Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Myanmar (Ratificación : 2013)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación de las autoridades militares, en su informe, de que actualmente no se recluta a niños soldados en el Tatmadaw, aunque se ha constatado que los grupos armados han reclutado y utilizado a niños. La Comisión también toma nota, a partir del informe aprobado por el Consejo de Administración en su 355.ª reunión, celebrada en noviembre de 2025, en seguimiento de la Resolución relativa a las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT sobre el tema de Myanmar, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 113.ª reunión (2025) (informe del Consejo de Administración, GB.355/INS/11), de que las autoridades militares presentaron comunicaciones sobre los progresos realizados por Myanmar tras el informe de la comisión de encuesta establecida para examinar el incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). En estas comunicaciones, las autoridades militares indican que siguen colaborando con el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de informes (UN-CTFMR), a fin de prevenir el reclutamiento y la utilización de menores, inclusive a través de exámenes sistemáticos y verificaciones exhaustivas de la edad antes del reclutamiento, la verificación de documentos civiles, y exámenes óseos para determinar la edad de las personas. Las autoridades militares indican que, entre junio de 2022 y junio de 2025, esos controles sistemáticos de los nuevos reclutas revelaron que 444 personas sospechosas de ser menores de 18 años de edad no fueron aceptadas por las fuerzas armadas y fueron devueltas a sus respectivos hogares. Indican además que, desde 2012, un total de 475 miembros del personal militar, incluidos 109 oficiales y 366 soldados, que reclutaron por error a personas menores de 18 años, han sido objeto de sanciones disciplinarias en virtud del derecho militar. Las autoridades militares no especifican cuántos han sido sancionados disciplinariamente desde el golpe militar de 2021.

La Comisión toma nota de que el informe del Consejo de Administración hace referencia a la información enviada por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que señala violaciones generalizadas de las libertades civiles y los derechos laborales, incluido el reclutamiento de niños de entre 13 y 16 años. La Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) informa asimismo de un reclutamiento a gran escala en el ejército e indica que ha verificado al menos 1 800 casos en los que están involucrados niños de tan solo 12 años, muchos de los cuales son utilizados como porteadores, guías y enviados al frente. En una comunicación de octubre de 2025, el mecanismo independiente de investigación para Myanmar (IIMM) informa también que ha recopilado pruebas que sugieren la utilización de civiles como escudos humanos por parte del ejército y el reclutamiento de niños, incluidos los menores de 15 años, tanto por parte del ejército como de grupos armados. Según el informe del Consejo de Administración, contrariamente a las afirmaciones de las autoridades militares (que refutan las prácticas de trabajo forzoso y afirman que cualquier caso individual se trata de acuerdo con los procedimientos legales), la información recibida por la Oficina de sindicatos, organizaciones internacionales y otras entidades apunta a prácticas generalizadas de reclutamiento forzoso, incluido el reclutamiento de niños.

La Comisión también toma nota del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en Myanmar, de 12 de marzo de 2025 (S/2025/81), según el cual, entre 2020 y 2023, el equipo de tareas del país verificó el reclutamiento y la utilización de 2 195 niños (2 097 niños, 92 niñas y 6 de sexo desconocido) de entre 12 y 17 años. Además, 51 niños reclutados antes del periodo de presentación de memorias seguían vinculados a las fuerzas armadas de Myanmar. Es probable que los casos subregistrados sean significativamente más numerosos debido a las dificultades de supervisión y al temor a represalias, así como al hecho de que el reclutamiento y la utilización no se perciben como una violación grave a nivel comunitario, especialmente en el caso de los niños de entre 15 y 17 años. Las violaciones se atribuyeron en gran medida a las fuerzas armadas de Myanmar, incluidas las fuerzas relacionadas y las milicias afiliadas (1 919) (compuestas por las fuerzas armadas de Myanmar [1 860], las fuerzas de guardia fronteriza [35] y las milicias [24]), y también a muchos otros grupos. Los métodos de reclutamiento empleados por las fuerzas armadas de Myanmar incluían el secuestro de niños, incentivos económicos, presión sobre las familias y el reclutamiento de niños desplazados. Los niños secuestrados a menudo se veían forzados a recibir instrucción militar. El UN-CTFMR verificó el secuestro de 519 niños (292 niños, 109 niñas y 118 de sexo desconocido), de entre 2 y 17 años, siendo las fuerzas armadas de Myanmar responsables de más del 70 por ciento de los casos. Los periodos de secuestro oscilaban entre un día y varios meses, y los niños eran secuestrados principalmente para su reclutamiento y utilización, entre otras cosas, para recabar información, como guías o escudos humanos, o para obtener dinero. Del mismo modo, los métodos de reclutamiento de los grupos armados y las organizaciones armadas étnicas incluían el reclutamiento forzoso y el secuestro de niños mientras viajaban o trabajaban. Tanto en el estado de Kachin como en el de Shan, los niños también eran reclutados a menudo directamente en sus hogares, especialmente en las zonas en las que los grupos armados habían establecido cuotas de reclutamiento. Dicho reclutamiento incluía forzar a los niños a ocupar el lugar de un adulto que, en el momento del reclutamiento, no estaba presente. Muchos niños que eran enviados para que recibieran instrucción militar por los grupos armados también eran utilizados para cocinar, limpiar, ir a buscar agua y recoger leña.

La Comisión deplora profundamente que se siga reclutando y utilizando a niños en los conflictos armados en Myanmar, especialmente porque ello conlleva otras violaciones de los derechos del niño, como los secuestros. Recuerda una vez más que, en virtud del artículo 3, a) del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para su utilización en conflictos armados se considera una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. La Comisión insta a las autoridades militares a que adopten con carácter de urgencia las medidas necesarias para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas armadas y los grupos armados en Myanmar, y a que utilicen todos los medios disponibles para garantizar su desmovilización plena e inmediata. La Comisión insta una vez más a las autoridades militares a que adopten medidas inmediatas y eficaces para garantizar la investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de todas las personas declaradas culpables de reclutar a menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, y a que garanticen que se impongan en la práctica penas suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión solicita a las autoridades militares que proporcionen información sobre el número y la naturaleza de las investigaciones llevadas a cabo contra los autores de estos delitos, así como sobre el número de enjuiciamientos realizados y el número y la naturaleza de las penas impuestas.

Venta y trata de niños. En relación con sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota de la información facilitada por las autoridades militares sobre la promulgación de la nueva Ley de Prevención y Eliminación de la Trata de Personas de 2022. Las autoridades militares indican que todos los nuevos casos de trata de personas que se han producido después de la promulgación de la nueva Ley han sido enjuiciados de conformidad con la misma. Según la información contenida en su memoria, en 2022 tuvieron lugar 25 casos de trata de personas, entre los que se incluyen cinco casos de trata de niños. Dos casos fueron enjuiciados en virtud de la Ley contra la Trata de Personas de 2005, y los restantes en virtud de la Ley de Prevención y Eliminación de la Trata de Personas, de 2022, y las penas impuestas a los autores fueron de diez años de prisión a cadena perpetua. Entre 2023 y abril de 2025, se identificaron 46 casos de trata de niños, de los cuales 39 fueron juzgados en virtud de la Ley de Prevención y Eliminación de la Trata de Personas. Se han impuesto penas a 49 autores que van desde diez años hasta cadena perpetua.

La Comisión toma nota de que, según un estudio de la OIT de los estados de Mon, Kayin, Kayah y Shan sobre las tendencias del trabajo infantil en Myanmar 20212024, la mayor vulnerabilidad de los niños y las familias tras la toma del poder por los militares puede que haya aumentado el riesgo de que los niños estén ocupados en las peores formas de trabajo infantil, incluida la trata. En particular, el informe revela que se observó la presencia de agentes de reclutamiento pertenecientes a organizaciones delictivas en las comunidades y campamentos para desplazados internos que se dirigían a niños vulnerables, tentándolos con falsas promesas de trabajar para ellos, y que los niños y jóvenes de Myanmar eran víctimas de trata en el sector de juegos de azar y de estafas en las zonas fronterizas de Myanmar-China. Por consiguiente, la Comisión pide a las autoridades militares que intensifiquen sus esfuerzos para combatir la trata de niños y proteger a los niños particularmente expuestos a riesgos. Insta al Gobierno a garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se emprendan acciones judiciales contra los autores de tales delitos, y pide a las autoridades militares que comuniquen información más detallada sobre el número y la naturaleza de las investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones impuestas.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información comunicada por las autoridades militares en su memoria relativa al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), en la que indica que el Ministerio de Educación está adoptando medidas para garantizar la educación básica gratuita para todos los niños y fortalecer el sistema educativo. Las autoridades militares proporcionan estadísticas que muestran que las tasas netas de escolarización para el año escolar 2023-2024 ascienden al 85,89 por ciento en la educación primaria, al 36,60 por ciento en la educación de ciclo medio, y al 22,38 por ciento en la educación secundaria. Las tasas de finalización de la escolarización para el mismo periodo se sitúan en el 57,20 por ciento en la educación primaria, el 38,91 por ciento en la educación de ciclo medio y el 36,70 por ciento en la educación secundaria. Por consiguiente, la Comisión observa que un alto porcentaje de niños no finaliza sus estudios, en particular a nivel de la educación secundaria.

En relación con esto, la Comisión toma nota de que, según el estudio de la OIT de los estados de Mon, Kayin, Kayah y Shan sobre las tendencias del trabajo infantil en Myanmar 2021-2024, los participantes en los diferentes estados estudiados indican que la toma del poder por los militares ha tenido un profundo impacto en la educación de los niños, que las tasas de abandono escolar han aumentado y que las tasas de escolarización han disminuido. Las conclusiones indican claramente que el impacto en la asistencia a la escuela y en la escolarización es mayor en las zonas controladas por las autoridades militares que en las zonas controladas por los grupos armados étnicos, en las que los encuestados indican una situación de seguridad relativamente más estable. Los encuestados consideran que el deterioro de la situación de seguridad en muchas partes de los estados estudiados es uno de los principales factores que impulsan las tasas de abandono escolar y de no escolarización. Los cierres repetidos y generalizados de las escuelas también repercuten en la percepción que tienen los niños y los padres del valor de la educación. Como consecuencia de los cierres, muchas familias no ven el valor de la educación, por lo que se observa una preferencia cada vez mayor por que los niños trabajen en lugar de ir a la escuela.

Por consiguiente, la Comisión expresa su profunda preocupación por que, ante las múltiples crisis que afectan al país, siga privándose a muchos niños de la educación básica gratuita. La Comisión insta a las autoridades militares a fortalecer sus medidas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, y a abordar los factores que impulsan el abandono escolar y la no escolarización al nivel de la educación primaria y del segundo ciclo de la educación secundaria, especialmente en las zonas más afectadas por la inseguridad. Pide a las autoridades militares que comuniquen información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto, y que proporcionen información estadística actualizada sobre las tasas de escolarización, de asistencia a la escuela y de finalización de los estudios.

Apartado b). Proporcionar la asistencia directa necesaria y adecuada para alejar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y para su rehabilitación e inserción social. Niños utilizados en conflictos armados. La Comisión toma nota de que, según indican las autoridades militares, el Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Bienestar Social, Socorro y Reasentamiento ha venido llevando a cabo el programa de reinserción y rehabilitación para los niños liberados del Tatmadaw. Indican que, entre enero de 2021 y abril de 2025, se prestó asistencia para la rehabilitación a 64 personas, pero no se comunicó información sobre la edad de estas personas. En relación con esto, la Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en Myanmar, de 12 de marzo de 2025 (S/2025/81), las fuerzas armadas de Myanmar han liberado a una serie de niños que ahora están recibiendo apoyo para la reinserción a largo plazo. Algunos grupos armados también han puesto en libertad a niños, como el Ejército para la Independencia de Kachin, con la colaboración del equipo de tareas del país, a los que se ha brindado apoyo para la reinserción. Además, las Naciones Unidas y sus asociados en la ejecución han proporcionado servicios para la reinserción a largo plazo a 224 niños (208 varones y 16 niñas) con miras a respaldar la reunificación y la reconciliación familiares.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, desde la toma del poder por los militares y a finales de diciembre de 2023, las fuerzas armadas de Myanmar y las fuerzas policiales de Myanmar habían detenido a 256 niños por su presunta asociación con grupos armados y organizaciones étnicas armadas. Ese total representa un incremento en comparación con la memoria anterior. La duración de la detención oscilaba entre diez días y varias semanas. Al menos el 80 por ciento de esos niños eran objeto de tortura o de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al final del periodo examinado, al menos 123 niños seguían detenidos en escuelas de formación de menores y 53 estaban en diferentes comisarías, todos ellos a la espera de juicio. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente a las autoridades militares a tomar las medidas necesarias para garantizar que los niños retirados de los grupos armados sean tratados como víctimas, y no como delincuentes. Insta asimismo a las autoridades militares a fortalecer sus medidas a fin de garantizar que se rehabilite e inserte socialmente a los niños a los que se ha retirado de los grupos armados. Pide a las autoridades militares que continúen comunicando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados obtenidos, en términos del número de niños alejados de las fuerzas armadas y de los grupos armados, y que se proporcione a estos niños asistencia para su rehabilitación e inserción social.

Artículo 7, 2), d). Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños desplazados internos y apátridas (rohinyás). En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, según el estudio de la OIT de los estados de Mon, Kayin, Kayah y Shan sobre las tendencias del trabajo infantil en Myanmar 2021-2024, los encarnizados combates han conducido al fuerte incremento del número de desplazados internos en Myanmar. Su número aumentó de más de 1,9 millones de desplazados internos en noviembre de 2023 a más de 3 millones en mayo de 2024, de los cuales más de un tercio eran niños. Las conclusiones de este estudio confirman que los cambios en los patrones del trabajo infantil están relacionados con el fuerte aumento del número de desplazados internos en Myanmar, y con la creciente migración a los países vecinos. Además, la Comisión toma nota de que, según el informe del Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar, de agosto de 2025 (A/HRC/60/20), se recibieron informes que implicaban a todas las partes activas en el conflicto de Rakhine en el reclutamiento forzoso y la utilización de rohinyás, incluidos niños, en funciones de combate y apoyo, como servicios de porteo, pero no había datos exhaustivos para evaluar su alcance o impacto total.

La Comisión expresa su preocupación por el elevado número de niños rohinyás desplazados internos o apátridas que están ocupados en las peores formas de trabajo infantil o que corren un mayor riesgo de estarlo. Por consiguiente, la Comisión pide a las autoridades militares que adopten medidas inmediatas y efectivas para prevenir la explotación de estos niños y protegerlos frente a las peores formas de trabajo infantil. Pide a las autoridades militares que comuniquen información sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Comentario anterior

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por las Autoridades Militares en su memoria de que se establecieron un Comité y un Comité de Trabajo sobre la Prevención de las Seis Violaciones Graves para prevenir esas seis violaciones graves contra los niños en los conflictos armados, incluido el reclutamiento o la utilización de niños como soldados. También toma nota de la indicación de las Autoridades Militares de que han aplicado el Plan de acción nacional sobre la prevención de las matanzas, las mutilaciones y la violencia sexual contra los niños en los conflictos armados (20202021), y de que este Plan de acción nacional ha sido renovado y se está aplicando en 2022-2023. Además, la Comisión observa que la Ley sobre los derechos del niño de 2019 contiene un capítulo (XVII) sobre los niños y los conflictos armados, en el que se enumeran las medidas que deben adoptar los departamentos gubernamentales, las organizaciones gubernamentales, las fuerzas armadas y los grupos armados para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los niños afectados por los conflictos armados (artículo 60). El artículo 61 de la ley establece que cualquiera que reclute o utilice a niños en conflictos armados o coaccione o convoque a niños por la fuerza para transportar alimentos, armas y suministros, comete un delito. Además, los artículos 63 y 64 prohíben el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años en el servicio militar del Tatmadaw (fuerzas armadas de Myanmar) o en otros grupos. Las sanciones por estos delitos, tanto penas de prisión como multas, están previstas en los artículos 103, b) y 104 de la ley.

No obstante, la Comisión observa que varias fuentes de las Naciones Unidas señalan que las fuerzas y los grupos armados siguen utilizando y reclutando a niños. Según el Informe del Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, de 4 de enero de 2022, hasta finales de enero de 2021, el Representante Especial estaba acelerando su compromiso con el Gobierno, dirigido por la Liga Nacional para la Democracia, y las fuerzas armadas Tatmadaw, con el fin de hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños. El Tatmadaw había emitido cuatro directivas militares que prohibían la utilización de niños en conflictos armados y había elaborado, con el apoyo de las Naciones Unidas, una hoja de ruta para acabar con esta práctica y prevenirla, pero el diálogo entre la Representante Especial y el Tatmadaw se interrumpió tras la toma del poder por los militares el 1.º de febrero de 2021. Además, en marzo de 2021, las autoridades de facto anunciaron su intención de revisar la Ley sobre los Derechos del Niño de julio de 2019, con el consiguiente riesgo de que se erosionaran las normas de protección vigentes. En el último informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, se volvió a incorporar el Tatmadaw, incluidas las fuerzas integradas de la guardia de fronteras, en la lista de entidades que reclutan y utilizan niños, habida cuenta de su incapacidad para poner fin e impedir la utilización ad hoc de niños en funciones no bélicas (A/HRC/49/58, párrafos 10-11).

Además, en su informe de 14 de junio de 2022 titulado Losing a generation: how the military junta is devastating Myanmar's children and undermining Myanmar's future, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar indica que ha recibido diversos informes según los cuales el reclutamiento y la utilización de niños por el ejército de Myanmar ha aumentado efectivamente desde el golpe de Estado (A/HRC/50/CRP.1, párrafo 61). Los relatos de segunda mano sugieren que, al menos en ciertas partes del país, los oficiales de la junta y los grupos armados alineados con la junta han exigido a aldeas u hogares que produzcan un cierto número de reclutas, sin salvaguardias para garantizar que no se aliste a niños. El Relator Especial también ha recibido informes fidedignos del reclutamiento de niños por algunas organizaciones étnicas armadas desde el golpe, así como de la utilización de niños como mano de obra forzada por esos grupos armados, incluso para transportar suministros militares en las zonas de conflicto (párrafos 65 y 66). El Relator Especial también recibió informes de varias fuentes según los cuales muchos niños viven, trabajan y luchan con unidades de las recién formadas Fuerzas de Defensa del Pueblo. A menudo, estos niños están fabricando armas, sirviendo comida o actuando como guardias de vigilancia. También es probable que los niños hayan participado en combates con las Fuerzas de Defensa del Pueblo (párrafo 67).

A este respecto, según el último informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 23 de junio de 2022, las Naciones Unidas verificaron 503 violaciones graves contra 462 niños (390 niños, 69 niñas, 3 de género desconocido) en Myanmar. Entre otras violaciones graves, las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la utilización de 280 niños (260 niños, 20 niñas), algunos de tan solo 12 años, atribuidos al Tatmadaw (222), al Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) (50), al Consejo de Restauración del Estado de Shan/Ejército del Estado de Shan - Sur (RCSS/SSA-Sur) (6), Partido para el Progreso del Estado de Shan/Ejército del Estado de Shan (SSPP/SSA) (1) y Ejército Arakan (AA) (1), en los estados y regiones de Rakhine (203), Kachin (40), Shan (16), Mon (13) Chin (2), Kayah (1), Magway (1), Mandalay (1), Sagaing (1), Taninthayi (1) y en Yangon (1) (A/76/871 - S/2022/493, (párrafos 131 y siguientes). Aunque el Secretario General tomó nota de la intención del Tatmadaw de seguir aplicando el plan de acción conjunto de 2012 sobre el reclutamiento y la utilización de niños, se mostró sumamente preocupado por el número elevado y constante de niños utilizados, predominantemente en Rakhine (párrafo 140). El Secretario General también tomó nota y expresó su preocupación por otras violaciones graves que se están perpetrando contra los niños en el contexto del conflicto armado en Myanmar, como asesinatos y mutilaciones, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales, y detenciones y denegación de garantías procesales.

La Comisión se ve obligada a deplorar profundamente el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados en Myanmar, especialmente porque conlleva otras violaciones de los derechos del niño, como secuestros, asesinatos y violencia sexual. Recuerda que, en virtud del artículo 3, a) del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados se considera una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. La Comisión insta a las Autoridades Militares a que adopten urgentemente las medidas necesarias para garantizar la desmovilización plena e inmediata de todos los niños y poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas armadas y los grupos armados en Myanmar. La Comisión también insta a las Autoridades Militares a que adopten medidas inmediatas y eficaces para garantizar la investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de todas las personas declaradas culpables de reclutar a niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados y a que garanticen que se impongan en la práctica penas suficientemente eficaces y disuasorias, de conformidad con la Ley sobre los Derechos del Niño de 2019. La Comisión pide a las Autoridades Militares que proporcionen información sobre el número y la naturaleza de las investigaciones llevadas a cabo contra los autores de estos delitos, así como sobre el número de enjuiciamientos realizados, y el número y la naturaleza de las penas impuestas.

Venta y trata de niños. La Comisión toma nota de que, además de las disposiciones de la Ley contra la Trata de Personas de 2005 (Ley contra la Trata) que tipifican como delito la venta y la trata de niños y jóvenes, el Gobierno ha adoptado la Ley sobre los Derechos del Niño, 2019, cuyo artículo 48, a) establece que ningún niño será obligado a trabajar o a ser empleado en las peores formas de trabajo infantil, que incluyen la venta y la trata de niños. A este respecto, las Autoridades Militares indican que, entre enero de 2017 y mayo de 2022, se produjeron 278 casos de trata de niños, y que la trata de niños está siendo perseguida tanto en virtud de la Ley contra la Trata de Personas de 2005 como de la Ley sobre los Derechos del Niño de 2019.

La Comisión observa, sin embargo, que las Autoridades Militares no facilitan estadísticas sobre el número de enjuiciamientos, condenas y penas aplicadas. También señala que las crisis humanitarias, como los conflictos armados, pueden dar lugar a un aumento de la trata de personas (Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT), Trafficking in persons in humanitarian crises, Nota informativa #2, 2017). Teniendo en cuenta la actual situación de conflictos prolongados en Myanmar, la Comisión insta, por tanto, a las Autoridades Militares a que intensifiquen sus esfuerzos para combatir la trata de niños y garanticen, a este respecto, que se lleven a cabo investigaciones y enjuiciamientos exhaustivos contra los autores. Solicita una vez más a las Autoridades Militares que proporcionen información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas de conformidad con el artículo 24 de la Ley contra la Trata, así como de conformidad con el artículo 48, a) de la Ley sobre los Derechos del Niño.

Artículo 7, 2). Medidas eficaces y sujetas a plazos. Apartado a). Prevención de la participación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información de las Autoridades Militares, según la cual, en 2019, las tasas de matriculación en el grupo de edad de 10 a 15 años, fueron del 68,69 por ciento para los niños y del 75,59 por ciento para las niñas.

La Comisión observa a este respecto que, según un informe de la Alianza Mundial para la Educación, de 4 de enero de 2022, sobre la educación permanente para los niños afectados por la crisis en Myanmar, a pesar de aplicar el Plan Estratégico Nacional de Educación (NESP) (2016-2021) con el objetivo de experimentar una transformación importante, Myanmar se enfrenta continuamente a desafíos para garantizar una educación de calidad para todos los niños. Además, hay tres factores que han echado más leña al fuego de una crisis que viene de lejos: 1) los conflictos prolongados en varias partes del país desde hace décadas; 2) la crisis de COVID-19, que el Ministerio de Educación aún no ha conseguido resolver; y 3) la toma del poder por parte de los militares, que ha tenido repercusiones inmediatas y seguirá agravando una crisis de aprendizaje ya de por sí grave.

Meses después de la crisis de COVID-19, que provocó el cierre de escuelas en todo el país, era bastante evidente que los niños de todo el país, especialmente los ya marginados, tendrían que hacer frente a los efectos a largo plazo sobre la educación. En diciembre de 2020, el Banco Mundial informó de que menos del 40 por ciento de los niños matriculados en la escuela en febrero de 2020 habían participado en actividades de aprendizaje, con tasas más bajas para los niños en el quintil inferior de riqueza. La toma del poder por los militares ha desbaratado aún más el regreso a la escuela y, sin duda, ha aumentado los efectos negativos sobre el aprendizaje. El informe revela además que el cierre de las escuelas es más arriesgado para los niños de hogares marginados, que tienen más probabilidades de verse arrastrados al trabajo infantil, y que los temores por la seguridad de los niños que van a la escuela se han acentuado por el conflicto en curso, lo que ha llevado a las partes interesadas en la educación a observar niveles sin precedentes de abandono escolar.

Del mismo modo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar señala, en su informe de 13 de junio de 2022, que el efecto combinado de la pandemia de COVID-19 y el golpe militar han perturbado masivamente la educación en Myanmar (A/HRC/49/76, párrafos 71 y 72). En mayo de 2021, se estimaba que 12 millones de niños habían perdido más de un año de escolarización debido a la pandemia de COVID-19. Además, incluso después de que se levantaran las restricciones por la pandemia a finales de 2021, muchos profesores se mantuvieron alejados de las aulas como parte del movimiento de desobediencia civil, y muchas familias tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a las escuelas gestionadas por el Gobierno. Los conflictos armados, los desplazamientos y otros problemas de seguridad también han impedido el acceso a la educación. Se calcula que la tasa de asistencia a las escuelas públicas es inferior al 50 por ciento. Las fuerzas de la Junta también han ocupado y atacado escuelas en zonas de conflicto, perturbando aún más la educación y amenazando la vida de estudiantes y profesores.

Por lo tanto, la Comisión debe expresar su profunda preocupación por el importante número de niños que se ven privados de la educación básica debido a las numerosas crisis que afectan al país. Considerando que la educación es clave para prevenir la participación de los niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta a las Autoridades Militares a que tomen medidas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y a que faciliten el acceso de todos los niños a la educación básica gratuita. A este respecto, la Comisión pide a las Autoridades Militares que adopten las medidas necesarias para aumentar las tasas de matriculación, asistencia y finalización de los estudios en los niveles primario y secundario. Pide a las Autoridades Militares que continúen proporcionando información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y que faciliten información estadística actualizada sobre las tasas de matriculación, asistencia y finalización de los estudios.

Apartado b). Proporcionar la asistencia directa necesaria y apropiada para sacar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y para su rehabilitación e integración social. Niños en conflictos armados. La Comisión lamenta tomar nota de que las Autoridades Militares no proporcionan información alguna sobre la retirada de niños de las fuerzas o grupos armados y su rehabilitación e integración social. Observa que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados de 23 de junio de 2022, continúa la detención de niños por presunta asociación con grupos armados: las Naciones Unidas verificaron la detención de 87 niños (75 varones y 12 niñas) por la policía y el Tatmadaw por su presunta asociación con grupos armados. Además, un niño que había estado detenido por el Tatmadaw desde septiembre de 2020 fue puesto en libertad en 2021 (A/76/871 - S/2022/493, párrafo 133). El Secretario General expresó su preocupación por el aumento del número de casos de detención de niños y por el hecho de que se les denegaran las debidas garantías procesales, pidió que se aplicara la Ley sobre los derechos del niño de 2019 e instó al Tatmadaw a que pusiera inmediatamente en libertad a los niños detenidos y recordó que los niños debían ser tratados principalmente como víctimas. A este respecto, la Comisión observa que la Ley sobre los derechos del niño exige que se retiren inmediatamente todos los cargos contra los niños implicados en conflictos armados (excepto los delitos graves) y que estos niños sean entregados al Departamento de Bienestar Social para su reforma y cuidado en una escuela de formación, un refugio o un centro de atención temporal (apartado e) del artículo 60). La Ley también exige que se tomen medidas para proporcionar asistencia adecuada para la educación, rehabilitación y reintegración de los niños reclutados o utilizados en conflictos armados, con el fin de restablecer su bienestar físico y psicológico (artículo 60, h)). Por consiguiente, la Comisión insta a las Autoridades Militares a que adopten medidas eficaces y con plazos concretos para retirar a los niños de las fuerzas armadas y los grupos armados y a que garanticen su rehabilitación e integración social. Pide a las Autoridades Militares que proporcionen información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre el número de niños retirados de las fuerzas armadas y los grupos armados e integrados socialmente. La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. La Comisión tomó nota con anterioridad de que en la Ley de Servicios de Defensa de 1959 (modificada en 1974) y la directiva núm. 13/73 del Ministerio de Defensa, de 1974, se prohíbe que las personas menores de 18 años se alisten en las fuerzas armadas. Asimismo, constató que, según el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 5 de junio de 2015 (documento A/69/926 S/2015/409), se habían denunciado en total 357 casos de reclutamiento y utilización de niños por las fuerzas armadas (Tatmadaw), incluso de niños de tan sólo 14 años. Los grupos armados reclutaban niños, incluso mediante el secuestro y se reclutaban niños en las filas del Tatmadaw; se desplegaron en la vanguardia como combatientes y en funciones de apoyo, y también fueron utilizados como porteadores y exploradores. Además, en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados se indicaban las diversas medidas positivas que el Gobierno había adoptado, como la ejecución de un plan de acción conjunto suscrito con las Naciones Unidas en junio de 2012 para detener y evitar el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas armadas, la aprobación de un plan de trabajo para lograr la plena ejecución del plan de acción y la concesión a las Naciones Unidas del acceso a las instalaciones de las fuerzas armadas con fines de supervisión. La Comisión solicitó al Gobierno que reforzase sus iniciativas para poner fin, en la práctica, al reclutamiento de niños menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual, tras la firma del plan de acción conjunto para la prevención del reclutamiento de menores, en junio de 2012, el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de informes en el país se reunió con el Gobierno de Myanmar en 48 ocasiones y visitó 16 comandos militares y 85 batallones y unidades de infantería a efectos de supervisión. Asimismo, tiene en cuenta la indicación del Gobierno de que el ejército tomó medidas disciplinarias contra 448 miembros del personal, incluidos 96 oficiales, por haber reclutado a niños menores en el Tatmadaw. Además, se entregó a 877 miembros del personal militar a los que se había reclutado antes de cumplir los 18 años a sus padres y tutores. La Comisión también toma nota de la información ofrecida por el Gobierno sobre los diversos cursos de formación, las actividades de sensibilización, en particular en prensa, televisión y radio, y la formación de carácter jurídico que se ofreció al personal militar en lo relativo a la aplicación del plan de acción conjunto para la prevención del reclutamiento de menores, así como la prohibición de los reclutamientos forzosos. Asimismo, ha leído en la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), que entre 2007 y 2018, se denunciaron mediante el mecanismo de reclamación del Memorando de Entendimiento suplementario 754 casos, de los cuales, 738 eran casos de reclutamiento de menores y 325 fueron archivados por la OIT.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 16 de mayo de 2018 (documento A/72/865-S/2018/465), las Naciones Unidas verificaron, en 2017, 428 casos de reclutamiento y utilización de niños, en su mayor parte a manos del Tatmadaw, incluidos 166 casos de reclutamiento oficial de niños, algunos de apenas 13 años, y la utilización oficiosa y temporal de unos 200 niños, principalmente para labores de mantenimiento y limpieza. Por otra parte, las Naciones Unidas comprobaron 39 casos de reclutamiento y utilización de niños por grupos armados (Ejército para la Independencia de Kachín y Ejército de Liberación Nacional Taang) y la utilización de 53 niños varones por parte de la policía de guardia de fronteras con fines de mantenimiento y construcción de campamentos y traslado de equipo. Por último, la Comisión constata que, de acuerdo con el Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, de marzo de 2018, si bien los casos de utilización y reclutamiento de niños soldados por el Tatmadaw habían disminuido entre febrero de 2013 y junio de 2017, el equipo de tareas de las Naciones Unidas sobre vigilancia y presentación de informes en el país verificó 856 denuncias (documento A/HRC/37/70, párrafo 38). Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su profunda preocupación por el hecho de que las fuerzas y los grupos armados sigan utilizando y reclutando a niños. Así, la Comisión insta encarecidamente al Gobierno a que tome urgentemente las medidas necesarias para garantizar la desmovilización completa e inmediata de todos los niños y poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados. Asimismo, insta al Gobierno a que siga adoptando medidas inmediatas y eficaces para asegurar que se realicen investigaciones rigurosas y se entablen juicios contra todas aquellas personas, incluidos personal militar subalterno y oficiales, que hayan reclutado a la fuerza niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, y que les sean impuestas en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasivas. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas que adopte y los resultados que obtenga a este respecto. Sírvase comunicar información sobre el número de víctimas identificadas, readaptadas e integradas, desglosada por edad y género.

Venta y trata de niños. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, con arreglo al artículo 24 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 2005 (Ley de Lucha contra la Trata), se debe condenar a prisión a las personas declaradas culpables de trata de niños (personas de menos de 16 años, artículo 3) y jóvenes (personas de entre 16 y 18 años) durante un período de entre diez años y cadena perpetua y a pagar una multa. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionase información sobre la aplicación práctica de estas disposiciones de la Ley de Lucha contra la Trata, en la que se incluyese el número de investigaciones, juicios y condenas que se realizasen o aplicasen con respecto a los delitos relacionados con la trata de niños y jóvenes.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual entre 2012 y 2016 se denunciaron 120 casos de trata de niños y se entablaron acciones legales contra 129 personas (54 hombres y 75 mujeres), de las cuales se condenó a 85 personas a penas de prisión de entre cinco y veinte años. Además, entre 2017 y junio de 2018, se denunciaron 59 casos de trata de niños, lo que llevó a 40 enjuiciamientos y 18 condenas, con penas de prisión que van de diez a veinte años. La Comisión constata que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de 25 de julio de 2016, expresó su preocupación por el hecho de que el Estado parte siga siendo país de origen de la trata de personas y de que continúe la trata de mujeres y niñas hacia países vecinos y otros países con fines de explotación sexual y laboral (documento CEDAW/C/MMR/CO/4-5, párrafo 28). Asimismo, observa que, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, titulado Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand, 2017 (Trata de personas desde Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar hacia Tailandia), los menores son las víctimas más frecuentes de trata desde Myanmar hacia Tailandia con estos fines. Niñas de apenas 12 y 15 años son objeto de trata para su explotación sexual, y niños (niñas y varones) de 11 años o más son víctimas de trata para fines de explotación laboral. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que refuerce sus iniciativas destinadas a garantizar que se realicen investigaciones minuciosas y se entablen juicios contra las personas que participan en la trata de niños. Solicita al Gobierno también que siga proporcionando información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones que se llevan a cabo o se apliquen de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Lucha contra la Trata.

Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota anteriormente de que en el artículo 66, f), de la Ley del Niño núm. 9/93, se establecen sanciones para el delito consistente en utilizar a un niño (definido como una persona de menos de 16 años de edad (artículo 2) en películas, vídeos, o fotografías para televisión de carácter pornográfico. Asimismo, constató que, en virtud del artículo 27 de la Ley de Lucha contra la Trata, toda persona declarada culpable de utilizar a una víctima de trata para la producción de pornografía deberá ser condenada a una pena de reclusión de entre cinco y diez años y al pago de una multa. La Comisión solicitó al Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar que la prohibición de la utilización de niños en actividades pornográficas abarcase a todos los niños hasta los 18 años de edad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha comunicado que se ha revisado la Ley del Niño, y que las disposiciones del artículo 66, f), de la Ley del Niño núm. 9/93 y el artículo 27 de la Ley de Lucha contra la Trata se han modificado de tal manera que garantizan la defensa de los intereses del niño y se han introducido en el proyecto de ley del Niño. Asimismo, el Gobierno indica que este proyecto de ley se encuentra ante el Parlamento. La Comisión formula la esperanza de que el proyecto de ley del niño contenga disposiciones que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de todo niño menor de 18 años para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas. Pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar la aprobación del proyecto de ley del niño sin demora y que aporte información sobre todo progreso que se realice en la materia.

Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. En comentarios anteriores, la Comisión observó que en el artículo 22, c), de la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1993, se tipifica como delito la utilización de niños menores de 16 años en actos relacionados con la producción, la distribución, el transporte, la importación y la exportación de un estupefaciente o una sustancia psicotrópica. Asimismo, tomó nota de que en el artículo 66, c), de la Ley del Niño se prevén sanciones por utilizar a niños de menos de 16 años para mendigar. En lo relativo a los artículos 3, c), y 2 del Convenio, la Comisión solicitó al Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar que la prohibición de la utilización de niños para la realización de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes o la mendicidad, cubra a todos los niños menores de 18 años.

La memoria del Gobierno no contiene información alguna al respecto. Por tanto, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, en particular aprovechando la revisión de la Ley del Niño, para asegurar que la prohibición de la utilización de niños para realizar actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes o la mendicidad, abarque a todos los niños hasta los 18 años. Solicita al Gobierno que comunique todo avance que se realice al respecto.

Apartado d) y artículo 4, 1). Trabajo peligroso y determinación de los trabajos peligrosos. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 65, a), de la Ley del Niño y el artículo 75 del proyecto de ley que modifica la Ley de Fábricas, de 1951, en los que se prohíbe emplear a niños en todo trabajo que sea peligroso o dañino para su salud o su moralidad, sólo se aplican a personas menores de 16 años. Además, tomó nota de que el Gobierno había comunicado que el proyecto de ley de comercios y establecimientos contenía una disposición que prohibía el empleo de niños menores de 18 años en trabajos o lugares de trabajo peligrosos.

La Comisión observa con interés que en la Ley de Comercios y Establecimientos, que se promulgó en 2016, se prohíbe emplear a personas menores de 18 años en trabajos o lugares de trabajo peligrosos (artículo 14, d)). Además, la Comisión constata que, según el informe de progreso técnico de la OIT/IPEC de junio de 2018 acerca del Programa de Myanmar sobre la Eliminación del Trabajo Infantil (My-PEC), el Grupo de Trabajo técnico sobre trabajo infantil ha elaborado y dado por buena, tras amplias consultas tripartitas con las partes interesadas, una lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años. La Comisión expresa su firme esperanza de que se apruebe en un futuro cercano el proyecto de lista en el que se determinan los tipos de trabajos peligrosos que están prohibidos para personas menores de 18 años. Ruega al Gobierno que informe de todo progreso realizado a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione una copia de dicha lista, una vez se haya aprobado.

Inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha comunicado que se han modificado algunas de las leyes laborales vigentes en las que se hace referencia al trabajo infantil, como la Ley de Fábricas y la Ley de Comercios y Establecimientos para adaptarlas a las normas de la OIT. Además, se están adoptando medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, el bienestar y los derechos de los niños que trabajan en fábricas, comercios y establecimientos, con arreglo a la legislación laboral. La Comisión también observa que en la memoria del Gobierno se indica que, en 2014, se creó un Grupo de Trabajo técnico sobre trabajo infantil, compuesto por 31 miembros de los ministerios pertinentes, así como representantes de la OIT, el UNICEF, organizaciones de empleadores y de trabajadores y ONG internacionales, para elaborar directrices prácticas y mandatos en consonancia con los convenios sobre trabajo infantil. El Gobierno indica que el Grupo de Trabajo técnico organizó 20 reuniones y 14 talleres sobre trabajo infantil, cinco actos en torno al Día Mundial contra el Trabajo Infantil y varias actividades de sensibilización con vistas a erradicar el trabajo infantil. Además, la autoridad competente en materia de ocupación de Dinamarca impartió varios cursos de formación destinada al desarrollo de capacidades y de formación de instructores dirigidos a inspectores del trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual desde 2010 hasta la fecha se ha juzgado a seis personas por recurrir al trabajo infantil.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, con arreglo a la Encuesta de mano de obra de 2015, más de 600 000 niños, de los 1,12 millones de niños empleados en trabajo infantil, realizan trabajos peligrosos, de los cuales el 1,7 por ciento tiene entre 5 y 11 años, el 24,1 por ciento entre 12 y 14 años, y el 74,6 por ciento entre 15 y 17 años. Los sectores clave donde se suele dar el trabajo infantil son la agricultura, la silvicultura y la pesca; la industria manufacturera; el comercio mayorista y minorista, y la reparación de vehículos a motor, en los que los niños trabajan muchas horas, de noche y en condiciones peligrosas. Además, la Comisión constata que, según el documento de la OIT/IPEC de 2015 que contiene un resumen del examen jurídico de las leyes y los reglamentos nacionales en materia de trabajo infantil en Myanmar, la observancia de la legislación destinada a combatir el trabajo infantil es deficiente y sigue siendo problemática en Myanmar, debido a diversas razones como el predominio de la economía informal, el desconocimiento general de la ley entre los empleadores y los trabajadores, la falta de mecanismos de supervisión y la corrupción. Al tiempo que toma nota de las medidas que ha adoptado el Gobierno, la Comisión expresa su preocupación por el gran número de niños que realizan trabajos peligrosos en Myanmar. Así, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus iniciativas para eliminar el trabajo infantil peligroso, por ejemplo, reforzando la capacidad y el radio de acción de los inspectores para detectarlo, en especial en la economía informal. Asimismo, solicita al Gobierno que informe acerca de la aplicación de toda medida adoptada a este respecto, y que comunique toda información estadística que se recabe sobre el número y la naturaleza de las infracciones que se observen y las sanciones impuestas en lo relativo a los niños ocupados en trabajos peligrosos, desglosada por edad, género y sector económico.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

No disponible en español.