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| La organización querellante alega que el decreto núm. 2004-836, relativo a la modificación del procedimiento civil, por el que se modifica el Código del Trabajo, impone la obligación de estar representado por un abogado para recurrir en casación en materia judicial, lo cual le priva del derecho a representar a sus miembros y menoscaba el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar libremente su administración y sus actividades
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