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En la Argentina, la inspección laboral es una facultad no delegada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a la nación. Estas últimas tienen competencia exclusiva para fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, las condiciones de higiene y la seguridad. La competencia inspectiva federal es de excepción con respecto a transporte de pasajeros, las cargas, las actividades fluviales, marítimas y lacustres, los puertos y los aeropuertos.

En ese marco de división de competencias, la Ley Nº 25.212 ratifica el Pacto Federal del Trabajo suscrito entre el Estado Nacional, las provincias y la CABA, cuyo objetivo es la unificación de los criterios de fiscalización laboral y del régimen de sanciones por infracciones laborales en todo el país.

Por la Ley N° 25.877 se crea el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional.

Por lo expuesto, el Gobierno considera que el análisis cuantitativo de la dotación de inspectores deberá efectuarse sumando la cantidad de inspectores dependientes de la administración nacional, de las jurisdicciones locales y de los entes públicos no estatales con facultades inspectivas delegadas. Así, la administración pública nacional cuenta con un servicio de inspectores laborales dependientes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A su vez, cada una de las provincias y la CABA cuenta con sus propios servicios de inspección laboral.

Sumado a ello, se deben contabilizar los inspectores de los entes públicos no estatales: el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Por consiguiente, el número total de inspectores resulta suficiente y efectivo en los términos del Convenio núm. 81.

En la Argentina, el sistema de inspección del trabajo garantiza una autoridad central
en un sistema federal

En la Argentina, se garantiza una autoridad central (Ministerio de Capital Humano - STEySS) que coordina y fija lineamientos comunes para todo el país en un marco de corresponsabilidad y cooperación (Ley Nº 25.212). En el mismo sentido, se indica que, como autoridad central, la STEySS es sede del Consejo Federal del Trabajo (CFT), un organismo que procura la mayor eficacia de la actividad gubernamental en las distintas jurisdicciones, creado por la Ley Nº 25.212.

Por otra parte, continúa vigente el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), gestión conjunta entre el Gobierno nacional y provincial y la CABA. También, por la citada Ley Nº 25.877, la STEySS es la autoridad de aplicación del SIDITYSS y ejerce las funciones en articulación con las administraciones provinciales y la CABA.

En la Argentina, los inspectores del trabajo se encuentran dotados de los medios
de transporte y suplementos por movilidad

Al respecto, resulta importante destacar que todos los inspectores perciben de manera mensual el suplemento por movilidad, que se encuentra destinado a solventar los viajes en transporte público que necesiten a fin de llevar a cabo sus tareas de forma diaria.

También se encuentra establecido que, para los casos que deban realizar traslados más allá de los 50 km de su lugar de trabajo (domicilio de las agencias territoriales), se tramitan comisiones de servicio que otorgan a los inspectores una suma de dinero para que puedan solventar lo necesario para el cumplimiento de sus tareas, incluso el alojamiento si necesitan pernoctar en otras ciudades.

Tanto la sede central como las agencias territoriales de la STEySS cuentan con medios de transporte disponibles.

Información solicitada sobre el número de inspectores en régimen de estabilidad
y de contratación a nivel federal

El número de inspectores a nivel federal asciende a 316, de los cuales 263 se encuentran bajo el régimen de estabilidad y 53 son contratados (sumar los inspectores que integran las administraciones de las provincias y de la CABA). Sumado a ello, la SRT cuenta con un total de 100 inspectores contratados a plazo indeterminado y 20 contratados a plazo fijo por un año con renovación automática (Ley Nº 20.744).

Medidas adoptadas para asegurar las sanciones por trabajo no registrado

Al respecto, ante la observación relacionada con las normas que fueron derogadas por la Ley Nº 27.742 que establecían consecuencias económicas a cargo del empleador por incumplimiento de la normativa laboral, corresponde aclarar que, en esencia, implicaban una doble imposición, pues los empleadores debían responder por el mismo incumplimiento regulado por la Ley Nº 25.212. Sin embargo, la observación cuya respuesta antecede no guarda relación alguna con los postulados del Convenio núm. 81, y se solicita desestimar.

A continuación, se detalla el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales (REGESIL), de aplicación en todo el territorio nacional (Ley N° 25.212):

Tipos	Conductas	Cuantías de las multas
Leves	Incumplimientos formales o documentales	Del 25 al 150 por ciento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM)
Graves	Son las acciones u omisiones que importen el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo	Del 30 al 200 por ciento del SMVM por cada trabajador
Muy graves	Son las acciones u omisiones que puedan derivar en riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores, discriminación, actos contrarios a la intimidad y dignidad	Del 50 al 2 000 por ciento del SMVM por cada trabajador afectado
Obstrucción	Conductas que impidan, perturben o retrasen la labor del inspector	Del 100 al 5 000 por ciento del SMVM

El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) - Ley N° 26.940:

El mencionado Registro publica sanciones firmes por trabajo no registrado aplicadas por la STEySS, la ARCA, las autoridades provinciales y de la CABA, RENATRE y la SRT, así como las sanciones por obstrucción a la inspección del trabajo, las sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por el empleador, las sanciones por infracciones a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y las sentencias por infracción a la Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (sanción: no acceder a programas, beneficios o subsidios del Estado, líneas de crédito de instituciones bancarias públicas ni participar en concesiones de obras o servicios públicos).

Los inspectores en el sector agrícola son suficientes, confluyen todos los sistemas
de inspección (nacionales, provinciales y el RENATRE)

Los inspectores federales suman un total de 316, quienes cumplen funciones en el marco del PNRT y competencia federal plena, pero también realizan inspecciones en el sector agrícola (también los inspectores provinciales y del RENATRE).

La Comisión observa que el trabajo no registrado prevalece de manera significativa
en el campo

La Argentina continúa implementando el PNRT a nivel nacional, con acciones conjuntas que se llevan a cabo con el RENATRE, se reciben denuncias y se cumplen acciones para la detección de trabajadores sin registrar y su inclusión en la plantilla de trabajadores en relación de dependencia.

La Comisión observa el trabajo infantil rural persistente, la explotación y la trata laboral y las condiciones inhumanas

En el marco de la Comisión de Enlace de la STEySS con el RENATRE, se ha detectado la presencia de niños y situaciones de explotación laboral, y se efectuaron las denuncias para que intervenga la justicia. El producto del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Enlace logró mejorar la focalización en la detección de irregularidades.

Coordinación entre organismos nacionales, provinciales y el RENATRE.
Convenio de Cooperación

En el año 2019, se firmó un convenio de cooperación entre la entonces Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo y el RENATRE, para fortalecer la fiscalización y promoción del trabajo decente en el sector agrícola, evitando la superposición de esfuerzos y procurando el aprovechamiento de los recursos por parte de ambos organismos. Posteriormente, en el año 2020, la entonces Secretaría de Trabajo del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el RENATRE suscribieron un acta complementaria. A partir de los instrumentos mencionados, se consolidó un esquema de trabajo articulado y planificado entre ambos organismos.

A continuación, se exponen los principales indicadores de la Comisión de Enlace:

Año	Establecimientos relevados	Establecimientos con infracción	Porcentaje de establecimientos con infracción	Trabajadores relevados	Trabajadores sin CAT	Porcentaje de trabajadores sin CAT	Inspecciones con trabajo infantil/niños y niñas detectados
2024	134	93	69,4	1 399	485	34,7	2
2025	133	106	79,7	1 704	1 092	64,1	3
2026	59	44	74,6	1 397	759	54,3	1
Total general	326	243	74,5	4 500	6 750	150,0	6

Año	Inspecciones con trabajo adolescente	Cantidad de niños detectados	Cantidad de adolescentes detectados	Casos de IEL
2024	3	2	3	13
2025	14	2	14	17
2026	4	0	4	1
Total general	21	4	21	31

Información al 8/5/2026 - Fuente Propia CPO

Las políticas de austeridad del gasto público no afectan la continuidad
y el fortalecimiento de los servicios de inspección

Las políticas de austeridad del gasto público no han influenciado los servicios de la inspección del trabajo ni las inspecciones rurales, pues la ejecución del PNRT continúa vigente, alcanzándose en el año 2025 un total de 173 233 inspecciones a nivel de país. A su vez, se reitera que las acciones conjuntas con el RENATRE se continúan desarrollando.

B. Administración del trabajo

Al respecto, resulta importante aclarar que la Argentina se encontraba en una profunda crisis y fue imprescindible adoptar medidas que permitan superar la emergencia. Por ello, la reorganización administrativa de la Ley Nº 27.742 busca reducir el sobredimensionamiento estatal para lograr una dotación óptima.

Consideraciones en particular:

Criterio de «disponibilidad»: corresponde aclarar que ese concepto ya se encontraba contemplado por la Ley Nº 25.164. Se mantiene el régimen de carrera administrativa que asegura la profesionalidad del servicio.
Políticas de inclusión laboral: por la Resolución STEySS N° 295/26 (B.O. 13/04/26) se creó el programa «Formando Capital Humano». Sumado a ello, continúan vigentes los programas «Fomentar Empleo, Programa de Empleo Independiente» (PEI), «Intercosecha» y «Buena cosecha».

Por la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802 se creó el «Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL)», que tiene por objeto propiciar la contratación, en el sector privado, de trabajadores que no hubieran contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025 y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), herramienta financiera que mejora el sistema indemnizatorio.

Economía de plataformas: la Argentina asumió un rol pionero en su regulación, pues por la Ley Nº 27.802 se estableció Régimen de los servicios privados de movilidad de personas y/o reparto, asegurando la protección e independencia del trabajador.
Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil: en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 137 de la Ley Nº 24.013, se dictó la Resolución Nº 9, de 2 de diciembre de 2025, que estableció el SMVM en forma progresiva hasta el mes de agosto de 2026.
Homologaciones de acuerdos: contrariamente a lo manifestado en su informe, la autoridad de administración cumple los plazos legales, efectúa un exhaustivo control y solicita las aclaratorias pertinentes. En ese proceso, el plazo se computa desde la fecha de presentación ante la autoridad administrativa y una vez cumplidos los requisitos exigidos (artículo 6 de la Ley Nº 23.546).
Diálogo social: las negociaciones sectoriales, los salarios dinámicos, los adicionales de cumplimiento efectivo, las eximiciones impositivas, los acuerdos por descuelgue de convenios colectivos de trabajo, readecuación de jornadas de trabajo, celebración de acuerdos colectivos de crisis, etc., son herramientas para la negociación colectiva con las que se han logrado acuerdos marcos (Decreto Nº 633/18).

En efecto, cabe destacar un hito histórico en el marco de la negociación colectiva agraria: el 13 de mayo de 2026 se homologó el primer acuerdo colectivo del peón rural (Ley Nº 27.802).

C. Conclusión

El Estado nacional se encuentra en un proceso de reforma. El Gobierno se compromete a analizar sus consecuencias y a solicitar la asistencia técnica de la Oficina para evaluar el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo a nivel federal y, especialmente, provincial. Por otra parte, si bien el Gobierno argentino se compromete a mantener informada a la Comisión sobre los puntos tratados en su informe, cabe resaltar que las observaciones formuladas no constituyen incumplimientos graves. Por lo expuesto, se solicita respetuosamente arbitrar otros medios para resolver los planteos formulados.

Discusión por la Comisión

Presidenta: Ahora pasamos al cuarto caso del día de hoy, que se refiere a la aplicación de los Convenios núms. 81, 129 y 150 por parte de la República Argentina. Para la discusión sobre este caso contamos con 30 oradores inscritos en la lista. Sobre esta base, la Mesa decidió reducir el tiempo máximo de intervención de los delegados que hablan a título individual de 5 a 3 minutos. Invito ahora al representante gubernamental de la Argentina, el Embajador y el representante permanente de la Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, a que tomen la palabra.

Representante gubernamental: Es un honor para mí dirigirme hoy a esta Comisión en representación del Gobierno argentino para abordar y defender nuestra posición con respecto a la implementación de los Convenios núms. 81, 129 y 150. El Gobierno argentino valora las observaciones planteadas por la Comisión de Expertos y también las preocupaciones expresadas por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). A continuación, detallaré nuestras acciones y respuestas relacionadas con los puntos objetados.

Con respecto al tema de la inspección del trabajo, el Gobierno argentino sostiene que el número de inspectores es suficiente y garantiza el desempeño efectivo de las funciones. En la Argentina, la inspección laboral es una facultad no delegada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a la nación. Estas últimas tienen competencia exclusiva para fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, las condiciones de higiene y la seguridad. La competencia inspectiva federal es de excepción, con respecto al transporte de pasajeros, las cargas, las actividades fluviales, marítimas y lacustres, los puertos y los aeropuertos. En ese marco de división de competencias, la Ley Nº 25.212 ratifica el Pacto Federal del Trabajo suscrito entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es la unificación de los criterios de fiscalización laboral y del régimen de sanciones por infracciones laborales en todo el país.

Por la Ley Nº 25.877 se crea el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional.

Por lo expuesto, el Gobierno argentino considera que el análisis cuantitativo de la dotación de inspectores deberá efectuarse sumando la cantidad de inspectores dependientes de la administración nacional, de las jurisdicciones locales y de los entes públicos no estatales con facultades inspectivas delegadas.

Así, la administración pública nacional cuenta con un servicio de inspectores laborales dependientes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A su vez, cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con sus propios servicios de inspección laboral.

Resulta importante agregar que, en la Argentina, además de todo el sistema de inspección descripto, conformado por los servicios de cada provincia, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el federal, existen entidades públicas no estatales que cumplen tareas de fiscalización y, por lo tanto, suman inspectores propios a la tarea de fiscalización. Entre ellas, cabe mencionar: el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) que fue creado en 1996 en el marco de una negociación colectiva entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Argentina de la Construcción (UAC). Actualmente, el IERIC cumple funciones inspectivas, entre otras.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) tiene carácter de ente autárquico de derecho público no estatal. En él deben inscribirse obligatoriamente los empleadores y trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley N° 25.191, y también cumple tareas de fiscalización. El directorio del RENATRE está integrado por cuatro directores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y por cuatro directores en representación de las entidades empresarias más representativas de la actividad: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).

En resumen, con respecto al número de inspectores que cumplen funciones de fiscalización en la Argentina, cabe concluir que resulta suficiente y efectivo en los términos del Convenio núm. 81.

En segundo lugar, en la Argentina, el sistema de inspección del trabajo garantiza una autoridad central en un sistema federal. En efecto, el Gobierno argentino garantiza una autoridad central, a saber, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que coordina y fija lineamientos comunes para todo el país en un marco de corresponsabilidad y cooperación (Ley Nº 25.212). En el mismo sentido, cabe indicar que, como autoridad central, la STEySS es sede del Consejo Federal del Trabajo (CFT), un organismo que procura la mayor eficacia de la actividad gubernamental en las distintas jurisdicciones, creado por la Ley Nº 25.212. Por otra parte, continúa vigente el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), gestión conjunta entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, por la citada Ley Nº 25.877, la STEySS es la autoridad de aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, y ejerce las funciones en articulación con las administraciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tercer lugar, en la Argentina, los inspectores del trabajo se encuentran dotados de los medios de transporte y suplementos por movilidad. Al respecto, resulta importante destacar que todos los inspectores perciben de manera mensual el suplemento por movilidad, que se encuentra destinado a solventar los viajes en transporte público que necesiten a fin de llevar a cabo sus tareas de forma diaria. También se encuentra establecido que, para los casos que deban realizar traslados más allá de los 50 kilómetros de su lugar de trabajo (domicilio de las agencias territoriales), se tramitan comisiones de servicio que otorgan a los inspectores una suma de dinero para que puedan solventar lo necesario para el cumplimiento de sus tareas, incluso el alojamiento si necesitan pernoctar en otras ciudades. Tanto la sede central como las agencias territoriales de la STEySS cuentan con medios de transporte disponibles.

En cuarto lugar, en cuanto a la información solicitada sobre el número de inspectores en régimen de estabilidad y de contratación a nivel federal, el número de inspectores a nivel federal asciende a 316, de los cuales 263 se encuentran bajo el régimen de estabilidad y 53 son contratados. A esa cifra, se le deben sumar los inspectores que integran las administraciones de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, la SRT cuenta con un total de 100 inspectores cuyos contratos son a plazo indeterminado y 20 inspectores cuyos contratos son a plazo fijo por un año con renovación automática (Ley Nº 20.744).

En quinto lugar, respecto de las medidas adoptadas para asegurar las sanciones por trabajo no registrado, ante la observación relacionada con las normas que fueron derogadas por la Ley N° 27.742 («Ley de bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos») que establecían consecuencias económicas a cargo del empleador por incumplimiento de normativa laboral, corresponde aclarar que, en esencia, implicaban una doble imposición, pues los empleadores debían responder por el mismo incumplimiento regulado por la Ley Nº 25.212 («Pacto Federal del Trabajo»). Sin embargo, la observación cuya respuesta antecede no guarda relación alguna con los postulados del Convenio núm. 81, por lo que se solicita desestimar.

En relación con las medidas sancionatorias que adopta el Gobierno argentino, en la información adicional que presentó el Gobierno argentino y que está publicada en la página de esta Comisión, hay un cuadro que describe el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales (REGESIL), de aplicación en todo el territorio nacional (Ley Nº 25.212).

El cuadro sintetiza el régimen de infracciones laborales previsto en la normativa argentina, clasificándolas en cuatro categorías según su gravedad: leves, graves, muy graves y obstrucción a la labor inspectiva. Las sanciones abarcan desde incumplimientos meramente formales o documentales hasta conductas que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores, como la falta de registración laboral, situaciones de discriminación o riesgos graves para la salud y seguridad en el trabajo. Las multas se determinan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y aumentan progresivamente según la entidad de la infracción y la eventual reincidencia, pudiendo incluso dar lugar a sanciones adicionales, como la clausura temporaria del establecimiento, la inhabilitación para contratar con el Estado o la inscripción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Por ejemplo, en el marco de su competencia sancionatoria, el Gobierno argentino creó el REPSAL, un registro público que agrupa a los empleadores sancionados por cometer infracciones laborales, por ejemplo, el trabajo no registrado o el fraude laboral. En el REPSAL se publican las sanciones firmes por trabajo no registrado, así como las sanciones por obstrucción a la inspección del trabajo, las sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por el empleador, las sanciones por infracciones a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y las sentencias por infracción a la Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. El listado se actualiza diariamente. Se incluye a los empleadores que, al día de consulta, presentan sanciones firmes originadas por infracciones no regularizadas o que, si bien si fueron regularizadas, permanecen en el Registro por un periodo que varía entre 30 días y tres años según la infracción, el momento en que se regulariza, el pago de la multa y la fecha de publicación.

La publicación de la sanción en el REPSAL implica para los empleadores sancionados, mientras permanezcan en el Registro, la imposibilidad de: acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional; acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas; celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación; y participar en concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, o acceder a los beneficios económicos de promoción de las contrataciones previstos en la Ley Nº 26.940.

Si el infractor, por ejemplo, reincide, será excluido de pleno derecho del «Régimen simplificado para pequeños contribuyentes» en el caso de monotributistas, o se impedirá que el empleador infractor deduzca del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal (artículo 87 incisos a) y g) de la Ley de Impuesto a las Ganancias).

En sexto lugar, se entiende que los inspectores en el sector agrícola son suficientes y confluyen todos los sistemas de inspección (nacionales, provinciales y el RENATRE). Los inspectores federales suman un total de 316, quienes cumplen funciones en el marco del PNRT y competencia federal plena, pero también realizan inspecciones en el sector agrícola (también los inspectores provinciales y del mencionado RENATRE).

En séptimo lugar, la Comisión observa que el trabajo no registrado prevalece de manera significativa en el campo. La Argentina continúa implementando el PNRT a nivel nacional, con acciones conjuntas que se llevan a cabo con el RENATRE, se reciben denuncias, y se cumplen acciones para la detección de trabajadores sin registrar y su inclusión en la plantilla de trabajadores en relación de dependencia.

En octavo lugar, en cuanto al trabajo en conjunto con el RENATRE para combatir el trabajo infantil, la explotación y la trata laboral, en el marco de la Comisión de Enlace de la STEySS con el RENATRE, se ha detectado la presencia de niños y situaciones de explotación laboral, y se efectuaron denuncias para que intervenga la justicia. El trabajo llevado a cabo por la Comisión de Enlace logró mejorar la focalización en la detección de irregularidades.

En noveno lugar, respecto de la coordinación entre organismos nacionales, provinciales y el RENATRE, en el año 2019 se firmó un convenio de cooperación entre la entonces Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo y el RENATRE para fortalecer la fiscalización y promoción del trabajo decente en el sector agrícola, evitando la superposición de esfuerzos y procurando el aprovechamiento de los recursos por parte de ambos organismos. Posteriormente, en el año 2020, la entonces Secretaría de Trabajo del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el RENATRE suscribieron un acta complementaria. A partir de los instrumentos mencionados, se consolidó un esquema de trabajo articulado y planificado entre ambos organismos. También, cabe mencionar que el pasado 15 de mayo de 2026, el RENATRE finalizó la sexta edición del ciclo de capacitaciones virtuales sobre «Prevención del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en el sector agropecuario». La propuesta, desarrollada a lo largo de seis semanas junto a la OIT, estuvo destinada a agentes territoriales y actores vinculados al ámbito rural. Mediante la capacitación, se brindaron herramientas para comprender los contextos sociales y los marcos normativos —como el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)— que permiten identificar y abordar situaciones de trabajo infantil, trabajo adolescente no protegido y otras formas de explotación laboral en el sector agropecuario. En la información ampliatoria que el Gobierno argentino ha remitido a esta Comisión encontrarán un cuadro en el que se exponen los principales indicadores de la Comisión de Enlace, que pueden resultar de interés.

En décimo lugar, las políticas de austeridad del gasto público no afectan la continuidad y el fortalecimiento de los servicios de inspección. Estas políticas no han influenciado los servicios de la inspección del trabajo ni las inspecciones rurales, pues la ejecución del PNRT continúa vigente, alcanzándose en el año 2025 un total de 173 233 inspecciones a nivel país. A su vez, se reitera que las acciones conjuntas con el RENATRE se continúan desarrollando.

Con respecto al tema de la administración del trabajo, permítame comenzar este punto recordando que en diciembre de 2023, la Argentina se encontraba en una profunda crisis y fue imprescindible adoptar medidas que permitieran superar la emergencia. Entre dichas medidas, la reorganización administrativa de la Ley Nº 27.742 («Ley de bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos») ha buscado reducir el sobredimensionamiento estatal para lograr una dotación óptima.

A continuación, me voy a referir a algunas observaciones en particular.

Por ejemplo, las políticas de inclusión laboral: por Resolución de la STEySS Nº 295/26 (B.O. 13/04/26), se creó el programa «Formando Capital Humano». Sumado a ello, continúan vigentes los programas «Fomentar Empleo», «Programa de Empleo Independiente» (PEI), «Intercosecha» y «Buena cosecha». A través de la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802 se creó el «Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral» (RIFL), que tiene por objeto propiciar la contratación, en el sector privado, de trabajadores que no hubieran contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, y el Fondo de Asistencia Laboral, herramienta financiera que mejora el sistema indemnizatorio.

Con respecto a la economía de plataformas, la Argentina asumió un rol pionero en su regulación, pues por la Ley Nº 27.802 se estableció el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto, asegurando la protección e independencia del trabajador.

Con respecto al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil: en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 137 de la Ley Nº 24.013, se dictó la Resolución Nº 9, de 2 de diciembre de 2025, que estableció el salario, mínimo, vital y móvil en forma progresiva hasta el mes de agosto de 2026.

Con respecto a homologaciones de acuerdos, contrariamente a lo manifestado en el Informe de la Comisión de Expertos, la autoridad de la administración cumple los plazos legales, efectúa un exhaustivo control y solicita las aclaratorias pertinentes. En ese proceso, el plazo se computa desde la fecha de presentación ante la autoridad administrativa y una vez cumplidos los requisitos exigidos (artículo 6 de la Ley Nº 23.546).

Acerca del diálogo social: el Gobierno nacional mantiene plenamente vigentes los canales institucionales de intercambio con las organizaciones de trabajadores y empleadores, respetando la libertad sindical, el derecho de asociación y la negociación colectiva, en línea con los principios fundamentales del trabajo y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

Hay que destacar que la existencia de diferencias de criterio respecto de determinadas políticas públicas no puede interpretarse como ausencia de diálogo social. En toda sociedad democrática, el diálogo no implica necesariamente consenso, sino la posibilidad efectiva de que los distintos actores expresen sus posiciones dentro de un marco institucional de respeto mutuo y autonomía.

El Gobierno argentino reafirma su compromiso con el diálogo social institucionalizado basado en el respeto de los derechos fundamentales, la autonomía de los actores sociales y la búsqueda de acuerdos que contribuyan al crecimiento económico, la creación de empleo formal y el bienestar de los trabajadores. En efecto, claros ejemplos de diálogo social son todos los acuerdos marco que fueron suscritos en los términos del Decreto Nº 633/18 («Contribuciones patronales para regímenes diferenciales de jubilaciones, durante la actual gestión»). En efecto, cabe destacar un hito histórico en el marco de la negociación colectiva agraria: el 13 de mayo de 2026 se homologó el primer acuerdo colectivo del peón rural (conforme a la Ley Nº 27.802).

Miembros empleadores: Agradecemos al Gobierno de la Argentina la información oral y escrita presentada para el examen de este caso, y tomamos debida nota de las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Los miembros empleadores desean recordar que los Convenios núms. 81, 129 y 150 forman parte del marco institucional que permite asegurar la aplicación efectiva de la legislación laboral en nuestros países. Los sistemas de inspección y administración del trabajo son esenciales para promover la formalización en el trabajo, para mejorar el cumplimiento de la normativa laboral y para garantizar condiciones de competencia equitativas para las empresas que cumplen con sus obligaciones. Dicho esto, estimamos importante analizar cuidadosamente las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos.

Un primer aspecto se refiere a los efectivos de la inspección de trabajo. La Comisión de Expertos ha tomado nota de la reducción del número de inspectores dependientes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que ha pasado de 385 inspectores y 312 auxiliares de fiscalización, registrados anteriormente, a 308 inspectores a nivel nacional. Asimismo, se han formulado alegaciones relativas al impacto que esta reducción podría tener sobre la capacidad operativa del sistema de inspección.

Los miembros empleadores reconocen que el artículo 10 del Convenio núm. 81 exige que el número de inspectores sea suficiente para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones. No establece un número específico, y el propio artículo 10 establece que se deben tener en cuenta, para ver la eficacia de ese servicio de inspecciones, el número, la naturaleza, la importancia y la situación de los establecimientos inspeccionados; el número y las categorías de empleados que estuvieron involucrados en esas inspecciones, y el número y la complejidad de las disposiciones que han sido objeto de la inspección. Debe considerarse entonces, igualmente, la estructura institucional en su conjunto, la distribución de competencia entre los distintos niveles de gobierno, los medios de coordinación existentes y los resultados efectivos obtenidos en materia de cumplimiento. Por tanto, el número no sirve, no es un guarismo indicativo o definitivo en cuanto a la eficacia de los servicios inspectivos.

Tomamos nota de que la información disponible se refiere solamente al nivel nacional. Por ello, consideramos particularmente importante que el Gobierno proporcione información consolidada sobre el conjunto del sistema de inspección, incluyendo las estructuras provinciales y los inspectores que actúan en el marco de la Secretaría del Trabajo de la Nación, de la SRT y la ARCA, además de cada una de las jurisdicciones provinciales y la provincia de Buenos Aires, a fin de permitir una evaluación completa de la capacidad inspectiva existente en la práctica en la República Argentina.

La Comisión de Expertos expresa preocupación por las dificultades de coordinación entre la autoridad nacional (nivel federal) y las autoridades provinciales. Los miembros empleadores reconocen que una coordinación eficaz constituye un elemento importante para garantizar la coherencia del sistema de inspección. El Gobierno alega que en la Argentina se garantiza una autoridad central, que fija lineamientos comunes para todo el país en un marco de corresponsabilidad y cooperación (Ley N.º 25.212) y varias autoridades ejercen funciones de articulación con las autoridades provinciales. Los miembros empleadores recuerdan que la existencia de distintos niveles de administración no constituye por sí misma una incompatibilidad con los convenios que analizamos. La cuestión fundamental consiste en determinar si existen mecanismos adecuados de supervisión, intercambio de información y coordinación institucional que permitan asegurar la aplicación efectiva de la legislación laboral en todo el territorio.

En consecuencia, alentaremos al Gobierno a fortalecer los mecanismos de coordinación existentes, particularmente en materia de recopilación de estadísticas, intercambio de información y planificación conjunta de actividades inspectivas.

En cuanto a los recursos materiales, financieros y humanos de la inspección y el informe anual, la Comisión de Expertos también ha tomado nota de alegaciones relativas a limitaciones presupuestarias que afectarían a los recursos necesarios para el desempeño de las funciones inspectoras, particularmente en lo que se refiere a la estabilidad en el empleo y las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. Los miembros empleadores consideran que los inspectores deben disponer de medios adecuados para desempeñar eficazmente sus funciones, particularmente en un país con una amplia extensión territorial y actividades económicas variadas y dispersas geográficamente. Al mismo tiempo, observamos que las restricciones presupuestarias señaladas se producen en el contexto de un proceso más amplio de reorganización administrativa y consolidación fiscal. Los Convenios núms. 81 y 129 no establecen niveles específicos de gasto público aplicados a las inspecciones, pero sí exigen que los servicios de inspección dispongan de los medios necesarios para ejercer sus funciones de manera efectiva.

En este contexto, consideramos especialmente importante que el Gobierno proporcione información objetiva sobre el impacto real de estas medidas en las actividades de inspección y sobre las medidas adoptadas para mejorar la eficiente asignación de recursos, como la aplicación de nuevas tecnologías en los servicios de inspección.

Asimismo, alentamos al Gobierno a cumplir plenamente con las obligaciones relativas a la elaboración y publicación de los informes anuales de inspección previstos en los artículos 20 y 21 del Convenio núm. 81 y en los artículos 26 y 27 del Convenio núm. 129. El Convenio núm. 81, en su artículo 20, establece la obligación de la autoridad central del Estado de efectuar un informe anual en materia de inspecciones y debe ser presentado no más allá de 12 meses del periodo analizado. Además, ese informe debe ser enviado al Director General de la OIT, y debe contener varios elementos: la legislación aplicable; el personal al servicio de las inspecciones; las estadísticas que incluyan los establecimientos inspeccionados; las visitas efectuadas; las infracciones constatadas; los accidentes, y las enfermedades profesionales detectadas. Solo así, contando con esta información, podremos asegurarnos de la eficacia definitiva de los servicios inspectivos.

En cuanto a la solicitud de información sobre las medidas adoptadas para asegurar que las sanciones por trabajo no registrado sean adecuadas y se apliquen de manera efectiva, en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Convenio núm. 81 y el artículo 24 del Convenio núm. 129, tomamos nota de la respuesta del Gobierno en la que aclara que la derogación de la normativa por la Ley N.º 27.742, en esencia implicaba poner fin a una doble imposición, y que, a la fecha, los empleadores deben responder por las multas graduadas de acuerdo a la Ley N.º 25.212, que siguen plenamente vigentes. También el Gobierno señala que el REPSAL publica los distintos tipos de sanciones por incumplimiento de la normativa vigente en las distintas materias.

Tomamos nota, además, de que la inclusión de un incumplidor en el REPSAL, en este registro de sanciones laborales, supone además la pérdida de una serie de beneficios e incentivos, lo que tiene un efecto disuasorio complementario.

Deberíamos entonces concluir que este esquema de sanciones es adecuado de acuerdo con el artículo 18 del Convenio núm. 81.

En cuanto a la inspección del trabajo, la Comisión de Expertos ha manifestado preocupación por el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo en la agricultura, en particular en las zonas rurales más remotas. El Gobierno ha señalado que las actividades de inspección en el sector agrícola se desarrollan mediante la actuación coordinada de distintos organismos, incluidos los servicios de inspección nacionales y provinciales, así como el RENATRE. Asimismo, se ha indicado que se han reforzado las acciones destinadas a detectar situaciones de trabajo no registrado, trabajo infantil, explotación laboral y trata de personas, mediante mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades competentes.

Los miembros empleadores comparten plenamente la importancia de garantizar una supervisión eficaz en el sector agrícola, teniendo en cuenta las características particulares de esta actividad, la dispersión geográfica de los lugares de trabajo y la gravedad de determinadas infracciones que pueden presentarse en el ámbito rural. Al mismo tiempo, consideramos que la valoración de la eficacia del sistema requiere un análisis más amplio que incluya los criterios utilizados en la planificación de las inspecciones, la distribución de competencias entre los distintos niveles administrativos, etc. Por ello, invitamos al Gobierno a continuar reforzando la cobertura y la eficacia de las actividades inspectoras en el sector agrícola, particularmente en zonas rurales alejadas, así como a proporcionar información adicional sobre las medidas adoptadas para fortalecer las capacidades técnicas especializadas de los inspectores y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones competentes.

Para finalizar, comprendan que esta nueva forma de atender, la Comisión de Expertos, varios convenios implica un esfuerzo adicional para poder contemplar todas las observaciones y dar el parecer de los actores sociales.

En cuanto al funcionamiento del sistema de administración del trabajo, la Comisión de Expertos ha expresado preocupación respecto a su funcionamiento eficaz tras las reformas institucionales emprendidas por el Gobierno desde finales del 2023, incluida la creación del Ministerio de Capital Humano. En particular, la Comisión de Expertos toma nota de las observaciones relativas a la reorganización de la estructura administrativa, a la reducción de recursos humanos y financieros, al funcionamiento de determinados organismos especializados y a la capacidad del sistema de responder a nuevas normas de empleo. Tomamos nota de que el Gobierno ha indicado que el país se encontraba en el marco de una profunda crisis y que la nueva organización administrativa busca reducir el sobredimensionamiento estatal para lograr una dotación óptima.

Miembros trabajadores: En primer lugar, quiero dar las gracias al Gobierno de la República Argentina por las aportaciones y la información que ha facilitado a esta Comisión en relación con la aplicación del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150). Sin embargo, tras un análisis técnico exhaustivo del Informe de la Comisión de Expertos y de las pruebas fehacientes presentadas por las organizaciones sindicales argentinas, a las que escucharemos en breve, seguimos profundamente preocupados por la alarmante brecha que existe entre las obligaciones internacionales y la práctica actual del Estado en el país. Lo que estamos planteando aquí no es una mera cuestión técnica, ni un debate sobre procedimientos administrativos. Estamos enfrentándonos a un proceso deliberado de desmantelamiento de las capacidades administrativas del Estado, que socava la posibilidad real de formular, coordinar, aplicar y supervisar las políticas laborales en todo el territorio nacional.

Como se señala acertadamente en el Estudio General de 2024 de la Comisión de Expertos La administración del trabajo en un mundo del trabajo en transformación, el sistema de administración del trabajo desempeña un papel central en la promoción de la paz social a través de relaciones laborales sólidas, lo cual es imposible de lograr sin instituciones públicas democráticas y participativas. En vista de las circunstancias actuales, la Comisión de Expertos insta expresamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la organización y el funcionamiento efectivos del sistema de administración del trabajo, tal como prevén los artículos 4 y 10 del Convenio núm. 150. En este análisis, es imperativo examinar conjuntamente las observaciones sobre el Convenio núm. 81 y el Convenio núm. 129, dado que la Comisión de Expertos ha decidido abordar de manera integral los convenios sobre la administración y la inspección, con miras a ofrecer una visión general de la situación en la Argentina. Este análisis integrado muestra que el funcionamiento efectivo exigido por el Convenio núm. 150 se ve gravemente comprometido por la falta de dotación de recursos al sector de la inspección, en el que la autoridad central cuenta con apenas 308 inspectores para todo el territorio, cifra que la Comisión de Expertos considera insuficiente para garantizar el desempeño de las funciones de inspección.

La Comisión de Expertos ha sido categórica al instar al Gobierno a que garantice que haya suficientes inspectores y que estos tengan seguridad del empleo, medios de transporte adecuados y dietas de viaje, advirtiendo que las políticas de austeridad están paralizando las operaciones básicas en las zonas rurales y remotas. Según el Convenio núm. 150, garantizar una organización y un funcionamiento efectivos implica aplicar medidas destinadas a asegurar que las funciones y responsabilidades del sistema estén debidamente coordinadas en todo el territorio. Esto entraña establecer procedimientos que se adecúen a las condiciones nacionales para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. Esta coordinación y este diálogo deben aplicarse de manera efectiva a nivel nacional, regional y local, así como en los distintos sectores de la actividad económica.

La decisión de degradación del Ministerio de Trabajo a una Secretaría no fue una medida neutra. Supuso una pérdida de estatus, una reducción de las estructuras, el despido de personal especializado y el debilitamiento de las capacidades técnicas acumuladas a lo largo de muchos años. Además, la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional entra en conflicto directo con el artículo 10 del Convenio núm. 150, ya que permite el despido de personal que gozaba de seguridad del empleo por decisión de las autoridades, con el pretexto de optimizar los niveles de dotación de personal, lo que socava la independencia que los funcionarios públicos deben tener frente a influencias externas. La Comisión de Expertos también ha solicitado información al Gobierno sobre las medidas adoptadas o previstas para ampliar gradualmente la cobertura del sistema a los trabajadores con modalidades atípicas de empleo, de conformidad con el artículo 7 del Convenio. A este respecto, los sindicatos argentinos ponen de relieve la grave situación de inseguridad laboral a la que se enfrentan los trabajadores de plataformas en el país. Expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente reforma laboral, aprobada sin una consulta efectiva, que incorpora un régimen especial para estos trabajadores. La exclusión explícita de un amplio sector de trabajadores del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo priva a estos trabajadores de las garantías fundamentales del derecho laboral.

En lo que respecta a la aplicación del artículo 5 del Convenio núm. 150, la Comisión de Expertos observa que el diálogo social en la Argentina se ha debilitado drásticamente desde diciembre de 2023. Los sindicatos expresan su alarma ante la interrupción del funcionamiento normal y la eliminación de los foros institucionalizados de diálogo, así como ante la injerencia unilateral en la negociación colectiva mediante retrasos sistemáticos en la ratificación de los convenios colectivos. Observamos que el uso de decretos de emergencia o de leyes en proceso de tramitación legislativa, sin procesos de consulta adecuados, para introducir cambios estructurales que despojan a los trabajadores de protecciones laborales fundamentales e inherentes, constituye una clara desviación de los principios consagrados en el Convenio núm. 150.

Recordamos que el Convenio núm. 150, mediante una aplicación efectiva que priorice y fortalezca la administración del trabajo, proporciona herramientas fundamentales para abordar la realidad del mundo del trabajo partiendo de dos premisas clave: que el trabajo no es una mercancía y que las relaciones laborales requieren instituciones públicas sólidas, democráticas y participativas. Esta función debe desempeñarse respetando plenamente los principios de libertad sindical y de asociación y de negociación colectiva. Instamos al Gobierno de la República Argentina a que garantice la consulta, la cooperación y la negociación como única vía para asegurar la paz social y el cumplimiento de las normas internacionales.

Debemos tener claro que lo que estamos denunciando hoy no son errores de gestión técnicos y aislados. Forman parte de una política sistemática de desmantelamiento de la protección social en la Argentina. Al socavar la autoridad laboral, recortar los fondos destinados a la inspección, precarizar el empleo en el sector público y vaciar de contenido el diálogo tripartito, el Gobierno está rompiendo el contrato social en el que se fundamenta nuestra Organización.

Es esencial comprender que, si bien estamos centrándonos actualmente en los Convenios núms. 150, 129 y 81, ya que entran dentro del ciclo de examen de la Comisión, estas quejas se refieren a un retroceso generalizado impulsado por el Gobierno de todo el sistema de derechos laborales, tanto individuales como colectivos. Esta situación crítica implica una creciente inseguridad laboral, despidos masivos en el sector público que ponen en peligro la independencia técnica del Estado y una caída en picado de los salarios reales, todo ello en un contexto de incumplimiento sistemático de las políticas de diálogo social y consulta tripartita. Esperamos que el Gobierno adopte medidas urgentes para afrontar estas vulneraciones, tanto en la legislación como en la práctica, con la asistencia de la OIT.

Miembro empleador, Argentina: Permítame compartir la perspectiva del sector empleador argentino sobre las cuestiones planteadas en relación con los Convenios núms. 81, 129 y 150 sobre inspección y administración del trabajo, por lo que no deberían tomarse en consideración las referencias a otros convenios internacionales ajenos a estos casos.

Los Convenios núms. 81, 129 y 150 forman parte del marco institucional que permite asegurar la aplicación efectiva de la legislación laboral en la Argentina. Desde el sector empleador, sostenemos que los sistemas de inspección y administración del trabajo son herramientas de gran importancia —no únicamente para los trabajadores, sino también para las empresas que cumplen con sus obligaciones. Un sistema de inspección débil no solo perjudica a los trabajadores, sino que genera distorsiones competitivas al no garantizar el cumplimiento uniforme de la normativa laboral por parte de todas las empresas. Por eso, el sector empleador argentino tiene un interés directo en que el sistema de inspección del trabajo sea eficiente, predecible y técnicamente competente.

Con respecto al número de inspectores, el artículo 10 del Convenio núm. 81 exige que el número de inspectores sea suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones. Lo mismo impone el Convenio núm. 129 respecto a los servicios de inspección agrícola.

En primer lugar, reiteramos lo expresado por el Gobierno de la Argentina sobre la distribución de competencias en el Gobierno federal y sobre el hecho de que el número de inspectores tenidos en cuenta en el Informe de la Comisión de Expertos corresponda únicamente al nivel nacional. Sin perjuicio de las obligaciones que emanan del Convenio núm. 81, debe tenerse presente que, en la Argentina, la inspección del trabajo es una competencia original de las provincias, no delegada al Gobierno central.

En segundo lugar, entendemos que, para evaluar la efectividad y suficiencia del sistema, no alcanza con medir solamente el número de inspectores. Si hubo una disminución en el número de los mismos, debe analizarse qué otros cambios han seguido a este, como por ejemplo, si ha habido mejoras tecnológicas o de procesos que permiten a los inspectores mejorar su capacidad de tratamiento de los casos.

En ese sentido, consideramos que habría que verificar previamente la información consolidada sobre el conjunto del sistema de inspección, incluyendo no solo la estructura nacional, sino también los inspectores que actúan en el marco de la SRT y la ARCA, así como las estructuras de cada una de las jurisdicciones provinciales y otros organismos de la administración pública descentralizada bipartitos, como el Instituto de Estadística, el IERIC y el RENATRE. Solo con esa información completa podrá evaluarse adecuadamente la capacidad inspectiva real del sistema.

La Comisión de Expertos ha expresado preocupación por las dificultades de coordinación entre la autoridad nacional y las autoridades provinciales. Al respecto, debemos resaltar que la Ley N.º 25.212, conocida como el Pacto Federal del Trabajo, fija lineamientos comunes para todo el país en un marco de corresponsabilidad y cooperación, y que varias autoridades ejercen funciones de articulación con las provincias.

Como dijo nuestro vocero, la existencia de distintos niveles de administración —nacional y provincial— no implica una incompatibilidad con los convenios. La Argentina es un Estado federal y la OIT tiene pleno conocimiento de ello. La cuestión fundamental no es la estructura, sino determinar si existen mecanismos adecuados o qué desafíos se presentan en materia de supervisión, intercambio de información y coordinación institucional que permitan asegurar la aplicación efectiva de la legislación laboral en todo el territorio.

Se han formulado alegaciones relativas a limitaciones presupuestarias que afectarían los recursos necesarios para el desempeño de las funciones de inspección. Estas medidas, en todo caso, se dan en el contexto de un proceso más amplio de crisis económica, reorganización administrativa y consolidación fiscal que el propio Gobierno ha descrito. Entendemos que habría una obligación pendiente referida a la publicación periódica de los informes anuales de inspección, que es una herramienta necesaria para evaluar el funcionamiento real del sistema y orientar eventuales medidas de fortalecimiento.

En relación con las sanciones previstas en el artículo 18 del Convenio núm. 81 y en el artículo 24 del Convenio núm. 129, queremos profundizar sobre la derogación dispuesta por la Ley N° 27.742, que tuvo como propósito eliminar una doble imposición, y las multas graduadas de la Ley N° 25.212 siguen plenamente vigentes para la autoridad administrativa del trabajo. Las multas previstas en la derogada Ley N° 24.013 no resultaron idóneas para limitar el trabajo no registrado, sino que solo sirvieron para fomentar la litigiosidad una vez extinguidos los contratos de trabajo, y generaban sumas indemnizatorias desproporcionadas. Estas multas derogadas se aplicaban incluso frente a relaciones laborales adecuadamente registradas, pero que la justicia entendía que, por haber tenido el trabajador un celular o auto de la empresa, procedían todas las multas sancionatorias. Lo que es más, el contenido económico de esas sanciones beneficiaba solo al trabajador litigante, no al fisco. Por ello el sistema derogado no resultaba útil para fomentar la adecuada registración.

La Comisión de Expertos ha manifestado su preocupación por el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo en la agricultura, particularmente en las zonas rurales más remotas. El Gobierno indica que las actividades de inspección agrícola se desarrollan mediante la actuación coordinada de distintos organismos, incluidos los servicios de inspección nacionales y provinciales, así como el RENATRE, y que se han reforzado las acciones destinadas a detectar el trabajo no registrado, el trabajo infantil y la trata de personas, desarrollándose acciones de formación destinadas a los inspectores, con el apoyo de la OIT.

La Comisión de Expertos también ha expresado su preocupación respecto del funcionamiento eficaz del sistema de administración del trabajo tras las reformas institucionales emprendidas desde finales de 2023, entre ellas, la creación del Ministerio de Capital Humano —que absorbió las funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre otros ministerios— y la reducción de recursos humanos y financieros.

Es importante que esta Comisión tenga presente la grave crisis que motivó una revisión del aparato estatal en nuestro país. En ese contexto, es esperable que el ejercicio de reforma administrativa surja desafíos vinculados a la asignación eficiente recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. Alentamos al Gobierno a hacer sus mayores esfuerzos para mantener la capacidad de cumplir el mandato de los convenios bajo análisis tras la reorganización.

Por último, la Comisión de Expertos ha expresado su preocupación respecto del funcionamiento de determinados mecanismos de consulta y cooperación tripartita, en particular en referencia al artículo 5 del Convenio núm. 150 y al funcionamiento del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Queremos dejar constancia de que el Consejo del Salario se encuentra plenamente operativo y en él se encuentran debidamente representados los actores sociales. Asimismo, está en pleno funcionamiento el Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo, donde se está discutiendo en forma tripartita un proyecto de prevención de riesgos del trabajo.

El sector empleador considera que el diálogo social constituye uno de los pilares fundamentales de una administración del trabajo eficaz. Las instituciones tripartitas desempeñan un papel esencial para favorecer la previsibilidad, la confianza y la estabilidad de las relaciones laborales. Lo decimos con convencimiento y convicción, ya que somos parte constitutiva de esas instituciones. Por ello, creemos indispensable que se mantengan los espacios de diálogo social que funcionan como marco para la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, y el fortalecimiento de los espacios de diálogo social existentes.

Miembro trabajador, Argentina: Me presento a hablar en representación de las tres centrales sindicales de la República Argentina con el firme objeto de argumentar los graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo por parte del Gobierno de mi país. Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023.

Venimos a denunciar, en el marco del Convenio núm. 150 sobre la administración del trabajo, un proceso de transformación estructural que afecta la posibilidad de diseñar, coordinar, implementar y fiscalizar políticas laborales en todo el territorio nacional.

Lo que ocurre en la Argentina no son reformas aisladas; es la construcción de un proyecto político, económico e institucional orientado a redefinir, de raíz, el modelo de relaciones laborales vigente desde la recuperación democrática argentina. Todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía.

No es una interpretación nuestra; es la confesión de quien, en su cargo de Presidente de la nación, hoy administra el Estado y se define a sí mismo como un «topo» encargado de destruirlo desde adentro, mientras pregona que la justicia social es una aberración violenta e injusta —en sus propias palabras, el cáncer de la Argentina—. Y ese criterio de justicia social, promovido y garantizado por la OIT, es justamente lo que coloca a las personas en el centro de toda normativa tendiente a la protección de las y los trabajadores.

El Convenio núm. 150 no es un adorno normativo; es la columna vertebral definida por la OIT para garantizar que las políticas laborales se construyan con participación social y diálogo.

La primera señal inequívoca de esta dirección fue la degradación del Ministerio de Trabajo al rango de secretaría. Pero esto no es solo una cuestión de organigrama; es una degradación funcional profunda. Esta decisión no fue neutra. Al inscribir la cartera laboral dentro de un Ministerio, que es el de Desarrollo Humano, que hace coexistir a esta área del trabajo con áreas tan dispares como la salud o la educación, se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación. El Convenio núm. 150 exige un sistema de administración coordinado, eficaz y dotado de legitimidad social. Un sistema sin jerarquía, sin recursos y sin autonomía operativa es, sencillamente, un sistema que no existe.

Desde el 2023, en la Argentina se han reducido las estructuras orgánicas del Estado, se ha desvinculado masivamente a personal especializado y se ha liquidado la capacidad técnica operativa acumulada durante años para intervenir en el mundo del trabajo.

Este debilitamiento se ha profundizado mediante la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley Nº 25.164), que permite que el personal con estabilidad sea cesado si, a criterio discrecional de la Administración, existe un «exceso en la dotación óptima». Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado.

El Gobierno ha optado por el autoritarismo de la unilateralidad. A días de asumir, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que introducía una de las reformas laborales más extensas desde el retorno democrático, desplazando deliberadamente el debate parlamentario y el diálogo social institucionalizado.

Posteriormente, la denominada «Ley de Bases» (Ley Nº 27.742) y, recientemente, la Ley de Modernización Laboral» (Ley Nº 27.802), consolidaron este paradigma flexibilizador. Ambas normas fueron diseñadas e impulsadas unilateralmente, con el fin de aniquilar los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, contradiciendo y violentando el principio fundamental de participación tripartita del Convenio núm. 144 de la OIT. La Comisión de Expertos ha sido clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas. En la Argentina, el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición.

Cito un accionar más que ejemplificado de la deriva gubernamental: el mismo día del inicio de la Conferencia (lo cual no es inocente), hemos tomado conocimiento, por su publicación, de decretos del Poder Ejecutivo Nacional que, entre excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulneran nuevamente el Convenio núm. 150, atacando la libertad sindical y derechos individuales y colectivos. A esto se suman la aplicación de sumarios administrativos y multas millonarias contra organizaciones como el gremio de La Fraternidad y de la Unión Tranviario Automotor (UTA), por ejercer el legítimo derecho de huelga.

También se agregan, por otras razones, el caso de la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Otro ejemplo claro de las violaciones del Gobierno argentino ocurre con la inspección del trabajo, vinculada a los Convenios núms. 81 y 129. El informe de la Comisión de Expertos confirma nuestras peores alarmas: hay una insuficiencia crítica de inspectores, que se suma a la falta de estructura y de presupuesto. Cito el ejemplo del sector agrícola, regido por el Convenio núm. 129, donde la fiscalización es prácticamente inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto.

En la ausencia de control estatal, promovida por el Gobierno, se plasma la aniquilación de los derechos laborales. Esto no es «modernización laboral». Es precarización del trabajo. El desmantelamiento de la administración del trabajo por parte del Estado argentino se manifiesta en el desguace de organismos estratégicos. Desde el 2023 y hasta febrero de 2026, en la administración pública nacional centralizada se produjo una reducción del 29 por ciento de la planta de trabajadores del Estado.

A eso se suma la destrucción de otros sistemas fundamentales del Estado, lo que conlleva la devastación presente y futura de los ejes de la construcción social y productiva de nuestro país, como me permito graficar con algunos ejemplos:

Ciencia y Tecnología: en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el principal organismo científico del país, de gran apoyo al sistema productivo argentino, se han perdido más de 4 000 puestos de trabajo y se han paralizado los ingresos de investigadores concursados.
Infraestructura: se detuvo la inversión de la obra pública y la implicancia de ello en uno de los principales motores de generación de empleo.
Tecnología Industrial y Agropecuaria: en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se ha quebrado la autonomía institucional y se ha puesto a disponibilidad a cientos de técnicos.
Políticas Sociales: el antiguo Ministerio de Desarrollo Social fue degradado, cerrando Centros de Referencia territoriales, despidiendo a trabajadores y eliminando planes de promoción de empleos.
Derechos Humanos y Género: se degradó la Secretaría de Derechos Humanos, y se eliminó el Ministerio de las Mujeres.
Educación Universitaria: el desfinanciamiento universitario es crítico, con pérdidas salariales de más del 40 por ciento, que pone en riesgo la supervivencia de un modelo universitario público y gratuito que ha sido un ejemplo para la región y el mundo.
Sistema Previsional: la desprotección de los trabajadores y las trabajadoras jubiladas con la no actualización correspondiente de sus haberes y la consiguiente inseguridad alimentaria, sumando la acción deliberada de deterioro de los sistemas de protección de la salud.
Sistema de Atención de la Discapacidad: desfinanciamiento, quite de prestaciones y destrato en el sistema de atención de las familias trabajadoras.

Finalmente, denunciamos la política de criminalización del conflicto social: el conflicto laboral a través de la Resolución núm. 943/2023 del Ministerio de Seguridad ha dejado de ser un fenómeno sociolaboral para ser tratado como una cuestión de política criminal. El Gobierno ha priorizado el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes por encima de la mediación institucional.

Es más que evidente que el debilitamiento del Convenio núm. 150 es la herramienta para avanzar sobre el corazón de nuestro sistema protector de los trabajadores. Si no hay un cambio de rumbo inmediato —que hoy no parece estar en la intención del Gobierno— y no se abre un diálogo social institucional, tripartito y conducente, nos vemos obligados a recurrir a todas las instancias de denuncia por el incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). El movimiento obrero organizado de la Argentina, asumiendo su responsabilidad histórica y su compromiso con las y los trabajadores mantiene su postura con convicción. Lo hacemos en la calle, en cada movilización popular y en este trascendente estrado internacional. Es nuestro objetivo la defensa esencial de los derechos y la dignidad laboral de las y los trabajadores. Lo hacemos con toda la fuerza y creatividad de la que somos capaces para recuperar una Argentina próspera, con desarrollo equitativo y con trabajo digno, como herramienta fundamental de integración para la justicia social y el bien común. No es el trabajador un engranaje al servicio de la economía. Es la economía una herramienta efectiva para la felicidad de los trabajadores.

Miembro gubernamental, Chipre: Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Suscriben esta declaración Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, la República de Moldova y Ucrania, países candidatos; Noruega, país de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del Espacio Económico Europeo; así como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Promovemos la ratificación universal y la aplicación efectiva de los convenios fundamentales de la OIT y apoyamos el sistema de control de la OIT en su papel crucial de promover y supervisar la aplicación de las normas ratificadas.

Si bien tomamos nota de la información facilitada por el Gobierno en relación con la delegación de funciones a las provincias y las posibles dificultades para recabar información, solicitamos al Gobierno, en consonancia con los comentarios de la Comisión de Expertos, que examine las actividades realizadas por el sistema de inspección del trabajo, detecte las deficiencias relacionadas con la coordinación, así como con el número de inspectores a nivel federal y provincial, y refuerce la capacidad del servicio de inspección del trabajo, entre otras cosas, proporcionando financiación y equipos adecuados. Instamos al Gobierno a que adopte medidas adicionales para garantizar la organización y el funcionamiento efectivos del sistema de administración del trabajo, en particular garantizando la existencia de suficientes inspectores y sometiendo el sistema de inspección del trabajo a la supervisión y el control de una autoridad central, tal y como se establece en los Convenios núms. 81 y 129. Solicitamos además información sobre las medidas adoptadas, o los planes previstos, para ampliar las funciones del sistema de administración del trabajo a los trabajadores con modalidades de empleo poco convencionales o atípicas, de conformidad con el artículo 7 del Convenio núm. 150. En lo que respecta a la situación y la estabilidad del empleo y a las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo, alentamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que el servicio de inspección esté compuesto por funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen estabilidad laboral.

Pedimos al Gobierno que garantice el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo en la agricultura, tal y como se establece en el Convenio núm. 129, en particular en las zonas rurales remotas a las que se refiere la CGT. Solicitamos al Gobierno que proporcione información sobre las inspecciones del trabajo realizadas a nivel provincial y las sanciones impuestas, sobre los inspectores que gozan de estabilidad y el número de inspectores contratados a nivel federal y provincial, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de sanciones adecuadas y efectivas por trabajo no registrado. Además, instamos al Gobierno a que garantice que la autoridad central de inspección publique un informe anual sobre la labor de la inspección del trabajo, que abarque los temas indicados en el artículo 21 del Convenio núm. 81 y el artículo 27 del Convenio núm. 129. Por último, alentamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y a que facilite información sobre el funcionamiento de los órganos tripartitos. La Unión Europea y sus Estados miembros seguirán de cerca la situación y mantendrán su compromiso de apoyar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo.

Miembro empleadora, Costa Rica: El Grupo de los Empleadores ha escuchado atentamente el debate sobre el caso de la Argentina que nos ocupa esta tarde, y quisiera referirme a un aspecto que consideramos fundamental para una evaluación equilibrada y justa del mismo: la forma en que se analiza la suficiencia y eficacia del sistema de inspección del trabajo en la Argentina.

La Argentina es un Estado federal. Por mandato constitucional, las provincias ejercen competencias primarias en materia de inspección laboral, mientras que el Gobierno nacional desempeña funciones de coordinación, por lo que esta realidad institucional debe ser tomada en cuenta al momento de evaluar el cumplimiento del Convenio núm. 81. Cuando la Comisión de Expertos analiza las cifras de inspectores disponibles a nivel nacional, es importante recordar que estas representan solamente una parte del sistema. Una evaluación completa debe considerar los inspectores de la SRT y de la ARCA; los recursos inspectivos existentes en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y los inspectores de organismos descentralizados e incluso de entes públicos no estatales como el RENATRE y del IERIC, con inspectores propios y competencias específicas en sectores clave como la agricultura y la construcción.

En razón de esto, solicitamos a la Comisión que tenga presente esta complejidad antes de formular sus conclusiones. Solo considerando estos aspectos y basándose en una visión integral del sistema se puede evaluar si la capacidad inspectiva real del sistema es o no suficiente en los términos del Convenio. Al mismo tiempo, reconocemos que la disponibilidad y consolidación de información constituye un desafío importante. Por esa razón, alentamos al Gobierno a continuar fortaleciendo la recopilación, consolidación y publicación de estadísticas completas y comparables sobre el funcionamiento del sistema de inspección en todos sus niveles (nacional y provincial).

Contar con información consolidada sobre el número de inspectores, las inspecciones realizadas, los sectores cubiertos y las sanciones aplicadas no solo permitirá a esta Comisión realizar una evaluación más precisa y objetiva del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 20 y 21 del Convenio, sino que también permitirá contar con una base para una evaluación genuina. La complejidad de un sistema federal no debe ser vista como un obstáculo, ni utilizarse como una excusa para la inacción, sino como una característica institucional que debe ser adecuadamente considerada al momento de examinar este caso.

Miembro trabajador, Uruguay: Hablamos en nombre del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), central única de trabajadoras y trabajadores del Uruguay, y lo hacemos a raíz de la consideración del informe de la Comisión de Expertos y, específicamente, en lo que refiere al Convenio núm. 150. Lejos de eufemismos y tecnicismos, lo que observamos en la Argentina es un conjunto de transformaciones de alcance estructural, que inciden de manera directa en el funcionamiento de la administración del trabajo y en la capacidad del Estado para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales. Desde esta perspectiva, advertimos sobre la incompatibilidad de estas medidas con las obligaciones asumidas por el Estado en virtud del Convenio núm. 150.

La degradación del Ministerio de Trabajo al rango de Secretaría constituye un elemento especialmente relevante, en tanto que plantea interrogantes serios sobre la jerarquía institucional, la autonomía operativa y la capacidad de coordinación que exige una administración del trabajo eficaz.

Del mismo modo, las medidas que afectan la estabilidad en el empleo público y habilitan ceses discrecionales comprometen la independencia técnica que debe caracterizar a los organismos encargados de aplicar y supervisar la normativa laboral, repercutiendo directamente en la posibilidad de contar con instituciones fuertes que puedan cumplir con las funciones previstas por el Convenio.

Al examinar el sistema de inspección y fiscalización, la insuficiencia de recursos humanos disponibles para cubrir adecuadamente el territorio nacional, así como la bajísima intensidad de control en sectores particularmente expuestos a la informalidad, como el trabajo rural, revelan debilidades graves en la capacidad inspectiva del Estado. Si a ello se añade la eliminación de sanciones vinculadas al trabajo no registrado, el resultado es un marco que reduce los incentivos al cumplimiento y debilita la eficacia de la tutela laboral. En nuestra opinión, esta situación debe ser considerada a la luz de los Convenios núms. 81 y 129, íntimamente vinculados con la efectividad del sistema de administración del trabajo.

La reducción de capacidades estatales, la desarticulación de programas técnicos y territoriales, y la pérdida de personal especializado impactan de manera concreta en la prestación de funciones esenciales vinculadas a la tutela laboral y social, teniendo como consecuencia práctica la pérdida de derechos.

Por estas razones, solicitamos que se tome debida nota de la gravedad de la situación y se exhorte al Estado argentino a adoptar medidas concretas para restablecer una administración del trabajo dotada de jerarquía, independencia, recursos suficientes y mecanismos efectivos de consulta tripartita, en plena conformidad con el Convenio núm. 150 y en articulación con las obligaciones derivadas de los Convenios núms. 81 y 129.

Miembro gubernamental, Suiza: Suiza respalda la declaración formulada por la Unión Europea y quisiera realizar los comentarios siguientes. Suiza ha tomado nota con interés de las observaciones de la Comisión de Expertos, así como de la información aportada por el Gobierno argentino sobre la aplicación de los Convenios núms. 81, 129 y 150.

En lo tocante a la inspección del trabajo, Suiza observa con preocupación que el sistema sigue enfrentándose a desafíos considerables, concretamente en lo que respecta a los recursos humanos y materiales, y a la coordinación entre los niveles federal y provincial. Se trata de un reto al que también se enfrenta Suiza, y mi país estaría dispuesto a compartir su experiencia con la Argentina.

En lo referente al sector agrícola, Suiza toma nota de las actividades llevadas a cabo en cooperación con el RENATRE, así como de las inspecciones ya realizadas. No obstante, observamos que persisten grandes desafíos, en particular la cobertura insuficiente de las zonas rurales remotas, la persistencia del trabajo no declarado y el trabajo infantil. Alentamos a las autoridades argentinas a reforzar la coordinación institucional y la eficacia de los controles.

En cuanto a las sanciones, Suiza toma nota de la información proporcionada y subraya la importancia de garantizar un marco suficientemente disuasorio y que se aplique de manera efectiva.

En lo tocante a la situación de los inspectores, Suiza recuerda la importancia que revisten unas condiciones de empleo estables y adecuadas para garantizar la independencia y la eficacia del sistema de inspección.

Con respecto a la administración del trabajo, Suiza toma nota de las reformas institucionales en curso y anima a las autoridades a velar por que, por medio de estas, se refuerce la capacidad de acción del sistema, en especial dada la evolución del mercado de trabajo.

Por último, Suiza destaca la importancia del diálogo social y alienta al Gobierno de la Argentina a garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos de consulta tripartita.

Suiza toma nota asimismo de la información facilitada en respuesta a las observaciones de la Comisión de Expertos y alienta al Gobierno de la Argentina a proseguir sus esfuerzos para lograr la plena aplicación de los convenios ratificados, en cooperación con los interlocutores sociales y recurriendo, en su caso, a la asistencia técnica disponible de la Oficina Internacional del Trabajo.

Miembro gubernamental, Honduras: Nuestra delegación desea agradecer a la República Argentina la información presentada y por el diálogo mantenido con los órganos de control de la OIT. Observamos con interés lo referente a la necesidad de adoptar medidas para el fortalecimiento de la inspección de trabajo y mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Gobierno y las instituciones competentes, teniendo en cuenta las particularidades de la organización federal del país. También valoramos la continuidad de las iniciativas dirigidas a prevenir la informalidad laboral y promover el cumplimiento de la normativa laboral, así como los esfuerzos específicos realizados en el sector agrícola mediante la cooperación con el RENATRE para abordar situaciones de trabajo no registrado y proteger a los trabajadores rurales. Tomamos nota asimismo de la disposición manifestada por el Gobierno argentino de seguir colaborando con la OIT y de aprovechar las herramientas de cooperación y asistencia técnica disponibles para continuar perfeccionando sus mecanismos de inspección y administración laboral. Consideramos igualmente relevante que estos esfuerzos tengan lugar en un contexto de recuperación económica y de reformas destinadas a impulsar la formalización, la productividad y la generación de oportunidades de empleo en beneficio de trabajadores y empleadores. Por ello, alentamos al Gobierno a continuar avanzando en estas iniciativas y a proseguir el diálogo constructivo con los interlocutores sociales y con la Organización.

Miembro empleadora, Guatemala: Deseo centrar mi intervención en la aplicación del Convenio núm. 150 y en el funcionamiento del sistema de administración del trabajo de la Argentina tras las reformas iniciadas en el año 2023. De la información suministrada, así como de lo oído en la sala, entendemos que creación del Ministerio de Capital Humano —que absorbió las funciones del anterior Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— fue una decisión de política institucional adoptada en el contexto de una crisis financiera severa. El Convenio núm. 150 no prescribe una estructura ministerial específica. Es relevante en este caso reiterar que cada Estado tiene la potestad soberana de organizar su administración como lo considere adecuado.

Lo que sí exige el Convenio núm. 150 en sus artículos 4 y 10 es que, cualquiera sea la estructura adoptada, el sistema funcione de manera eficaz y disponga de recursos suficientes. Ese es el estándar aplicable y el que esta Comisión debe evaluar: no la forma, sino la sustancia. El artículo 5 del Convenio núm. 150 establece la obligación de consulta, cooperación y negociación con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Este no es un mandato formal: es el fundamento de un sistema de relaciones laborales que funciona.

El sector empleador no solo apoya el tripartismo por principio. Lo apoyamos porque lo vivimos. Cuando el diálogo social funciona, las políticas laborales son más robustas y equilibradas, los conflictos son menores y las normas tienen mayor legitimidad. Cuando se debilita el dialogo social, todos los sectores perdemos. Por eso instamos al Gobierno a garantizar el funcionamiento regular del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; mantener los espacios de diálogo sectorial y de consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores; e informar a esta Comisión sobre el calendario y los resultados de dichas instancias. El Convenio núm. 150 no debe ser interpretado como un obstáculo a las reformas institucionales, sino como una guía para diseñarlas de forma eficiente, en diálogo con las particularidades de cada entramado socioeconómico y las características de cada sistema de gobierno.

Miembro trabajador, Brasil: El caso de la Argentina se refiere a la violación de los llamados convenios de gobernanza, que son esenciales para transformar los derechos y principios fundamentales en el trabajo en realidades prácticas. Reside ahí la gravedad de la violación de estos convenios, pues su incumplimiento perjudica la observancia de los demás compromisos internacionales asumidos por la Argentina, afectando negativamente a quienes viven de su trabajo.

El Ministerio de Trabajo perdió su rango ministerial para convertirse en una Secretaría del Ministerio de Capital Humano. Esta degradación y las reformas laborales recientes han cambiado el enfoque de las políticas de inspección y protección social con el fin de limitar el rol del Estado, bajo la premisa de que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía.

El progresivo desmantelamiento de la política laboral nacional incluyó la reducción de personal, el ajuste presupuestario y la pérdida de capacidades de fiscalización, lo que configura un escenario de triple debilitamiento que implica una pérdida de la jerarquía, la autonomía operativa y la capacidad de coordinación centralizada exigida por el Convenio núm. 150, y tiene como consecuencia la reducción de la capacidad de respuesta rápida ante denuncias de abusos y malas condiciones de trabajo locales, en especial en el sector rural y en las regiones con asimetrías estructurales históricas, lo que favorece esquemas de explotación extrema, trabajo infantil y jornadas que exceden los límites legales.

Sumado a eso, se suprimieron las multas por empleo no registrado o deficientemente registrado y, en su reemplazo, se habilitó un régimen que condona deudas e infracciones a los empleadores que regularicen voluntariamente las relaciones laborales de sus dependientes.

La realidad es que, diferentemente de la promesa de «modernización», los resultados de las reformas laborales son el aumento de las tasas de desocupación e informalidad. Cada vez más personas trabajan sin estabilidad ni derechos, lo que impacta directamente en los ingresos y en las condiciones de vida. Pero, como ha tomado nota la Comisión de Expertos, la institucionalización del diálogo social fue debilitada. En efecto, el Gobierno ha suprimido la concertación utilizando artificios legislativos para instituir, sin consulta tripartita genuina, un proyecto político orientado a redefinir el modelo de relaciones laborales. En esta Comisión hemos escuchado innumerables veces que no hay democracia efectiva sin sindicatos fuertes, capaces de dar voz a la clase trabajadora y defender sus intereses. De eso se trata este caso. Libertad de manifestación. Diálogo social. Democracia.

Miembro gubernamental, Costa Rica: Costa Rica toma nota con interés de la información presentada por el Gobierno de la Argentina respecto de las medidas adoptadas para fortalecer los servicios de inspección y administración del trabajo, en cumplimiento de los Convenios núms. 81, 129 y 150, en medio de los desafíos que enfrentan en materia de articulación y coordinación administrativa.

Valoramos particularmente los esfuerzos reportados para ampliar la cobertura inspectiva, incrementar el número de visitas realizadas y fortalecer la protección de las personas trabajadoras mediante mecanismos más eficaces de supervisión y cumplimiento de la normativa laboral. Valoramos asimismo las acciones desarrolladas para combatir el trabajo no registrado, el trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso, así como para proteger a los trabajadores más vulnerables particularmente en el sector rural. Observamos positivamente las iniciativas orientadas a promover soluciones concertadas en distintos sectores de la economía, las cuales reflejan la capacidad del tripartismo para generar respuestas adaptadas a las realidades productivas y laborales.

Asimismo, destacamos la disposición expresada por el Gobierno de continuar cooperando con la OIT y de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para seguir fortaleciendo sus capacidades institucionales. Consideramos que la cooperación técnica y el intercambio de buenas prácticas son instrumentos valiosos para consolidar sistemas de administración e inspección del trabajo eficientes, inclusivos y orientados a resultados.

Miembro empleador, Uruguay: Observamos el contexto de crisis fiscal que motivó la reforma del Estado en la Argentina, pero ese contexto no suspende sus obligaciones frente a la OIT. El Convenio núm. 150 sigue plenamente vigente. La pregunta concreta que debemos responder es si esa reforma es compatible con las disposiciones del Convenio, que incluye disposiciones claramente facultativas y otras prescriptivas. Para hacer una evaluación adecuada de la reforma realizada en relación con este Convenio, será necesario contar con información sobre el desempeño de la nueva administración del trabajo. Precisamos datos concretos sobre su funcionamiento. En todo caso, podría ser necesario fortalecer los mecanismos de consulta y el tripartismo, en línea con lo que prescribe el artículo 5 del Convenio.

La asistencia técnica de la OIT podría ser una herramienta que contribuya a tres cosas: i) identificar los desafíos de coordinación que enfrenta este nuevo sistema de administración del trabajo; ii) mejorar las capacidades de los estados provinciales en sus funciones de inspección y administración del trabajo, y iii) consolidar los sistemas de información estadística que permitan evaluar el desempeño del nuevo sistema. La asistencia técnica de OIT es una señal de madurez institucional que acompañamos desde el sector empleador.

Miembro trabajadora, España: Comparecemos hoy para denunciar el incumplimiento grave y sistemático de los Convenios núms. 81, 129 y 150 por parte del Gobierno de la República Argentina. El Convenio núm. 150, en particular, exige un sistema de administración del trabajo eficaz dotado de recursos, personal, presencia territorial y capacidad de coordinación. Sin embargo, los hechos demuestran un proceso acelerado de desmantelamiento institucional reconocido tanto por la Comisión de Expertos como por los propios datos oficiales. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el Estado argentino eliminó 66 402 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 19,3 por ciento del empleo público nacional. No obstante, el impacto más severo recayó sobre las áreas laborales y sociales. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hoy degradado a Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, perdió el 47 por ciento de su dotación histórica. Esta reducción masiva afecta directamente la capacidad del Estado para formular, coordinar y ejecutar políticas laborales, en violación de los artículos 4, 7 y 10 del Convenio núm. 150.

La Comisión de Expertos ha tomado nota de esta degradación institucional y advierte que la reorganización ministerial, la reducción de personal y la paralización de órganos tripartitos han debilitado la administración del trabajo. Señala, además, que se han producido 50 000 despidos en la administración pública, afectando áreas esenciales para la protección laboral.

El desarme territorial es igualmente crítico. Las 43 agencias territoriales (pilar federal de la política laboral) estuvieron al borde del cierre, lo que implicaba el despido inmediato de nada menos que 1 600 trabajadores y la desaparición de la presencia estatal en vastas regiones del país. Se advierte un vaciamiento funcional progresivo, producto de la asfixia presupuestaria y la eliminación de programas.

Estos incumplimientos no constituyen hechos aislados. Se inscriben en un contexto más amplio de regresión de los derechos laborales en la República Argentina, tanto en su dimensión individual como colectiva. La reducción de las capacidades estatales de inspección, fiscalización y administración del trabajo coincide con la adopción de reformas normativas que debilitan los mecanismos de protección de la clase trabajadora, restringen la actuación sindical y afectan al ejercicio efectivo de derechos fundamentales reconocidos por esta casa, por la OIT.

Solicitamos a esta Comisión que inste al Gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para revertir esta situación, restablecer las capacidades de la administración del trabajo, y garantizar el pleno respeto de los derechos laborales individuales y colectivos de las trabajadoras y los trabajadores argentinos.

Miembro gubernamental, Chile: Mi delegación agradece la información proporcionada por el Gobierno y los elementos compartidos en el marco del examen de este caso. Los indicadores presentados por la delegación argentina reflejan una evolución favorable entre 2025 y 2026, lo que da cuenta del impacto de las medidas adoptadas y constituye una señal positiva que, a nuestro juicio, la Comisión debería tomar en consideración.

Esperamos que la Comisión valore los esfuerzos que se inscriben en un contexto que exige atender simultáneamente múltiples prioridades, así como fortalecer la fiscalización y la promoción del trabajo decente en el sector agrícola, ámbito que presenta desafíos particulares en materia de protección laboral. La gestión de la inspección del trabajo en contextos federales entraña desafíos que requieren soluciones adaptadas a cada realidad nacional. En este sentido, reconocemos positivamente la respuesta del Gobierno que da cuenta de la dotación de inspectores en los distintos servicios y esquemas de inspección existentes. De la misma manera, apreciamos los avances registrados en materia de regularización del empleo y las acciones orientadas a la protección de trabajadores en sectores de mayor vulnerabilidad. Por último, valoramos el trabajo conjunto entre el Gobierno y la OIT, por lo que confiamos que este diálogo y la participación de los interlocutores sociales contribuyan a seguir avanzando de manera sostenida en la aplicación de los convenios ratificados de acuerdo al contexto nacional.

Miembro empleador, Honduras: Queremos abordar dos preocupaciones concretas planteadas por la Comisión de Expertos: la eficacia del régimen sancionatorio y el desafío del trabajo no registrado en el sector agrícola. Ambas cuestiones son de especial importancia para el sector empleador, porque un sistema sancionatorio creíble y una agricultura formal son condiciones necesarias para la competencia leal entre empresas.

La derogación de ciertas disposiciones por la Ley N° 27.742 fue observada por la Comisión de Expertos. El Gobierno ha explicado que esas normas generaban una doble imposición, ya que el incumplimiento quedaba sancionado dos veces por el mismo hecho.

El régimen general de sanciones de la Ley N° 25.212 (el REGESIL) sigue plenamente vigente, con multas que van desde el 25 por ciento hasta el 5 000 por ciento del salario mínimo, según la gravedad de la infracción.

El Grupo de los Empleadores entiende la importancia de actualizar los marcos normativos para evitar normas distorsivas que, como hemos oído en la sala, derivaban en una excesiva judicialización de los conflictos en el mundo del trabajo. Entendemos que sería importante, para tener una evaluación completa, contar con datos sobre la implementación de las normas vigentes, las investigaciones y las sanciones aplicadas en los distintos niveles del Gobierno. Por ello, animamos al Gobierno a que proporcione estadísticas actualizadas sobre la frecuencia de las sanciones aplicadas por trabajo no registrado a nivel nacional y provincial; los montos promedio de las multas efectivamente cobradas; el número de empleadores incluidos en el registro de infractores, y las consecuencias prácticas de esa inclusión. Sin esa información, esta Comisión no puede evaluar si el régimen es adecuado. Y sin esa evaluación, no hay base sólida para las conclusiones.

Al mismo tiempo, tomamos nota de que la fiscalización agrícola parece enfrentar desafíos estructurales particulares derivados de la dispersión geográfica, la estacionalidad de la mano de obra y la presencia de trabajadores migrantes. La respuesta no puede ser solo aumentar el número de inspectores; requiere también especialización, tecnología y coordinación efectiva con el RENATRE, que es bipartito, y las provincias. Instamos al Gobierno a fortalecer la formación especializada de los inspectores agrícolas y a proporcionar información sobre los criterios de planificación de las inspecciones rurales, especialmente en las zonas alejadas.

Miembro trabajadora, Francia: Hablo en nombre de los trabajadores de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido. El Convenio núm. 150 exige una administración del trabajo eficaz, dotada de los recursos, del personal, de la capacidad técnica y de la presencia territorial necesarios para elaborar y aplicar políticas laborales. Sin embargo, la Comisión de Expertos ha tomado nota con preocupación de la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría de Estado, de la drástica reducción de personal, de la pérdida de capacidad institucional y del debilitamiento de los mecanismos de coordinación de la política laboral.

El Convenio núm. 150 también obliga a los Estados a garantizar la celebración de consultas, la cooperación y las negociaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. En este sentido, la Comisión de Expertos, en su Estudio General de 2024, subraya la importancia de consultar a los interlocutores sociales durante la elaboración y aplicación de leyes o decretos relativos al trabajo.

En lugar de fortalecer el diálogo social, el Gobierno de la Argentina ha actuado mediante decisiones, decretos y medidas unilaterales adoptados sin la debida consulta tripartita. El caso más emblemático fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que constituye la primera reforma del trabajo impulsada por el Gobierno actual. Este Decreto de Necesidad y Urgencia modifica aspectos fundamentales del derecho laboral individual y colectivo sin la participación previa de los interlocutores sociales. A esto se suma una persistente política de restricción de las acciones colectivas.

El reiterado recurso a medidas excepcionales, el desmantelamiento de organismos públicos, los recortes presupuestarios en ámbitos vinculados con el trabajo y la parálisis de los órganos participativos institucionales apuntan a una orientación política que margina el diálogo social y concentra la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. Un ejemplo significativo es el desmantelamiento de facto del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Este Consejo Nacional es un órgano tripartito de alto nivel que históricamente integraba la gestión del trabajo bajo los auspicios del antiguo Ministerio de Trabajo. En la práctica, las decisiones relativas al salario mínimo han sido adoptadas unilateralmente por el Estado, con incrementos inferiores a la evolución de la inflación, lo que ha provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Cuando las políticas laborales se adoptan sin celebrar consultas, cuando se debilitan las instituciones responsables de su gestión y cuando disminuye la capacidad del Estado para garantizar los derechos, se socavan directamente los principios que sustentan el Convenio núm. 150. Por ello, solicitamos que se invite al Gobierno a que restablezca un verdadero diálogo social, refuerce las instituciones laborales, reactive los mecanismos tripartitos de consulta y participación, y garantice el pleno respeto del Convenio núm. 150 de la OIT.

Miembro gubernamental, República Islámica del Irán: La República Islámica del Irán desea expresar su agradecimiento por la rigurosa labor de la Comisión de Expertos, cuyas conclusiones en el Informe III(A) de 2026 constituyen la base exclusiva de esta declaración. Queremos dejar constancia de nuestra profunda preocupación por el cumplimiento por la Argentina de sus obligaciones en virtud de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la inspección del trabajo en la agricultura y la administración del trabajo.

En primer término, en cuanto al trabajo infantil en la agricultura, la Comisión de Expertos ha documentado la persistencia del trabajo infantil en los sectores de la yerba mate y el tabaco. Los niños, muchos de ellos no han alcanzado la edad mínima para trabajar, están expuestos a sustancias químicas tóxicas, a jornadas de trabajo excesivamente largas y a condiciones precarias, lo cual tiene graves consecuencias para su salud y educación. Este no es un hallazgo aislado. Refleja fallos estructurales que exigen medidas urgentes.

En segundo término, en lo que respecta a la explotación laboral y a la trata de personas, la Comisión de Expertos ha constatado de manera explícita que los migrantes en el sector agrícola se enfrentan a una extrema vulnerabilidad, explotación y, en algunas regiones, a arraigados patrones de trata. Estas no son preocupaciones secundarias. Abordan el núcleo de las obligaciones de la Argentina en virtud de los convenios ratificados.

En tercer término, y lo más preocupante, es el desmantelamiento deliberado de los mecanismos de control del cumplimiento. Justo cuando el trabajo rural no registrado se mantiene en niveles alarmantes, el Gobierno ha derogado las sanciones económicas para los empleadores que no registran a sus trabajadores. La propia Comisión de Expertos ha determinado que esto debilita al servicio de inspección del trabajo, cuya fortaleza es esencial para la protección de los trabajadores más vulnerables.

En conjunto, estas conclusiones apuntan a un patrón de regresión, no de progreso, y a un retroceso respecto de las salvaguardias institucionales que dan sentido a las normas internacionales del trabajo. Ante estas preocupaciones, pedimos a esta Comisión que solicite al Gobierno de la Argentina que presente sin más demora un plan de acción integral y verificable para erradicar el trabajo infantil en la agricultura, combatir la trata y la explotación laboral, restablecer el marco de sanciones económicas para el empleo no registrado y demostrar, en términos mensurables y con plazos determinados, su compromiso continuo con sus obligaciones internacionales. La credibilidad de esta Comisión se basa en su disposición a responsabilizar a los gobiernos. Instamos a la Comisión a que actúe en consecuencia.

Miembro trabajadora, Canadá: Hablo en nombre del Congreso del Trabajo del Canadá. La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales de los Estados Unidos de América se adhieren a esta declaración. Comparecemos ante esta Comisión para abordar las graves violaciones de los Convenios núms. 81, 129 y 150 sobre la inspección del trabajo en la República Argentina. El deterioro actual no es un caso aislado, sino un proceso estructural que socava la capacidad del Estado para garantizar los derechos laborales básicos.

El informe de la Comisión de Expertos es inequívoco. El número de inspectores del trabajo se redujo de 385 en 2023 a 308 en 2025, 52 de los cuales carecían de seguridad del empleo, lo cual contraviene directamente lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio núm. 81, que exige independencia funcional y protección frente a presiones externas. Esta precaria situación se desarrolla en un contexto de pérdida de empleos en el sector público, lo que debilita aún más la estructura estatal responsable de controlar el cumplimiento de la legislación laboral. La reducción de personal se suma a un recorte presupuestario severo y sin precedentes en el Ministerio de Trabajo, que repercute directamente en la capacidad operativa del sistema. Por ejemplo, las dietas de viaje, el transporte, los vehículos y los recursos esenciales para la inspección se han eliminado prácticamente por completo, lo que menoscaba el cumplimiento del artículo 10 del Convenio núm. 81, que exige que los inspectores cuenten con los medios necesarios para desempeñar sus funciones.

El resultado se evidencia en la disminución de la actividad de inspección. En sectores críticos como la agricultura, en 2023 solo se realizaron 59 inspecciones a un total de 9 938 establecimientos. Esto representa menos del 1 por ciento. La Comisión de Expertos advierte que esta deficiencia se ve agravada por la falta de coordinación entre los niveles federal y provincial y por la ausencia de un control central efectivo, en contravención de los artículos 4 y 16 del Convenio núm. 81. A esto se suma un cambio normativo que socava por completo la función de inspección prevista en el Convenio núm. 81.

El Gobierno ha sustituido el marco normativo vigente del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que desde 2003 otorgaba a los inspectores facultades de autoridad pública para entrar en establecimientos, emitir notificaciones, imponer sanciones e incluso clausurar establecimientos en caso de infracciones graves, por el denominado «Programa de Promoción del Empleo y Buenas Prácticas». Este nuevo régimen sustituye el control efectivo del cumplimiento por un sistema de hasta cuatro visitas de orientación y cortesía, en las que el inspector ya no actúa como garante del cumplimiento de la ley, sino que promueve el cumplimiento voluntario, brindando orientación sobre los beneficios de la reforma laboral, antes de considerar cualquier sanción. Este cambio elimina la función de control del cumplimiento exigida por el Convenio núm. 81, debilita la capacidad disuasoria del Estado y consolida un marco de amnistía estructural para quienes infringen la normativa laboral. Solicitamos a esta Comisión que inste al Gobierno a reconstruir la fuerza del trabajo de la inspección, a restablecer los recursos operativos y a garantizar la plena aplicación del Convenio núm. 81 en todo el país.

Miembro gubernamental, Paraguay: Mi delegación agradece a la República Argentina la información presentada y las aclaraciones brindadas durante este debate. Tomamos nota de las medidas informadas en materia de administración del trabajo, así como de las acciones destinadas a fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la fiscalización laboral. Registramos las iniciativas orientadas a mejorar la detección de situaciones de informalidad laboral, las medidas de protección de los trabajadores, y las acciones desarrolladas en el ámbito rural mediante la cooperación entre los organismos competentes. Tomamos nota también de la decisión del Gobierno de continuar evaluando el funcionamiento de su sistema de inspección del trabajo y de mantener la cooperación con la Oficina Internacional del Trabajo para el análisis y fortalecimiento de sus capacidades institucionales. El Paraguay se encuentra igualmente abocado a este desafío, y está dispuesto a intercambiar experiencias y buenas prácticas en esta materia. Observamos que las acciones se desarrollan en un contexto de recuperación de la actividad económica y de implementación de políticas vinculadas al empleo formal. Mi delegación alienta a la República Argentina a continuar avanzando en estas iniciativas y destaca la importancia de la cooperación técnica y el diálogo para el fortalecimiento de las instituciones del trabajo.

Miembro gubernamental, Panamá: La delegación de la República de Panamá agradece la información presentada por la República Argentina y, en ese contexto, desea manifestar lo siguiente:

En primer lugar, valoramos el compromiso manifestado por el Gobierno de continuar cooperando con la OIT y de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para seguir fortaleciendo sus instituciones laborales y los mecanismos de supervisión del cumplimiento de la normativa laboral. Asimismo, tomamos nota de las iniciativas impulsadas para promover la formalización del empleo y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, en el entendimiento de que la reducción de la informalidad constituye uno de los principales desafíos para garantizar una protección efectiva de los trabajadores. También observamos con interés las medidas implementadas para fortalecer la fiscalización laboral y las acciones desarrolladas en el sector agrícola en coordinación con los organismos especializados competentes, con miras a prevenir situaciones de trabajo no registrado y otras vulneraciones de derechos laborales. Mi delegación toma nota igualmente de que estas acciones se desarrollan en un contexto de crecimiento económico, fomento de la inversión y generación de nuevas oportunidades de empleo formal.

Por último, tomamos nota de las explicaciones brindadas sobre el funcionamiento del sistema argentino de inspección del trabajo y de los mecanismos de coordinación existentes entre las distintas jurisdicciones y organismos involucrados, y alentamos la continuación de los esfuerzos destinados a fortalecer la cooperación institucional y la eficacia de las funciones de inspección. Exhortamos a la Argentina a continuar con el diálogo constructivo con los interlocutores sociales, la OIT y los demás actores relevantes, a fin de seguir fortaleciendo sus instituciones laborales y avanzar en los objetivos perseguidos por los convenios examinados.

Miembro gubernamental, Perú: El Perú agradece la información proporcionada por la distinguida delegación de la República Argentina sobre la aplicación de los Convenios núms. 81, 129 y 150. Tomamos nota de la información presentada por el Gobierno argentino en relación con las medidas adoptadas para fortalecer el funcionamiento de su sistema de inspección del trabajo, así como de los mecanismos de coordinación existentes entre las autoridades nacionales y provinciales en el marco de su estructura federal. Tomamos nota también de la continuidad de las acciones desarrolladas en el marco del Plan nacional de regularización del trabajo (PNRT) y de las actividades de fiscalización realizadas durante el periodo examinado con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación laboral. Valoramos igualmente la información relativa a la cooperación con el RENATRE, orientada a la atención de desafíos vinculados al trabajo no registrado, la prevención del trabajo infantil y la protección de los trabajadores del sector rural. Tomamos nota también del compromiso del Gobierno argentino de continuar colaborando con la OIT y de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para seguir fortaleciendo las capacidades de su sistema de inspección laboral. El Perú considera que el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y el fortalecimiento institucional constituyen elementos importantes para promover la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo, y alienta la continuidad de los esfuerzos emprendidos en esta materia.

Observadora, Confederación Sindical Internacional (CSI): Como se ha señalado aquí, lo que está en discusión es más que una cuestión técnica y administrativa. Ya se ha mencionado la degradación del Ministerio de Trabajo a una secretaría, lo que adquiere especial gravedad a la luz de los artículos 1 y 4 del Convenio núm. 150.

A ello se suma también la utilización de instrumentos normativos sin procesos adecuados de consulta y concertación tripartita para introducir reformas laborales de gran alcance, en claro apartamiento de los principios de este Convenio. La Comisión de Expertos ha sostenido reiteradamente que las reformas laborales de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos, en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.

Nada de eso ocurre en la Argentina. Como se ha dicho, aquí hace dos días se ha publicado, por ejemplo, un decreto que reglamenta una ley y que excede los términos de la ley, pero sin siquiera tener consulta con empleadores y trabajadores. El movimiento sindical ha señalado que las iniciativas que fueron impulsadas por el Gobierno no han tenido procesos adecuados de concertación social, como prevé el Convenio núm. 150, en sus artículos 3 y 5. Observamos que estas medidas establecen restricciones normativas para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, tratando en muchos casos la acción colectiva como un problema de seguridad y, además, imponiendo multas confiscatorias. No voy a remitirme al Estudio General por el tiempo reducido que se nos ha otorgado, pero sabemos que dice que el papel central de la administración del trabajo está orientado a la promoción de la paz social y las relaciones laborales sólidas, y que esta función debe ser desempeñada respetando los principios de libertad sindical y negociación colectiva.

Debido a la orientación que se tiene en nuestro país, promover gradualmente la ampliación de funciones del sistema de administración del trabajo, conforme el artículo 7, implica tener a trabajadores con modalidades atípicas. Esto es preocupante a la luz del Convenio núm. 150, que concibe a la administración del trabajo como un sistema activo de protección y aplicación efectiva de los derechos del trabajo. Hay ausencia de diálogo social, falta de consulta con los empleadores y trabajadores, y falta de cooperación. Asimismo, si bien es cierto que hay un órgano que se llama el Consejo Federal del Trabajo, es ilustrativo para la Comisión saber que, entre el 2000 y 2023, se reunió en 124 sesiones plenarias, y desde diciembre del 2023 en un periodo de 30 meses, solo dos veces.

Según un informe global de cumplimiento de los derechos realizado por la Confederación Sindical Internacional, la Argentina se encuentra entre los diez países con los peores índices de violaciones a los derechos humanos y sindicales y, en este contexto, es importante traerlo aquí, porque estamos hablando de la administración del trabajo; estamos hablando de la protección de los trabajadores.

Una vez más decimos que la Argentina está viviendo un proceso de deslaborización, por un lado, de desprotección de los trabajadores y, por el otro lado, de desarme y desguace del Estado. Lo podríamos llamar una tormenta perfecta, porque, aun así, con los derechos que subsisten, no los tenemos garantizados por la inacción del Estado.

Acá hablaron de crisis. La crisis no se resuelve destruyendo la justicia social que siempre fue un orgullo para la Argentina. Así que afirmamos que las observaciones de la Comisión de Expertos y de las organizaciones sindicales argentinas acompañados por la central sindical de las Américas y la central sindical internacional demuestran serios incumplimientos de los principios y requisitos de los Convenios núms. 81, 129 y 150, y por ello, la Comisión debe tomar debida nota de la gravedad de la situación.

Observador, Internacional de la Educación (IE): Lo primero que quiero decir es que coincido absolutamente con cada palabra, con cada letra, con cada coma y con cada tono de lo que ha expresado el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Intervengo en nombre de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, nucleados en la CTA, integrantes de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA), de la CSI y también en representación de la Internacional de la Educación, para expresar nuestra profunda preocupación por el incumplimiento por parte de la República Argentina de las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios núms. 81, 129 y 150.

Nuestra preocupación es aún mayor, porque estas cuestiones ya habían sido advertidas en esta misma casa. Hace dos años, durante la discusión del Estudio General de la Comisión de Expertos sobre los sistemas de administración del trabajo y la aplicación del Convenio núm. 150 y la Recomendación núm. 158, las centrales argentinas denunciamos el inicio de un proceso de degradación institucional reflejado en la reducción de programas públicos, el debilitamiento de las políticas de empleo, la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría y los despidos masivos en la administración pública nacional.

En ese sentido y en consonancia con el informe de la Comisión de Expertos sobre el incumplimiento de los artículos 1, b), 4, 7 y 10 del Convenio núm. 150, debemos señalar que se ha incrementado el proceso de reducción del empleo público llevado adelante mediante despidos de personal de planta permanente, no renovación de vínculos y programas de retiros voluntarios que impactaron sobre distintas áreas de la administración nacional, ello sin consulta efectiva con las organizaciones sindicales representativas.

Estas medidas no solo afectaron las condiciones laborales de miles de trabajadores estatales, sino que también debilitaron capacidades institucionales, experiencia técnica y presencia territorial del Estado. La reducción de personal en organismos estratégicos comprometió la administración laboral, el sostenimiento de políticas públicas y el acceso efectivo de la población trabajadora a derechos reconocidos por la legislación nacional y los convenios internacionales.

La crisis del diálogo social constituye otra expresión del incumplimiento del artículo 5 del Convenio núm. 150, como lo señala el informe de la Comisión de Expertos. En ese sentido, las organizaciones sindicales debimos intimar formalmente al Gobierno para que convoque al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, denunciando el incumplimiento de la periodicidad prevista en su propio reglamento. La continua determinación unilateral de incrementos insuficientes por parte del Gobierno y la ausencia de revisiones periódicas constituyen una seria afectación de los principios de consulta, participación y diálogo social consagrados por el Convenio.

Respecto de lo señalado por los expertos sobre el incumplimiento de los Convenios núms. 81 y 129, debe destacarse que ello ocurre en el marco de una reforma laboral que tampoco respetó el diálogo social ni, peor aún, su reglamentación, y que debilitó herramientas históricas de protección, promoviendo procesos de desregulación incompatibles con una inspección laboral efectiva, eliminando mecanismos sancionatorios contra el trabajo no registrado y priorizando la regularización voluntaria por sobre el control estatal.

Todo ello ocurre cuando se cierran miles de pymes; hay despidos masivos en el sector privado y en el sector público; hay una caída pronunciada del poder adquisitivo del salario de trabajadores y jubilados; desfinanciamiento de la educación pública, universidades, ciencia tecnología y salud; ataques a las organizaciones sindicales, estableciendo multas millonarias cuando un sindicato convoca a una huelga, como pasó con el gremio de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad, y algunos sindicatos docentes pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina (CETERA); intervención de sindicatos como el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); persecución a los dirigentes sindicales, y represión de la protesta social, que casi se lleva la vida de un reportero gráfico.

Nótese que el resultado de todo lo dicho queda plasmado en el reciente índice global de los derechos de la CSI, en donde se ha registrado a la Argentina como uno de los 10 peores países para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Por ello, y ante la gravedad de la situación, solicitamos a esta Comisión que inste al Gobierno argentino de forma categórica a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de los Convenios núms. 81, 129 y 150.

La justicia social no es una aberración, como sostiene el Presidente de la Argentina, sino una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales las vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la lucha en unidad de toda la clase trabajadora.

Observadora, Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM): La ICM representa a los trabajadores en los sectores de los materiales de construcción, de la madera y de la silvicultura, y en sectores conexos en todo el mundo, y nuestra intervención se centra en la importancia que reviste la efectividad de la inspección del trabajo, la administración del trabajo y el diálogo social para los trabajadores de los sectores caracterizados por altos niveles de informalidad y de riesgos profesionales.

Tomamos nota con preocupación de la observación de la Comisión de Expertos relativa al funcionamiento del sistema de inspección del trabajo, incluidas las preocupaciones por el número de inspectores, las limitaciones de recursos y las dificultades que afectan a las actividades de los inspectores a nivel tanto federal como provincial. También tomamos nota de las preocupaciones expresadas relativas a la coordinación en el sistema de inspección y a la necesidad de garantizar la supervisión efectiva bajo una autoridad central. La inspección del trabajo es una de las herramientas más importantes para garantizar el respeto de la legislación laboral en la práctica. En sectores como la construcción, los inspectores desempeñan un papel esencial al detectar el trabajo no registrado, proteger a los trabajadores vulnerables y prevenir accidentes, y proteger las vidas de los trabajadores.

Por consiguiente, compartimos las preocupaciones de la Comisión de Expertos acerca de la capacidad de los servicios de inspección y los recursos disponibles para desempeñar su mandato efectivamente. Un servicio sólido de inspección del trabajo requiere una dotación de personal adecuada, recursos operativos y la capacidad para llegar a los lugares de trabajo en todo el país, incluidas las zonas remotas. A la ICM también le preocupa la persistencia del trabajo no registrado. En el sector de la construcción y sectores conexos, la informalidad a menudo se asocia con condiciones de trabajo precarias, la falta de protección social y más riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Una inspección del trabajo efectiva es esencial para afrontar estos retos y garantizar la igualdad de condiciones para los trabajadores y los empleadores.

Tomamos nota asimismo de las preocupaciones expresadas en relación con la administración del trabajo y el funcionamiento de los mecanismos de diálogo tripartito. Para los trabajadores de nuestros sectores, el diálogo social es esencial para mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la seguridad en el lugar de trabajo y afrontar los retos del mercado de trabajo. La consulta y la cooperación efectivas entre los Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores siguen siendo componentes fundamentales de un sistema de administración del trabajo que funcione bien. Por consiguiente, la ICM apoya la solicitud de la Comisión de Expertos de que el Gobierno fortalezca la capacidad de inspección, garantice una administración del trabajo efectiva, siga celebrando consultas significativas y continue colaborando con los interlocutores sociales a fin de combatir la informalidad, mejorar la seguridad y salud en el trabajo y garantizar el trabajo decente para todos los trabajadores.

Observadora, IndustriALL Global Union: IndustriALL Global Union cuenta con 550 organizaciones afiliadas y representa a más de 50 millones de trabajadores en los sectores de la minería, la energía y la industria manufacturera en todo el mundo. El desmantelamiento y la desfinanciación del estado por parte del Gobierno de la República Argentina están perjudicando a los trabajadores de todos los sectores de actividad. Esto está provocando una disminución en la calidad y el rigor en todo tipo de trabajos, afectando a la salud y la seguridad, y provocando la precarización laboral, inclusive en los trabajos formales. Ese proceder puede considerarse una violación a los Convenios núms. 81, 129 y 150, que se refieren principalmente al sistema de control, administración y supervisión del cumplimiento de la normativa laboral.

Además, IndustriALL desea expresar su profunda preocupación y absoluto rechazo a la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la República Argentina. La Sala VIII de la Cámara dispuso una intervención judicial de 180 días en la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), una de las principales organizaciones sindicales industriales del país y afiliada histórica de nuestra federación sindical global.

Con ello invalidaron las elecciones nacionales donde el secretario general existente fue reelecto. Después se le cesó, a él y a las autoridades electas, declarando una acefalía en la organización, lo que provocó que los trabajadores metalúrgicos aún sigan esperando la recomposición salarial que brinda la negociación colectiva salarial de las paritarias porque nadie del secretariado nacional tiene la facultad judicial de firmar acuerdos paritarios.

IndustriALL considera que la decisión judicial constituye una grave injerencia sobre la autonomía sindical y un peligroso antecedente para la libertad sindical y la democracia en la Argentina. La destitución de autoridades democráticamente electas y la intervención sobre la vida interna de una organización sindical contradicen los principios establecidos por el Convenio núm. 87 y también es una clara indicación de que en la Argentina no existe una administración laboral adecuada, de conformidad con el Convenio núm. 150.

Esta situación ocurre en un contexto de creciente deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores argentinos, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la implementación de reformas laborales regresivas y el debilitamiento de los mecanismos de negociación colectiva y diálogo social.

IndustriALL advierte con preocupación que la utilización de mecanismos judiciales para desplazar conducciones sindicales legítimamente electas constituye una forma de disciplinamiento contra las organizaciones que defienden el salario, la negociación colectiva, la industria nacional y los derechos laborales.

Asimismo, exhortamos a las autoridades argentinas a garantizar el pleno respeto de la libertad y autonomía sindical, el normal funcionamiento democrático de las organizaciones de trabajadores y el cumplimiento de los Convenios internacionales ratificados por el Estado argentino.

Representante gubernamental: El Estado nacional se encuentra en un proceso de reforma. El Gobierno se compromete a analizar sus consecuencias y a solicitar la asistencia técnica de la Oficina para evaluar el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo a nivel federal y provincial, así como de la administración del trabajo. Por otra parte, si bien el Gobierno argentino se compromete a mantener informada a la Comisión de Expertos sobre los puntos tratados en su informe, cabe resaltar que las observaciones formuladas no constituyen incumplimientos graves. Por lo expuesto, se solicita respetuosamente arbitrar otros medios para resolver los planteos formulados. También quisiera señalar que aquellas cuestiones que no hemos contestado aquí se incluirán inequívocamente en la próxima memoria.

Quisiera agradecer a los representantes de Honduras, Costa Rica, Chile, el Paraguay, Panamá y el Perú por sus apreciaciones, conocimiento y comprensión de la situación vinculada a los Convenios núms. 81, 129 y 150. Por otra parte, esta delegación lamenta que muchas apreciaciones han derrapado de la centralidad del debate y han instalado definiciones políticas que obligan a señalar algunos conceptos.

He escuchado atentamente y con respeto las críticas sobre las cuestiones que, como habrán advertido, se han apartado del centro de gravedad de este debate. Sin embargo, también las he escuchado con mucha atención porque, en una democracia, las críticas son legítimas y en estas tribunas donde están representados Gobiernos, empleadores y trabajadores también es legítimo responder con hechos, los cuales tienen una característica extraordinaria: son inmunes a las ideologías, no responden a prejuicios ni a relatos amañados. Los hechos son tercos y porfiados y simplemente responden a la realidad. Hemos escuchado con atención la afirmación de que el Gobierno ha legalizado la inestabilidad; permítame recordar que, cuando el Gobierno asumió el cargo en diciembre de 2023, la Argentina se enfrentaba una crisis profunda: el déficit consolidado del tesoro y del Banco Central superaba el 15 por ciento del producto interno bruto, la indigencia era creciente y la pobreza alcanzaba el 41,7 por ciento de la población. La inflación era una de las más altas del mundo y avanzaba a un ritmo cercano al 1 por ciento diario. Quizás ese cuadro y ese contexto puedan ser considerados por algunos como legalmente estable en esos años. La Argentina contaba con un Ministerio de Trabajo, y no una Secretaría de Trabajo. Respecto de las afirmaciones sobre la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cabe señalar que dicha intervención fue realizada por la justicia argentina y, siguiendo el inequívoco dictado de Montesquieu, en la Argentina existe una clara división de poderes. Algunos en esta sala pronosticaron el colapso de la Argentina. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna huelga nacional en el actual Gobierno, mientras que, en dos años y medio, el anterior Gobierno ya tenía un récord de cuatro. A pesar de ello, es importante indicar que el pueblo argentino, en el año 2023, hastiado de tanta falta de tino y de impericia de un Gobierno desolado, decidió dar un golpe de timón y, desde entonces, los resultados comenzaron a hablar: la economía argentina creció al 4,4 por ciento el 2025 y el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento adicional de 3,5 por ciento para el año 2026, muy por encima del promedio regional estimado en el 2,3 por ciento. La inflación descendió hasta una variación interanual del 32,4 por ciento con un registro mensual de apenas 2,6 por ciento en abril por primera vez desde el año 2010. La Argentina alcanzó un superávit financiero en el 2025, equivalente al 0,3 por ciento del producto interior bruto y, en el primer trimestre de 2026, volvió a registrar un superávit financiero y un superávit primario. Mientras algunos anunciaban aislamiento económico, las exportaciones crecieron más del 33 por ciento interanual y el país se encamina hacia un récord histórico cercano a los 100 000 millones de dólares de los Estados Unidos. Mientras se hablaba de una supuesta avalancha importadora, las importaciones en un año disminuyeron un 4 por ciento. Mientras se cuestionaba la capacidad de generación de divisas, la Argentina alcanzó un superávit comercial superior a los 11 000 millones de dólares de los Estados Unidos y las reservas internacionales llegaron a su nivel más alto desde el año 2019. Una nación no es una planilla de cálculo; una nación es su pueblo, y por eso también debemos mirar lo que ocurrió con las personas. Varios millones de argentinos salieron de la pobreza, el índice descendió desde el máximo del 52,9 por ciento registrado en el primer semestre de 2024 hasta el 28,2 por ciento en el segundo semestre de 2025. La asignación universal por hijo —subsidio social otorgado por el Gobierno— aumentó más del 560 por ciento respecto de diciembre de 2023 y recuperó más del 100 por ciento del poder adquisitivo real. La prestación alimentaria, cuyo subsidio social aumentó en 137 por ciento, amplió su cobertura a más de 600 mil adolescentes y, mientras algunos afirmaban que las reformas destruían el empleo, la tasa de desempleo se ubicó en el 7,5 por ciento, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, considerando elevada la participación actual en el mercado laboral. La informalidad laboral continúa afectando a cerca del 40 por ciento de los trabajadores argentinos precisamente por eso. El Congreso nacional aprobó una nueva ley laboral destinada a promover la formalización, incentivar la contratación y adaptar la legislación a las nuevas realidades productivas y tecnológicas. Ahora bien, nada de esto significa que no existan problemas ni que el Gobierno sea infalible, no haya errores, así como errores por corregir, sino que significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: que los argentinos decidieron democráticamente dar una oportunidad al cambio y lo dijeron con la herramienta más poderosa que tiene una democracia, que es el voto.

Se habló de que el Gobierno ejercía autoritarismo. Pues bien, con más del 40 por ciento de apoyo a nivel nacional, en octubre de 2025, el pueblo argentino ratificó el rumbo del Gobierno fortaleciendo significativamente la representación parlamentaria del partido del Gobierno y respaldando reformas debatidas y aprobadas por el Congreso nacional. Aun así, no alcanzó la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Es importante mencionar que ese fue el contexto en el cual fue sancionada la nueva ley laboral donde, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, el Gobierno se encuentra en franca minoría. Esto nos lleva a una reflexión: fue con la guía del Gobierno, y con la decisión final de un pueblo que, con más visión que su propia dirigencia, identificó el camino más acertado para garantizar un futuro de crecimiento y estabilidad. Los cambios ofrecen resistencias, pero la visión del pueblo implicó una siembra de conciencia colectiva de que haciendo siempre lo mismo íbamos a llegar a idénticos y penosos resultados. Esto demuestra, conforme nos enseña la historia, que las naciones no fracasan cuando se enfrentan a dificultades, sino que fracasan cuando pierden la voluntad de superarlas. La Argentina ha recuperado esa voluntad; la ha recuperado disipando las nubes negras y artificiales plantadas por los meteorólogos del caos que parecen disfrutar anunciando los falsos pronósticos aburridos del fracaso.

Miembros trabajadores: Para empezar, quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno de la Argentina por su participación en esta discusión y por la información proporcionada a la Comisión. Damos gracias asimismo a la Comisión de Expertos por su examen de la aplicación del Convenio núm. 150, y también a todos aquellos que han contribuido al debate.

La discusión que hemos mantenido hoy ha confirmado que las preocupaciones expresadas por la Comisión de Expertos no son aisladas ni teóricas, sino que apuntan a un deterioro continuo del funcionamiento del sistema de administración del trabajo en la Argentina y a las graves deficiencias en lo que respecta a la aplicación del Convenio núm. 150 tanto en la legislación como en la práctica. A lo largo de esta discusión, el Gobierno ha tratado de presentar las reformas emprendidas como ajustes administrativos necesarios concebidos para mejorar la eficiencia y modernizar la administración pública. Sin embargo, la información concluyente proporcionada ante esta Comisión ofrece una visión muy diferente. El Convenio núm. 150 se basa en el entendimiento de que la administración del trabajo no es una función estatal periférica. Es un pilar central de la justicia social, el diálogo social y unas relaciones de trabajo sólidas.

Como ha recordado reiteradamente la Comisión de Expertos, los sistemas de administración del trabajo son esenciales para la formulación, la aplicación y el seguimiento de la política laboral y para garantizar que tanto los trabajadores como los empleadores puedan beneficiarse de una gobernanza efectiva del mercado de trabajo. Seguimos profundamente preocupados por la degradación del Ministerio de Trabajo a una Secretaría, medida que ha mermado la visibilidad y la autoridad del sistema de administración del trabajo y ha empeorado su situación institucional. Preocupan asimismo las reducciones significativas de los niveles de dotación de personal y la pérdida de conocimientos técnicos en el sistema de administración del trabajo. El Convenio núm. 150 no solo exige la existencia de estructuras administrativas, sino su funcionamiento efectivo. Dicha efectividad no puede lograrse cuando se despide a personal experimentado, se debilitan las capacidades especializadas y se priva a los funcionarios públicos de la seguridad necesaria para desempeñar sus funciones de una manera independiente y profesional. En relación con esto, seguimos particularmente preocupados por las reformas que afectan al empleo en el sector público y por las disposiciones que permiten despidos basados en los denominados «niveles de dotación de personal óptimos». Dichas medidas parecen fundamentalmente incompatibles con el artículo 10 del Convenio núm. 150, que pretende garantizar que los miembros del personal gocen de un estatus y unas condiciones de servicio que les protejan frente a influencias externas inadecuadas, especialmente los administradores del trabajo, incluidos los inspectores del trabajo. Como ha observado la Comisión de Expertos, el número de inspectores del trabajo sigue siendo totalmente inadecuado en relación con el tamaño de la fuerza de trabajo y el territorio que debe cubrirse. La escasez de inspectores, unida a la insuficiencia de recursos, transporte y apoyo operativo, limita considerablemente la capacidad del sistema de inspección para desempeñar funciones esenciales. No puede existir una administración del trabajo efectiva si la inspección del trabajo carece de los recursos necesarios para hacer cumplir la legislación laboral y proteger los derechos de los trabajadores.

Tal vez uno de los temas más preocupantes derivados de esta discusión es el deterioro del diálogo social. El Convenio núm. 150 sitúa la celebración de consultas, la cooperación y la negociación con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores en el centro de la administración del trabajo. El Grupo de los Trabajadores quisiera destacar que las preocupaciones expresadas en relación con lo dispuesto en el Convenio núm. 150 no pueden considerarse de manera aislada. Como han señalado algunos oradores, forman parte de un patrón más amplio que afecta a todo el marco de gobernanza del trabajo en su conjunto. Las cuestiones que estamos examinando se entrecruzan directamente con las preocupaciones expresadas anteriormente en relación con lo dispuesto en los convenios sobre la inspección del trabajo, así como con las cuestiones más amplias relativas a la libertad sindical y de asociación, la negociación colectiva y el diálogo social.

En conjunto, indican un debilitamiento continuo de las instituciones concebidas para proteger los derechos de los trabajadores y promover el trabajo decente.

El objetivo de esta Comisión no es solamente detectar las deficiencias, sino ayudar a los Estados Miembros a cumplir sus obligaciones internacionales. Por consiguiente, el Grupo de los Trabajadores considera que este caso exige concusiones firmes y concretas.

Instamos al Gobierno de la Argentina a adoptar medidas inmediatas y efectivas a fin de garantizar la plena aplicación del Convenio núm. 150. En particular, instamos al Gobierno a restablecer y fortalecer la capacidad institucional, la autoridad y los recursos del sistema de administración del trabajo, de conformidad con los artículos 4 y 10 del Convenio; a garantizar que el personal de la administración del trabajo goce de seguridad de la tenencia, de independencia y de las garantías profesionales necesarias para el desempeño adecuado de sus funciones; a aumentar considerablemente los recursos humanos, financieros y operativos de que disponen los servicios de inspección del trabajo, con objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral en todo el territorio nacional; a garantizar que los trabajadores con modalidades atípicas de empleo, incluidos los trabajadores de plataformas, se beneficien de protección adecuada y estén cubiertos efectivamente por los servicios de la administración del trabajo; a restablecer y fortalecer los verdaderos mecanismos de diálogo social tripartito a nivel nacional, regional y sectorial, y a garantizar que todas las reformas laborales se emprendan a través de consultas significativas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas; a realizar, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, una evaluación integral del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, incluida información actualizada sobre el número de inspectores del trabajo, su distribución territorial, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y de los convenios ratificados; a aceptar una misión de contactos directos con la OIT, con el objetivo de evaluar la situación y de prestar la asistencia técnica necesaria para fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección del trabajo, teniendo en cuenta la distribución constitucional de las competencias entre el Estado nacional y las provincias y, a ese respecto, convocar un proceso de diálogo social tripartito y federal con la participación de las autoridades nacionales y provinciales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y el apoyo de la OIT, con miras a detectar los obstáculos que afectan a la aplicación efectiva de la legislación laboral, acordar medidas adecuadas y fortalecer la aplicación y el control del cumplimiento de los convenios ratificados en todo el territorio nacional, e informar a la Comisión de Expertos, a más tardar el 1 de septiembre de 2026, sobre los progresos realizados en la aplicación de estas medidas y sobre los resultados de estos procesos de diálogo y de la coordinación institucional.

Miembros empleadores: Quiero, en primer lugar, agradecer las explicaciones y comentarios que realizó el representante del Gobierno argentino en el día de hoy, y también a todos aquellos que contribuyeron al debate en oportunidad del tratamiento del caso de la República Argentina. Deseo aclarar que, si bien hemos escuchado con atención y con seriedad todos los planteos realizados en sala, la mayoría de ellos no los compartimos y nos vamos a limitar a establecer las conclusiones del caso a la luz de los Convenios núms. 81, 129 y 150.

Siendo esto así, empezamos estableciendo que, para los miembros empleadores, la existencia de distintos niveles de administración no constituye en sí misma una incompatibilidad con los, convenios. Ello ya fue dicho. Por tanto, vamos a alentar al Gobierno a fortalecer los mecanismos de coordinación existentes, particularmente en materia de recopilación de estadísticas, intercambio de información y planificación conjunta de actividades inspectivas.

En cuanto a los recursos materiales, financieros, humanos, de inspección y el informe anual, consideramos especialmente importante que el Gobierno proporcione información objetiva sobre el impacto real de las medidas adoptadas en las actividades de inspección y sobre las medidas adoptadas para mejorar la asignación eficiente de recursos, así como la aplicación de nuevas tecnologías en los servicios de inspección, de acuerdo con los artículos 20 y 21 del Convenio núm. 81.

En cuanto a las medidas adoptadas para asegurar sanciones por trabajo no registrado, en opinión de los miembros empleadores, las mismas cumplen plenamente con el artículo 18 del Convenio núm. 81 y las consideramos adecuadas, habiéndose eliminado la doble imposición existente anteriormente.

En cuanto a la inspección de trabajo en la agricultura, los miembros empleadores comparten plenamente la importancia de garantizar una supervisión eficaz del sector agrícola, teniendo en cuenta las características particulares de esta actividad, la dispersión geográfica de los lugares de trabajo y la gravedad de determinadas infracciones que puedan presentarse en el ámbito rural.

Por ello, invitaremos al Gobierno a continuar reforzando la cobertura y la eficacia de las actividades efectivas en el sector agrícola, particularmente las zonas rurales alejadas, así como a proporcionar información adicional sobre las medidas adoptadas para fortalecer las capacidades técnicas especializadas de los inspectores y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones competentes.

En cuanto al funcionamiento del sistema de administración del trabajo, los miembros empleadores recuerdan que el Convenio núm. 150 no prescribe una estructura administrativa específica ni impone un modelo institucional determinado. Por tanto, corresponde a cada Estado Miembro definir la organización de su administración pública, de conformidad con las necesidades y prioridades nacionales. De todas maneras, sea cual sea la estructura adoptada, estamos de acuerdo en que los artículos 4 y 10 del Convenio exigen que el sistema de administración del trabajo funcione de manera eficaz y disponga de los recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones.

En cuanto a la consulta y al diálogo social, alentaremos al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, manteniendo los espacios de diálogo existentes y fortaleciendo a los actores sociales para llevar adelante esos ámbitos de diálogo social. Los miembros empleadores entienden que este caso pone de manifiesto desafíos institucionales reales relacionados con recursos, coordinación y capacidad administrativa.

No obstante, las cuestiones identificadas parecen reflejar principalmente dificultades operativas e institucionales en un contexto de reforma administrativa y fiscal más amplio, más que una negativa deliberada a aplicar los Convenios núms. 81 129 y 150 o una situación de incumplimiento grave o sistemático.

Por ello, alentamos al Gobierno a continuar colaborando estrechamente con la Oficina, a aprovechar si fuera necesario la asistencia técnica de la misma y a proporcionar información adicional, incluido el informe anual que prescribe el Convenio núm. 81, que permita evaluar con precisión la eficacia global del sistema de inspección y administración del trabajo.

Los empleadores somos partidarios de que el sistema de inspección del trabajo en la Argentina sea eficiente, predecible y técnicamente competente. Un sistema de inspección débil no solo perjudica a los trabajadores, sino que genera distorsiones competitivas al no garantizar el cumplimiento uniforme de las obligaciones laborales de todas las empresas. Asimismo, entendemos que el diálogo social es esencial para una administración laboral eficaz.

Destaca el papel clave de las instituciones tripartitas y la importancia de la participación efectiva de empleadores y trabajadores en las políticas laborales, conforme a lo establecido en el Convenio núm. 150. Por ello, instamos al Gobierno a adoptar las medidas que garanticen la consulta, cooperación y negociación, preservando los espacios de diálogo social existentes con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores. El fortalecimiento de las instituciones laborales, la mejora de la coordinación federal y provincial, y el desarrollo de sistemas de inspección eficaces constituyen objetivos compartidos por los Gobiernos, por los trabajadores y por los empleadores.

Presidenta: Damos así por concluida la discusión de este caso. Agradezco la participación del representante gubernamental de la Argentina y de todos los oradores que participaron en la discusión.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación. Tomó nota asimismo de las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a la reducción de los recursos humanos, operativos y financieros de que disponen la administración del trabajo y los servicios de inspección del trabajo.

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado, a fin de:

garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos a nivel nacional, regional y sectorial, y velar por que las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores;
realizar, en consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, una evaluación exhaustiva del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, incluida información actualizada sobre el número de inspectores del trabajo, su distribución territorial, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios ratificados;
fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección del trabajo.

La Comisión recomendó al Gobierno que, de ser necesario, recurra a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión instó al Gobierno a comunicar a la Comisión de Expertos, a más tardar el 1 de septiembre de 2026, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas y sobre los resultados obtenidos.

Representante gubernamental: Queremos agradecer profundamente a la Comisión y a la OIT por la atención brindada a los argumentos presentados por la República Argentina, en esta instancia, y expresar que valoramos muy especialmente este espacio de diálogo. Para nosotros es importante destacar que el país se encuentra transitando una etapa de crecimiento y construcción de las bases para el futuro. En este sentido, entendemos que cualquier desafío o deficiencia proveniente de pedidos anteriores serán corregidos. Reafirmamos por ello nuestra firme y categórica voluntad de colaborar en todo cuanto resulte necesario para avanzar en este trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre inspección del trabajo y administración del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibidas el 29 de agosto de 2025, de las observaciones conjuntas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) sobre el Convenio núm. 81, recibidas el 31 de agosto de 2025, así como de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) sobre el Convenio núm. 150, recibidas en 2023 y el 1 de septiembre de 2025.

Inspección del trabajo

Artículos 4, 10, 11, 16, y 24 del Convenio núm. 81 y artículos 7, 1), 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129. Función de control de los inspectores del trabajo, frecuencia y alcance de las visitas de inspección. Vigilancia y control de los servicios de inspección del trabajo por una autoridad central. Efectivos de inspección del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria sobre las actividades de inspección realizadas entre 2022 y junio de 2025 en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y de las competencias plenas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STEySS), así como en relación con el trabajo no registrado. Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la STEySS cuenta con un total de 308 inspectores a nivel país. La Comisión observa que en 2023 la inspección del trabajo disponía de 385 inspectores y 312 auxiliares de fiscalización.

A este respecto, la Comisión toma nota de que la CGT RA destaca la insuficiencia de inspectores del trabajo para las actividades industriales y comerciales, y afirma que se agrava en las administraciones provinciales. Indica también que la política de restricción de gastos y austeridad puede estar repercutiendo en el reconocimiento de viáticos, la renovación de vehículos y las comisiones de servicio, los cuales son indispensables para que los servicios de inspección realicen operativos en zonas alejadas. Por su parte, la ATE y la CLATE expresan su preocupación por la reducción drástica en la cantidad de inspectores, imposibilitando la efectividad de sus tareas, indican que la política para la registración laboral se ha deteriorado, y señalan el debilitamiento de los servicios de inspección a causa de la delegación de actividades en las autoridades administrativas provinciales, así como las dificultades para obtener estadísticas. La Comisión toma nota también de que la CTA Autónoma afirma que la actual distribución de competencias en materia de inspección del trabajo entre el Gobierno federal y las provincias, así como la escasa cantidad de funcionarios inspectores, han resultado en la ineficiencia del sistema de inspección del trabajo e impactado directamente en la alta tasa de trabajo no registrado. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que: i) el número de inspectores del trabajo sea suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección; ii) en la práctica, la inspección del trabajo esté bajo la vigilancia y control de una autoridad central, y iii) los inspectores del trabajo estén dotados de los medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones. Al tiempo que comprende las funciones delegadas a las provincias y las posibles dificultades para recabar información, la Comisión pide también al Gobierno que realice una evaluación sobre el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo con el fin de identificar las deficiencias en la coordinación y en el número de inspectores a nivel federal y provincial, y que informe sobre el número inspecciones del trabajo realizadas a nivel provincial, los sectores cubiertos y las sanciones impuestas.

Artículos 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129. Estabilidad en el empleo y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la STEySS cuenta con un total de 308 inspectores a nivel país, de los cuales 256 se encuentran bajo el régimen de estabilidad y 52 bajo el régimen de contratación. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CGT RA sostiene que, si bien la STEySS cumple con lo estipulado en el Convenio, la política de restricción de gastos y austeridad se ha traducido en despidos en la administración pública, poniendo en riesgo la independencia del personal. La Comisión confía en que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que todo el personal de inspección esté compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo. Le pide también que proporcione información sobre el número de inspectores en régimen de estabilidad y de contratación tanto a nivel federal como provincial.

Artículo 18 del Convenio núm. 81 y artículo 24 del Convenio núm. 129. Sanciones adecuadas. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el proyecto de Ley núm. 1381/18 sobre la regularización de trabajadores no registrados no ha sido adoptado. La Comisión toma nota asimismo de que tanto la CGT RA como la ATE y la CLATE afirman que mediante la Ley 27.742 de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, de 27 de junio de 2024, el Gobierno derogó varias normativas que preveían sanciones por el incumplimiento de los empleadores del deber de registrar a los trabajadores. La CGT RA señala, en particular, que la falta de aplicación de multas en estos casos supone un debilitamiento de la función coercitiva de los servicios de inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para asegurar que las sanciones por trabajo no registrado sean adecuadas y se apliquen de manera efectiva.

Artículos 20 y 21 del Convenio núm. 81 y artículos 26 y 27 del Convenio núm. 129. Informe anual de inspección. La Comisión urge una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la autoridad central de inspección publique un informe anual, de carácter general, sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control (artículo 20 del Convenio núm. 81 y artículo 26 del Convenio núm. 129), que trate de todas las cuestiones previstas en el artículo 21 del Convenio núm. 81 y el artículo 27 del Convenio núm. 129.

Cuestiones específicamente relacionadas con la inspección del trabajo en la agricultura - Convenio núm. 129

Artículos 6, 1), 7, 14 y 15 del Convenio núm. 129. Funciones de la inspección del trabajo en la agricultura. Número de inspectores. Autoridad central. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que continúa trabajando de manera articulada con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE) en materia de control y registro de los trabajadores, en el marco de un convenio de cooperación. A este respecto, indica que, como resultado de sus actividades conjuntas, 268 establecimientos fueron relevados en 2022, 313 en 2023 y 134 en 2024, resultando en la imposición de 188, 238 y 93 sanciones respectivamente. Además, se detectaron 6 casos de trabajo infantil en 2022, 6 en 2023 y 2 en 2024, y 7, 18 y 4 casos de trabajo adolescente respectivamente. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el RENATRE acerca de los avances tecnológicos implementados en la inspección del trabajo en el sector agrícola desde 2024. La Comisión toma nota asimismo de que la CGT RA indica que la descentralización del sistema de inspección genera disparidades regionales, dado que las provincias con mayores recursos tienen inspecciones más activas, mientras que, en las zonas rurales remotas, la fiscalización es casi inexistente. En particular, la CGT RA destaca los siguientes problemas: i) insuficiencia de inspectores en el sector agrícola, donde la extensión del territorio y la dispersión de los trabajadores hacen difícil la cobertura eficaz; ii) trabajo no registrado, el cual prevalece de manera significativa en el campo; iii) trabajo infantil rural persistente, explotación y trata laboral y condiciones inhumanas; iv) falta de coordinación institucional, puesto que la coexistencia entre organismos nacionales, provinciales y el RENATRE genera superposición de funciones y, en algunos casos, vacíos de control, y v) políticas de austeridad del gasto público, las cuales ponen en peligro la continuidad y el fortalecimiento de los servicios de inspección, en general, y de las inspecciones rurales, en particular. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de inspección del trabajo en la agricultura, inclusive en las zonas rurales remotas a las que se refiere la CGT RA. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que, en la práctica, la inspección del trabajo en la agricultura esté bajo la vigilancia y control de un organismo central, incluyendo información sobre la coordinación entre los distintos organismos nacionales, provinciales y el RENATRE. Le pide asimismo que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas en el marco del convenio de cooperación con el RENATRE, con el objetivo de reducir el trabajo no registrado.

Administración del trabajo - C onvenio n úm. 150

Artículos 1, b), 4, 7 y 10 del Convenio. Funcionamiento eficaz del sistema de administración del trabajo. Coordinación. Recursos y personal. Ampliación gradual de las funciones de la administración del trabajo respecto de las formas atípicas de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que, mediante el Decreto 8/2023, de 10 de diciembre de 2023, se creó el Ministerio de Capital Humano, el cual pasó a asumir los compromisos y obligaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (artículo 10). La Comisión toma nota, asimismo, de los organigramas del nuevo Ministerio proporcionados por el Gobierno, según los cuales la actual STEySS depende del Ministerio de Capital Humano. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CGT RA, la ATE y la CLATE expresan su preocupación por que el Gobierno haya degradado el MTEySS a la categoría de Secretaría de Trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones conjuntas, la ATE y la CLATE también afirman que: i) se han producido 50 000 despidos, aunque ninguno en el área de inspección del trabajo; ii) el área de fiscalización se encuentra sobrecargada y sus funciones se superponen a las de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros organismos, y iii) mediante la Ley 27.742 se reformó la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley 25.164), permitiendo que el personal que goza de estabilidad pueda ser cesado si, a criterio de la Administración, existe exceso en la dotación óptima necesaria.

Asimismo, la Comisión toma nota de que la CGT RA indica en sus observaciones que, desde diciembre de 2023, el Gobierno ha implementado una política de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, incluyendo en el ámbito de la administración del trabajo, también en los Estados provinciales. En particular, afirma lo siguiente: i) se disolvieron varios órganos en materia de género y discriminación en 2024 y se han discontinuado políticas públicas de inclusión laboral para sectores vulnerables; ii) se eliminaron más de 3 000 puestos en la Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional; iii) en cuanto a la economía de plataformas, se han identificado problemas relativos a la inestabilidad laboral, la falta de instancias de apelación y acceso a la información, y a los riesgos laborales, y iv) diversas normas promulgadas por el Gobierno, las cuales se encuentran suspendidas judicialmente, han afectado a la administración del trabajo y las relaciones laborales. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la organización y el funcionamiento eficaces del sistema de administración del trabajo, tal y como se prevé en los artículos 4 y 10 del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para promover gradualmente la ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo a los trabajadores con modalidades atípicas de empleo, de conformidad con el artículo 7 del Convenio.

Artículo 5. Consulta, cooperación y negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CGT RA afirma que, tras las medidas implementadas por el Gobierno desde diciembre de 2023, se ha debilitado la institucionalización del diálogo social. En particular, indica lo siguiente: i) se ha eliminado el Consejo Económico y Social; ii) la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil se encuentra prácticamente paralizada, sin reuniones tripartitas; iii) se ha impedido el normal funcionamiento del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVM); iv) se han llevado a cabo escasas acciones tripartitas para implementar el IV Programa de Trabajo Decente por País (2022-2025); v) la administración del trabajo demora la homologación de acuerdos negociados colectivamente entre sindicatos y empleadores, e intenta establecer «techos» para limitar las actualizaciones salariares de manera unilateral, y vi) existen retos estructurales pendientes en materia de SST, en particular en lo que respecta a la falta de diálogo social tripartito institucionalizado. La Comisión toma nota también de que la CTA Autónoma afirma que el CSMVM adolece de fallas en su composición, estructura y funcionamiento que ponen en cuestión la legitimidad de sus resoluciones desde hace años. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Le pide también que proporcione información sobre los progresos alcanzados a este respecto, incluyendo información sobre el funcionamiento de los órganos tripartitos mencionados.

La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la Oficina, incluyendo en relación con las administraciones provinciales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los trabajadores) y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibidas el 25 de agosto y el 1.º de septiembre de 2014, respectivamente, que se refieren a la inspección del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a responder a esas observaciones, que serán examinadas, junto con la respuesta del Gobierno, en el marco del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique extractos de los informes y demás informaciones periódicas que presenten los servicios principales de administración del trabajo.

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, las cuales responden a las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior y no tiene otras cuestiones que plantear al respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

La Comisión toma nota con interés de la primera memoria del Gobierno así como de la documentación adjunta en anexo. Ruega al Gobierno que le transmita en su próxima memoria información complementaria sobre los puntos siguientes.

Artículo 3 del Convenio. Se ruega al Gobierno que indique, si las hubiere, las actividades relacionadas con la política nacional del trabajo, que se considera que forman parte de las cuestiones que están «reguladas» a través del recurso a «la negociación directa» entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Artículo 5, párrafo 2. Consultas, negociación y cooperación a nivel regional y local. La Comisión agradecería al Gobierno que precise si existen otras instancias regionales y/o locales, aparte de las Comisiones Asesoras Regionales (CAR), que formen parte de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en las cuales se garanticen las consultas, la cooperación y la negociación tripartita previstas por esta disposición del Convenio en otros sectores de la actividad económica del país.

Artículo 7, apartado d). Extensión de las funciones del sistema de administración del trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que indique si considera que las condiciones nacionales requieren la extensión progresiva de las funciones del sistema de administración del trabajo a las personas que trabajan en un marco establecido por la costumbre o las tradiciones comunitarias.

Artículo 10, párrafo 2. Recursos humanos y medios materiales de la administración del trabajo. Se ruega al Gobierno que proporcione información lo más detallada posible sobre la composición, el estatuto y las condiciones de servicio del personal que trabaja en el sistema de administración del trabajo, así como sobre los medios materiales y los recursos financieros que tienen a su disposición para ejercer sus funciones.

La Comisión agradecería al Gobierno que continuase transmitiéndole información sobre las decisiones adoptadas y sobre las actividades realizadas en el marco del MERCOSUR para el fortalecimiento de la administración del trabajo así como sobre sus efectos.

Parte IV del formulario de memoria. Se ruega al Gobierno que comunique copia de todos los informes o extractos de informes, así como de cualquier otra información que presentan de forma periódica los principales órganos de la administración del trabajo.

Parte V. Programa de trabajo decente por país de la OIT. Además, se ruega al Gobierno que comunique información sobre las conclusiones y posibles recomendaciones de la evaluación independiente del programa de trabajo decente por país aplicado en Argentina durante el período 2004-2007.

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Argentina (Ratificación : 2004)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2026, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Información escrita proporcionada por el Gobierno

A. Inspección del trabajo

En la Argentina, el número de inspectores es suficiente y garantiza el desempeñoefectivo de las funciones

En la Argentina, el sistema de inspección del trabajo garantiza una autoridad centralen un sistema federal

En la Argentina, los inspectores del trabajo se encuentran dotados de los mediosde transporte y suplementos por movilidad

Información solicitada sobre el número de inspectores en régimen de estabilidady de contratación a nivel federal