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| las organizaciones querellantes alegan el despido de más de un centenar de miembros y dirigentes sindicales, el incumplimiento de varias cláusulas de un convenio colectivo de trabajo, la negativa a reconocer una huelga legal, y varios actos de injerencia y acoso antisindical por parte de una agencia estatal, así como la decisión unilateral del Gobierno de cerrar dicha agencia |
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