Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Perú (Ratificación : 1994)

Artículos 2 y 33 del Convenio. Acción coordinada y sistemática. En respuesta a la solicitud de la Comisión respecto a los avances sobre la elaboración de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, el Gobierno indica que el Viceministerio de Interculturalidad ha organizado varios espacios participativos con organizaciones representativas de los pueblos indígenas y entidades públicas con miras a definir los objetivos de dicha política. Dichos encuentros participativos están previstos hasta diciembre de 2024. Posterior a ello, se culminará la actualización del diagnóstico e indicadores y proyecciones al 2040 y se elaborará un plan de consulta previa sobre la propuesta de política. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo informaciones sobre los avances en el proceso de adopción de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, incluyendo información sobre cómo se garantiza la participación de los pueblos indígenas en dicho proceso.

Artículo 3. Derechos humanos. Mujeres indígenas. En relación con el pedido de la Comisión sobre información de medidas dirigidas a asegurar que las mujeres indígenas tengan conocimiento de sus derechos y acceso a la justicia, el Gobierno indica que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado acciones de reconocimiento de mujeres indígenas u originarias en la sociedad mediante campañas de comunicación a nivel nacional, incluso a través de las redes sociales. Indica también que mediante la Mesa de trabajo para promover los derechos de las mujeres indígenas u originarias (creada en 2017 como espacio de diálogo y articulación entre entidades del Estado y organizaciones representativas de sociedad civil, incluyendo mujeres indígenas) se coordinan y promueven acciones a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, incluso en el ámbito de la salud reproductiva. En 2023 se aprobó la Estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indígena con el objetivo de impulsar emprendimientos y negocios en materia agrícola, forestal, pecuario y artesanal a favor de organizaciones de mujeres productoras rurales e indígenas. Bajo esta estrategia se ha beneficiado a 7 487 mujeres en el ámbito rural. Por otra parte, a través del Servicio de Atención Rural, se ha brindado atención integral, oportuna y con pertinencia cultural a mujeres de zonas rurales afectadas por hechos de violencia. En este sentido se atendieron un total de 975 casos entre los meses de mayo a julio de 2024. A través de la Estrategia rural multisectorial frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en las zonas rurales, aprobada en 2023, se promovió el trabajo articulado y multisectorial entre actores vinculados al abordaje de la problemática del acceso de la población rural a la prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y violencia sexual. En ese sentido entre 2020 y julio de 2024, se han desarrollado acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos.

La Comisión toma nota con preocupación de las informaciones transmitidas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú respecto a la situación de vulnerabilidad de niñas indígenas awajún, entre quienes se han reportado situaciones de abuso sexual, y que enfrentan barreras para acceder a mecanismos de justicia y protección infantil. Indican que, en muchas ocasiones, las víctimas enfrentan limitaciones significativas como la falta de acceso a servicios legales adecuados, la presión social dentro de sus comunidades para no denunciar, y una percepción generalizada de impunidad en los sistemas de justicia ordinario y comunitario.

La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo informaciones sobre diagnósticos o estudios realizados respecto a la situación de violencia contra mujeres y niñas indígenas que hayan sido emprendidos, así como sobre medidas implementadas para mejorar el acceso de mujeres y niñas indígenas a mecanismos de justicia en zonas alejadas, en una manera culturalmente adecuada. Asimismo, pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para investigar los casos de violencia sexual de mujeres y niñas indígenas awajún, y para proteger los derechos de las víctimas.

Artículos 26 y 27. Educación. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha implementado programas de formación inicial docente en educación de la primera infancia y primaria intercultural bilingüe, a fin de atender a 28 pueblos indígenas a lo largo del país. El Gobierno cuenta también con el Registro Nacional de Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe, teniendo registradas actualmente un total de 26 535 instituciones, 100 906 docentes y 1 239 919 estudiantes en los niveles de educación primera infancia, primaria y secundaria. En dotación de materiales educativos para estudiantes, el presente año 2024 se atendió con 98 títulos de textos en 14 lenguas originarias para los niveles de educación primaria y secundaria. Para 2025, se vienen elaborado los textos de lectura para estudiantes en 41 lenguas originarias que incluye 6 variedades del quechua.

La Comisión toma nota, por otro lado, que en sus observaciones la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú indican que aproximadamente un veinte por ciento de comunidades indígenas con instituciones educativas no cuentan con abastecimiento de agua.

La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas para facilitar el acceso a los pueblos indígenas a la educación y que también tome en cuenta sus particularidades culturales, incluyendo medidas para asegurar una infraestructura educativa adecuada que cuente con servicios básicos. Pide al Gobierno que informe también sobre cualquier evaluación por parte de las propias comunidades respecto a la implementación de modelos educativos interculturales.