Caso individual (CAS) - Discusión: 2010, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

Un representante gubernamental declaró que su país había sido llamado en nueve oportunidades en diez años, a dar respuesta sobre presuntos incumplimientos del Convenio núm. 87; que en cada ocasión ha proporcionado toda la información solicitada pero que esto no ha sido tomado en cuenta por la Comisión de Expertos. El 8 de diciembre de 2009 su Gobierno consignó ante el Departamento de Normas su respuesta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), pero el Informe de la Comisión de Expertos no cita ninguna respuesta. Cuando se refiere al Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), el Informe dice «la respuesta del Gobierno fue recibida el 8 de diciembre y la Comisión tiene la intención de examinar las cuestiones planteadas en su próximo reunión»; en cambio, al referirse al Convenio núm. 87, la Comisión de Expertos omite esa aclaración. El Gobierno señala que las referidas omisiones lo llevan a dudar de la transparencia de los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos.

Además, declaró que según el mismo informe, «desde hace diez años que se viene reclamando que se modifique la legislación nacional para ponerla en conformidad con el Convenio núm. 87». Esa frase es parte de la campaña electoral de los opositores al Gobierno y además, no es cierta. Indicó que la Ley Orgánica del Trabajo citada fue promulgada en 1991, y que desde la 82.ª reunión de la Conferencia y por cinco años consecutivos, de 1993 a 1997, la Comisión de Expertos llamó la atención del Gobierno sobre cinco artículos que no estaban acordes con el Convenio núm. 87. Por lo tanto, hace 17 años de esto y no los diez que lleva el Gobierno actual en el poder, que se reclama la reforma de la ley.

Subrayó que en 1997, la Comisión de Expertos tomó nota de que el Gobierno reformaría dicha ley a través de la Comisión Tripartita para el Diálogo Social. Esa comisión tripartita eliminó derechos históricos de los trabajadores, inició la privatización de la seguridad social y flexibilizó varias normas laborales, pero se olvidó de modificar esos cinco artículos. No le importaron las restricciones a la libertad sindical y tampoco le molestó a la Comisión de Expertos, que no volvió a tocar el tema hasta ya instalado el actual Gobierno en 1999.

Indicó que hay pleno consenso desde 2003 para modificar esos artículos pero que el proceso de reformas no ha culminado pues continúan las consultas en la Asamblea Nacional y hay un debate público y profundo entre el Gobierno, empleadores y trabajadores; dicho debate está centrado en la reducción de la jornada de trabajo y la restitución del sistema de prestaciones sociales eliminado por la Comisión Tripartita de 1997. Declaró que no se aplica ninguno de los artículos cuestionados ni han significado restricción alguna al ejercicio de la libertad sindical. No hay ni un solo caso de un ciudadano extranjero al que se le haya impedido formar parte de la directiva de un sindicato ni se ha impedido el registro de una organización sindical en virtud de esos artículos.

Indicó que otra observación, nunca mencionada antes de 1999, se refiere a que la ley no es explícita en cuanto al derecho de los dirigentes sindicales a ser reelegidos. Aclaró que la única restricción es la del artículo 441 sobre fondos sindicales según el cual los funcionarios sindicales que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuenta detallada de su administración no podrán ser reelectos, en todos los demás casos son reelegibles, y es la práctica habitual, por lo cual declaró que no se entiende por qué se insiste con esa observación.

Refiriéndose a una solicitud de informaciones sobre algunos artículos del Reglamento de la ley, indicó que habían ya proporcionado esas informaciones. En lo que respecta al arbitraje obligatorio en los servicios públicos esenciales, la ley establece que para el ejercicio del derecho de huelga se deben fijar primero los servicios esenciales mediante acuerdo. Que tal acuerdo era evadido por los empleadores para evitar la huelga y que el arbitraje permite al Ministerio de Trabajo decidir sobre los servicios mínimos en los servicios esenciales.

En cuanto a la negociación colectiva, indicó que cuando dos o más organizaciones sindicales reclaman el derecho a la representación de los trabajadores en la negociación, el Ministerio de Trabajo llama a un referéndum de los trabajadores para decidir cuál de las organizaciones tiene más respaldo para que asuma la representación; y que los beneficios de la negociación se extienden a todos los trabajadores.

También declaró que la Comisión de Expertos reitera, a pesar de las respuestas de su Gobierno, sus comentarios sobre una supuesta injerencia del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales. Al respecto, afirmó que fue un reclamo del movimiento sindical que las directivas de los sindicatos fueran elegidas democráticamente por las bases. La ley de 1991 recogía esta aspiración de elecciones en forma directa y secreta pero no se aplicaba, por lo cual en 1999, la Asamblea Constituyente dio mandato al órgano electoral para que garantizara el derecho de los afiliados a la elección libre y democrática de sus dirigentes. Se fijaron un conjunto de normas que fueron modificadas atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Expertos: el papel del Consejo Nacional Electoral quedó limitado a recibir previamente, de la organización sindical, el cronograma electoral y las normas que lo rigen de acuerdo a sus estatutos; y a ofrecer a aquellas organizaciones sindicales que lo soliciten, asesoramiento técnico en la realización de las elecciones.

Sobre los casos de dirigentes sindicales asesinados, indicó que se ha suministrado toda la información requerida; que los casos están siendo investigados y que cuando se han podido establecer responsabilidades se ha puesto a los autores a disposición de las justicia y se los ha detenido. Aclaró que la mayoría de los dirigentes obreros o campesinos asesinados pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores o al Frente Campesino Ezequiel Zamora y en su mayoría eran militantes del Partido Socialista Unido de la República Bolivariana de Venezuela y no dirigentes opositores. Negó que sean «centenares de muertos» y exigió mayor precisión sobre esa afirmación.

Respecto a las situaciones de violencia, declaró que se estaban desarrollando acciones con los trabajadores y los empleadores para superarlas. Se refirió al sector del petróleo, en el cual se cumplen tres años sin situaciones de violencia; a la construcción, sector en el que se instaló una Mesa de Trabajo sobre la violencia con la participación de las cuatro federaciones de trabajadores existentes y las dos cámaras de empleadores, una de ellas afiliada a FEDECAMARAS; y a una Comisión Especial creada a petición de la Unión Nacional de Trabajadores, que funciona con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para dar seguimiento a todos los casos de violencia cuyas víctimas sean dirigentes sindicales.

Sobre el ataque a la sede de FEDECAMARAS en febrero de 2008, su Gobierno indicó oportunamente que los autores tenían orden de captura, lo cual se puso en duda. Sin embargo, el 5 de mayo de 2010 han sido detenidos. Respecto del Sr. Fernández, ex presidente de FEDECAMARAS, destacó que en diciembre de 2007 se promulgó una ley de amnistía para los que cometieron delitos en ocasión del golpe de estado de abril de 2002, pero que el Sr. Fernández no se acogió a dicha ley.

Subraya que aunque ha sido aclarado se insiste en que la reforma del Código Penal incluyó dos artículos que restringen el derecho a protesta y dijo que esos artículos ya existían antes de la reforma y nunca han restringido ese derecho. A este respecto, subrayó que se dice sin fundamento que existen más de 2.000 mil trabajadores que están siendo procesados judicialmente y exigió mayor precisión en relación con esta afirmación.

Se refirió al caso núm. 2763 en instancia ante el Comité de Libertad Sindical e indicó que con respecto a un hecho de violencia alegado en el caso, la policía hizo uso excesivo de la fuerza y en consecuencia se aplicaron medidas disciplinarias. También señaló que la empresa mencionada en el caso había cometido violaciones a los derechos de los trabajadores. Indicó además que esa empresa hoy es propiedad del Estado y que su actual presidente fue uno de los agredidos en los hechos referidos en ese caso. Afirmó que la expropiación de dicha empresa no era por retaliación sino porque no pueden ejercer como empleadores quienes imponen trabajo precario, violan la libertad sindical, cometen delitos contra el medio ambiente o incurren en acaparamiento o especulación.

Respecto del diálogo social, declaró que en su país se impulsa un diálogo social inclusivo y no excluyente más allá de las élites, no como ocurría en la Comisión Tripartita de 1997 que sólo sirvió para cercenar derechos.

Declaró que es falso que el Gobierno promueva organizaciones sindicales paralelas y que en su país siempre hubo organizaciones junto a las dos organizaciones que monopolizaron la representación de los empleadores y los trabajadores. La CUTV data de los años sesenta y FEDEINDUSTRIA tiene 38 años.

Agregó que la Comisión de Expertos hace hincapié en la no convocación de la Comisión Tripartita para fijar el salario mínimo. Todas las decisiones del Gobierno son sometidas a consulta. Todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores son consultadas y envían sus propuestas antes de cada 1.º de mayo y si FEDECAMARAS no lo hace no es por razones de exclusión sino porque espera exclusividad. Enfatizó que el tema de la crisis actual se ha evadido de esta Conferencia. Veía con indignación como en varios países el mecanismo tripartito está siendo usado para presionar reformas laborales que restringen derechos.

Declaró que ese no es el camino de su país, que en medio de la crisis, de esa batalla entre el capital y el trabajo no tiene duda de qué lado está, está del lado de los trabajadores. Enfatizó que no van a financiar la banca a cuenta del sudor de los trabajadores. Su Gobierno decidió garantizar la estabilidad manteniendo vigente el decreto de inamovilidad laboral, incrementó el salario mínimo en un 25 por ciento, se igualaron las pensiones al salario mínimo nacional, se incorporó a las pensiones a los pescadores y trabajadores del campo aunque sus patronos no los habían inscrito en la seguridad social y se seguirán tomando medidas en ese sentido, incluyendo el acceso a la vivienda y a la alimentación.

Concluyó afirmando que no son responsables de la crisis del capitalismo y que no van a financiar a los banqueros reduciendo derechos de los trabajadores. El Gobierno está dispuesto al diálogo, pero los derechos laborales no son negociables. El diálogo social debe ser un instrumento para avanzar, no para hacer retroceder los derechos de los trabajadores.

Los miembros trabajadores observaron que la selección de este caso era, una vez más, una elección de los miembros empleadores. En lo que se refiere al respeto o no del Convenio por parte de la República Bolivariana de Venezuela, no existe en el seno del Grupo de los Trabajadores una visión común. Cabe señalar que los informes de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2009 y 2010 consagran un capítulo a las violaciones de la libertad sindical en la República Bolivariana de Venezuela. Estas informaciones han sido retomadas por la Comisión de Expertos que lamenta la ausencia de respuesta del Gobierno a los comentarios de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión de Expertos vuelve, una vez más, sobre los puntos de derecho que constituyen un obstáculo al ejercicio de los derechos garantizados por el Convenio, es decir: la necesidad de un mínimo de 100 personas para constituir un sindicato de trabajadores no dependientes y la exigencia de proporcionar informaciones exhaustivas sobre la identidad de estos últimos; la falta de libertad en la organización de las estructuras administrativas internas; la imposibilidad de renovar los mandatos sindicales, la imposibilidad para los extranjeros de formar parte de una junta directiva, salvo si residen en el país desde hace más de 10 años; la injerencia de un órgano no judicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los procedimientos electorales; y la imposición de sanciones penales en el caso del ejercicio del derecho a participar en manifestaciones pacíficas y de huelga. La voluntad manifestada por el Gobierno de respetar la libertad sindical está pues en contradicción con la legislación, como se ha establecido en el análisis jurídico llevado a cabo por la Comisión de Expertos. Sin embargo, el Gobierno mantiene que la legislación se encuentra conforme al Convenio. Este diálogo de sordos debe terminar y, para ello, el Gobierno debería pensar en aceptar o, más bien, solicitar la asistencia técnica de la Oficina con el objeto de examinar la situación en lo relativo a los puntos mencionados anteriormente, así como las numerosas lagunas en el funcionamiento del diálogo social que han sido detectadas por la Comisión de Expertos.

Los miembros empleadores subrayaron que este caso concierne graves violaciones de la libertad fundamental de asociación de los empleadores y por eso lo consideraban como el más importante ante la Comisión. Manifestaron su sorpresa por el hecho de que los trabajadores no le dieran la misma importancia al caso, dado que también se refiere a graves violaciones de los derechos de los trabajadores, tales como el asesinato de dirigentes sindicales. Declararon que la Comisión de Expertos tomó nota de información enviada por FEDECAMARAS relativa a amenazas contra sus miembros, los cuales en el marco de sus actividades sectoriales representativas protestaron por el secuestro de sus miembros, así como por el descenso de la producción nacional debido a las políticas del Gobierno. Al tiempo que observaron que la Comisión de Expertos lamentó que el Gobierno no haya respondido a estos comentarios, y se refirió de manera extensa a las conclusiones de la Comisión respecto de este caso, propusieron que como mínimo dichas conclusiones fueran repetidas este año.

La Comisión de Expertos también se refirió a numerosas deficiencias en el diálogo social al observar que: 1) según la CSI, el Gobierno lleva a cabo sólo consultas formales y promueve organizaciones paralelas con el fin de establecer una nueva confederación de trabajadores como contrapeso a las organizaciones que están en desacuerdo con las políticas del Gobierno; y 2) según FEDECAMARAS, el Gobierno no ha reunido todavía la Comisión Tripartita Nacional prevista en la Ley Orgánica del Trabajo para la determinación de los salarios mínimos y designó a organizaciones no representativas cercanas al Gobierno en la delegación de empleadores a Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). La Comisión de Expertos lamentó además que la Comisión Tripartita Nacional no haya sido establecida aún y que el Gobierno no haya tenido en cuenta, de manera repetida, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de que se estableciera un diálogo directo con FEDECAMARAS. Del Informe de la Comisión de Expertos y de la declaración del Gobierno surge claramente que el Gobierno está en una etapa de negación y no aprecia plenamente sus obligaciones en virtud del Convenio. Observando que el caso ha sido examinado 14 veces por la Comisión, los miembros empleadores subrayaron que se trata de un caso continuo de falta de aplicación del Convenio.

Una parte importante de la observación de la Comisión de Expertos se refiere a la violación de los derechos sindicales, incluyendo la injerencia por parte del CNE en las elecciones sindicales y la necesidad de derogar la legislación relativa al funcionamiento de la CNE. Añadieron que ellos apoyaron a los trabajadores en casos relativos a la violación de los derechos de las organizaciones de trabajadores y por ello reiteraron su consternación por el hecho de que los miembros trabajadores se negaran a su vez a apoyarlos en el presente caso. Tomando nota de que violaciones tales como la expropiación de tierras sin compensación debida, el acoso y el cierre de numerosas empresas y el sometimiento de los empleadores de los sectores de la alimentación y la agricultura a prácticas discrecionales por parte de las autoridades, los miembros empleadores declararon que el sector privado en sí mismo estaba siendo amenazado, y sin sector privado, el tripartismo — el principio más fundamental de la OIT — no existe. La libertad de asociación está todavía más amenazada por la ausencia de libertades públicas, en particular la libertad de expresión que es limitada por el control de los medios de parte del Gobierno.

En cuanto a los ataques y actos de vandalismo a la sede de FEDECAMARAS producidos hace un año, se preguntaron si los responsables de tales actos serían llevados a la justicia. Es claro que el Gobierno no comprende el significado del artículo 3 del Convenio que exige la no injerencia en los asuntos internos de las organizaciones. Además la injerencia del Gobierno en las cuestiones internas de FEDECAMARAS afecta al trabajo de esta Comisión. El viaje de los representantes de FEDECAMARAS a la CIT se vio limitado y desde 1997 se han presentado quejas en cuanto a la composición de la delegación de los empleadores a la CIT. A pesar de que desde 2004, la Comisión de Verificación de Poderes reconoce a FEDECAMARAS como la organización más representativa de empleadores, el Gobierno ha creado organizaciones paralelas para perjudicarla. Tales actos son contrarios al espíritu de tripartismo y a la libertad de asociación.

El caso de Carlos Fernández que no puede regresar a la República Bolivariana de Venezuela por temor a represalias, demuestra que las libertades públicas no son reconocidas en el país. Concluyeron instando al Gobierno a tomar medidas inmediatas para el cumplimiento del artículo 3 del Convenio en todos sus aspectos para garantizar que se respeten las condiciones necesarias para garantizar la libertad de asociación incluyendo la protección del ejercicio del derecho de expresión y todas las otras libertades públicas y para promover una consulta y un diálogo tripartito, libre y genuino.

El miembro empleador de Argentina, en su carácter de Vicepresidente ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de Vicepresidente Empleador del Consejo de Administración, manifestó que para los empleadores no hay caso más importante que éste, no sólo en nombre de la libertad de asociación de los empleadores, sino también en nombre de la libertad sindical de los trabajadores. Compartió lo manifestado por los miembros trabajadores respecto de la necesidad de poner fin a un diálogo de sordos en materia de diálogo social y que para ello debería recurrirse a la cooperación técnica. Consideró que este caso se refiere al respeto de las garantías previstas en el Convenio y que los empleadores seguirán insistiendo en este caso hasta que logren su objetivo, que es el diálogo. Cuestionó las expropiaciones llevadas a cabo, en la medida en que muchas veces dichas nacionalizaciones no tienen una utilidad pública. Consideró que no es cierto que exista una batalla entre el capital y el trabajo. Si la hubiese, la OIT no tendría razón de ser. Concluyó sugiriendo al Gobierno que pida la asistencia técnica de la Oficina.

Una miembro trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela indicó en relación a la violencia sindical, que la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) está participando con los organismos competentes del Gobierno en distintas regiones para estrechar vínculos con los cuerpos de investigación y para que se agilicen los procesos en los tribunales, las fiscalías y otros órganos. Expresó su preocupación por la vinculación de algunos hechos de violencia con empresas transnacionales. Consideró que los empleadores inician juicios para vulnerar el derecho a la organización y la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores. La UNETE ha exigido a los empleadores que cumplan con sus obligaciones laborales y considera que es necesario adoptar una nueva Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, el sector empleador se ha manifestado en contra de esa iniciativa. Los empleadores no cumplen con la actual Ley Orgánica del Trabajo en lo referente a la estabilidad, salud en el trabajo, seguridad social, y libertad sindical, entre otras cuestiones. Indicó que los trabajadores han tomado acciones en empresas abandonadas y en sectores estratégicos de la económica y participan activamente en su recuperación, exigiendo además al Gobierno la nacionalización de empresas estratégicas. Consideró que el proceso de transformación es acompañado por la mayoría de los trabajadores. Consideró que la Comisión está analizando este caso no por incumplimiento a las normas internacionales del trabajo sino porque se está estableciendo un modelo político diferente al del resto del mundo.

Otra miembro trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela señaló que su organización, la Confederación General de Trabajadores (CGT), expresa su preocupación ante la violación a los derechos, a la libertad sindical y a la negociación colectiva, así como el asesinato de trabajadores y dirigentes sindicales, sin la consecuente acción punitiva judicial. Los trabajadores son discriminados en los entes oficiales al presentar la documentación para la constitución de los sindicatos, por no cumplir con la obligación de trámite ante el CNE. Si el sindicato no se presenta como «bolivariano», se le ponen trabas. Lo mismo ocurre en el marco de la negociación colectiva. Los derechos de los trabajadores son limitados en todos los escenarios y se apuesta a la eliminación de toda expresión sindical autónoma e independiente de los intereses de la clase trabajadora. Se debe realizar una revisión exhaustiva de los hechos que se han venido denunciando y hacer un llamado al Gobierno y a los empresarios privados, para que unidos por el dialogo y la concertación se construya un país de la reconciliación y la esperanza.

Otro miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela señaló que el tratamiento del presente caso responde a una campaña mediática dirigida por grupos partidarios del golpe de estado en su país. A diferencia de lo que sucede actualmente en el mundo capitalista, en la República Bolivariana de Venezuela se firman cada vez más convenios colectivos, se aumenta el salario mínimo y se otorgan pensiones dignas.

Un miembro empleador de la República Bolivariana de Venezuela lamentó que en su país, en vez de hablar de inversión, o de empleo, los empleadores se ven obligados a tratar como prioridad su libertad de asociación, la defensa de la libre empresa y la propiedad privada. Expresó su preocupación de que se cuestione la representatividad de FEDECAMARAS y que el Gobierno fomente organizaciones de empleadores paralelas que no son independientes. Consideró que el empresariado venezolano se encuentra acorralado ante la violación de sus libertades y derechos civiles fundamentales. Existe una persecución contra el aparato productivo que condena a la sociedad actual y a las futuras generaciones a depender de una economía rentista sujeta a los vaivenes de los precios de sus materias primas. El Gobierno se vanagloria de la existencia de diálogo social en el país, pero esto es sólo un eufemismo, representado por las organizaciones sindicales y empresariales que le son subordinadas. El acoso a los empleadores ha sido brutal en este último año. El primer plan socialista aprobado por el Gobierno establece que en el año 2013 el PIB del país será producido en un 70 por ciento por empresas públicas, lo que significa que el Gobierno pretende profundizar el debilitamiento del sector privado. El Gobierno le declaró la guerra a los empresarios y acusó a FEDECAMARAS de conspiradora. Grupos de trabajadores han hostigado las sedes regionales de esta organización. Desde hace tiempo un gran número de empresas y de tierras vienen siendo confiscadas por el Gobierno, al tiempo que el sector privado genera el 80 por ciento del empleo y el 70 por ciento del PIB. Concluyó, instando al Gobierno a que promueva el dialogo social para construir un país más justo con menos pobreza y mayor inclusión social.

Otra miembro empleadora de la República Bolivariana de Venezuela indicó que no ha habido ningún avance en los hechos que motivaron este caso. El Gobierno asegura en sus memorias estar cumpliendo con el Convenio pero la realidad indica todo lo contrario. Cada vez más se actúa en contra de las organizaciones independientes y de las más representativas de los empleadores, como FEDECAMARAS y sus federaciones afiliadas. En cuanto a las organizaciones paralelas subvencionadas por el Gobierno, indicó que la delegación empleadora acreditada este año por el Gobierno está constituida por un delegado empleador y un consejero de FEDECAMARAS y el resto de los siete consejeros técnicos los impuso el Ministerio del Trabajo. Añadió que en 2010 se constituyó una nueva organización, arrogándose la representatividad de los empleadores, el Consejo Bolivariano de Industriales, Empresarios y Microempresarios (COBOIEM). Recientemente el Gobierno afirmó que si es necesario se expropiarán otras empresas, ya que aquellas que habían sido nacionalizadas se han recuperado de la quiebra. Indicó que las manifestaciones contra FEDECAMARAS no son siempre pacíficas. Desde hace varias semanas se viene llevando a cabo la ocupación de empresas de alimentos, habiéndose incautado 120 toneladas de productos propiedad de las empresas.

Un miembro gubernamental de la Argentina, haciendo uso de la palabra en nombre de los Gobiernos del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) destacó que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha venido cumpliendo con la presentación de sus memorias relativas a los Convenios ratificados. En el Informe de la Comisión de Expertos se destaca un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que da curso a las solicitudes de reforma de la legislación y a la convocatoria a FEDECAMARAS a reunirse con las autoridades gubernamentales. El GRULAC estima que deben tomarse en cuenta los avances que se desprenden del mencionado Informe y espera que las conclusiones que se adopten en la Comisión con relación a este caso, se ajusten al debate desarrollado y se tengan en cuenta los nuevos datos, cifras y argumentos expuestos por el representante del Gobierno. El GRULAC exhorta a la Comisión de Expertos a que se ciña al mandato encomendado por el Consejo de Administración.

Un observador representante de la Confederación Sindical Internacional (CSI) se refirió a la difícil situación de violencia y al asesinato de dirigentes sindicales y sindicalistas en el país y señaló que quizás sería necesario establecer una fiscalía especial en el marco de la Fiscalía General de la República para que se investiguen estos casos de manera específica. Últimamente son detenidos dirigentes sindicales y sindicalistas por el ejercicio de sus actividades sindicales legítimas. Además, se reforman leyes que restringen la libertad sindical. Sin embargo, a pesar de las manifestaciones del Gobierno, no hay avance alguno en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que no hay ninguna voluntad política para ello. Tampoco hay diálogo social y ello se demuestra con el salario mínimo que es aprobado de manera unilateral por el Presidente.

Otra miembro gubernamental de Argentina manifestó su adhesión a lo expresado por el GRULAC y destacó que los comentarios que constan en el Informe de la Comisión de Expertos muestran que las medidas adoptadas por el Gobierno se enmarcan en un espíritu de colaboración y de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Destacó la importancia de las medidas adoptadas en favor del fortalecimiento del dialogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Finalmente, resaltó la importancia de continuar avanzando en la mejora de los métodos de trabajo de esta Comisión con el objetivo de reforzar sus procedimientos en materia de transparencia y objetividad.

Una miembro trabajadora de Brasil señaló que en América Latina se vive un momento único ya que nunca antes los trabajadores habían tenido gobiernos progresistas al mismo tiempo. Se están recuperando los salarios, los derechos sociales, el sistema de seguridad social público y universal, y hay más democracia participativa. La República Bolivariana de Venezuela es un abanderado de estas conquistas sociales. Se ha incrementado el salario y muchas empresas han sido recuperadas por los trabajadores. Esto contrasta con la situación que viven otros países en los que los trabajadores están pagando por la crisis creada por la especulación desenfrenada. Si la República Bolivariana de Venezuela vuelve a figurar este año en las lista es por la manipulación política de FEDECAMARAS. Este tipo de actitud empuja a la República Bolivariana de Venezuela a que denuncie el Convenio.

El miembro gubernamental de Cuba apoyó la declaración de los países miembros del GRULAC y rechazó la utilización de mecanismos de control para ventilar las cuestiones de orden interno surgidas a partir del golpe de estado en el cual el presidente de una organización de empleadores se autoproclamó Presidente de la República. Este caso figura en la lista de esta Comisión por presiones del Grupo de los Empleadores, y hay poca voluntad de algunas organizaciones de cooperar con los esfuerzos que realiza el Gobierno para lograr el dialogo social incluyente, con todos los trabajadores y empleadores. Se trata de presentar artificialmente una imagen de falta de consulta por parte del Gobierno y se intenta mantener el privilegio de una sola organización que no es la más representativa de los intereses de la mayoría de los venezolanos. La República Bolivariana de Venezuela no debe comparecer más ante esta Comisión. Es inaceptable que este país figure en la lista año tras año debido a presiones y chantajes que ponen en entredicho la imagen de los mecanismos de control de la OIT.

La miembro gubernamental de Nicaragua apoyó la declaración del GRULAC y expresó la total solidaridad de su delegación con la República Bolivariana de Venezuela. Consideró que este país ha sido llamado de forma injustificada a presentarse ante esta Comisión por la politización y el doble rasero que sigue minando su labor, poniendo en entredicho el diálogo y la transparencia de su funcionamiento. Son notorios los progresos hechos por el Gobierno en relación con el cumplimiento del Convenio. En este sentido, debe destacarse la Misión de Alto Nivel que visitó el país y el proceso de consultas relativas a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Dicha reforma integró a todas las federaciones sindicales y demás gremios. Las quejas contra la República Bolivariana de Venezuela son manipuladas y es lamentable que se haga caso omiso al llamado que muchos Estados hicieron año tras año para mejorar los métodos de trabajo de esta Comisión.

El miembro gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia apoyó la declaración del GRULAC y apreció las medidas adoptadas por el Gobierno para superar la situación, en particular la emisión del Decreto de Amnistía del 31 de diciembre de 2007 por el cual se perdonó a aquellas personas que admitieron su participación en el golpe de estado.

Este caso no debería seguir siendo examinado por la Comisión hasta que se presenten elementos objetivos que demuestren que hay un verdadero deterioro de la situación. Deben valorarse los progresos sociales alcanzados, en particular que se ha duplicado el número de sindicatos registrados en los últimos 10 años, lo que demuestra que no existen trámites complejos o engorrosos para ejercer el derecho de libre asociación. Manifestó su preocupación por la valoración exagerada que se realiza de las afirmaciones de algunos interlocutores sociales que persiguen móviles políticos sin contar con elementos probatorios objetivos. Manifestó su interés por los avances sostenidos reconocidos por la Comisión de Expertos en materia de diálogo social amplio con todos los interlocutores sin exclusión.

El miembro trabajador de los Estados Unidos dijo que la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y el movimiento de trabajadores de los Estados Unidos respetan la autodeterminación democrática del pueblo venezolano. Sin embargo, la Comisión no debe dar la espalda a las graves cuestiones de incumplimiento de las disposiciones del Convenio. La Comisión de Expertos confirmó la gravedad de dichas cuestiones. El orador manifestó que lamentaba que el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo esperase desde hace más de nueve años la aprobación de la Asamblea Nacional, y que no se han adoptado las necesarias medidas constitucionales para poner fin a las injerencias del CNE en las elecciones sindicales internas. Expresó su preocupación por las disposiciones del Código Penal y de la legislación que son utilizadas para criminalizar el derecho de huelga y otros derechos sindicales. Manifestó su profunda preocupación por el elevado número de asesinatos de dirigentes sindicales y afiliados, la aparente impunidad de la que gozan las personas responsables de dichos crímenes y la persistencia de tales muertes en los sectores del cemento y la construcción. La facultad constitucional del CNE para regular e injerirse en las elecciones sindicales en la República Bolivariana de Venezuela se traduce en la frecuente suspensión de su condición de organización representativa, circunstancia que incapacita legalmente a ésta para negociar un nuevo convenio colectivo. Hechos como éste ocurren en el sector de la educación pública donde, el 8 de mayo de 2009, seis federaciones de personal docente fueron excluidas de las negociaciones con los Ministerios de Educación y de Trabajo porque el CNE rechazó la validez de su proceso electoral interno y solicitó información financiera irrelevante.

Con respecto a la violencia e impunidad en la República Bolivariana de Venezuela, según las informaciones de PROVEA, una respetada organización de derechos humanos, han tenido lugar más de 46 asesinatos de dirigentes y activistas sindicales desde octubre de 2008 y septiembre de 2009, y, durante este período, más de 88 trabajadores, incluidos 16 dirigentes sindicales, han sido objeto de toda clase de actos de violencia física. Expresó su esperanza de que, el año próximo, la República Bolivariana de Venezuela sea capaz de demostrar ante esta Comisión progresos convincentes por lo que se refiere a poner fin a las injerencias del Estado en la administración sindical interna, demostrar su genuino respeto por el derecho de huelga y la negociación colectiva, y acabar con la violencia y la impunidad en el país. Los trabajadores venezolanos no merecen menos.

El miembro empleador de Colombia señaló que en el informe de los expertos aparece que la CSI y la CTV presentan serios reparos al cumplimiento del Convenio núm. 87, por el asesinato de dirigentes sindicales y la falta de respeto de los derechos humanos. Recordó que en marzo de 2010 el Comité de Libertad Sindical (CLS) examinó el caso núm. 2254 y en sus recomendaciones llamó la atención al Consejo de Administración sobre la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones tratadas en el mismo. En su último análisis del caso el CLS lamentó profundamente que el Gobierno haya desatendido las recomendaciones sobre la necesidad de poner en marcha una comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT; que no se haya constituido una mesa tripartita de diálogo social; que no se haya solicitado la asistencia técnica de la OIT; que no se convoque la Comisión Tripartita en materia de salarios mínimos; que no se consulte sobre las nuevas leyes a adoptar. Advirtió el orador la importancia de atender estos requerimientos en concordancia con el Convenios núm. 26 y el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) que también han sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Expresó que se le pidió al Gobierno que deje sin efecto la orden de captura del ex presidente de FEDECAMARAS, el Sr. Carlos Fernández, de manera que pueda regresar al país sin temer represalias. También el Comité pidió al Gobierno que restituya sin demora la finca «La Bureche» al dirigente empleador, Sr. Eduardo Gómez Sígala y que le indemnice en forma completa por los daños producidos con la intervención de las autoridades en la toma de su finca. Respecto al anuncio del Gobierno de haber dado captura a dos personas por el atentado con bomba contra la sede de FEDECAMARAS, solicitó que tal y como lo ha pedido el CLS, se adelante una investigación independiente y que se sancione severamente a sus responsables. Concluyó el orador con la preocupación por el señalamiento del nombre de empresas en el trascurso del presente debate, práctica que debe ser omitida no sólo por improcedente sino por infundada.

El miembro gubernamental de Brasil señaló que su Gobierno defiende el diálogo y la cooperación. No hay evolución sin cooperación mutua. Al examinar este caso, se observa que el diálogo social debe ser fortalecido, sin que ello signifique dejar de investigar los casos graves. Deben superarse las disputas políticas del pasado para construir un futuro mejor con participación popular y respeto de la democracia. Alentó al Gobierno a profundizar el diálogo con las entidades patronales y sindicales. La República Bolivariana de Venezuela ha demostrado su compromiso inequívoco con la OIT y su sistema normativo y deben reconocerse sus esfuerzos para luchar contra la pobreza, promoción de la educación y de la inclusión social.

El miembro gubernamental de Argelia declaró que siguió con gran atención la intervención del representante del Gobierno en la que no dejó de señalar los avances realizados por su país en materia de diálogo social y la disponibilidad de su Gobierno para trabajar con los interlocutores sociales, con miras a una mayor aplicación de los principios fundamentales en los que se basa el tripartismo. Procede señalar la esperanza expresada por los empleadores y los trabajadores en cuanto a un desenlace rápido del proceso de reforma de la Ley Orgánica del trabajo y la armonización de la legislación con el Convenio, de modo de dar al ejercicio del derecho sindical y a su corolario, el derecho de huelga y el diálogo social, un sentido real y efectivo. La voluntad del Gobierno de tomar en consideración las observaciones y las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos, así como el aumento del número de organizaciones sindicales y de los convenios colectivos, constituyen progresos tangibles que auguran una evolución favorable de la situación social. Cabe esperar que la Comisión no escatime ningún esfuerzo para alentar al Gobierno a que persevere en esta vía y le prestará la ayuda y la asistencia técnica necesarias para superar las eventuales dificultades encontradas en la práctica.

El miembro trabajador de Argentina señaló la intencionalidad política de los empleadores en el examen del presente caso. Señaló que actualmente, en el continente latinoamericano hay países como la República Bolivariana de Venezuela en los que los derechos de los trabajadores empiezan a ser respetados gozando de una mayor protección social. Mientras que en 1998, en el país, el 80 por ciento de la población estaba en la más absoluta miseria, a pesar de la riqueza petrolera inagotable de ese país, y estaban privados de los derechos más elementales, incluido el derecho sindical, hoy hay millones de familias que tienen alimentos, cobertura de salud, educación y trabajo y se organizan en sindicatos. Aunque pueden existir algunas situaciones de incumplimiento del Convenio, ello debe valorarse en el marco de la profunda transformación social del país.

Otro miembro trabajador de Brasil se refirió a las graves violaciones a la libertad sindical y a la independencia y autonomía de los sindicatos así como a la evidente falta de diálogo social tripartito sostenible. También hizo alusión a los asesinatos de dirigentes sindicales en la República Bolivariana de Venezuela. Señaló que en 2006 estuvo en el Fórum Social Mundial realizado en la República Bolivariana de Venezuela y pudo comprobar el clima de intimidación ejercida por grupos favorables al Gobierno que intentaron impedir la participación del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en dicho foro para denunciar a los dirigentes sindicales internacionales presentes las violaciones cometidas en su país. El informe de la Comisión de Expertos deja ver que la situación ha empeorado. Hay más represión, más criminalización de movimientos sociales y hay más control del Estado sobre las organizaciones sindicales. El Gobierno debe aceptar la asistencia técnica de la OIT para facilitar la construcción del diálogo social tripartito sostenible y duradero que incluya a todas las organizaciones de la sociedad civil.

El miembro gubernamental de Belarús acogió con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno para formular la política social y económica dirigida a reducir el desempleo, a mejorar el nivel de vida y a garantizar la protección de los trabajadores en tiempos de crisis financiera y económica. Tomó nota con satisfacción de las consultas con los interlocutores sociales sobre la Ley Orgánica del Trabajo, que, en su opinión, sería un instrumento adicional e importante para la legislación vigente de protección de los derechos de los trabajadores y de los intereses consagrados en la Constitución del país. Consideró que es necesario tener en cuenta la información comunicada por el Gobierno e indicar, de manera positiva, las medidas adoptadas para aplicar el Convenio. También consideró que la OIT debería examinar, con carácter bilateral, la posibilidad de prestar asistencia técnica al Gobierno.

El miembro gubernamental de Viet Nam tomó nota de las declaraciones formuladas por el representante gubernamental y por otros oradores, así como de los progresos alcanzados por el Gobierno, que incluyen el aumento del número de sindicatos registrados y de convenios colectivos concluidos y la elaboración de nueva legislación, que tiene en cuenta las recomendaciones de los interlocutores sociales y de la OIT. La nueva legislación apoyará el diálogo social y el tripartismo y facilitará nuevas mejoras en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. La estrecha cooperación con la OIT desempeñará una función importante a este respecto.

El miembro empleador de Brasil expresó su solidaridad con sus colegas venezolanos por las violaciones que sufren, al igual que su preocupación ante las consecuencias que pudieran tener en los fundamentos institucionales de esta organización unas conclusiones erróneas para este caso. En efecto, este caso se caracteriza por las graves violaciones de los derechos fundamentales de los empleadores y la OIT debe utilizar con rigor los mecanismos de control para que el Gobierno venezolano los respete. En caso contrario, hay motivos para temer por el futuro del tripartismo, como uno de los pilares de la OIT. En un contexto mundial en el que las fronteras ya no separan a las personas ni a los países, hay aún más razón para que la OIT condene las violaciones que se producen en la República Bolivariana de Venezuela, para evitar cualquier riesgo de generalización de estas prácticas.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia señaló el hecho de que la situación relativa a la libertad sindical en el país ha mejorado considerablemente con los años. Se han registrado miles de organizaciones sindicales, el proceso de negociación colectiva está activo y los interlocutores sociales están elaborando una nueva ley del trabajo con la asistencia de la OIT. El Gobierno está mejorando las condiciones de vida y la protección de los trabajadores en el país. Señaló que la República Bolivariana de Venezuela, como cualquier otro país, tiene deficiencias en la aplicación del Convenio, y exhortó a mejorar la cooperación entre el Gobierno y la OIT con el fin de resolver todas las cuestiones pendientes.

El miembro trabajador de Cuba mostró su sorpresa porque la Comisión de Expertos hubiera considerado insuficientes las distintas medidas que había puesto en marcha el Gobierno en materia de diálogo social. Deberían tenerse en cuenta estas medidas en aras de no prolongar ese caso. Consideró que el Gobierno ha logrado progresos sin precedentes en la historia laboral del país, a diferencia de lo que ocurría en la década de los noventa. Destacó el incremento del salario mínimo por encima de la inflación, que el país cuenta con el salario mínimo más alto de toda América Latina y que además tiene una tasa de desempleo baja. Declaró que en el país se mantiene un diálogo social constante y que el que la discusión de este caso es por cuestiones políticas. Instó a que las conclusiones fueran justas y despolitizadas en beneficio de los trabajadores del país.

El miembro gubernamental de Ecuador resaltó las medidas positivas tomadas por el Gobierno expedidas a través del decreto de amnistía de 31 de diciembre de 2007, que aporta elementos para considerar que el caso no continúe siendo tratado en esta Comisión. Expresó que el Gobierno había desplegado esfuerzos importantes para implementar las recomendaciones de la OIT y que deberían ser valorados de una forma justa y objetiva. Instó a todas las partes e interlocutores sociales a emprender un acercamiento franco y constructivo en aras de la paz y armonía laboral, que permita el desarrollo del sector laboral así como del crecimiento productivo y empresarial del país. Declaró que debe brindarse asistencia técnica para que el país continúe implementando adecuadamente las recomendaciones de la OIT.

Otro observador representante de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ratificó y se suscribió a la exposición realizada por el representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Expuso que el Gobierno mantiene un acoso constante, grosero y permanente con agresión verbal a los trabajadores del sector de la salud y que mantiene los hospitales desabastecidos. Describió la negativa del Gobierno a sentarse con la Federación Médica Venezolana (FMV) para negociar desde que se congelasen los convenios colectivos en el 2003. Informó que desde entonces ha sustituido la negociación sobre el salario por decretos injustos con salarios austeros que no les permite ejercer su profesión de forma digna. A su juicio, esto va en detrimento de la salud y del derecho del profesional a un trabajo digno y responsable.

El miembro gubernamental de China recordó que el Gobierno estaba redactando una nueva legislación laboral y que había tomado en consideración las sugerencias de los interlocutores sociales y de la OIT para proporcionar garantías legales que aseguren el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva entre los trabajadores y empleadores y para la promoción del diálogo social y el progreso social. La Comisión debería reconocer la sinceridad del Gobierno en relación con sus interlocutores sociales y la OIT y las medidas concretas que ha adoptado. La OIT debería continuar también con su compromiso y la cooperación con el Gobierno para una mayor promoción de la aplicación efectiva del Convenio.

El miembro gubernamental de España expresó que confía en la aplicación de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT con responsabilidad y colaboración, en el entendimiento de que la estabilidad económica y social, en cualquier país, solamente es viable con un compromiso responsable entre poderes políticos, empleadores y trabajadores para construir un sistema innovador que contribuya al crecimiento, a la creación de riqueza y a la redistribución a través de la cohesión social. Tomó nota sobre el proyecto de reforma de la ley orgánica del trabajo y confía que se obtenga el máximo consenso de todos los actores del diálogo social. Asimismo, expresó su deseo de que prevalezca un clima de entendimiento social y un contexto normativo que garantice el ejercicio de la libertad sindical y que permita la sanción de conductas que coarten el ejercicio de este derecho.

El miembro trabajador de Níger expresó que la Comisión tiene un comportamiento tendencioso hacia los países dirigidos por gobiernos progresistas, en beneficio del capitalismo internacional. La República Bolivariana de Venezuela no merece figurar en la lista de los casos individuales y la politización de las labores de esta Comisión es peligrosa. Conviene independizarse de los grupos de presión que actúan contra los gobiernos que obran para el progreso social de sus ciudadanos, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela.

El miembro gubernamental de la República Árabe Siria apreció los esfuerzos realizados por el Gobierno para desempeñar su papel, haciendo todo lo posible para cumplir con sus obligaciones. Apoyó plenamente las medidas adoptadas por el Gobierno y también respaldó las opiniones que expresó, que la Comisión de la Conferencia debería considerar a la hora de preparar las conclusiones finales. El Gobierno debería gozar de todo el apoyo para proseguir con sus esfuerzos para dar pleno efecto a los requisitos del Convenio, pudiendo ser, en este sentido, de utilidad la asistencia técnica.

El miembro empleador de Guatemala aclaró las razones por las que el caso se encontraba ante esta Comisión y recordó que la Comisión de Expertos se había referido a la situación como «extremadamente grave», con hechos que incluyen el embargo de bienes de empresas afiliadas a FEDECAMARAS, la ocupación de tierras y la intervención de empresas. Consideró que al no informar el Gobierno a la Comisión de Expertos debe entenderse como una aceptación de las denuncias. De acuerdo con datos de los empleadores, el Gobierno y no el sector privado controla el sector de la alimentación. En mayo se expropió una de las empresas de alimentación y la amenaza de expropiaciones por cualquier causa alcanza ya al grupo industrial de alimentos más grande del país. Recordó que FEDECAMARAS solicita constantemente al Gobierno que restaure el dialogo social y la consulta tripartita y no se ha logrado nada hasta el momento. Muchas leyes han sido aprobadas sin que se cumpla la obligación de consultar a los interlocutores sociales. Con relación a la fijación de salarios mínimos, dese hace nueve años no se realizan consultas tripartitas.

El miembro trabajador de Paraguay indicó que el movimiento sindical era un punto de referencia en los países latinoamericanos. Recorrió distintos hitos en la década de los noventa donde considera que los trabajadores han perdido conquistas sociales, como por ejemplo cuando el FMI dictó un aumento del precio de los bienes y servicios. Destacó que la Constitución de 1999 otorgó nuevos derechos a los trabajadores, entre ellos el salario, jornada laboral, derecho de huelga y libertad sindical. Criticó que el sector empresarial abandonara aquellas empresas de las que no obtuviera beneficios dejando sin trabajo a miles de personas, y que es el Gobierno el que rescata a esas empresas básicas de alimentos, haciendo participar a los trabajadores en la gestión de ellas.

El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán declaró que su Gobierno seguía con gran interés el desarrollo de este caso. La República Bolivariana de Venezuela ha tenido una influencia decisiva en las actividades de la OIT recientemente, al garantizar la coordinación de los países del GRULAC. En este contexto demostró un esfuerzo implacable en la promoción de los asuntos que atañen a la OIT, incluida la causa del diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva, una tarea que ha llevado a cabo de modo muy eficiente y de buena fe. El progreso constante logrado en el registro de los sindicatos y en el creciente número de convenios colectivos firmados entre los empleadores y los trabajadores es una notable prueba de la determinación del Gobierno de cumplir con sus obligaciones derivadas del Convenio. Teniendo en cuenta los esfuerzos que está realizando el Gobierno y su oportuna respuesta a los comentarios de los órganos de control de la Organización, el orador expresó la esperanza de que la Comisión consideraría favorablemente los mencionados desarrollos en sus conclusiones.

Un observador, representante de la Federación Sindical Mundial (FSM) recordó los orígenes del Convenio, las circunstancias que llevaron a su adopción y la lucha y compromiso de la FSM en defensa del respeto de las disposiciones del Convenio. Señaló que se utilizaban año tras año los mismos argumentos de carácter político para traer este caso ante la Comisión. Consideró que se han hecho avances significativos para los trabajadores dado el carácter social del Gobierno que no se quiere someter a las políticas neoliberales del FMI, del Banco Mundial ni de las potencias del norte. Expresó que este caso se debería tratar de una forma serena e imparcial y valorar el proceso de cambio que beneficia a los trabajadores del país.

El miembro gubernamental de El Salvador suscribió la declaración del GRULAC. Destacó los progresos alcanzados, tal como el aumento de registros de organizaciones sindicales y la firma de convenios colectivos. Señaló que la transparencia y la ecuanimidad son elementos esenciales para mantener la credibilidad técnica y moral de los órganos de control.

Un observador, representante de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (UITBB) destacó los pasos tan considerables que había dado la clase obrera venezolana. Después de tres décadas de una burocracia sindical enquistada donde no existía la oportunidad de que los trabajadores tuvieran votaciones democráticas en sus organizaciones, en la actualidad los trabajadores de base son el eje fundamental. En las organizaciones sindicales ahora se celebran elecciones regularmente según establecen sus estatutos, por ejemplo cada dos o tres años. Además se realizan referéndums para que las organizaciones sindicales conozcan las necesidades sociales de sus trabajadores. Indicó que en la República Bolivariana de Venezuela no existe el entorno de violencia antisindical que existe en Colombia. Finalizó diciendo que se nacionalizaban distintas empresas para garantizar la salud y la educación de los venezolanos.

El miembro empleador de España indicó que en su intervención no se extendería sobre las deficiencias y restricciones de la regulación de la República Bolivariana de Venezuela contrarias al Convenio, ni a la inexistencia de un diálogo social amplio, incluyente y participativo, ni a los actos de violencia, amenazas, coacciones y secuestros realizados contra sindicalistas y contra la organización empresarial de los empleadores más representativa del país. Recordó el esfuerzo tanto personal como financiero que es necesario para sacar adelante un proyecto empresarial y los riesgos que asumen los empresarios. Señaló que es inaceptable intimidar o atacar la propiedad de los que pretenden organizarse o asociarse para la defensa libre de sus intereses y derechos o que expresan opiniones distintas al Gobierno y que ello es contrario al Convenio. Expresó que no se pueden utilizar falsos criterios de interés público para acometer expropiaciones o cierres arbitrarios como los que han ocurrido en los medios de comunicación, en el sector agrícola o en el sector de la alimentación ya que contraviene al espíritu y a la letra del Convenio.

El representante gubernamental rechazó las declaraciones que había realizado el portavoz de los trabajadores en relación a las informaciones que se deberían haber remitido a la Comisión de Expertos, ya que el 8 de diciembre de 2009, todas las informaciones requeridas habían sido enviadas. Además, informó que la Ley Orgánica del Trabajo se podría modificar pero siempre para restituir derechos de los trabajadores y nunca para disminuirlos. Añadió que todos los dirigentes sindicales pueden ser reelegidos.

En relación a los comentarios realizados por el miembro trabajador de Estados Unidos, declaró que resultan odiosos los casos de muerte acontecidos y que se había creado una comisión de seguimiento de dichos casos y que esa comisión era un mecanismo válido y transparente.

Sostuvo que en la República Bolivariana de Venezuela hay más diálogo social en la actualidad que en los últimos 20 años pero que los empleadores consideran que no existe diálogo porque no se dialoga en forma exclusiva con FEDECAMARAS; sin embargo es esta organización la que no deja opinar a nadie. Sugirió que la Oficina ofreciera asistencia técnica a FEDECAMARAS para que aprendan a dialogar. Además instó a los empleadores a dejar de utilizar a la OIT para sus propias campañas políticas internas.

Alegó que el Gobierno no pone en juego la propiedad privada sino que quiere hacer extensiva la propiedad a todos los venezolanos. Explicó que las expropiaciones de las fincas se habían realizado porque las tierras no se utilizaban desde hacía muchos años y que no se había podido demostrar la propiedad. Señaló que efectivamente hay una guerra entre el capital y el trabajo y que no van a realizar reformas laborales para salvar al capital como se está haciendo en otros países menoscabando los derechos de los trabajadores.

Insistió en que, como gobierno dialogan con todos los actores pero sin extorsiones ni amenazas y que han estructurado un diálogo social real con la participación de todos los agentes para defender los derechos e intereses de todos los trabajadores.

Los miembros trabajadores pidieron al Gobierno que contestase de manera satisfactoria a los comentarios de la Comisión de Expertos en relación con las observaciones presentadas por las organizaciones de trabajadores y empleadores alegando violaciones de los derechos humanos. Se expresaron opiniones divergentes durante esta discusión, y conviene, en consecuencia, que el Gobierno responda a las cuestiones planteadas para que la Comisión de Expertos pueda examinar la situación. Debe cesar el diálogo de sordos que se ha instalado entre la Comisión de Expertos y el Gobierno en relación con las cuestiones legislativas planteadas en la observación. Con este fin, debería proponerse asistencia técnica al Gobierno para que la Oficina pueda proceder al examen de las disposiciones problemáticas.

Los miembros empleadores indicaron que aunque la discusión económica y social que tuvo lugar puede parecer interesante, no se vincula realmente con la aplicación del Convenio núm. 87. Las condiciones diarias respecto de la libertad sindical se han deteriorado tanto para los trabajadores como para los empleadores. Los comentarios de la Comisión de Expertos y las discusiones en esta Comisión confirman sus preocupaciones. El Gobierno no se ha ocupado de dos cuestiones fundamentales: primero, la necesidad de garantizar el respeto de las libertades públicas, la libertad de expresión y la libertad de movimiento como condición previa para la libertad sindical y de asociación y, segundo, la no injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La destrucción sistemática de la organización más representativa de los empleadores del país, FEDECAMARAS, suscita una grave preocupación. Los derechos consagrados por el Convenio deben ser respetados tanto en las sociedades democráticas como en las sociedades autoritarias.

Las conclusiones de la Comisión deberían poner de relieve que las libertades públicas, la libertad de expresión y la libertad de movimiento son requisitos previos esenciales para la libertad sindical. Esas condiciones no existen en el país y continúa la injerencia del Gobierno en los asuntos internos de FEDECAMARAS. Los miembros empleadores recordaron los reiterados ataques contra dirigentes de FEDECAMARAS, tales como a Vicente Brito en 2001, Rafael Marcial Garmendia en 2003, Genaro Méndez en 2007 y recientemente Eduardo Gómez Sígala. Esta Comisión debería reconocer que el Gobierno ha realizado escasos intentos en cuanto a la observancia y aplicación del Convenio, particularmente en relación con los aspectos del caso que afectan a los empleadores. Como mínimo, debería enviarse al país una misión tripartita de alto nivel para examinar la situación y proporcionar asistencia técnica. Es lamentable que el Gobierno haya ignorado las recomendaciones formuladas por los distintos órganos de control de la OIT durante más de 10 años y las recomendaciones formuladas por dos misiones de contactos directos con anterioridad a 2005 y una misión de alto nivel en la República Bolivariana de Venezuela con la asistencia técnica de la OIT. Los miembros empleadores sugirieron que se establezca en el país una comisión conjunta de asistencia técnica de alto nivel, para examinar el conjunto de los alegatos presentados ante el Comité de Libertad Sindical a fin de resolver problemas mediante el diálogo directo. Los miembros empleadores concluyeron pidiendo que las conclusiones del pasado año también sean reflejadas en las conclusiones de este año.

El representante gubernamental lamentó que las conclusiones de la Comisión de la Conferencia no recogieran el debate celebrado el día anterior. Indicó que no podía aceptar las conclusiones por tres motivos: en primer lugar porque las conclusiones erróneamente se refieren a que la ley no se ha modificado desde hace diez años; en segundo lugar porque sí se han tomado medidas ante los actos de violencia; y en tercer lugar, porque el Gobierno no reconoce en ningún nivel la certeza de que FEDECAMARAS sea la organización de empleadores más representativa. Finalizó cuestionando la inclusión de una misión de alto nivel teniendo en cuenta que ningún miembro gubernamental ni los miembros trabajadores la habían solicitado y que tan sólo los miembros empleadores la consideraban necesaria.

Los miembros empleadores recordaron que el portavoz de los empleadores no sólo habla en nombre propio sino que lo hace en representación de una tercera parte de los miembros de la Comisión. Asimismo, indicaron que el último párrafo ofrece al Gobierno la clara oportunidad de aportar pruebas directamente a la OIT a fin de clarificar cualquier malentendido. Señalaron que el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que porcentualmente sólo representa un 4 por ciento de todos los casos, es el más importante para los miembros empleadores y que, por consiguiente, esperan el apoyo de los miembros trabajadores respecto de la propuesta de llevar a cabo una misión tripartita de alto nivel, en pleno reconocimiento que existen importantes consideraciones respecto a los derechos de los trabajadores y derechos humanos, así como al derecho de los empleadores a la libertad sindical.

Los miembros trabajadores señalaron que no querían reabrir el debate ya que las conclusiones ya habían sido adoptadas. Reconocieron que la mayoría de los casos incluidos en la lista se hacía tras su petición, pero recordaron que en los grupos siempre se ha procedido en base a acuerdos pero que año tras año es más difícil llegar a ellos. Nunca es positivo vetar la inclusión de casos en la lista, pero el Reino Unido y Colombia no se han incluido en la lista y tampoco se ha incluido un párrafo especial en un caso muy grave.

La representante del Secretario General recordó a los miembros de la Comisión la necesidad de que se respeten las normas del decoro y los principios de libertad de expresión y del proceso parlamentario. Indicó que la Oficina verificará y si es necesario corregirá cualquier error fáctico que pueda figurar en las conclusiones, como ha dado a entender el representante gubernamental.

Una miembro trabajadora de República Bolivariana de Venezuela mostró su rechazo a las conclusiones por no reflejar objetivamente el debate. Cuestionó los procedimientos y métodos de la Comisión y anunció que votarían en contra del informe al momento de su adopción.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas por el representante gubernamental, así como del debate que tuvo lugar a continuación. La Comisión tomó nota también de casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical, presentados por organizaciones de trabajadores y de empleadores que han sido considerados dentro de la categoría de extremadamente graves y urgentes.

La Comisión observó que la Comisión de Expertos ha tomado nota de alegatos no respondidos por el Gobierno sobre graves violaciones de las libertades públicas, incluidos actos de violencia contra numerosos dirigentes empleadores y sindicalistas, así como la criminalización de acciones sindicales legítimas y una preocupante situación de impunidad. La Comisión tomó nota también de que la Comisión de Expertos se refirió a deficiencias graves en el diálogo social y al retraso desde hace años en la tramitación de las reformas legislativas solicitadas por la Comisión de Expertos sobre cuestiones muy importantes como la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales y diversas restricciones a los derechos de los trabajadores y de los empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes; al derecho de las organizaciones de elaborar sus estatutos y de elegir libremente sus dirigentes sin injerencia de las autoridades y al derecho de organizar sus actividades.

La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental según las cuales la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo no ha culminado ya que continúa el proceso de consultas por parte de la Asamblea Nacional y que los artículos cuestionados no se aplican ni han significado una restricción al ejercicio de los derechos sindicales. Añadió que el Consejo Nacional Electoral ofrece a las organizaciones sindicales que lo solicitan voluntariamente asesoramiento técnico en la realización de elecciones. Sobre los casos de dirigentes sindicales asesinados, afirmó que se ha informado al respecto a la Oficina por comunicación de 8 de diciembre de 2009 indicando que estos casos están siendo investigados y ya hay detenidos. Los autores de la agresión a la sede de FEDECAMARAS fueron capturados. Destacó el compromiso del Gobierno contra toda forma de impunidad. Indicó también que el recurso a la expropiación no es por retaliación política y que el Gobierno es respetuoso de la propiedad privada. En relación con el diálogo tripartito, el orador consideró que FEDECAMARAS buscaba excluir a otras organizaciones de empleadores y destacó los resultados negativos de la Comisión Tripartita Nacional en el pasado; sin embargo, la posición del Gobierno está a favor de un diálogo social inclusivo y no excluyente. Por último la Comisión tomó nota de que el Gobierno se refirió a un aumento importante en el número de sindicatos y de convenios colectivos.

La Comisión reiteró sus conclusiones del pasado año en su totalidad, incluidas las recomendaciones de la Comisión de Verificación de Poderes.

La Comisión tomó nota con profunda preocupación de los alegatos sobre actos de violencia contra dirigentes empleadores y sindicalistas, a la criminalización de las acciones sindicales legítimas, así como a otras restricciones de las libertades públicas necesarias para el ejercicio de los derechos sindicales. La Comisión deploró que los ataques a la sede de FEDECAMARAS no hayan dado lugar todavía a la condena de sus autores y la situación de impunidad. La Comisión destacó el clima de intimidación que sufren los dirigentes empleadores, a nivel personal — incluida la expropiación de tierras y acciones contra sus propiedades — y en sedes de FEDECAMARAS.

La Comisión recordó que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima de respeto escrupuloso de los derechos humanos sin excepción. Recordando que la libertad sindical y la libertad de asociación no pueden existir en ausencia del conjunto de garantías de las libertades públicas, en particular la libertad de expresión, de reunión y de movimiento, la Comisión puso de relieve que el respeto de estos derechos implica que tanto las organizaciones de trabajadores como de empleadores deben estar en condiciones de ejercer sus actividades en un clima exento de intimidación, amenazas y violencia y que la última responsabilidad de ello corresponde al Gobierno. La Comisión observó en este sentido que los empleadores de FEDECAMARAS se sienten intimidados por las acciones o agresiones verbales de las autoridades.

La Comisión observó con profunda preocupación que la Comisión de Expertos viene reclamando desde hace años que se modifique la legislación para ponerla en conformidad con el Convenio y que el proyecto sometido a la Asamblea Legislativa hace años no ha sido adoptado. La Comisión urgió una vez más al Gobierno a que tome medidas para que se acelere la tramitación en la Asamblea Legislativa del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y para que el Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales. La Comisión pidió al Gobierno que no se injiera en los asuntos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

En lo que respecta al diálogo social en las cuestiones que afectan los derechos de los trabajadores y de los empleadores y sus organizaciones, la Comisión, observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, pidió nuevamente al Gobierno que intensifique el diálogo social con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, incluida FEDECAMARAS y que garantice que esta organización no sea marginalizada en relación con todos los asuntos que le conciernen.

La Comisión lamentó tomar nota de que año tras año el Gobierno no ha tomado medidas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Expertos, del Comité de Libertad Sindical y de las conclusiones de esta Comisión.

La Comisión solicitó al Gobierno que se beneficie y acepte la asistencia técnica de alto nivel del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo, como seguimiento de la Misión de Alto Nivel de 2006 en relación con las cuestiones pendientes. La Comisión pidió al Gobierno que envíe una memoria completa en 2010 a la Comisión de Expertos y espera firmemente que se produzcan progresos tangibles en la aplicación del Convenio a nivel de la legislación y la práctica.

El representante gubernamental lamentó que las conclusiones de la Comisión de la Conferencia no recogieran el debate celebrado el día anterior. Indicó que no podía aceptar las conclusiones por tres motivos: en primer lugar porque las conclusiones erróneamente se refieren a que la ley no se ha modificado desde hace diez años; en segundo lugar porque sí se han tomado medidas ante los actos de violencia; y en tercer lugar, porque el Gobierno no reconoce en ningún nivel la certeza de que FEDECAMARAS sea la organización de empleadores más representativa. Finalizó cuestionando la inclusión de una misión de alto nivel teniendo en cuenta que ningún miembro gubernamental ni los miembros trabajadores la habían solicitado y que tan sólo los miembros empleadores la consideraban necesaria.

Los miembros empleadores recordaron que el portavoz de los empleadores no sólo habla en nombre propio sino que lo hace en representación de una tercera parte de los miembros de la Comisión. Asimismo, indicaron que el último párrafo ofrece al Gobierno la clara oportunidad de aportar pruebas directamente a la OIT a fin de clarificar cualquier malentendido. Señalaron que el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que porcentualmente sólo representa un 4 por ciento de todos los casos, es el más importante para los miembros empleadores y que, por consiguiente, esperan el apoyo de los miembros trabajadores respecto de la propuesta de llevar a cabo una misión tripartita de alto nivel, en pleno reconocimiento que existen importantes consideraciones respecto a los derechos de los trabajadores y derechos humanos, así como al derecho de los empleadores a la libertad sindical.

Los miembros trabajadores señalaron que no querían reabrir el debate ya que las conclusiones ya habían sido adoptadas. Reconocieron que la mayoría de los casos incluidos en la lista se hacía tras su petición, pero recordaron que en los grupos siempre se ha procedido en base a acuerdos pero que año tras año es más difícil llegar a ellos. Nunca es positivo vetar la inclusión de casos en la lista, pero el Reino Unido y Colombia no se han incluido en la lista y tampoco se ha incluido un párrafo especial en un caso muy grave.

La representante del Secretario General recordó a los miembros de la Comisión la necesidad de que se respeten las normas del decoro y los principios de libertad de expresión y del proceso parlamentario. Indicó que la Oficina verificará y si es necesario corregirá cualquier error fáctico que pueda figurar en las conclusiones, como ha dado a entender el representante gubernamental.

Una miembro trabajadora de República Bolivariana de Venezuela mostró su rechazo a las conclusiones por no reflejar objetivamente el debate. Cuestionó los procedimientos y métodos de la Comisión y anunció que votarían en contra del informe al momento de su adopción.