Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Uruguay (Ratificación : 1977)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Aplicación de la política del empleo. Participación de los interlocutores sociales. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica una serie de medidas entre ellas el Plan de Promoción del Empleo, que promueve coordinación interinstitucional y entre los sectores público y privado; la Ley de promoción del Empleo núm. 19.973 sobre políticas activas de empleo para favorecer el acceso a la actividad laboral de los jóvenes de 15 a 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad; proyecto mujeres en el sector de tecnologías de la información que proporciona un sistema de apoyo a mujeres en el trabajo tecnológico, programa PAGE Uruguay que promueve el enverdecimiento de emprendimientos, empleo verde entre poblaciones en vulnerabilidad, y una economía verde inclusiva; Proyecto de hidroponía Huertas para personas con discapacidad y acciones en el marco del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. Con relación a la información estadística sobre la evolución del mercado de trabajo solicitada por la Comisión, la Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre la tasa de actividad, de empleo, desempleo, informalidad y subempleo. Para 2020, la tasa de actividad era del 68 por ciento para los hombres y del 53,8 por ciento para las mujeres, mientras que la tasa de actividad de mayores de 60 años era del 20,7 por ciento; la tasa de empleo de hombres era del 62,1 por ciento y de mujeres del 47,1 por ciento. La tasa de desempleo era del 8,6 por ciento para los hombres y del 12,4 por ciento para las mujeres; la tasa de informalidad del 24 por ciento para los hombres y del 19,9 por ciento para las mujeres, y la tasa de subempleo del 8,4 por ciento para los hombres y del 9,4 por ciento para las mujeres. A este respecto, la Comisión nota de que, en sus observaciones finales de 14 de noviembre del 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por que la tasa de participación de mujeres en la fuerza de trabajo es significativamente más baja y la tasa de desempleo más alta entre ellas, el limitado acceso al empleo formal de las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes y refugiadas, y las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales; la persistente brecha salarial de género, en particular en las profesiones científicas y técnicas y en los sectores de las finanzas y los seguros y la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos directivos de las empresas privadas a pesar de su alto nivel de educación (véase CEDAW/C/URY/CO/10, párrafo 33). Asimismo, la Comisión toma nota que, en sus observaciones finales del 4 de enero del 2024, el Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW) expresó su preocupación por la persistencia de la discriminación en contra de los trabajadores migratorios, en particular con respecto al acceso a los puestos de trabajo, remuneración, condiciones laborales y crecimiento profesional, y la falta de inspecciones laborales suficientes en los sectores de la economía informal (véase CMW/C/URY/CO/2, párrafo 34). Por otro lado, en su memoria el Gobierno indica que el programa Accesos que promueve la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, establece un cupo reservado de 8 por ciento para afrodescendientes (según lo establece la Ley núm. 19.122) 2 por ciento para personas trans (según Ley núm. 19.684), y en general prevé un 60 por ciento para mujeres y 40 por ciento de jóvenes entre 18 y 29 años. El Gobierno también indica que del total de personas capacitadas por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), 13,56 por ciento (4 149) fueron afrodescendientes en 2019, 12,24 por ciento (2 582) en 2020 y 12,06 por ciento (4 201) en 2021. En relación con la solicitud de la Comisión de información sobre la manera en que el Gobierno garantiza la participación activa de los interlocutores sociales y representantes de otros sectores, el Gobierno indica que la Ley 18.406 crea comités departamentales de empleo y formación profesional, de carácter cuatripartito, existentes en 18 departamentos. En 2021 se organizaron 16 jornadas departamentales en varios departamentos sobre las problemáticas y oportunidades de empleo y formación profesional, y existen espacios interinstitucionales con participación de organizaciones de la sociedad civil, como el Espacio de Dialogo Mujeres Rurales, Comisión de Artistas y Oficios conexos, Comisión Consultiva Tripartita de Agencias de Empleo Privadas, Comisión de Empleo y Seguridad Social AFRO, Comisión Nacional Étnico Racial, y Consejo de Diversidad Sexual. La Comisión solicita al Gobierno que continue proporcionando información detallada y actualizada de las políticas y otras medidas tomadas orientadas a la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido, incluido para los grupos de la población antemencionados. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información estadística completa y actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo.

Medidas para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a su solicitud indicando una serie de disposiciones incorporadas dentro de las leyes y políticas de promoción del empleo que abordan las contribuciones especiales al Banco de Previsión Social (BPS). Entre ellas, en la Ley núm. 19.973 se prevé que los subsidios otorgados a empresas que contraten a personas previstas en la ley cubran el costo de los aportes de la seguridad social, mediante la concesión de créditos para cancelar obligaciones de la empresa al BPS. También se prevén subsidios para la contratación de jóvenes menores de 29 años que accedan a su primer empleo como «practica laboral para egresados», estudiantes entre 15 y 29 años en la modalidad de «prácticas formativas», jóvenes menores de 29 años en desempleo y con ingresos por debajo de la línea de pobreza, personas mayores de 45 años en desempleo continuo superior a 12 meses o discontinuo superior a 15 meses dentro de los últimos 24 meses, y personas con discapacidad en situación similar.

La Comisión observa que, a pesar de los avances y los esfuerzos continuos para reducir la informalidad, el empleo informal sigue siendo un problema significativo que desafía el mercado laboral. La Comisión solicita al Gobierno que indique cómo se ha reforzado la coordinación entre las diversas instituciones que implementan políticas de empleo, evitando las intervenciones fragmentadas y limitadas que obstaculizan la efectividad de estas políticas. Se pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para monitorear el empleo en la economía informal y diseñar políticas integradas destinadas a facilitar las transiciones de los trabajadores y las unidades productivas hacia la economía formal.Asimismo, solicita al Gobierno que continúe proporcionando información, incluyendo información estadística sobre el impacto de las medidas adoptadas o previstas para extender el acceso a la protección social a los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Certificación Ocupacional y los resultados de esta. En su memoria el Gobierno proporciona información sobre el número de personas capacitadas entre 2019 y 2021 por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP): en 2019 se capacitaron 30 602, en 2020 fueron 21 092 y en 2022 fueron 34 833. La Comisión pide al Gobierno que continue proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas en materia de educación y formación profesional para promover la empleabilidad de grupos en situación de vulnerabilidad, así como sobre su impacto.

Empleo de mujeres. En su memoria el Gobierno también hace referencia al programa Accesos, creado por Ley núm. 19.996, un programa de carácter socioeducativo y laboral, con alcance nacional y foco en la descentralización territorial. Tiene como objetivo la generación de oportunidades y la inserción en el mercado laboral de personas entre 18 y 64 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica con énfasis en mujeres y jóvenes. El programa consiste en una primera fase de desarrollo para el participante de una actividad socioeducativa en un organismo público durante siete meses a cambio de un salario mínimo nacional, para después, en una segunda fase, intentar insertar al participante en empresas privadas u organizaciones denominadas «Madrinas» como un trabajador formal. Las empresas obtienen beneficios de exoneración de aportaciones patronales a la seguridad social, y los participantes cuentan también con prestaciones de carácter sanitario y de cuidados, y acceso a una beca de inclusión socioeducativa que consta de cuidados para la primera infancia, y apoyo en el transporte al trabajo. Por otro lado, en su memoria, el Gobierno indica que, en 2019, el INEFOP capacitó 16 644 mujeres (54 por ciento del total), en 2020, 12 795 (61 por ciento del total) y en 2021, 23 540 (68 por ciento del total). La Comisión pide al Gobierno que continue proporcionando información detallada y actualizada sobre las medidas diseñadas para cubrir las brechas de género en el mercado de trabajo y fomentar el empleo de mujeres, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad. La Comisión también solicita al Gobierno que continue proporcionando información desglosada sobre el impacto de las medidas tomadas para hacer frente a los desafíos encontrados por las mujeres en el ámbito laboral.

Jóvenes. El Gobierno indica que la Ley núm. 19.973 promueve la inserción laboral de los jóvenes en el empleo a través de subsidios a las empresas que incorporen jóvenes entre 15 y 29 años en tres modalidades: a) como primera experiencia laboral en el sector privado o público, con subsidios temporales que se extienden si el joven trabajador es mantenido en la nómina; b) subsidios a empresas que incorporen jóvenes con desempleo superior a 12 meses, y c) mayor subsidio a empresas que emplean jóvenes pertenecientes a hogares que están debajo de la línea de pobreza o forman parte de programas públicos especiales. El Gobierno también hace referencia al programa Yo estudio y Trabajo, el cual ofrece una primera experiencia laboral formal a jóvenes entre 16 y 20 años, sin experiencia laboral previa, para que puedan trabajar mientras continúan estudiando. El acceso al programa se hace por sorteo. La Dirección Nacional de Empleo brinda seguimiento y evaluación de competencias. El objetivo es que los jóvenes desarrollen competencias transversales como el trabajo en equipo, orientación a objetivos y adaptación al cambio/flexibilidad, los cuales sirven para el proceso de certificación de competencias por URUGUAY CERTIFICA. El programa está en su décima edición con la participación de 42 organismos públicos y paraestatales, ofreciendo una primera experiencia laboral a 668 jóvenes (60 por ciento en Montevideo y 40 por ciento en el interior del país). Se incorporaron al trabajo 432 mujeres, 219 hombres, 13 personas trans y 4 que no se identifican con ninguno de los anteriores grupos. Noventa personas eran afrodescendientes (13,5 por ciento) y 31 personas con discapacidad (4,7 por ciento), y 282 personas en situación vulnerabilidad (42 por ciento). En su memoria, el Gobierno indica que el INEFOP capacitó 11 156 jóvenes entre 14 y 29 años en 2019, 6 455 en 2020 y 14 040 en 2021. La Comisión también toma nota de que la tasa de desempleo para los jóvenes de 15 a 24 años es notablemente alta, situándose en el 19,7 por ciento, con las mujeres jóvenes experimentando una tasa aún mayor del 23,6 por ciento. Observando que este grupo demográfico enfrenta inseguridad laboral, bajos salarios y acceso limitado a la protección social, la Comisión solicita al Gobierno que continue enviando información actualizada y detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes.

Personas con discapacidad. El Gobierno indica que la Ley núm. 19.973, la Ley núm. 19.691 de Inclusión Laboral, y el Programa de Inversión Productiva financian fondos rotatorios departamentales para financiar proyectos. En 2021, estos fondos financiaron 95 proyectos y su evaluación pondera positivamente la incorporación de jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad. Con relación al impacto de la Ley núm. 19.973 entre enero y abril de 2022, se contrataron 805 jóvenes, se concluyeron 139 prácticas formativas remuneradas y no remuneradas, y se contrataron 96 personas mayores de 45 años. En su memoria, el Gobierno también indica que el Programa Accesos prevé un cupo de 4 por ciento de personas con discapacidad, 3 000 cupos en todo el país por cada edición (excepto en la primera edición de 2022). Asimismo, el Gobierno indica que se ha enviado oficios a todos los organismos obligados para que cumplan con la normativa en materia de cuotas. El INEFOP ha capacitado 3 620 personas con algún tipo de discapacidad declarada (12 por ciento del total) en 2019, 2 598 (12 por ciento del total) en 2020, y 4 398 (13 por ciento del total) en 2021. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y solicita al Gobierno que continue enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en el mercado regular de trabajo. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información sobre el impacto de tales medidas, incluyendo información estadística sobre el número total de participantes, desglosada por edad, sexo, región y tipo de discapacidad.

Promoción de cooperativas. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre el impacto de las medidas adoptadas para fomentar la creación y promoción de empleo por parte de las cooperativas, incluyendo de personas en situación de vulnerabilidad. El Gobierno informa que el número total de cooperativas en 2021 era de 3 710, lo cual significa un incremento respecto a 2008 (1 117 cooperativas). Este sector genera empleo para 25 148 personas. Las cooperativas de trabajo son las que generan más empleo (9 270 personas ocupadas), seguida por las cooperativas sociales (3 896) y las agrarias (3 822), y las de consumo (3 321). La cantidad de personas ocupadas ha aumentado por la incorporación de nuevos trabajadores y por el aumento de entidades cooperativas. Respecto a la composición de trabajadores por sexo y edad, 18,2 por ciento son jóvenes menores de 30 años, y hay una leve mayoría de hombres (53,2 por ciento) en comparación con las mujeres (46,8 por ciento). La Comisión también toma nota de la información enviada sobre las acciones de formación, asistencia técnica y generación de empleo, trabajo e inserción de población en situación de vulnerabilidad, por parte del INACOOP. La Comisión solicita al Gobierno que continue comunicando información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para fomentar la creación y promoción de empleo por parte de las cooperativas, incluyendo de personas en situación de vulnerabilidad.