Caso individual (CAS) - Discusión: 2008, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Paraguay (Ratificación : 1967)

Un representante gubernamental manifestó que su Gobierno otorga una importancia trascendental a los convenios de la OIT, y por ello toma la cuestión muy seriamente y la está abordando de manera tripartita, siendo objeto de interesantes labores conjuntas. A este respecto, indicó que con la cooperación técnica de la OIT, y con la cooperación del programa de la Declaración, en el mes de septiembre de 2007 se realizó un seminario tripartito sobre Derechos fundamentales en el trabajo y trabajo forzoso en el cual se resolvió conformar una comisión para abordar el tema que se denominará Comisión de derechos fundamentales en el trabajo y prevención del trabajo forzoso y solicitar a cada institución y gremio que designen sus representantes ante la comisión por nota formal. Se acordó también que el número adecuado de representantes será de seis titulares y sus respectivos alternos por cada sector (empresarial, sindical, Estado), sin perjuicio de contar con especialistas que acompañen a la comisión en sus tareas y que una vez recibidas las respectivas designaciones se solicitará la constitución formal de la comisión, vía decreto del Poder Ejecutivo, para darle fuerza legal y erradicar el trabajo forzoso. Por último, se acordó que una vez constituida, se daría a la comisión un plazo de sesenta días desde su conformación para elaborar un plan de acción sobre el tema. Se informará al respecto en septiembre de este año.

En octubre de 2007 se han enviado notas a todas las instituciones públicas y a los principales gremios empresariales y centrales sindicales solicitándoles que designen sus respectivos representantes ante la comisión, y se han recibido las designaciones de varias instituciones públicas y gremios. Sin embargo, hasta la fecha algunos de ellos no han designado a sus representantes. Es intención del Gobierno que dicha comisión — de integración tripartita — quede conformada en el breve lapso y que se pueda avanzar en las otras Conclusiones del seminario, y a tal efecto se comprometió a enviar notas reiterando los pedidos de conformación de la comisión.

El orador recordó que su país ratificó el Convenio núm. 29 el 28 de agosto de 1967 y que ha ido adecuando progresivamente la legislación y la práctica nacional al cumplimiento efectivo del mismo, lo cual consta en los informes de la Comisión de Expertos. Informó además que en el mes de abril de 2008 se ha realizado una jornada de capacitación con representantes del Ministerio Público (fiscales de la niñez y adolescencia, laborales y penales) y entre las Conclusiones de ese evento ha surgido la propuesta de realizar otras actividades de capacitación y seminarios así como avanzar en labores conjuntas y coordinadas entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Fiscalía General del Estado, para lo cual solicitó la asistencia de la OIT.

Añadió que, recientemente viajó a la región chaqueña a efectos de verificar la situación de la oficina en esa región. En esa ocasión, tomó contacto con las máximas autoridades del municipio, con las cuales se acordó designar a personas lugareñas como encargados de la dirección del trabajo de la localidad y sus respectivos funcionarios, para evitar el desarraigo. El Gobierno se comprometió a nombrar a las personas con rubros del Ministerio de Justicia y Trabajo y a colaborar con la capacitación de las mismas. A tal efecto solicitó la asistencia técnica de la OIT a fin de capacitar debidamente a las personas que estarán prestando funciones en la oficina regional. Hizo referencia a las características de la población indígena y a la repercusión del trabajo forzoso en ese sector de la población.

Por último, destacó que el país se encuentra realizando esfuerzos para hacer frente a la situación que hoy se plantea. Reconoció que existe un problema de aplicación del Convenio y que el Gobierno desea llevar adelante iniciativas tripartitas para ir resolviendo los temas que se plantean y en ese sentido contar con la colaboración de los empleadores y los trabajadores, así como con la cooperación técnica internacional.

Los miembros empleadores agradecieron al representante gubernamental su presentación. En términos generales, consideran que el Gobierno y la Comisión de Expertos han tratado el caso restándole importancia. La situación se refiere a servidumbre por deudas y se basa en la pobreza que, como lo indicó el representante gubernamental, el problema va mucho más allá de la situación de los pueblos indígenas. Por lo que respecta a la discusión sobre la aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), podía aparecer que el problema afecta a un pequeño porcentaje de la población. Pero cabe recordar que la economía informal representa aproximadamente el 60 por ciento de la economía total. Los problemas identificados por la Comisión de Expertos, que incluyen el pago de salarios inferiores al mínimo legal, el cobro de un precio excesivo por los productos alimenticios disponibles para la compra, el pago del salario total o parcialmente en especie, no son problemas que afectan solamente a las comunidades indígenas del Chaco, sino que son prácticas que se encuentran muy extendidas. El representante gubernamental se ha referido a la reunión en que participaron las Naciones Unidas y el Programa especial de acción de la OIT para combatir el trabajo forzoso para actividades de formación y las consultas tripartitas. Sin embargo, los miembros empleadores hacen hincapié en la necesidad de actuar con mayor urgencia. El representante gubernamental ha mencionado la asistencia técnica de la OIT. Señala que, se necesita mucho más que eso. Debe efectuarse una misión urgente de la OIT con el objeto de identificar una estrategia general. Los miembros empleadores agradecieron el compromiso del Gobierno para fomentar la participación tripartita en las medidas que deben tomarse, pero señalaron que existe un problema político a este respecto ya que asumirá un nuevo gobierno en agosto. Se deben tomar medidas rápidas para garantizar que el nuevo Gobierno dé prioridad a los problemas que se examinan. Más que tácticas, lo que se requiere es una estrategia exhaustiva que cuente con el pleno apoyo del nuevo Gobierno y de los interlocutores sociales.

Los miembros trabajadores indicaron que la Comisión examina el caso del Paraguay bajo el ángulo del Convenio núm. 29. Sin embargo, también habría podido asimismo examinarlo bajo el ángulo de los Convenios núms. 87, 111, 169 o 182.

La situación de los campesinos es muy grave. Por un lado deben dejar sur tierras que son apropiadas por grandes propietarios o multinacionales para cultivos tales como la soja. En consecuencia se quedan sin trabajo y viven en la miseria o se ven confrontados a la delincuencia, violencia o no a la falta de escolarización. Por otra parte, quedan sometidos a situaciones de esclavitud mediante servidumbre por deudas lo cual es muy frecuente en las comunidades indígenas de las grandes estancias del Chaco.

Desde 1997, la Comisión de Expertos formula comentarios sobre esas situaciones de servidumbre por deudas en el país, situaciones que han sido ampliamente documentadas por un informe de la OIT de 2005 realizado en el contexto de la cooperación técnica e informes de la ONG Anti Slavery Internacional, en 2006.

La servidumbre por deudas se manifiesta de diversas maneras en Paraguay. Los campesinos reciben un salario inferior al mínimo legal, es decir, un salario simbólico. A veces no reciben ningún salario. Las mujeres reciben menos que los hombres. Además, es habitual que el salario se pague con atraso de tres o cuatro meses. Así, estos trabajadores se ven obligados a comprar en las tiendas de la hacienda aunque los precios sean muy caros. También se paga con especies, en forma de canasta de comida u otros elementos de base como jabón y velas. Estos productos son muy caros y de mala calidad. Esta combinación de salario demasiado bajo, precios demasiado elevados y pago en especie conduce al endeudamiento de los trabajadores lo cual los obliga a seguir en las plantaciones, así como a sus familias e hijos quienes nacen y trabajan con sus padres en las haciendas sin recibir ninguna educación. Además, demasiadas horas de trabajo, pocos días de vacaciones, prohibiciones de salir de la hacienda y un analfabetismo muy alto reducen rotundamente las alternativas de estos trabajadores.

Según un informe de la OIT de 2005, se estima en 8.000 la cantidad de personas en servidumbre por deudas. El Gobierno es responsable de esta situación. El Código del Trabajo dispone que son nulos los acuerdos que fijan un salario inferior al mínimo legal y que conllevan la obligación directa o indirecta de comprar bienes de consumo en los almacenes o lugares determinados por el empleador. El Código prevé asimismo que se puede pagar en especie hasta el 30 por ciento del salario y que los precios de los artículos a la venta deben corresponder a los precios de venta en el pueblo más cercano al establecimiento.

En marzo de 2005, el Ministerio de Justicia y de Trabajo organizó por separado tres seminarios con los empleadores, los sindicatos y la inspección del trabajo, después de los cuales, el Gobierno se comprometió a publicar el informe de la OIT en guaraní y a instalar una oficina de inspección del trabajo en el Chaco. La traducción y publicación aún no se han realizado y los dos inspectores del trabajo renunciaron a los seis meses de su nombramiento por la falta de apoyo desde la capital.

En septiembre de 2007, se celebró un seminario tripartito después del cual debía crearse una comisión tripartita sobre los principios fundamentales en el trabajo y para prevenir el trabajo forzoso y que dispondría de un plazo de 60 días para desarrollar un plan de acción. No obstante, esta comisión no se creó jamás como tampoco la comisión interinstitucional y multisectorial que debía dar seguimiento a la cuestión. Ultimamente la situación empeoró. El 24 de mayo, el Sr. Eloy Villalba, dirigente del movimiento sindical campesino, fue asesinado en su casa, delante de sus hijos, por haberse atrevido a promover la reforma agraria y denunciar la corrupción de ciertos hombres políticos. Esta violencia contra sindicalistas es reveladora de la situación en Paraguay.

Un miembro trabajador del Paraguay agradeció a la Comisión por el examen de este caso Indicó que para todo el movimiento sindical de su país se trataba de un caso muy importante. Es necesario eliminar el flagelo del trabajo forzoso no sólo en su país sino también en todo el mundo. En Paraguay muchas comunidades indígenas viven en el campo sin tener tierras y obligadas a sobrevivir en pequeñas parcelas de terrenos áridos, en la vecindad de carreteras y caminos. Muchos de los miembros de esas comunidades carecen de lo elemental para subsistir. Cuando trabajan en las estancias aledañas son explotados y en muchos casos no se les paga un salario y reciben un trato inhumano. Los que emigran a las ciudades se ven obligados a recurrir a la mendicidad y a la prostitución. Reitera que en su país existe el trabajo forzoso, y sus principales víctimas son los indígenas y los niños que habitan en distintas zonas del país, trabajando en la fabricación de ladrillos, tejas y otros productos. Se trata de violaciones flagrantes, no sólo del Convenio núm. 29 sino especialmente del Convenio núm. 138 y del Convenio núm. 182, así como del Código del Trabajo. Espera que se pueda salir adelante con la ayuda de la cooperación técnica de la OIT, y la acción mancomunada de las autoridades gubernamentales, los parlamentarios y de una justicia que debe recuperar su credibilidad, aplicando debidamente las leyes, sin dar prioridad a los intereses de los poderosos.

Es fundamental que se refuerce la asistencia técnica de la OIT. Propuso que se creara una comisión tripartita estable, integrada por representantes gubernamentales, de los empleadores y de los trabajadores, que presenten programas de trabajo viables, incluyendo, entre otras, la realización de una campaña de divulgación y concienciación sobre los Convenios fundamentales de la OIT.

Otro miembro trabajador del Paraguay expresó, refiriéndose a la aplicación del Convenio núm. 29 en Paraguay, que los atropellos de que son objeto las comunidades aborígenes e indígenas, campesinas, trabajadores del sector del transporte, comercio y otros, tienen que ver también con las violaciones de los convenios fundamentales de la OIT núms. 182, 138, 87 y 98, ya que los hijos de los trabajadores aborígenes y campesinos son obligados a trabajar a temprana edad como por ejemplo en las caleras y olerias del Chaco y no se les permite que se organicen (en violación a lo dispuesto en Convenio núm. 98). Tampoco existe contrato colectivo de trabajo. Viven violentados y como dice la canción que se llama «Vale moroti» que significa «Vale en blanco», ellos nunca reciben salarios, siempre quedan debiendo por la comida. El escritor Roa Bastos relató lo que viene ocurriendo desde el siglo pasado, refiriéndose a la vida de los trabajadores denominados «mensu» que, engañados, son contratados para trabajar en los yerbales del Alto Paraná, para no regresar jamás, y el que pueda escaparse con vida ya tiene mucha suerte.

Los indígenas son forzados a abandonar su hábitat natural al igual que los campesinos sus asentamientos, amenazados por pseudo inversionistas que invaden las tierras para el cultivo de soja que deja como ganancia mucho dinero que no queda en el país para el desarrollo. Utilizan agrotóxicos en forma indiscriminada, perjudicando el medio ambiente. Pero lo que es peor, perjudican la vida de los trabajadores campesinos e indígenas. Varios de ellos perdieron la vida y otros están con graves problemas de salud irreversibles. Estos agrotóxicos son distribuidos por la empresa multinacional MONSANTO, sin control. Indicó que la empresa Sexta Mon, compró miles de hectáreas de tierra en la localidad de Puerto Casado Chaco, con la población incluida, que sigue sufriendo todo tipo de atropellos con la complicidad de las autoridades de turno. Las familias indígenas y campesinas, que abandonan sus tierras llegan a las grandes ciudades perdidas, violentadas y terminan en el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución y abandonados por el Estado.

En Paraguay, un país con 406.752 kilómetros cuadrados, no se puede entender ni explicar que más de 300.000 familias campesinas e indígenas no puedan acceder a un pedazo de tierra donde puedan vivir y trabajar en paz con sus familias. Actualmente hay más de 2.000 trabajadoras y trabajadores procesados por sus luchas exigiendo la reforma agraria integral y murieron más de 100 en esta etapa de la transición que lleva ya 19 años tras la caída de la dictadura sanguinaria del general Alfredo Stroessner. El Sr. Eloy Villalba, de la Organización Nacional Campesina (ONAC), filial de la CNT, que acompañaba la lucha de los campesinos y aborígenes en sus asentamientos, fue asesinado en su propio domicilio y en presencia de sus familiares el 24 de mayo pasado.

El pueblo paraguayo dijo basta a la corrupción, impunidad y atropello a los derechos humanos en las elecciones de 20 de abril, al elegir como Presidente de la Nación al Sr. Fernando Lugo, que asumirá sus funciones el 15 de agosto. El 1.º de mayo, luego de escuchar los reclamos de los trabajadores, manifestó que priorizará en su Gobierno la reforma agraria integral, la educación, la salud y la reactivación productiva, para dar fin a las exclusiones, la pobreza extrema y la migración forzada. El Sr. Lugo manifestó también que su país cuenta con recursos naturales y estará abierto a la comunidad internacional para inversiones sanas y transparentes y para construir un nuevo Paraguay para todos.

El orador reafirmó el compromiso de su país en la lucha para construir un mundo mejor en paz y con justicia social; de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Paraguay, de las organizaciones integrantes del Consejo de Trabajadores del Cono Sur y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur; junto a la Central Sindical Amazona (CSA) y CSI. Para finalizar solicitó a la OIT, la cooperación efectiva, el acompañamiento y apoyo técnico, en esta nueva etapa que se iniciará en su país a partir del 15 de agosto próximo.

El miembro trabajador de Brasil, en representación de los trabajadores de MERCOSUR declaró que, en los últimos 18 años, la Comisión de Expertos realizó 12 comentarios sobre el trabajo forzoso en Paraguay, en particular en referencia a la población indígena de la región del Chaco. Lamentablemente no se registran avances. Por el contrario, el trabajo forzoso se está difundiendo en todo el país y afecta a otros sectores de la economía. La forma más común de trabajo forzoso en Paraguay es la de servidumbre por deudas.

Indicó que la OIT ya está prestando asistencia técnica al país pero que es necesario sensibilizar a la población, y sobre todo a los empresarios, sobre estos problemas. Como ejemplo se refirió a la declaración radial del director de la Asociación Rural del Paraguay, en la que manifestó que si a los indígenas se les da dinero lo primero que hacen es emborracharse y que cualquier mujer de vida fácil les saca hasta el último centavo, y que esa es la razón por la cual existe la costumbre de pagarles en víveres y en ropa. El orador calificó a ese comentario de racista, machista y troglodita. Por ello insistió en que, para luchar contra el trabajo forzoso es fundamental el reconocimiento de su existencia y el compromiso del Gobierno y de la sociedad civil, especialmente de los empresarios. Consideró fundamental mantener y renovar la asistencia técnica de la OIT.

Indicó que el Presidente electo parece estar más comprometido con la lucha contra el trabajo forzoso e indicó que en ese contexto es importante que se dé seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Expertos por medio del diálogo social y acuerdos con los interlocutores sociales. Si se diera la oportunidad, la sociedad civil podría apoyar esta lucha contra el trabajo forzoso. Pero los resultados de esas actividades están condicionados a la actuación del Estado quien es el encargado de fiscalizar, juzgar y castigar a quienes practican el trabajo forzoso y para eso es imperativo que se prevean los recursos presupuestarios destinados a combatir el trabajo forzoso, dotando a los departamentos pertinentes de recursos humanos, materiales y técnicos. Para terminar, subrayó la necesidad de generar políticas sociales que pongan el acento en la alfabetización y la creación de empleos, puesto que la raíz del trabajo esclavo está en la inmensa pobreza de gran parte de la población del Paraguay.

El representante gubernamental de Paraguay manifestó que había tomado nota de todas las intervenciones — algunas de ellas muy críticas — y señaló que las mismas serán tenidas en cuenta para seguir trabajando con el objetivo de erradicar el trabajo forzoso. A su entender existe un consenso para seguir trabajando de manera conjunta con los interlocutores sociales para ayudar al nuevo Gobierno a hacer frente a estos problemas. Indicó, por último, que transmitiría a las autoridades las observaciones y preocupaciones manifestadas durante el debate y expresó la esperanza de que su país continúe recibiendo la asistencia de la OIT.

Los miembros empleadores expresaron su agradecimiento al representante gubernamental, aunque observaron que su intervención hace que el problema no parezca inminente. Incluso la observación de la Comisión de Expertos parece adoptar una visión demasiado limitada del problema. A juicio de los miembros empleadores, la intervención del miembro trabajador del Paraguay indica la verdadera magnitud del problema, que afecta a toda la economía. Los miembros empleadores estuvieron de acuerdo en que reviste vital importancia que el Gobierno presente una memoria a la Comisión de Expertos que contenga respuestas a las preguntas planteadas en sus observaciones relativas a la imposición del trabajo forzoso y a la sección 39 de la ley núm. 210 de 1970, que prevé la realización de trabajo obligatorio por los detenidos no sentenciados. Señalaron que el Gobierno está dispuesto a aceptar la asistencia técnica de la OIT. Sin embargo, en vista de la cuestión de la sincronización con asunción de funciones del nuevo Gobierno, estimaron que las Conclusiones de la Comisión deberían permitir que la Oficina tenga suficiente libertad de acción para poder iniciar la asistencia técnica cuando ésta sea más eficaz y eficiente.

Los miembros trabajadores recordaron la responsabilidad del Gobierno en la persistencia de la servidumbre por deudas. No obstante, debe tomarse en consideración que está en curso una transición política importante. En efecto, un nuevo Gobierno progresista ha sido elegido democráticamente y el nuevo Presidente, Sr. Fernando Lugo, asumirá sus funciones el 15 de agosto próximo. A partir de ese momento, el Gobierno deberá asumir el pasado y comprometerse a: adoptar políticas destinadas a suprimir las ilegalidades existentes; establecer un mecanismo de control de aplicación de la legislación; establecer una colaboración eficaz y útil con los interlocutores sociales; adoptar una reforma agraria; crear un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no un Ministerio de Justicia y Trabajo; y por último, aceptar la asistencia técnica de la OIT.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas oralmente por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota de que en su observación la Comisión de Expertos se refiere a la existencia de prácticas de servidumbre por deudas en las comunidades indígenas del Chaco y en otros lugares del país, que constituyen una grave violación del Convenio.

En relación con la creación de la Oficina de Inspección y de la Comisión Nacional Tripartita sobre los principios fundamentales y la prevención del trabajo forzoso, la Comisión observó que no están funcionando y que ningún avance ha sido registrado por la acción de estas entidades.

La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental según la cual una acción conjunta de trabajadores, empleadores y Gobierno es indispensable para encontrar una solución al problema y de que un nuevo gobierno tomará posesión el próximo mes de agosto. La Comisión tomó nota además, en relación con la Comisión Nacional Tripartita sobre los principios fundamentales en el trabajo y la prevención del trabajo forzoso, que ésta será conformada en breve plazo. En relación con el funcionamiento de la oficina regional, la Comisión tomó nota de que el Gobierno solicita la cooperación de la OIT para la capacitación de las personas que quedarán encargadas de dicha oficina y que dependerán del Ministerio de Justicia y Trabajo. La Comisión acogió favorablemente la decisión del Gobierno de incluir, entre sus prioridades, la cuestión del trabajo forzoso de las comunidades indígenas.

La Comisión tomó nota con preocupación de las condiciones de trabajo forzoso a que son sometidas las mencionadas comunidades así como también del incumplimiento de las disposiciones de la legislación nacional, en relación con el nivel de los salarios y las modalidades de pago que permitirían prevenir la práctica del trabajo forzoso. La Comisión tomó nota igualmente de que en el extenso sector de la economía informal existen condiciones que desembocan en trabajo forzoso.

La Comisión tomó nota igualmente de las consecuencias que para la situación de estos trabajadores tiene su condición de campesinos sin tierra así como también de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran al tener que desplazarse hacia las ciudades en donde se ven obligados a mendigar y a veces a prostituirse. Tales desplazamientos se deben al cultivo intenso de soja en los sitios de asentamiento de las comunidades indígenas.

La Comisión tomó nota con preocupación de que esta situación afecta igualmente a los niños, quienes también se encuentran trabajando en actividades peligrosas como la confección de ladrillos, fábricas de cal, canteras y algunos sectores de la economía informal. La Comisión tomó igualmente nota, con preocupación, de la violencia ejercida en contra de la Organización Nacional Campesina (ONAC).

La Comisión espera que las medidas que se imponen sean tomadas con carácter de urgencia para poner fin a la servidumbre por deudas de las comunidades indígenas del Chaco paraguayo y en otros lugares del país que pueden ser afectados, asegurando así, el respeto del Convenio. La Comisión ha tomado nota de que el Gobierno desea recibir la asistencia técnica de la Oficina.