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Caso individual (CAS) - Discusión: 2026, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Discusión por la Comisión

Presidenta:Pasamos ahora al último caso en nuestra agenda por el día de hoy relativo a la aplicación por parte del Iraq del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). Para la discusión de este caso contamos con 19 oradores inscritos. Sobre esta base la Mesa decidió reducir el tiempo máximo de intervención de los delegados que hablan a título individual de 5 a 3 minutos. Invito primero al representante gubernamental del Iraq, Director general del departamento jurídico a que tome la palabra.
Interpretación del árabe: Representante gubernamental: Hago uso de la palabra por primera vez. Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarle por haber sido elegida Presidenta de esta Comisión. Nos alegra que sea usted la Presidenta de la Comisión en este centenario de su creación. La delegación del Iraq se complace en dar las gracias a la OIT y a la Comisión de Expertos, así como a la Comisión, por los esfuerzos realizados para promover el trabajo decente y los principios de justicia social en todo el mundo. También acogemos con satisfacción las observaciones y recomendaciones sobre la aplicación de los Convenios núms. 88 y 122. Consideramos que estas observaciones son una herramienta importante para impulsar las reformas nacionales y desarrollar las instituciones del mercado de trabajo en el Iraq.
El Iraq es consciente de que proporcionar oportunidades de trabajo productivo y decente no es solo un objetivo económico, sino que constituye un pilar fundamental para la estabilidad social, el desarrollo sostenible y la paz social. Sobre esta base, el Gobierno ha continuado, en los últimos años, la aplicación de un conjunto de reformas y políticas destinadas a promover el empleo, desarrollar el mercado laboral, mejorar la protección social y ampliar el diálogo social, a pesar de los desafíos económicos, demográficos y de desarrollo que enfrenta nuestro país.
En lo que respecta a la política nacional de empleo, el Iraq ha elaborado una política nacional de empleo para el periodo 2026-2030, a través de un proceso de colaboración ampliado, que ha incluido a los órganos gubernamentales pertinentes, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, gracias a la asistencia técnica de la OIT. Al planificar esta política, hemos adoptado un enfoque integral que vincula el desarrollo económico, el empleo, el desarrollo de capacidades y la protección social. Esta política tiene como objetivo abordar los principales desafíos del mercado laboral, en particular el desempleo, el trabajo informal, la falta de participación de las mujeres y las desigualdades geográficas en las oportunidades de trabajo. Hemos completado varias etapas en la elaboración y ejecución de esta política. Actualmente estamos ultimando los trámites de aprobación gubernamental que aseguran una transición fluida a la fase de implementación con indicadores de desempeño claros y mecanismos de seguimiento y evaluación periódicos.
Con el fin de promover la coordinación y la complementariedad institucional en el ámbito del empleo, la formación profesional, la salud y la seguridad laboral, hemos diseñado una política nacional destinada a fomentar la coordinación entre las unidades descentralizadas encargadas de estas cuestiones en las provincias. Hemos finalizado la redacción de esta política. Se someterá al Gobierno para su aprobación. Esto reforzará los sistemas nacionales de empleo y formación profesional.
El mercado laboral y el sector informal se enfrentan a diversos retos que no son exclusivos del Iraq, sino que también afectan a muchas economías emergentes. En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha adoptado una serie de medidas encaminadas a fomentar la transición gradual a la economía formal. Entre ellas se incluye la condición de que, para poder acceder a determinados programas de financiación y créditos destinados a las pequeñas empresas, estas deben estar afiliadas a los regímenes de seguridad social y pensiones. Este enfoque contribuye a reforzar la protección de los trabajadores y la observancia de los requisitos de inscripción en el sistema de la seguridad social y pensiones, así como el cumplimiento de la legislación nacional.
También hemos iniciado la puesta en marcha de una estrategia nacional para la transición a la economía formal que abarca el periodo 2026-2030. De hecho, hemos creado un comité directivo tripartito integrado por varios ministerios, organismos gubernamentales, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, con el apoyo técnico de la OIT. El Gobierno prosigue con sus esfuerzos para desarrollar las instituciones del mercado de trabajo y mejorar los servicios prestados a los solicitantes de empleo y a los empleadores, así como para crear bases de datos y mecanismos de adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Esto contribuirá a aumentar la eficiencia del empleo y a mejorar las oportunidades de acceso al trabajo productivo.
El Gobierno presta especial atención a la cuestión del empoderamiento económico de las mujeres y en fomentar su participación en el mercado laboral. Basándonos en este compromiso, hemos elaborado programas de formación profesional dirigidos a las mujeres, con el fin de brindarles oportunidades para participar en programas de desarrollo, proyectos y programas de microfinanciación.
Mi delegación desea destacar que decenas de miles de mujeres han podido participar en programas de formación profesional en años anteriores. Este hecho refleja los esfuerzos constantes por empoderarlas y ofrecerles más opciones económicas. A pesar de ello, somos conscientes de que aún nos queda un largo camino por recorrer. Esto requiere más trabajo para abordar los obstáculos socioeconómicos que limitan la participación de las mujeres en las actividades económicas. De hecho, la política nacional de empleo aborda esta cuestión mediante una serie de medidas diseñadas para tal fin.
La cooperación entre el Iraq y la OIT ha sido un elemento muy importante en el apoyo a las reformas nacionales en los últimos años. A través del programa de trabajo decente y la cooperación técnica continua, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que han contribuido a promover la gobernanza, mejorar el funcionamiento de las instituciones del mercado laboral y ampliar las oportunidades de trabajo decente. Esta cooperación ha propiciado el desarrollo de una política nacional de empleo, a la promoción de programas de empleo intensivos en mano de obra, la mejora del entorno que apoya a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin olvidar los programas de transición económica equitativa y la integración de los colectivos más vulnerables en el mercado laboral, incluidas las mujeres, las personas desplazadas y los jóvenes. La cooperación con la OIT también ha permitido promover la gobernanza del mercado laboral mediante el desarrollo de marcos institucionales y políticos relacionados con el empleo, así como reforzar las capacidades nacionales en diversos ámbitos relacionados con el trabajo decente.
En lo que respecta a los derechos fundamentales en el trabajo, el Iraq ha continuado sus esfuerzos por desarrollar el marco legislativo de conformidad con las normas internacionales del trabajo. Actualmente estamos elaborando un proyecto de ley sobre seguridad y salud en el trabajo. Estamos ultimando las modificaciones legislativas relativas al Código del Trabajo y a la legislación sindical. Esto contribuye a mejorar el entorno laboral y a proteger los derechos y las libertades sindicales. También hemos tomado medidas importantes en la lucha contra el trabajo infantil. De hecho, hemos establecido mecanismos nacionales tripartitos para revisar las políticas y la legislación pertinentes. Hemos impulsado una estrategia nacional para combatir el trabajo infantil, de conformidad con los compromisos internacionales del Iraq y las observaciones de la OIT.
En el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, hemos implementado programas para reforzar las capacidades de los inspectores de trabajo. También hemos puesto en marcha la campaña «Trabajo seguro» en el sector de la construcción, dirigida a decenas de miles de trabajadores y empleadores, con el objetivo de establecer una cultura de prevención, cumplimiento normativo y mejora de las condiciones laborales. El desarrollo del sistema de protección social es una de las principales prioridades del Gobierno iraquí. En este sentido, en los últimos años hemos logrado avances concretos en la aplicación de la Ley núm. 18 sobre pensiones y seguridad social de los trabajadores. Se trata de un paso importante hacia la ampliación de la cobertura de la seguridad social. Estos esfuerzos nacionales, respaldados por la OIT y los interlocutores sociales, han dado lugar a un aumento del número de personas cubiertas por la seguridad social hasta superar el medio millón de trabajadores, de los cuales 161 000 contaban con dicha cobertura entre 2024 y 2025. Hemos logrado crear, por primera vez, un sistema de seguridad social opcional; 38 513 trabajadores y trabajadoras se afiliaron a este sistema de seguridad social durante el mismo periodo, lo que permitió que más trabajadores se beneficiaran de la protección social y favoreció la transición al empleo formal.
También hemos lanzado campañas de sensibilización y programas de apoyo institucional en las distintas provincias del Iraq con el fin de animar a la población a afiliarse a los sistemas de seguridad social y fomentar el cumplimiento de la legislación pertinente.
El diálogo social constituye un pilar fundamental que el Gobierno iraquí ha adoptado en la elaboración de sus políticas económicas y sociales. Partiendo de esta base, hemos creado el foro de diálogo social, en el que participan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empresarios. Este foro se ha convertido en el Foro Tripartito Nacional encargado del intercambio de información y las consultas en diversos ámbitos económicos y sociales, así como en materia de legislación y políticas relacionadas con el mercado laboral. Actualmente estamos trabajando para promover la institucionalización del foro mediante la creación de una secretaría tripartita, la elaboración de un reglamento interno y el establecimiento del marco legal necesario para el buen funcionamiento de dicho foro.
El Iraq, al igual que muchos países que salen de conflictos y complejos desafíos económicos y de seguridad, se enfrenta a importantes presiones provocadas por un rápido crecimiento de la población, un aumento de la proporción de jóvenes en la composición demográfica, los cambios económicos mundiales, así como el impacto del cambio climático en algunas de las actividades económicas, sin olvidar las transformaciones tecnológicas aceleradas que imponen nuevas exigencias al mercado laboral.
A pesar de estos retos, el Gobierno iraquí sigue adelante con su proyecto de reforma, cuyo objetivo es crear un mercado laboral más integral y sostenible, garantizar la diversificación de la economía nacional, reducir la dependencia del sector público como principal empleador y reforzar el papel del sector privado para generar oportunidades de empleo y crear un terreno fértil favorable a la inversión y la producción. En este contexto, el Gobierno está trabajando en el desarrollo de un sistema de información sobre el mercado laboral y en el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, estadísticas y análisis. Esto permite elaborar políticas basadas en datos contrastados e indicadores fiables, al tiempo que se fortalece la capacidad de las instituciones públicas para responder a las transformaciones económicas y sociales de manera más eficaz.
El Iraq cumple los compromisos contraídos en virtud de las disposiciones del Convenio núm. 122, y esto no se limita a la adopción de una política nacional de empleo, sino que se extiende también a la integración del empleo productivo y el trabajo decente como objetivo central de las políticas económicas y sociales del Estado. En este sentido, se están realizando esfuerzos para fortalecer la coherencia e integración entre las políticas de empleo, educación, formación profesional, protección social, inversión y desarrollo local, con el fin de garantizar un impacto concreto y duradero en las oportunidades de empleo, así como en la calidad de los puestos de trabajo.
Concedemos especial importancia a los jóvenes, que representan una gran parte de la población, a través de programas de inserción laboral, el desarrollo de capacidades y el apoyo a las pymes, consideradas el motor del desarrollo económico y social en el Iraq. Al mismo tiempo, seguimos esforzándonos por fomentar la participación de la mujer en la actividad económica, no solo mediante la formación y la adaptación, sino también eliminando los obstáculos institucionales y sociales que limitan su participación, y creando un entorno de trabajo seguro y equitativo que garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Estamos convencidos de que la consecución de los objetivos de ambos Convenios —los Convenios núms. 88 y 122— requiere una verdadera colaboración entre los Gobiernos, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Es este espíritu de colaboración el que nos esforzamos por consolidar a través de los mecanismos de diálogo social tripartito, que ahora ocupan un lugar más destacado y desempeñan un papel más eficaz en el proceso de elaboración de políticas públicas en el Iraq.
Queremos destacar que continuaremos nuestra cooperación con la OIT y nos beneficiaremos de su experiencia técnica y sus programas especializados. Esto contribuirá a desarrollar la legislación nacional, reforzar las capacidades institucionales, mejorar los indicadores del mercado laboral y promover oportunidades de trabajo decente para todos. La delegación iraquí reitera su pleno compromiso de seguir aplicando las recomendaciones formuladas por los órganos de control de la OIT, de promover el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y de facilitar la información y los informes requeridos de forma periódica y transparente. Hacemos hincapié en que el camino hacia la reforma en el Iraq es un proceso continuo, basado en el diálogo, la cooperación y la colaboración. Los avances logrados en los últimos años constituyen una base sólida sobre la que apoyarse durante la próxima fase, con miras a alcanzar un mercado laboral más justo y equitativo capaz de ofrecer oportunidades de trabajo decente a todos los ciudadanos.
Para concluir, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Comisión de Aplicación de Normas, a la Comisión de Expertos y a la OIT por su apoyo constante al Iraq, y esperamos que esta fructífera cooperación continúe, con el fin de promover los objetivos de justicia social, desarrollo sostenible y trabajo decente.
Miembros trabajadores: Es la primera vez que esta Comisión examina de manera integral la aplicación por parte del Iraq de los Convenios núm. 88 y núm. 122, junto con los instrumentos relacionados sobre desarrollo de competencias y licencia de estudios. Los miembros trabajadores recuerdan que el Convenio núm. 122 estableció la obligación general de aplicar una política activa encaminada a lograr el empleo pleno, productivo y libremente elegido. El Convenio núm. 88 establece el marco institucional básico mediante unos servicios públicos de empleo eficaces, mientras que los Convenios sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) y sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) complementan esta estructura reforzando el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente. A este respecto, los miembros trabajadores toman nota del esfuerzo del Gobierno por elaborar una nueva política nacional del empleo y de la creación de un equipo especializado en el seno del Comité Superior Tripartito para la Planificación y el Empleo de la Población Activa.
También tomamos nota del lanzamiento de la plataforma digital Mihan, que puede suponer un paso importante para mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral y reforzar los servicios públicos de empleo. Sin embargo, la Comisión de Expertos ha puesto claramente de relieve los retos persistentes y estructurales del mercado laboral iraquí, que siguen sin abordarse de manera adecuada. Entre ellos se encuentran el elevado desempleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes; una tasa de participación laboral femenina extremadamente baja, de alrededor del 10,8 por ciento, que es una de las más bajas del mundo, y una economía informal generalizada que afecta a más de dos tercios del empleo. Estas cifras ponen de manifiesto un déficit profundo y sistemático en el acceso a un empleo digno y productivo. A los miembros trabajadores les preocupa especialmente la continua exclusión de las mujeres del mercado laboral, así como el elevado nivel de vulnerabilidad que sufren los jóvenes, las personas desplazadas internamente y las personas con discapacidad.
Estas realidades exigen políticas de empleo específicas e inclusivas, respaldadas por servicios públicos de empleo eficaces, de conformidad con el Convenio núm. 88. Asimismo, observamos con preocupación que se ha facilitado poca información sobre las medidas concretas adoptadas para hacer frente a la economía informal y a las barreras estructurales que dificultan la participación en el mercado del trabajo, incluida la escasa cobertura de la legislación laboral y los sistemas de protección social, especialmente en las zonas rurales y periféricas. No obstante, los miembros trabajadores observan con inquietud problemas más generales y sistémicos que afectan al cumplimiento del Convenio núm. 122. Recordamos el marco jurídico obsoleto y restrictivo que regula los sindicatos, así como la exclusión de los sindicatos independientes de la consulta tripartita. Sin la libertad de los trabajadores para constituir y afiliarse a las organizaciones de su elección, sin la participación de los sindicatos independientes en los procesos nacionales de información y consulta, y sin el apoyo a la negociación colectiva, no es posible cumplir debidamente las obligaciones derivadas del artículo 3 del Convenio núm. 122 y del artículo 4 del Convenio núm. 88, a saber, la consulta tripartita sobre las políticas de empleo y la cooperación de los representantes de los empleadores y trabajadores en la organización y funcionamiento del servicio del empleo. Por lo tanto, los miembros trabajadores subrayan que la libertad sindical es una condición previa para el cumplimiento de los Convenios núms. 122 y 88, así como de otras normas de la OIT. Instamos al Gobierno a que subsane estas deficiencias con carácter de urgencia. Si bien reconocen los proyectos de cooperación internacional en curso, entre ellos el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) de la OIT, y las iniciativas relacionadas sobre inversión intensiva en empleo y reforma de la formación profesional, los miembros trabajadores subrayan que estos esfuerzos deben traducirse en resultados de empleo que sean coherentes, cuantificables y asumidos como propios a nivel nacional.
En lo que respecta a la formación profesional, tomamos nota de la información facilitada sobre las responsabilidades institucionales previstas en la legislación nacional. No obstante, lamentamos la falta de datos concretos sobre los resultados, el estado de reformas clave como el Consejo Nacional de Educación y Formación Técnica y Profesional, y el alcance de las consultas estructuradas con los interlocutores sociales. Un sistema de cualificaciones que funcione correctamente es indispensable para ajustar la oferta de mano de obra a la demanda y para que la política del empleo sea operativa en la práctica.
Los miembros trabajadores también recuerdan la importancia de la licencia pagada de estudios del Convenio núm. 140 como herramienta clave para facilitar el aprendizaje permanente y la empleabilidad. Por último, destacan que la eficacia de la política del empleo en el marco del Convenio núm. 122 depende de una sólida coordinación entre los servicios públicos de empleo, los sistemas de formación profesional y los sistemas integrales de información sobre el mercado laboral. En la actualidad, siguen existiendo importantes carencias en cuanto a la disponibilidad de datos, la coherencia de las políticas y la aplicación basada en datos empíricos.
Por consiguiente, los miembros trabajadores instan al Gobierno a:
  • reforzar la integración de su marco de políticas de empleo;
  • abordar con urgencia el marco jurídico obsoleto y restrictivo que regula los sindicatos y que afecta negativamente a la consulta tripartita representativa;
  • reforzar la infraestructura de sus servicios públicos de empleo;
  • ampliar el acceso efectivo a oportunidades de formación y mejora de las competencias, y
  • garantizar un diálogo social pleno y auténtico en el diseño y la aplicación de las políticas de empleo.
Miembros empleadores: Los miembros empleadores reconocen las obligaciones establecidas en el Convenio núm. 122, según las cuales los gobiernos deben proclamar y aplicar una política activa destinada a promover el pleno empleo productivo y libremente elegido. Una política de empleo tan activa estimula el crecimiento y el desarrollo económicos. Además, ayuda a los empleadores a satisfacer sus necesidades de mano de obra. Tal y como se establece en el Convenio, los miembros empleadores reconocen que la política debe tener debidamente en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado. La política también debe aplicarse mediante métodos que se adapten a las condiciones y prácticas nacionales. Consideramos que este debe ser el caso del Gobierno del Iraq, que ha sufrido inestabilidad y guerras en el pasado y cuya economía depende en exceso de las exportaciones de petróleo.
Observamos que varios convenios de la OIT complementan el requisito establecido en el Convenio núm. 122 relativo a una política nacional de empleo. Esto incluye un servicio público de empleo eficaz que facilite la adecuación entre la oferta y la demanda de mano de obra, tal y como se estipula en el Convenio núm. 88. También incluye políticas y programas integrales y coordinados de orientación y formación profesional, tal y como se establece en el Convenio núm. 142. Y, por último, incluye la concesión de licencias pagadas de estudios para que los trabajadores puedan cursar estudios de formación profesional, tal y como se recoge en el Convenio núm. 140.
Para empezar, queremos recordar la especial importancia del Convenio núm. 122 ya que trata sobre gobernanza. El Gobierno ratificó este Convenio en 1970. La Comisión de Expertos ya ha emitido tres observaciones anteriormente: en 2001, 2002 y 2023. Consideramos que el cumplimiento de este Convenio es importante para las empresas, los trabajadores y, en términos más generales, para el funcionamiento eficaz de las instituciones del mercado laboral.
Como se ha señalado con anterioridad, la relación entre los Convenios núms. 122 y 88 está bien fundamentada. Como indicó la Comisión de Expertos, el Convenio núm. 122 establece un marco general de política de empleo, mientras que el Convenio núm. 88 contribuye a sentar las bases institucionales a través de los servicios de empleo que facilitan la correspondencia entre la oferta y la demanda de mano de obra. El Gobierno ratificó el Convenio núm. 88, un convenio técnico, en 1951. La Comisión de Expertos ya se pronunció sobre este Convenio en una ocasión, en 2017. En su observación, la Comisión de Expertos se refirió a los Convenios núms. 140 y 142, ambos ratificados en 1978. Ambos Convenios son de carácter técnico. Es la primera vez que la Comisión debate la aplicación de los Convenios núms. 122 y 88 por parte del Iraq.
La Comisión de Expertos planteó cuatro cuestiones principales en su observación. En primer lugar, debatió la importancia de la declaración y la aplicación de una política nacional de empleo, tanto en la legislación como en la práctica. Se basó en las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que expresó su preocupación por el aumento del desempleo, la sobrerrepresentación de los grupos desfavorecidos y marginados entre los desempleados, la baja tasa de participación laboral de las mujeres y la magnitud de la economía informal. Estos datos ponen de manifiesto que las tendencias en materia de empleo siguen sin mejorar a pesar de la política nacional de empleo vigente.
En respuesta, los miembros empleadores señalan que el Gobierno ha tomado medidas para elaborar una nueva política nacional de empleo que incluye disposiciones relacionadas con el empleo y la formación. Entendemos que se trata de una versión actualizada de la política mencionada en la observación de la Comisión de Expertos de 2017. Entendemos, asimismo, que el Gobierno se encuentra actualmente inmerso en un proceso de reforma del Código del Trabajo (Ley núm. 37 de 2015). Los miembros empleadores señalan que, para tal fin, se ha creado un equipo especializado en el seno del Comité Superior Tripartito para la Planificación y el Empleo de la Población Activa. También destacan la importancia del diálogo social y la consulta entre los interlocutores sociales en relación con la definición y la aplicación de la nueva política nacional de empleo y la reforma de la legislación laboral. Los miembros empleadores animan al Gobierno a que siga cooperando con la OIT en lo que respecta a su política nacional de empleo, entre otras cosas a través del Programa de Trabajo Decente por País, el programa de inversiones intensivas en empleo y la alianza PROSPECTS. Animamos al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica en lo que respecta a la política nacional de empleo y todos los convenios afectados. Estos avances constructivos deben ser reconocidos. No obstante, somos conscientes de que persisten retos importantes en el mercado laboral iraquí, entre ellos los elevados niveles de economía sumergida, así como la baja participación y el subempleo de las mujeres en la población activa.
En segundo lugar, y en lo que respecta al Convenio núm. 88, los miembros empleadores destacan el lanzamiento de la plataforma digital nacional Mihan, destinada a facilitar la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Esta plataforma pone en contacto a personas en busca de empleo y titulados de formación profesional con las empresas, con el fin de mejorar la integración laboral. Reconocemos que esta iniciativa tiene el potencial de poner en práctica los servicios de empleo. Sin embargo, observamos que el Gobierno ha proporcionado información limitada al respecto.
En tercer lugar, en relación con el Convenio núm. 142, los miembros empleadores toman nota de la información facilitada por el Gobierno sobre la función del departamento de formación profesional y empleo en virtud de la Ley núm. 182 de 2018 que identifica las necesidades del mercado laboral en cuanto a profesiones, tipos de trabajo y competencias requeridas, y desarrolla las capacidades de los solicitantes de empleo mediante cursos de formación. Los miembros empleadores reconocen que la puesta en práctica de estas iniciativas permitiría, en la práctica, que los trabajadores pudieran optar a puestos de trabajo adecuados a sus competencias. Sin embargo, sigue sin haber suficiente información sobre su aplicación en la práctica.
Por último, la Comisión de Expertos señaló que el Gobierno tiene la intención de denunciar el Convenio núm. 140, relativo al desarrollo y la aplicación de políticas de licencia pagada de estudios, con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores a la educación y la formación. Al igual que la Comisión de Expertos, recordamos al Gobierno que debe cumplir con el Convenio núm. 140, ya que aún no se ha hecho efectiva ninguna denuncia. También quisiéramos recordar al Gobierno que las denuncias solo pueden presentarse durante un breve plazo tras la expiración de un periodo inicial de diez años a partir de la fecha en que el Convenio entró en vigor por primera vez. Por lo tanto, los Estados Miembros deberían examinar detenidamente estos plazos a la hora de ratificar los Convenios de la OIT y asegurarse de que pueden aplicar sus disposiciones mediante evaluaciones minuciosas previas a la ratificación.
Los miembros empleadores señalan que el objetivo de un empleo pleno, productivo y libremente elegido requiere productividad, crecimiento y un entorno empresarial propicio para la creación de oportunidades de empleo. El Gobierno debe facilitar y crear un entorno favorable para el crecimiento y la resiliencia de las empresas mediante una política nacional de empleo centrada en el trabajo y la formación, que incluya servicios de empleo sólidos, así como formación profesional y educación. De este modo se garantizará la generación de crecimiento y empleo productivo.
Interpretación del árabe: Miembro empleador, Iraq: En primer lugar, quisiera agradecer a la OIT su apoyo constante a la República del Iraq y los programas de cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades, lo que ha contribuido a promover el diálogo social y a reforzar los principios del trabajo decente. También quisiéramos rendir homenaje a la Comisión de Expertos y a la Comisión de apoyo a los Estados. En lo que respecta a la situación del Iraq y al Convenio núm. 88 y al Convenio núm. 122, nos gustaría señalar que el Iraq ha puesto en marcha actualmente reformas sustanciales para desarrollar el mercado laboral, promover las oportunidades de empleo y mejorar el marco legislativo e institucional. En efecto, el Gobierno, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y empleadores, ha establecido un diálogo auténtico para desarrollar la legislación vigente, en particular el Código del Trabajo núm. 37 de 2015, con el fin de responder a las necesidades del mercado y del desarrollo sostenible.
En la actualidad, estamos convencidos de que este tipo de diálogo contribuirá a mejorar la legislación y el mercado laboral en el Iraq. La creación del foro de diálogo social supuso un paso hacia una verdadera colaboración tripartita que hoy permite encontrar soluciones en materia de empleo y mercado laboral a través del diálogo, la cohesión y la colaboración para satisfacer las necesidades del mercado laboral en el Iraq.
Por otra parte, se sigue trabajando arduamente para desarrollar y modernizar los servicios de empleo, a fin de establecer un vínculo entre la oferta y la demanda en el mercado laboral y cumplir así los objetivos del Convenio núm. 88. A la luz de los retos económicos y los cambios que están experimentando los países, el progreso continúa y los empleadores del Iraq están convencidos de que alcanzar los objetivos de ambos Convenios requiere una colaboración entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, que incluya la cooperación técnica, el intercambio de conocimientos especializados y el fortalecimiento de las capacidades. Esta labor sigue adelante. Los avances logrados y la voluntad tripartita que existe hoy en día para continuar con la reforma merecen todo su apoyo, con objeto de modernizar las oportunidades de empleo y el mercado de trabajo para responder a las necesidades de nuestros ciudadanos. Por último, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con el Gobierno iraquí, las organizaciones de empleadores y trabajadores, así como con la OIT, para garantizar el cumplimiento de los Convenios núms. 88 y 122.
Interpretación del árabe:Miembro gubernamental, Libia, hablando en nombre del grupo de los Estados Árabes: Libia tiene el placer de intervenir en nombre del grupo de los Estados Árabes, y quisiéramos rendir homenaje y dar las gracias al Gobierno por su informe sobre los dos Convenios: el Convenio núm. 88 y el Convenio núm. 122. El grupo de los Estados Árabes ha seguido de cerca la presentación del Gobierno, y hemos tomado nota de todos los esfuerzos que se están realizando actualmente con el fin de desarrollar las instituciones laborales a pesar de las dificultades económicas y sociales, y para alinearlas con el desarrollo, lo que demuestra un compromiso genuino con el desarrollo, la reforma y la promoción del trabajo decente.
El grupo de los Estados Árabes celebra los avances logrados, en particular la elaboración de una política nacional de empleo para el periodo 2026-2030, fruto de un diálogo tripartito participativo, en colaboración con la OIT. Este compromiso y un enfoque participativo ponen de manifiesto el compromiso del país con el Convenio núm. 122 y reflejan una visión nacional integral para encontrar soluciones tripartitas a los problemas relacionados con el empleo. Acogemos con satisfacción los esfuerzos destinados a establecer un vínculo entre quienes buscan empleo y las necesidades del mercado, facilitar la transición del sector informal al formal y ampliar la cobertura de la protección social.
El grupo de los Estados Árabes desea asimismo rendir homenaje a los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover el diálogo social tripartito, y en particular a la creación de un foro nacional de diálogo social, que representa un progreso real, un avance institucional que incluye a todas las partes interesadas del sector del empleo. Por último, animamos al Iraq a que continúe su colaboración con la OIT y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales, impulsar las reformas y lograr el trabajo decente para todos.
Miembro gubernamental, Bangladesh: Observamos que el Iraq sigue trabajando intensamente para desarrollar su mercado laboral y sus instituciones, así como para reforzar las políticas de empleo. Reconocemos que el Iraq se esfuerza por adoptar medidas ante los complejos retos económicos, las condiciones sociales y los problemas de desarrollo acumulados. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por los avances logrados en la elaboración de la Política Nacional de Empleo para el periodo 2026-2030. También cabe destacar que este documento se elaboró a través de un diálogo participativo en el que intervinieron los trabajadores, los empleadores y los Gobiernos. Esto refleja el compromiso con las disposiciones del Convenio núm. 122, un compromiso para abordar el desempleo y fomentar el desarrollo de habilidades. También queremos aplaudir las iniciativas emprendidas para reforzar las instituciones del mercado laboral, en particular las destinadas a ampliar los programas de formación profesional y adaptarlos a las necesidades de la economía. Tomamos nota de las medidas adoptadas para fomentar la transición gradual de la economía informal a la economía formal.
Observamos asimismo la ampliación de la cobertura de la protección social y el aumento del número de personas afiliadas a la seguridad social. Destacamos la importancia de las medidas adoptadas por el Iraq para fortalecer, en particular, el diálogo social tripartito. La creación del Foro Nacional de Diálogo Social supone un importante avance institucional que, en nuestra opinión, tiene el potencial de mejorar la participación de los interlocutores sociales en las políticas relativas al mercado laboral y al trabajo digno.
Miembro gubernamental, República Islámica del Irán: La delegación de la República Islámica del Irán desea reconocer los esfuerzos desplegados por el Iraq para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de los Convenios núms. 88 y 122. Reconocemos que el Iraq opera en un entorno socioeconómico complejo y valoramos positivamente las medidas concretas que ha adoptado para reforzar sus servicios de empleo y promover una política nacional de empleo coherente. La elaboración de la Política Nacional de Empleo para el periodo 2026-2030, llevada a cabo mediante consultas y en colaboración con la OIT, refleja un compromiso genuino con una gobernanza inclusiva y participativa del mercado laboral. Asimismo, reconocemos los continuos esfuerzos del Iraq por ampliar la formación profesional, extender la cobertura de la protección social y apoyar la transición de los trabajadores de la economía informal a la formal, todos ellos componentes esenciales de una política de empleo sostenible en consonancia con el Convenio núm. 122.
Además, la creación del Foro Nacional de Diálogo Social constituye un avance institucional significativo que refuerza la voz de los trabajadores y los empleadores a la hora de definir las políticas de trabajo decente. La República Islámica del Irán anima al Iraq a seguir por este camino y respalda la colaboración constructiva entre el Gobierno del Iraq y los órganos de control de la OIT. Confiamos en que las deliberaciones de la Comisión contribuyan de forma positiva a las iniciativas de reforma que se están llevando a cabo en el Iraq.
Miembro trabajadora, España: El Convenio núm. 122 exige consulta y cooperación en la elaboración de políticas de empleo. El Convenio núm. 88 se basa en instituciones del mercado laboral que respondan a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y de sus representantes. Por consiguiente, la aplicación de estos dos importantes Convenios depende de la existencia de organizaciones sindicales representativas que puedan participar libre y eficazmente en la gobernanza del mercado laboral. El informe sindical presentado en este caso plantea serias preocupaciones sobre la continua exclusión de los sindicatos independientes de importantes instituciones y mecanismos de consulta del mercado laboral iraquí.
Asimismo, destaca la preocupación por el trato desigual entre las organizaciones sindicales y la concentración de la representación en estructuras que no reflejan plenamente el pluralismo sindical. Los sindicatos independientes iraquíes han exigido igualdad de reconocimiento y participación en los órganos responsables de la planificación del empleo, la gobernanza del mercado laboral, la protección social, la formación profesional y los servicios de empleo. Así los trabajadores y trabajadoras deben tener la libertad de elegir a sus representantes y todas las organizaciones representativas deben poder participar en igualdad de condiciones. La cuestión no se limita a los derechos, afecta directamente a la eficacia de la política de empleo. Las instituciones del mercado laboral se fortalecen cuando se benefician de las diversas perspectivas y experiencias de los trabajadores.
Excluir a las organizaciones representativas debilita la consulta y sin duda reduce la confianza en las instituciones públicas. El movimiento sindical ha defendido sistemáticamente que un tripartismo genuino exige igualdad entre las organizaciones sindicales representativas y el fin de las prácticas que dan como resultado la exclusión, la discriminación o el monopolio de la representación de la clase trabajadora. Así los Convenios núms. 122 y 88 no pueden aplicarse plenamente si se niega a las organizaciones representativas de los trabajadores el acceso equitativo a los procesos de consulta y toma de decisiones. La clase trabajadora iraquí merece una representación y participación genuina. Instamos por tanto al Gobierno a garantizar la igualdad de trato para todas las organizaciones sindicales representativas, a reconocer a los sindicatos independientes como interlocutores sociales legítimos, y a garantizar su participación en todas las instituciones relacionadas con la política y los servicios de empleo.
Miembro gubernamental, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Agradecemos a la Comisión de Expertos su Informe sobre el cumplimiento por parte del Iraq de los Convenios núms. 88 y 122, así como al Gobierno del Iraq por haber facilitado información sobre su aplicación. El Reino Unido reconoce la colaboración constructiva del Iraq con la OIT, entre otras cosas a través del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP). Son bienvenidos las labores que se están realizando para diseñar una política nacional de empleo integral, ya que supondrían un paso importante para aumentar la participación en la población activa, especialmente en el sector privado. El lanzamiento de la plataforma digital Mehan es otro ejemplo alentador de innovación digital destinada a facilitar la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. También se reconoce la colaboración continua del Iraq con sus socios internacionales para reforzar los servicios de empleo y poner en marcha medidas para mejorar los medios de subsistencia. Las iniciativas centradas en el asesoramiento laboral, el desarrollo de competencias y la promoción de entornos de trabajo seguros e inclusivos están reforzando la capacidad institucional, lo que contribuye a obtener una participación más eficaz e inclusiva en el mercado laboral. El Reino Unido toma nota de las preocupaciones expresadas por la Comisión en relación con los retos estructurales persistentes en el mercado laboral. Continúan las altas tasas de desempleo, que afectan de manera desproporcionada a los colectivos desfavorecidos y marginados. La participación laboral femenina sigue siendo una de las más bajas del mundo, y la dependencia del empleo en el sector público continúa siendo considerable, junto con un sector informal de gran envergadura donde los trabajadores no están protegidos por la legislación laboral ni por la protección social. Será fundamental seguir trabajando para reforzar la legislación laboral y las condiciones de trabajo en el Iraq, con el fin de respaldar la estabilidad y la diversificación económicas y fomentar el tan necesario desarrollo del sector privado. Esto incluye mejorar la eficacia de los servicios públicos de empleo, potenciar la capacidad para poner en contacto a los demandantes de empleo con las ofertas de trabajo, fortalecer la coordinación entre los servicios de empleo, los sistemas de formación y las empresas, y proporcionar datos e informes.
El Reino Unido anima al Gobierno del Iraq a que considere la adopción de medidas específicas y activas en el marco de las políticas de empleo que permitan apoyar el acceso de las mujeres a un trabajo seguro y decente, y aumentar la participación en el mercado laboral de los grupos tradicionalmente infrarrepresentados, hacer frente a la informalidad del trabajo, entre otras cosas, mediante iniciativas continuas destinadas a formalizar la población activa y fomentar el registro, impulsar y aplicar una política nacional de empleo coherente e integrada que respalde la diversificación económica y el desarrollo del sector privado y, finalmente, seguir colaborando de manera constructiva con la OIT y aprovechar la asistencia técnica disponible. Con un compromiso y un apoyo constantes por parte de socios como la OIT, es posible lograr avances significativos en la mejora de los resultados del mercado laboral, lo que a su vez ayudará al Iraq a aumentar el desarrollo del sector privado, fundamental para su diversificación económica. El Reino Unido espera que el próximo informe del Iraq ponga de manifiesto avances concretos a la hora de abordar estos retos y de cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de los Convenios núms. 88 y 122.
Miembro trabajador, Francia: El Convenio núm. 122 exige la aplicación de una política de empleo destinada a garantizar a todos un empleo pleno, productivo y libremente elegido. Por su parte, el Convenio núm. 88 exige el establecimiento de servicios de empleo accesibles y adaptados a las necesidades de todos los trabajadores y solicitantes de empleo. Sin embargo, la Comisión de Expertos ha destacado las dificultades persistentes a las que se enfrentan las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral. Las mujeres siguen estando claramente infrarrepresentadas en el mercado laboral, mientras que muchos jóvenes siguen enfrentándose al desempleo, a la precariedad y a unas oportunidades limitadas de conseguir un empleo digno.
Los sindicatos independientes subrayaron que estos retos no pueden superarse con medidas aisladas. Requieren políticas de empleo integrales elaboradas en el marco de una consulta genuina con los trabajadores y sus organizaciones representativas.
Las mujeres y los jóvenes suelen ser los primeros afectados por el desempleo y el empleo precario. De hecho, están sobrerrepresentados en las formas de empleo precario y corren un mayor riesgo de quedar excluidos de las oportunidades del mercado laboral.
El Convenio núm. 122 exige la aplicación de políticas que beneficien a todos los trabajadores, y no solo a aquellos que ya cuentan con un empleo estable. Del mismo modo, el Convenio núm. 88 insta al Gobierno a establecer servicios de empleo accesibles para todos y capaces de ayudar a los grupos vulnerables a acceder a oportunidades de empleo. El movimiento sindical hizo hincapié en que las políticas de empleo deberían diseñarse en consulta con las organizaciones representativas de los trabajadores. Esto es especialmente importante a la hora de elaborar medidas cuyo objetivo sea mejorar las oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Reafirmamos con determinación que las organizaciones de trabajadores conocen de primera mano los obstáculos que existen en el mercado laboral y pueden contribuir a encontrar soluciones más eficaces e inclusivas. El futuro del mercado laboral iraquí depende de que se garantice que las mujeres y los jóvenes no queden marginados. Su participación es fundamental para el desarrollo económico, la estabilidad social y el crecimiento sostenible del empleo.
Instamos al Gobierno a que, en consulta con las organizaciones de trabajadores independientes, elabore medidas específicas encaminadas a aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres y los jóvenes trabajadores y a garantizar la igualdad de acceso a los servicios de empleo, de conformidad con los Convenios núms. 122 y 88. Por último, instamos al Gobierno a que organice y celebre, esta vez de forma efectiva, el foro sobre el diálogo social que prometió el año pasado. Este deberá reunir en torno a la mesa a todas las organizaciones sindicales independientes del país. Esa es la condición indispensable para intercambiar ideas y emprender acciones significativas sobre la situación de las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral.
Miembro trabajador, Finlandia: Hablo en nombre de los sindicatos nórdicos. Aunque este caso se refiere a la aplicación de los Convenios núm. 122 y núm. 88 en el Iraq, hay una cuestión más profunda en juego. Estos Convenios no pueden aplicarse realmente a menos que se respete por completo la libertad sindical, tanto en la legislación como en la práctica. El Convenio núm. 122 exige una política activa encaminada a lograr el empleo pleno, productivo y libremente elegido. El Convenio núm. 88 exige la existencia de un servicio público de empleo que funcione de manera eficaz, equitativa y en interés público. Ambos Convenios requieren asimismo la participación genuina de representantes de los trabajadores y los empleadores en el diseño, el funcionamiento y la supervisión de estas políticas e instituciones. El requisito es explícito. El artículo 3 del Convenio núm. 122 establece la obligación de consultar a los representantes de las personas afectadas, en particular a los empresarios y a los trabajadores. El artículo 4 del Convenio núm. 88 exige la cooperación con dichos representantes en la organización y el funcionamiento de los servicios de empleo. No se trata de detalles de procedimiento, sino de condiciones esenciales para su aplicación. Por lo tanto, las preocupaciones que atañen a la esencia misma de la libertad sindical en el Iraq son inseparables de este caso. La libertad sindical es una condición previa para el cumplimiento de los Convenios núms. 122 y 88. Cuando los trabajadores no pueden crear libremente organizaciones de su elección ni afiliarse a ellas, la consulta no puede ser genuina. Cuando los sindicatos independientes no pueden funcionar de manera efectiva, la cooperación no puede resultar provechosa.
Sin una consulta y una cooperación auténticas, la aplicación tanto en la legislación como en la práctica es sencillamente imposible. Las consecuencias para la vida cotidiana de los trabajadores son directas. Los servicios públicos de empleo deben ser transparentes, responsables y accesibles. Los trabajadores deben poder confiar en que el acceso al empleo se basa en criterios objetivos, y no en el favoritismo, el clientelismo, la influencia política o la desigualdad de trato. Estas son preocupaciones que los sindicatos independientes del Iraq han planteado desde hace mucho tiempo. Sin organizaciones de trabajadores independientes, no hay ninguna forma eficaz de supervisar si los servicios de empleo funcionan de manera justa. Sin una participación sindical auténtica, no existe ninguna garantía creíble de que las instituciones respondan a las necesidades de los trabajadores en lugar de a intereses administrativos o políticos. La mera existencia de organismos, leyes o decretos no basta para cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio núm. 88. Y lo mismo se aplica al Convenio núm. 122. Una política nacional de empleo no puede considerarse que cumpla sustancialmente con los requisitos si las personas más afectadas por el desempleo, la economía informal y la exclusión no pueden participar a través de organizaciones independientes de su propia elección.
Si la voz de los trabajadores se ve restringida o monopolizada, la formulación de políticas no puede reflejar la realidad de los trabajadores y la consulta corre el riesgo de convertirse en una mera formalidad. Esto debería ser una de las principales preocupaciones de esta Comisión. La ausencia de plena libertad sindical no solo plantea problemas con respecto a las propias normas de la libertad sindical, sino que socava los mecanismos a través de los cuales se pretende que funcionen los Convenios núms. 88 y 122. Y cuando el derecho de sindicación no está garantizado de forma efectiva, no se cumplen los requisitos legales para la aplicación de estos Convenios.
Interpretación del árabe: Miembro gubernamental, Marruecos: Quisiera comenzar dando las gracias a los miembros de la Comisión de Expertos por su informe, recomendaciones y comentarios. Todo ello no puede sino contribuir a la correcta aplicación de las normas internacionales del trabajo. También quisiera agradecer al Gobierno sus explicaciones y la información detallada sobre estos dos Convenios.
Hemos escuchado con mucha atención todo lo que se ha dicho. Hemos tomado buena nota de que el Iraq sigue desarrollando instituciones orientadas al mercado de trabajo, lo que nos indica que estas políticas se basan en el desarrollo de instituciones capaces de abordar las dificultades sociales y económicas. También se nos proporcionó una descripción de las políticas definidas para el periodo 2026-2030. Estas políticas se pusieron en marcha mediante un enfoque de colaboración con empleadores y trabajadores, y con el apoyo de la OIT, lo que demuestra un claro compromiso en favor de la promoción del empleo productivo y libre, y el fomento de los recursos humanos, de conformidad con los objetivos del Convenio núm. 122.
Celebramos todos los esfuerzos que se están realizando para impulsar la formación profesional y la formación técnica, así como la conexión entre estas y el mercado laboral. Se trata de un proceso de transición que debe permitir pasar de la economía informal a la economía formal. Todo esto ha allanado el camino para la adopción de medidas de protección social y permite, además, ampliar la participación de los interlocutores sociales en la aplicación de las políticas relativas al trabajo decente. Para concluir, consideramos que las iniciativas emprendidas por el Iraq merecen nuestro apoyo y que la Oficina debe hacer un seguimiento de las mismas, a fin de que esta pueda brindar asistencia técnica y facilitar la plena aplicación de estos dos Convenios.
Miembro trabajadora, Australia: Tomo la palabra en nombre del movimiento sindical australiano. Nos preocupa profundamente la observación de la Comisión de Expertos según la cual el desempleo está aumentando en el Iraq. El desempleo afecta de manera desproporcionada a los trabajadores marginados, entre ellos las trabajadoras y los trabajadores de las zonas rurales y periféricas. A la hora de buscar empleo, muchas personas se ven obligadas a incorporarse a la economía informal, donde a menudo reciben salarios insuficientes, carecen de protección jurídica y están expuestas a condiciones de trabajo peligrosas y no reguladas.
La expansión de la economía informal constituye una violación sistemática de los derechos laborales fundamentales, así como un desafío para la justicia social con implicaciones de gran alcance. A medida que cada vez más trabajadores se ven abocados a formas de empleo precarias y no reguladas, la desigualdad se agrava y erosiona la cohesión social. La economía sumergida también supone una desventaja competitiva para las empresas que cumplen la normativa, lo que debilita los cimientos de un desarrollo económico justo y sostenible. Por consiguiente, abordar la economía informal es fundamental para promover un crecimiento inclusivo, fortalecer las instituciones democráticas y fomentar una mayor estabilidad social y económica. Las trabajadoras se enfrentan a obstáculos especialmente difíciles para acceder a un trabajo decente, entre los que se incluyen la discriminación estructural, el acceso limitado a la educación y la formación, y las normas sociales restrictivas que limitan su participación en el mercado laboral.
Como resultado, las mujeres están sobrerrepresentadas en el empleo informal y precario, donde son más vulnerables a la explotación y el acoso. Es fundamental adoptar medidas específicas para romper el ciclo de inseguridad económica y exclusión de las mujeres. El Gobierno tiene la obligación de aplicar una política activa destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, de conformidad con el Convenio núm. 122, y de prestar servicios de empleo eficaces que pongan a los trabajadores en contacto con oportunidades de trabajo decente, con arreglo al Convenio núm. 88. No obstante, la Comisión de Expertos señala que el Gobierno no ha facilitado información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los retos del mercado laboral ni sobre las medidas destinadas a promover el empleo de los trabajadores marginados. Instamos al Gobierno a que colabore con las autoridades e informe sobre las condiciones del mercado laboral, así como sobre el desarrollo de una política nacional de empleo integral.
Para hacer frente a la economía sumergida se requiere un diálogo social auténtico, una participación significativa de los trabajadores y una gobernanza más sólida del mercado laboral. Los trabajadores de la economía informal se encuentran entre los más vulnerables y sus opiniones deben ser fundamentales en cualquier diálogo del Gobierno con los representantes de los trabajadores. Sin embargo, los sindicatos independientes denuncian que siguen sufriendo restricciones, ya que el Gobierno continúa concediendo derechos de representación exclusivos a un único sindicato. Las restricciones persistentes al pluralismo sindical siguen obstaculizando la libertad sindical. Urgimos al Gobierno a que garantice la igualdad de derechos y protecciones para todos los sindicatos, tanto en la legislación como en la práctica, y a que colabore con ellos para hacer extensivas las protecciones jurídicas, sociales y laborales a todos los trabajadores.
Miembro trabajador, Kenya: El Convenio núm. 122 exige una política activa encaminada a lograr el empleo pleno, productivo y libremente elegido. El Convenio núm. 88 exige la existencia de servicios públicos de empleo eficaces, capaces de ayudar a los trabajadores a acceder a oportunidades de empleo. Sin embargo, la implementación de estos Convenios no puede analizarse únicamente en términos de programas, instituciones o estadísticas. La cuestión central es si los propios trabajadores participan de verdad en la elaboración de las políticas que afectan a sus vidas.
Los sindicatos independientes del Iraq han subrayado en repetidas ocasiones que las políticas de empleo suelen debatirse y aprobarse sin una participación efectiva de los representantes de las organizaciones de trabajadores. Esta preocupación atañe al núcleo y al propósito de los Convenios núms. 122 y 88. Las políticas de empleo no pueden tener éxito si los trabajadores no participan en el proceso de toma de decisiones, y los servicios de empleo no pueden responder plenamente a las necesidades de los trabajadores si sus representantes quedan excluidos de las instituciones del mercado laboral. Los trabajadores no son meros beneficiarios de las políticas de empleo. Son los principales actores del mercado laboral. Se enfrentan al desempleo. Sufren condiciones laborales precarias. Reciben salarios bajos y experimentan la economía sumergida a diario. Sus organizaciones poseen conocimientos y experiencia valiosos que deberían contribuir al desarrollo de estrategias de empleo y reformas del mercado laboral. El movimiento sindical también ha expresado su preocupación por la exclusión de los sindicatos independientes de los comités e instituciones encargados de definir las políticas de empleo.
Esta exclusión debilita la confianza, reduce la rendición de cuentas y menoscaba la legitimidad de la gobernanza del mercado laboral. El Convenio núm. 122 reconoce la importancia de la consulta y la cooperación en materia de política de empleo. El Convenio núm. 88 también se basa en instituciones del mercado laboral que respondan a las necesidades de los trabajadores. Estos objetivos no pueden alcanzarse sin la participación efectiva de organizaciones de trabajadores representativas e independientes. Ninguna política de empleo puede considerarse verdaderamente inclusiva si se niega a los trabajadores la posibilidad de participar de forma significativa en su elaboración y aplicación. Por lo tanto, instamos encarecidamente al Gobierno a que reconozca a las organizaciones de trabajadores independientes como socios de pleno derecho en la formulación, la implementación y el seguimiento de las políticas y los servicios de empleo.
Observadora, Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM): La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera agradece al Gobierno su informe y acoge con satisfacción esta oportunidad de debate en el marco de los Convenios núms. 88 y 122. El Convenio núm. 122 exige que se aplique una política de empleo activa destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, y el Convenio núm. 88 establece que los servicios públicos de empleo eficaces apoyen a los trabajadores en el acceso a oportunidades de empleo. El éxito de la aplicación de estos Convenios no puede medirse únicamente por el número de puestos de trabajo creados o el número de trabajadores inscritos en los servicios de empleo. La verdadera cuestión es si los trabajadores están teniendo acceso a un trabajo digno y si tienen una influencia relevante en la definición de las políticas que afectan a su vida laboral. La Comisión ha destacado una serie de retos importantes a los que se enfrenta el Iraq en el mercado laboral, entre los que se incluyen el elevado desempleo, la informalidad generalizada y la participación especialmente baja de las mujeres en el mercado de trabajo.
Estos retos demandan respuestas políticas integrales y coordinadas que tengan como eje central la inclusión en el trabajo decente y la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la ICM aplaude los esfuerzos por desarrollar políticas nacionales de empleo y fortalecer los servicios de empleo. Asimismo, destacamos la importancia de velar por que los programas de formación profesional estén alineados con las necesidades del mercado laboral y apoyen a los trabajadores, en particular a las mujeres jóvenes, los jóvenes y las personas con discapacidad, así como a otros grupos que se enfrentan a obstáculos para acceder al empleo. Para los trabajadores de los sectores de la construcción, los materiales de construcción y la madera, estas cuestiones revisten especial importancia. Las oportunidades de empleo generadas a través de la reconstrucción, el desarrollo de infraestructuras y la inversión deben traducirse en empleos dignos, oportunidades de formación adecuadas y medios de vida sostenibles, en lugar de trabajo precario e informal.
Para lograr un trabajo decente, los trabajadores también necesitan organizaciones representativas capaces de defender sus intereses a la hora de participar en la gobernanza del mercado laboral. Los sindicatos independientes han expresado su preocupación por la exclusión de las organizaciones representativas de los trabajadores de importantes instituciones del mercado laboral y de los procesos de consulta. Asimismo, han destacado la necesidad de que se garantice la igualdad de trato entre las organizaciones sindicales, un pluralismo sindical auténtico y el reconocimiento de los sindicatos independientes como interlocutores sociales legítimos. La ICM subraya la importancia de contar con mecanismos eficaces de diálogo social que reúnan a Gobiernos, empresarios y organizaciones representativas de los trabajadores en pie de igualdad. Este diálogo es esencial para abordar el desempleo, la economía sumergida, las desigualdades en el mercado laboral, la escasez de mano de obra cualificada y otros retos laborales a los que se enfrenta el Iraq. El trabajo decente requiere derechos, representación y participación. Así pues, urgimos al Gobierno a que siga desarrollando sus políticas nacionales de empleo en consulta con los interlocutores sociales, reforzando los servicios de empleo y los programas de desarrollo de competencias, y a que garantice la plena participación de las organizaciones de trabajadores independientes en la política de empleo, los servicios de empleo y la gobernanza del mercado laboral, de conformidad con los Convenios núms. 88 y 122.
Observadora, Internacional de la Educación (IE): Los Convenios núms. 122 y 88 son claros. La política de empleo debe basarse en una consulta auténtica. Esto no es opcional. Sin embargo, en el Iraq, los sindicatos independientes denuncian la existencia de normativas restrictivas y el funcionamiento deficiente del foro de diálogo tripartito. Las consultas siguen siendo irregulares, limitadas y con demasiada frecuencia simbólicas y esto debe cambiar. Las organizaciones representativas de los trabajadores tienen derecho a participar de forma plena, periódica y significativa en las consultas sobre políticas de empleo, reformas del mercado laboral, formación profesional, desarrollo profesional continuo y protección social. Cualquier cosa que no sea así socava el propio objetivo de los Convenios que estamos debatiendo hoy. Las políticas que se elaboren sin una participación auténtica de los trabajadores no responderán a las realidades que se viven en los lugares de trabajo y las comunidades. La IE, en representación de los trabajadores del sector educativo, quiere destacar que la educación, las competencias y las habilidades son fundamentales para las políticas de empleo. Sin una inversión sostenida en la educación pública, el profesorado y sistemas de formación inclusivos, el Iraq no podrá hacer frente a los retos de desarrollo mencionados por el Gobierno, como el desempleo, la economía informal, las disparidades geográficas, el cambio climático, el trabajo infantil y la igualdad de género.
Un auténtico diálogo social tripartito es esencial para diseñar políticas que den resultado. Eso significa que todos los sindicatos representativos e independientes deben estar presentes en la mesa de negociaciones, y no solo unos pocos seleccionados. El Gobierno subrayó que el Iraq está comprometido y se encuentra en un momento propicio para promover el trabajo decente para todos y la reforma de la gobernanza del mercado laboral. Ahora es necesario que los principios de los Convenios núms. 122 y 88 se reflejen en la práctica.
Interpretación del árabe: Representante gubernamental: Antes de comenzar a leer el texto preparado que tengo ante mí, debo reconocer que este debate interactivo debe continuar, y que acogemos estas observaciones con apertura y agradecimiento. No tenemos nada que ocultar en lo que respecta a la realidad, los desafíos y las medidas que estamos adoptando. En cada ocasión, consultamos con las organizaciones afectadas.
Por otro lado, he escuchado algunas de las observaciones realizadas. Tenía la sensación de que estábamos hablando del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y no de los Convenios núm. 88 y núm. 122 en lo que respecta al derecho de sindicación, la libertad sindical y la libertad de los sindicatos. En el Iraq tenemos una Constitución, y esta garantiza la libertad y el pluralismo sindicales. Existe una ley que asegura su cumplimiento. Existen situaciones concretas, surgen retos y se adoptan las medidas oportunas. En lo que respecta a la promulgación de la Ley de Organizaciones Sindicales, este proceso se está llevando a cabo en cooperación con la OIT.
En 2018, el Iraq se adhirió al Convenio núm. 87 por convicción, por creer en la importancia del carácter plural de los sindicatos, y cabe decir que los sindicatos participaron en la redacción de la cláusula correspondiente de la Constitución. Por supuesto, hay diferentes puntos de vista y existen conflictos. Somos un país en desarrollo. Nos encontramos en una región afectada por conflictos y crisis y, ahora, debido a las crisis que se están viviendo en el Iraq, nos hallamos en una situación en la que las exportaciones de petróleo se han paralizado, lo que tiene un efecto dominó en el mercado de trabajo. En cuanto a los sindicatos, tengo la impresión de que algunas de las observaciones que se han presentado no están actualizadas. No tenemos sindicatos independientes y no independientes. Todos los sindicatos del Iraq son independientes. No existe intervención ni injerencia alguna por parte del Gobierno en la labor de los sindicatos. Hay organizaciones que son más representativas y hay otras de carácter diferente. El Gobierno no boicotea ni da más poder a unos sindicatos que a otros. Todas estas organizaciones están presentes y cuentan con la aprobación del Gobierno, por lo que insto a los miembros trabajadores a que investiguen estas cuestiones y estén mejor informados en lo que respecta al diálogo social. El foro de diálogo social está integrado por todos los sindicatos y todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, y les consultamos a la hora de adoptar políticas. La OIT está al corriente de este proceso. Además, se mantiene un diálogo constante con el Parlamento y la Comisión Selecta del Parlamento sobre esta cuestión. Ahora vuelvo a mi declaración preparada.
Al término de esta discusión, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los miembros de la Comisión y a todos los participantes, Gobiernos, empleadores y trabajadores. Hemos escuchado atentamente todas las opiniones expresadas y todas estas aportaciones son bienvenidas a la hora de prestar ayuda para fortalecer el empleo y el trabajo decente. Asimismo, es importante evaluar la situación en los países en función de la realidad sobre el terreno, los resultados y las reformas emprendidas, sin pasar por alto los retos y las situaciones extraordinarias a las que tenemos que enfrentarnos.
En las últimas décadas, el Iraq ha sufrido guerras, conflictos, terrorismo y crisis económicas, factores que han dejado huella en los mercados laborales, en las instituciones y en la infraestructura económica. Sin embargo, el Gobierno no ha considerado que estos retos sean motivo para reducir sus compromisos internacionales. Al contrario, los ha convertido en una fuerza impulsora para llevar a cabo reformas significativas y concretas. La elaboración de la política nacional de empleo y el desarrollo del mercado laboral no son promesas vacías. Se están implementando medidas que se completarán dentro de un plazo determinado, en cooperación con la OIT. Por lo tanto, la delegación del Iraq considera que lo ocurrido en los últimos años supone un auténtico avance en la aplicación de los Convenios núms. 88 y 122. Quisiéramos afirmar que existe voluntad institucional y política, y muy seria, para garantizar que tengamos pleno empleo que sea productivo y decente.
Hemos escuchado algunas de las intervenciones que se han centrado en los retos. No estamos en una fase de negación en lo que respecta a estos retos. Sin embargo, no debemos hacer caso omiso de los avances logrados. Contamos con asistencia técnica y creemos que esta cooperación con la OIT es un indicador. No debemos pasar por alto la importancia de las reformas que se han llevado a cabo. No buscamos un trato especial. Buscamos una evaluación equilibrada y justa de lo que se está consiguiendo sobre el terreno.
También creemos que el desempleo, el sector informal, la situación de las mujeres y el desarrollo de competencias son problemas profundamente arraigados que no pueden resolverse de la noche a la mañana. Creo que este proceso lleva tiempo y requiere un esfuerzo continuado y una política a largo plazo. Ese es el camino que hemos elegido en el Iraq.
La delegación del Iraq reitera su plena cooperación con la OIT y los órganos de control, y se muestra dispuesta a proseguir el diálogo con los interlocutores sociales. Me gustaría asegurarles que el Gobierno seguirá adelante con las reformas en materia de empleo y protección social, formación profesional y diálogo social, de acuerdo con nuestros compromisos internacionales. Quisiera dejar muy claro que no nos encontramos en una posición en la que tengamos que defender cuáles son nuestras intenciones. Por el contrario, reafirmamos nuestra posición a través de logros, reformas y nuevas políticas, y creo que nuestra cooperación con la OIT da fe de ese progreso. Por lo tanto, creemos que el camino que hemos elegido es positivo y merece apoyo y asistencia técnica.
Esperamos que las conclusiones de esta Comisión reflejen los avances alcanzados y el tipo de cooperación que hemos mantenido.
Miembros empleadores: Antes de exponer nuestras recomendaciones, deseamos hacernos eco del comentario del Gobierno de que muchas de las intervenciones que escuchamos en este caso se referían a cuestiones que quedaban fuera del ámbito de aplicación de los Convenios a los que aludió la Comisión de Expertos en su observación. Queremos recordar a los oradores que estamos aquí para abordar la aplicación por parte del Gobierno de los Convenios núms. 88 y 122, tanto en la legislación como en la práctica. Para concluir, y con respecto a los Convenios en cuestión, nos gustaría reiterar la importancia de que los Gobiernos cumplan con los Convenios núms. 88 y 122.
Creemos que el cumplimiento normativo es fundamental para garantizar oportunidades reales tanto a los trabajadores como a los empleadores, con el fin de crear un entorno que propicie un crecimiento sostenible. Además, el cumplimiento del Convenio núm. 122 es esencial para asegurar la eficacia general de los diez convenios fundamentales de la OIT. Los miembros empleadores instan al Gobierno a impulsar la integración y la coordinación de una política nacional de empleo junto con los servicios de empleo, la formación profesional y la educación, teniendo en cuenta las condiciones y prácticas nacionales. Los miembros empleadores apelan al Gobierno para que siga manteniendo el diálogo social con los interlocutores sociales a la hora de impulsar la integración y la coordinación de la política nacional de empleo, y a que lo haga de manera que se aborden eficazmente los retos del mercado laboral a los que se enfrentan los trabajadores y los empleadores en el Iraq.
Por lo tanto, los miembros empleadores instan al Gobierno a:
  • proporcionar información sobre el desarrollo y la implementación de la nueva política nacional de empleo;
  • ofrecer explicaciones sobre cómo se coordina la política nacional de empleo con el servicio público de empleo y cómo dicho servicio contribuye en la práctica a la aplicación de la política nacional de empleo;
  • proveer información específica sobre las medidas dirigidas a las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, incluido el impacto concreto de dichas medidas en la participación en el mercado laboral y las oportunidades de empleo;
  • seguir velando por que exista una consulta efectiva con los interlocutores sociales más representativos mediante el desarrollo de la política nacional de empleo y las reformas de la legislación laboral, de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 122;
  • brindar información sobre el funcionamiento y la cobertura de la red de servicios públicos de empleo, incluida la región del Kurdistán, así como sobre los mecanismos de cooperación entre las agencias de empleo públicas y privadas;
  • facilitar información sobre las reformas e iniciativas emprendidas para adaptar la educación y la formación profesional a las necesidades del mercado laboral, especialmente en lo que se refiere a la formación profesional y al desarrollo de recursos humanos para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad;
  • aportar información sobre las iniciativas destinadas a mejorar los sistemas de información sobre el mercado laboral, como la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos desglosados;
  • informar sobre las consultas mantenidas con los interlocutores sociales en relación con la denuncia del Convenio núm. 140, y
  • seguir recurriendo a la asistencia técnica de la OIT para apoyar la implementación, la presentación de informes y la coordinación entre las instituciones encargadas de las políticas de empleo y los servicios de empleo.
Miembros trabajadores: Los miembros trabajadores agradecen al Gobierno del Iraq su participación en este debate y a todos los delegados que intervinieron. No obstante, los miembros trabajadores lamentan la ausencia de una representación tripartita completa del Iraq durante este debate, ya que una participación tripartita significativa es fundamental para la labor de la OIT y para el examen eficaz de los casos ante la Comisión. La discusión entablada ha confirmado los importantes y persistentes retos estructurales a los que se enfrenta el mercado laboral iraquí, tal y como ha destacado la Comisión de Expertos en relación con la aplicación del Convenio núm. 88 sobre los servicios de empleo y del Convenio núm. 122 de la OIT sobre la política de empleo, junto con los instrumentos conexos sobre desarrollo de competencias y aprendizaje permanente.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por impulsar nuevas políticas e iniciativas nacionales de empleo, como la plataforma Mihan, el desempleo sigue siendo elevado, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. La participación laboral, en particular la de las mujeres, sigue siendo extremadamente baja, y la economía informal sigue afectando a la mayoría de los trabajadores. No se trata de cuestiones secundarias. Ponen de manifiesto profundas deficiencias estructurales en el funcionamiento del mercado laboral y en el acceso a un empleo decente y productivo. A los miembros trabajadores les preocupa especialmente la continua exclusión de las mujeres del mercado laboral y las barreras persistentes a las que se enfrentan los jóvenes, los desplazados internos y las personas con discapacidad. Estos grupos requieren medidas políticas específicas y eficaces, respaldadas por servicios públicos de empleo que funcionen correctamente, de conformidad con el Convenio núm. 88.
También observamos la persistente falta de información detallada sobre medidas concretas destinadas a reducir la economía sumergida y ampliar la cobertura de la legislación laboral y la protección social, en particular en las zonas rurales y periféricas, donde el déficit de trabajo decente es más acuciante. Si bien reconocemos las iniciativas de cooperación internacional en curso, incluidas las que cuentan con el apoyo del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) y los proyectos relacionados, los miembros trabajadores insisten en que dichas iniciativas deben integrarse plenamente en un marco coherente de política nacional de empleo con objetivos claros, resultados cuantificables y una coordinación eficaz entre los servicios de empleo, los sistemas de competencias y las instituciones del mercado laboral. En lo que respecta a la formación profesional, los miembros trabajadores reiteran su preocupación por la falta de información sobre los resultados obtenidos, las reformas institucionales y la participación estructurada de los interlocutores sociales. Un sistema de competencias flexible y bien gestionado sigue siendo esencial para que los objetivos de las políticas de empleo se traduzcan en resultados reales en el mercado laboral. Los miembros trabajadores también recuerdan la importancia de la licencia pagada de estudios prevista en el Convenio núm. 140 como componente integral del aprendizaje permanente y la empleabilidad. Cualquier desviación de este marco conlleva el riesgo de debilitar el acceso de los trabajadores al desarrollo de competencias en un momento en que más se necesita.
En última instancia, la eficacia de la política de empleo del Iraq en virtud del Convenio núm. 122 dependerá de su capacidad para garantizar una coordinación coherente entre el diseño de las políticas, los servicios públicos de empleo, los sistemas de formación profesional y una información fiable sobre el mercado de trabajo, todo ello respaldado por un diálogo social fructífero. Por lo tanto, los miembros trabajadores urgen al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral, refuerce la capacidad de implementación y se asegure de que los compromisos políticos se traduzcan en mejoras tangibles en las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo para todos.
En conclusión, instamos al Gobierno a:
  • finalizar e implementar políticas nacionales de empleo coherentes, orientadas hacia el empleo productivo pleno y libremente elegido, así como hacia el trabajo decente, y fortalecer la coherencia de las políticas, además de armonizar la política de empleo, la formación profesional y las exigencias del mercado laboral;
  • reforzar la red de servicios públicos de empleo, incluida la región del Kurdistán, e informar sobre el impacto de la plataforma Mihan como facilitadora de la intermediación en el mercado laboral;
  • concluir las reformas legislativas en curso aplicables a los sindicatos y a la consulta tripartita, y velar por que exista un entorno propicio para la libertad sindical, respetando plenamente la aplicación de las normas internacionales del trabajo;
  • desarrollar y aplicar medidas específicas para aumentar el empleo de las mujeres y los jóvenes, así como de otros grupos marginados o desfavorecidos que incluyen las personas con discapacidad y los desplazados internos, y garantizar su igualdad de acceso a los servicios de empleo;
  • adoptar medidas concretas para reducir la economía sumergida, ampliando la cobertura de la legislación laboral y la protección social, especialmente en las zonas rurales y periféricas, y apoyando la transición al empleo formal;
  • dinamizar los sistemas de información sobre el mercado laboral y mejorar la recopilación, el análisis y la difusión de datos sobre este mercado para apoyar el desarrollo y la supervisión de las políticas y los servicios de empleo;
  • informar a la OIT sobre los resultados y el impacto de las reformas en materia de educación y formación técnica y profesional, así como sobre las medidas destinadas a promover el acceso a la licencia pagada de estudios, de conformidad con las obligaciones internacionales aplicables;
  • garantizar la participación plena y efectiva de todas las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la revisión de la política nacional de empleo, en la organización y el funcionamiento de los servicios de empleo y en la gobernanza del mercado laboral, mediante un diálogo social estructurado y periódico, en consonancia con los principios de los Convenios núms. 122 y 88.
En consecuencia, solicitamos al Gobierno del Iraq que haga uso de la asistencia técnica de la OIT con el fin de que su legislación cumpla plenamente con los Convenios núms. 88 y 122.
Presidenta: Damos por concluida la discusión de este caso. Agradecemos la participación del representante gubernamental y de todos los oradores que tomaron la palabra.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de las importantes, persistentes y profundas deficiencias estructurales en el funcionamiento del mercado laboral iraquí y en el acceso a un empleo decente y productivo, como el elevado desempleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y la bajísima tasa de participación en la fuerza del trabajo.
Habida cuenta de la discusión, la Comisión invitó al Gobierno de Irak a adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, para:
  • avanzar en la integración y la coordinación de la política del empleo, los servicios del empleo y las políticas de formación profesional, en un marco nacional coherente, respaldado por un diálogo social sólido y una información significativa sobre el mercado laboral, para abordar eficazmente los desafíos del empleo en el país;;
  • proporcionar información sobre el desarrollo, el contenido, la implementación y los resultados de la política nacional del empleo, incluyendo su contribución para abordar el desempleo y aumentar la participación en el mercado laboral, en particular las medidas específicas adoptadas para promover el empleo de grupos en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, mujeres, desplazados internos y personas con discapacidad;
  • proporcionar información sobre cómo se coordina la política nacional de empleo con la administración pública y cómo esta contribuye en la práctica a la implementación de la política nacional de empleo;
  • proporcionar información sobre las reformas e iniciativas emprendidas para armonizar la educación y la formación profesional con las necesidades del mercado laboral, incluyendo cualquier esfuerzo para apoyar el desarrollo de competencias, el aprendizaje, el reconocimiento de los aprendizajes previos y las transiciones efectivas del empleo a los medios subsistencia, especialmente en lo que respecta a la formación profesional y al desarrollo de recursos humanos para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad;
  • proporcionar información sobre el funcionamiento y la cobertura de la red de servicios públicos del empleo, incluso en la región del Kurdistán, así como sobre los mecanismos de cooperación entre las agencias de empleo públicas y privadas;
  • fortalecer los sistemas de información del mercado laboral y mejorar la recopilación, el análisis y la difusión de datos desglosados del mercado laboral para apoyar el diseño, la aplicación, el seguimiento y la revisión de las políticas y los servicios del empleo, y proporcionar información sobre los progresos realizados;
  • proporcionar información sobre los resultados y el impacto de las reformas de la educación y la formación técnica y profesional y las medidas conexas de desarrollo de competencias;
  • fortalecer la participación plena y significativa de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas, mediante consultas efectivas y un diálogo social sobre la política y los servicios del empleo, y proporcionar ejemplos concretos de las consultas realizadas con los interlocutores sociales y su participación a lo largo de todo el proceso de de la política del empleo.
La Comisión solicitó al Gobierno que facilitara información detallada a la Comisión de Expertos antes del 1 de septiembre de 2026 sobre cualquier asunto pendiente, las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones y los progresos realizados, y que recurriera a la asistencia técnica de la OIT.

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

La Comisión observa que, en su memoria recibida en junio de 2002, el Gobierno ha repetido la breve declaración enviada en su anterior comunicación. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información que le permita determinar cómo se formula y se lleva a cabo una política activa de promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido en el marco de una política social y económica coordinada y en consulta con todas las personas interesadas, de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que presente una memoria detallada que responda a todos los puntos tratados en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

En sus anteriores observaciones, la Comisión había solicitado al Gobierno que le proporcionase información para permitirle determinar cómo se formula y se aplica una política activa de promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido en el marco de una política social y económica coordinada y en consulta con todas las personas interesadas, de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión toma nota de la breve declaración del Gobierno contenida en la memoria recibida en octubre de 2000. Solicita de nuevo al Gobierno que presente una memoria detallada que responda a todos los puntos tratados en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

No disponible en español.
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