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| Las organizaciones querellantes alegan que el Gobierno ha adoptado una ley (Ley sobre las Condiciones de Trabajo en el Sector Público, S.Q. 2005, cap. 43) que impone las condiciones de trabajo a los trabajadores de la función pública de Quebec sin negociaciones ni consultas previas; violando su derecho fundamental a la negociación colectiva; privándoles del derecho a la huelga sin acordarles procedimientos alternativos para la solución de diferencias, como puedan ser la mediación, la conciliación o el arbitraje. La Asociación de Representantes del Procurador General de Quebec (ASPGQ) alega por otra parte que la Ley sobre los Representantes (en su forma enmendada por la Ley de Enmienda de la Ley sobre los Representantes del Procurador General y el Código del Trabajo, L.Q. 2004, cap. 22) prohíbe que los representantes puedan afiliarse a una organización sindical y les priva de protección contra las trabas, represalias o sanciones relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales
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