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| El querellante alega que el director de la Autoridad de Desarrollo de la Educación y las Capacidades Técnicas (TESDA) había cometido varios actos discriminatorios contra afiliados sindicales, como represalia por haber participado en acciones y protestas contra la corrupción dirigidas a la TESDA. Los mencionados actos incluyen intentos de cercenar la libertad de expresión, suspensión sin remuneración, traslados de trabajo, terminación de la relación de empleo, denegación de incentivos económicos e inicio de un proceso judicial por difamación contra un dirigente sindical
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