que hayan concluido el noveno año y que no tengan intención de continuar sus estudios; dicho décimo año de profesionalización será generalizado en el futuro a todos los jóvenes que hayan concluido el noveno año y no tengan intención de continuar estudiando; e) la familiarización de los jóvenes con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Este año todas las escuelas serán conectadas a Internet; f) la existencia de programas de enseñanza y cursos de capacitación para facilitar la transición a la vida activa de los jóvenes que terminen la enseñanza secundaria o superior.

En lo relativo a la promoción de la educación y de la formación de la población activa adulta, hizo referencia, entre otras medidas adoptadas, al desenvolvimiento del sistema de educación de adultos tanto por medio de la educación extraescolar como de la formación continua y a la formación continua de los grupos más desfavorecidos. Señaló que a partir del año próximo, por lo menos el 10 por ciento de los trabajadores de cada empresa participarán en la formación continua que hará que para 2003 todos los trabajadores contarán con un mínimo de 20 horas de formación certificada, y para 2006 dicho mínimo se elevará a 35 horas de formación certificada. Se pretende generalizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación a toda la población, y que por lo menos la mitad de la formación continua se refiera a estas materias.

Respecto del segundo punto sobre el cual la Comisión de Expertos ha hecho comentarios, señaló que debido a la escasez de tiempo, no hará referencia a ello pero que se remitía a la memoria que el Gobierno enviará a la Comisión de Expertos.

Respecto a la estructuración del empleo por niveles de capacitación y de las tasas de desempleo por niveles de instrucción, la Comisión de Expertos solicitó información sobre los resultados de la política del Gobierno sobre estos aspectos, especialmente sobre las estrategias de aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. El representante gubernamental señaló que dicha información figuraría en la próxima memoria. Señaló, a guisa de ejemplo, que recientemente fue implementado un programa interministerial para la innovación en las mencionadas tecnologías en los servicios públicos y en las empresas. Respecto a las mejoras relativas a las condiciones de trabajo sobre los aspectos de salud y seguridad en el trabajo, el Gobierno y los interlocutores sociales celebraron este año un acuerdo sobre las condiciones de trabajo, higiene y seguridad en el trabajo y de lucha contra los accidentes profesionales. Dicho acuerdo prevé principalmente apoyo del Estado para la formación y el reclutamiento de técnicos en la seguridad y la higiene en el trabajo, así como de médicos y enfermeras. Añadió que es en el sector de los servicios donde hay más posibilidades de creación de empleos nuevos. Manifestó la esperanza de que se crearán nuevos empleos calificados, especialmente en la enseñanza preescolar, y el turismo, y con miras al desarrollo de la política cultural.

Respecto al Plan Nacional de Empleo, tiene por objeto intensificar la relación entre la protección social y la política de empleo; la mejora del diálogo social y la coparticipación en todos los planos; el establecimiento de asociaciones y la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, el representante gubernamental señaló que la próxima memoria incluirá también las informaciones completas relativas a estas cuestiones. Respecto a la protección social, informó de que la misma tiene efectos sobre la política de empleo. Hizo referencia a tres medidas recientes: a) fue creado un ingreso mínimo para las familias y las personas con escasos recursos, en contrapartida sus beneficiarios se comprometen a participar en acciones de formación y a aceptar empleos adecuados para integrarse a la vida activa; b) los desempleados que perciban prestaciones de desempleo y que sean posteriormente contratados a tiempo parcial podrán continuar percibiéndolas de forma reducida; c) para favorecer el primer empleo de los jóvenes y el empleo de los desempleados de larga duración, los empleadores que los contraten serán exentos de las contribuciones a la seguridad social durante tres años, sin que ello implique una disminución de la protección de los trabajadores.

En relación al diálogo social, se tomaron iniciativas y se concluyeron, con buena fortuna, los dos acuerdos mencionados respecto del empleo, del mercado de trabajo, de la educación, la formación, de la higiene, de la seguridad en el trabajo y de la lucha contra los accidentes de trabajo. Dichos acuerdos fueron suscritos por todas las confederaciones sindicales y patronales que participan en el diálogo social al más alto nivel. Continuaron las negociaciones sobre la organización del trabajo, la productividad y los salarios, y sobre las mejoras de la protección social. El Plan Nacional de Empleo presta mucha atención a las políticas de igualdad de oportunidades y de conciliación entre las actividades profesionales y la vida familiar. Señaló que el Gobierno daría información sobre sus resultados en las próximas memorias.

Respecto de la iniciativa interministerial para promover el empleo a nivel regional y nacional, señaló que la misma corresponde, por una parte, al Plan Nacional de Empleo. Dicho Plan es complementado por planes regionales que adaptan las medidas a las características específicas de las regiones. Si bien Portugal es un país con un territorio pequeño, hay en la actualidad cinco planes regionales y está prevista la aplicación de un sexto plan este año.

Por último, con referencia a los métodos de evaluación de las medidas de política de empleo, de sus resultados y de su seguimiento, observó que la ejecución del Plan Nacional de Empleo es evaluado a nivel comunitario, lo que permite determinar los eventuales problemas en la política de empleo y la recomendación a los Estados de las medidas necesarias para los años siguientes. A nivel nacional señaló que la ejecución del Plan preveía la evaluación cada seis meses por una Comisión permanente de concertación social en la que están representados los interlocutores sociales. Uno de los recientes acuerdos sobre la concertación social comporta dos medidas que refuerzan los mecanismos del Plan: a) el Observatorio tripartito para el Empleo y la formación profesional de composición tripartita que ya existía pasará a depender de la Comisión Permanente de Concertación Social, en donde se negociarán los acuerdos de concertación social reforzando de este modo el papel de la Comisión en la evaluación y el control del Plan Nacional de Empleo; b) se constituirá un Consejo Consultivo Nacional para la formación profesional de composición tripartita que realizará una evaluación global de la formación profesional, de las estructuras que la llevan a cabo y de su seguimiento. Dicha estructura dependerá también de la Comisión Permanente de Concertación Social.

Manifestó su esperanza de que las informaciones que acaba de dar hayan esclarecido los aspectos subrayados por la Comisión de Expertos en relación a la política de empleo. Agregó que al no estar la sala de reuniones dotada de los nuevos medios técnicos de información necesarios, no presentó elementos estadísticos. Dicha actualización estadística figurará en la próxima memoria sobre el Convenio núm. 122. Manifestó quedar a disposición de la Comisión para esclarecer otros aspectos.

Los miembros empleadores agradecieron al representante gubernamental por la información suministrada. Señalaron que el Convenio núm. 122 es un convenio promocional que está más ligado a la política económica y de mercado laboral que a cuestiones jurídicas. Por el bien de la Comisión de Expertos, a modo de introducción los miembros empleadores indicaron que han observado una ligera diferencia entre la situación descrita en el Informe y la información comunicada a la Comisión por el Gobierno. Esperan que esto se aclare en el futuro.

Portugal ratificó el Convenio núm. 122 en 1981 y la Comisión de Expertos realizó observaciones con respecto a la aplicación del Convenio por Portugal en, al menos, seis ocasiones, principalmente en relación al artículo 1 del Convenio cuyo objetivo de pleno empleo debía alcanzarse mediante un crecimiento económico sostenido. Este objetivo sigue siendo válido hoy en día. El Gobierno pareció indicar que se habían realizado algunos progresos en ese ámbito y los miembros empleadores observaron que la Comisión de Expertos había apuntado también a tendencias positivas, tales como el crecimiento en el empleo, el aumento de la participación y una disminución del desempleo para muchas categorías de trabajadores, así como una mejora de la situación general de la economía. Sin embargo, resulta claro que es necesario entender los cambios en la estructura del empleo en términos de lo que constituye el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Estos cambios estructurales comprenden nuevas formas de empleo flexible, una mayor rotación en los trabajos y una tendencia cada vez mayor de jornadas laborables más breves y flexibles. Los miembros empleadores observaron que el trabajo a tiempo parcial y de duración determinada es positivo. Estos tipos de empleo dieron lugar tanto a tasas bajas de desempleo como a una inflación baja, mientras atendían a las necesidades de la fuerza de trabajo teniendo en cuenta el desarrollo de las cualificaciones y las preferencias en cuanto al estilo de vida de los trabajadores.

Como sucede en la mayoría de las economías, el mercado laboral portugués sufre un desequilibrio entre los requisitos de empleos disponibles y las calificaciones de los trabajadores disponibles. El Gobierno señaló que el problema radica en el bajo nivel de educación y formación del país, mientras que los sindicatos centrales indicaron que el problema reside en el subempleo. Ante la ausencia de conclusiones concretas y habida cuenta de la solicitud de la Comisión de Expertos de información complementaria, los miembros empleadores se mostraron perplejos de que la Comisión de Expertos pareciera dar crédito a las opiniones de los sindicatos. De hecho, el Gobierno había indicado que la base de la capacitación general es la producción sesgada hacia una baja productividad y las tecnologías de trabajo con gran intensidad de mano de obra. Está claro que el Gobierno necesita comunicar información complementaria, pero está asimismo claro que el camino de Portugal al pleno empleo, productivo y libremente elegible, implica medidas tales como una reducción de las tasas de interés y de los déficit fiscales, así como incentivos de inversiones para la creación de más industrias con elevados salarios y empleo de jornada completa. El Gobierno ha de desarrollar políticas de inversiones que generen trabajos con salarios más altos y el desarrollo de políticas de capacitación que incluyan la adaptación de los sistemas de formación y de educación, de cara a mayor respuesta de la oferta a las necesidades de capacitación. El Gobierno habló también de mejoras en el sistema educativo y en el desarrollo de un sistema de formación, con titulaciones, pero ha de poder también determinar qué tipo de capacitación se requerirá en el mercado laboral del futuro, dado que es frecuente el desfase entre las necesidades de capacitación y los trabajos disponibles.

En relación con el punto planteado por la Comisión de Expertos en torno al Plan Nacional para el Empleo, los miembros empleadores consideraron que el Gobierno había respondido sólo a algunos puntos, pero no a todos. El Plan apunta a la mejora de los vínculos entre la protección social y las políticas de empleo, el diálogo social, las asociaciones con organizaciones locales de desarrollo y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Los miembros empleadores consideraron que la estrategia del Gobierno carece de medidas de mejora del entorno económico y de la competitividad, a través de políticas fiscales, flexibilidad del mercado laboral y reducción de costos. Por consiguiente, solicitaron al Gobierno que indicara de qué manera se habían tenido en cuenta estos factores.

Con respecto al artículo 1 del Convenio, los miembros empleadores, no obstante, encomendaron al Gobierno por el enfoque multidisciplinar a la hora de la contratación de una muestra representativa de agencias para promover estrategias de empleo a escala nacional y regional. Al volver al artículo 2 del Convenio, los miembros empleadores señalaron que el Gobierno había cambiado sus indicadores estadísticos de los gastos a los resultados reales e indicaron que había sido ésta una acción positiva. Es fundamental la actualización de los datos estadísticos para un ajuste efectivo y oportuno de las políticas del mercado laboral. Para concluir, los miembros empleadores consideraron que el Gobierno se encuentra en el camino correcto. Sin embargo, han de adoptarse aquellas medidas que conduzcan al crecimiento económico, a la creación de trabajos de salarios más elevados y a la mejora del perfeccionamiento de los trabajadores.

Los miembros trabajadores señalaron que es la primera vez que se examina el caso de Portugal ante la Comisión. Observaron, asimismo, que gracias al envío regular de memorias por parte del Gobierno la Comisión de Expertos ha podido comunicar sus observaciones de forma continua desde 1990, permitiendo a la Comisión de la Conferencia observar interesantes evoluciones relativas a la aplicación de este Convenio en Portugal y apreciar los esfuerzos desplegados por el Gobierno en la materia. Este año la Comisión de Expertos resaltó la aplicación de los artículos 1 y 2 del Convenio. Al apreciar los esfuerzos del Gobierno y al tomar nota de la influencia positiva de la dinámica económica, se puede observar que la política activa del empleo se traduce en gran parte en el rápido aumento del número de contratos de duración determinada. No se trata de un fenómeno aislado; las tendencias actuales en el mercado de trabajo apuntan para que el empleo se valore únicamente en función de su utilidad económica inmediata. Este se vio sometido a exigencias de extrema rentabilidad. Los ejemplos son muy conocidos, en particular: los "hamburger-jobs" extendidos a un número de sectores cada vez mayor en los Estados Unidos y en otros lugares el recurso a contratos que son muy flexibles (que en realidad no son contratos) y que se parecen por exigencia de la disponibilidad permanente a una versión moderna de la esclavitud.

En el pasado, esta práctica se justificaba como medida de inserción temporal, principalmente para permitir a los jóvenes desfavorecidos acceder al empleo. En la actualidad, tal y como lo han venido subrayando los miembros trabajadores, los efectos nefastos de esta política no sólo afectan a los jóvenes, sino también a sectores enteros de la población activa. El aumento generalizado de los contratos flexibles cuenta como corolario preocupante el aumento de la precarización del empleo y sobre todo de la condición social de los trabajadores, y a menudo de las trabajadoras involucradas. En efecto, el trabajo precario viene vinculado a ingresos precarios, jornadas laborales no controladas por el trabajador ni su familia, a una cobertura insuficiente de la seguridad social, etc.

El trabajo denominado "flexible" aunque definido mejor como "precario" es un nuevo flagelo de nuestras sociedades. Este lleva a una dualización del mercado de trabajo: por una parte, los trabajadores que ocupan dos puestos de trabajo para poder subsistir, trabajando a veces durante 15 horas o más al día; y por otra parte los trabajadores que tienen empleos estables y bien remunerados. El Director General, en su Memoria presentada a esta Conferencia, se preguntó con razón sobre esta ausencia del trabajo decente. Señala particularmente que "para muchos el trabajo decente es el medio principal para salir de la pobreza". La tendencia hacia la precarización del empleo se opone diametralmente a la aspiración legítima de las personas de salir de la pobreza y alcanzar la dignidad a través del trabajo. Además, es importante medir las repercusiones así como el coste social y económico de esta precariedad. Es evidente que mediante la flexibilidad del empleo recae en toda la sociedad, y sobre todo en los trabajadores, la ausencia de protección social, y esto en nombre de la denominada eficacia económica. Los miembros trabajadores quisieron subrayar, de acuerdo con el Informe General de la Comisión de Expertos, la importancia del debate sobre el Convenio núm. 122, puesto que permite abordar las cuestiones fundamentales y extraer nuevos métodos y políticas en materia de empleo. Este debate debe además permitir a la Comisión observar los efectos nocivos de algunos acontecimientos. De la misma manera que las organizaciones sindicales de Portugal lo hicieron al presentar sus comentarios a la Comisión de Expertos, los miembros trabajadores quisieron subrayar la importante cuestión del aumento de la precarización que les parece, por una parte, opuesta a los términos del artículo 1 del Convenio, que apunta a la promoción del "pleno empleo, productivo y libremente elegido" y, por otra, que no corresponde a los objetivos del trabajo decente tal y como lo concibe y define la OIT en su política actual.

Por consiguiente solicitaron al Gobierno que se les informe, no sólo de las políticas anunciadas en materia de empleo y de formación profesional, sino también de las medidas que piensa adoptar para luchar contra la precarización del empleo en el marco de los acontecimientos actuales del mercado de trabajo y para evaluar la repercusión de las políticas examinadas.

El miembro trabajador de Portugal se refirió a la relación entre la promoción del empleo y la protección social. Consideró que dicha relación era un aspecto muy importante para la Confederación General de Trabajadores de Portugal. Señaló asimismo que el acuerdo tripartito celebrado entre el Gobierno, los empleadores y los sindicatos constituía una evolución positiva para el mercado laboral al establecer estructuras que aumenten la educación y la formación y colma las lagunas existentes. En referencia al Plan Nacional de Empleo revisado para 2001, expresó su beneplácito ante las mejoras referentes a la protección social. Consideró que todos estos acuerdos constituyen avances considerables, pero que existen aún deficiencias frustrantes. Se trata sólo de un primer paso. Subrayó que cuando se habla de empleo la discusión no debe limitarse a las políticas normativas, sino que deben tenerse en cuenta también las cuestiones sociales, como la seguridad en el lugar de trabajo y las condiciones de trabajo, que son determinantes para la vida del trabajador. Desde este punto de vista la situación en Portugal ha empeorado. Uno de cada cuatro trabajadores tiene un empleo precario el cual interesa principalmente a hombres de más de 60 años, a mujeres y a muchos jóvenes. Muchos trabajan en forma clandestina. Además, no hay protección para estos trabajadores. Señaló que el PIB, que es del 2,2 por ciento, es el más bajo de Europa. Ello implica que el crecimiento económico no es suficiente para incrementar el empleo. Agregó finalmente que la CGTP interviene intensamente para luchar por un empleo estable y bien remunerado. Manifestó que seguirán en la lucha.

El miembro trabajador de Francia coincidió con lo manifestado por los trabajadores. Declaró que el Convenio núm. 122 es muy importante para los trabajadores, ya que el ejercicio del trabajo pagado constituye el único medio para el trabajador de asegurar condiciones de existencia dignas para sí mismo y su familia. Indicó que el acuerdo marco concluido entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores de la Unión Europea sobre el trabajo a tiempo parcial, reconoció expresamente que los contratos de duración determinada, a tiempo completo y elegidos libremente, constituyen la forma normal de empleo. A este respecto tomó nota de que el Gobierno portugués reconoció que, tal como lo señaló la CGTP, no sólo los empleos precarios aumentan en relación al empleo de duración indeterminada, sino que dicha precariedad afectaba especialmente a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores a tiempo parcial. Dicha situación podría analizarse como una discriminación en el empleo respecto de estas diferentes categorías de trabajadores y de trabajadoras.

Subrayó que Portugal no es un país en el que la tasa de desempleo es particularmente elevada. Más aún, es más bien baja en comparación con otros países de la Unión Europea. Sin embargo la calidad de los empleos y el reconocimiento de las cualificaciones, así como de las competencias, son también componentes importantes de la política de empleo si se quiere motivar a una mano de obra cada vez más calificada pero subutilizada y remunerada de manera insuficiente. Dicha situación no fomenta la mejora de las competencias que necesitan imperativamente la economía y la sociedad portuguesa. No hace más que incitar a los jóvenes, principalmente a los más cualificados, a buscar en otros países un mayor reconocimiento de sus competencias, privando así a Portugal del capital humano indispensable para la obtención del desarrollo. Los gobiernos, así como las organizaciones de empleadores y de trabajadores, firmaron en febrero último un acuerdo tripartito sobre la educación, la formación y el empleo. Se trata de poner en marcha, tal como lo señalara el representante gubernamental portugués, un programa de acción. El miembro trabajador estimó que capacitar a los jóvenes, así como de manera general a todos los trabajadores, es una obra de larga duración que necesita la implantación de los medios correspondientes. El reconocimiento de las calificaciones y de las competencias y la calidad de los empleos son también elementos a tener en cuenta para evaluar una política de empleo. Los servicios de empleo deberían involucrarse plenamente y de manera continua en la política del empleo teniendo en cuenta todos estos elementos, como lo señalara la CGTP.

El Plan Nacional de Empleo de Portugal entra en el marco del proceso llamado "de Luxemburgo", según el cual todos los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a adoptar un plan de acción nacional que tiene, entre otros, el objetivo de armonizar las diferentes políticas de empleo y de intercambiar informaciones sobre prácticas adecuadas. Conviene fomentar y esperar que las intenciones loables del Gobierno serán puestas en obra próximamente. Concluyó subrayando que la mayor parte de los gobiernos de la Unión Europea deben hacer frente a problemas análogos, si no más serios que los enfrentados por Portugal, y que podrían ser objeto del mismo examen por parte de la Comisión.

El representante gubernamental agradeció los comentarios de los miembros trabajadores y empleadores. Señaló que quería realizar tres observaciones. Primeramente confirmó que su Gobierno enviaría las informaciones solicitadas en los plazos correspondientes. En segundo lugar, en lo que respecta a las observaciones de los empleadores, manifestó que su Gobierno era consciente de que la política económica constituía una condición esencial para el empleo sostenido. Manifestó que en su intervención anterior se limitó a hacer referencia a los aspectos señalados por la Comisión de Expertos, y que no entró en el tema de la política económica portuguesa, ya que consideró que no era oportuno tratarlo en esta discusión. En lo que respecta a la precariedad, consideró que se trataba de un tema importante. Sin embargo, consideró que sólo debía responder a las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos, y que la misma no había hecho referencia alguna a la precariedad. Consideró que la Comisión no compartió las críticas presentadas por la Confederación General de Trabajadores Portugueses sobre el tema. Respecto de la presentación de cifras y estadísticas, señaló que las mismas no debían ser presentadas en esta oportunidad.

En cuanto a los trabajadores y las relaciones de trabajo, estimó que era necesario realizar un examen crítico de la diferencia entre los contratos de duración determinada y contratos a tiempo parcial. Señaló que estos últimos no son necesariamente precarios. Añadió que se debía tener en cuenta la diferencia entre los hechos y el derecho. Así, el derecho portugués contempla los contratos de corta y larga duración. Ello está en conformidad con las directivas de la Unión Europea y con las normas de la OIT. En lo que respecta a los contratos de duración determinada, la legislación portuguesa incluye las tres formas de protección previstas por la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166). Reconoció que en los hechos existen abusos y que, de acuerdo al análisis realizado por el Gobierno y los interlocutores sociales, se trataba de uno de los aspectos que necesita de la promoción de la calidad del empleo. Para ello debe reforzarse el control del uso abusivo e ilegal de los contratos de duración determinada. Se deben continuar los esfuerzos para que los hechos concuerden con el derecho.

Reiteró que los contratos a tiempo parcial no son necesariamente precarios. Son libremente concluidos entre la personas de acuerdo a la situación económica del momento. Manifestó su desacuerdo con lo expresado por la CGTP de que las personas aceptan cualquier tipo de condiciones de trabajo para evitar el desempleo. No negó que ello pudiera existir en algunos casos, pero agregó que los contratos en forma parcial están de acuerdo con la ley y con las directivas europeas, aunque en Portugal no sean muy utilizados y aunque el país tenga los niveles más bajos por empleo parcial de Europa. Declaró que a nivel comunitario existen acuerdos marco sobre los contratos de trabajo de duración determinada y sobre los contratos a tiempo parcial, y que el sistema portugués de trabajo concuerda con dicho sistema. Finalizó señalando que Portugal enviará información detallada en tiempo oportuno.

Los miembros trabajadores dieron las gracias al representante gubernamental e insistieron al Gobierno para que éste les informe de las medidas adoptadas para evaluar las tendencias hacia la precarización del empleo y de las medidas que piensa adoptar para subsanar esta tendencia nefasta en el mercado de trabajo.

Los miembros empleadores agradecieron al representante gubernamental por las declaraciones con las que cerró la reunión que pusieron de manifiesto que el Convenio núm. 122 está vinculado a la economía y no a las normas jurídicas. Señalaron que, cuando la OIT adoptó este instrumento en 1964, la economía mundial estaba todavía por llegar. Desde entonces, se ha contado con niveles inadmisibles de desempleo y subempleo en los mercados de trabajo de todas las regiones. Estos problemas surgieron frente a los rápidos cambios tecnológicos y a una creciente integración de la economía mundial. Como consecuencia, la estructura del trabajo ha cambiado y las calificaciones laborales requeridas ya no son las mismas en la vida de un trabajador. Esta nueva estructura ha conducido a una mayor rotación, a una jornada laboral reducida, a una jornada laboral flexible y a contratos a corto plazo. La Comisión de Expertos calificó esta cuestión como "empleo precario". Sin embargo, los miembros empleadores piensan que se trata de un cambio positivo, opinión que se opone a la de los miembros trabajadores. No obstante, habida cuenta que las palabras el "empleo precario" se concibieron como una expresión negativa, los miembros empleadores pidieron que no se utilizara en las conclusiones de la Comisión.

La Comisión tomó nota de las informaciones orales comunicadas por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. La Comisión pidió al Gobierno que continúe realizando esfuerzos en concertación con los interlocutores sociales para mejorar el nivel general de la formación relativa al empleo y adecuar la relación entre las capacidades de los trabajadores y los empleos ofrecidos. También tomó nota de las informaciones ofrecidas sobre los cambios en la estructura del mercado del empleo y de las medidas tomadas para estimular el empleo, y para mejorar la calidad de ciertas categorías de contratos. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara una memoria detallada que pueda ser examinada en la próxima reunión de la Comisión de Expertos para facilitar la evolución de la situación.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

La Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones de empleadores (Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), la Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCSP), la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), la Confederación del Turismo Portugués (CTP)) y de la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), comunicadas con la memoria del Gobierno.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas de política de empleo en el marco del Programa de Ajuste Económico. En su observación anterior y en seguimiento de las discusiones en la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014), la Comisión de Expertos invitó al Gobierno a proporcionar información sobre las medidas tomadas para revisar, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas adoptadas para superar la crisis del empleo. El Gobierno reitera en su memoria que la mayoría de las medidas tomadas para mitigar el impacto de la crisis del empleo, en las que también participaron los interlocutores sociales, eran parte del Programa de Ajuste Económico, consecuencia de un acuerdo en mayo de 2011 con la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Compromiso para el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales en enero de 2012. Las medidas adoptadas tuvieron repercusiones en la organización y funcionamiento del servicio público del empleo y en la aplicación de las medidas activas de política del empleo. La Comisión toma nota de los datos sobre el empleo transmitidos por el Gobierno, que demuestran que la tasa general de desempleo experimentó un pronunciado aumento y, del 14,8 por ciento en el primer trimestre de 2012 ascendió al 17,5 por ciento en el primer trimestre de 2013, reduciéndose al 15,1 por ciento en el primer trimestre de 2014. Según datos de EUROSTAT, el desempleo continuó su tendencia descendente, situándose en el 12,1 por ciento en julio de 2015. Además, la Comisión toma nota de las diversas medidas adoptadas, entre las que cabe mencionar los programas de estímulo del empleo, la formación profesional, y las medidas de reconversión profesional, así como las medidas específicas destinadas a los jóvenes. Las organizaciones de empleadores indican que las medidas tomadas por el Gobierno persiguen objetivos adecuados en relación con los desafíos planteados, y estaban destinadas y siguen estándolo a la conservación y creación de empleo y, en definitiva, al logro del desarrollo económico y social de Portugal. Las organizaciones de empleadores estiman que las medidas adoptadas por el Gobierno se ajustan y están en conformidad con las disposiciones y el espíritu del Convenio, tomando en consideración, no obstante, las dificultades económicas, financieras y sociales que este período ha impuesto a las empresas, los trabajadores y la sociedad en general. La CGTP-IN señala que la grave situación del empleo es consecuencia de las políticas gubernamentales que no promueven el crecimiento. Además de las 729 000 personas sin empleo, registradas como tal en el segundo trimestre de 2014, existen 257 000 personas disponibles pero en situación de inactividad debido a que no están buscando empleo (personas desalentadas) y 252 000 personas en situación de subempleo que trabajan menos de lo que desearían. La CGTP-IN es de opinión que las medidas aplicadas no sólo no han conseguido resolver los problemas prexistentes relativos al empleo y el desempleo, sino que incluso los ha agravado al alterar aún más el desequilibrio de las relaciones laborales. En un contexto de medidas de austeridad, los trabajadores desempleados se sienten cada vez más obligados a aceptar empleos precarios y de escasa calidad, que además están mal remunerados y no corresponden a sus calificaciones. La CGTP-IN añade que las medidas de estímulo tomadas en 2012 y 2013 proporcionaron asistencia financiera pública para los contratos a plazo determinado con remuneraciones bajas, y las mismas características tuvieron las medidas de estímulo que les sucedieron. Teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo persistentes, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique de qué modo, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, revisa las medidas y políticas del empleo adoptadas a fin de alcanzar los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con los interlocutores sociales. Sírvase también seguir proporcionando información sobre los resultados de las medidas del empleo adoptadas.

Medidas para promover el empleo de las categorías vulnerables de trabajadores. Empleo juvenil. La Comisión toma nota de las altas cifras del desempleo de los jóvenes que afectan a Portugal, especialmente entre los de 15 a 24 años de edad, que de un 36,3 por ciento en el primer trimestre de 2012 aumentaron al 42,5 por ciento en el primer trimestre de 2013. Según datos de EUROSTAT, la tasa de desempleo fue del 34,7 por ciento en 2014. Además, la Comisión toma nota de los programas de empleo para los jóvenes y de las medidas aplicadas por el Gobierno, incluidos el programa de Incentivo de Empleo Juvenil, finalizado el 31 de diciembre de 2013, y la Garantía de empleo juvenil. El Gobierno señala que en sus principales aspectos, el programa de Incentivo de Empleo Juvenil benefició a 62 503 personas que recibieron formación profesional, con inclusión de 31 932 plazas de aprendizaje, 30 282 pasantías, 11 350 personas que se beneficiaron de medidas de apoyo a la contratación y 1 534 personas beneficiarias de medidas para promover la iniciativa empresarial. El Gobierno añade que el 35 por ciento de las personas que recibieron formación y el 70 por ciento de aquéllas colocadas en pasantías encontraron empleo dentro de los seis meses siguientes a la finalización de dichas medidas. La CGTP-IN indica que el programa de Incentivo de Empleo Juvenil, aplicado desde enero de 2014 no ha resuelto los problemas que enfrentan los jóvenes. Añade que las medidas del mercado de trabajo fomentan el recurso a los contratos de tiempo determinado, las pasantías siguen estando mal remuneradas, incluso en el caso de pasantes con altas calificaciones y no están sujetas a inspecciones efectivas para prevenir los abusos. Consciente de que, en su resolución de 2012 relativa a la crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción, la Conferencia Internacional del Trabajo indicó que han aumentado las pasantías, los aprendizajes profesionales y otras modalidades de adquisición de experiencia laboral con el fin de obtener trabajo decente; añadió, no obstante, que dichos mecanismos pueden correr el riesgo, en algunos casos, de ser utilizados como una forma de obtener mano de obra barata o de reemplazar a otros trabajadores que ya se encuentren en la empresa, la Comisión pide al Gobierno que facilite información que le permita examinar la calidad del empleo que se proporciona a los jóvenes trabajadores y las medidas tomadas para reducir el empleo juvenil. Sírvase también seguir proporcionando información sobre el impacto de las medidas de empleo tomadas en relación con otros grupos vulnerables afectados por la crisis, tales como los trabajadores de edad y los desempleados de larga duración.

Políticas y programas de educación y formación. El Gobierno señala que, en vista de que la demanda de competencias varía según las regiones y en el transcurso del tiempo, se ha dado a los programas de formación suministrados por el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) a través de la red de centros de empleo y formación profesional la flexibilidad suficiente para atender las necesidades de empresas y de personas. La Comisión se remite a su observación de 2014 sobre el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y pide al Gobierno que siga facilitando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.

Creación de empleos en pequeñas y medianas empresas (pymes). La Comisión toma nota de que durante el período comprendido entre el 1.º de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014, el Programa de Apoyo a la Puesta en Marcha de Empresas recibió un préstamo de 24 millones de euros y contribuyó a la creación de 1 882 puestos de trabajo. Las organizaciones de empleadores estiman que las empresas constituyen el único medio de crear empleos duraderos. En consecuencia, la única manera de invertir la tendencia que se observa en el desempleo es asegurar la viabilidad de las empresas, permitiendo de ese modo la conservación de los puestos de trabajo existentes y la creación de nuevos empleos. La Comisión pide al Gobierno que siga facilitando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar el entorno empresarial con objeto de promover la creación de pymes y crear oportunidades de empleo para los desempleados.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Seguimiento de la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de que, durante la discusión tripartita, el Gobierno presentó una información sobre el mercado laboral que mostraba que la tasa de desempleo descendió del 17,5 por ciento, en el primer trimestre de 2013, al 15,1 por ciento, en el primer trimestre de 2014. El Gobierno tiene la intención de mejorar el funcionamiento del servicio público del empleo y seguir aplicando medidas activas del mercado de trabajo, especialmente orientadas a los jóvenes, como el Programa de garantías a los jóvenes. La Comisión toma nota de que siguen existiendo importantes desafíos del mercado de trabajo, especialmente la necesidad de creación de oportunidades de empleo para los desempleados, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME) y la coordinación de las políticas de educación y formación con las necesidades del empleo de los trabajadores más afectados por la crisis. La Comisión se refiere nuevamente a la Declaración del Oslo, «Restablecer la confianza en el empleo y el crecimiento», adoptada en la novena Reunión Regional Europea (Oslo, 8-11 de abril de 2013), que establece que, por una parte, la consolidación fiscal, la reforma estructural y la competitividad, y por otra parte, los paquetes de medidas de estímulo, la inversión en la economía real, los puestos de trabajo de calidad y mayores créditos para las empresas, no deberían ser paradigmas en conflicto. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre las medidas adoptadas para revisar, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas relativas al empleo adoptadas para abordar la crisis del empleo (artículos 2 y 3 del Convenio). La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el hecho de que la Oficina podría contribuir, a través de la asistencia técnica, a abordar la situación del empleo en el contexto del Convenio.

La Comisión se remite a su observación de 2013 e invita al Gobierno a que presente información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar las normas relativas a las calificaciones y a que coordine las políticas educativas y de formación con las oportunidades de empleo, para reducir el desempleo juvenil y facilitar el retorno al mercado laboral de aquellas categorías de trabajadores más afectadas por la crisis. Sírvase también incluir información sobre las medidas adoptadas para facilitar la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Medidas para mitigar el impacto de la crisis. La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno para el período que finaliza en mayo de 2012, incluyendo observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN). En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que las cuatro organizaciones de empleadores más representativas y una de las confederaciones sindicales más representativas aceptaron las modificaciones al Código del Trabajo. Los acuerdos celebrados entre el Gobierno y los interlocutores sociales incluyen el Acuerdo tripartito para la competitividad y el empleo (2011) y el Compromiso para el crecimiento, la competitividad y el empleo (2012). En su observación anterior, la Comisión invitó al Gobierno a que comunicara información que permitiera evaluar la manera en que la reducción de los costos laborales ha propiciado la creación de empleos productivos y de calidad. El Gobierno indica que la reducción de algunos costos laborales debido a las modificaciones introducidas por la revisión del Código del Trabajo, y especialmente como consecuencia de la revisión de 2012, son el resultado de la legislación posterior al período sobre el que se informa y que, por ese motivo, sólo ulteriormente se podrán evaluar sus efectos respectivos. El Gobierno indica que, en el período que abarca la memoria, el componente principal del marco de las políticas gubernamentales es el Programa de ajuste económico, consecuencia de un acuerdo con la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Comisión toma nota de que una misión conjunta de la CE, el BCE y el FMI se reunió con el Gobierno en el primer semestre de 2013 para evaluar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones establecidas en el Memorándum de Entendimiento. La misión concluyó que de manera general y en un contexto de condiciones económicas difíciles, la ejecución del programa sigue su trayectoria prevista. Según datos proporcionados por el Instituto del Empleo y de la Formación (IEFP), el número de personas desempleadas registradas en los centros de empleos a finales del primer trimestre de 2012 ascendió a alrededor 661 400 personas (51,2 por ciento de éstas eran mujeres). Esta cifra refleja un incremento de 9,3 por ciento, en comparación con el cuarto trimestre de 2011 y del 19,8 por ciento en relación con el primer trimestre de 2011. Por lo que respecta a las medidas activas del empleo (empleo, formación profesional, readaptación profesional), el Gobierno informa que 466 172 personas se beneficiaron de las medidas ejecutadas por el IEFP en 2010, 455 119 en 2011, y 146 561 de enero a marzo de 2012. La mayoría de las personas cubiertas por las medidas activas del empleo ejecutadas por el IEFP durante el período sobre el que se informa eran mujeres (aproximadamente el 60 por ciento), y el porcentaje mayor de personas cubiertas por esas medidas tenían entre 25 y 34 años de edad (más del 25 por ciento de todas las personas cubiertas), seguido por personas de entre 35 y 44 años (aproximadamente el 23 por ciento) y personas hasta los 24 años de edad (también cerca del 23 por ciento). La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo empeoró considerablemente, y del 12,4 por ciento en el primer trimestre de 2011 subió al 15,2 por ciento en el primer trimestre de 2012. La Comisión observa que la tasa de desempleo siguió aumentando tras el período cubierto por la memoria. En junio de 2013, el desempleo fue superior al 17 por ciento. La UGT señala que es importante que las políticas del empleo tengan como objetivo la creación de puestos de trabajo de calidad, establecer nuevas condiciones de trabajo y mejorar las existentes. En este contexto, la UGT indica que ha propiciado que el Gobierno y los interlocutores sociales presten mayor atención a las políticas activas del empleo y las reorienten para que se puedan solucionar de manera más eficaz y eficiente los problemas y deficiencias que se observan. La Comisión también toma nota de las observaciones de la CGTP-IN, según las cuales el Gobierno no aplica las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la política del empleo a las que el Convenio hace referencia, en particular, respecto del pleno empleo, libremente elegido. La CGTP-IN sostiene que la reforma del Código del Trabajo sola no resolverá el problema del empleo. Por el contrario, la situación habrá de empeorar debido a que incluye medidas que, además de reducir los salarios y disminuir las horas de trabajo, pueden provocar un aumento del desempleo. La CGTP-IN indica también que las ofertas de empleos disponibles son cada vez más inciertas, aun las referidas a puestos de trabajo permanente y escasamente remunerados, incluso para personas altamente calificadas; además, el servicio público del empleo no analiza la calidad del empleo. En un contexto de políticas de austeridad, caracterizadas por un aumento del desempleo y una diminución de la protección social, los trabajadores se ven obligados cada vez más a aceptar empleos poco dignos, precarios y con bajas remuneraciones que no son acordes a sus calificaciones. La Comisión considera que el resultado de la Novena Reunión Regional Europea (Oslo, 8-11 de abril de 2013) es importante para la aplicación del Convenio en Portugal. La Comisión observa que la Declaración de Oslo «Restablecer la confianza en el empleo y el crecimiento» manifestó que la consolidación fiscal, la reforma estructural y la competitividad, por una parte, y los paquetes de medidas de estímulo, la inversión en la economía real, los puestos de trabajo de calidad y mayores créditos para las empresas, por otra parte, no deberían ser paradigmas en conflicto. La Comisión expresa su preocupación por el deterioro de la situación del empleo registrada desde la observación formulada en 2011. La Comisión invita por consiguiente al Gobierno a que indique en su próxima memoria las medidas tomadas para revisar, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas adoptadas para superar la crisis de puestos de trabajo (artículos 2 y 3 del Convenio). La Comisión pide al Gobierno que preste atención a la posibilidad de que la Oficina contribuya, mediante asistencia técnica, a atender la situación del mercado del empleo en el contexto del Convenio núm. 122.

Medidas para promover el empleo de las categorías vulnerables de trabajadores. La Comisión toma nota de las altas cifras del desempleo de los jóvenes. El Gobierno informa que la tasa promedio anual de desempleo de los jóvenes en 2011 fue del 30,1 por ciento (28,7 por ciento de mujeres y 31,7 por ciento de hombres). En el primer trimestre de 2012, la tasa se elevó a un 36,2 por ciento (36,6 por ciento de mujeres y 35,8 por ciento de hombres). El Gobierno indica que las medidas destinadas a los trabajadores más vulnerables cubrieron a 156 911 personas de enero de 2010 hasta abril de 2012. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones que permitan examinar la calidad del empleo proporcionado a los jóvenes y las medidas tomadas para reducir el desempleo juvenil. Sírvase también incluir información actualizada sobre el impacto de las medidas tomadas para facilitar el regreso al mercado de trabajo de las categorías de trabajadores más afectadas por la crisis.

Creación de empleos en pequeñas y medianas empresas (PYME). El Gobierno informa que el Programa de apoyo al emprendedurismo y la creación de empleo por cuenta propia (PAECPE) incluye medidas destinadas a prestar asistencia a la creación de empresas. La ayuda para la creación de empleo por cuenta propia a los beneficiarios de las prestaciones de desempleo, que supone el pago de antemano de las prestaciones de desempleo con la finalidad de crear empleos por cuenta propia, alcanzó a 2 588 personas en 2010 y 2 819 en 2011. La Comisión invita al Gobierno a que siga suministrando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar el entorno empresarial con objeto de promover la creación de PYME y crear oportunidades de empleo para los desempleados.

Políticas de educación y formación. El Gobierno indica que ha adoptado varias medidas para vincular a los Nuevos Centros de Oportunidades, una red administrada por la Agencia Nacional para las Calificaciones y la Formación Profesional (ANQEP) con el Instituto del Empleo y de la Formación (IEFP). Además, se establecieron mecanismos para garantizar la coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo: i) aplicar mecanismos para vincular adecuadamente centros de formación profesional, centros de empleo, empresas y asociaciones empresariales, así como otros agentes de desarrollo a efectos de ajustar mejor la oferta de formación profesional con los requerimientos presentes y futuros del mercado de trabajo; y ii) introducir indicadores en los requerimientos del mercado de trabajo y la empleabilidad de los pasantes utilizando criterios de ponderación para el financiamiento de los centros de gestión que participan en los programas. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información actualizada sobre las medidas adoptadas para mejorar las normas relativas a las calificaciones y coordinar las políticas educativas y de formación con las oportunidades de empleo potenciales. La Comisión espera que la información enviada por el Gobierno le permitirá examinar la manera en que se han intensificado los esfuerzos, con la cooperación de los interlocutores sociales, para asegurarse de que los sistemas de orientación y de formación profesional atienden las necesidades de aprendizaje y formación profesional de los grupos más vulnerables del país.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Aplicación de una política activa de empleo. Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2010 con contribuciones de la Unión General de Trabajadores (UGT), de la Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCSP) y de la Confederación del Turismo Portugués (CTP). En su observación de 2009, la Comisión invitó al Gobierno a presentar informaciones sobre la manera en que se habían superado las dificultades encontradas para alcanzar los objetivos del Convenio y en particular sobre el impacto que tuvo la reforma del Código del Trabajo, de febrero de 2009 sobre el mercado del trabajo. El Gobierno recuerda que para superar la crisis financiera y económica global se lanzó la iniciativa «inversión y empleo» (ley núm. 10 de 10 de marzo de 2009) tendiente a promover proyectos de inversión pública en áreas críticas para la modernización de las infraestructuras del país (infraestructura escolar, energías renovables, tecnología de la información) incluyendo medidas para facilitar las exportaciones de la pequeñas y medianas empresas. En enero de 2010, el Gobierno lanzó una «iniciativa empleo» (resolución del Consejo de Ministros núm. 5/2010, de 29 de enero de 2010) para mantener el empleo, facilitar la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo y combatir el desempleo. Además, dando seguimiento al acuerdo tripartito alcanzado en junio de 2008, el Gobierno había adoptado nuevas modalidades de contratación, revisado las prestaciones de desempleo y tomado otras medidas destinadas a favorecer el empleo. Se acordó con los interlocutores sociales combatir la precariedad y la segmentación del mercado de trabajo y mejorar la calidad del empleo. Las reformas del Código del Trabajo estuvieron destinadas a reforzar la presunción legal de la existencia de un contrato de trabajo y evitar el disimulo de la relación de dependencia mediante «falsos recibos verdes» que perjudicaban al trabajador y a la recaudación del Estado. Entre otras medidas, se limitó la renovación de los contratos de duración determinada y se impuso el uso de un formulario simple para la impugnación judicial del despido. Según los datos publicados por el Instituto del Empleo y de la Formación Profesional (IEFP), en 2010, 181.115 personas se beneficiaron de programas de empleo y de la colocación, cerca de 340.000 personas recibieron formación profesional y 11.718 readaptación profesional (de manera similar, en 2009, casi 173.000 personas se beneficiaron de programas de empleo y de colocación; 344.155 personas, de formación profesional y 17.103 de readaptación profesional). La Comisión observa que, en enero de 2011, habían inscritos 557.244 desempleados en los centros de empleo, lo que significaba una pequeña disminución respecto del número de desempleados (del 0,5 por ciento) respecto de enero de 2010. Sin embargo, pese a esta leve mejoría, durante 27 meses consecutivos el desempleo aumentó de manera consecutiva. La tasa de desempleo pasó del 7,6 por ciento en 2008 al 9,5 por ciento en 2009 hasta llegar al 10,8 por ciento en 2010. Teniendo en cuenta los cambios de metodología en las estadísticas, se proyecta que la tasa de desempleo en 2011 seguirá siendo superior al 12 por ciento. Ante el agravamiento de la crisis de la deuda, en mayo de 2011, el Gobierno recibió el apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera y presentó al Fondo Monetario Internacional un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras destinado a restaurar la confianza de los mercados y a aumentar el potencial económico del país que genere de manera equilibrada crecimiento y empleo. El Gobierno se propone crear nuevos puestos de trabajo, en particular para los jóvenes. Además, el Gobierno se dice dispuesto, en consulta con los interlocutores sociales, a reformar la legislación sobre protección del empleo para aumentar la flexibilidad y mejorar la equidad y a asegurar que el costo del empleo facilite la creación de puestos de trabajo y la competitividad. Si bien se decidió suspender las obras públicas y reducir el número de funcionarios, la Comisión entiende que el Gobierno se propone también seguir ejecutando medidas activas para sostener el mercado de trabajo, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de las otras categorías vulnerables de trabajadores, y lograr superar las inadecuaciones del mercado laboral. Consciente de la carga del ajuste estructural, la Comisión destaca la importancia de las consultas tripartitas continuas y genuinas para afrontar y mitigar la consecuencias de la crisis (párrafo 788 del Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo). Por este motivo, la Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria presente datos que permitan asegurar que se ha tenido en cuenta la opinión de los interlocutores sociales al tomar las medidas destinadas a aumentar la flexibilidad del mercado del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que presente también datos que permitan evaluar la manera en que la reducción de los costos laborales ha propiciado la creación de empleos productivos y de calidad.

Medidas para promover el empleo de las categorías de trabajadores vulnerables. En su memoria, el Gobierno recuerda las medidas destinadas específicamente a los trabajadores desocupados de más de 55 años de edad y aquellas establecidas por las modalidades contractuales de «empleo inserción» y de «empleo inserción +» (previstas en el acuerdo tripartito de junio de 2008). Según el análisis del IEFP, en diciembre de 2010, la mayoría de los desocupados eran mujeres de 35-54 años de edad. Teniendo en cuenta el lugar importante que ocupa la empleabilidad de los jóvenes y de las categorías desfavorecidas de la población en las nuevas medidas de ajuste propuestas en mayo de 2011, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información actualizada sobre los resultados alcanzados por aquellas medidas destinadas a asegurar oportunidades de empleo para todas las categorías de trabajadores vulnerables.

Creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas. La CCSP pone en relieve la contribución positiva de las reuniones celebradas periódicamente en el Grupo Técnico de Acompañamiento del Plan Nacional de Empleo, en el marco del Consejo Económico y Social. La CCSP expresa su convicción de que el futuro de las políticas de empleo dependerá de las mejoras que se introduzcan para coordinar las diferentes políticas nacionales, así como del hecho de dar más importancia a las medidas destinadas a favorecer la creación del propio empleo y evaluar mejor el impacto de las medidas ejecutadas sobre los niveles de empleo. Asimismo, la CCSP destaca la necesidad de revisar las medidas adoptadas para permitir la asignación de recursos de manera más eficaz y lograr un retorno positivo de las inversiones ya realizadas en materia de empleo. La CCSP señala también las dificultades para la mayoría de las empresas portuguesas, bien microempresas bien empresas muy pequeñas, que no pueden organizar sus tareas de manera que uno o dos de sus trabajadores se beneficien de los esquemas de formación. Las microempresas y las empresas muy pequeñas deberían recibir una formación específica teniendo en cuenta su número muy pequeño de trabajadores. El Gobierno recuerda en su memoria las medidas específicas adoptadas para la formación en las pequeñas empresas. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria señale las medidas adoptadas que han tenido éxito para facilitar las actividades de las micro y pequeñas empresas destinadas a la creación de empleo productivo.

Políticas de educación y de formación. En sus anteriores comentarios, la Comisión destacó la preocupación de las organizaciones sindicales en relación con el abandono escolar prematuro de los adolescentes y la disminución de la participación de los trabajadores adultos de entre 25 y 65 años de edad en la formación continua. En su memoria, el Gobierno se remite a la creación de una comisión tripartita de acompañamiento de la iniciativa Novas Oportunidades y del Sistema Nacional de Calificaciones (SNQ). Las empresas están ahora obligadas a presentar datos cuantitativos sobre la formación continua de los trabajadores en sus informes anuales. En el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras presentado al FMI en mayo de 2011, el Gobierno reconoció que debía continuar tomando medidas para contrarrestar el bajo nivel de los resultados escolares y de deserción escolar y mejorar la calidad de la enseñanza secundaria y de la formación profesional con el objetivo de aumentar la eficacia del sector educativo, elevar la calidad del capital humano y facilitar la adecuación con el mercado del trabajo. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que presente en su próxima memoria información actualizada sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de educación y formación del empleo, cuya necesidad se agudizó en el contexto del ajuste estructural en curso.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. La Comisión toma nota de la memoria detallada comunicada por el Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2008, que contiene comentarios de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). En su observación anterior, la Comisión había solicitado información sobre la manera en que se habían conseguido los objetivos de empleo del Programa Nacional de Acción para el Crecimiento y el Empleo, 2005-2008 (PNACE), especialmente en términos de reducción del número de desempleados de larga duración y de mejora de la eficacia de los servicios del empleo. Según la CGTP-IN, desde la adopción del PNACE, no se había producido mejora alguna en la situación del empleo dado que el crecimiento de la economía se encuentra aún muy por debajo de la media de la Unión Europea y la tasa de desempleo se había venido elevando progresivamente. La CGTP-IN resalta que la precariedad del empleo también había aumentado, habiéndose incrementado los contratos no permanentes, pasando del 19,8 por ciento al 22,4 por ciento. En relación con el proceso de reestructuración sufrido por las empresas para adaptarse a mercados cada vez más globalizados, la UGT destaca la importancia de la creación de comisiones conjuntas para dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos, en particular en lo relativo a la planificación del empleo y a los planes de formación del personal, con el fin de que los representantes de los trabajadores pudiesen participar de manera más efectiva en el proceso de reestructuración. Al tiempo que reconoce que la tasa de desempleo general había mostrado una tendencia al alza desde 2001, el Gobierno subraya que el desempleo de larga duración había descendido en 2007, lo que venía a confirmar la eficacia de las medidas dirigidas específicamente a los jóvenes y a los adultos, que se están aplicando para modernizar los servicios públicos de empleo. La Comisión toma nota con interés del Acuerdo Tripartito para un Nuevo Sistema de Regulación de las Relaciones Laborales, de las Políticas de Empleo y de la Protección Social en Portugal, firmado el 25 de junio de 2008, que considera la adopción de medidas activas de empleo para facilitar la transición del desempleo al empleo, es decir, para los desempleados de larga duración y para los trabajadores de grupos desfavorecidos. La Comisión toma nota de que el Acuerdo Tripartito también preveía una reforma del Código del Trabajo para modernizar la protección del empleo mediante la introducción de una mayor flexibilidad en la relación de empleo y de que esa reforma se había adoptado mediante la ley núm. 7/2009, de 12 de febrero de 2009. La Comisión toma nota con interés de que se establecen, en los acuerdos tripartitos, los objetivos de empleo pleno y productivo. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre la medida en que se habían superado las dificultades encontradas en la consecución de los objetivos del Convenio y sobre los efectos de las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas para mejorar la seguridad del empleo de los trabajadores que se beneficiaron de las disposiciones de la ley núm. 7 de 2009.

Medidas para promover el empleo de los trabajadores vulnerables. La CGTP-IN declara que la situación del empleo se había deteriorado más en el caso de los trabajadores desfavorecidos. El desempleo en las mujeres es cada vez más elevado que el de los hombres, especialmente el desempleo de larga duración, y aún existen desigualdades significativas entre hombres y mujeres en el mercado laboral. La CGTP-IN también indica que el desempleo y la precariedad del empleo de los jóvenes y de los trabajadores migrantes, se había venido elevando desde 2004, al tiempo que se había incrementado el porcentaje de trabajadores portugueses que habían dejado el país para trabajar en el extranjero. En su memoria, el Gobierno describe en detalle las medidas aplicadas para las categorías de trabajadores especialmente desfavorecidas, como mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, personas con discapacidad, grupos socialmente excluidos e inmigrantes. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información actualizada sobre los resultados obtenidos por las medidas adoptadas para promover el empleo de las categorías de trabajadores vulnerables, con especial atención a la aplicación de las disposiciones pertinentes del acuerdo tripartito de 25 de junio de 2008.

Políticas de educación y de formación. La CGTP-IN declara que el abandono escolar prematuro de los adolescentes sólo había descendido ligeramente entre 2004 y 2007 y que sólo el 52,9 por ciento de los jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años había alcanzado niveles de educación secundaria en el segundo semestre de 2007. Se había producido una disminución de la participación de los trabajadores adultos de entre 25 y 65 años de edad en la formación continua, dado que el Gobierno no había adoptado medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación que permite que los trabajadores se beneficien de un mínimo de 35 horas anuales de formación profesional. La CGTP-IN también informa de que los trabajadores con calificaciones más elevadas tienen aún un mayor acceso a la formación continua que los trabajadores de baja calificación. El Gobierno se refiere a la adopción del Acuerdo Tripartito para la Reforma de la Formación Profesional, concluido el 14 de marzo de 2007, con el objetivo, entre otros, de creación de las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos de la iniciativa Novas Oportunidades, a saber, el incremento de la tasa de matriculación en las escuelas secundarias y la mejora de las calificaciones de jóvenes y de adultos. La Comisión se felicita de la información comunicada en la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y solicita al Gobierno que siga transmitiendo información actualizada sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de educación y formación con el empleo, en el contexto de la reciente reforma de la formación profesional, con especial referencia a la aplicación del derecho a la formación prevista en el Código del Trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y políticas activas de mercado de trabajo. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2006, que contiene observaciones de la Confederación de Turismo de Portugal y de la Unión General de Trabajadores (UGT). La UGT indica que el desempleo aumenta desde 2004, y que en 2005, se estableció en un 8 por ciento. Se han perdido empleos en la industria como consecuencia de quiebras, reestructuraciones y deslocalizaciones. El Gobierno indica que el Plan Nacional del Empleo, 2005-2008 (PNE) forma parte del Programa Nacional de Acción para el Crecimiento y el Empleo (PNACE), que a su vez engloba, de forma coherente, diversos programas y planes de acción que inciden sobre el crecimiento y el empleo. Con el PNACE se pretende garantizar un crecimiento económico y creación de empleo mediante intervenciones, organizadas y coherentes, en el ámbito macroeconómico (consolidación de las finanzas públicas, modernización de la administración), microeconómico (plan tecnológico para estimular la innovación), del empleo y de la cualificación de las personas. En 2005, especialmente en el marco del PNE, el Gobierno lanzó la iniciativa Novas Oportunidades para incrementar la tasa de escolarización en la enseñanza secundaria y la cualificación de los jóvenes y los adultos. En el ámbito de las cualificaciones, del empleo y de la cohesión social, el PNACE pretende, especialmente, promover la creación de empleo y atraer y retener al mayor número de personas en el empleo, evitando y combatiendo el desempleo, especialmente el de los jóvenes y el de larga duración. La Comisión abvierte que también se ha previsto promover la flexibilidad con seguridad en el empleo en el marco del reforzamiento del diálogo y de la concertación social. La Comisión pide al Gobierno que proporcione en su próxima memoria indicaciones sobre la forma en la que los objetivos de empleo establecidos en el PNACE se han logrado, así como sobre los resultados obtenidos en lo que respecta a la disminución del número de desempleados de larga duración y el fortalecimiento de la eficacia de los servicios de empleo. La Comisión requiere que la memoria también contenga información sobre la forma en la que el Gobierno realizó consultas con los interlocutores sociales para la adopción de las mencionadas medidas.

2. Medidas para favorecer el empleo de categorías particulares de trabajadores. La UGT señala que siguen existiendo desigualdades significativas entre los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo y que el desempleo de los jóvenes sigue siendo importante (16,4 por ciento). El Gobierno indica que prevé establecer programas específicos de empleo destinados a grupos de la población activa especialmente desfavorecidos en el mercado de trabajo, tales como los jóvenes, los trabajadores de edad, las personas con discapacidades, los grupos socialmente excluidos o que corren el riesgo de ser excluidos y los inmigrantes, así como programas territoriales o sectoriales en función de las necesidades. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los programas establecidos para favorecer el empleo de dichas categorías particulares de trabajadores, precisando los resultados logrados en lo que respecta a la creación de empleos.

3. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno se refiere en su memoria a dos acuerdos concluidos entre los interlocutores sociales: el acuerdo para la dinamización de la negociación colectiva, de 7 de enero de 2005, y el acuerdo para la formación profesional, de 8 de febrero de 2006. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información más detallada sobre las consultas tripartitas sobre las políticas de empleo que se han realizado, tal como prevé el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período junio de 2002 - mayo de 2004, y de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) - transmitidas con la memoria. La Comisión toma también nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas en ocasión de la 91.ª reunión (junio de 2003) de la Conferencia. La Comisión ha tomado nota que, en un contexto de disminución del crecimiento económico, la situación del empleo se degradó de manera sensible durante el período considerado, con un nivel de desempleo calculado según los parámetros de la OCDE cercano al 6,4 por ciento en 2003, a diferencia de 5,1 por ciento en 2002 y de 4,1 por ciento en 2001. Al mismo tiempo, la mayor parte del desempleo de larga duración continuó disminuyendo, pasando del 38,1 por ciento del desempleo total en 2001 al 32 por ciento en 2003. El Gobierno advierte que, pese al deterioro de la situación del empleo, el nivel de desempleo es uno de los más bajos de la Unión Europea y que, si bien la tasa de empleo ha bajado para establecerse en un 67,1 por ciento en 2003, sigue siendo superior al objetivo fijado por la Estrategia Europea del Empleo para 2005. La diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido dado que la pérdida de empleo ha afectado principalmente a los hombres. La Comisión advierte, además, que la parte del trabajo a tiempo parcial, que resulta afectar en dos terceras partes a las mujeres - se eleva a un 10 por ciento del empleo total en 2003.

2. Políticas económicas generales y sectoriales. El Gobierno se refiere en su memoria al programa para la productividad y el crecimiento de la economía, adoptado en julio de 2002, que prevé un conjunto de reformas económicas y busca estimular la creación de empleo mediante medidas favorables al espíritu empresario, a la innovación y a la sociedad de conocimientos al mismo tiempo que intenta simplificar los procedimientos administrativos y reglamentarios relacionados con la creación y el funcionamiento de las empresas. El programa de fomento de las zonas y sectores deprimidos, adoptado en marzo de 2003, ha previsto un conjunto de medidas tendientes a reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones, incluyendo medidas que compartan el costo por mantener empleos al adquirirse empresas en dificultad. Sin embargo, la CGTP considera que el Gobierno no toma las medidas de política económica necesarias para alcanzar los objetivos del Convenio y que tiene una importante responsabilidad por haberse agravado la crisis económica y el desempleo al haberse adoptado una política de reducir el déficit fiscal y de restringir la demanda interna mediante la moderación salarial y la reducción del poder de compra de los funcionarios públicos. Al respecto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el Convenio, las medidas que se deben tomar para alcanzar los objetivos del empleo deben ser determinadas y revisadas regularmente «en el marco de una política económica y social coordinada» (artículo 2, a), del Convenio). La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, exponga la manera en que los principales elementos de política macroeconómica contribuyen a promover empleo, teniendo en cuenta las cuestiones relativas a las políticas monetaria y fiscal, a la política de precios, de las remuneraciones y de los salarios.

3. Políticas de mercado de trabajo y de la formación. El Gobierno indica que el plan nacional para el empleo 2003-2006 da prioridad a la prevención del desempleo de larga duración y a una estrategia de aprendizaje permanente. Se han tomado medidas destinadas a favorecer la jubilación anticipada de trabajadores de más de 58 años, la formación profesional de desocupados y promover la movilidad geográfica y profesional. El Gobierno señala la próxima ejecución de un plan plurianual de formación profesional, en estrecha colaboración con los servicios de empleo. La CGTP afirma que sería necesario proceder a una evaluación más sistemática de los resultados de la política activa del empleo. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre la contribución que han hecho las medidas enumeradas en su memoria para la inserción efectiva y duradera en el empleo de quienes han beneficiado de dichas medidas. Sírvase indicar sobre qué datos se ha fundado al realizar tales evaluaciones. La Comisión observa también que la CGTP ha expresado su preocupación en relación con el impacto sobre la seguridad del empleo de las modificaciones de la legislación laboral. La organización sindical considera que la introducción de contratos de duración determinada para períodos de hasta seis años aumenta la precariedad del empleo y no favorece la formación profesional de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que describa de manera más detallada los efectos que se esperan o que se han observado sobre el empleo y las calificaciones de las medidas tendientes a flexibilizar el derecho de trabajo que se han mencionado en la memoria.

4. Consulta con los representantes de los sectores interesados. Como seguimiento de la discusión en la Comisión de la Conferencia, el Gobierno subraya en su memoria que se asegura la consulta con los interlocutores sociales sobre los distintos aspectos de la política del empleo, tanto a nivel nacional como a nivel de las regiones, mediante su participación en las instancias competentes sobre la política de formación y en el grupo de seguimiento técnico a nivel nacional para el empleo. Desde junio de 2003, el Gobierno comenzó a elaborar con los interlocutores sociales un «contrato social para la competitividad y el empleo». En este sentido, la CGTP lamenta la falta de ejecución de ciertas medidas previstas en el Acuerdo sobre la política del empleo, el mercado de trabajo, la enseñanza y la formación - convenido con los interlocutores sociales en febrero de 2001 y que el seguimiento tripartito de su aplicación es insuficiente. La Comisión solicita al Gobierno que indique todas las nuevas medidas que hayan podido adoptarse para que los representantes de los sectores interesados por las medidas que se deben tomar colaboren plenamente para elaborar las políticas del empleo y contribuya a obtener el apoyo necesario para su ejecución, de conformidad con el artículo 3 del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

1. La Comisión toma nota de la información contenida en las memorias del Gobierno correspondientes a los períodos que se extienden de junio de 2000 a mayo de 2002, así como de los documentos y estadísticas que se adjuntan. También toma nota de los comentarios enviados por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión toma nota de las estadísticas detalladas y desglosadas sobre las tendencias del mercado laboral. En el primer trimestre de 2002, la población activa aumentó a una tasa anual de 1,4 por ciento, y el empleo se incrementó en 1,1 por ciento. La tasa de actividad para el mismo período aumentó ligeramente hasta el 51,8 por ciento, mientras que la tasa de desempleo disminuyó al mismo ritmo hasta el 68,6 por ciento. El desempleo registró un ligero aumento general del 4,4 por ciento, del que un 3,7 por ciento correspondió al desempleo masculino y un 5,3 por ciento al femenino. El desempleo a largo plazo disminuyó un 5,7 por ciento, con un 8,8 por ciento de disminución en el caso de las mujeres. No obstante, se observó también un crecimiento significativo en la utilización de contratos temporarios. El incremento del empleo se registró principalmente en los servicios y en la construcción, mientras que disminuyó en la agricultura y en la industria.

3. El Gobierno facilita también información sobre: la revisión del Plan de Acción Nacional para el Empleo (PNE) en 2001; las repercusiones de la Estrategia Europea de Empleo (EES); diversos programas; y una evaluación de los servicios suministrados por los centros de empleo. Como consecuencia de las revisiones efectuadas, el Gobierno tiene el propósito de mantener el rumbo establecido en el 2001 para el PNE y en la EES. El PNE está vinculado estrechamente con la Estrategia de Enseñaza Permanente (EEP). Entre los objetivos para el futuro próximo, cabe mencionar la mejora de la calidad del empleo y la protección social, y la adaptación de la legislación laboral para incrementar la productividad y la competitividad. El Gobierno también considera prioritaria la lucha contra el empleo ilegal y el control de la utilización de contratos de duración determinada. La Comisión toma nota de esta información y agradecería que se la mantenga informada de las repercusiones de las medidas adoptadas como parte integrante de una política económica y social coordinada, destinada a aplicar una política activa de empleo, en el sentido del Convenio.

4. Artículo 3. La Comisión nota de que los interlocutores sociales participan de la revisión del PNE. También toma nota de la declaración formulada por la UGT, en la que se confirma la contribución de los interlocutores sociales, en particular, respecto de la nueva legislación relativa a diversas cuestiones relacionadas con el fomento del empleo; así como la confirmación de la CGTP-IN, en el sentido de que la Estrategia Europea de Empleo está diseñada sobre una base tripartita. Sírvanse seguir comunicando información detallada sobre la manera en que se consulta a los representantes de todos los grupos interesados, al formular, aplicar y revisar las políticas y programas de empleo, incluidos a los trabajadores rurales y los que se desempeñan en el sector no estructurado.

5. La UGT considera que, pese a los esfuerzos del Gobierno, aún subsisten los problemas estructurales en materia de empleo y formación. Persisten los problemas de los jóvenes que ingresan al mercado laboral en busca de empleo, en particular, los jóvenes capacitados. Por otra parte, no se dispone de la suficiente estructura en materia de formación para los jóvenes con menos conocimientos. Los trabajadores de mayor edad no tienen acceso a la readaptación profesional, circunstancia que aumenta las probabilidades de permanecer desempleados durante largo tiempo. La UGT subraya la necesidad de la formación permanente, de garantizar el acceso a la formación para todos los trabajadores y asegurar que la formación corresponda a la preparación exigida por el mercado laboral. Por último, la UGT señala a la atención los problemas de las diferencias regionales en materia de empleo.

6. La CGTP-IN señala la disminución del empleo en diversos sectores de la economía. También expresa su inquietud por el incremento del desempleo femenino y por la persistente segregación por motivos de sexo que se observan en diversos sectores y ocupaciones. La organización pone en tela de juicio el éxito de las políticas activas del mercado laboral emprendidas por el Gobierno y de las medidas de formación, y nota que no se han cumplido algunas de las recomendaciones que se formularon a consecuencia de las revisiones. Por último, la CGTP-IN apoya la estrategia general del Gobierno en materia de enseñanza permanente, pero cuestiona la lógica de limitar las clases nocturnas a la luz del objetivo de la igualdad de oportunidades.

7. La Comisión toma nota de las observaciones detalladas de la UGT y de la CGTP-IN así como las respuestas del Gobierno, que se incorporaron a su memoria. Al recordar que la Comisión de Aplicación de Normas, en la 89.ª reunión de la Conferencia, celebrada en junio de 2001, había pedido al Gobierno que continuara realizando esfuerzos, en concertación con los interlocutores sociales para mejorar el nivel general de la formación relativa al empleo y adecuara la relación entre las capacidades de los trabajadores y los empleadores ofrecidos, la Comisión agradecería recibir, en futuras memorias, más detalles relativos a la manera en que el Gobierno y los interlocutores sociales han atendido las cuestiones abordadas en la presente observación.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota del debate de la Comisión de la Conferencia, que tuvo lugar durante la 89.ª reunión de la Conferencia (junio de 2001). También toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, recibida en octubre de 2001, que incluía comentarios facilitados por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN) y por la Unión General de Trabajadores (UGT). La Comisión examinará la memoria del Gobierno y los comentarios de las organizaciones durante su próxima reunión y agradecerá cualquier información adicional que el Gobierno pueda proporcionar al respecto.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota de la información contenida en la detallada memoria del Gobierno. En especial, toma nota de la mejora en la situación general de la economía, y de las tendencias positivas en el crecimiento del empleo, aumento de participación, y baja del desempleo para muchas categorías de trabajadores. La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) declara que el Gobierno ha hecho algunos progresos, pero no está de acuerdo con la meta del Gobierno sobre las políticas activas de empleo. La CGTP también considera que ha habido un aumento de la precariedad en el empleo. El Gobierno está de acuerdo con la CGTP en que ha habido un aumento de los contratos no permanentes, que especialmente afectan a los jóvenes trabajadores, a las mujeres, y a los trabajadores a tiempo parcial. No obstante, señala que ha habido un modesto pero positivo crecimiento en los contratos permanentes, de los cuales las mujeres han sido las más beneficiadas.

El Gobierno afirma en su memoria que uno de los problemas estructurales más importantes es el nivel de educación y de formación que generalmente es bajo, lo cual desanima a más inversores privados a ofrecer formación. Además, la CGTP señala que existen problemas de desequilibrio entre la formación y los trabajos disponibles en el mercado de trabajo, lo cual da como resultado que los jóvenes se vean forzados a aceptar trabajos para los cuales están sobrecualificados. En respuesta a todo esto, el Gobierno ha puesto en práctica distintas medidas para hacer aumentar el nivel general de formación, y para mejorar la coordinación entre la oferta y la demanda. La Comisión agradecería recibir más información sobre los resultados de estas medidas, así como sobre otras medidas para estimular el empleo apropiado para los trabajadores altamente cualificados.

La CGTP también señala que el empleo creado es generalmente de baja calidad, y se preocupa por el hecho de que el mercado de trabajo se está dividiendo entre trabajadores altamente cualificados y trabajadores con bajas cualificaciones, por una parte, los cuales tienen más facilidad para encontrar trabajos, y trabajadores medianamente preparados que son los que están teniendo más dificultades. El Gobierno también declara que la base poco preparada está desviando la producción hacia tecnologías de baja productividad e intensa labor lo cual lleva al descenso de los salarios. No obstante, ha fijado nuevas metas para la formación en la tecnología de la información y comunicación (ICT) en al menos un 50 por ciento de los cursos de formación continua, y está tomando medidas para alentar a las empresas para invertir en nuevas tecnologías. La Comisión solicita más información sobre el resultado de esta estrategia.

El Gobierno también afirma que un Plan de Acción Nacional para el Empleo (NAP) 1998-2002 mejorará las relaciones entre la protección social y las políticas de empleo, mejorará el diálogo social y la asociación a distintos niveles, creando asociaciones con organizaciones para el desarrollo local, e intentando reducir las desigualdades basadas en el género. Además, la NAP desarrollará, probará y difundirá buenas prácticas a nivel micro. Se han tomado numerosas medidas para llevar a cabo estas metas. La Comisión toma nota de estas medidas con interés y pide más información sobre los resultados.

Por último, la Comisión toma nota con interés de los esfuerzos del Gobierno para llevar a cabo la coordinación de diversos ministerios para promover el empleo, y para desarrollar estrategias tanto nacionales como regionales. En lo anterior están incluidos los Ministerios de Asuntos Económicos, Finanzas, Planificación, Educación, Ciencia y Cultura, Igualdad de Oportunidades, Reforma del Estado, y Juventud. Se ruega al Gobierno que proporcione más información sobre los progresos hechos a este respecto.

Artículo 2. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha cambiado sus indicadores, que antes estaban enfocados en los gastos y ahora lo están en los resultados. Se han programado evaluaciones cada seis meses, y éstas son llevadas a cabo por un grupo de trabajo tripartito sobre observación técnica del NAP. Por su parte, la CGTP considera que no hay seguimiento de algunas evaluaciones; le gustaría ver que se establece un sistema permanente de evaluación, y que el servicio de empleo hiciese más esfuerzos para controlar las tendencias del empleo dentro de lo que son sus competencias. La Comisión agradecería recibir más información sobre las metodologías de evaluación desarrolladas, sobre los resultados y sobre las acciones de seguimiento que se han tomado.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

1. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas contenidas en la memoria del Gobierno para el período que se termina en mayo de 1998. Según dichas informaciones, la población activa aumentó en un 0,6 por ciento en 1996 y en un 1,9 por ciento en 1997. El empleo juvenil se vio incrementado en un 2,8 por ciento, el empleo a jornada completa en un 0,5 por ciento, mientras que el desempleo de larga duración se redujo en un 2,1 por ciento en 1997. Sin embargo, el empleo a tiempo parcial aumentó en un 17,3 por ciento en 1996 y de 16 por ciento en 1997, mientras que el empleo por cuenta propia que ha estado creciendo del mismo modo se ha situado en un índice del 4,5 por ciento en 1996 y en 1997 en el 3,6 por ciento.

2. La Comisión toma nota de que la estrategia del Gobierno para fomentar el pleno empleo implica la modernización de las empresas y la mejora de la estructura social para disminuir la incidencia de la modernización sobre el desempleo. Con este objetivo, las prioridades del Gobierno tienden a completar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) llevada a cabo recientemente; a consolidar los fondos públicos y la reforma fiscal; a reformar el sistema de protección y protección social; y a acercarse a las rentas que existen en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Uno de los elementos clave de esta estrategia consiste en fomentar la formación a la que el Gobierno destina en la actualidad casi el 50 por ciento de lo que dedica a la promoción del empleo.

3. Por su parte, la Unión Central declara que ha habido una masiva creación de empleos autónomos involuntarios, que únicamente el 15,7 por ciento de los trabajadores del sector formal tienen contratos de duración determinada, mientras que los jóvenes son los más afectados. Persisten las diferencias entre las regiones, las edades y los sexos, y el desempleo de larga duración continúa siendo un grave problema. La Unión Central cree que los comentarios pendientes de la Comisión de Expertos sobre el nivel del desempleo siguen siendo válidos. Asimismo considera que la reducción del desempleo se debe más a las fluctuaciones de la coyuntura económica que a las políticas del Gobierno. La Comisión toma nota de estas informaciones y solicita al Gobierno que siga informando de las medidas que se adoptan para conseguir los objetivos del empleo determinados y revisados regularmente dentro del marco de una política económica y social coordinada, así como de las consultas hechas a los agentes sociales, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio. Asimismo, la Unión Central subraya la urgente necesidad que existe de evaluar los programas y políticas del Gobierno, que no se han hecho hasta este momento. La Comisión invita una vez más al Gobierno a que proporcione copias de las evaluaciones de programas existentes, y en particular los relativos al desempleo juvenil y al de larga duración.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

1. La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996, que contiene informaciones detalladas en respuesta a su observación anterior. Considerando asimismo los datos publicados por la OCDE, la Comisión observa que la ligera reactivación del crecimiento del empleo desde 1996 no ha sido suficiente para compensar su contracción anterior, mientras que la tasa de desempleo siguió aumentando, y pasó de 6,9 por ciento en 1994 a 7,3 por ciento en 1996. Además, las características de la repartición del desempleo siguen siendo preocupantes. El aumento del desempleo ha sido particularmente importante en la industria y las fuertes disparidades regionales se han confirmado. A pesar del marcado retroceso de su tasa de actividad debida a los progresos de su escolarización, la tasa de desempleo de los menores de 25 años sigue representando más del doble de la tasa global. La incidencia del desempleo de larga duración se ha agravado aún más, pues más de la mitad de los desempleados registrados no tienen empleo desde hace más de un año.

2. El Gobierno declara que su estrategia de desarrollo económico y social a mediano plazo, pretende, entre otros objetivos principales, lograr un nivel elevado de crecimiento económico que posibilite la creación de empleos calificados y bien remunerados, reforzar la competitividad de la economía y reducir el peso del Estado en la economía. La Comisión toma nota de que, en el marco del programa de convergencia cuyo objetivo es adherir a la Unión Económica y Monetaria, se da prioridad a la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio, así como también a la reducción del gasto público. A este respecto, la Comisión observa que los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de la inflación y la disminución del déficit presupuestario van acompañados por un crecimiento moderado y un estancamiento del empleo. Por otra parte, el Gobierno se refiere al acuerdo de concertación social de corto plazo, concluido en enero de 1996, mediante el cual los interlocutores sociales se han puesto de acuerdo sobre los principios que deben regir la política salarial, la política del empleo y las relaciones laborales. Además, la Comisión toma nota de los objetivos de empleo del Plan de Desarrollo Regional de 1994-1999, encaminados a favorecer la creación de empleos en los sectores que están más expuestos a la competencia internacional mediante la mejora de la formación inicial y continua impartida a los trabajadores. La Comisión agradecería al Gobierno que siguiera comunicando informaciones detalladas sobre la manera en que son determinadas y revisadas regularmente las medidas necesarias para lograr los objetivos de empleo, en el marco de una política económica y social coordinada y en consulta con los interlocutores sociales, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio.

3. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de los datos relativos al número de beneficiarios de los programas de inserción y de formación profesional para el empleo, así como también a las iniciativas locales de creación de empleos. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera comunicar toda evaluación disponible de los resultados obtenidos mediante estos diferentes programas en términos de inserción efectiva y duradera de los interesados en el empleo, en particular de los jóvenes y de los desempleados de larga duración.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1994. En relación con la recesión de la actividad económica experimentada por el país en 1993, la tasa de desempleo de la OCDE, que era del 4,2 por ciento en 1992 aumentó considerablemente durante el período hasta alcanzar el 5,5 por ciento en 1993 y el 6,8 por ciento en 1994. A pesar de la recuperación sostenida del crecimiento económico, según las estimaciones de la OCDE, la tasa de desempleo permanecería estable en 1995. Las características de la distribución del desempleo señaladas por la Comisión en su observación anterior se confirmaron, sobre todo en el caso de los jóvenes, entre los que se registra una tasa de desempleo que representa más del doble de la tasa global, o de la parte correspondiente al desempleo de larga duración que ya representa más de un tercio del desempleo registrado. La Comisión invita al Gobierno que siga proporcionándole informaciones lo más detalladas que sea posible sobre el nivel y las tendencias de la población activa, del empleo, del subempleo y del desempleo.

2. El Gobierno indica que su política de empleo tiene por objeto garantizar el crecimiento y la modernización de la actividad productiva y a mejorar las condiciones de vida de la población corrigiendo los desequilibrios del mercado de trabajo al insistir en la valorización de los recursos humanos. Sin embargo, la Comisión observa que si bien el Gobierno describe detalladamente en su memoria las diferentes medidas de intervención en el mercado de trabajo, omite proporcionar las informaciones requeridas por el formulario de memoria sobre la manera en que las políticas económicas globales y sectoriales contribuyen a la consecución de los objetivos del empleo. La Comisión lamenta a este respecto que el Gobierno no haya proporcionado las informaciones solicitadas con anterioridad sobre los objetivos del plan de desarrollo regional 1994-1999, ni sobre la aplicación del programa de convergencia 1992-1995. La Comisión espera encontrar en la próxima memoria informaciones completas sobre las medidas adoptadas en materia de política de inversiones, políticas monetarias y presupuestarias, política de precios, de ingresos y salariales para fomentar "como un objetivo de mayor importancia" el pleno empleo, productivo y libremente elegido, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión recuerda también que en su observación anterior había solicitado que el Gobierno proporcionara informaciones sobre la puesta en práctica de la reforma del mercado de trabajo y de sus efectos sobre el empleo.

3. La Comisión toma nota de la adopción durante el período de nuevas medidas que mejoran notablemente el dispositivo existente de inserción y de formación profesional para el empleo, con inclusión de las personas minusválidas. La Comisión destaca en particular que el decreto núm. 1324/93 prevé medidas de formación profesional para los trabajadores amenazados por el desempleo, la posibilidad de asociar a los trabajadores que se encuentran en una edad próxima a la jubilación a la inserción profesional de los desempleados, incentivos financieros para trabajar por cuenta propia o para la contratación de desempleados de larga duración mayores de 45 años así como el seguimiento individualizado de los desempleados menores de 45 años con objeto de prevenir el desempleo de larga duración. Por otra parte, la Comisión tomó conocimiento de los datos que figuran en un reciente estudio económico de la OCDE (junio de 1995) que destacan el beneficio que obtienen los desempleados que participan en los programas de formación profesional para el empleo. La Comisión invita al Gobierno le comunique toda nueva evaluación disponible sobre la eficacia de los diferentes programas de política del mercado laboral puesta en práctica.

4. La Comisión toma nota de la institución de un observatorio del empleo y de la formación profesional, de composición tripartita, al igual que del Consejo de Administración del Instituto del Empleo y de la Formación Profesional (IFP). La Comisión recuerda a este respecto que las consultas exigidas por el artículo 3 del Convenio deberían extenderse al conjunto de los aspectos de la política económica que ejercen una influencia sobre el empleo y asociar, además de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a representantes de otros sectores de la población económicamente activa, tales como los que trabajan en el sector rural. En relación con su observación anterior, la Comisión invita al Gobierno a que precise si se han planteado ante el Consejo Económico y Social cuestiones que tengan relación con la política del empleo en el sentido del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en junio de 1992, que indica un aumento del 2,7 por ciento del desempleo registrado entre junio de 1990 y junio de 1992, resultado de un ascenso de 16,2 por ciento en el desempleo masculino y de una disminución de 3,7 por ciento en el desempleo femenino. Los datos de la OCDE indican que el crecimiento del empleo en 1990 y 1991 ha permitido en primer lugar una reducción de la tasa de desempleo, pasándose del 4,6 por ciento en 1990 al 4,1 por ciento en 1991, pero que la retracción del empleo en 1992 debería hacer elevar esta tasa a aproximadamente el 5 por ciento en 1993, a pesar de una disminución de las tasas de actividad. Si la diferencia entre las tasas masculina y femenina se ha reducido, la tasa de desempleo de los jóvenes continúa representando más del doble de la tasa global y más de un tercio de los desempleados se encuentra sin empleo desde hace más de un año. La Comisión, que señala, por otra parte, la modificación de las definiciones de la encuesta periódica sobre población activa en 1992, agradecería al Gobierno que comunicara informaciones tan detalladas como fuera posible sobre el nivel y las tendencias del empleo, del desempleo y del subempleo en las diferentes categorías de la población para el período 1992-1994, en el curso del cual el desempleo podría conocer una agravación rápida, según las previsiones de la OCDE.

2. La memoria del Gobierno indica que el Programa de corrección estructural del déficit exterior y del desempleo, al que se refería la Comisión en su observación anterior, ha sido superado por algunas medidas legislativas y, sobre todo, por la importancia atribuida a la formación del capital humano. El programa de formación y de integración de los adultos (FIA), instituido en 1991, constituiría uno de los elementos esenciales de su política de mercado del empleo. Este programa tiene como objetivo fomentar la inserción de los desempleados de larga duración, mediante acciones de formación y medidas de estímulo a las empresas, de cara a la contratación y a la formación, con una atención especial hacia las mujeres, los trabajadores de edad avanzada y las personas minusválidas. La Comisión, que toma nota del crecimiento significativo del número de beneficiarios de las diferentes medidas de formación y de reconversión, invita al Gobierno a que comunique en su próxima memoria cualquier evaluación que esté disponible de los resultados obtenidos en cuanto a la inserción duradera de aquéllos en el empleo. Por otra parte, la Comisión toma nota con interés de las informaciones relativas a la puesta en práctica del Sistema de estímulos a la diversificación industrial del Valle do Ave (SINDAVE). Agradecería al Gobierno que continuara comunicando informaciones sobre la manera en que las medidas de política industrial y de desarrollo regional contribuyen al fomento del empleo, especificando especialmente los objetivos de empleo del Plan de desarrollo regional 1994-1999, adoptado recientemente. De modo más general, la Comisión espera que las próximas memorias no se limiten a las políticas de mercado del empleo y a las políticas de formación, sino que se refieran también a las políticas económicas globales y que traten de las relaciones entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales. La Comisión quisiera, por ejemplo, recibir informaciones sobre el Programa de convergencia para 1992-1995, que define una estrategia económica a medio plazo, con miras a la adhesión a la Unión Económica y Monetaria Europea, y que contemplaría una reforma del mercado del trabajo (según el Estudio Económico de 1993 de la OCDE).

3. La Comisión toma nota con interés de la conclusión del Acuerdo sobre la política de formación profesional entre el Gobierno y todas las organizaciones de empleadores y de trabajadores, que demuestra la contribución de los interlocutores sociales a la definición de las grandes orientaciones de la política del empleo. Toma nota, además, de la creación en 1991 del Consejo Económico y Social, que comprende una comisión permanente de concertación social. La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando informaciones sobre la manera en que se garantiza la consulta con los representantes de los medios interesados, tanto en la fase de elaboración como en la de aplicación de las políticas del empleo.

4. Por último, en relación con su observación anterior, la Comisión agradecería al Gobierno tuviera a bien comunicar informaciones sobre el alcance y la puesta en práctica de la reforma del mercado del trabajo y de las diferentes medidas dirigidas a aumentar su flexibilidad, indicando los efectos, comprobados o esperados, sobre los objetivos del empleo del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1990 y de las informaciones que contiene en respuesta a sus comentarios anteriores. Señala con interés que las indicaciones comunicadas por el Gobierno y los datos publicados desde entonces por la OCDE confirman el mejoramiento continuo de la situación global del mercado de trabajo que ella había señalado en su anterior observación. El mantenimiento de un ritmo sostenido de crecimiento del empleo (2,2 por ciento en 1989 y 1990, y 2,9 por ciento en 1991) ha permitido la prosecución de la reducción de las tasas de desempleo de 5,1 por ciento en 1989 a 4,6 por ciento en 1990 y por debajo de 4 por ciento en 1991. Sin embargo, pese a los notables progresos registrados, la proporción todavía relativamente elevada (aproximadamente un tercio) del desempleo de larga duración en el desempleo total, así como las tasas de desempleo de los jóvenes y de las mujeres, siguen siendo motivos de preocupación, por motivo de la disminución del ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Además, el desarrollo de tensiones en el mercado del trabajo ha dado origen a penurias sectoriales de la mano de obra y aumentado las presiones inflacionistas.

2. La Comisión toma nota de los programas y medidas de política del empleo previstos, principalmente, en el plan de actividad para 1990 del Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP). Señala las medidas encaminadas a acrecentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores y la atención prestada al tratamiento del desempleo de larga duración, así como a la promoción del empleo de grupos específicos (jóvenes, mujeres, trabajadores inválidos). Toma nota además de la orientación de la asistencia pública hacia la inversión en las regiones menos favorecidas y los sectores de abundancia de recursos humanos, en el marco del "sistema de incentivos sobre una base regional" (SIBR). En referencia a su precedente observación, la Comisión agradecería al Gobierno indicara en qué medida los objetivos del Programa de Corrección Estructural del Déficit Externo y del Desempleo (PCDED) se han alcanzado o están en vías de serlo, especificando las dificultades con que hayan podido tropezar. Tomando nota de que la función de la Comisión Interministerial para el Empleo (CIME) consistía, entre otras cosas, en el análisis de la política del empleo y de sus interacciones con las distintas políticas globales o sectoriales, la Comisión agradecería al Gobierno comunicara informaciones sobre las opiniones o propuestas formuladas al respecto por dicho organismo.

3. La Comisión toma nota de la entrada en vigor, durante el período cubierto por la memoria del Gobierno, del decreto-ley núm. 64-A/89 por el que se modifica el régimen jurídico de la cesación del contrato individual del trabajo y del contrato de duración determinada. Este texto se inscribe en el marco de la reforma de la reglamentación del mercado de trabajo y responde a la preocupación de acrecentar la flexibilidad del empleo y del mercado de trabajo. Otras disposiciones atañen, principalmente, a la reducción de la duración del trabajo o a la cobertura o al nivel de las prestaciones de desempleo. La Comisión agradecería al Gobierno comunique informaciones sobre el alcance y la aplicación de dicha reforma, indicando los efectos estimados en el funcionamiento del mercado de trabajo y, llegado el caso, en los derechos y garantías de los trabajadores reconocidos en otras normas aceptadas de la OIT.

4. La Comisión toma nota con interés de las informaciones relativas a la consulta de los partícipes sociales que tratan, principalmente, de las cuestiones relativas a la formación profesional que se debaten en la Comisión Interministerial para el Empleo (CIME), del Consejo Permanente de Concertación Social y del Consejo Consultivo del Gabinete de la Educación Técnológica, Artística y Profesional (GETAP). Señala, además, que se han establecido comisiones de control de las reestructuraciones sectoriales, en las cuales participan representantes sindicales y empresariales; otros sectores se encontraban en vías de reestructuración durante el período abarcado por la memoria. La Comisión agradecería al Gobierno siguiera comunicando informaciones sobre la consulta y la colaboración de los representantes de los medios interesados para la elaboración y la aplicación de las políticas del empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 1988. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota con interés de la adopción de un programa de desarrollo, el "Programa de Corrección Estructural del Déficit Externo y del Desempleo" (PCDED), cuyo objetivo prioritario, junto con la reducción de los déficit externos, era una política activa de empleo acorde con el espíritu del Convenio. En el transcurso de su primera fase (1987-1990), el PCDED preveía un crecimiento anual del empleo del 1 por ciento para compensar los efectos de las reestructuraciones económicas y reducir para 1990 a 7 por ciento, aproximadamente, la tasa de desempleo que alcanzaba el 8,6 por ciento en 1986. La Comisión toma nota con interés de que según las indicaciones comunicadas en la memoria del Gobierno, y otros datos más recientes publicados por la OCDE (Estudios Económicos, Portugal, julio de 1989), la reactivación de la actividad económica se vio acompañada de un fuerte crecimiento del empleo (2,5 por ciento en 1987 y en 1988) y de una señalada regresión de la tasa de desempleo de 2,8 puntos en dos años (la tasa de desempleo de 8,6 por ciento en 1986 pasó a ser de 7,1 por ciento en 1987 para situarse en un 5,8 por ciento a fines de 1988). La Comisión toma nota con interés de la importante mejora de la situación global del mercado de trabajo que cabe apreciar en el contexto de una política de reajuste estructural y de una política activa de mercado de trabajo que coinciden con los objetivos y métodos de aplicación del Convenio, tal como se definen especialmente en sus artículos 1 y 2.

La Comisión espera que el Gobierno continuará sus esfuerzos en consulta con los copartícipes sociales, a efectos de promover en el marco de una política económica y social coordinada el pleno empleo productivo y libremente elegido en el sentido del Convenio y encontrar soluciones a los problemas que subraya el Gobierno en su memoria como temas de preocupación: el desempleo de los jóvenes, el desempleo de larga duración, la corriente de regreso de trabajadores migrantes, la escasa productividad de las pequeñas y medianas empresas y los problemas de readaptación de su personal, los efectos de la inflación sobre los salarios, la inversión y el crecimiento.

2. A este respecto, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno se ha comprometido a promover una política del empleo que tenga repercusiones especiales en los grupos de personas que tienen dificultades más graves en el mercado de trabajo. La memoria comunica informaciones detalladas sobre intervenciones en favor del empleo realizadas por el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) y de la Comisión Interministerial para el Empleo (CIME) en el marco de programas específicos de creación de empleos y actividades de formación profesional. Dichas informaciones muestran resultados variables de las actividades emprendidas: ciertos programas encaminados a promover empleo permanente (iniciativas locales de empleo, apoyo a la creación de empleo independiente, apoyo a ex participantes de centros de formación) atrajeron unas 3 700 personas, mientras que otros programas encaminados a dar ocupación, a 28 800 jóvenes durante un período determinado. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera incluir en su próxima memoria informaciones más detalladas sobre los resultados de las diversas acciones realizadas por las autoridades competentes para hacer frente a las necesidades de todas las categorías de personas que con frecuencia tienen dificultades para encontrar un empleo durable. A este respecto puede ser útil recordar las diversas sugestiones que figuran en la parte III de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169).

3. Artículo 3. La Comisión había tomado nota con interés en su observación anterior de que se había puesto el acento en la concertación social como elemento esencial de una estrategia cuyos objetivos (modernización de la economía y reducción del desempleo) podían ser conflictuales. El Gobierno ha comunicado pocos elementos nuevos a este respecto en su memoria. La Comisión le agradecería se sirviera comunicar precisiones sobre las consultas con representantes de los medios interesados sobre las políticas del empleo, mencionando especialmente las condiciones y alcance de los acuerdos concluidos entre los copartícipes sociales en el seno del Consejo Permanente de Concertación Social, así como sobre las medidas adoptadas en materia de empleo en el marco del Consejo Consultivo Tripartito del Instituto de Formación Profesional y Empleo (IFPE).

4. La Comisión formula, además, en una solicitud directa, otros diversos puntos.