Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Nicaragua (Ratificación : 2013)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Artículo 1, a) a c) del Convenio. Definición de trabajo doméstico y de trabajadora o trabajador doméstico. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en la que indica que una «persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador domestico». No obstante, la Comisión recuerda la indicación del Gobierno en su primera memoria sobre la aplicación del Convenio que el artículo 145 del Código del Trabajo (en adelante «CT»), tal como modificado por la Ley núm. 666 de Reformas y Adiciones al capítulo I del título VIII del Código del Trabajo de la República de Nicaragua (en adelante «Ley núm. 666») define a los trabajadores y trabajadoras del servicio del hogar como aquellas personas que «prestan servicios propios en el hogar de una persona o familia en su casa de habitación en forma habitual o continua, sin que del servicio prestado se derive directamente lucro o negocio para el empleador». Esta definición parece excluir a las trabajadoras y los trabajadores domésticos que realizan tareas fuera del hogar, o las/los que trabajan de manera ocasional o esporádica. La Comisión observa que el artículo 1, a) del Convenio indica que la expresión ‘trabajo doméstico’ designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos», lo que incluye tareas realizadas fuera del hogar, como tareas relacionadas con el cuidado de los niños u otros miembros de la familia del empleador que se realicen fuera del hogar. La Comisión recuerda una vez más que la definición de trabajador doméstico establecida en el artículo 1 del Convenio excluye a los trabajadores ocasionales esporádicos solamente cuando el trabajo doméstico que realizan no sea una ocupación profesional para los mismos. La Comisión llama a la atención del Gobierno una vez más los trabajos preparatorios sobre el Convenio, en los que se destaca que dicha precisión fue incluida en esta disposición para garantizar que jornaleros y otros trabajadores precarios en situaciones análogas queden comprendidos en la definición de trabajador doméstico (véase Informe IV (1), Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, 2011, página 5). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información actualizada sobre la manera en que se garantiza que los trabajadores domésticos que realizan tareas para el hogar (aunque no necesariamente dentro del hogar), así como los trabajadores ocasionales o esporádicos que realizan el trabajo doméstico como una ocupación profesional estén protegidos por las garantías previstas en el Convenio. Adicionalmente, la Comisión solicita al Gobierno que considere la posibilidad de modificar la legislación vigente para asegurar su compatibilidad con el artículo 1 del Convenio.

Artículo 3, 2), c). Abolición del trabajo doméstico infantil. El Gobierno informa que en el periodo entre el 2018 y el primer trimestre del 2023 se han realizado 491 inspecciones en los que se han detectado casos de trabajo doméstico de adolescentes, resultando en un total de 214 adolescentes trabajadores tutelados (114 adolescentes hombres y 100 adolescentes mujeres). El Gobierno señala igualmente que, a través de las inspecciones de trabajo y la firma de actas de compromiso con empleadores, se puede asegurar que en Nicaragua no existe contratación de mano de obra infantil. No obstante, la Comisión observa que la memoria del Gobierno no proporciona información sobre el contenido o el impacto de las actas de compromiso firmadas con los empleadores de trabajadores domésticos adolescentes, ni sobre los resultados concretos de las inspecciones de trabajo llevados a cabo y las sanciones impuestas. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información adicional sobre las actas de compromiso firmadas por los empleadores de trabajadores domésticos adolescentes y el impacto de las mismas, tomando en cuenta la necesidad de prevenir casos de trabajo doméstico de menores de edad en que el empleador no ha declarado el trabajador ni firmado un acta de compromiso. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre el número de inspecciones realizadas en hogares que emplean trabajadores domésticos, el número o porcentaje de dichas inspecciones que han identificado casos de menores de edad trabajando como domésticos, el número de infracciones denunciadas y las sanciones impuestas. Además, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas cuando se detectan casos de trabajo doméstico infantil para apoyar a las víctimas con acceso a la educación y formación profesional u otros servicios, e información sobre las medidas tomadas para prevenir y prohibir el trabajo doméstico infantil, y el impacto de las mismas.

Artículo 5. Abuso, acoso y violencia. La Comisión recuerda que el artículo 146 del Código de Trabajo, tal como modificado por la Ley núm. 666, establece que la Inspectoría del Trabajo correspondiente, conjuntamente con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez deberán realizar inspecciones periódicas a las casas donde adolescentes prestan servicios del hogar, y que cualquier trato humillante, discriminación o violencia física, psíquica y sexual, debidamente comprobado por el Instituto de Medicina Legal cometido por el empleador, sus familiares o personas que habitan o visitan las casa, en perjuicio de un trabajador adolescente, obliga a la Inspectoría Departamental del Trabajo correspondiente a aplicar las sanciones administrativas de su competencia y a informar al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez para asegurar medidas de protección especial de la víctima y la presentación de la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Sin embargo, el Gobierno no proporciona información sobre las medidas de protección que se aplicarían en relación con los trabajadores domésticos adultos en caso de abuso, acoso o violencia en el lugar de trabajo. En este contexto, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, que indica que el Ministerio de Trabajo recibió 1 360 denuncias de trabajadoras y trabajadores, de las cuales 272 denuncias han sido por maltrato y acoso laboral referido a incumplimientos del derecho al disfrute y goce de vacaciones, no reconocimiento del pago de horas extras, permisos especiales y despidos verbales. No obstante, la Comisión observa que la información estadística proporcionada no indica si las denuncias conciernen el sector doméstico. Además, las denuncias mencionadas por el Gobierno no parecen ser relacionadas con la aplicación del artículo 5 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre las medidas tomadas con miras asegurar que los trabajadores domésticos, sean estos adultos o menores de edad, gocen de una protección efectiva contra toda forma de acoso, abuso y violencia, incluyendo información sobre la manera en que estas medidas toman en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, especialmente en el caso de trabajadoras y trabajadores domésticas migrantes que suelen vivir en el hogar del empleador, y sobre el impacto de las mismas. Asimismo, reitera su solicitud al Gobierno que proporcione información estadística actualizada, desagregada por sexo, sobre el número de denuncias por acoso, abuso y violencia en el contexto del trabajo doméstico, el resultado de las mismas, las sanciones impuestas y la reparación acordada.

Artículos 6 y 17, 2) y 3). Condiciones de empleo equitativas y condiciones de vida decente. Inspección del trabajo. Acceso al domicilio del hogar. La Comisión observa que el Gobierno no ha proporcionado información concreta sobre la manera en que se asegura la conformidad de las condiciones laborales de los trabajadores domésticos de edad adulta, dado que la Ley núm. 666 no prevé la obligación de los empleadores de trabajadores domésticos adultos de someterse a inspecciones periódicas por parte de la Inspectoría Departamental del Trabajo. Por otro lado, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los programas de actualización, fortalecimiento e intercambio de buenas prácticas en términos de investigaciones en los lugares de trabajo. El Gobierno se refiere igualmente a la Ley General de Inspección de Trabajo, la Guía General de Inspección del Trabajo y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Inspección del Trabajo. Sin embargo, el Gobierno no proporciona información concreta sobre la inspección laboral en el contexto del trabajo doméstico. Recordando que, si bien, la Ley núm. 666 prevé inspecciones regulares en las casas donde los adolescentes prestan sus servicios, no prevé la obligación de los empleadores de trabajadores domésticos en edad adulta de someterse a inspecciones periódicas por parte de la Inspectoría Departamental del Trabajo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno que indique si algún tipo de monitoreo ha sido o será implementado para asegurarse de la conformidad de las condiciones laborales de los trabajadores domésticos en edad adulta con la legislación nacional. Adicionalmente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno que envíe información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas relativas a la inspección del trabajo que presenten debida atención a las características especiales del trabajo doméstico incluida información relativa a la formación que reciben los inspectores de trabajo, así como información estadística sobre el número de inspecciones en el sector doméstico, el número de infracciones detectadas y las sanciones impuestas.

Artículo 7. Información sobre condiciones de empleo. La Comisión observa que el Gobierno no ha proporcionado información con respecto a las medidas tomadas para dar pleno efecto a este artículo del Convenio. Por ello, la Comisión alienta una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias con miras a asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan todos los elementos establecidos en el artículo 7 del Convenio. En este contexto, la Comisión sugiere una vez más al Gobierno que tome en consideración la posibilidad de establecer un contrato de trabajo tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.

Artículo 8. Trabajadores domésticos migrantes. En respuesta al comentario anterior de la Comisión, el Gobierno informa que, en relación con el proceso de repatriación previsto en el artículo 8, 4) del Convenio, el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Atención a Connacionales, da seguimiento a los procesos de repatriación de connacionales en situación irregular, de riesgo, de expulsión o deportación, garantizándoles protección, asistencia y acompañamiento a través de las sedes consulares de Nicaragua en el exterior. El Gobierno añade que el Ministerio de Gobernación, bajo la Dirección General de Migración y Extranjería, documenta a las y los nacionales que viajan fuera del país por diferentes motivos, incluso por motivos laborales. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información concreta sobre la manera en que da efecto al artículo 8, 1) y 3) del Convenio. Asimismo, no ha proporcionado información sobre las condiciones según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación, como contemplado en el artículo 8, 4). Por consiguiente, la Comisión urge una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a garantizar que los trabajadores domésticos nicaragüenses migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7 del Convenio, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato, tal como previsto en el artículo 8, 1). Adicionalmente, reitera su solicitud al Gobierno que adopte medidas para cooperar con otros Estados a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a las y los trabajadores domésticos migrantes (artículo 8, 3)). Por último, reitera su solicitud al Gobierno que proporcione información concreta que especifique cuáles son las condiciones según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados (artículo 8, 4)).

Artículo 9. Libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en su hogar. Derecho del trabajador doméstico de conservar sus documentos de viaje y de identidad. En relación con el derecho del trabajador doméstico de llegar a un acuerdo con su empleador sobre si residir o no en el lugar de trabajo, el Gobierno indica que el Código del Trabajo garantiza la libertad de contratación entre el trabajador y el empleador. Por lo tanto, el trabajador doméstico es libre de aceptar o no el contrato que se le propone. La Comisión observa que la respuesta del Gobierno no parece tomar en consideración la desigualdad que puede existir entre el empleador y el trabajador doméstico en términos de poder de negociación, y que pudiera afectar la libertad de contratación. Asimismo, el Gobierno no proporciona información sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar que aquellos trabajadores domésticos que residen en el hogar para el que trabajan, incluidos aquellos trabajadores procedentes de otros países, no estén obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante sus periodos de descanso diarios y semanales o durante sus vacaciones anuales, y que tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. La Comisión insta al Gobierno a que envíe información detallada y actualizada sobre la manera en que se garantiza que un trabajador del sector doméstico tenga la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabaja y que aquellos trabajadores domésticos que residen en el hogar para el que trabajan, incluidos aquellos trabajadores procedentes de otros países, no estén obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los periodos de descanso diarios y semanales o durante las vacaciones anuales, así como las medidas tomadas para asegurar que los trabajadores domésticos tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad, tal como previsto en el artículo 9, c) del Convenio.

Artículo 10. Igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo. En su respuesta al comentario anterior de la Comisión, el Gobierno indica que, en el contrato de trabajo, sea este verbal o por escrito, se pactan la jornada laboral y los días de permiso, condiciones que se verifican en las visitas que se realizan ante denuncias recibidas. No obstante, el Gobierno no proporciona información sobre las medidas legislativas adoptadas con miras a dar pleno efecto al artículo 10 del Convenio. La Comisión insta al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 147 del Código del Trabajo con miras a garantizar la igualdad de condiciones en términos de horas normales de trabajo entre los trabajadores domésticos y los demás trabajadores. Asimismo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno que proporcione información sobre cómo se reglamentan los periodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar sean considerados como horas de trabajo remuneradas.

Artículo 12, 2). Pago en especie. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que el artículo 146 del Código del Trabajo prevé que la retribución del trabajador del servicio doméstico comprende además del pago en dinero, alimentos de calidad corriente y el suministro de habitación cuando el trabajador duerma en la casa donde trabaja. Añade que para el pago de prestaciones se toma en cuenta los alimentos y habitación con un valor estimado equivalente al cincuenta por ciento más del salario que percibe en dinero. El Gobierno explica que adicional al salario, se le debe garantizar al trabajador doméstico el cincuenta por ciento más en el pago de sus prestaciones laborales. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada, incluyendo copia de jurisprudencia u otro documento oficial en el que se establece la interpretación del artículo 146 del Código del Trabajo en la práctica.

Artículo 13. Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información específica sobre la manera en que se da efecto al artículo 13 del Convenio. Toma nota igualmente de la indicación del Gobierno que no se realizan inspecciones de oficio en casas en que trabajan trabajadores domésticos a fin de comprobar que el empleador cumpla con las disposiciones legales referidas a garantizar la higiene y seguridad ocupacional de dichos trabajadores. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud, einsta al Gobierno a que proporcione información concreta sobre si lasdisposiciones del título V del Código del Trabajo relativas a la higiene, seguridad ocupacional y riesgos profesionales, se aplican a los trabajadores domésticos. Además, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas o previstas que tengan debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, con miras de garantizar en la práctica la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.

Artículo 14. Seguridad social. La Comisión toma nota de las estadísticas del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) proporcionadas por el Gobierno. Se desprende de estas estadísticas que en marzo de 2023 había un total de 16 938 trabajadores domésticos empleados por hogares privados afiliados el régimen de seguridad social (13 511 mujeres y 3 427 hombres), mientras que en diciembre de 2018 había un total de 20 497 trabajadores domésticos asegurados (16 716 mujeres y 3 781 hombres), lo cual representa una disminución importante de 3 559 personas (lo que representa un 17 por ciento menos) en el número de trabajadores domésticos afiliados al INSS. Asimismo, la Comisión nota que el Gobierno no ha proporcionado información sobre las medidas adoptadas o contempladas con miras a promover la inscripción de los trabajadores domésticos en el régimen de la seguridad social. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre las causas que explican la disminución entre diciembre de 2018 y marzo de 2023 en el número de trabajadores domésticos afiliados al sistema nacional de seguridad social, así como sobre las medidas adoptadas o contempladas con miras a promover y alentar la inscripción de dichos trabajadores en dicho sistema. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo, sobre el número total de trabajadoras y trabajadores domésticos en el país, así como sobre el número y porcentaje de trabajadores domésticos nicaragüenses afiliados al régimen de seguridad social.

Artículo 15. Agencias privadas de empleo. La Comisión toma nota que el Gobierno no proporciona información en relación con las medidas específicas adoptadas o contempladas para proporcionar una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por agencias de empleo privadas. El Gobierno indica que la ley nacional no hace ninguna distinción entre nacionales o extranjeros que trabajan en el país, que son amparados en la Ley General de Inspección y en los procedimientos administrativos laborales que se aplican a todos los sectores de la economía nacional. En relación con los mecanismos o procedimientos para la investigación de quejas de la Inspectoría de Trabajo, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo recibe todas las denuncias (sean verbales, escritas, anónimas o por vía telefónica) y las remite a la Inspectoría Departamental correspondiente para la inspección en situ para constatar los hechos y las personas afectadas y dictar la correspondiente resolución administrativa en la que puede declarar la denuncia procedente y ordenar al empleador que corrija la práctica violatoria. En relación con estadísticas sobre el número de infracciones identificadas y sanciones impuestas, el Gobierno informa que, entre el 2018 y el primer trimestre de 2023, se realizaron 83 576 inspecciones laborales, tutelándose a 2 905 trabajadores (1 862 hombres y 1 042 mujeres), y se identificaron un total de 210 613 infracciones sobre diferentes temas, incluyendo: jornadas de trabajo, descanso, permiso y vacaciones; salarios; derecho laboral y contrato de trabajo; derecho al seguro social; disciplina laboral; sobre igualdad y no discriminación; derechos colectivos, y trabajo de adolescentes. Sin embargo, la Comisión observa que la información proporcionada por el Gobierno parece ser de naturaleza general, y las estadísticas enviadas no indican si incluyen o no trabajadores del sector doméstico. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que en todo momento ha consultado a la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (CONAPI). Sin embargo, el Gobierno no indica si se han celebrado consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores con respecto a la implementación de las medidas tomadas para poner en práctica cada una de las disposiciones del artículo 15, como contemplado en el párrafo 2 del artículo. Además, el Gobierno no proporciona información sobre las consultas celebradas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a la implementación del artículo 15. La Comisión solicita al Gobierno que continue proporcionando información detallada sobre las medidas específicas adoptadas o contempladas para proporcionar en la práctica una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por las agencias de empleo privadas. Asimismo, insta al Gobierno a que proporcione información sobre las consultas celebradas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, así como con organizaciones representativas del sector doméstico, con respecto a la implementación de tales medidas. La Comisión también solicita al Gobierno que continue enviando información estadística desglosada sobre el número y tipo de infracciones identificadas y las sanciones impuestas.

Artículo 16. Acceso a la justicia. En su respuesta a la solicitud de la Comisión, el Gobierno proporciona información sobre la manera en que funciona en la práctica el proceso de atención, verificación y resolución de denuncias por violaciones de los derechos laborales de los trabajadores domésticos. El Gobierno indica que, al presentarse un trabajador del sector doméstico, se remite al Departamento de Orientación Laboral para que este reciba orientación sobre sus derechos laborales. Si se trata de un trabajador doméstico activo que expresa que sus derechos laborales están siendo violados, la denuncia se traslada al Departamento de Inspectoría del Trabajo para realizar la inspección y verificar los hechos. Si se trata de un trabajador que ya finalizó su relación laboral y el empleador no le ha pagado sus prestaciones sociales, el caso se transfiere a la Dirección de Negociación Colectiva y Conciliación para, primero, iniciar un proceso de conciliación con el empleador, a cargo de un abogado conciliador quien se asegura que los derechos laborales del trabajador se respeten en cumplimiento de ley. Si no se llega a un acuerdo, el caso es transferido al Departamento de Defensoría Laboral para que se asigne un abogado de oficio al trabajador para apoyarlo en el curso del proceso judicial. La Comisión solicita al Gobierno que envíe estadísticas desglosadas, indicando el número y tipo de casos enviados a la conciliación, o al proceso judicial y el resultado de estos. Además, pide al Gobierno que proporcione copias de resoluciones o fallos emitidos por los tribunales de justicia sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación de las disposiciones del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Artículo 1, c), del Convenio. Definición de trabajo doméstico y de trabajador doméstico. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación laboral es aplicable a todos los trabajadores domésticos, incluidos aquellos trabajadores domésticos que sean ocasionales. La Comisión observa, no obstante, que el artículo 145 del Código del Trabajo define a los trabajadores domésticos como aquellos que «prestan servicios propios del hogar a una persona o familia en su casa de habitación y en forma habitual o continua, sin que del servicio prestado se derive directamente lucro o negocio para el empleador». La Comisión observa que de la inclusión del término «en forma habitual y continua» en la definición de trabajador doméstico puede dar lugar a interpretaciones de acuerdo a las cuales los trabajadores que llevan a cabo servicios domésticos discontinuos o esporádicos no son considerados como trabajadores domésticos. Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a modificar el artículo 145 del Código del Trabajo, de manera que aquellos trabajadores domésticos que trabajen de manera no habitual o continua pero para quienes el trabajo doméstico sea una ocupación profesional, queden incluidos de manera expresa en la definición de trabajo doméstico.

Artículo 3, párrafo 2, c). Abolición del trabajo infantil. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas con miras a erradicar el trabajo doméstico infantil, incluyendo el número de inspecciones realizadas en los hogares donde se encuentran menores de edad trabajando como domésticos. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que en 2017, se realizaron 78 inspecciones especiales en hogares donde trabajaban adolescentes. No obstante, la Comisión observa que el Gobierno no especifica cuáles de dichas inspecciones se realizaron en el sector del trabajo doméstico. Tampoco indica cuales fueron las sanciones impuestas en aquellos supuestos en los que se identificaron casos de trabajo doméstico infantil. La Comisión toma nota también de que el Gobierno indica que se han llevado a cabo acciones de sensibilización, en el marco de las cuales se capacitaron a 1 807 trabajadoras domésticas adolescentes en materia de derecho laboral. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar en la práctica la abolición del trabajo doméstico infantil. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que envíe información actualizada específicamente sobre el número de las inspecciones realizadas en los hogares donde se identifican casos de trabajo doméstico infantil, el resultado de las mismas y las sanciones impuestas.

Artículo 5. Abuso, acoso y violencia. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las denuncias presentadas por trabajadores domésticos por acoso, abuso o violencia en el trabajo, son atendidas por la Inspectoría General de Trabajo en un proceso de atención, verificación y resolución inmediata. La Comisión observa que el artículo 174 del Código Penal prevé una pena de uno a tres años de prisión para quienes sean responsables de acoso sexual; y el artículo 17, apartados c) y p), del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de abstenerse de malos tratos y de afectar la dignidad y decoro de los trabajadores, así como de velar por que los trabajadores no sean objeto de acoso o chantaje sexual. En este sentido, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2014 sobre el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en los que recordó la necesidad de modificar el Código del Trabajo a fin de que las disposiciones sobre el acoso sexual contemplen expresamente tanto el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) como el derivado de un ambiente de trabajo hostil y se sancione adecuadamente a los responsables, sean empleadores o trabajadores. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos al Convenio núm. 111, en particular aquellos en los que reiteró su solicitud al Gobierno de que tomase las medidas necesarias con miras a incluir en el Código del Trabajo una definición de acoso sexual que contemple expresamente el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) y aquel derivado de un ambiente de trabajo hostil que cubra todos los aspectos del empleo y la ocupación, así como un mecanismo de reparación de las víctimas y de sanción de los responsables. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo, sobre el número de denuncias recibidas por acoso, abuso y violencia en el contexto del trabajo doméstico, presentadas ante las distintas instancias competentes, el resultado de dichas quejas, las sanciones impuestas a los responsables y la reparación acordada.

Artículos 6 y 17, párrafos 2 y 3. Condiciones de empleo equitativas y condiciones de vida decente. Inspección del trabajo. Acceso al domicilio del hogar. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase si existe un mecanismo o procedimiento de monitoreo para asegurar la conformidad de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en edad adulta con la legislación nacional. Asimismo, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre la manera en que se da efecto al artículo 17 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la guía técnica de inspección del trabajo, la cual es el instrumento metodológico utilizado en el desarrollo de las inspecciones laborales. El Gobierno indica que la guía proporciona información a los inspectores del trabajo sobre el procedimiento a seguir para vigilar el debido cumplimiento de la legislación laboral en el sector doméstico. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas relativas a la inspección del trabajo que presenten debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, incluida información relativa a la formación que reciben los inspectores de trabajo, así como información estadística sobre el número de inspecciones en el sector, el número de infracciones detectadas y las sanciones impuestas.

Artículo 7. Información sobre condiciones de empleo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere nuevamente al artículo 24, apartado b), del Código del Trabajo, que establece que el contrato de trabajo podrá celebrarse verbalmente cuando se refiera al trabajo doméstico. El inciso segundo del citado artículo dispone que el empleador deberá suministrar una constancia por escrito dentro de los primeros tres días de trabajo que contengan la fecha de inicio de la relación de trabajo, el servicio a prestar u obra a realizar y el salario estipulado. El Gobierno indica que el artículo 24 del Código del Trabajo no priva a los trabajadores domésticos de los derechos que se derivan de los servicios que prestan y de las normas de trabajo, ya que el incumplimiento de dichas normas se le imputa al empleador. La Comisión observa, no obstante, que la señalada constancia escrita no incluye información sobre todos los elementos previstos en el artículo 7 del Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 7 del Convenio dispone que «todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan en particular: a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración; d) el tipo de trabajo por realizar; e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; f) las horas normales de trabajo; g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales; h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; i) el período de prueba, cuando proceda; j) las condiciones de repatriación, cuando proceda, y k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador». Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han implementado programas de promoción y divulgación de los derechos laborales a nivel nacional así como un centro de llamadas gratuitas en el que se proporciona orientación laboral a toda la población. La Comisión alienta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan al menos todos los elementos establecidos en el artículo 7 del Convenio. La Comisión sugiere al Gobierno que considere la posibilidad de establecer un contrato de trabajo tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.

Artículo 8. Trabajadores domésticos migrantes. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que actualmente no se cuenta con ningún convenio, acuerdo o procedimiento para la contratación de trabajadores domésticos migrantes nicaragüenses en el extranjero. El Gobierno añade que únicamente existe un procedimiento de gestión migratoria para trabajadores nicaragüenses que emigran a Costa Rica para trabajar de manera temporal en el sector agrícola, agroindustrial y de la construcción. La Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a garantizar que los trabajadores domésticos nicaragüenses migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato (artículo 8, párrafo 1). Asimismo, solicita al Gobierno que adopte medidas para cooperar con otros Estados a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los trabajadores domésticos migrantes (artículo 8, párrafo 3). Por último, solicita al Gobierno que especifique cuáles son las condiciones según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados (artículo 8, párrafo 4).

Artículo 9. Libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en su hogar. Conservación de documentos de viaje y de identidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas a fin de garantizar que los trabajadores del sector doméstico tengan la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabajan. Asimismo, solicitó al Gobierno que suministrase información sobre las medidas contempladas o adoptadas para asegurar que los trabajadores domésticos migrantes tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. En ese sentido, el Gobierno indica que los trabajadores domésticos migrantes que trabajan fuera del país, se encuentran bajo la jurisdicción de las leyes del país donde se encuentren. El Gobierno añade que no existen mecanismos de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales y migratorios de tales trabajadores. La Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre las medidas adoptadas a fin de garantizar que los trabajadores del sector doméstico tengan la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabajan. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre las medidas adoptadas a fin de garantizar que un trabajador del sector doméstico tenga la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabaja. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar que aquellos trabajadores domésticos que residen en el hogar para el que trabajan, incluidos aquellos trabajadores procedentes de otros países, no estén obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales o durante las vacaciones anuales, y que tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad.

Artículo 10. Igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las horas normales de trabajo para los trabajadores domésticos adultos, sobre la compensación de horas extraordinarias y las vacaciones anuales pagadas para asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general. Asimismo, solicitó al Gobierno que suministrase información sobre cómo la legislación aplicable reglamenta los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al artículo 51 del Código del Trabajo, que establece para todos los trabajadores una jornada diurna máxima de ocho horas al día y de 48 horas semanales; una jornada nocturna máxima de siete horas al día y 42 horas a la semana; una jornada mixta máxima de siete horas y media al día y 45 horas a la semana. La Comisión toma nota, no obstante, que el artículo 147 del Código del Trabajo prevé que los trabajadores domésticos tendrán derecho a doce horas de descanso absoluto mínimo, ocho de ellas nocturnas y continuas. La Comisión observa que del citado precepto puede entenderse que la jornada máxima de trabajo doméstico es de doce horas, ya que únicamente se les reconoce doce horas de descanso, frente a la jornada máxima de ocho horas que se establece para el resto de categorías de trabajadores. En relación con el pago de las horas extraordinarias de trabajo, el Gobierno se refiere al artículo 62 del Código del Trabajo, el cual prevé que «las horas extraordinarias y las que labore el trabajador en su día de descanso o compensatorio por cualquier causa, se pagarán un cien por ciento más de lo estipulado para la jornada normal respectiva». Finalmente, la Comisión observa que el Gobierno no indica cómo se reglamentan los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 147 del Código del Trabajo con miras a garantizar la igualdad de condiciones en términos de horas normales de trabajo entre los trabajadores domésticos y el resto de trabajadores. Asimismo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre cómo se reglamentan los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas.

Artículo 12, párrafo 2. Pago en especie. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere al artículo 86 del Código del Trabajo, el cual prohíbe el pago en especie. Asimismo, el Gobierno indica que la legislación laboral reconoce el derecho de los trabajadores domésticos a recibir el salario mínimo establecido por la comisión de salario mínimo junto con alimentación de calidad y una habitación cuando el trabajador doméstico duerma en la casa donde trabaja. La Comisión toma nota de que el artículo 146 del Código del Trabajo establece que «la retribución de los trabajadores del servicio doméstico comprende, además del pago en dinero, alimentos de calidad corriente, el suministro de habitación cuando el trabajador duerma en la casa donde trabaja. Para el pago de las prestaciones, se tomarán en cuenta los alimentos y habitación que se den al servidor doméstico con un valor estimado equivalente al 50 por ciento del salario que perciba en dinero». En este sentido, la Comisión recuerda que el párrafo 14, d), de la Recomendación núm. 201 prevé «que cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la remuneración se hará en especie, los Miembros deberían contemplar la posibilidad de asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento». La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 146 del Código del Trabajo con miras a asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se le aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento.

Artículo 13. Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase si las disposiciones del título V del Código del Trabajo relativas a la higiene, seguridad ocupacional y riesgos profesionales, se aplican a los trabajadores domésticos. Solicitó además al Gobierno que indicase las medidas adoptadas para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores domésticos, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el empleador está obligado a inscribir al trabajador doméstico en el régimen de seguridad social, y que en caso de incumplimiento, deberá asumir la responsabilidad por toda enfermedad común del trabajador doméstico, contraída por contagio del empleador o de las personas que habitan la casa. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no indica si las disposiciones del título V del Código del Trabajo son aplicables al sector del trabajo doméstico. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que indique si las disposiciones del título V del Código del Trabajo relativas a la higiene, seguridad ocupacional y riesgos profesionales, se aplican a los trabajadores domésticos. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas o previstas, que tengan debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de garantizar en la práctica la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.

Artículo 14. Seguridad social. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, en virtud de lo dispuesto en el Código del Trabajo, el empleador está obligado a inscribir al trabajador doméstico en el régimen de seguridad social. El Gobierno informa que, desde 2012, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a través de la Dirección General de Afiliación ha desarrollado planes de asesoramiento y acompañamiento técnico a los trabajadores domésticos con la finalidad de garantizar su ingreso al régimen obligatorio de seguridad social para garantizar la protección de tales trabajadores y su núcleo familiar ante las contingencias sociales de invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales, maternidad y salud. La Comisión también toma nota con interés de las diversas medidas adoptadas con miras a promocionar la inscripción de los trabajadores domésticos en el régimen de seguridad social, tales como visitas a domicilios para certificar y/o inscribir debidamente a los trabajadores domésticos a la seguridad social; asesoramiento y capacitación de trabajadores domésticos y sus empleadores en materia de deberes y derechos de seguridad social; simplificación del proceso de reporte mensual de salarios que debe realizar el empleador para la facturación mensual de las cotizaciones obrero-patronal, y la promoción y entrega del carnet de asegurados y beneficiarios para los trabajadores domésticos, a través del cual pueden hacer uso de sus prestaciones de salud al presentarlo en las instituciones proveedoras de salud o para el retiro del subsidio de lactancia. El Gobierno indica que, como resultado de tales acciones, se incrementó el número de trabajadores domésticos asegurados de 4 666 en diciembre de 2011 a 27 221 trabajadores en mayo de 2018. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre las medidas adoptadas con miras a promocionar la inscripción de los trabajadores domésticos en el régimen de seguridad social. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información estadística, desagregada por sexo, sobre el número de trabajadores domésticos afiliados al régimen de seguridad social.

Artículo 15. Agencias privadas de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas o contempladas para proporcionar una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por las agencias de empleo privadas. Además, solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a la implementación de las medidas previstas para proteger contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias privadas de empleo. Igualmente, solicitó al Gobierno que indicase si se había implementado un mecanismo de procedimientos de quejas por la Inspectoría Departamental del Trabajo a fin de denunciar las prácticas ilícitas de las agencias de empleo y de especificar en la práctica el funcionamiento de dicho mecanismo. Por último, solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre el número de infracciones identificadas y otras sanciones impuestas. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica de manera general en su memoria que se realizan inspecciones laborales a las diferentes agencias de empleo privadas en conjunto con la Dirección de Empleo y la Inspectoría General del Trabajo a fin de prevenir malas actuaciones y abusos por parte de las agencias privadas de empleo. La Comisión, por lo tanto, reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información detallada sobre las medidas específicas adoptadas o contempladas para proporcionar en la práctica una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por las agencias de empleo privadas. Asimismo, reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre las consultas celebradas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a la implementación de tales medidas. Reitera también su solicitud al Gobierno de que indique si existe un mecanismo o procedimiento para la investigación de quejas que haya sido implementado por la Inspectoría Departamental del Trabajo a fin de denunciar las prácticas ilícitas de las agencias de empleo y que envíe información sobre el funcionamiento en la práctica de dicho mecanismo. Por último, solicita nuevamente al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de infracciones identificadas y las sanciones impuestas.

Artículo 16. Acceso a la justicia. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el Ministerio de Trabajo ha establecido un proceso de atención, verificación y resolución inmediata a las denuncias presentadas por violaciones de los derechos laborales de los trabajadores domésticos. El Gobierno indica que a través de dicho procedimiento se brinda acompañamiento a los trabajadores domésticos durante el proceso de inspección, la conciliación y el proceso judicial. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre el funcionamiento en la práctica de dicho proceso.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Artículo 1, apartado c), del Convenio. Definición de trabajo doméstico y de trabajador doméstico. En su primera memoria, el Gobierno indica que el artículo 145 del Código del Trabajo (en adelante «CT»), tal como modificado por la Ley núm. 666 de Reformas y Adiciones al capítulo I del título VIII del Código del Trabajo de la República de Nicaragua (en adelante «ley núm. 666») define a los trabajadores y trabajadoras del servicio del hogar como aquellas personas que prestan servicios propios en el hogar de una persona o familia en su casa de habitación «en forma habitual o continua». La Comisión nota que dicha definición parece excluir a los trabajadores domésticos que trabajan esporádicamente. Al respecto, la Comisión recuerda que la definición de trabajador doméstico establecida en el artículo 1 del Convenio excluye solamente a los trabajadores esporádicos cuando el trabajo doméstico que realizan no sea una ocupación profesional para los mismos. La Comisión llama a la atención del Gobierno los trabajos preparatorios sobre el Convenio, en los que se destaca que dicha precisión fue incluida en esta disposición para garantizar que jornaleros y otros trabajadores precarios en situaciones análogas queden comprendidos en la definición de trabajador doméstico (véase Informe IV (1), Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, 2011, página 5). La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera garantiza que los trabajadores ocasionales o esporádicos que realizan el trabajo doméstico como una ocupación profesional estén protegidos por las garantías previstas en el Convenio.

Artículo 3, párrafo 2, c). Abolición del trabajo infantil. La Comisión toma nota de que el artículo 84 de la Constitución prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Asimismo, toma nota de que los artículos 73 a 75 del Código de la Niñez y de la Adolescencia prohíben el trabajo infantil a los menores de 14 años, en lugares insalubres donde la vida, salud o integridad de los adolescentes esté en riesgo. La Comisión refiere a sus comentarios formulados en relación con este tema en el marco del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), en particular sobre las inspecciones realizadas en los domicilios en los que trabajan niños y adolescentes como empleados domésticos. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la serie de medidas tomadas para garantizar la promoción y protección eficaz de los trabajadores domésticos a través de la erradicación del trabajo infantil incluyendo el número de inspecciones realizadas en los hogares donde se encuentran menores de edad trabajando como domésticos, el número de infracciones denunciadas y las sanciones impuestas.

Artículo 5. Abuso, acoso y violencia. El Gobierno indica que el artículo 146 del CT, tal como modificado por la ley núm. 666 establece que, para los trabajadores domésticos adolescentes, cualquier trato humillante, acto de discriminación o de violencia, debidamente comprobado por el Instituto de Medicina Legal cometido por el empleador en perjuicio de un trabajador adolescente, obliga a la Inspectoría Departamental del Trabajo correspondiente a aplicar las sanciones administrativas de su competencia y a informar al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez para asegurar medidas de protección especial de la víctima y la presentación de la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Sin embargo, el Gobierno no proporciona información sobre las medidas que se aplicarían en relación con los trabajadores domésticos adultos. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas implantadas por el Gobierno a este respecto y que especifique la legislación correspondiente a fin de asegurarse de que los trabajadores domésticos adultos gozan de protección contra el abuso, acoso y la violencia en el trabajo.

Artículo 6. Condiciones de empleo equitativas y condiciones de vida decente. La Comisión nota que el Gobierno no proporciona informaciones específicas con respecto a la aplicación de este artículo. A este respecto, el Gobierno indica que el artículo 146 del CT tal como enmendado prevé que la retribución del trabajador o trabajadora del servicio del hogar comprende, además del pago en dinero, alimentos de calidad y en cantidad suficiente y el suministro de habitación cuando permanezca en la casa donde trabaja. Por su parte, el artículo 147 del CT prevé un descanso mínimo diario de doce horas para los trabajadores domésticos, ocho de ellas nocturnas, y un día de descanso por cada seis días de trabajo ininterrumpido. La Comisión nota que la ley núm. 666 prevé inspecciones regulares en las casas donde los adolescentes presentan sus servicios, sin embargo, la ley no prevé la obligación de los empleadores de trabajadores y trabajadoras domésticas en edad adulta de someterse a inspecciones periódicas por parte de la Inspectoría Departamental del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique si algún tipo de monitoreo ha sido o será implementado para asegurarse de la conformidad de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en edad adulta con la legislación nacional.

Artículo 7. Información sobre condiciones de empleo. La Comisión toma nota de los elementos que según lo dispuesto en el artículo 20 del CT deben estar presentes en un contrato de trabajo efectuado por escrito. Sin embargo, nota que el artículo 24 del CT dispone que, en lo referente al trabajo doméstico, los contratos de trabajo pueden ser celebrados verbalmente y, en este caso, el empleador debe suministrar al trabajador dentro de los primeros tres días de trabajo una constancia que contenga la fecha de iniciación de la relación de trabajo, el servicio a prestar u obra a realizar y el salario estipulado. Dicha constancia bastaría para demostrar la existencia de una relación laboral. A este respecto, la Comisión nota que la constancia que el empleador debe suministrar al trabajador no incluye todos los particulares mencionados en el artículo 20 del CT. La Comisión recuerda que el artículo 7 del Convenio prevé que todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, mediante contratos escritos. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas para dar pleno efecto al artículo 7 del Convenio.

Artículo 8. Trabajadores domésticos migrantes. El Gobierno indica que el Ministerio del Trabajo, a través del Departamento de Migraciones Laborales, establece procedimientos de contratación de trabajadoras temporales provenientes de Costa Rica en base al convenio binacional entre Nicaragua y Costa Rica firmado en diciembre de 2007. Sin embargo, el Gobierno explica que dicho convenio excluye a los trabajadores y trabajadoras domésticas debido a que éstos se resistirían a una inclusión como colectivo dentro de un acuerdo de esta naturaleza, dadas las particularidades de su contratación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas o contempladas para asegurar el cumplimiento del párrafo 1 del artículo 8 del Convenio, así como sobre los convenios bilaterales, regionales o multilaterales que se apliquen al trabajo doméstico. Considerando que una gran proporción de las mujeres nicaragüenses migrantes trabajan en el servicio doméstico en Costa Rica, la Comisión pide al Gobierno que explicite las medidas concretas que han sido implantadas para que éstas obtengan, si fuera necesario, la ayuda consular necesaria y que conozcan sus derechos laborales. Asimismo, pide al Gobierno que explique cómo se da efecto a dicho convenio cuando una organización intermediaria interviene en la contratación del personal doméstico y las medidas previstas o implementadas por el Gobierno a fin de proteger a las trabajadoras migrantes nicaragüenses que se encuentran en un país extranjero. Adicionalmente, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas o contempladas para dar cumplimiento al párrafo 4 del artículo 8 del Convenio sobre el derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo.

Artículo 9. Libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en su hogar. Conservación de documentos de viaje y de identidad. La Comisión toma nota de que el Código del Trabajo, tal como enmendado, no prevé si el trabajador doméstico tiene la libertad de alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un acuerdo sobre si residirá o no en el hogar para el que trabaja. Asimismo, toma nota de que la legislación no establece el derecho de los trabajadores domésticos a conservar sus documentos de viaje y de identidad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas a fin de garantizar que un trabajador del sector doméstico tenga la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir en su hogar o no en el mismo lugar en el que trabaja. Asimismo, pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas contempladas o adoptadas para asegurarse de que los trabajadores domésticos migrantes tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad.

Artículo 10. Igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo. La Comisión toma que la ley núm. 666 establece las horas normales de trabajo únicamente con respecto a los trabajadores adolescentes. Sin embargo, el CT, de índole supletoria, establece en su artículo 147 que los trabajadores domésticos tienen derecho a doce horas de descanso absoluto mínimo diario, ocho de ellas nocturnas y continuas, con las excepciones establecidas en el mismo Código. Con respecto a las horas extraordinarias, la Comisión nota que éstas no se encuentran reglamentadas por la ley núm. 666, por lo que el artículo 62 del CT resultaría aplicable. En cuanto a las vacaciones anuales, la legislación aplicable a los trabajadores domésticos no prevé disposiciones específicas a este efecto, pero el artículo 76 del CT prevé quince días de descanso continuo y remunerado por cada seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador. Por último, la Comisión nota que la ley núm. 666 no reglamenta los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición de su hogar, sin embargo, el artículo 49 del CT, de aplicación general, establece que una jornada de trabajo debe ser considerada como tal desde el momento en que el trabajador llega al lugar donde debe efectuar su trabajo, o donde recibe órdenes o instrucciones respecto al trabajo que se ha de efectuar en la jornada, hasta el momento en que éste pueda disponer libremente de su tiempo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las horas normales de trabajo para los trabajadores domésticos adultos, sobre la compensación de horas extraordinarias y las vacaciones anuales pagadas para asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general. Asimismo, pide al Gobierno que suministre información sobre cómo la legislación aplicable reglamenta los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas.

Artículo 12, párrafo 2. Pago en especie. La Comisión observa que el artículo 149 del CT, tal como enmendado, prohíbe el pago en especie. Por su parte, el artículo 146 del CT prevé que la retribución de los trabajadores del servicio del hogar comprende, además del pago en dinero, alimentos de calidad y en cantidad suficiente, y el suministro de habitación cuando duerma en la casa donde trabaja. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 146 del CT dispone que, para establecer la base de cálculo para el pago de sus prestaciones, se tomarán en cuenta adicionalmente los alimentos y habitación otorgados, con un valor equivalente al 50 por ciento del salario que perciba en dinero. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal, y que el valor monetario que se atribuya a los mismos sea justo y razonable. Asimismo, pide al Gobierno que informe si se han tomado medidas específicas para asegurarse de que el cálculo de alimentos y habitación sea conforme al artículo 12 del Convenio.

Artículo 13. Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. El Gobierno indica en su memoria que los párrafos 1 y 2 del artículo 13 del Convenio se encuentran normados por la ley núm. 666. Sin embargo, el Comité nota que el CT tal como enmendado, no se refiere a la seguridad y salud en el trabajo, salvo la referencia genérica en el artículo 150 del CT a «programas especiales de salud». Asimismo, toma nota de que el artículo 17, apartado q) del CT prevé que el empleador tiene la obligación de alojar a los trabajadores gratuitamente cuando por la naturaleza del trabajo o por requerimientos del empleador se vean precisados a permanecer en los lugares de trabajo, mientras que el título V del CT reglamenta la higiene, seguridad ocupacional y riesgos profesionales. Adicionalmente toma nota de que según lo previsto en el artículo 101 del CT, los empleadores tienen la obligación de adoptar las medidas mínimas con respecto a las medidas higiénicas, las medidas preventivas de accidentes de trabajo, capacitación y los de servicios de protección. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la aplicación del título V del Código del Trabajo, si ésta se aplica a los trabajadores domésticos y sobre las medidas que entiende adoptar para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores domésticos teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. Asimismo, pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas contempladas o implementadas a fin de asegurar el pleno efecto del artículo 13.

Artículo 14. Seguridad social. La Comisión nota que el artículo 74 de la Constitución prevé una protección especial de las mujeres durante el embarazo, goce de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social, prohibiendo su despido durante el período de embarazo o en período postnatal. Por su parte, el artículo 78 de la Constitución prevé la protección de la maternidad y paternidad, mientras que el artículo 82, numeral 7 de la Constitución establece el derecho de los trabajadores a la seguridad social para la invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad. Adicionalmente, el artículo 150 del CT tal como enmendado, prevé la obligación del empleador de inscribir a los trabajadores del hogar en el régimen de seguridad social, quienes gozarán de los beneficios de la seguridad social y de programas especiales de salud. Por último, la Comisión nota que la Ley núm. 539 de Seguridad Social, de 12 de mayo de 2005, incluye a los trabajadores domésticos en su campo de aplicación (artículo 5), de manera que, los trabajadores domésticos parecen estar cubiertos por las mismas prestaciones de seguridad social que los otros trabajadores (vejez, invalidez, muerte, salud, riesgos profesionales). La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en la que se asegura que los trabajadores domésticos, incluso los que trabajan para múltiples empleadores, disfrutan de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social y de especificar las prestaciones a las que tienen derecho y la normativa aplicable. Adicionalmente, la Comisión pide al Gobierno que especifique de qué manera asegura la aplicación en la práctica de las disposiciones antes citadas y que proporcione estadísticas sobre el número de trabajadores y trabajadoras domésticas que se encuentran afiliados al seguro social.

Artículo 15. Agencias privadas de empleo. El Gobierno indica que las agencias de empleo privadas están reguladas por el acuerdo ministerial JCHG 004-04-07 (en adelante el acuerdo). En conformidad con el acuerdo, es el Ministerio del Trabajo quien tiene por función supervisar y regular el funcionamiento de las agencias de empleo privadas para la intermediación del empleo entre trabajadores y empleadores (artículo 1 del acuerdo). La Comisión toma nota de que, según lo dispuesto en el artículo 19 del acuerdo en relación con los mecanismos y procedimientos adecuados para la investigación de las quejas, de los presuntos abusos y prácticas fraudulentas, es la Inspectoría Departamental del Trabajo quien tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de dicho acuerdo. Por su parte, el artículo 15 del acuerdo impone a las agencias de empleo privadas la obligación de reportar obligatoriamente cada mes a la Dirección General de Empleo y Salario o a la Delegación Departamental del Ministerio del Trabajo correspondiente, datos estadísticos. Por último, el artículo 7 del acuerdo prohíbe a la agencia privada de empleo el cobro, directo o indirecto, de algún tipo de honorario o tarifa. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o contempladas para proporcionar una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por las agencias de empleo privadas. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a la implementación de las medidas previstas en el artículo 15 del Convenio para proteger contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias privadas de empleo. Igualmente, pide al Gobierno de especificar si un mecanismo de procedimientos de quejas ha sido implementado por la Inspectoría Departamental del Trabajo a fin de denunciar las prácticas ilícitas de las agencias de empleo y de especificar en la práctica el funcionamiento de dicho mecanismo. Sírvase proporcionar información sobre el número de infracciones identificadas y otras sanciones impuestas.

Artículo 16. Acceso a la justicia. El Gobierno indica en su memoria que todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores domésticos, tienen acceso efectivo a los tribunales del trabajo, a la vía administrativa y a los servicios de inspección adscrita al Ministerio del Trabajo, ya sea en persona o por medio de un representante. La Comisión pide al Gobierno que especifique los diferentes recursos a los cuales los trabajadores domésticos tienen acceso y que indique las medidas que han sido implementadas por el Gobierno a fin de facilitar el acceso a la justicia para los trabajadores y las trabajadoras domésticas, incluyendo las campañas de información y de sensibilización.

Artículo 17. Acceso al domicilio del hogar. El Gobierno no especifica las modalidades de acceso de la inspección al domicilio del hogar, salvo por las inspecciones periódicas concernientes a las condiciones de trabajo de los adolescentes trabajadores domésticos (artículo 146 del CT). La Comisión nota que de acuerdo con el artículo 22 de la ley núm. 664 (Ley General de Inspección del Trabajo), los inspectores del trabajo podrán realizar visitas a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso, durante la jornada de trabajo establecida por el centro de trabajo o de aquellos establecimientos o lugares de los que se tenga motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección, a fin de garantizar la correcta aplicación de la legislación laboral. Al mismo tiempo, la Comisión nota que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la manera en que se da efecto al artículo 17 del Convenio.

Decisiones judiciales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione copias de decisiones judiciales en las que fue aplicada la ley núm. 666.

Comentarios de los interlocutores sociales. La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene información al respecto. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los comentarios o las discusiones que tuvieron lugar con los interlocutores sociales con respecto a la implementación del Convenio.