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| La organización querellante alega que la fuerza pública reprimió con violencia manifestaciones sindicales (acompañadas de asociaciones de campesinos y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos) en marzo de 2005 realizadas en protesta por la firma de un tratado de libre comercio, resultando muertos cuatro trabajadores (entre ellos un dirigente trabajador campesino) y heridos otros 11, y que se habrían dictado órdenes de captura de los dirigentes sindicales, se habría impedido la salida del país del coordinador de la Comisión y Oficina Jurídica de UNSITRAGUA, y el Presidente de la República habría utilizado los medios de comunicación para referirse en términos irrespetuosos sobre dirigentes sindicales. Asimismo, la organización querellante alega despidos antisindicales en el Ingenio Magdalena S.A., Finca El Cóbano (también alega que las autoridades de esta empresa interpusieron un recurso en contra de la resolución por la que se otorgó la personería jurídica al sindicato de la empresa y que la autoridad administrativa resolvió el recurso a favor de la empresa de manera irregular), en la municipalidad de El Tumbador, San Marcos, en la municipalidad de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, y en el Sanatorio Antituberculoso San Vicente. Por último, la organización querellante alega el cierre de la empresa Bocadelli S.A., tras la presentación de un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo por parte del sindicato de la empresa
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