Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - El Salvador (Ratificación : 1995)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que en la próxima memoria se faciliten informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores.

Repetición

Artículos 1 y 3 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la adopción del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, que contempla el diseño y la implementación de la Estrategia Nacional de Generación de Empleo Decente (ENGED), que prevé acciones específicas para promover el tránsito de la informalidad a la formalidad en coordinación con las diferentes instancias vinculadas al área. En este sentido, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2022 relativos a la implementación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), en los que tomo nota de la construcción tripartita de la ENGED, para lo cual el Consejo Superior del Trabajo (CST) solicitó asistencia técnica de la OIT. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que se habían celebrado diversas reuniones con representantes de la Oficina Regional de la OIT con el objetivo de consensuar una hoja de ruta para la construcción de dicha estrategia. Por último, la Comisión toma nota de que, en relación con la celebración de consultas sobre la política del empleo, el Gobierno indica que se realizaron consultas complementarias con las gremiales del sector laboral y empresarial y que se llevó a cabo una consulta abierta a la ciudadanía. En 2017, la política de empleo se presentó al CST, pero en ese momento dicho órgano estaba inactivo. El Gobierno además informa de que el periodo de consulta con el sector empleador fue corto. Por otro lado, el Gobierno indica que con el propósito de acercar los servicios de empleo a la población y facilitar el acceso a un empleo digno, diseñó una estrategia de territorialización de los servicios públicos de empleo, que incluye: i) la creación de encuentros para el empleo y encuentros empresariales; ii) la implementación de programas de orientación laboral, desarrollo de habilidades y promoción del emprendimiento; iii) el desarrollo de un nuevo sistema de empleo que permitirá un registro eficiente, ágil y de fácil uso, y iv) el establecimiento de una Mesa de Coordinación Interinstitucional entre diferentes actores locales, vinculados al empleo, empleabilidad y emprendimientos, con el fin de implementar programas o proyectos, priorizando a los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas migrantes retornadas. La Comisión saluda la creación en 2021 del Instituto de Estudios del Trabajo, considerado como un espacio de generación de conocimiento y de encuentro académico con los trabajadores, las universidades, los gremios empresariales y el Gobierno, para fortalecer la gestión de las políticas públicas en materia laboral. Por último, el Gobierno se refiere a la firma, en 2020, de un memorando de entendimiento entre El Salvador y los Estados Unidos de América para fortalecer la participación de mano de obra salvadoreña en el programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos, cuyo objetivo es que personas con experiencia en el sector agrícola puedan acceder a empleos temporales en los Estados Unidos. El Gobierno indica al respecto que se prevé un aumento sistemático de las emisiones de visados cada año en aras de contribuir al desarrollo económico y fomentar mecanismos de migración legal y segura hacia los Estados Unidos. Por último, la Comisión toma nota de que según información estadística disponible en el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2022 la tasa de informalidad representaba el 68 por ciento del empleo total en el país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre si se ha llevado a cabo una evaluación del Plan Estratégico para el periodo 2020-2024, con miras a medir los progresos realizados en cada uno de sus objetivos y servir de base para la próxima estrategia de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique cómo la nueva estrategia para el periodo posterior a 2024 promoverá como objetivo fundamental la creación de trabajo decente y productivo en la economía formal teniendo en cuenta que, según ILOSTAT, la economía informal representaba el 68 por ciento del empleo total en el país en 2022. También pide al Gobierno que indique si dicha evaluación se ha llevado a cabo con la participación o en consulta con los representantes de los interlocutores sociales y los representantes de otras personas afectadas por la estrategia. Además, la Comisión pide al gobierno que continue proporcionando información detallada sobre la manera en que garantiza a los interlocutores sociales, así como los representantes de todos los sectores de la población económicamente activa afectados —incluyendo los representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal— puedan participar activamente en el diseño, la implementación, la evaluación y la revisión de las políticas nacionales de empleo. Asimismo, pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la implementación del programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos en la generación de empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con interés de la creación del Sistema de Información de Mercado Laboral (SIMEL), plataforma elaborada con la ayuda de la OIT, destinada a estandarizar información estadística sobre indicadores claves del mercado laboral y facilitar la toma de decisiones en materia de política de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Unidad de Inteligencia del Mercado (UIMEL) fue creada dentro del MTPS en 2019 para supervisar la implementación del SIMEL. La Comisión toma de que, según los datos disponibles en el sitio web del SIMEL, entre 2021 y 2022, el número de personas ocupadas en el país aumentó de 2 746 864 a 2 845 750 (42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres); mientras que el número de personas desocupadas disminuyó de 185 808 a 151 352 (42,5 por ciento mujeres y 57,5 por ciento hombres). La fuerza de trabajo aumentó ligeramente de 2 932 673 a 2 997 102 personas (42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres) y la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó de 1 817 450 a 1 779 743 personas (76,5 por ciento mujeres y 23,5 por ciento hombres). La Comisión observa que, según información estadística del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), en 2022, la tasa de desempleo era del 4,8 por ciento, y la de subempleo del 40,6 por ciento. La tasa de desempleo fue distinta entre los departamentos del país. El departamento con la tasa de desempleo más baja fue La Paz (4,2 por ciento), mientras que el departamento con mayor tasa de desempleo fue San Vicente (8,2 por ciento). La tasa de subempleo urbana era del 40,6 por ciento, de los cual el 6,1 por ciento se clasifican como subempleados visibles o por insuficiencia de horas y el 34,5 por ciento como subempleados invisibles o por ingresos. Además, en dicho informe del BCR, se indica que, en 2022, el 64,6 por ciento de la población económicamente activa se encontraba en el área urbana, mientras que el 35,4 por ciento en el área rural. Por cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa urbana, 51 se encontraron plenamente ocupados, 40 personas subempleadas, 5 desempleadas y 4 se emplearon en servicio doméstico. El informe también destaca que la población desempleada estaba conformada principalmente por residentes del área urbana (61,5 por ciento), en su mayoría hombres (57,0 por ciento). Tomando nota de la brecha de participación en la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres, así como el alto porcentaje de mujeres fuera de la fuerza de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas y políticas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres en todos los niveles y en todos los sectores, incluidos los puestos de toma de decisiones. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando estadística actualizada y clara, desagregada por edad y sexo, sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, tanto en los sectores urbanos como en las zonas rurales del país.

Distribución del empleo por sector económico. La Comisión toma de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la contribución de los sectores productivos orientados a la exportación en la creación de empleo duradero y de calidad. El Gobierno informa que según información estadística del BCR, en 2020 el sector manufacturero representó el 96,3 por ciento de las exportaciones del país y que en 2021 se crearon 221 912 empleos formales, de los cuales, 95 819 para mujeres y 126 093 para hombres. En 2020, 439 122 personas trabajaron en el sector manufacturero (232 705 hombres y 206 417 mujeres), de las cuales el 49,3 por ciento trabajaban en el marco de un empleo formal (154 139 hombres y 124 047 mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la contribución de los sectores productivos orientados a la exportación en la creación de empleo duradero y de calidad, incluyendo información estadística desglosada por sexo y edad. La Comisión observa que, según ILOSTAT, la proporción de empleo en la industria en el Salvador sigue siendo inferior a la de la agricultura y el sector servicios, donde se encuentra la mitad de los ocupados. Por consiguiente, pide al Gobierno que indique los tipos de medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso a un empleo cualitativo y productivo también en los sectores agrícola y de servicios.

Micro y pequeñas empresas (mype). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el impacto de las medidas adoptadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las MYPE: en 2020 y 2021, se realizaron 35 054 asesorías en temas de gestión empresarial, 888 asistencias técnicas en gestión empresarial y temas especializados para mejorar la productividad, calidad y participación en mercados. El Gobierno además se refiere a distintos programas y proyectos destinados a apoyar el emprendimiento, a través de los cuales se otorgó capital semilla y capacitación. Estas medidas generaron entre otras, 4 815 empleos y produjeron 340 registros para la formalización de MYPE. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que la CNTS sostuvo que la Ley Especial de Trabajadores por Cuenta Propia aún no había sido aprobada. A este respecto el Gobierno informa que la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) no ha participado en un proyecto para la elaboración de dicha ley, pero que en conjunto con en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se ha elaborado el proyecto de Ley de Integración Económica, con el fin de establecer un régimen tributario simplificado durante tres años, que permita la formalización de los empresarios del segmento microempresarial, con requerimientos mínimos a cumplir, además de contar con beneficios como seguridad social y cuota de ahorro. La Comisión desea subrayar que la creación de un entorno favorable para el surgimiento de microempresas y pequeñas y medianas empresas sostenibles representa un componente clave para la eficacia de las estrategias de formalización y la creación de trabajo decente y empleo productivo, y pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de Ley de Integración Económica y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que entre las medidas destinadas a promover la empleabilidad de la población en condiciones de vulnerabilidad se incluyen: diversos Programas de Formación del Instituto Salvadoreño de Formación Técnica Profesional (INSAFORP), como por ejemplo, programa Hábil Técnico Permanente (HTP), dirigido a la población desempleada o subempleada, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación mediante la compra de participaciones en cursos técnicos. En el marco de este programa, entre 2019 y 2021, se realizaron 65 671 participaciones, de las cuales 37 794 para mujeres. El Gobierno también se refiere a la adopción, en mayo de 2019, de la Política de Articulación de la Educación Técnica, la Formación Profesional y el Aparato Productivo, que crea el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la educación y ajustar mejor la oferta de recurso humano a la demanda del mercado laboral. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y pide al Gobierno que siga enviando información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo, particularmente sobre los mecanismos establecidos para promover la empleabilidad de grupos en situación de vulnerabilidad.

Empleo de jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) señaló que a los jóvenes que participan en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) no se les aplicaban los estándares mínimos de derechos laborales, y pidió al Gobierno que proporcionara información a este respecto. Sobre el particular, el Gobierno indica que la manera en que garantiza los derechos laborales de los jóvenes es brindándoles capacitación a fin de que legalicen sus planes de negocio de emprendimiento y registren su marca, a efectos de acceder a nuevos mercados. La Comisión toma nota que en relación con las medidas adoptadas o previstas para fomentar la participación de personas con discapacidad y personas LGBTI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», el Gobierno se refiere al proceso de selección de los participantes, pero que no indica las medidas adoptadas o previstas para fomentar su participación en dicho programa. En cuanto a las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, el Gobierno informa que, a través del INJUVE, en el marco del programa de empleabilidad, se han llevado a cabo pasantías laborales para jóvenes y se han efectuado varias colocaciones en instituciones públicas y privadas. Asimismo, el INJUVE ha realizado convenios con instituciones para dar apoyo a jóvenes emprendedores. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado aún no ha sido adoptada. Asimismo, informa que en 2020 comenzó a desarrollar el proyecto «Contratos de aprendizaje» con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo objetivo es fortalecer el sector empresarial en ciertos departamentos del país, mediante la colocación de personal cualificado o semi cualificado (jóvenes de 18 a 29 años) en plazas de aprendizaje, reduciendo así el riesgo al que están expuestos y facilitando la adquisición de experiencia laboral. Señala que en 2021 se realizaron 324 colocaciones laborales de seis meses de duración. La Comisión saluda la creación en 2020, de la Unidad de Empleo Juvenil, cuyo objetivo es impulsar la colocación de las personas jóvenes y que puedan acceder a un empleo digno. La Comisión toma nota de que según información estadística disponible en el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2022, la tasa de empleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años era del 43,6 por ciento (30 por ciento de mujeres y 58,1 por ciento de hombres), mientras que la tasa de desempleo para esta categoría era del 7,7 por ciento (11,2 por ciento de mujeres y 5,7 por ciento de hombres). La tasa de fuerza de participación era del 47,3 por ciento (33,8 por ciento de mujeres y 61,6 por ciento de hombres). Tomando nota de que el Gobierno no indica las medidas adoptadas o previstas para fomentar la participación del número de personas con discapacidad y personas LGTBI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias a este fin. Observando la significativa brecha en las tasas de empleo y desempleo y la fuerza de participación entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres de 15 y 24 años en todos los niveles y en todos los sectores, y que continúe enviando información estadística actualizada sobre las tendencias del empleo juvenil, desagregada por edad y sexo, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo. Además, le pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, así como sobre el impacto de las mismas. La Comisión pide igualmente al Gobierno que continue enviando información sobre la situación en la que se encuentra la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que entre las medidas adoptadas con miras a garantizar la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad y no discriminación, el MTPS realizó la actualización del instructivo para la elaboración de reglamentos internos de trabajo a fin de garantizar la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los instructivos de trabajo de las empresas. El Gobierno también informa que se encuentra adoptando medidas y alianzas interinstitucionales para la búsqueda del empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, entre ellas el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se encuentra gestionando la firma de convenios con diferentes instituciones, con la finalidad de capacitar y facilitar créditos a mujeres. La Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno, según la cual la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 2009 a 2019 se ha mantenido estable en un 52 por ciento para las mujeres y 88,68 por ciento para los hombres. En cuanto a la brecha salarial de género, el Gobierno informa que entre 2018 y 2019 la tasa aumentó levemente de un 8,20 por ciento a un 9,12 por ciento, y que persisten los desafíos en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres. La Comisión observa que esta tasa de la brecha salarial alcanzó su punto más bajo en 2010, con un 4,48 por ciento y su punto más alto en 2013, con un 14,31 por ciento. El Gobierno también informa sobre la población ocupada por ramas de ocupación según sexo en 2019, entre ellas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 8,6 por ciento de mujeres y un 91,4 por ciento de hombres; transporte y almacenamiento con un 9,0 por ciento de mujeres y un 91,0 por ciento de hombres; actividades de alojamiento y servicios de comida con un 74,9 por ciento de mujeres y un 25,1 por ciento de hombres, e información y comunicaciones con un 29,2 por ciento de mujeres y un 70,8 por ciento de hombres. Asimismo, indica que entre 2014 y 2019, la proporción de mujeres ocupadas que trabajan como patrono o cuenta propia fue mayor en un 10 por ciento en promedio cada año. La Comisión observa que esta proporción aumentó levemente del 37,70 por ciento en 2014, al 40,9 por ciento en 2019. Tomando nota de las diferencias en la participación en el mercado laboral y en los salarios entre mujeres y hombres, así como de su diferente participación por sectores y ocupaciones, la Comisión pide al gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en el mercado laboral y para combatir la segregación ocupacional vertical y horizontal. La Comisión también le pide que proporcione información estadística actualizada, desglosada por ocupación, sector de actividad y categoría profesional. La Comisión se refiere asimismo a sus comentarios de 2023 relativos a la implementación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).

Empleo de personas con discapacidad. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), en los que toma nota de la adopción en 2020 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad (LEIPD), que prevé la concesión de incentivos laborales para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa a las medidas que implementadas para promover las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, tales como medidas de orientación e intermediación laboral, encuentros empresariales para sensibilizar y colocar a personas en puestos de trabajo, asesoría a empresas con miras a asegurar la adaptación de puestos de trabajo y la creación una mesa de articulación interinstitucional para la inserción laboral de personas con discapacidad. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa, con base en la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENPD) de 2015, de una población total de 6 450 336 habitantes, 410 798 son personas con discapacidad (54,8 por ciento de las cuales son mujeres). El Gobierno además indica que la tasa de participación laboral más alta corresponde a las personas con discapacidad visual (54,1 por ciento), seguidas de las personas con discapacidad física (51,4 por ciento), mientras que las personas con discapacidad mental o psicosocial e intelectual es de 11,4 por ciento, para quienes viven con discapacidad intelectual es de 24,7 por ciento y para aquellos con dificultad de comunicación es del 22,6 por ciento. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualiza sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptas con miras a fomentar el empleo de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres con discapacidad, en el mercado de trabajo regular. Pide asimismo que proporcione información estadística, desagregada por edad y sexo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Comentario anterior

Artículos 1 y 3 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la adopción del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, que contempla el diseño y la implementación de la Estrategia Nacional de Generación de Empleo Decente (ENGED), que prevé acciones específicas para promover el tránsito de la informalidad a la formalidad en coordinación con las diferentes instancias vinculadas al área. En este sentido, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2022 relativos a la implementación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), en los que tomo nota de la construcción tripartita de la ENGED, para lo cual el Consejo Superior del Trabajo (CST) solicitó asistencia técnica de la OIT. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que se habían celebrado diversas reuniones con representantes de la Oficina Regional de la OIT con el objetivo de consensuar una hoja de ruta para la construcción de dicha estrategia. Por último, la Comisión toma nota de que, en relación con la celebración de consultas sobre la política del empleo, el Gobierno indica que se realizaron consultas complementarias con las gremiales del sector laboral y empresarial y que se llevó a cabo una consulta abierta a la ciudadanía. En 2017, la política de empleo se presentó al CST, pero en ese momento dicho órgano estaba inactivo. El Gobierno además informa de que el periodo de consulta con el sector empleador fue corto. Por otro lado, el Gobierno indica que con el propósito de acercar los servicios de empleo a la población y facilitar el acceso a un empleo digno, diseñó una estrategia de territorialización de los servicios públicos de empleo, que incluye: i) la creación de encuentros para el empleo y encuentros empresariales; ii) la implementación de programas de orientación laboral, desarrollo de habilidades y promoción del emprendimiento; iii) el desarrollo de un nuevo sistema de empleo que permitirá un registro eficiente, ágil y de fácil uso, y iv) el establecimiento de una Mesa de Coordinación Interinstitucional entre diferentes actores locales, vinculados al empleo, empleabilidad y emprendimientos, con el fin de implementar programas o proyectos, priorizando a los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas migrantes retornadas. La Comisión saluda la creación en 2021 del Instituto de Estudios del Trabajo, considerado como un espacio de generación de conocimiento y de encuentro académico con los trabajadores, las universidades, los gremios empresariales y el Gobierno, para fortalecer la gestión de las políticas públicas en materia laboral. Por último, el Gobierno se refiere a la firma, en 2020, de un memorando de entendimiento entre El Salvador y los Estados Unidos de América para fortalecer la participación de mano de obra salvadoreña en el programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos, cuyo objetivo es que personas con experiencia en el sector agrícola puedan acceder a empleos temporales en los Estados Unidos. El Gobierno indica al respecto que se prevé un aumento sistemático de las emisiones de visados cada año en aras de contribuir al desarrollo económico y fomentar mecanismos de migración legal y segura hacia los Estados Unidos. Por último, la Comisión toma nota de que según información estadística disponible en el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2022 la tasa de informalidad representaba el 68 por ciento del empleo total en el país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre si se ha llevado a cabo una evaluación del Plan Estratégico para el periodo 2020-2024, con miras a medir los progresos realizados en cada uno de sus objetivos y servir de base para la próxima estrategia de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique cómo la nueva estrategia para el periodo posterior a 2024 promoverá como objetivo fundamental la creación de trabajo decente y productivo en la economía formal teniendo en cuenta que, según ILOSTAT, la economía informal representaba el 68 por ciento del empleo total en el país en 2022. También pide al Gobierno que indique si dicha evaluación se ha llevado a cabo con la participación o en consulta con los representantes de los interlocutores sociales y los representantes de otras personas afectadas por la estrategia.Además, la Comisión pide al gobierno que continue proporcionando información detallada sobre la manera en que garantiza a los interlocutores sociales, así como los representantes de todos los sectores de la población económicamente activa afectados —incluyendo los representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal— puedan participar activamente en el diseño, la implementación, la evaluación y la revisión de las políticas nacionales de empleo.Asimismo, pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la implementación del programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos en la generación de empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con interés de la creación del Sistema de Información de Mercado Laboral (SIMEL), plataforma elaborada con la ayuda de la OIT, destinada a estandarizar información estadística sobre indicadores claves del mercado laboral y facilitar la toma de decisiones en materia de política de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Unidad de Inteligencia del Mercado (UIMEL) fue creada dentro del MTPS en 2019 para supervisar la implementación del SIMEL. La Comisión toma de que, según los datos disponibles en el sitio web del SIMEL, entre 2021 y 2022, el número de personas ocupadas en el país aumentó de 2 746 864 a 2 845 750 (42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres); mientras que el número de personas desocupadas disminuyó de 185 808 a 151 352 (42,5 por ciento mujeres y 57,5 por ciento hombres). La fuerza de trabajo aumentó ligeramente de 2 932 673 a 2 997 102 personas (42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres) y la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó de 1 817 450 a 1 779 743 personas (76,5 por ciento mujeres y 23,5 por ciento hombres). La Comisión observa que, según información estadística del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), en 2022, la tasa de desempleo era del 4,8 por ciento, y la de subempleo del 40,6 por ciento. La tasa de desempleo fue distinta entre los departamentos del país. El departamento con la tasa de desempleo más baja fue La Paz (4,2 por ciento), mientras que el departamento con mayor tasa de desempleo fue San Vicente (8,2 por ciento). La tasa de subempleo urbana era del 40,6 por ciento, de los cual el 6,1 por ciento se clasifican como subempleados visibles o por insuficiencia de horas y el 34,5 por ciento como subempleados invisibles o por ingresos. Además, en dicho informe del BCR, se indica que, en 2022, el 64,6 por ciento de la población económicamente activa se encontraba en el área urbana, mientras que el 35,4 por ciento en el área rural. Por cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa urbana, 51 se encontraron plenamente ocupados, 40 personas subempleadas, 5 desempleadas y 4 se emplearon en servicio doméstico. El informe también destaca que la población desempleada estaba conformada principalmente por residentes del área urbana (61,5 por ciento), en su mayoría hombres (57,0 por ciento). Tomando nota de la brecha de participación en la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres, así como el alto porcentaje de mujeres fuera de la fuerza de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas y políticas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres en todos los niveles y en todos los sectores, incluidos los puestos de toma de decisiones. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando estadística actualizada y clara, desagregada por edad y sexo, sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, tanto en los sectores urbanos como en las zonas rurales del país.

Distribución del empleo por sector económico. La Comisión toma de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la contribución de los sectores productivos orientados a la exportación en la creación de empleo duradero y de calidad. El Gobierno informa que según información estadística del BCR, en 2020 el sector manufacturero representó el 96,3 por ciento de las exportaciones del país y que en 2021 se crearon 221 912 empleos formales, de los cuales, 95 819 para mujeres y 126 093 para hombres. En 2020, 439 122 personas trabajaron en el sector manufacturero (232 705 hombres y 206 417 mujeres), de las cuales el 49,3 por ciento trabajaban en el marco de un empleo formal (154 139 hombres y 124 047 mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la contribución de los sectores productivos orientados a la exportación en la creación de empleo duradero y de calidad, incluyendo información estadística desglosada por sexo y edad. La Comisión observa que, según ILOSTAT, la proporción de empleo en la industria en el Salvador sigue siendo inferior a la de la agricultura y el sector servicios, donde se encuentra la mitad de los ocupados. Por consiguiente, pide al Gobierno que indique los tipos de medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso a un empleo cualitativo y productivo también en los sectores agrícola y de servicios.

Micro y pequeñas empresas (MYPE). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el impacto de las medidas adoptadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las MYPE: en 2020 y 2021, se realizaron 35 054 asesorías en temas de gestión empresarial, 888 asistencias técnicas en gestión empresarial y temas especializados para mejorar la productividad, calidad y participación en mercados. El Gobierno además se refiere a distintos programas y proyectos destinados a apoyar el emprendimiento, a través de los cuales se otorgó capital semilla y capacitación. Estas medidas generaron entre otras, 4 815 empleos y produjeron 340 registros para la formalización de MYPE. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que la CNTS sostuvo que la Ley Especial de Trabajadores por Cuenta Propia aún no había sido aprobada. A este respecto el Gobierno informa que la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) no ha participado en un proyecto para la elaboración de dicha ley, pero que en conjunto con en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se ha elaborado el proyecto de Ley de Integración Económica, con el fin de establecer un régimen tributario simplificado durante tres años, que permita la formalización de los empresarios del segmento microempresarial, con requerimientos mínimos a cumplir, además de contar con beneficios como seguridad social y cuota de ahorro. La Comisión desea subrayar que la creación de un entorno favorable para el surgimiento de microempresas y pequeñas y medianas empresas sostenibles representa un componente clave para la eficacia de las estrategias de formalización y la creación de trabajo decente y empleo productivo, y pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de Ley de Integración Económica y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que entre las medidas destinadas a promover la empleabilidad de la población en condiciones de vulnerabilidad se incluyen: diversos Programas de Formación del Instituto Salvadoreño de Formación Técnica Profesional (INSAFORP), como por ejemplo, programa Hábil Técnico Permanente (HTP), dirigido a la población desempleada o subempleada, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación mediante la compra de participaciones en cursos técnicos. En el marco de este programa, entre 2019 y 2021, se realizaron 65 671 participaciones, de las cuales 37 794 para mujeres. El Gobierno también se refiere a la adopción, en mayo de 2019, de la Política de Articulación de la Educación Técnica, la Formación Profesional y el Aparato Productivo, que crea el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la educación y ajustar mejor la oferta de recurso humano a la demanda del mercado laboral. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142),y pideal Gobierno que siga enviando información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo, particularmente sobre los mecanismos establecidos para promover la empleabilidad de grupos en situación de vulnerabilidad.

Empleo de jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) señaló que a los jóvenes que participan en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) no se les aplicaban los estándares mínimos de derechos laborales, y pidió al Gobierno que proporcionara información a este respecto. Sobre el particular, el Gobierno indica que la manera en que garantiza los derechos laborales de los jóvenes es brindándoles capacitación a fin de que legalicen sus planes de negocio de emprendimiento y registren su marca, a efectos de acceder a nuevos mercados. La Comisión toma nota que en relación con las medidas adoptadas o previstas para fomentar la participación de personas con discapacidad y personas LGBTI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», el Gobierno se refiere al proceso de selección de los participantes, pero que no indica las medidas adoptadas o previstas para fomentar su participación en dicho programa. En cuanto a las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, el Gobierno informa que, a través del INJUVE, en el marco del programa de empleabilidad, se han llevado a cabo pasantías laborales para jóvenes y se han efectuado varias colocaciones en instituciones públicas y privadas. Asimismo, el INJUVE ha realizado convenios con instituciones para dar apoyo a jóvenes emprendedores. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado aún no ha sido adoptada. Asimismo, informa que en 2020 comenzó a desarrollar el proyecto «Contratos de aprendizaje» con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo objetivo es fortalecer el sector empresarial en ciertos departamentos del país, mediante la colocación de personal cualificado o semi cualificado (jóvenes de 18 a 29 años) en plazas de aprendizaje, reduciendo así el riesgo al que están expuestos y facilitando la adquisición de experiencia laboral. Señala que en 2021 se realizaron 324 colocaciones laborales de seis meses de duración. La Comisión saluda la creación en 2020, de la Unidad de Empleo Juvenil, cuyo objetivo es impulsar la colocación de las personas jóvenes y que puedan acceder a un empleo digno. La Comisión toma nota de que según información estadística disponible en el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2022, la tasa de empleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años era del 43,6 por ciento (30 por ciento de mujeres y 58,1 por ciento de hombres), mientras que la tasa de desempleo para esta categoría era del 7,7 por ciento (11,2 por ciento de mujeres y 5,7 por ciento de hombres). La tasa de fuerza de participación era del 47,3 por ciento (33,8 por ciento de mujeres y 61,6 por ciento de hombres). Tomando nota de que el Gobierno no indica las medidas adoptadas o previstas para fomentar la participación del número de personas con discapacidad y personas LGTBI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias a este fin. Observando la significativa brecha en las tasas de empleo y desempleo y la fuerza de participación entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres de 15 y 24 años en todos los niveles y en todos los sectores, y que continúe enviando información estadística actualizada sobre las tendencias del empleo juvenil, desagregada por edad y sexo, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo. Además, le pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, así como sobre el impacto de las mismas. La Comisión pide igualmente al Gobierno que continue enviando información sobre la situación en la que se encuentra la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que entre las medidas adoptadas con miras a garantizar la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad y no discriminación, el MTPS realizó la actualización del instructivo para la elaboración de reglamentos internos de trabajo a fin de garantizar la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los instructivos de trabajo de las empresas. El Gobierno también informa que se encuentra adoptando medidas y alianzas interinstitucionales para la búsqueda del empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, entre ellas el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se encuentra gestionando la firma de convenios con diferentes instituciones, con la finalidad de capacitar y facilitar créditos a mujeres. La Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno, según la cual la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 2009 a 2019 se ha mantenido estable en un 52 por ciento para las mujeres y 88,68 por ciento para los hombres. En cuanto a la brecha salarial de género, el Gobierno informa que entre 2018 y 2019 la tasa aumentó levemente de un 8,20 por ciento a un 9,12 por ciento, y que persisten los desafíos en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres. La Comisión observa que esta tasa de la brecha salarial alcanzó su punto más bajo en 2010, con un 4,48 por ciento y su punto más alto en 2013, con un 14,31 por ciento. El Gobierno también informa sobre la población ocupada por ramas de ocupación según sexo en 2019, entre ellas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 8,6 por ciento de mujeres y un 91,4 por ciento de hombres; transporte y almacenamiento con un 9,0 por ciento de mujeres y un 91,0 por ciento de hombres; actividades de alojamiento y servicios de comida con un 74,9 por ciento de mujeres y un 25,1 por ciento de hombres, y información y comunicaciones con un 29,2 por ciento de mujeres y un 70,8 por ciento de hombres. Asimismo, indica que entre 2014 y 2019, la proporción de mujeres ocupadas que trabajan como patrono o cuenta propia fue mayor en un 10 por ciento en promedio cada año. La Comisión observa que esta proporción aumentó levemente del 37,70 por ciento en 2014, al 40,9 por ciento en 2019. Tomando nota de las diferencias en la participación en el mercado laboral y en los salarios entre mujeres y hombres, así como de su diferente participación por sectores y ocupaciones, la Comisión pide al gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en el mercado laboral y para combatir la segregación ocupacional vertical y horizontal. La Comisión también le pide que proporcione información estadística actualizada, desglosada por ocupación, sector de actividad y categoría profesional.La Comisión se refiere asimismo a sus comentarios de 2023relativos a la implementación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).

Empleo de personas con discapacidad. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), en los que toma nota de la adopción en 2020 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad (LEIPD), que prevé la concesión de incentivos laborales para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa a las medidas que implementadas para promover las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, tales como medidas de orientación e intermediación laboral, encuentros empresariales para sensibilizar y colocar a personas en puestos de trabajo, asesoría a empresas con miras a asegurar la adaptación de puestos de trabajo y la creación una mesa de articulación interinstitucional para la inserción laboral de personas con discapacidad. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa, con base en la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENPD) de 2015, de una población total de 6 450 336 habitantes, 410 798 son personas con discapacidad (54,8 por ciento de las cuales son mujeres). El Gobierno además indica que la tasa de participación laboral más alta corresponde a las personas con discapacidad visual (54,1 por ciento), seguidas de las personas con discapacidad física (51,4 por ciento), mientras que las personas con discapacidad mental o psicosocial e intelectual es de 11,4 por ciento, para quienes viven con discapacidad intelectual es de 24,7 por ciento y para aquellos con dificultad de comunicación es del 22,6 por ciento. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualiza sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptas con miras a fomentar el empleo de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres con discapacidad, en el mercado de trabajo regular. Pide asimismo que proporcione información estadística, desagregada por edad y sexo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y apoyadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE). La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), recibidas el 25 de septiembre de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Política Nacional de Empleo Decente 2017-2030 (PONED), la primera política pública de empleo aprobada en el país, en septiembre de 2017 con la asistencia técnica de la OIT y del Banco Mundial. El Gobierno indica que para la formulación de la política se llevó a cabo un amplio proceso de consulta entre junio de 2016 y julio de 2017, en el que participaron diversos sectores de la población, incluidos los interlocutores sociales, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, población originaria y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). La PONED tiene como objetivo general generar condiciones para ampliar las oportunidades de que mujeres y hombres, en igualdad de oportunidades, tengan un empleo decente, por medio de la integración de acciones interinstitucionales entre los sectores públicos y privados. La política establece como poblaciones prioritarias: los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los pueblos originarios y las personas con orientación sexual o identidad de género diversas. Además, estructura sus intervenciones en cinco ejes temáticos: empleo, empleabilidad, emprendimiento, transición de la economía informal a la economía formal e igualdad de oportunidades. En relación con las medidas contempladas para facilitar el tránsito a la formalidad de las unidades económicas y trabajadores que se encuentran en la economía informal, la Comisión observa que la PONED prevé, entre otras medidas, la elaboración de una estrategia nacional para el tránsito de la economía informal a la economía formal. El Gobierno informa de que el Sistema Nacional de Empleo (SisNE) será el principal espacio de coordinación institucional para la ejecución, seguimiento y evaluación de la PONED. A este respecto, el SisNE facilitará las condiciones y la información necesaria para su implementación a través de acciones, tales como el fomento de la investigación, análisis, generación de datos y la difusión de la información para la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación del impacto de las acciones implementadas en el marco de la política. Por otro lado, el Gobierno indica que el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 tiene como objetivo principal dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad para las familias, las empresas y el país, creando un modelo de crecimiento económico equitativo, inclusivo y generador de empleo digno. Por último, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la ANEP y la OIE sostienen que las organizaciones de empleadores más representativas no han tenido la oportunidad de participar de manera activa en la formulación de la política activa de empleo, ya que, si bien el plazo para someter los comentarios a la propuesta de política era el 24 de agosto de 2017, ésta no fue enviada a la ANEP hasta el 18 de agosto, es decir, con poco tiempo de antelación para que emitiera sus opiniones al respecto. Por su parte, la CTNS afirma que los trabajadores de la economía informal y los trabajadores rurales (en particular aquellos agrupados en la federación de trabajadores por cuenta propia o autónomos) no han sido incluidos en los procesos de consulta. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la aplicación y el impacto de la PONED y del PQD 2014 2019 en la generación de empleo pleno, productivo y libremente elegido. Asimismo, solicita al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra la elaboración de la estrategia nacional para el tránsito de la economía informal a la economía formal, y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre la manera en que se garantiza que los interlocutores sociales, así como los representantes de todos los sectores de la población económicamente activa afectados — en particular representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — puedan participar activamente en el diseño, la implementación, la evaluación y la revisión de las políticas nacionales de empleo, como está previsto en el artículo 3 del Convenio.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Información sobre el mercado de trabajo. El Gobierno indica que, según información estadística del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), entre 2015 y 2016, el número de personas ocupadas en el país aumentó de 2 667 032 a 2 727 017. En el mismo período, la tasa de desempleo se mantuvo al 7 por ciento, y el subempleo aumentó ligeramente del 28,5 por ciento al 28,7 por ciento (30,9 por ciento entre las mujeres y 26,7 por ciento entre los hombres). La Comisión toma nota de que, según el documento de la PONED, en 2016 el 57,4 por ciento de las personas ocupadas en las zonas urbanas tenían un empleo informal, y que la tasa de informalidad para las mujeres (48,8 por ciento) es más alta que la tasa de informalidad para los hombres (37,5 por ciento). Por otro lado, la Comisión toma nota de que, según el señalado documento, en el marco del eje de empleo de la PONED, se prevé la mejora de la calidad y confiabilidad de la información de mercado laboral por medio del diseño y establecimiento de un sistema nacional de información del mercado laboral con miras a facilitar la toma de decisiones en materia de política para la generación de empleo decente y la mejora de empleabilidad. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo en el país, en particular sobre las tasas de población activa, empleo, desempleo y subempleo, desglosadas por sexo y edad y, de ser posible, por zona urbana y rural. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra el diseño y el establecimiento de un sistema nacional de información del mercado laboral.

Impacto de los acuerdos comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre la contribución a la creación de empleo duradero y de calidad de los sectores productivos orientados hacia la exportación. El Gobierno indica que no se cuenta con información sobre el empleo generado directamente por la actividad de exportación, si bien, proporciona información sobre el empleo generado de manera indirecta por aquellos sectores de los que proceden el mayor número de exportaciones que se realizan en el país. En este sentido, el Gobierno informa de que, en 2016, aproximadamente 175 525 personas trabajaron en el sector manufacturero (el 42 por ciento de las cuales trabajaban en el marco de un empleo formal), en el que se realizan el 96 por ciento de las exportaciones procedentes del país. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre la contribución a la creación de empleo duradero y de calidad de los sectores productivos orientados hacia la exportación, incluyendo información estadística desglosada por sexo y edad. La Comisión solicita además al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a facilitar la transición al trabajo formal en dichos sectores.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que, entre los objetivos de la PONED, se encuentra incrementar las competencias y cualificaciones de la fuerza de trabajo salvadoreña, a través de la educación formal y formación técnica-profesional, que permitan corresponder con las necesidades del aparato productivo nacional. En este marco, la PONED establece como resultados a alcanzar: i) el diseño y la adopción de un modelo de formación para trabajos que respondan a los desafíos de productividad del país; ii) el fortalecimiento de la articulación del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional (SETFP) con las necesidades del sector productivo, así como con las políticas económicas y educativas del país, y iii) la creación de mecanismos que promuevan la empleabilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad. Con la finalidad de alcanzar dichos resultados, la PONED prevé la implementación de una serie de acciones prioritarias, tales como el establecimiento de un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), generar y divulgar información sobre tendencias ocupacionales y demandas de competencias actuales y futuras del mercado laboral, y la implementación de programas de formación técnica. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo, particularmente sobre los mecanismos establecidos para promover la empleabilidad de grupos en situación de vulnerabilidad.

Jóvenes. La Comisión observa que, según el documento de la PONED, en 2016, la tasa de participación en el mercado laboral de los jóvenes de entre 16 y 24 años era del 48,5 por ciento. La tasa de desempleo abierto era del 14,2 por ciento, tres veces superior a la tasa de desempleo de las personas de entre 25 y 29 años (5,1 por ciento). Según el citado documento, en 2016 el 26 por ciento de los jóvenes de entre 15 a 24 años ni estudiaban ni trabajaban. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la implementación del Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo» por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), que tiene como objetivo promover el acceso al mercado de trabajo o el autoempleo de jóvenes de entre 15 y 29 años en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de sus habilidades y competencias. El programa está dirigido a aquellos jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo regular, en condiciones de desempleo o subempleo, o se encuentren finalizando la educación media. El Gobierno indica que se da prioridad a la participación en el programa a personas con discapacidad, madres con hijos menores de 6 años y personas LGTBI. Asimismo, en el marco del programa se llevan a cabo medidas de apoyo al emprendimiento joven que se encuentra en la informalidad, tales como la dotación de créditos. A este respecto, la CNTS señala que a los jóvenes que participan en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el INJUVE no se les aplica los estándares mínimos de derechos laborales. La Comisión toma nota también de que el Gobierno informa de que entre 2016 y el primer trimestre de 2017, participaron en el programa 4 220 jóvenes, el 58 por ciento de los cuales eran mujeres. De los participantes, el 1 por ciento tenía alguna discapacidad y un 0,5 por ciento pertenecía a la comunidad LGTBI. Por último, el Gobierno indica que se prevé la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado. A la luz de los comentarios de la CNTS, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre la manera en la que se garantizan los derechos laborales de los participantes en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el INJUVE. Asimismo, observando el reducido número de personas con discapacidad y personas LGTBI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para fomentar su participación en dicho programa. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, así como sobre el impacto de las mismas. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística actualizada sobre las tendencias del empleo juvenil, desagregada por edad y sexo. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada.

Mujeres. La Comisión observa que, según el documento de la PONED, en 2016 la tasa de participación de las mujeres continuaba representando cerca de la mitad de la de los hombres (47,3 por ciento y 80,1 por ciento, respectivamente) y el 30,9 por ciento de las mujeres empleadas se encontraban en una situación de subempleo frente a un 26,7 por ciento de los hombres ocupados. La Comisión toma nota también de que en sus observaciones finales de 3 de marzo de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación sobre la segregación de género en el trabajo, la reducida participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, la concentración de mujeres en el sector informal, y la brecha salarial entre mujeres y hombres (véase documento CEDAW/C/SLV/CO/8-9, párrafo 32, apartado a)). A este respecto, la Comisión toma nota de que, entre los objetivos específicos de la PONED, se encuentra la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de las barreras para el acceso al empleo y las prácticas discriminatorias. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas del mercado de trabajo adoptadas para aumentar la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y para combatir la segregación profesional vertical y horizontal, incluida información estadística actualizada, desglosada por ocupación, sector de actividad y categoría profesional.

Personas con discapacidad. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en el marco del convenio celebrado entre el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) y el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), se otorgan líneas de crédito a emprendedores con discapacidad con miras a brindarles el apoyo necesario a sus proyectos de negocio. Entre 2015 y junio de 2017, se proporcionó apoyo financiero a 25 personas con discapacidad. Igualmente, en el marco de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, se creó la Comisión de Inserción Laboral que coordina las acciones conjuntas realizadas entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y el CONAIPD. El Gobierno se refiere también a la celebración de la «Campaña de Registros de Personas con Discapacidad para Promover la Inserción Laboral». Por último, el Gobierno informa que entre junio de 2014 y octubre de 2016, 1 062 personas con discapacidad (750 hombres y 312 mujeres) fueron colocadas a través del SisNE. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en el mercado regular de trabajo. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información sobre el impacto de tales medidas, incluyendo información estadística sobre el número total de participantes, desglosada por edad, sexo, región y tipo de discapacidad.

Micro y pequeñas empresas (MYPE). En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las MYPE. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la ampliación del número de Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) hasta alcanzar 33 puntos de atención a nivel nacional y a la implementación del Registro MYPE, que permite el acceso a oportunidades de desarrollo empresarial y contribuye al procedimiento de formalización. En 2017, se creó la Encuesta MYPE con la finalidad de actualizar los datos sobre las MYPE y emprendimientos y de esta formar diseñar estrategias más adaptadas a la situación de las MYPE en el país. El Gobierno informa de que entre junio de 2014 y mayo de 2017, se crearon 11 561 empleos en el marco de las unidades económicas atendidas por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). La Comisión toma nota igualmente de que la CNTS sostiene que la ley especial de trabajadores por cuenta propia aún no ha sido aprobada. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra la aprobación de la ley especial de trabajadores por cuenta propia y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. Consultas con los interlocutores sociales. En respuesta a la observación de 2012, el Gobierno indica que todavía no cuenta con una política nacional de empleo, pero el Servicio Público de Empleo ha desarrollado un plan de trabajo. La Comisión toma nota de la intención del Gobierno de solicitar al Consejo Superior del Trabajo que aborde en el futuro los temas vinculados con la política del empleo. La Comisión invita al Gobierno a transmitir información detallada sobre los progresos realizados para adoptar y aplicar una política activa del empleo. La Comisión también invita al Gobierno a continuar proporcionando informaciones sobre los esfuerzos realizados para celebrar las consultas con los interlocutores sociales y sobre la manera en que los representantes de otros sectores de la población económicamente activa — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — han participado en la formulación de políticas y programas de empleo.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Según los datos transmitidos en la memoria, en 2012 se encontraban desocupadas 165 439 personas a nivel nacional, lo que representa una tasa de desempleo del 6,07 por ciento. En 2013, la tasa de desempleo disminuyó levemente hasta llegar al 5,9 por ciento. El desempleo es mayor entre la población joven y las mujeres. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre la naturaleza, extensión y tendencias del desempleo y del subempleo, como base para la adopción de medidas. La Comisión también invita al Gobierno a especificar cómo se revisan regularmente las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido.

Impacto de los acuerdos comerciales. El Gobierno indica que, en 2013, 178 560 empleos fueron creados por 1 664 empresas exportadoras. La Comisión toma nota de que un 15 por ciento de dichos empleos fueron generados por pequeñas y medianas empresas exportadoras. La Comisión invita al Gobierno a que continúe informando sobre la contribución a la creación de empleo duradero y de calidad de los sectores productivos orientados hacia la exportación.

Jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno respecto de las medidas de intermediación adoptadas para facilitar la inserción laboral de los jóvenes, de las mujeres y de las personas con discapacidad. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones más específicas sobre el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los programas que facilitan la inserción de la población joven, de las mujeres y de las personas con discapacidad, en el mercado de trabajo. Sírvase continuar informando sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, indicando la medida en que afectan a las mujeres, los jóvenes, los sectores más pobres de la población rural y los trabajadores de la economía informal.

Micro, pequeñas y medianas empresas. El Gobierno indica que se crearon 22 034 empleos como resultado de los programas y proyectos ejecutados por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). La Comisión toma nota de que el Programa de Dotación de Útiles Escolares, Uniformes y Zapatos para Estudiantes de la Educación Básica en Centros Públicos, que recurre a las micro, pequeñas y medianas empresas, ha generado 31 778 empleos. Además, el Gobierno indica que, en marzo de 2014, se adoptó una Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. La Comisión invita al Gobierno a seguir brindado indicaciones sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

La Comisión toma nota de las informaciones completas recibidas del Gobierno, en septiembre de 2011, en relación con la solicitud directa formulada en 2010.

Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. El Gobierno indica en su memoria que mediante la instalación de la Red Nacional de Empleo (RENACEMPLEO) y de las bolsas de trabajo se articulan los esfuerzos entre el sector público y privado para intervenir y contribuir en la generación de empleo decente, incluyendo al sector de las microempresas. El Gobierno agregó indicaciones sobre las actividades realizadas por la RENACEMPLEO y las ferias de empleo en 2009, 2010 y enero-julio de 2011. Además, el Gobierno indica que recibió asistencia técnica del Gobierno de los Estados Unidos de América (USAID) para hacer un diagnóstico de la forma en que se realizan las ferias de empleo, y de la Agencia Japonesa de Cooperación (JICA) para perfeccionar el sistema de intermediación laboral. La Comisión toma nota de que se inició un proceso de consulta para formular una política nacional de empleo. En junio de 2010, en el Consejo Superior del Trabajo se decidió trabajar en la formulación de una política nacional de empleo tomando como insumo a los consensos que se alcancen en un pacto nacional por el empleo. La Comisión observa que, según proyecciones oficiales, la población en edad de trabajar pasará de 3 790 000 personas a 4 240 000 personas, entre 2010 y 2020, lo que requerirá generar aproximadamente 455 000 nuevos puestos de trabajo al final de la década — es decir, un poco más de 45 500 plazas anuales de promedio durante el período considerado. Según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el primer semestre del 2011 se crearon 12 500 empleos formales. La Comisión se remite al párrafo 785 del Estudio General sobre los instrumentos relativos al empleo de 2010, donde expresó que hay tres pasos fundamentales para lograr el pleno empleo productivo y libremente elegido; siendo el primero de ellos, el asumir un compromiso político para alcanzarlo. La Comisión recuerda que el artículo 2 del Convenio dispone que los Estados Miembros adopten un marco claramente definido y establecido para coordinar las políticas económicas y sociales. La Comisión invita al Gobierno a que indique si se estableció un plan nacional de empleo de manera que se lleve a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión espera, que en la próxima memoria, se incluyan información actualizada sobre las actividades realizadas por RENACEMPLEO de manera que se conozca la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como requisito indispensable para ejecutar una política activa del empleo en el sentido del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que agregue informaciones sobre los esfuerzos realizados para celebrar las consultas con los interlocutores sociales, según establece el artículo 3 del Convenio. En este sentido, la Comisión insiste en la importancia de tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse que los programas aplicados han generado empleos de calidad. La Comisión reitera su pedido de que se agreguen informaciones sobre las consultas con todos los sectores interesados incluyendo a quienes representan al sector rural y a la economía informal.

Impacto de los acuerdos comerciales. El Gobierno señala que el impacto de los acuerdos comerciales se visualiza en el desarrollo de programas para generar empleo en obras públicas y en el apoyo que se brinda a las microempresas y al autoempleo en las zonas rurales del país. La Comisión invita al Gobierno a que agregue en su próxima memoria indicaciones sobre el impacto en el mercado de trabajo del desarrollo de los sectores productivos orientados hacia la exportación tanto cuando se trate de productos manufacturados como de productos de la economía agropecuaria.

Grupos vulnerables. El Gobierno señala que el 51 por ciento de la población atendida por el Servicio Público del Empleo son mujeres. Además, se estableció un programa de gobierno llamado Ciudad Mujer destinado a ofrecer servicios especializados reuniendo dentro de un mismo espacio a las instituciones del Estado que prestan servicios de atención especializada a las mujeres. Se realizan ferias de autoempleo destinadas a mujeres adultas mayores. Con fondos del Banco Mundial, en los 25 municipios urbanos que se identificaron como los más necesitados, se otorga un apoyo temporal al ingreso destinado a mujeres jefas de hogar y jóvenes entre 16 y 24 años que no tengan un empleo formal y pertenezcan a hogares pobres. La Comisión también toma nota de otras iniciativas para sostener el empleo y la producción rurales. El Gobierno reconoce que el fomento del empleo juvenil es un desafío. El Gobierno pretende reducir los niveles de desempleo y pobreza de los jóvenes al ofrecerles un proceso de acompañamiento mediante iniciativas de formación profesional e inserción laboral. La Comisión espera que la próxima memoria incluya informaciones más específicas sobre las medidas adoptadas para fortalecer los programas que facilitan la inserción de la población joven y de las mujeres en el mercado laboral y los resultados obtenidos. La Comisión pide al Gobierno que comunique indicaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, sectores más pobres de la población rural y trabajadores de la economía informal). La Comisión desearía seguir examinando informaciones que permitan apreciar el impacto alcanzado por las medidas adoptadas para facilitar el ingreso al mercado abierto de trabajo a personas con discapacidad.

Micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de las acciones ejecutadas entre junio de 2009 a mayo de 2010 en el marco de la Estrategia de Acompañamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2010-2014, incluyendo datos sobre el número de servicios ofrecidos y de emprendedores atendidos. La Comisión invita al Gobierno a seguir brindado indicaciones sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de las detalladas informaciones proporcionadas por el Gobierno en una memoria recibida en noviembre 2009 en respuesta a la observación de 2008.

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Política económica y social coordinada. El Gobierno indica que en junio de 2009, se determinó que el eje articulador de las políticas económicas sectoriales, macroeconómica y de integración regional fuera el de fomentar la generación de más y mejores empleos. Se promoverán concretamente facilidades financieras agropecuarias, la inversión extranjera generadora de empleo decente y el desarrollo económico local. También se dará prioridad a la formalización en actividades agrícolas e industriales de trabajadores que se encuentran en la economía informal. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2009; en 2008, la tasa de desempleo abierto se situaba en el 5,9 por ciento y la población ocupada en el sector informal se situó en un 57,8 por ciento. Según estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el empleo formal creció en 22.476 plazas entre agosto de 2007 y 2008. La industria manufacturera, comercio, sector financiero y servicios personales y la construcción han sido las actividades con mayor participación para la creación de empleo. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados mediante la ejecución de medidas para generar empleo productivo con la asistencia de la OIT en el marco del Programa Nacional de Trabajo Decente de 2007. La Comisión espera que el Gobierno pueda también informar acerca de los avances en la formulación y adopción de un Plan Nacional de Empleo.

2. Impacto de los acuerdos comerciales. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que los Tratados de Libre Comercio contribuyeron con el desarrollo del agro, aumentando el valor de las exportaciones de los principales productos agropecuarios y agroindustriales hacia el mercado de los Estados Unidos. La Comisión toma nota de que se ha implementado un programa de titulación de tierras, dando énfasis al empoderamiento económico y mejoramiento de la autonomía de las mujeres rurales. Se apoyó también a los productores con tecnología para contribuir al incremento de la productividad y así lograr mejores cosechas y mejorar la genética del ganado. La Comisión invita al Gobierno a continuar brindando información sobre el impacto que han tenido los acuerdos comerciales para la creación de empleo duradero tanto en el sector industrial como en la economía agropecuaria.

3. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno se refiere a las medidas orientadas a disminuir los efectos negativos de la crisis económica mundial. La Comisión toma nota de que se otorgaron subsidios, se aumentó la liquidez del sistema financiero, se reforzó el sector agropecuario mediante el otorgamiento de semilla mejorada, y se reforzaron los programas asistenciales para reducir los efectos negativos del alza de los precios en el presupuesto de las familias salvadoreñas de ingreso medio. El Gobierno anunció un plan global contra la crisis dando prioridad a la protección de los empleos existentes y a generar nuevas fuentes de trabajo. Además, se impulsarán las inversiones públicas con alta generación de empleo, ampliando y mejorando servicios públicos e infraestructura básica así como la construcción y mejora de viviendas de interés social. Con la aceleración de las inversiones públicas se pretende generar empleo, promover el desarrollo local y activar las micro y pequeñas empresas a nivel local por medio del acceso a las adquisiciones y contrataciones del Estado. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó la importancia que tienen las consultas tripartitas continuas y genuinas para afrontar y mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial (párrafo 788 del Estudio General de 2010). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria informe sobre las consultas efectuadas para diseñar y ejecutar una política activa del empleo que permita superar los efectos negativos de la crisis mundial. La Comisión pide también al Gobierno que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal.

4. Medidas de intermediación de empleo. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas referentes a las acciones realizadas por la Red Nacional de Oportunidades de Empleo. El Gobierno ha comunicado los resultados alcanzados en las 34 ferias de empleo que se realizaron el 2008, ofertando 34.442 puestos de trabajo y colocando a 7.188 trabajadores. Hasta junio de 2009, se habían celebrado nueve ferias de trabajo a nivel nacional. La Comisión invita al Gobierno a que continúe brindando información sobre los resultados obtenidos mediante las acciones de intermediación en el empleo incluyendo aquellas actividades realizadas en el marco de los programas de desarrollo territorial para la generación de empleo local. Además, la Comisión espera recibir información sobre los avances que se han realizado para fortalecer y consolidar el Sistema Público de Empleo.

5. Grupos vulnerables. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas para favorecer la generación de empleo para las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de edad avanzada, los trabajadores rurales y aquellos que trabajan en la economía informal. El Ministerio de Trabajo ha tomado diferentes iniciativas encaminadas a la inserción laboral de los jóvenes, incluyendo la realización de tres ferias de empleo juvenil, con un total de 12.000 jóvenes asistentes, y 6.000 puestos de trabajo ofertados por las empresas. El Gobierno se propone impulsar programas que faciliten a los jóvenes su primer empleo y establecer incentivos para la inversión productiva intensiva en la utilización de mano de obra que contrate jóvenes y mujeres. En su Estudio General de 2010, la Comisión subrayó la importancia de que las personas desempleadas retornen al trabajo tan rápido como sea posible. Además de beneficiar al individuo, el regreso a la vida activa favorece la cohesión social. Los desempleados de larga duración y los jóvenes sin empleo son particularmente susceptibles de desconectarse de la sociedad. La exclusión social resultante es dañina, no sólo para aquéllos directamente afectados, sino también para la comunidad, que sufre un incremento de actitudes antisociales y delictivas, y otros efectos negativos relacionados con las privaciones (párrafo 799 del Estudio General de 2010). La Comisión también instó a los gobiernos a que desarrollen políticas de creación de empleos y asesoramiento destinadas a los jóvenes desempleados calificados. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre los resultados obtenidos mediante la ejecución de medidas para aumentar la participación de las mujeres en el mercado del trabajo y asegurar la empleabilidad de los jóvenes.

6. Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas recibidas en septiembre de 2010 con la memoria sobre el Convenio núm. 159. Además, la Comisión toma nota de las medidas tomadas para alcanzar una mayor igualdad en el acceso al empleo de personas con discapacidad, entre otras, la realización de ferias de autoempleo y la celebración de jornadas de sensibilización sobre la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre las medidas tomadas para facilitar el ingreso al mercado abierto de trabajo a personas con discapacidad.

7. Pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ha elaborado la Estrategia de Acompañamiento a la Micro y Pequeña Empresa 2010-2014, cuyos ejes estratégicos incluyen el desarrollo de la competitividad de los sectores estratégicos que potencian a las micro y pequeñas empresas y contribuyen a mejorar el entorno favorable de las MYPE. La Comisión recuerda que en el Estudio General de 2010 también se destacó el papel central de las pequeñas y medianas empresas en la reducción de la pobreza, mediante la creación de empleos, según la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya información acerca del impacto de las políticas que se están impulsando para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. En respuesta a la observación de 2006, el Gobierno ha presentado en agosto de 2007 una memoria completa. El Gobierno anuncia que la tasa de crecimiento económico anual en 2006 fue de un 4,2 por ciento, la más alta en los últimos diez años. En 2006, se generaron 35.000 nuevos empleos y se instalaron 29 nuevas empresas — habiendo aumentando el número de cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y disminuido levemente el desempleo abierto (6,5 por ciento en 2007, según datos publicados por la CEPAL). El número de empleos formales en el sector agropecuario creció de 600.000 a 625.000 puestos de trabajo entre 2005 y 2006. El Gobierno destaca que los indicadores económicos son una señal positiva del esfuerzo de crear empleo duradero y decente. Sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), el Gobierno proyecta un mayor crecimiento económico y el beneficio sobre el empleo en toda la región fluctuaría entre 120.000 y 360.000 nuevos empleos en los primeros seis años de vigencia. La Comisión espera que la próxima memoria incluirá una actualización sobre el impacto que han tenido los acuerdos comerciales para la creación de empleo duradero. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre la manera en que el fomento del empleo figura en los planes y programas gubernamentales de manera de asegurar que la generación de puestos de trabajo de calidad ocupa un lugar central de las políticas macroeconómicas y sociales.

La Comisión toma nota de los esfuerzos que se realizan en el marco de la red nacional de oportunidades de empleo donde se ofrecen servicios de intermediación de empleo e información laboral. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, se ha elaborado un plan de acción de la red permitiendo la instalación de oficinas locales de gestión de empleo en la Zona Metropolitana de San Salvador, La Paz y Ahuachapán. La Red Nacional de Empleo permitió colocar en 2006 un total de 16.102 personas. Además, el Gobierno ha agregado informaciones sobre los resultados obtenidos mediante las ferias de empleo (82.754 puestos de trabajo fueron puestos a disposición y 40.984 demandantes de empleos encontraron oportunidades de trabajo). Se ejecutan medidas para promover empleo en la región del Golfo de Fonseca y en otras localidades (Nonualcos, Valle de San Andrés) a través de acciones coordinadas con las mesas de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas ejecutadas y los resultados alcanzados para favorecer el empleo duradero de los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores rurales y de la economía informal). Sírvase agregar un resumen de la propuesta de política para el fomento del empleo juvenil y de los resultados alcanzados para promover empleo juvenil y la formación ocupacional de los jóvenes.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno indica que será de gran apoyo para el fortalecimiento y continuidad de sus iniciativas, la asistencia que se logre de la OIT en el marco del Programa Nacional de Trabajo Decente. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique los documentos aprobados sobre el Programa Nacional de Trabajo Decente relacionados con la política del empleo. La Comisión invita también al Gobierno dar informaciones más precisas sobre las consultas que requiere el Convenio con representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula los programas y busca apoyo para ejecutar las medidas de política de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2005, que contiene informaciones solicitadas en su observación de 2003. El Gobierno informa sobre las tareas emprendidas por el observatorio del mercado de trabajo para el diseño de programas de formación profesional, sobre el funcionamiento del sistema de intermediación para el empleo y sobre los programas destinados a grupos desfavorecidos (jóvenes y mujeres jefas de hogar, personas con discapacidades). El Gobierno indica que la tasa de subempleo es de 34,6 por ciento; habiendo alcanzado la tasa de desempleo nacional un 6,8 por ciento (en 2004). Cerca de 8.000 empleos se han perdido en el sector de la maquila como consecuencia de la competencia asiática en el sector textil. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, indique los resultados alcanzados en términos de creación de empleo duradero y reducción del subempleo en el marco de la política nacional de empleo. La Comisión pide al Gobierno que agregue a su próxima memoria informaciones detalladas sobre las medidas ejecutadas en el marco de la política nacional de empleo. Además, la Comisión expresa su interés por conocer las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la manera en que los acuerdos comerciales que se han negociado han podido influir en el mercado laboral (artículo 1 del Convenio).

2. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno evoca que se ha instalado un foro tripartito de carácter permanente de empleo para contribuir a posicionar el objetivo de generación de empleos de calidad en el centro de la política económica. Se realizaron estudios destinados a elaborar una política nacional de empleo, en el seno del Consejo Superior del Trabajo. Además, se ha diseñado una política nacional para el fomento del empleo juvenil. La Comisión pide al Gobierno que comunique los documentos aprobados sobre la política nacional de empleo y para el fomento del empleo juvenil. Se agradece al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones detalladas sobre la creación de empleo alcanzada como consecuencia de la ejecución de dichas políticas. La Comisión invita también al Gobierno a considerar la manera de incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula los programas y busca apoyo para ejecutar las medidas de política de empleo (artículo 3).

3. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscrita por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad según los parámetros de la OIT en el centro de la política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y al crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria se incluya indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario de memoria).

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

1. Artículo 1 del Convenio. En relación con la observación de 2001, la Comisión toma nota de la detallada y completa memoria del Gobierno recibida en diciembre de 2002. El Gobierno indica en su memoria que, con el apoyo del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Oficina de Area de la OIT, ha sido posible ejecutar programas para hacer frente al desafío de reconstrucción luego de los terremotos que golpearon a El Salvador en enero y febrero del 2001. El Gobierno se refiere específicamente al Programa de Reactivación del Empleo Rural que además de rehabilitar 941.409 empleos durante el periodo enero/junio del 2001, permitió la reconstrucción de las infraestructuras siniestradas por causa de la catástrofe natural. Por otra parte, el Gobierno menciona su estrategia de creación de empleos mediante el aumento de exportaciones que provendrá de los nuevos tratados de libre comercio que han sido suscritos con sus principales socios comerciales. Dentro del marco de estas políticas se prevé que el empleo total en el sector de exportaciones llegue a 405.000 plazas de trabajo para el 2005. La Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno incluirá informaciones sobre los resultados concretos alcanzados para la generación de empleo productivo por estas medidas. Sírvase comunicar toda otra información relativa a la reestructuración de la economía y a aquellos programas destinados al mercado laboral que se hayan ejecutado para armonizar la oferta y la demanda de mano de obra de manera de asegurar que las categorías de trabajadores afectadas por dichas transformaciones estructurales o los cambios en el comercio internacional puedan ingresar y permanecer en el mercado de trabajo.

2. Artículo 2. El Gobierno confirma - por medio de los datos estadísticos recopilados y comunicados - que pese a la disciplina macroeconómica alcanzada, la subutilización de recursos humanos continua a pesar sobre las perspectivas de desarrollo en El Salvador. La Comisión observa con preocupación que el subempleo - que afecta a cerca de un tercio de la población activa - golpea particularmente en las áreas rurales, provocando pobreza e incentivando las migraciones rural-urbanas. La urbanización del subempleo se manifiesta en el crecimiento de las actividades informales urbanas y en el aumento de la pobreza urbana. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que incluya en su próxima memoria, informaciones relativas a la evolución del subempleo en El Salvador. Asimismo, la Comisión confía en que el Gobierno le seguirá dando prioridad en sus planes al desarrollo de una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

3. Artículo 3. En noviembre de 2002, la Oficina comunicó al Gobierno las observaciones de la Comisión Intersindical de El Salvador (CIES) sugiriendo, entre otras cuestiones, que el Gobierno no tendría una política de empleo. La abolición del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Social habría dificultado disponer de medios técnicos para preparar políticas de desarrollo y concretamente la del empleo. Las organizaciones de trabajadores no habrían sido tomadas en cuenta o consultadas para la formulación de una política del empleo. La CIES afirma también que el sector privado no tendría una acción favorable a la creación de empleos y frente a la desaceleración de la economía habría adoptado como respuesta única e inmediata el despido de trabajadores para poder competir. La Comisión toma también debida nota de los comentarios que ha hecho llegar el Gobierno, en diciembre de 2002, en relación con las observaciones de la CIES. El Gobierno se remite nuevamente a las medidas tomadas en el marco del Programa de Reactivación del Empleo Rural y a las expectativas de generar empleo en el sector de las exportaciones. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desarrolla un plan nacional de empleo en coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Se destacan los estudios sobre el impacto de los programas de formación profesional desarrollado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). El Gobierno reconoce que el valioso apoyo permanente que brinda la OIT a través de los diferentes programas y proyectos (fortalecimiento del diálogo social, gestión de empleo, fortalecimiento de las inspecciones de trabajo, erradicación del trabajo infantil, modernización del Ministerio de Trabajo) han contribuido para que El Salvador sea uno de los siete países de América Latina que ha registrado avances en materia de trabajo decente. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio dispone que las medidas que hayan de ser adoptadas en relación con la política del empleo deben tener plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de manera de obtener su plena cooperación en la labor de formular y ejecutar la política de empleo. La Comisión confía que, en su próxima memoria, el Gobierno podrá dar mayores detalles de los esfuerzos desplegados para celebrar las consultas que requiere esta importante disposición y mostrar también la manera en que se ha tenido en cuenta la opinión de los representantes de las personas interesadas en las medidas de política del empleo - incluyendo la opinión de representantes del sector rural y de la economía informal - de manera de asegurar que se vayan alcanzando los objetivos del Convenio.

4. En una solicitud directa sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), la Comisión evoca cuestiones relativas a la coordinación de las políticas de enseñanza y formación profesionales con perspectivas de oportunidades de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. En relación con su solicitud directa de 1998, la Comisión toma nota de las indicaciones estadísticas incluidas en la memoria del Gobierno que muestran que el desempleo ha disminuido entre 1995 y 2000. En efecto, la tasa de desempleo se situó en 6,6 por ciento (en 2000), un punto porcentual menos que el promedio registrado en el período 1994-1999 (7,6 por ciento). Sin embargo, el problema del desempleo rural pareciera haber sido más acentuado que el urbano, reflejándose de esta manera - según la CEPAL - las disparidades internas en términos de pobreza, ingreso y oportunidades. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno incluirá las informaciones actualizadas que requiere el formulario de memoria sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, del desempleo - y en especial, del subempleo. Al respecto, se agradecerían indicaciones sobre la manera en que el desempleo y subempleo afectan a las mujeres, a los jóvenes y a los trabajadores del sector rural (en particular, sobre el impacto en el empleo del Plan de la Alianza para el Trabajo).

2. El Gobierno menciona en su memoria la adopción de la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad (que será analizada más en detalle en relación con la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)) y de la iniciativa legislativa para que se adopte una nueva ley de aprendizaje. La Comisión agradecería que, en su próxima memoria, el Gobierno incluya indicaciones sobre el impacto que han tenido estas iniciativas para procurar empleo duradero a las personas con discapacidad y a los jóvenes que desean ingresar en el mercado del trabajo.

3. El Gobierno evoca en su memoria la adopción de un Programa Nacional de Competitividad el cual, a través de proyectos específicos, busca aumentar la competitividad de las empresas para que puedan desempeñarse en un mundo cambiante y globalizado. Además, se intenta promover las inversiones extranjeras de manera de generar 5.000 empleos y desarrollar una industria nacional de servicios de alta tecnología. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que continúe abordando en sus memorias el impacto en el empleo de las reformas estructurales que se hayan impulsado y que informe sobre las medidas y programas destinados al mercado laboral que se hayan ejecutado para armonizar la oferta y la demanda de mano de obra de manera de asegurar que las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones estructurales permanezcan en el mercado de trabajo.

4. El Gobierno indica en su memoria que entró en vigencia la ley de zonas francas industriales y de comercialización destinada a ampliar y diversificar las operaciones productivas y los mercados de exportación. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre la manera en que dichas zonas y las actividades de maquila han contribuido a la creación de empleos productivos y duraderos.

5. Artículo 2. El Gobierno indica en su memoria que, de acuerdo a los principios en que se sustenta la nueva cultura de trabajo, serán establecidos mecanismos y procedimientos más efectivos de seguimiento y de evaluación de las variables estadísticas sobre el mercado del trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que siga incluyendo en sus memorias indicaciones sobre la manera en que las medidas principales de política del empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social coordinada.

6. Artículo 3. El Gobierno menciona en su memoria a los tres organismos consultivos del Ministerio de Trabajo (Consejo Superior del Trabajo, Consejo Nacional del Salario Mínimo, Comisión Consultiva). El Consejo Superior del Trabajo está facultado para fomentar recomendaciones sobre la conducción y revisión de la política social, que incluye la de empleo. En este sentido, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien agregar en su memoria ejemplos de las recomendaciones o sugerencias formuladas por el Consejo Superior del Trabajo en materia de política del empleo para permitirle examinar la manera en que se busca lograr la plena cooperación de los sectores consultados en la labor de formular la política del empleo y para obtener el apoyo necesario para su ejecución.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno correspondiente al período que terminó el 31 de mayo de 2000. El Plan de Gobierno de la Nueva Alianza, 1999-2000, mantiene entre sus objetivos el que el Gobierno y la iniciativa privada creen las condiciones que propicien la generación de oportunidades de empleo. El Gobierno agrega también en su memoria que la legislación laboral en El Salvador es altamente rígida, lo cual puede resultar en grandes pérdidas de eficiencia. La necesidad de reducir los costos de ajuste de la fuerza de trabajo para responder a cambios impredecibles en las condiciones económicas ha originado una demanda de flexibilización, tanto en lo que concierne a los costos de despido, como a nuevas fórmulas de contratación. En este sentido, la Comisión advierte que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha solicitado la asistencia de la OIT (Equipo técnico multidisciplinario para América Central) de manera de generar un mejor conocimiento de los problemas de empleo en el país y avanzar en la definición de políticas para el fomento de mayores oportunidades de trabajo digno a favor de mujeres y hombres. La asistencia de la OIT debería lograr un mejor conocimiento de la magnitud del problema del empleo e ingresos y su relación con las condiciones socioeconómicas de los hogares y permitir el diseño de políticas y programas para el fomento de mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo. En consecuencia, la Comisión confía en que el Gobierno le seguirá dando prioridad en sus planes y programas a los objetivos del pleno empleo, teniendo debidamente en cuenta la aplicación y promoción de los principios y derechos establecidos en las normas internacionales del trabajo como las necesidades de la competitividad económica. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que se sirva incluir en su próxima memoria informaciones sobre las acciones emprendidas como consecuencia de la asistencia dada por la OIT en relación con la política del empleo para promover trabajo digno (artículo 1 del Convenio).

2. Recordando que en enero y febrero de 2001, dos terremotos de gran magnitud provocaron graves pérdidas, la Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria agregue indicaciones sobre las medidas de política del empleo que se hayan adoptado para atender las necesidades de trabajo de las personas afectadas y la reconstrucción de infraestructuras y viviendas, incluyendo la asistencia recibida en este campo de parte de la OIT.

En una solicitud directa, la Comisión plantea otros asuntos relacionados con la aplicación del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio, recibida en abril de 1997, y de la memoria recibida en mayo de 1998. El Gobierno menciona en su memoria varios documentos tales como los planes de Gobierno 1994-1999 y Nacional de Desarrollo Agropecuario así como los programas de inversiones públicas y de estabilización y ajuste estructural, donde se habrían previsto medidas que tienen por objeto una política activa encaminada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno tendrá a bien incluir copia de dichos documentos (parte I del formulario de memoria). Asimismo, la Comisión le ruega al Gobierno tener a bien precisar si se han presentado dificultades particulares para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en los planes y programas mencionados e indicar en qué medida se han superado estas dificultades.

2. La Comisión toma nota de que según las encuestas de hogares, la tasa de ocupación pasó de 90 por ciento en 1990 al 92,4 por ciento en 1995. Sin embargo, la memoria del Gobierno no contiene otros datos sobre la situación, nivel y tendencias del empleo. De acuerdo con informaciones publicadas por la CEPAL, pese al dinamismo de la actividad productiva (en 1997 el producto interno bruto aumentó alrededor del 4 por ciento), se estima que en 1997 el desempleo abierto supera el 8 por ciento frente al 7,7 por ciento en 1996 y no se habrían creado nuevos puestos de trabajo en cantidad suficiente, lo que la CEPAL atribuye al carácter todavía incipiente del repunte de la inversión. Considerando estas dificultades, la Comisión desearía poder apreciar plenamente la manera en que el Gobierno se esfuerza por llevar a cabo una política activa del empleo, en el sentido del Convenio. Para ello, se permite señalar que muchos aspectos de la política del empleo rebasan la competencia de un ministerio de trabajo, de modo tal que la preparación de una memoria completa sobre el Convenio núm. 122 exige consultas con otros ministerios o entidades gubernamentales interesadas como son, por ejemplo, los que se ocupan de la planificación, la economía y la estadística. En este sentido, la Comisión ruega al Gobierno tener a bien, en su próxima memoria, brindar indicaciones detalladas sobre los siguientes puntos:

a) sírvase dar la información que requiere el formulario de memoria sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo y en la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores que suelen tener dificultades para encontrar empleo duradero, como por ejemplo mujeres, jóvenes, trabajadores de edad, trabajadores migrantes e indígenas (véase bajo artículo 1 del Convenio);

b) sírvase precisar en qué medida los objetivos de la política económica mencionados en la primera memoria (aumento de la producción, el empleo y la estabilidad de precios) han permitido que se satisfagan las demandas de empleo. La Comisión apreciaría que el Gobierno continúe incluyendo en sus memorias referencias a las políticas de desarrollo globales y sectoriales, al desarrollo de la infraestructura y al desarrollo industrial, comprendiendo evaluaciones cuantificadas de la creación de empleo productivo por las medidas auspiciadas por el Gobierno;

c) sírvase precisar la manera en que se asegura que la política crediticia desarrollada en favor de la micro y pequeña empresa ha permitido la creación de empleos duraderos en el sector industrial;

d) sírvase indicar la manera en que el nuevo concepto empresarial agrícola ha favorecido el empleo en el sector rural, teniendo en cuenta las políticas macroeconómicas pasadas, las condiciones internacionales adversas y la violencia del conflicto armado que evoca el Gobierno en su primera memoria. Considerando el alto porcentaje de mano de obra ocupado en el sector rural, la Comisión se permite llamar la atención del Gobierno sobre el párrafo 27 de la Recomendación sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) -- cuyo texto se reproduce en el formulario de memoria -- y que contiene sugerencias sobre la manera de crear oportunidades de empleo en el sector agropecuario y promover medidas de orden estructural destinadas al desarrollo del empleo productivo en el sector rural;

e) sírvase brindar indicaciones sobre la manera en que se dan oportunidades de empleo productivo en el sector terciario, en particular en el turismo;

f) sírvase indicar si se han incluido políticas y programas de población, como las que por ejemplo sugiere el párrafo 14 de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169), en el marco de las medidas tomadas en materia de política del empleo;

g) sírvase indicar la manera en que las zonas de exportación y las actividades de maquila han contribuido a la creación de empleos productivos y duraderos.

3. Sírvase describir los procedimientos que aseguran que se han tomado debidamente en consideración los efectos sobre el empleo al adoptarse medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico. Sírvase asimismo precisar la manera en que las medidas principales de política del empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2).

4. La Comisión se permite advertir la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas interesadas que se establecen en el artículo 3 del Convenio. Teniendo en cuenta el papel que se le atribuye al Consejo Superior del Trabajo, la Comisión apreciaría que la próxima memoria del Gobierno contenga indicaciones sobre la manera en que la mencionada instancia contribuye a que se tomen en cuenta las experiencias y opiniones de los representantes de las personas interesadas (organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado) en materia de política del empleo. Sírvase agregar ejemplos de las recomendaciones o sugerencias formuladas por el Consejo Superior del Trabajo en materia de política del empleo para permitirle a la Comisión examinar la manera en que se busca lograr la plena cooperación de los sectores consultados en la labor de formular la política del empleo y para obtener el apoyo necesario para su ejecución.

De manera general, la Comisión considera conveniente que al responder a los puntos planteados se tengan en cuenta los comentarios formulados sobre la aplicación de otros convenios ratificados por El Salvador, estrechamente vinculados al Convenio núm. 122, tales como el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) y el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159).