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| La organización querellante alega que el Gobierno, con objeto de volver a imponer un laudo arbitral anulado por el Tribunal Supremo de la Columbia Británica, ha adoptado, de manera unilateral y sin celebrar consulta alguna con los interlocutores sociales, legislación con efecto retroactivo (ley núm. 19/2004) por la que se modifican o suprimen numerosas disposiciones de convenios colectivos del sector de la enseñanza negociados libremente. Estas acciones privan a los docentes de medios lícitos para promover y defender sus intereses profesionales, y menoscaban el derecho de las organizaciones querellantes a actuar en calidad de agentes negociadores en representación de sus afiliados
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