Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV), la Confederación Sindical del Reino de los Países Bajos (FNV), y la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP), recibidas el 28 de agosto de 2025, y de la respuesta del Gobierno a estas observaciones.

Artículo 14 del Convenio. Nivel mínimo de pérdida de la capacidad para ganar. La Comisión observó anteriormente que el grado mínimo de incapacidad del 35 por ciento para tener derecho a prestaciones monetarias en virtud de la Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Empleo), de 2006 (WIA), era demasiado elevado para cumplir el artículo 14 del Convenio.

El Gobierno indica en su memoria que, cuando se introdujo la WIA, se estableció un grado mínimo del 35 por ciento con la expectativa de que las personas con un grado de incapacidad laboral inferior al 35 por ciento, conocidas como «las personas de menos de 35», pudieran ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismas. En este contexto, tanto los empleadores como los trabajadores comparten la responsabilidad de permitir que «las personas de menos de 35» encuentren trabajo. Si sus ingresos no son suficientes, pueden acogerse a la protección que brinda la Ley de Desempleo o la Ley de Participación (que cubre las prestaciones de asistencia social). El Gobierno indica asimismo que, en la práctica, sin embargo, una gran parte de «las personas de menos de 35» no están trabajando. Además, el Gobierno señala que a menudo se evalúa a las personas con ingresos más bajos antes de quedar incapacitadas para trabajar y se determina que su grado de incapacidad es inferior al 35 por ciento, lo cual contrasta con la evaluación realizada de las personas con ingresos más altos. Esto es debido a que la evaluación tiene en cuenta la pérdida de ingresos. El Gobierno también hace referencia a la conclusión del estudio llevado a cabo a solicitud del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, en la que se pone de relieve que «las personas de menos de 35» tienen una gran necesidad de apoyo. Además, según el Consejo Social y Económico de los Países Bajos y el estudio llevado a cabo por la Comisión Independiente sobre el Futuro del Sistema de Discapacidad (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)), el grado mínimo de incapacidad debería ser inferior al 35 por ciento. El Gobierno indica asimismo que, si bien no se ha tomado aún la decisión, examinará el grado mínimo de incapacidad en el contexto de las reformas del régimen de discapacidad. Al mismo tiempo, el Gobierno reconoce que la reducción del grado mínimo de incapacidad afectará a la asequibilidad del régimen de discapacidad. Más concretamente, si aumenta el número de personas que perciben prestaciones de discapacidad, se incrementará el costo para los empleadores y el Gobierno. Además, el Instituto de Gestión de Seguros para los Trabajadores Asalariados de los Países Bajos (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV)) se verá sometido a una mayor presión, ya que tendrá que realizar más reevaluaciones.

La Comisión toma nota de las observaciones de la FNV, la CNV y la VCP, que indican que, en la práctica, los empleadores no contratan a «las personas de menos de 35» o las despiden al cabo de dos años, cuando finaliza el periodo de prohibición del despido. En lo que respecta a la protección que brinda la Ley de Desempleo o la Ley de Participación, la FNV, la CNV y la VCP indican que «las personas de menos de 35» probablemente reciban prestaciones de desempleo durante un periodo que oscila entre tres meses y dos años. Posteriormente, un pequeño porcentaje podrá acogerse a la asistencia social, mientras que este no es el caso de la mayoría, porque sus asociados tienen ingresos o activos que superan el límite establecido. Según la FNV, la CNV y la VCP, entre el 18 y el 23 por ciento se retiran del mercado de trabajo tras recibir prestaciones de desempleo. La FNV, la CNV y la VCP indican además que las personas con discapacidades graves y con un grado de incapacidad evaluada inferior al 35 por ciento (en particular aquellas personas que tenían ingresos bajos antes de su discapacidad) no pueden encontrar trabajo, y tampoco pueden recibir asistencia social debido a un asociado. La FNV, la CNV y la VCP especifican que el número de «personas de menos de 35» que trabajan puede equipararse al número de personas con un grado de incapacidad de entre el 35 y el 80 por ciento. La FNV, la CNV y la VCP indican asimismo que, aunque el Gobierno está estudiando formas de garantizar que los empleadores contraten a personas con un grado bajo de incapacidad (el 35 por ciento o menos), este proceso está llevando demasiado tiempo. Entretanto, sigue aumentando el número de personas afectadas y que acaban viviendo en la pobreza.

En su respuesta a las observaciones de la FNV, la CNV y la VCP, el Gobierno reconoce que las personas con un grado de incapacidad inferior al 35 por ciento pueden tener dificultades para encontrar trabajo y/u obtener ingresos que estén por encima del nivel de subsistencia. Por consiguiente, el Gobierno reconoce la importancia de estudiar cómo brindar más apoyo a estas personas, y que en los últimos años se ha prestado más atención a este tema. El Gobierno indica que, en la actualidad, el UWV está explorando formas de mejorar sus servicios para «las personas de menos de 35», y que los empleadores y los municipios también deben desempeñar un papel al apoyar a estas personas. El Gobierno reconoce asimismo que se necesitan medidas adicionales, pero este proceso es complejo y lleva tiempo.

La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 14 del Convenio, los grados de discapacidad se clasifican como mínimo, ligero (no substancial), substancial y total. La Comisión recuerda asimismo que el grado mínimo de discapacidad por debajo del cual no pueden proporcionarse prestaciones monetarias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales será prescrito de modo que se eviten privaciones a los interesados (artículo 14, 5)). La Comisión recuerda asimismo que el grado mínimo no debería ser en ningún caso igual o superior al grado de incapacidad definido como ligero (no sustancial). En relación con esto, la Comisión consideró anteriormente que un grado de incapacidad de hasta el 30 por ciento puede considerarse ligero (no sustancial), cuando se puede proporcionar una suma global en lugar de un pago periódico (artículo 14, 4). La Comisión recuerda asimismo que el grado ligero (no sustancial) de incapacidad se refiere a los casos de incapacidad menor para trabajar cuando el trabajador conserva una gran parte de su capacidad para obtener ganancias (véase el Estudio General de 2025, Alcanzar una protección completa contra los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, párrafos 243245, 249 y 274).

La Comisión toma nota una vez más de que, en virtud de la WIA, no pueden proporcionarse prestaciones monetarias en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales por un grado de incapacidad inferior al 35 por ciento. Recuerda además que el grado mínimo de incapacidad del 35 por ciento para tener derecho a prestaciones monetarias en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales no está en conformidad con las disposiciones del artículo 14 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, en plena consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, a fin de poner la legislación nacional en conformidad con el artículo 14 del Convenio, garantizando que las personas con un grado de incapacidad inferior al 35 por ciento tengan derecho a prestaciones monetarias en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, y que informe sobre las medidas adoptadas a tal efecto.

Artículo 14, 2), leído conjuntamente con los artículos 6, c), 19 y 22, 1). Pérdida total de la capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente. La Comisión observó anteriormente que toda persona con una incapacidad laboral total (al menos del 80 por ciento), y permanente, tendrá derecho a recibir prestaciones en el marco del régimen de ingresos para personas con una discapacidad laboral total (prestación IVA), de conformidad con el artículo 47 de la WIA. La prestación IVA asciende al 75 por ciento del salario mensual anterior, pero está sujeta a una reducción si el beneficiario obtiene ingresos (artículos 51 y 52 de la WIA).

En su respuesta, el Gobierno indica que, si el beneficiario de una prestación IVA obtiene ingresos adicionales provenientes del trabajo, el 70 por ciento de estos ingresos se liquidarán con la prestación IVA. El Gobierno indica asimismo que, en ese caso, los ingresos totales del beneficiario, incluidos los ingresos provenientes del trabajo y la prestación IVA reducida, serán superiores a la prestación IVA original. Según el Gobierno, como consecuencia, la liquidación de los ingresos provenientes del trabajo con la prestación IVA no pone en peligro el nivel mínimo de subsistencia.

La FNV, la CNV y la VCP indican que la deducción de los ingresos provenientes de la prestación IVA no es aceptable.

La Comisión recuerda que el Convenio no autoriza ninguna reducción de las prestaciones monetarias en el caso de que una persona con una incapacidad total obtenga ingresos adicionales provenientes de una actividad remunerada. La Comisión recuerda asimismo que el Convenio exige la concesión de prestaciones monetarias en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales con respecto a la pérdida total de la capacidad para ganar a un nivel de al menos el 60 por ciento del salario establecido (artículo 19 y cuadro II). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que la prestación IVA no sea inferior al 60 por ciento del salario establecido, en el caso de que una persona considerada total y permanentemente incapaz para trabajar obtenga ingresos.

Artículo 14, 3) leído conjuntamente con los artículos 9 y 19. Pérdida parcial sustancial de la capacidad para ganar cuando sea probable que esta pérdida sea permanente. i) Reincorporación en el empleo de las personas que reciben prestaciones salariales (prestación salarial WGA) con arreglo al plan para las personas con discapacidad parcial. La Comisión tomó nota anteriormente de que la prestación salarial WGA concedida a las personas con un grado de incapacidad para trabajar establecido entre el 35 y el 80 por ciento no cumple algunas disposiciones del Convenio. En particular, la Comisión se refirió a: i) las condiciones para poder recibir esta prestación, según las cuales una persona debe estar inscrita como demandante de empleo, debe realizar esfuerzos suficientes para obtener un empleo conveniente y debe aceptar dicho trabajo, si se lo ofrecen (artículo 30 de la WIA); ii) el requisito de un periodo mínimo de empleo de una hora de trabajo por semana natural durante al menos 26 semanas naturales (artículo 58 de la WIA), y iii) la duración del pago, según la cual la prestación se paga durante al menos 3 meses y como máximo durante 24 meses (artículo 59 de la WIA).

En su respuesta, el Gobierno indica que el derecho a las prestaciones depende de los esfuerzos realizados para lograr la reincorporación al empleo, por lo que permite a las personas que son parcialmente incapaces de trabajar reincorporarse al mercado de trabajo con más rapidez. Según el Gobierno, esto promueve una mayor solidaridad dentro del régimen de discapacidad y alienta a las personas a reincorporarse de acuerdo con sus capacidades. El Gobierno indica además que, si una persona no recibe la prestación WGA en una fase relacionada con el salario, recibirá la prestación WGA en la fase de seguimiento.

En sus observaciones, la FNV, la CNV y la VCP indican que, si bien las personas con incapacidad parcial para trabajar quieren reincorporarse, los empleadores no las contratan. Además, según la FNV, la CNV y la VCP, el régimen de discapacidad no alienta a las personas a reincorporarse, sino que las castiga en su lugar.

Recordando las disposiciones del artículo 26, c) del Convenio, la Comisión reconoce la importancia de las medidas encaminadas a promover la colocación de las personas con discapacidad en un empleo conveniente, con miras a facilitar su integración en el mercado de trabajo. Sin embargo, la Comisión recuerda que supeditar el derecho a prestaciones monetarias en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a la obligación de utilizar la capacidad restante para ganar no está prevista por el Convenio (artículos 9 y 14, 3)). La Comisión recuerda asimismo que, en virtud del artículo 9, 2) del Convenio, la iniciación del derecho a las prestaciones no puede ser subordinada ni a la duración del tiempo del empleo ni a la duración del periodo de afiliación al seguro o al pago de las cotizaciones. Además, se concederán las prestaciones mientras exista la situación que da derecho a ellas, es decir, durante todo el periodo de discapacidad (artículo 9, 3)). En relación con la referencia del Gobierno a la disponibilidad de la prestación WGA en la fase de seguimiento, la Comisión señala a la atención del Gobierno las cuestiones planteadas más abajo a este respecto. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la prestación salarial WGA cumpla los requisitos en lo que respecta a las condiciones que dan derecho a esta prestación, el periodo necesario para tener derecho a la prestación y la duración del pago establecidas en los artículos 9 y 14, 3) del Convenio, si el Gobierno desea considerar la prestación salarial WGA a efectos de la aplicación del Convenio.

ii) Prestación de complemento salarial WGA. Condiciones para tener derecho a esta prestación. La Comisión tomó nota anteriormente de que la prestación de complemento salarial WGA se proporcionaba tras el pago de la prestación salarial WGA, o en caso de que una persona no tuviera derecho a la prestación salarial WGA (artículo 60 de la WIA). La Comisión observó asimismo que la prestación de complemento salarial WGA estaba sujeta al requisito de ingresos, según el cual una persona parcialmente capacitada para trabajar debe obtener por mes natural ingresos provenientes del trabajo que sean al menos iguales al 50 por ciento de su capacidad restante de generar ingresos (artículo 60 de la WIA).

En su respuesta, el Gobierno indica que, si una persona no recibe la prestación de complemento salarial WGA, recibirá la prestación WGA en la fase de seguimiento, lo cual no depende de la utilización de la capacidad residual de generar ingresos.

La Comisión recuerda una vez más que el requisito de utilizar la capacidad residual de generar ingresos como condición para tener derecho a la prestación no está en conformidad con el Convenio, que garantiza el derecho a las prestaciones al nivel prescrito sin tener en cuenta la capacidad residual de generar ingresos (artículos 9 y 14, 3)). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que las condiciones para tener derecho a la prestación de complemento salarial WGA estén en conformidad con los artículos 9 y 14, 3) del Convenio, si el Gobierno desea considerar la prestación de complemento salarial WGA a efectos de la aplicación del Convenio.

iii)Prestación WGA subsiguiente. Nivel de la prestación. La Comisión observó anteriormente que la prestación WGA subsiguiente era una prestación calculada basada en el salario mínimo legal, en lugar de un porcentaje del salario anterior del beneficiario. En relación con esto, el Gobierno indica que el nivel de la prestación WGA en la fase de seguimiento es un importante aliciente para utilizar la capacidad residual para generar ingresos. Al mismo tiempo, el Gobierno indica que la reducción de los ingresos para algunas personas, especialmente aquellas que quieren trabajar, pero no pueden por diversos motivos, es considerable cuando reciben la prestación WGA subsiguiente y puede causar dificultades. Como parte de las reformas al régimen de discapacidad, el Gobierno examinará la cuestión relativa a la posible abolición de esta prestación. Esto significaría que, en la fase de seguimiento de la WGA, las personas reciben una prestación salarial complementaria.

La Comisión toma nota de las observaciones de la FNV, la CNV y la VCP, que indican que la prestación WGA subsiguiente, determinada como un porcentaje del salario mínimo, está muy por debajo del nivel de subsistencia. Según la FNV, la CNV y la VCP, las personas son castigadas por el sistema si no pueden encontrar trabajo y reciben prestaciones subsiguientes muy bajas. La FNV, la CNV y la VCP indican que el plan de desarrollo de la OCTAS propone abolir la prestación WGA subsiguiente e introducir una prestación salarial complementaria 2.0. En particular, esta prestación sigue vinculada con el salario anterior. Según la FNV, la CNV y la VCP, las personas con un bajo grado evaluado de incapacidad seguirán estando por debajo del mínimo social establecido.

En su respuesta a las observaciones de la FNV, la CNV y la VCP, el Gobierno subraya que la decisión sobre la sustitución de la prestación subsiguiente por la prestación salarial complementaria 2.0 aún no se ha tomado. Si se elimina la prestación subsiguiente, el Gobierno considerará esta nueva situación para garantizar que las personas no estén por debajo del mínimo social establecido.

La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 14, 3) del Convenio, la prestación por incapacidad parcial representará una proporción conveniente de la prestación por incapacidad total, cuyo nivel será al menos del 60 por ciento de los ingresos del beneficiario tipo (artículo 19 y cuadro II). La Comisión toma nota de que la prestación IVA que se proporciona en caso de incapacidad total está determinada como el 75 por ciento del salario mensual anterior (artículo 51 de la WIA). Por lo tanto, la Comisión considera que la prestación WGA subsiguiente no representa una proporción conveniente de la prestación IVA, en particular en lo que respecta a las personas con ingresos por encima del salario mínimo legal.

La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el nivel de la prestación WGA subsiguiente o cualquier otra prestación proporcionada con respecto a la incapacidad parcial sustancial debido a un accidente del trabajo o una enfermedad profesional represente una proporción conveniente de la prestación concedida con respecto a la incapacidad total, en consonancia con los requisitos de los artículos 14, 3) y 19 del Convenio.

Reforma del régimen de discapacidad. La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, en la actualidad está estudiando maneras de ajustar el régimen de discapacidad holandés a fin de garantizar su mejora y simplificación. El Gobierno se refiere en particular al estudio sobre el régimen de discapacidad holandés llevado a cabo por la OCTAS en 2023-2024, que concluyó que el régimen de discapacidad es demasiado complejo tanto para las personas que dependen de él como para las que lo ponen en práctica. Concretamente, el Gobierno indica que, si bien para muchas personas el régimen de discapacidad funciona como debería, para muchas otras causa problemas. Además, según el Gobierno, el establecimiento del sistema está bajo presión. Más concretamente, el UWV, que ejecuta la WIA, está lidiando con los largos tiempos de espera para las evaluaciones sociales y médicas. Además, hay problemas relacionados con la calidad de estas evaluaciones, lo cual conduce a que algunas personas reciban prestaciones que son demasiado elevadas o demasiado bajas. Afrontar estos problemas aumenta la presión sobre el UWV. El Gobierno indica también que las medidas iniciales para reformar el régimen de discapacidad se centrarán en mejorar su funcionamiento, mientras se prevén más cambios estructurales a largo plazo. El Gobierno pone de relieve que este es un proceso de larga duración.

En sus observaciones, la FNV, la CNV y la VCP indican los cambios que se han introducido en relación con la WIA, incluida la realización del estudio de la OCTAS, la organización por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo de una mesa redonda sobre cuestiones relativas al sistema de la WIA que tuvo lugar en el Parlamento, el 8 de abril de 2025, así como un informe elaborado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo a fin de analizar el régimen de discapacidad holandés y los requisitos del Convenio. La FNV, la CNV y la VCP destacan que, a pesar de todas las reuniones y discusiones, muy poco ha mejorado en la práctica, lo que significa que sus observaciones y comentarios críticos sobre el sistema de discapacidad holandés siguen siendo sumamente pertinentes. En relación con la indicación del Gobierno relativa a la complejidad del régimen de discapacidad, la FNV, la CNV y la VCP ponen de relieve que no se trata tanto de su complejidad como de las muchas dificultades que existen dentro de este régimen. La FNV, la CNV y la VCP destacan asimismo que incumbe principalmente al Gobierno la ejecución de la WIA.

Si bien toma debida nota de que el Gobierno señala que pretende reformar el régimen de discapacidad y las medidas adoptadas a este respecto, la Comisión toma nota una vez más de que las prestaciones monetarias proporcionadas de conformidad con la WIA no garantizan el nivel de protección establecido en el Convenio en lo que respecta a diversas cuestiones. La Comisión confía en que el Gobierno garantice, en plena consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, que el régimen de discapacidad holandés cumpla los requisitos del Convenio en el contexto de las reformas en curso. Pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos a este respecto. La Comisión recuerda además al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT en relación con esto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV), la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), y la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP), recibidas el 31 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de 2022, y pide al Gobierno que transmita su respuesta a este respecto.

Artículo 14 del Convenio.Nivel mínimo de pérdida de capacidad para obtener ingresos. La Comisión observó anteriormente que el grado mínimo de incapacidad del 35 por ciento para tener derecho a las prestaciones monetarias en virtud de la Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Empleo), de 2006, (WIA) era demasiado elevado para cumplir el artículo 14. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que el grado mínimo de incapacidad del 35 por ciento se fijó de acuerdo con los sindicatos y las organizaciones de empleadores. El Gobierno también señala que, según las evaluaciones financieras, la reducción del grado mínimo supondría un aumento de los costes e implicaría importantes ajustes del régimen que requieren un análisis complejo y exhaustivo.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CNV, la FNV, y la VCP indican que: 1) desde hace años, proponen que el grado mínimo de incapacidad se reduzca del 35 por ciento al 15 por ciento; 2) en contra del objetivo original de la WIA que consiste en que las personas con menos del 35 por ciento de incapacidad permanezcan en el mercado laboral, en la práctica parece que la pérdida del 35 por ciento de capacidad laboral o menos constituye a menudo un obstáculo para que los empleadores conserven a esos trabajadores, y 3) un grupo importante de personas queda fuera de la protección de los ingresos proporcionada por la WIA, que requiere un grado mínimo de incapacidad del 35 por ciento.

La Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 14 del Convenio, el grado de pérdida de la capacidad para ganar a partir del cual se pagan prestaciones se establecerá de manera tal que no entrañe un gravamen excesivo. La Comisión también recuerda que, en virtud del artículo 14 del Convenio, las prestaciones monetarias que se otorguen cuando se supere dicho grado mínimo podrán adoptar la forma de pagos periódicos o de una suma global si la pérdida parcial de la capacidad de ganar no es sustancial. A este respecto, la Comisión había observado que la incapacidad por debajo del 25 por ciento puede considerarse no sustancial e indemnizarse abonando una suma global, de conformidad con el párrafo 10 de la Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). La Comisión también señaló que, en función de la existencia de otras garantías de ingresos complementarios, había considerado que la indemnización a través de una suma global cumplía con el Convenio en determinados casos de incapacidad hasta el 35 por ciento. Sin embargo, la WIA no prevé ni prestaciones periódicas en metálico, ni sumas globales en caso de incapacidad inferior al 35 por ciento.

Si bien toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Gobierno, la Comisión recuerda su posición y análisis anteriores y sigue opinando que el grado mínimo de incapacidad del 35 por ciento para tener derecho a prestaciones en metálico no se ajusta a las disposiciones del artículo 14 del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a que adopte, sin más dilación y en plena consulta con las organizaciones sindicales y de empleadores más representativas, las medidas necesarias para poner la legislación nacional de conformidad con el artículo 14 del Convenio, garantizando que las personas con una incapacidad inferior al 35 por ciento tengan derecho a prestaciones en metálico en caso de accidentes del trabajo, y a que informe sobre las medidas adoptadas a tal efecto.

Artículo 14, 2), leído conjuntamente con los artículos 6, c) y 22, 1).Pérdida total de la capacidad para ganar, cuando sea probable que sea permanente. La Comisión había observado anteriormente que, según el artículo 47 de la WIA, una persona con una incapacidad laboral total (de al menos el 80 por ciento), y permanente, tendrá derecho a la prestación del régimen de ingresos para personas con una discapacidad laboral total (prestación IVA). La prestación IVA asciende al 75 por ciento del salario mensual anterior, pero está sujeta a una reducción si el beneficiario obtiene otros ingresos (artículos 51-52 de la WIA). A este respecto, la Comisión observa que el Convenio no autoriza ninguna reducción de las prestaciones en metálico en caso de que una persona totalmente incapacitada obtenga ingresos adicionales de cualquier actividad remunerada, lo que la deja libre para combinar la prestación de invalidez con el trabajo. La Comisión recuerda que de conformidad con el artículo 6, c) del Convenio, la definición de la contingencia de pérdida total o parcial de la capacidad de ganar, que es probable que sea permanente, no incluye la suspensión real de los ingresos en comparación con, por ejemplo, la definición de incapacidad temporal para trabajar, según el artículo 6, b) del Convenio. La Comisión recuerda, además, que las disposiciones de la WIA, que permiten la reducción de la prestación IVA en caso de que el beneficiario obtenga ingresos de una actividad lucrativa, van más allá del artículo 22, 1) del Convenio, que limita los motivos de suspensión de las prestaciones. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte, sin más dilación, las medidas necesarias para garantizar que la prestación IVA no sea objeto de reducción cuando el beneficiario obtenga ingresos de cualquier actividad remunerada, de conformidad con el artículo 14, 2) y el artículo 22, 1) del Convenio.

Artículo 14, 3), leído conjuntamente con el artículo 9.Pérdida parcial sustancial de la capacidad para ganar que es probable que sea permanente.i)Condiciones de elegibilidad para la prestación salarial WGA. La Comisión había tomado nota de que, para tener derecho a una prestación con arreglo al plan de reanudación del trabajo para personas con discapacidad parcial (prestación salarial WGA), una persona con una incapacidad laboral de entre el 35 y el 80 por ciento estaba obligada a inscribirse como demandante de empleo, a realizar suficientes intentos para conseguir un trabajo adecuado y a aceptar una oferta de trabajo (artículo 30 de la WIA). El derecho a la prestación salarial WGA depende de que la persona asegurada también tenga derecho a una prestación de desempleo (artículo 58 de la WIA). Los que no tienen derecho a prestaciones de desempleo pueden conseguir la prestación WGA de complemento salarial o la prestación WGA uniforme subsiguiente (artículo 54, 4) de la WIA).

La Comisión recuerda de nuevo que supeditar el derecho a recibir una prestación a la obligación de hacer uso de la capacidad residual de generar ingresos no está previsto por el Convenio (artículos 9 y 14, 3)). Por lo tanto, la Comisión considera que, en las condiciones prescritas por el artículo 30 de la WIA, la prestación salarial WGA no se ajusta a los requisitos establecidos en los artículos mencionados del Convenio. Considerando que la prestación salarial WGA no deberá estar sujeta a las condiciones establecidas por el artículo 30 de la WIA para ser considerada a efectos de la aplicación del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de elegibilidad para la prestación salarial WGA estén de conformidad con los artículos 9 y 14, 3) del Convenio.

ii)Periodo necesario para tener derecho a la prestación salarial WGA. La Comisión toma nota de que el derecho a percibir la prestación salarial WGA está sujeto a un periodo de prueba en el empleo de al menos una hora de trabajo por semana natural durante al menos 26 semanas naturales (artículo 58 de la WIA). A este respecto, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 9, 2) del Convenio, la iniciación del derecho a las prestaciones no puede ser subordinada ni a la duración del tiempo del empleo ni a la duración del periodo de afiliación al seguro o al pago de las cotizaciones. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el derecho a la prestación salarial WGA no esté supeditado al cumplimiento de una determinada duración del empleo o del seguro, de conformidad con el artículo 9, 2) del Convenio.

iii) Duración de la prestación salarial WGA. La Comisión toma nota de que la prestación salarial WGA se paga durante al menos 3 meses y como máximo durante 24 meses (artículo 59 de la WIA). Además, observa que la duración de la prestación salarial WGA está sujeta a la duración del periodo de empleo anterior. En concreto, un mes de pago de la prestación equivale a un año natural de trabajo (artículo 59 de la WIA). A este respecto, la Comisión recuerda que el Convenio no permite que la prestación se vea afectada por la duración del tiempo de empleo y exige que la prestación se conceda durante toda la contingencia (artículo 9, 2) y 3)). Por lo tanto, la Comisión considera que la prestación salarial WGA solo podrá tenerse en cuenta a efectos de la aplicación del Convenio en su duración mínima de tres meses. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la duración de la prestación salarial WGA esté de conformidad con el artículo 9, 2) y 3) del Convenio, en caso de que el Gobierno desee considerar la prestación salarial WGA más allá de su duración mínima a efectos de la aplicación del Convenio.

Artículo 14, 3), leído conjuntamente con el artículo 9.Pérdida parcial sustancial de la capacidad para ganar que es probable que sea permanente.Derecho a recibir la prestación de complemento salarial WGA. La Comisión había tomado nota de que la prestación de complemento salarial WGA se proporcionaba después del pago de la prestación salarial WGA, o en caso de que una persona no tuviera derecho a percibir la prestación salarial WGA (artículo 60 de la WIA). La Comisión también observó que la prestación de complemento salarial WGA estaba sujeta al requisito de ingresos según el cual una persona parcialmente capacitada para trabajar debe obtener por mes natural unos ingresos del trabajo que sean al menos iguales al 50 por ciento de su capacidad de ganancia restante (artículo 60 de la WIA). La Comisión recuerda una vez más que la exigencia de utilizar la capacidad de ganancia residual como condición para tener derecho a las prestaciones no está de conformidad con el Convenio, que garantiza el derecho a las prestaciones al nivel prescrito sin tener en cuenta la capacidad de ganancia residual y los ingresos adicionales que podrían obtener los trabajadores con incapacidad parcial (artículos 9 y 14, 3)). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la condiciones para tener derecho a la prestación de complemento salarial WGA estén de conformidad con los artículos 9 y 14, 3) del Convenio, en caso de que el Gobierno desee considerar la prestación de complemento salarial WGA a efectos de la aplicación del Convenio.

Artículo 14, 3), leído conjuntamente con el artículo 19.Nivel de la prestación WGA subsiguiente. La Comisión había observado que la prestación WGA subsiguiente era una prestación de cuantía fija calculada en base al salario mínimo legal y no como porcentaje del salario anterior del beneficiario. Sin embargo, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 14, 3) del Convenio, la prestación por incapacidad parcial representará una proporción conveniente de la prestación por incapacidad total, cuyo nivel deberá corresponder al menos al 60 por ciento de las ganancias del beneficiario de la norma (artículo 19 y cuadro II). La Comisión señala que la prestación IVA que se proporciona en caso de incapacidad total se determina en un 75 por ciento del salario mensual anterior (artículo 51 de la WIA). Por lo tanto, la Comisión considera que la prestación WGA subsiguiente no representa una proporción adecuada de la prestación IVA, especialmente en lo que respecta a las personas con ingresos superiores al salario mínimo legal. La Comisión pide al Gobierno que adopte, sin más demora, las medidas necesarias para garantizar que el nivel de la prestación WGA subsiguiente se ajusta a las exigencias de los artículos 14, 3) y 19 del Convenio.

Sobre la base de lo anterior, la Comisión observa con profunda preocupación que las prestaciones en metálico previstas en la Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Empleo), de 2006, (WIA) no garantizan el nivel de protección establecido en el Convenio en lo que respecta a una serie de cuestiones y que, a pesar de los comentarios, que realiza desde 2007, sobre la no conformidad de las disposiciones de la WIA con el Convenio no se ha introducido ningún cambio en la legislación nacional para ponerla de conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2025].

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Artículo 31 del Convenio. Administración participativa del seguro de salud. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en los Países Bajos, la administración del seguro de salud no se encomienda a una institución regulada por las autoridades públicas, sino que está enteramente en manos de compañías de seguro privadas, que lo gestionan con fines de lucro. En el caso de esos regímenes, el artículo 31 del Convenio, requiere que la legislación nacional prescriba condiciones para la participación de los representantes de las personas protegidas en la administración del seguro. A efectos de promover su administración con carácter tripartito, la legislación también puede prever la participación de representantes de los empleadores y de las autoridades públicas. El artículo 30, 2), requiere que el Gobierno asuma la responsabilidad general respecto de la buena administración de las instituciones del seguro de salud y de los prestadores de servicios médicos, garantizando que el seguro de salud sea gestionado de manera democrática y transparente, con la adecuada participación de los sindicatos y de otras organizaciones que representan a las personas protegidas, junto con las asociaciones profesionales que representan a los prestadores de asistencia y la profesión médica. A la luz de estas explicaciones, se solicitó al Gobierno que comunicara información completa sobre la aplicación del artículo 31 del Convenio en el seguro de salud de los Países Bajos. En su respuesta, el Gobierno declaró que el artículo 31 «no es aplicable al sistema holandés de asistencia sanitaria». De esta respuesta, la Comisión entiende que las disposiciones del artículo 31 no se aplican en la ley y en la práctica de los Países Bajos y que el Gobierno no tiene la intención de cambiar esta situación. Tomando nota de estas informaciones con preocupación la Comisión no puede sino observar que la posición del Gobierno perpetúa las violaciones de los Países Bajos de sus obligaciones que se derivan de un tratado internacional ratificado, como es el Convenio.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Parte VIII del Convenio (Prestaciones de maternidad). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno, recibida en agosto de 2011, no contiene respuestas a las cuestiones específicas planteadas en la solicitud directa anterior de 2007 sobre la prestación de asistencia médica de maternidad a determinadas categorías de mujeres protegidas y las normas de participación en los costos de esa asistencia. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la 45.ª memoria de los Países Bajos, de 2012, sobre el Código Europeo de Seguridad Social, señala que la asistencia de maternidad está sujeta a pagos directos por hora o por día, cuya cuantía depende del lugar en que nazca el hijo. En caso de que el hijo nazca en el hospital, es aplicable un pago directo más elevado, si no existe ninguna indicación médica especial. La contribución consiste en dos partes: una tarifa inicial de 16 euros al día y la diferencia entre la tarifa diaria que el hospital cobra y 112,50 euros, que se cobra para compensar los costos de la sala de maternidad en el hospital. Sólo cuando la madre debe ser hospitalizada por indicación médica, no es aplicable el pago directo. En caso de parto sin una indicación médica, como ocurre en el parto en la casa o en una clínica ambulatoria, la madre deberá pagar una contribución en nombre de ella misma y de su hijo, que es de 4 euros por hora y se indexa anualmente.

Al respecto, la Comisión quiere destacar que los artículos 10, 2), y 49 del Convenio, prohíben la participación de la madre en el costo de la asistencia médica prestada en caso de embarazo y parto y sus consecuencias. Los tipos de esa asistencia, especificados en los artículos 10, 1), b), y 49, 2), serán definidos en la legislación nacional y prestados a las mujeres protegidas en virtud de la parte VIII del Convenio con carácter gratuito, independientemente del lugar en el que tengan lugar los partos, en el hospital o fuera del hospital. La gratuidad de esta asistencia no puede estar sujeta a la entrega de una indicación médica especial adicional. A la luz de esas explicaciones, la Comisión quisiera que el Gobierno evaluara en qué medida se reflejan estos requisitos del Convenio en la actual ley y práctica de los Países Bajos, especificando en particular si todos los tipos de asistencia médica mencionados en el artículo 49, 2) y 3), incluida la asistencia prenatal, están cubiertos por la asistencia de maternidad contenida en el paquete estándar del seguro de salud, qué tipos de asistencia se prestan con carácter gratuito, qué tipos requieren, para tal fin, una indicación médica especial, y en qué forma esta última debería entregarse. Sírvase calcular la cuantía máxima de dinero en efectivo que se requerirá normalmente a la madre como contribución cuando tenga lugar el parto en el hospital, sin una indicación médica especial, así como fuera del hospital, en la casa o en una clínica ambulatoria.

Según la 44.ª memoria del Gobierno sobre el Código Europeo de Seguridad Social, la asistencia de maternidad es prestada a la madre y al hijo por un período de hasta diez días luego de dar a luz; no existe una participación en el costo de la asistencia de maternidad con indicación médica. Sírvase indicar si, en caso de complicaciones derivadas del parto por ejemplo, sigue prestándose la asistencia de maternidad con una indicación médica, después de un período de diez días, sin ninguna participación en el costo, de conformidad con el artículo 52 del Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2013.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida el 29 de agosto de 2011, que contiene una respuesta a la observación anterior de la Comisión sobre la compatibilidad con el Convenio de los principales aspectos de la Ley de Trabajo e Ingresos (capacidad de empleo), de 2006 (WIA). También toma nota de los comentarios sobre la memoria, de fecha 31 de agosto de 2011, presentados por la Federación Sindical de los Países Bajos (FNV) y por la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV), a los que el Gobierno respondió en una carta de 18 de octubre de 2011. La Comisión tomó nota asimismo de que se celebraron varias reuniones entre autoridades del Gobierno de los Países Bajos y funcionarios superiores de la Oficina respecto de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la WIA.

La Comisión quisiera agradecer al Gobierno de los Países Bajos los esfuerzos adicionales realizados para aclarar su posición y la legislación, así como para mantener el diálogo social con los sindicatos, que comunicaron a la Comisión información exhaustiva sobre la aplicación del Convenio, tanto en la ley como en la práctica. Al recordar que su observación anterior se dedicó en su totalidad al análisis de la WIA, que comprende la contingencia de la pérdida total o parcial de la capacidad para obtener ingresos cuando resulte probable que sea permanente, como se prevé en el artículo 6, c), del Convenio. Tal como indicó en años anteriores, la Comisión decidió examinar en sus presentes comentarios la protección acordada por otras normas de aplicación en especial, aquellas normas relativas a la contingencia de un estado mórbido debido a un accidente del trabajo o a una enfermedad profesional (artículo 6, a), del Convenio), que está prevista en el régimen del seguro de salud. Con tal fin, la Comisión tomó nota también de la información contenida en la memoria detallada del Gobierno relativa al Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130), ambos Convenios ratificados por el Gobierno en vista de la interrelación que existe entre ellos y del diálogo que mantiene con las mencionadas organizaciones sindicales. La Comisión examinará, en sus próximas reuniones, la protección otorgada por la legislación de los Países Bajos frente a la contingencia de una incapacidad laboral temporal o inicial (artículo 6, b), del Convenio núm. 121), que en los Países Bajos es otorgada por el sistema mixto público y privado, basado en la responsabilidad civil de los empleadores de mantener los salarios durante los dos primeros años de enfermedad, y respaldado por una red de protección pública establecida por la Ley de Prestaciones de Enfermedad (ZW), así como frente a la contingencia de pérdida de los medios de existencia, sufrida a consecuencia del fallecimiento del sostén de la familia (artículo 6, d)), comprendida en la Ley General de Familiares Sobrevivientes (ANW).

Artículos 7 y 8 del Convenio, leídos conjuntamente con el artículo 26. Definición de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En relación con estas disposiciones del Convenio, el Gobierno se limita a declarar que no existe un régimen especial sobre accidentes del trabajo o enfermedades profesionales y que se compensa a los empleados independientemente de la causa de la discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que indique si la legislación nacional del trabajo o la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo contienen las definiciones de accidente del trabajo y enfermedad profesional, o una lista de tales enfermedades, establecida con el fin de notificar y controlar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. La Comisión también pide al Gobierno que facilite información sobre las investigaciones en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales llevadas a cabo por parte de la inspección del trabajo respecto de la imposición de sanciones adecuadas, la elaboración de medidas de prevención de los riesgos laborales y el desarrollo de servicios de salud en el trabajo, determinándose la responsabilidad del empleador por los daños ocasionados a la salud del trabajador. Sírvase indicar si los Países Bajos recaban datos estadísticos sobre la frecuencia y la gravedad de los accidentes del trabajo y, de ser así, que comunique estos datos junto a la próxima memoria del Gobierno.

Asistencia médica y prestaciones conexas

La Comisión toma nota de que el sistema de seguro de salud de los Países Bajos sufrió una reforma radical después de la entrada en vigor, el 1.º de enero de 2006, de la Ley sobre el Seguro de Salud, en virtud de la cual se privatizó totalmente el seguro de salud. La Comisión solicita al Gobierno que explique si permanece algún tipo de servicio de salud pública o de instituciones médicas, en el área de la salud en el trabajo y la rehabilitación y, de ser así, si los aseguradores de asistencia médica son alentados a utilizar esos servicios e instituciones para el tratamiento de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales.

Artículos 4 y 9. Cobertura por el régimen del seguro de salud y condiciones para el derecho a prestaciones. La Comisión toma nota de que en sus comentarios sobre el Convenio núm. 130, la Federación Sindical de los Países Bajos (FNV) declara que la Ley sobre el Seguro de Salud no es un régimen público general, en el sentido de que todos los ciudadanos están asegurados de manera obligatoria, sino que es un régimen de seguro privado con arreglo al cual todos los ciudadanos están obligados a contratar un seguro de salud de empresas privadas. Dada la naturaleza privada del régimen, el Gobierno no puede garantizar que todos los empleados estén protegidos, y en 2011 al menos 150.000 personas de todas las clases y edades, no están aseguradas.

En su respuesta, en la memoria del Gobierno sobre el Convenio núm. 130 se declara que, si bien no se garantiza una cobertura total, el factor esencial es que existe una medida gubernamental que brinda la protección deseada. Que las personas a ser protegidas quieran o no aceptar tal protección, es asunto de ellas, pero si no concluyen contratos de seguro de salud, pueden finalizar sin poder pagar los costos de la asistencia requerida en caso de enfermedad o de accidente grave. En general, este resultado no es aceptable y el Gobierno adoptó medidas tendientes a instar a tales personas a que contraten un seguro de salud. Además, si al haber concluido un contrato de seguro, una persona, por alguna razón, no paga primas de seguro normales, el asegurador de la asistencia tiene derecho a dar por finalizado el seguro de salud. Después de todo, según la memoria del Gobierno, «se trata de un acuerdo en virtud de las leyes privadas». Esta situación también puede conducir a consecuencias sumamente indeseables, si el asegurado acaba por necesitar una asistencia, y el Gobierno informa que es asistido a través de medidas legislativas adicionales.

Con respecto a la evasión de la conclusión de contratos de seguro de salud, el Gobierno indica en su memoria sobre el Convenio núm. 121, que entró en vigor, el 15 de marzo de 2011, una nueva ley concebida para identificar a los asegurados, mediante comparaciones de bases de datos y obligándolos a contratar un seguro de asistencia médica bajo la amenaza de dos sanciones sucesivas iguales al triple de la prima estándar. Después de la imposición de dos sanciones, la Oficina del Seguro de Salud contratará un seguro en nombre de cualquiera que no esté aún asegurado, exigiendo a esa persona el pago de una prima administrativa durante 12 meses, que, cuando sea posible, se retendrá en origen. Con la introducción de esta medida, el Gobierno puede garantizar que todas las personas que residen legalmente en los Países Bajos estén protegidas. Con respecto a la evasión del pago de las primas del seguro de salud, el Gobierno indica que, a partir del 1.º de septiembre de 2009, se adoptaron medidas para reducir el número de personas que no pagan primas a tiempo o directamente no las pagan. Según la Ley sobre el Seguro de Salud, cuando el asegurado está atrasado en una cuantía equivalente a primas de seis meses, la obligación de pagar la prima nominal al asegurador de la asistencia se convierte en una obligación de pagar a la Oficina del Seguro de Salud una prima administrativa igual al 130 por ciento de la prima estándar. La Oficina impone este gravamen al moroso, tiene la responsabilidad de su recaudación y paga una compensación por la pérdida de la prima al asegurador de la asistencia.

La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la cobertura de las personas que de otra manera quedarían desprotegidas del régimen privado del seguro de salud que funciona con fines de lucro. La Comisión pide al Gobierno que indique cuántos empleados encontró la Oficina del Seguro de Salud que carecen de una cobertura de seguro de salud, y si el empleador tiene la obligación de verificar que sus empleados tengan una cobertura adecuada de seguro de salud. La Comisión toma nota asimismo de que todas las medidas encaminadas a mejorar la cobertura, se basan en la imposición de multas sustanciales, según el caso, a aquellas personas a quienes el Convenio busca proteger automáticamente y de manera gratuita. La Comisión destaca que si, por ejemplo, un empleado con una discapacidad parcial carece de dinero para pagar las primas del seguro de salud, la imposición de multas adicionales sólo agravaría la situación de dificultad, que, según prescribe el Convenio, el Gobierno tiene que evitar. A este respecto, la Comisión desea que el Gobierno explique en qué medida se alcanzó la mejora de la cobertura, a través del mecanismo de asistencia social establecido por la Ley de Compensación Fiscal por Gastos de Asistencia Sanitaria (Wet op de zorgtoeslag), en virtud de la cual las personas para las cuales la prima nominal es demasiado elevada en relación con su ingreso, pueden percibir una compensación pagada por las autoridades fiscales.

Con respecto al derecho de las empresas de seguros privadas, en virtud de leyes privadas, de desistir de la obligación de prestar asistencia en caso de impago de las primas, la Comisión resalta que, según el Convenio, la legislación nacional sobre las prestaciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales protegerá a todos los empleados y garantizará que las prestaciones se otorguen sin ninguna condición suplementaria que no esté prevista en el Convenio. El artículo 9 del Convenio garantiza la elegibilidad para las prestaciones en base sólo a la relación de empleo y prohíbe subordinar la elegibilidad al pago de cotizaciones o primas del seguro. En el caso de los Países Bajos, eso significaría que se suministrará la asistencia médica prescrita y prestaciones conexas a los empleados que sufren accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, aún en ausencia de un contrato de seguro de salud individual debidamente concluido o del requerido pago de la prima. Se invita al Gobierno a que explique de qué manera y en virtud de qué disposiciones de la legislación nacional, se brindará el necesario tratamiento de urgencia y médico de seguimiento a una persona empleada que, en el momento del accidente de trabajo o de la manifestación de una enfermedad profesional no estuviera en posesión de un contrato de seguro de salud o cuyo contrato finalizara debido al impago de las primas.

Artículo 10, 1). Tipos de asistencia que han de prestarse, La memoria afirma que todas las personas que residen legalmente en los Países Bajos o los no residentes que trabajan y pagan el impuesto sobre la renta en los Países Bajos, están obligadas a contratar un seguro de asistencia médica en virtud de la Ley sobre el Seguro de Salud y la Ley sobre los Gastos Médicos Excepcionales, y pasarán luego a tener derecho a prestaciones en especie o al reembolso de los costos de la asistencia médica que reciban. Los tipos de prestaciones que cubrirá el paquete del seguro, se definen legalmente en virtud de las mencionadas leyes y se otorgarán con independencia de la causa de la necesidad de la asistencia. La Comisión quisiera que el Gobierno explicara en virtud de qué disposiciones legales y acuerdos prácticos se otorgará gratuitamente en el lugar de trabajo el tratamiento en caso de accidente del trabajo, como estipula el artículo 10, 1), g). Sírvase indicar en virtud de qué disposiciones de la Ley del Seguro de Salud, la asistencia prestada por los médicos generalistas y especialistas incluye las visitas a domicilio, como estipula el artículo 10, 1), del Convenio.

En la memoria, se afirma que la asistencia odontológica para los asegurados mayores de 18 años, se limita a la odontología quirúrgica especializada (cirugía oral), a las radiografías asociadas y a las dentaduras. Las personas con un trastorno dental excepcional, con una discapacidad física/mental o problemas dentales especiales derivados del tratamiento médico, tienen derecho a una asistencia odontológica completa (sujeta a condiciones especiales). La Comisión recuerda que el artículo 10, 1), b) y e), del Convenio, requiere la prestación de asistencia odontológica gratuita y completa, no limitada a la cirugía y que incluye empastes, tratamientos de conducto, extracciones, insumos odontológicos, etc., en caso de que sea necesaria tal asistencia, como consecuencia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional. Sírvase indicar qué medidas adicionales se prevén con arreglo al régimen del seguro de salud de los Países Bajos para prestar esa asistencia a las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 10, 2). Eficacia de la asistencia médica. El Gobierno indica en su memoria sobre el Convenio núm. 130 que el sistema de asistencia en los Países Bajos se organizó de tal manera que reducirá la implicación directa del Gobierno. Esto se logra a través de la «descripción funcional» de la asistencia cubierta por el paquete del seguro. El Gobierno dispone los requisitos legales sólo para el contenido y la extensión de la cobertura, y las indicaciones médicas que determinan la cobertura. Es responsabilidad del prestador de la asistencia decidir quién presta la asistencia y dónde. Según el Gobierno, la opción de tener un seguro privado que asigne mayores responsabilidades a los aseguradores que están autorizados a obtener ganancias, hace que sea inadecuado para el Gobierno supervisar la eficacia del modo de funcionamiento del seguro de salud. En consecuencia, el Gobierno afirma que el principal objetivo de supervisión del desempeño legítimo del seguro de salud, es determinar si el asegurador de la asistencia cumple con su obligación de suministrar a los asegurados los servicios a los que tienen derecho en virtud de la Ley sobre el Seguro de Salud.

La Comisión destaca que tal limitada supervisión de la calidad y la eficacia de la asistencia médica prestada por los aseguradores privados, apunta a obtener ganancias y, por lo tanto, su interés en reducir el volumen y el costo de la asistencia tal vez podría no ser suficiente en vista de la obligación impuesta al Gobierno por el artículo 10, 2), del Convenio, de garantizar que la asistencia médica otorgada a las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales esté de conformidad con la norma factible más elevada, utilizando todos los medios adecuados. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que explique qué procedimientos existen para incluir, entre la asistencia reembolsable, los nuevos tratamientos avanzados tecnológicamente, que podrían ayudar a restablecer la salud en casos especialmente graves, y si existen centros médicos especializados en el tratamiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que posean los conocimientos más avanzados en este terreno. Sírvase indicar si el Servicio de Inspección de Asistencia Sanitaria (IGZ), al que se encomienda la supervisión de la calidad de la salud pública o los servicios de salud en el trabajo, posee un sistema de indicadores que midan la eficacia de la rehabilitación médica y profesional de las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 11, 1). Participación en el costo de la asistencia médica. En su observación anterior, en vista del hecho de que se requiere que las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales participen en los costos de algunos tipos de asistencia médica, y estén sujetos a limitaciones en la duración y en el número de tratamientos, la Comisión solicitó al Gobierno que examinara si las personas que necesitan una asistencia prolongada o un tratamiento especialmente caro, pueden encontrarse en una situación difícil. A ese respecto, la Comisión toma nota de las memorias del Gobierno sobre los Convenios núms. 121 y 130, según las cuales las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales están sujetas a las mismas limitaciones de cantidad de asistencia que otros asegurados en virtud de la Ley sobre el Seguro de Salud: los tipos de asistencia normalmente brindados por especialistas médicos pueden ser excluidos por las compañías de seguros del reembolso; la fisioterapia y las terapias correctivas se limitan al tratamiento de trastornos crónicos, excluidos los doce primeros tratamientos por cada trastorno; la terapia ocupacional, que es especialmente importante en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, es suministrada hasta un máximo de diez horas de tratamiento al año; la asistencia odontológica se limita a la cirugía oral especializada, a las radiografías asociadas y a las dentaduras. El costo del tratamiento que supera estas limitaciones, tendría que ser asumido por las personas concernidas, a las que se requiere también que paguen cuantías de cotización fijas para el costo de los diversos tipos de asistencia médica incluidos en el paquete de seguro de salud básico, hasta un máximo de 170 euros al año, en 2011 (llamado «deducible obligatoriamente»). Las personas que contraen gastos de asistencia estructurales, debido a enfermedades crónicas o a una discapacidad, perciben una compensación económica, de modo que no paguen más en términos de lo deducible obligatorio que un asegurado promedio que no percibe ninguna compensación. En la mayoría de los tipos de asistencia en virtud de la Ley sobre Gastos Médicos Excepcionales, se requiere también una cotización personal, cuyo monto depende de los ingresos imponibles, de la edad, del estado civil y de la situación vital de la persona concernida. En 2011, la participación en los costos, en caso de asistencia residencial en una institución, fue de un máximo de 764,40 euros al mes, durante los seis primeros meses de estancia, y de hasta un máximo de 2.097,40 euros al mes posteriormente. El 1.º de enero de 2009, la Ley sobre Enfermos Crónicos y Personas Discapacitadas (asignaciones) (Wtcg) introdujo algunas medidas para compensar los gastos extras de asistencia contraídos por esas categorías de personas. El Gobierno resalta que esas medidas, junto con el establecimiento del máximo para el deducible obligatorio, se adoptan para garantizar que la participación en los costos no implique dificultades para los asegurados.

La Comisión señala que las normas sobre la participación en los costos y las limitaciones de algunos tipos de asistencia médica establecidos en la legislación de los Países Bajos, están concebidas para la población general y no tienen en cuenta las necesidades especiales y la situación económica de las personas que sufren accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, especialmente aquellas que requieren una asistencia prolongada y cara. La Comisión toma nota asimismo de la memoria del Gobierno sobre el Convenio núm. 102, según la cual, a efectos de obtener un descuento en la prima del seguro, las personas que tienen un buen estado de salud eligen, como norma, una política de seguro de salud con un elevado nivel de cotización personal al costo de la asistencia (exceso personal). En la reunión que se celebró con los funcionarios de la Oficina, el Gobierno confirmó que los actuales requisitos de participación en los costos, las limitaciones en la duración y en el número de tratamientos pagados por el seguro, no excluyen la posibilidad de que algunas víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se encuentren en una situación difícil y obligados a rechazar otros tratamientos necesarios, debido a la falta de dinero. Las situaciones en las que las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales están obligadas a interrumpir su tratamiento médico por no poder pagarlo, estarían en contradicción con la propia finalidad del Convenio, que hace responsable al Gobierno del debido suministro de prestaciones médicas y conexas, a fin de conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona lesionada (artículos 10, 2), y 25 del Convenio). En consecuencia, la Comisión solicitaría al Gobierno que realizara un estudio exhaustivo de las limitaciones existentes y de los acuerdos de participación en los costos, respecto de las prestaciones médicas establecidas por la ley, con el fin de identificar y prevenir las posibles situaciones de dificultades, que pueda afectar a la familia de un beneficiario tipo (un hombre con esposa y dos hijos) que fue víctima de un grave accidente del trabajo o de una enfermedad profesional crónica. A este respecto, la Comisión toma nota de que el seguro que cubre los gastos del transporte de los pacientes que sea necesario desde un punto de vista médico, incluye una cláusula de salvaguardia que evite que las personas de pocos recursos deban soportar una carga demasiado pesada en la que se prevé el reembolso de los costos de transporte adicionales a los que hacen frente las personas que siguen un tratamiento prolongado. La Comisión solicitaría al Gobierno que considerara la posibilidad de incorporar cláusulas de salvaguardia en las normas del seguro que cubren otros tipos de asistencia médica y prestaciones conexas de alto costo, que puedan determinarse en el marco del estudio anteriormente mencionado.

Artículo 24. Administración participativa del régimen del seguro de salud. La Comisión toma nota de que en los Países Bajos la administración del seguro de salud no se confía a una institución regulada por las autoridades públicas, sino que está totalmente en manos de compañías de seguros privadas, que la gestionan con fines de lucro. En tales regímenes, el artículo 24, 1), del Convenio, requiere que la legislación nacional prescriba las condiciones de participación de los representantes de las personas protegidas en la administración del régimen del seguro social. Para promover su administración con carácter tripartito, la legislación también puede prever la participación de los representantes de los empleadores y de las autoridades públicas. El Convenio también dispone que el Gobierno deberá asumir la responsabilidad general en lo que se refiere a la buena administración de las instituciones del seguro de salud y de los proveedores de servicios médicos. Con respecto a la aplicación de estas disposiciones del Convenio, en la memoria del Gobierno de 2011 se indica que no se produjeron cambios y se remite a las memorias anteriores, mientras que la memoria anterior de 2009 simplemente afirma que el artículo 24 no es aplicable. En su memoria sobre el Convenio núm. 130, en lo que respecta al artículo 31, que contiene disposiciones similares sobre la administración participativa de los regímenes del seguro de salud, el Gobierno declara que el principio básico del seguro de salud en los Países Bajos es que los asegurados deben poder ejercer una influencia en la política de la compañía que los asegura. Los estatutos sociales de un asegurador de asistencia médica, deberán garantizar que los asegurados posean un grado razonable de influencia en la política de la compañía. La Comisión desea resaltar a este respecto que la confianza en los estatutos sociales del asegurador de asistencia privada, no resulta suficiente para dar efecto a estas disposiciones del Convenio, que requieren el derecho de las personas protegidas de poder influir en la política de la compañía, a través de la participación de sus representantes en la administración de la compañía, según lo prescrito en la legislación nacional. La Comisión también destaca que el artículo 24 del Convenio núm. 121 sigue siendo plenamente aplicable en los Países Bajos. Además, el Gobierno tiene la responsabilidad general de garantizar que el régimen nacional del seguro de salud se administre de manera democrática y transparente, con la adecuada participación de los sindicatos y de otras organizaciones que representan a las personas protegidas, junto con las asociaciones profesionales que representan a los proveedores de asistencia y a los profesionales médicos. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información completa sobre la aplicación del artículo 24 del Convenio en la ley y en la práctica en los Países Bajos.

Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Empleo) de 2006 (WIA)

En su observación anterior, la Comisión había llegado a la conclusión de que la WIA no es compatible con el Convenio núm. 121 en los siguientes puntos:

• -que la WIA no otorga ningún tipo de prestación compensatoria a las víctimas de accidentes del trabajo que sufren de una incapacidad de hasta un 35 por ciento, contrariamente a lo previsto en párrafo 4 del artículo 14 del Convenio;
• -que el Régimen de Prestación de Ingresos para Personas con Discapacidad Profesional Total (IVA) permite reducir la prestación al 70 por ciento de los ingresos obtenidos por el beneficiario en virtud de un empleo o de un trabajo independiente, mientras que en el Convenio no se autoriza ninguna reducción de la prestación en caso de que una persona totalmente incapacitada encuentre las fuerzas necesarias para obtener ingresos adicionales en virtud de cualquier actividad lucrativa, otorgándole la libertad de combinar la prestación por invalidez con los ingresos obtenidos con su trabajo;
• -que en el Régimen de Reinserción al Mercado de Trabajo para Personas con Discapacidad Parcial (WGA) los requisitos de admisibilidad para tener derecho a la prestación salarial del WGA y al complemento salarial imponen condiciones restrictivas que son contrarias al Convenio;
• -que la naturaleza y el alcance de las obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento que la WIA impone a los beneficiarios de las prestaciones WGA subsiguientes, van más allá de lo que puede ser pasible de sanción con arreglo al artículo 22 del Convenio y deberían ser objeto de revisión;
• -que el nivel desproporcionadamente bajo de las prestaciones WGA subsiguientes podría ocasionar dificultades, en contraposición a la finalidad que persigue párrafo 5 del artículo 14 del Convenio, a muchas personas con discapacidad parcial, obligándolas a solicitar asistencia social en caso de no encontrar un empleo que les provea de ingresos suficientes.

La Comisión ha examinado la memoria del Gobierno relativa al Convenio y su respuesta a las inconsistencias jurídicas previamente mencionadas en el marco del objetivo del Gobierno de reducir por todos los medios el número de solicitudes de prestaciones por incapacidad, y la Comisión ha tomado nota de las explicaciones proporcionadas por los funcionarios del Gobierno durante las consultas celebradas con la Oficina, las cuales han permitido clarificar algunas cuestiones de carácter técnico.

No obstante ello, la Comisión decide que no existen muchos elementos que la motiven a modificar sus conclusiones anteriores sobre la WIA. Sin embargo, toma nota de que el Gobierno no concuerda con estas conclusiones y ha objetado la comprensión que la Comisión tiene respecto del contenido de las disposiciones pertinentes del Convenio. En particular, el Gobierno ha considerado que, si bien en el Convenio núm. 121 no se menciona de manera explícita la posibilidad de imponer sanciones a una persona con discapacidad profesional que se niega a cooperar con su reinserción al mercado de trabajo, las disposiciones de un Convenio no deben entenderse de manera estática sino en consonancia con las nuevas circunstancias sociales, por lo tanto, corresponde imponer sanciones si el interesado se niega a cooperar con su reinserción al mercado de trabajo.

La Comisión también advierte que en las observaciones formuladas por las organizaciones sindicales se refutan los argumentos esgrimidos por el Gobierno y se describe el deterioro de la situación laboral y salarial de los trabajadores con discapacidad, lo cual pone en duda la eficacia de la WIA y de la política general del Gobierno relativa al régimen de prestaciones de invalidez.

Asimismo, la Comisión observa que para dar una respuesta completa a la postura asumida por el Gobierno sería necesario explicar en forma extensa el alcance y la finalidad de las distintas disposiciones del Convenio en el marco de la evolución del derecho internacional de la seguridad social, lo cual ocuparía muchas decenas de páginas más de las que razonablemente pueden escribirse durante el transcurso de una sola reunión de la Comisión. Además, la Comisión observa que ciertas cuestiones planteadas por los sindicatos en su polémica con el Gobierno trasladan la discusión al ámbito de las políticas y al estudio de soluciones alternativas, lo cual excede el marco jurídico del Convenio. Por mucho que la Comisión hubiera deseado abordar estas cuestiones, una gran parte de ellas no sólo no forman parte de su mandato sino que también le insumirían mucho tiempo en detrimento de otros países que también merecen la atención de la Comisión. En estas circunstancias, la Comisión invita a la Oficina a ponerse en contacto con el Gobierno a fin de encontrar la forma más adecuada de proporcionarle la información básica necesaria sobre las disposiciones del Convenio, que son objeto de controversia, y, posteriormente, determinar las restantes cuestiones a cuyo respecto el Gobierno desearía solicitar explicaciones a la Comisión. La Comisión desearía que se le informe sobre estos temas con la debida antelación a fin de poder darles una respuesta en su próxima reunión en noviembre-diciembre de 2012, aunque, en cualquier caso, antes del 1.º de septiembre de 2012.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de fecha 23 de febrero de 2009 a la solicitud directa de 2007, así como de la memoria detallada sobre la aplicación del Convenio recibida en octubre de 2009. También toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV) presentados en octubre de 2008, agosto de 2009 y agosto de 2010, en los que sostuvo que la nueva legislación neerlandesa sobre las prestaciones de accidentes del trabajo, a saber, la Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Empleo) de 2006 (en lo sucesivo «la WIA»), no es compatible con el Convenio. A la luz de los comentarios de la Confederación Sindical, la Comisión ha decidido limitar las presentes observaciones al examen de los aspectos principales de la WIA. Por otra parte, la Comisión examinará las modificaciones introducidas a otras leyes que permiten la aplicación de las obligaciones dimanantes del Convenio, en ocasión de la próxima memoria detallada que presente el Gobierno sobre la aplicación del Convenio, prevista para 2011.

La Comisión recuerda que, desde la adopción de la Ley de Prestaciones para las Personas con Discapacidad (WAO) en 1967, en el marco del sistema de seguridad social de los Países Bajos, el programa de prestaciones de accidentes del trabajo se fusionó con el programa general de invalidez, dejando de existir como una rama autónoma de la seguridad social. Desde el 1.º de enero de 2006, la WAO ha sido sustituida por la WIA, que prevé prestaciones de la seguridad social por incapacidad laboral total y parcial. Tal como sucede con la WAO, en la WIA tampoco se distingue entre accidentes del trabajo y el estado de invalidez general, abarcando ambos riesgos. Este modelo de prestaciones de invalidez es, en principio, compatible con el Convenio núm. 121, lo que no impide la posibilidad de cubrir los riesgos relativos a los accidentes del trabajo a través de prestaciones compensatorias suministradas por otras ramas de la seguridad social (asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de invalidez y sobrevivientes). Sin embargo, estas prestaciones compensatorias entonces deben cumplir los requisitos más estrictos previstos en el Convenio en lo que atañe a las prestaciones de accidentes del trabajo por las contingencias contempladas en el Convenio núm. 121. A este respecto, el Comité desea poner de relieve las siguientes preguntas:

De acuerdo con el artículo 6 del Convenio, los accidentes del trabajo podrán deberse a las contingencias siguientes, que están cubiertas por las diferentes ramas del sistema de seguridad social de los Países Bajos:

a)    estado mórbido cubierto por la asistencia médica y los servicios conexos (artículo 11), que en el sistema neerlandés los proporciona la rama de la atención sanitaria;

b)    incapacidad laboral temporal o inicial cubierta por prestaciones monetarias (artículo 13), que en el sistema neerlandés lo proporciona el sistema mixto (público-privado) que se basa en la responsabilidad civil de los empleadores de mantener los salarios durante los dos primeros años de enfermedad, sistema éste a la vez sustentado por la red de seguridad pública establecida en virtud de la Ley de Prestaciones de Enfermedad (en lo sucesivo «ZW»);

c)     pérdida total o parcial de la capacidad para obtener ingresos, cuando resulte probable que sea permanente o por disminución correspondiente de facultades físicas compensada por prestaciones monetarias (artículo 14), que en los Países Bajos se proporcionan por el sistema mixto (público-privado) en el marco de la WIA y de la Ley PEMBA, 1998, que faculta a los empleadores a asumir por sí solos los mismos riesgos durante cinco años, o a recurrir a un seguro privado;

d)    fallecimiento del sostén de familia cubierto por las prestaciones monetarias (artículo 18), que en los Países Bajos se prestan en virtud de la Ley General de sobrevivientes (en lo sucesivo «ANW»).

La Comisión agradecería al Gobierno que prestase especial atención, en su próxima memoria detallada, al examen de la medida en que la legislación neerlandesa, especialmente tras la privatización de la rama de la atención médica y las prestaciones de enfermedad, sigue garantizando la protección contra las contingencias a), b) y d) en las condiciones y el nivel establecidos en el Convenio. Teniendo en cuenta el hecho de que, como se indica en la memoria del Gobierno, las víctimas de accidentes del trabajo se ven obligadas a participar en la financiación de los gastos de determinados tipos de atención médica, así como a aceptar limitaciones en la duración y el número de tratamientos en las mismas condiciones en que otras personas tienen derecho a tales tratamientos, la Comisión pide al Gobierno que examine si las víctimas de accidentes del trabajo que necesiten tratamientos prolongados o tratamientos particularmente costosos podrían encontrarse en condiciones difíciles.

Dentro del conjunto anteriormente mencionado de prestaciones garantizadas por el Convenio núm. 121, la WIA prevé el otorgamiento de las siguientes prestaciones en caso de pérdida de la capacidad de obtener ingresos:

–           Prestaciones IVA por incapacidad total y permanente hasta alcanzar la edad de jubilación a razón de 70 por ciento del salario mensual (capítulo 6).

–           Prestaciones WGA por invalidez total pero no permanente.

–           Prestaciones salariales WGA para aquellos empleados que tienen una capacidad parcial de trabajo, el 70 por ciento del salario diario (máximo) más un completo salarial para los que trabajan, que se abonará hasta un máximo de cinco años en función de los antecedentes de empleo.

–           Prestaciones WGA de completo salarial para los que realizan la cantidad necesaria de trabajo remunerado.

–           Prestaciones WGA uniformes subsiguientes a una tasa del 70 por ciento del salario mínimo legal (o del salario diario, si es inferior) multiplicado por el porcentaje de discapacidad de las personas desempleadas.

Nivel de pérdida de capacidad para obtener ingresos previsto en la ley

De conformidad con los artículos 1.2.2 y 2.2.4, 3) de la WIA se reconoce la discapacidad parcial, pero se paga una compensación únicamente cuando se pierde el 35 por ciento o más de la capacidad para obtener ingresos. Si un empleado sufre una pérdida de capacidad laboral de menos de 35 por ciento, no tendrá derecho a recibir ninguna de las prestaciones previstas en la WIA (artículos 7.1.3, 2) y 7.2.3, 6)), puesto que se ha fijado un umbral demasiado elevado para poder cumplir con las disposiciones del Convenio. En virtud del artículo 14, 1) del Convenio se puede establecer un nivel mínimo de pérdida de capacidad para obtener ingresos que permite el otorgamiento de prestaciones monetarias. El grado de incapacidad que se sitúe por debajo de este nivel (por ejemplo, menos del 10 por ciento) podrá no tenerse en cuenta a efectos de la indemnización debida en virtud del Convenio. El artículo 14, 3) también permite establecer un nivel de incapacidad más elevado para tener derecho a la prestación monetaria periódica por «pérdida parcial sustancial de la capacidad para obtener ingresos» (por ejemplo, más del 25 por ciento). Entre el nivel mínimo de pérdida de la capacidad para obtener ingresos, que determina el punto de entrada al régimen, y el nivel más elevado de pérdida sustancial, el artículo 14, 4) se cubre el espectro de incapacidad correspondiente a la pérdida parcial de la capacidad de obtener ingresos que no es sustancial y que podría ser compensada no por una pensión periódica, sino por el pago de una suma global. La Comisión ha aceptado que, en ciertos casos, un nivel mínimo de incapacidad fijado por debajo del 10 por ciento podría ser compatible con el Convenio, y que una incapacidad inferior al 25 por ciento podría considerarse como no sustancial y ser indemnizada mediante el pago de una suma global. En función de la existencia de otras garantías de ingresos complementarios, la Comisión ha admitido, en algunos casos en que la incapacidad no superaba el 35 por ciento, la compensación mediante el pago de sumas globales. En la WIA no se incluyen las prestaciones de sumas globales ni se prevé el pago de ningún tipo de prestación por incapacidades inferiores al 35 por ciento. Por lo tanto, las personas con una incapacidad inferior al 35 por ciento quedan excluidas de la protección contra los accidentes del trabajo, lo cual es contrario al Convenio. La posibilidad de que tales personas puedan solicitar prestaciones de desempleo o asistencia social es irrelevante en el marco jurídico del Convenio núm. 121.

La Comisión toma nota de que, a juicio de la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la situación de los trabajadores que sufren una pérdida de su capacidad inferior al 35 por ciento es alarmante. El mercado del trabajo de los Países Bajos es extremadamente limitado y miles de personas con discapacidad inferior al 35 por ciento perdieron su trabajo y ya no tienen derecho a una prestación de invalidez debido al elevado umbral de incapacidad que se ha establecido. Según se desprende del informe de seguimiento realizado por el Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (Instituto Nacional de Seguros Sociales), sólo el 52 por ciento de los trabajadores que sufrieron una incapacidad inferior al 35 por ciento entre 2006 y mediados de 2007 trabajó en el 2008. Además, la Comisión advierte que, según el Gobierno, le corresponde a los empleadores asumir la responsabilidad por los empleados con una discapacidad inferior al 35 por ciento. Los empleadores deberían buscar soluciones dentro de su propia empresa y, en caso de no hacerlo, los empleados tienen la posibilidad de comenzar a trabajar para otro empleador. El Gobierno considera que los resultados de las intensas actividades de seguimiento llevadas a cabo respecto del grupo de empleados que presentan una pérdida de su capacidad inferior al 35 por ciento son prometedoras: mientras que en enero de 2007 sólo el 46 por ciento de las personas entrevistadas estaban trabajando, en febrero de 2008 el 62 por ciento de ellas ya habían obtenido un empleo, registrándose así un incremento del 16 por ciento. La memoria indica que el Gobierno neerlandés no se propone cambiar su política al respecto. Actualmente, el objetivo principal de este grupo de personas con una discapacidad inferior al 35 por ciento está centrado en dar a los empleadores y a los empleados el tiempo y margen de maniobra necesarios para seguir mejorando la situación. La Comisión lamenta la postura del Gobierno, el que, si bien reconoce su incumplimiento de una obligación internacional contraída en virtud de una disposición del Convenio directamente aplicable, aún no ha ajustado su legislación y prácticas nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio sobre esta cuestión y deja a las víctimas de accidentes del trabajo que tienen una incapacidad de hasta un 35 por ciento sin ningún tipo de prestación compensatoria.

Régimen de Prestación de Ingresos para Personas
con Discapacidad Profesional Total (IVA)

Según la FNV, la protección de los ingresos de las personas con discapacidad total ha sido bien organizada, y todas estas personas recibirán al menos el 70 por ciento de su salario anterior. Sin embargo, las condiciones para acceder a las prestaciones de invalidez total han pasado a ser demasiado estrictas debido a la rigurosa evaluación de la discapacidad. De conformidad con lo dispuesto en la WIA, un empleado (artículo 1.3.1) que tenga una incapacidad total y permanente para trabajar (artículo 6.1.1, párrafo 1, b)) tendrá derecho a una prestación por invalidez equivalente al 75 por ciento del salario mensual (artículo 6.2.1, apartado 1), a condición de que la prestación se reduzca al 70 por ciento de los ingresos obtenidos por esta persona en virtud de un empleo o de un trabajo independiente durante este mes (artículo 6.2.2, apartados 1 y 4). En el informe se señala que, para la determinación del importe de las prestaciones IVA, no se tienen en cuenta las eventuales ganancias o bienes de los miembros de la familia del beneficiario. La Comisión advierte que el importe de la prestación por invalidez que debe pagarse a un empleado con una incapacidad total y permanente, que no realiza ninguna actividad remunerada o trabajo independiente, supera el nivel del 60 por ciento del salario anterior establecido en el Convenio. Sin embargo, en el Convenio no se autoriza ninguna reducción de la prestación en caso de que una persona totalmente incapacitada (80 a 100 por ciento de discapacidad) encuentre las fuerzas necesarias para obtener ingresos adicionales en virtud de cualquier actividad lucrativa, otorgándole la libertad para combinar la prestación por invalidez con el trabajo. La Comisión observa que el régimen IVA podría ser plenamente compatible con el Convenio si se suprimiera el artículo 6.2.2 de la WIA. Por lo tanto, quisiera que se invite al Gobierno a analizar esta posibilidad con miras a mejorar la protección social y el bienestar de las personas con discapacidad total, en consonancia con lo dispuesto en el Convenio, teniendo en cuenta que el impacto financiero de esta medida sobre el sistema de seguridad social sería, muy probablemente, insignificante.

Régimen de reinserción al mercado de trabajo
para Personas con Discapacidad Parcial (WGA)

En el artículo 1.1.1 de la WIA no se define la prestación WGA como una prestación compensatoria por una discapacidad, sino como una «prestación de reintegro al mercado de trabajo para personas que tienen una capacidad parcial para trabajar». El régimen de prestaciones WGA está estructurado en dos etapas: la primera, en la cual la prestación WGA guarda relación con el salario, y la segunda, durante la cual la prestación guarda relación con el salario mínimo legal. La Comisión recuerda que ya había tenido la oportunidad de examinar el programa de prestaciones WGA en sus conclusiones de 2008 relativas a la aplicación por parte de los Países Bajos del Código Europeo de Seguridad Social en el contexto de la prestación de invalidez.

Prestaciones salariales WGA. La particularidad de las prestaciones salariales WGA consiste en que integran la prestación de desempleo para personas con discapacidad parcial que cumplan los requisitos de admisibilidad. Una persona con una discapacidad parcial que oscila entre el 35 al 80 por ciento conserva una cierta capacidad residual de trabajo y es en relación con ese remanente que se lo considera como desempleado, por lo que debe cumplir con la obligación de inscribirse como demandante de empleo y realizar esfuerzos por conseguir un empleo conveniente así como aceptar una oferta de empleo de esas características que se le realice (artículo 4.1.4, 1) de la WIA), condiciones éstas que normalmente deben cumplir los beneficiarios de prestaciones de desempleo. Mediante la combinación de la prestación de desempleo (WW) con la prestación de discapacidad anteriormente señalada (WAO), la WIA permitió que una persona con discapacidad parcial pudiese solicitar una prestación única, en lugar de por dos prestaciones, que se calcula que equivale a la suma que se concede en el contexto de las prestaciones WW y WAO que dicha persona habría recibido.

La Comisión observa que este nuevo diseño que permite la integración de prestaciones de la seguridad social de desempleo y de incapacidad parcial es único y no podía haber sido previsto por el Convenio. Se debe admitir que este modelo tiene el mérito de garantizar que, por una parte, una persona con discapacidad parcial automáticamente recibirá una indemnización por la pérdida de ingresos como resultado del desempleo y, por otra parte, que esa persona se sentirá inmediatamente estimulada a reanudar sus actividades laborales y a utilizar el servicio de empleo para acelerar el proceso de reinserción al mercado de trabajo. Sin embargo, supeditar la prestación por accidente del trabajo a las condiciones de tener una capacidad parcial de trabajo, estar disponible para trabajar y encontrarse efectivamente en busca de trabajo, tal como se dispone en el artículo 4.1.4, la transforma dicha prestación de por accidente del trabajo en una prestación de desempleo, tal como se la define en las normas de la OIT. El derecho a recibir la prestación WGA depende de que el asegurado también tenga derecho a recibir la prestación de desempleo. Aquellos que no reúnen los requisitos para que se le conceda la prestación de desempleo no tienen derecho a recibir las prestaciones salariales WGA y solamente podrá recibir las prestaciones WGA de completo salarial o prestaciones WGA uniformes subsiguientes (artículo 7.1.1, 4)). La Comisión estima que en tales condiciones las prestaciones salariales WGA quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio debido a que sus requisitos de admisibilidad son los de las prestaciones de desempleo y no los de las prestaciones por accidente del trabajo.

De acuerdo con el artículo 7.1.1, 1) de la WIA, un asegurado que sufre una enfermedad tendrá derecho a la prestación por incapacidad parcial (WGA) si: a) ha terminado el período de admisibilidad, y b) es parcialmente capaz de trabajar. En el artículo 7.1.5, 1) se especifica que el derecho a recibir la prestación WGA está supeditado al período de admisibilidad consistente en realizar tareas laborales como asegurado durante al menos 26 semanas en las 39 semanas inmediatamente anteriores a la pérdida del derecho al salario en caso de enfermedad o de prestación por enfermedad (ZW). La Comisión ha señalado en sus comentarios anteriores que, en virtud del artículo 9, 2) del Convenio, la admisibilidad para recibir prestaciones no puede estar sujeta a la duración del empleo o la duración del seguro y pidió al Gobierno que explicase si el requisito anteriormente mencionado (véanse también los artículos 7.1.1 (3 y 4) de la WIA) de contar con un período de empleo asegurado anterior también se aplica en caso de enfermedad y de incapacidad resultante de accidentes del trabajo. En respuesta a ese pedido, el Gobierno expresa que no se establecen condiciones en lo que respecta a la duración de empleo anterior para poder gozar del derecho a una prestación WGA, que cumple todas las normas del Convenio núm. 121. Tomando nota de esta declaración, la Comisión desea que el Gobierno dé una explicación a qué prestaciones se refieren los artículos antes mencionados 7.1.1 y 7.1.5 de la WIA y cómo deberían interpretarse sus disposiciones.

En virtud del artículo 7.2.1 se supedita la duración de las prestaciones salariales WGA a la duración de los empleos anteriores, cuyo método de cálculo se establece en el artículo 1.6.1 que consta de tres páginas. Habida cuenta de que el Convenio núm. 121 no permite supeditar el otorgamiento de prestaciones a la duración del empleo anterior, la prestación salarial WGA podría ser tenida en cuenta a los efectos de la aplicación del Convenio sólo en su duración mínima de seis meses. Por otra parte, en virtud del artículo 7.2.1, 3), esta prestación podrá reducirse por el período correspondiente a las prestaciones de desempleo recibidas anteriormente, que no está permitido por el Convenio. Estas disposiciones, así como el requisito de admisibilidad citado anteriormente imponen condiciones restrictivas, por lo que la Comisión no puede sino llegar a la conclusión de que las prestaciones salariales WGA no deberían tenerse en cuenta a efectos de la aplicación del Convenio. Luego de haber recibido las prestaciones salariales WGA, la persona con discapacidad tendrá derecho a un completo salarial en caso de que trabaje y que cumpla con un requisito de ingresos basado en su capacidad residual de generar ingresos (artículo 7.2.3, apartado 3), o a prestaciones uniformes subsiguientes (artículo 7.2.2, párrafo 1). Por lo tanto, el nivel de protección garantizado por el Convenio debe ahora evaluarse sólo en función de la prestación de completo salarial y a la prestación uniforme posterior.

Completo salarial. De estas prestaciones, la prestación de completo salarial está además sometida a los requisitos de ingresos (artículo 7.2.2) que las personas aseguradas parcialmente capaces de trabajar ganen al mes un ingreso de actividades laborales que sea al menos equivalente al 50 por ciento de su capacidad laboral restante. El requisito de utilizar la capacidad residual de generar ingresos como condición para tener derecho a percibir la prestación sería contrario a la filosofía básica del Convenio núm. 121, que garantiza beneficios en el nivel establecido sin tener en cuenta la capacidad de generar ingresos residuales e ingresos adicionales que en realidad se asemeja a una invalidez laboral. A diferencia de lo que sucede con el Convenio núm. 128, que permite la suspensión de la prestación de invalidez, donde el beneficiario ejerce una actividad económica, el Convenio nùm. 121, por el contrario, permite combinar beneficios por accidentes del trabajo con un salario. Habida cuenta de que el requisito de los ingresos que restringe las condiciones de admisibilidad para el otorgamiento de prestaciones de complemento salarial no está permitido por el Convenio, parece ser que en definitiva las prestaciones WGA uniformes subsiguientes podrían tenerse en cuenta a los fines de la aplicación del Convenio.

Prestaciones WGA uniformes subsiguientes. Si el beneficiario de las prestaciones WGA no trabaja, entonces tendrá derecho a recibir una prestación posterior. El Gobierno indica que se considera que todo beneficiario de prestaciones WGA es desempleado en la medida en que no utilice su capacidad residual de trabajo y por lo tanto se vea sujeto a la obligación de inscribirse como demandante de empleo, en cuyo caso deberá realizar los esfuerzos necesarios por obtener un empleo conveniente y aceptar dicho trabajo, si se lo ofrecen (artículo 4.1.4, párrafo 1, de la WIA). Los beneficiarios a las prestaciones WGA también están obligados a evitar caer en estado de incapacidad, limitar la existencia de dicha incapacidad, adquirir el potencial para realizar un trabajo adecuado y realizar los esfuerzos necesarios para reintegrarse al mercado de trabajo (artículos 4.1.2 y 4.1.3). El incumplimiento de estas obligaciones o el hecho de hacerlo de una manera incorrecta se sanciona con la denegación total o parcial de la prestación, ya sea de forma permanente o temporal, o mediante la aplicación de multas (capítulo 10 de la WIA). La Comisión no puede dejar de observar que la naturaleza y el alcance de muchas de estas obligaciones van más allá de lo que puede ser pasible de sanción con arreglo al artículo 22, 1) del Convenio. Habida cuenta de que el Convenio no permite supeditar el derecho a recibir una prestación a la obligación de hacer uso de la capacidad residual de generar ingresos, la Comisión pide al Gobierno que analice la posibilidad de armonizar con el artículo 22 del Convenio, el régimen de obligaciones y sanciones legales que se imponen a beneficiarios de las prestaciones WGA uniformes subsiguientes en virtud de la WIA.

El nivel de las prestaciones

El régimen de la WIA incluye prestaciones salariales (prestaciones IVA por incapacidad total y prestaciones salariales WGA), así como prestaciones uniformes (prestaciones WGA subsiguientes). Parece ser que el nivel de reemplazo previsto en el artículo 19 del Convenio para las prestaciones salariales — 60 por ciento del salario de referencia del trabajador calificado de sexo masculino respecto a un beneficiario tipo — correspondería al nivel de las prestaciones IVA y WGA por incapacidad total, así como al de las prestaciones salariales WGA. Sin embargo, la situación podría variar en lo que atañe al nivel de las prestaciones WGA uniformes subsiguientes por incapacidad parcial.

De acuerdo con el artículo 14, 3) del Convenio, la prestación por incapacidad parcial debería representar una proporción conveniente de la prestación por incapacidad total. Por lo tanto, la prestación WGA uniforme posterior representa una proporción conveniente de las prestaciones IVA calculada sobre la base de un salario mensual. Al parecer, esto no siempre sería así, teniendo en cuenta que la prestación posterior es una prestación uniforme calculada sobre la base del salario mínimo legal y no como un porcentaje del salario anterior. El ejemplo dado por la FNV muestra que un empleado con una incapacidad de 50 por ciento recibirá la prestación WGA uniforme posterior que representa solamente el 12 por ciento del último salario de trabajo que haya percibido, lo que no constituye una proporción «conveniente» ni de la prestación IVA por incapacidad total, lo que equivaldría al 75 por ciento de su último salario ganado, o a la prestación salarial WGA, que en ese caso asciende al 60 por ciento del salario anterior. La FNV concluye que no existe una enorme diferencia, inaceptable, en lo atinente a la protección a los ingresos entre las prestaciones IVA, WGA y la prestación WGA uniforme posterior, que se traduce en una situación de penuria para muchos beneficiarios de la prestación WGA uniforme posterior.

La FNV señala que desde la entrada en vigor de la WIA, la participación en el mercado de trabajo de las personas con incapacidad parcial en los Países Bajos se ha reducido considerablemente: mientras que el 69 por ciento de los beneficiarios de la WAO trabajaba cinco meses después de su evaluación de discapacidad, este porcentaje es tan sólo del 49 por ciento para los beneficiarios de las prestaciones WGA. Esta situación obedece al deterioro continuo del estado de salud de los beneficiarios de las prestaciones WGA y al hecho de que los empleadores dudan mucho al momento de contratar a personas con discapacidad parcial que sufren enfermedades graves. Los empleadores no están obligados a contratar a personas con discapacidad. Por el contrario, los empleadores pueden despedir a los trabajadores con discapacidad parcial, quienes luego tendrán que encontrar otro trabajo, lo que no resulta fácil en los Países Bajos, en particular en el contexto de una crisis económica. Al empleado con discapacidad le incumbe la responsabilidad de encontrar otro trabajo y mantenerlo o, en caso contrario, deberá hacer frente a una situación en la que percibirá ingresos muy reducidos. El requisito de utilizar la capacidad residual de generar ingresos podría causar el deterioro del estado de salud de las personas con discapacidad. La situación resulta particularmente difícil para los trabajadores temporales que representan el 15 por ciento de todos los trabajadores en el país. A un trabajador flexible parcialmente incapacitado le resulta mucho más difícil mantenerse en el mercado de trabajo porque no quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la obligación que pesa sobre el empleador de pago los gastos que demanden su enfermedad, rehabilitación y reintegración al trabajo durante los dos primeros años de enfermedad. La FNV no respalda un sistema por el cual las personas parcialmente incapacitadas que no pueden encontrar trabajo, tengan que recurrir a las prestaciones de desempleo y asistencia social.

El Comité observa que el nivel desproporcionadamente bajo de las prestaciones WGA uniformes subsiguientes podría ocasionar dificultades, en contraposición a la finalidad que persigue el artículo 14, 5) del Convenio, a muchas personas con discapacidad parcial, obligándolas a solicitar prestaciones sociales o de asistencia social en caso de no encontrar un empleo que les provea de ingresos suficientes. El Convenio núm. 121 fue concebido para evitar exactamente esta situación, al obligar a los Estados ratificantes a instaurar un régimen por el cual las víctimas de accidentes de trabajo no se viesen obligadas a recurrir a la asistencia social. Las prestaciones de asistencia social en función de los recursos, tales como el complemento TW, por lo tanto no se consideran formas adecuadas de protección en virtud del Convenio. Al parecer, el bajo nivel de las prestaciones subsiguientes, si bien alientan a las personas con incapacidad parcial a reinsertarse en el mercado de trabajo, al mismo tiempo, también podrían impulsar a las categorías de personas que no pueden hacerlo, incluso por razones propias del mercado de trabajo ajenas a su voluntad, a caer en condiciones de vida difíciles así como en la pobreza, lo que iría en contra de los objetivos del Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que explique su posición, incluyendo información adicional respecto de esta situación de nivel de prestación.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

En relación con su observación de 2002, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria para el período comprendido entre 2001 y 2006, así como de los informes anuales sobre la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social. Toma nota también de los comentarios formulados por la Confederación Sindical de Sindicatos del Personal Medio y Superior, de octubre de 2006, sobre las memorias del Gobierno relativas a los Convenios núms. 102 y 121.

Parte III (prestaciones de enfermedad) en relación con los artículos 71 y 72 del Convenio (seguro privado de enfermedad y regímenes de discapacidad). A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido cuestionando al Gobierno los posibles efectos negativos de las reformas que responsabilizan a los empleadores, bajo ciertas condiciones, del pago de las prestaciones de enfermedad y de discapacidad, que podrían derivarse, en particular, del abandono de la participación en la gestión de los regímenes de seguridad social y del riesgo de discriminación de los trabajadores con una historia de problemas de orden médico. La Comisión quisiera que el Gobierno siguiera haciendo un seguimiento de esos asuntos en consulta con los interlocutores sociales e informara a la Comisión de toda medida adicional adoptada para promover un papel firme de las organizaciones de trabajadores y la participación de los representantes de las personas protegidas en los diversos niveles de gestión en la cadena de entrega de las prestaciones, así como para impedir y poner remedio a los posibles casos de discriminación. Al respecto, la Comisión toma nota de que la Confederación Sindical de Sindicatos del Personal Medio y Superior plantea algunas importantes cuestiones sobre: 1) garantías de pago de la prestación en caso de que una compañía de seguros con la que el empleador que corre con su propio riesgo hubiese contratado el seguro, no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones financieras; 2) el papel de los interlocutores sociales después de la aprobación de la Ley del Trabajo y del Ingreso (estructura de aplicación) (SUWI), y 3) las actividades de inspección para vigilar el cumplimiento de los empleadores de su obligación de seguir pagando los salarios en caso de enfermedad, destacando que tales salarios pueden no pagarse si los trabajadores no están enterados de que tienen derecho a los mismos. La Comisión quisiera que el Gobierno respondiera detalladamente, en su memoria, a estos comentarios.

Parte IV (prestación de desempleo) juntamente con el artículo 69, f). En sus conclusiones anteriores, la Comisión había señalado que, en virtud del artículo 69, f), del Convenio, sólo pueden aplicarse sanciones respecto de los demandantes de la prestación de desempleo considerados «desempleados culpables», con arreglo a la ley de los Países Bajos, en los casos en los que el desempleo hubiese sido ocasionado por la conducta fraudulenta voluntaria de la persona concernida, al tiempo que el comportamiento pasivo mediante el cual esa persona omite o es negligente en cuanto a protestar contra el despido, puede no ser necesariamente intencionado. En su respuesta, el Gobierno indica que, desde el 1.º de octubre de 2006, ya no se denegará la prestación de desempleo, por el hecho de que el empleado acepte o no se oponga a su despido. La Comisión acoge favorablemente este cambio en el régimen de sanciones aplicado a los solicitantes de una prestación de desempleo permitirá una mejor aplicación de las correspondientes disposiciones del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En relación con su observación anterior relativa a los amplios comentarios formulados por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), en una carta de 25 de agosto de 2003, relativos a la aplicación de diversas disposiciones del Convenio, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que se extiende del 1.º de junio de 2003 al 1.º de junio de 2005, en la que se da respuesta a algunas de las cuestiones planteadas. Esta memoria y las respuestas del Gobierno fueron objeto de ulteriores comentarios de la FNV, de fecha 15 de septiembre de 2005, en los que la Confederación expresa su preocupación acerca de la aplicación de la mayoría de los artículos del Convenio y proporciona copia de las decisiones pertinentes del Tribunal Central de Apelaciones. Esta comunicación fue enviada por el Gobierno a la Oficina el 20 de octubre de 2005. Teniendo en cuenta que la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio debe presentarse en 2006, la Comisión espera que el Gobierno no dejará de proporcionar información detallada sobre todas las cuestiones planteadas, incluidos datos estadísticos, así como una traducción al inglés de las disposiciones pertinentes de la legislación. Entre tanto, teniendo en cuenta la naturaleza amplia y compleja de los problemas planteados por la FNV, la Comisión desea recordar a las partes que pueden recurrir a los servicios de asistencia técnica de la Oficina, que tal vez puedan ayudar a aclarar los puntos en cuestión. A este respecto, la Comisión también hace referencia a las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 2002, que considerará junto con la próxima memoria del Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

En relación con su observación anterior relativa a los amplios comentarios formulados por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), en una carta de 25 de agosto de 2003, relativos a la aplicación de diversas disposiciones del Convenio, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que se extiende del 1.º de junio de 2003 al 1.º de junio de 2005, en la que se da respuesta a algunas de las cuestiones planteadas. Esta memoria y las respuestas del Gobierno fueron objeto de ulteriores comentarios de la FNV, de fecha 15 de septiembre de 2005, en los que la Confederación expresa su preocupación acerca de la aplicación de la mayoría de los artículos del Convenio y proporciona copia de las decisiones pertinentes del Tribunal Central de Apelaciones. Esta comunicación fue enviada por el Gobierno a la Oficina el 20 de octubre de 2005. Teniendo en cuenta que la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio debe presentarse en 2006, la Comisión espera que el Gobierno no dejará de proporcionar información detallada sobre todas las cuestiones planteadas, incluidos datos estadísticos, así como una traducción al inglés de las disposiciones pertinentes de la legislación. Entre tanto, teniendo en cuenta la naturaleza amplia y compleja de los problemas planteados por la FNV, la Comisión desea recordar a las partes que pueden recurrir a los servicios de asistencia técnica de la Oficina, que tal vez puedan ayudar a aclarar los puntos en cuestión. A este respecto, la Comisión también hace referencia a las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 2002, que considerará junto con la próxima memoria del Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión toma nota de la carta de 25 de agosto de 2003, presentada por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), que contiene extensos comentarios sobre la aplicación por los Países Bajos de diversas disposiciones del Convenio. La citada carta, transmitida por la Oficina al Gobierno con fecha 29 de septiembre de 2003, contiene una copia de la comunicación dirigida por la FNV al Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo de los Países Bajos, que atañe a la memoria presentada por el Gobierno sobre el Convenio correspondiente al período 1.º de junio de 2001 al 1.º de junio de 2003. En comunicación de fecha 28 de agosto de 2003, el Gobierno acusó recibo a la Oficina e indicó que requería cierto tiempo para examinar los diferentes asuntos planteados y ajustar en consecuencia las partes correspondientes de su memoria. La Oficina recibió la citada memoria el 20 de octubre de 2003. Sin embargo, la memoria citada no contiene ninguna referencia a las observaciones de la FNV y hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta del Gobierno.

Los comentarios de la FNV atañen a la aplicación en el derecho y en la práctica de las Partes III (Prestaciones de vejez) y IV (Prestaciones de sobrevivientes) del Convenio. En lo que atañe a la Ley General sobre las Pensiones de Vejez (AOW), la FNV se refiere en particular a la opinión consultiva emitida, a petición del Parlamento, por el Consejo Económico y Social de los Países Bajos, por medio de la cual dicha institución había sugerido el reexamen, a la luz de los compromisos internacionales adquiridos por los Países Bajos, del período de calificación que otorga el derecho a percibir, en su totalidad, las prestaciones dimanantes de la ley AOW (50 años de residencia). La Confederación de Sindicatos sostiene, además, que algunas disposiciones de la Ley General relativa a las Prestaciones de Sobrevivientes (ANW) no son compatibles con las disposiciones del Convenio, incompatibilidad puesta de manifiesto, desde hace algún tiempo, por un cierto número de expertos jurídicos así como por algunas decisiones importantes atinentes a la ley ANW, los cuales han invocado de manera expresa los Convenios núms. 121 y 128, como es el caso de la decisión del Tribunal Central de Apelaciones (CRvB) del 4 de abril de 2003. La FNV señala que ha escrito, a raíz de esta última decisión, a los miembros del Parlamento, así como al Gobierno para invitarlos a modificar de manera urgente la legislación a fin de ponerla en conformidad con el Convenio núm. 128. En la medida en que la memoria del Gobierno no hace ninguna mención a estos hechos, la FNV estima que ha llegado el momento de que los órganos de control de la OIT se pronuncien al respecto.

Teniendo en cuenta el carácter complejo y profundo de los problemas planteados por la FNV, la Comisión espera que el Gobierno responderá a los alegatos formulados por esta organización y proporcionará las informaciones detalladas al respecto, incluidas copias de los documentos y de las decisiones judiciales pertinentes, a fin de permitir a la Comisión examinar la situación en su próxima sesión en 2005. La Comisión se felicita, además, de la voluntad expresada por el Gobierno de proporcionar las informaciones adicionales sobre los problemas planteados. La Comisión se remite, por otro lado, a las cuestiones planteadas con ocasión de su solicitud directa anterior, la cual será tomada en cuenta al examinar la próxima memoria del Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2005.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria sobre el Convenio para el período que se extiende desde el 1.º de junio de 1996 al 1.º de julio de 2001, así como en sus informes anuales sobre la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social (CESS). La Comisión también toma nota de los folletos «Breve estudio sobre la seguridad social en los Países Bajos, enero de 2001», «El sistema holandés de prestaciones por incapacidad», y el informe preparado por el Parlamento titulado «Esfuerzos para reintegrar a los desempleados: panorama general».

Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad) y parte IX (Prestaciones de invalidez) del Convenio en relación con la parte XIII (Disposiciones comunes), artículos 71 y 72. En sus comentarios anteriores, la Comisión había examinado la aplicación de la reforma de 1996 del Código Civil, con arreglo a la cual, la responsabilidad por el pago de las prestaciones monetarias de enfermedad en forma de salario durante un máximo de 52 semanas, fue transferida del sistema de seguridad social a las empresas, habida cuenta de los principios generales relativos a la organización y administración de los regímenes de seguridad social establecidos por el Convenio. Al describir en su memoria los objetivos de la reforma, el Gobierno indica que la nueva ley introdujo el sistema de dejar operar libremente a las fuerzas del mercado en relación con la ley relativa a las prestaciones por enfermedad (ZW), que, de ese modo, se privatizaron en gran medida. Los empleadores tienen la opción de decidir si asumen el riesgo de pagar el salario por enfermedad a los trabajadores afectados o reasegurarse contra el riesgo con empresas privadas de seguro. Las prestaciones monetarias por enfermedad en virtud de la ZW fueron mantenidas como red de seguridad social en los casos en que el empleador no puede ser considerado responsable por el pago de los salarios por enfermedad a los trabajadores. En 1998, la privatización del régimen de prestaciones de enfermedad fue seguido por medidas similares respecto del régimen de prestaciones por invalidez, introducido por la ley PEMBA, que modificó la manera de financiar las cotizaciones de los empleadores en virtud de la ley sobre prestaciones por incapacidad (WAO). Como se explica en el folleto «El sistema holandés de prestaciones para incapacidad» (en las págs. 5 y 7), «en los Países Bajos, PEMBA significa la diferenciación de las contribuciones y las fuerzas del mercado en relación con las prestaciones por discapacidad». El empleador puede decidir ya sea pagar la cotización diferenciada a la Institución de Seguridad Social, o asumir el riesgo de pagar la prestación por discapacidad durante los primeros cinco años de discapacidad del trabajador a su cargo, o cubrir ese riesgo contratando un seguro con una empresa privada de seguros; el propósito del Gobierno a este respecto es «permitir que tengan efectos las fuerzas del mercado (la competencia)». Como en el caso de la reforma del régimen de prestaciones monetarias de enfermedad, la Comisión ha seguido con mucha atención la aplicación de la ley PEMBA en sus conclusiones anteriores en virtud del CESS, habida cuenta de que los riesgos similares para la salud pasan a ser un criterio de selección en la contratación y a la brecha abierta en la naturaleza colectiva de la financiación de la rama relativa a la discapacidad. La Comisión toma nota del 35.º informe anual del Gobierno sobre el CESS que, en 2001, sólo 3.417 (1.612 en 1999) empleadores con menos de 15 trabajadores y 836 (536 en 1999) empleadores con menos de 15 trabajadores habían decidido contratar un seguro privado en virtud de la ley PEMBA para cubrir directamente el riesgo de las prestaciones de invalidez. Para efectuar el seguimiento de la extensión de las reformas y la redistribución de las responsabilidades en el sector privado, la Comisión agradecería al Gobierno que en futuras memorias siguiera facilitando estadísticas que indiquen el número de empresas que han decidido asumir el riesgo de hacerse cargo directamente del riesgo de la invalidez o de la enfermedad de sus trabajadores, así como sobre el número de empresas que han decidido contratar seguros colectivos por esos riesgos con empresas privadas de seguros, con inclusión del número total de trabajadores empleados por esas empresas. La Comisión desearía recibir información sobre las medidas reglamentarias y de control adoptadas por el Estado en cumplimiento de los artículos 71, 3), y 72, 2), del Convenio para garantizar la viabilidad financiera y funcionamiento correcto de las empresas privadas de seguros que suministran las prestaciones por enfermedad e invalidez.

La Comisión recuerda que ambas reformas fueron emprendidas para alentar a los empleadores a prevenir y reducir el número de días de ausencia causados por enfermedad y discapacidad de sus trabajadores y que, en vista de que en los Países Bajos el número de trabajadores ausentes del trabajo por esos motivos es mucho más elevado que en países comparables, se espera que las fuerzas del mercado y la competencia demuestren ser más eficaces en el logro de este objetivo. Al mismo tiempo, el Gobierno se ha ocupado de mantener las prestaciones básicas de seguridad social suministradas en virtud de la ZW y la WAO en todos los casos en que los empleadores y las fuerzas del mercado no hubiesen obtenido los efectos deseados. Además, el derecho de las personas protegidas por esas prestaciones se ha salvaguardado gracias a varias medidas legislativas complementarias sobre las que el Gobierno informa, incorporadas gradualmente para paliar los efectos negativos de las fuerzas del mercado que tienden a discriminar contra los débiles y vulnerables y socavan el espíritu fundamental de solidaridad propio de todo sistema de seguridad social. La Comisión se ve obligada a observar que las reformas resultantes de los regímenes de prestaciones por enfermedad e invalidez que tienen la finalidad de aprovechar los efectos positivos de la privatización y las fuerzas del mercado y, al mismo tiempo, contener sus efectos negativos dentro del marco básico de seguridad social, no tiene precedentes en la historia de seguridad social en Europa. Por consiguiente, no es de extrañar que la composición tan diversa de esos sistemas de seguridad social plantee numerosos y nuevos problemas de organización y administración, en particular durante el período de transición, cuando se consoliden las nuevas formas de supervisión estatal del sistema, la participación democrática de las personas protegidas en su administración, la redistribución del riesgo, las cargas financieras y la responsabilidad en la sociedad y los principios de no discriminación y solidaridad con los grupos más vulnerables. La Comisión desea recordar que, si bien no existe un modelo único adecuado de seguridad social, todos los sistemas deberían encontrarse en conformidad con determinados principios básicos de buena administración y cohesión social, cuya observancia corresponda a la responsabilidad general del Estado establecida en los artículos 71, 3) y 72, 2) del Convenio. Además, es durante tales períodos de reforma y transición que dicha responsabilidad adquiere particular importancia para el desarrollo futuro de la seguridad social, incluso a nivel internacional. En vista de la naturaleza profunda y continua de las reformas del sistema de seguridad social en los Países Bajos, la Comisión agradecería al Gobierno que facilitara en su próxima memoria, en relación con las puntos III, IV y V del formulario de memoria relativa al Convenio, una explicación exhaustiva de sus estrategias y políticas de reforma, poniendo de relieve los principios en que se basa el nuevo diseño de los regímenes de prestaciones por enfermedad e invalidez y las decisiones más importantes adoptadas a este respecto por los tribunales de justicia y otros tribunales.

En lo que atañe más particularmente al artículo 72, 1), del Convenio, en el que se prevé que los representantes de las personas protegidas deberán participar en la administración del régimen de seguridad social, o estar asociados a ellas, la Comisión recuerda que, en el plano nacional, las organizaciones de trabajadores participan en el Instituto Nacional de Seguridad Social (LISV) y en los consejos sectoriales, así como en la negociación de los convenios colectivos en lo que respecta a las prestaciones por enfermedad; a nivel de empresa los consejos de trabajadores están plenamente asociados a la determinación de los procedimientos respectivos por acuerdo mutuo con el empleador; y en el plano individual, las personas protegidas pueden recurrir a un médico especialista independiente o Arbodienst (servicio de salud y seguridad ocupacional) y participar en el establecimiento de planes para su reintegración al empleo activo. Además, el Gobierno indica en su 35.º informe sobre el CESS que, a partir del 1.º de enero de 2002, se registraron cambios fundamentales en la aplicación del régimen de seguridad social de los trabajadores, y respecto de las personas discapacitadas que trabajan por cuenta propia y los jóvenes discapacitados. En particular, las instituciones responsables de la administración de los regímenes de seguridad social de los trabajadores se han unificado en una organización central única (UWV). Para garantizar la participación adecuada de los trabajadores, los empleadores y los municipios, se ha constituido el Consejo de Trabajo e Ingresos (RWI), que asesora al Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo en cuestiones relacionadas con el trabajo y los ingresos y otorga subsidios a ramas y empresas destinadas a promover la reintegración de los desempleados y los beneficiarios de la seguridad social. La Comisión toma nota con interés de esta evolución y agradecería que el Gobierno proporcionara más detalles sobre el papel desempeñado por los representantes de los trabajadores en los órganos recientemente creados, y que indicara otras medidas adoptadas o previstas para promocionar aún más el fuerte papel de las organizaciones de trabajadores y la participación de los representantes de las personas protegidas en los diversos niveles de gestión, en particular, en relación con quienes suministran las prestaciones con carácter privado.

Por lo que respecta a las garantías destinadas a evitar que los grupos más vulnerables de la población sufran la discriminación inherente al sistema de financiación colectiva de los riesgos, como prevé el artículo 71, 1), del Convenio, la Comisión recuerda que la protección de los trabajadores con una historia clínica previa, contra la discriminación en el acceso al empleo está prevista en la ley de 1998 sobre los exámenes médicos, que también prohíbe el examen médico y la selección del personal en relación con los seguros privados contratados por los empleadores para cubrir los riesgos financieros generados por la enfermedad de su personal. En relación con la protección de los trabajadores afectados por enfermedades en el empleo y contra la pérdida de sus puestos de trabajo, debería hacerse referencia a la obligación de todas las empresas de afiliarse a un Arbodienst autorizado, elaborar programas de reintegración para los trabajadores afectados por enfermedades prolongadas y poder recurrir a la asistencia del Arbodienst para la reintegración de esos trabajadores. En virtud de la reintegración al trabajo de los discapacitados (REA), que entró en vigor el 1.º de julio de 1998, los empleadores no deben pagar al trabajador enfermo el salario cuando el trabajador reintegrado discapacitado sufre una enfermedad durante el período posterior de cinco años, durante los cuales recibirá una prestación monetaria de enfermedad del organismo de seguridad social. El informe preparado para el Parlamento, «Esfuerzos para reintegrar a los desempleados: panorama general», y proporcionado por el Gobierno junto con su memoria, describe las políticas adoptadas en 1999 para la integración en el empleo de las personas en situación vulnerable en el mercado laboral, con inclusión de los discapacitados para el trabajo. La Comisión toma nota en particular de las nuevas normas propuestas para el intercambio de informaciones entre el empleador, el Arbodienst y las instituciones de seguridad social durante el primer año en que se produce la enfermedad del trabajador, cuyo objetivo es lograr la reintegración más rápida y eficaz de las personas desempleadas que hayan estado ausentes por enfermedad y la reducción de la entrada de nuevos beneficiarios en virtud del régimen de prestaciones por invalidez (aplicación del nuevo «modelo de guardián de acceso»). A este respecto, el Gobierno indica en su 35.º informe sobre el CESS que la protección de los trabajadores enfermos se ha visto fortalecida por la entrada en vigor el 1.º de enero de 2002 de la ley de refuerzo del guardián de acceso (Wet Verbetering Poortwachter) que obliga al empleador a informar al Arbodienst los casos de enfermedad del trabajador y, sobre la base del análisis de situación preparado por el Arbodienst en la sexta semana de enfermedad, elaborar por escrito un plan de reintegración en acuerdo con el trabajador de que se trate. La Comisión toma nota además de que, según el informe parlamentario antes mencionado (págs. 44-45), el Secretario de Estado prepara una propuesta legislativa destinada a mejorar la supervisión de la ausencia por enfermedad en el primer año de enfermedad y que la evaluación de los resultados en virtud del REA estaba prevista en el 2000. La Comisión espera que el Gobierno incluirá información sobre los progresos realizados a este respecto en su próxima memoria.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

La Comisión ha tomado nota de una comunicación de fecha 15 de junio de 1989 según la cual el Gobierno de los Países Bajos ha retirado formalmente la denuncia de este Convenio, que debía surtir efectos a partir del 22 de julio de 1989. La Comisión ha tomado nota con satisfacción de esta información.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

No disponible en español.