Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar el Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) y el Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC–RENGO) sobre los Convenios núms. 115 y 162 y de las observaciones de la Federación de Comercio del Japón sobre el Convenio núm. 162, presentadas junto con la memoria del Gobierno.

Protección contra riesgos específicos

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)

Artículos 2, 11, 12 y 13 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañan la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo, control apropiado y vigilancia médica. Trabajadores dedicados a labores de descontaminación y desmantelamiento de instalaciones. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la detallada información proporcionada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) sobre los resultados de las inspecciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones y el trabajo de descontaminación de materiales radioactivos. En lo que respecta al trabajo de desmantelamiento, el Gobierno proporciona información sobre el número de infracciones en materia de notificación de los resultados de los exámenes médicos relacionados con las radiaciones ionizantes (cuatro infracciones en 2020, seis en 2021 y tres en 2022). Asimismo, el Gobierno transmite información sobre las Directrices en materia de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la central nuclear de Fukushima Daiichi de TEPCO, en relación con la aplicación de medidas de gestión de sanitaria. En cuanto a los trabajos de descontaminación, el Gobierno indica que el requisito legal de llevar a cabo un estudio preliminar antes de iniciar dichos trabajos es una medida importante para prevenir la exposición a radiaciones ionizantes (de conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza sobre la prevención de riesgos de radiaciones ionizantes en los trabajos de descontaminación de suelos y residuos contaminados por materiales radiactivos resultantes del gran terremoto del este del Japón y trabajos conexos). Se detectaron tres infracciones de este requisito en 2020, dos en 2021 y cuatro en 2022. El Gobierno también indica que los exámenes médicos de los trabajadores que realizan este tipo de trabajo deben presentarse a la Oficina de inspección sobre normas laborales, y que se detectaron cuatro incumplimientos de esta obligación en 2020, dos en 2021 y seis en 2022. Además, el Gobierno indica que se alienta a los empleadores que realizan trabajos de descontaminación y afines a participar en el sistema de registro de dosis de exposición. La Comisión toma nota de que el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación con respecto a los trabajadores que habían desarrollado enfermedades relacionadas con el cáncer tras llevar a cabo trabajos de limpieza y descontaminación, pero a quienes los subcontratistas de la empresa energética negaron una compensación económica o asistencia médica debido a que sus expedientes laborales no reflejaban con exactitud su exposición a radiaciones (1 de mayo de 2024, A/HRC/56/55/Add. 1, parágrafo 60).

La Comisión subraya la importancia de efectuar un control apropiado de los trabajadores y de los lugares de trabajo, de conformidad con artículo11 de la Convención. La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que la protección prevista en el Convenio se aplique a los trabajadores que realizan trabajos de descontaminación y desmantelamiento, y le pide que siga proporcionando información sobre las medidas que está adoptando en este sentido. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que continue proporcionando información sobre las medidas de gestión sanitaria a largo plazo que adopta en relación con esta categoría de trabajadores. En cuanto a la supervisión de las condiciones de trabajo de las personas que realizan trabajos de desmantelamiento y descontaminación, la Comisión se remite a sus comentarios relativos al Convenio núm. 81.

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

Artículos 17 y 19 del Convenio. Trabajos de demolición y medidas para evitar la contaminación del medio ambiente en general por el polvo de asbesto liberado en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota de que, en respuesta a su solicitud anterior sobre las medidas para prevenir la contaminación por desprendimiento de polvo de asbesto, el Gobierno señala que se han confirmado casos de dispersión de amianto en obras de demolición y casos en que las investigaciones preliminares para determinar la presencia de asbesto en los materiales de construcción fueron insuficientes. El Gobierno indica que, como consecuencia de ello, en junio de 2020 se modificó la Ley sobre el Control de la Contaminación del Aire para ampliar el ámbito de aplicación de la normativa a todos los materiales de construcción que contengan asbesto. El Gobierno también indica que el método de investigación de la presencia de asbesto ha sido establecido por ley para los contratistas encargados de llevar a cabo la demolición u otros trabajos, y que dichos contratistas están obligados a informar acerca de los resultados de las investigaciones al gobernador de la prefectura.

La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO en el sentido de que, aunque el refuerzo de esta normativa es un paso positivo, se han dado casos en los que no se tomaron medidas para evitar la dispersión de asbesto procedente de trabajos de demolición y de otro tipo, incluso después de los cambios legislativos. La confederación sindical pide que se apliquen medidas exhaustivas para prevenir la exposición al asbesto debida a la dispersión durante el desmantelamiento de edificios en cuya construcción puedan haberse utilizado productos que contengan asbesto. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Federación de Comercio del Japón en las que, a la luz del aumento previsto en el futuro de la demolición y renovación de edificios y otras estructuras, pide al Gobierno que difunda las leyes y reglamentos, facilite información a los empleadores y proporcione las orientaciones necesarias para garantizar la aplicación de medidas adecuadas de control de la exposición en los lugares de trabajo.La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar la protección necesaria a los trabajadores que realizan trabajos de demolición, así como para evitar la contaminación del medio ambiente general por el polvo de asbesto proveniente del lugar de trabajo, incluyendo medidas para garantizar la divulgación de los requisitos legislativos y la difusión de las orientaciones pertinentes.

Aplicación del Convenio núm. 162 en la práctica. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluido el número de infracciones que se han detectado, el número de prestaciones de seguro que se han proporcionado por enfermedades causadas por el asbesto, el número de prestaciones de sobrevivientes que se han pagado y el número de casos de accidentes relacionados con el asbesto de empleados públicos nacionales y locales. La Comisión toma nota de que el número de infracciones de la Ordenanza sobre prevención del deterioro de la salud debido al asbesto detectadas por los inspectores de normas del trabajo fue significativamente superior en 2022 a las cifras facilitadas en la memoria anterior: 591 infracciones respecto de los criterios de salud (en comparación con 219 infracciones en 2013); dos infracciones relativas a las medidas sobre el medio ambiente de trabajo (en comparación con una en 2013), y 54 infracciones relativas a los exámenes médicos (en comparación con 13 en 2013). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las razones del aumento significativo de la detección de infracciones y que indique las medidas adoptadas en respuesta a dichas infracciones, incluidas las sanciones aplicadas. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la forma en que se aplica el Convenio en la práctica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación general de 2015. La Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno su observación general de 2015 en relación con el Convenio y, en particular, la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), comunicadas con la memoria del Gobierno.

Artículos 2, 12 y 13 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañan la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo y supervisión médica. 1. Trabajadores que intervienen en una situación de emergencia. La Comisión tomó nota anteriormente de que, debido al accidente en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto de 2011, se dictó una orden ministerial sobre medidas especiales, que entró en vigor entre marzo y diciembre de 2011, que aumentó la dosis máxima permitida de exposición a las radiaciones en situaciones de emergencia a 250 mSv. Una vez que se estabilizaron los reactores nucleares, el límite de dosis de exposición a las radiaciones ionizantes se volvió a fijar en 100 mSv. No obstante, la ordenanza sobre la prevención de los riesgos por radiaciones ionizantes (núm. 41) fue enmendada en 2015 a fin de establecer que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar pueda fijar un límite especial a la dosis de exposición que no supere los 250 mSv en situaciones en las que sea difícil ajustarse a una dosis máxima de exposición de 100 mSv durante las tareas excepcionales en situaciones de emergencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma, en respuesta a su solicitud anterior, que solamente podrán participar en las tareas excepcionales de emergencia los trabajadores que hayan dado su consentimiento por anticipado, recibido la formación necesaria y hayan sido designados por los empresarios como personal de prevención en catástrofes nucleares. El Gobierno afirma además que el artículo 7, 3), de la ordenanza núm. 41 desautoriza a cualquier otro tipo de personal que no sea el de prevención de catástrofes nucleares (tal como se expone en el artículo 8 de la Ley sobre Medidas Especiales relativas a Preparativos para Situaciones de Emergencia Nuclear (ley núm. 156 de 1999)) para que tomen parte en las tareas excepcionales en situaciones de emergencia; y establece que cuando los empresarios nombren personal para prevención de catástrofes nucleares, sólo podrán firmarse contratos laborales tras haberse indicado inequívocamente las condiciones de trabajo, incluida su participación en las tareas excepcionales de las situaciones de emergencia. El Gobierno afirma que, si tuvieran que contratarse trabajadores para labores de emergencia en el futuro, deberán considerarse sus deseos en la medida de lo posible para la asignación de las tareas correspondientes. El Gobierno señala que, de acuerdo con la ordenanza núm. 41 y la norma especial de formación para tareas excepcionales en situaciones de emergencia (notificación núm. 361 de 2015, del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar), deberán impartirse a los trabajadores que participen en labores de emergencia como mínimo 12,5 horas de formación relativa a los efectos de las radiaciones ionizantes en la salud y los métodos obligatorios de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha creado una base de datos de trabajadores contratados en tareas de emergencia, así como una base de datos para la gestión de la salud a largo plazo de estos trabajadores, que se utiliza para aplicar métodos de detección del cáncer.

La Comisión se refiere una vez más al párrafo 37 de su observación general de 2015, en el que afirma que, en situaciones de emergencia los niveles de referencia deberían situarse en una banda de entre 20 y 100 mSv, o en lo posible, por debajo de la misma. Deben adoptarse medidas para garantizar que ningún trabajador que intervenga en una situación de emergencia sea sometido a una exposición que exceda los 50 mSv. Tal como se señala en el párrafo 22 de esta observación general, las organizaciones de respuesta (como se define en la nota 19 de la observación general, «Una organización de respuesta es una organización designada o reconocida de otra manera por el Estado como el responsable de la gestión o de la aplicación de cualquier aspecto de una respuesta de emergencia.») y los empleadores deberían velar por que el personal de emergencia que en situaciones excepcionales ejecute acciones en el curso de las cuales las dosis recibidas excedan los 50 mSv lo haga voluntariamente y hayan sido previamente informados de manera clara y exhaustiva de los riesgos que de ello se derivan para su salud, así como de las medidas de protección y de seguridad disponibles; y que, en la medida de lo posible, hayan sido entrenados en las acciones que están obligados a ejecutar. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas adicionales para garantizar que la protección prevista en el Convenio se aplique a los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia. En particular, tomando nota de la indicación del Gobierno relativa a la formación e información que debe suministrarse a los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia, así como la indicación de que deberán considerarse los deseos de los trabajadores en la medida de lo posible para la asignación de sus tareas de emergencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los trabajadores que puedan verse expuestos a dosis excepcionales en situaciones de emergencia lo hagan voluntariamente. Recordando que el artículo 6 del Convenio establece que las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes deberán ser objeto de constante revisión, basándose en los nuevos conocimientos, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para revisar las dosis máximas admisibles para esta categoría de trabajadores. Además, y tomando debida nota de la información comunicada por el Gobierno, la Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas a largo plazo para hacer el seguimiento de aquellos trabajadores que se vean expuestos a dosis mayores de radiación ionizante tras el terremoto de 2011.

2. Trabajadores dedicados a labores de descontaminación y desmantelamiento de instalaciones. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales son necesarias medidas adicionales de protección para los trabajadores dedicados al desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi. La Comisión tomó nota de que la ordenanza sobre prevención de riesgos derivados de radiaciones ionizantes en las labores de descontaminación y tareas afines (núm. 152) exigía a los empleadores que participaban en tareas de descontaminación que aplicaran los siguientes protocolos: control de las dosis; medidas de reducción de la exposición, incluido un estudio preliminar de la zona de obra; medidas para el aislamiento de la contaminación, incluidos métodos de detección en superficie de radiaciones en el equipo y en el personal; formación de los trabajadores, y gestión de los cuidados de salud.

La Comisión toma nota de la declaración de la JTUC-RENGO, en la que reclama una ampliación de las iniciativas de gestión a largo plazo en materia de salud para los trabajadores que se han visto expuestos a un límite máximo de dosis radioactiva, aunque no hayan participado directamente en las tareas de emergencia, y a que se amplíe la cobertura de exposición a radiaciones para todos los trabajadores que participan en el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi, incluso después de su separación del servicio. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar formuló en 2015 las directrices sobre gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en las que se obliga al contratista a aplicar medidas de gestión de salud para los trabajadores. En este sentido, el contratista ha establecido un sistema para garantizar que se hagan reconocimientos médicos a los trabajadores de los contratistas principales y de sus subcontratistas y que, sobre la base de los resultados de los mismos, se tomen medidas en consecuencia. Además, el Ministerio ha creado un sistema de consultas telefónicas médicas, disponible a diario, para los empresarios sobre métodos de gestión de la salud, así como puntos de contacto dentro de los recintos de la central nuclear de Fukushima para consultas presenciales una vez por semana. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, a fin de gestionar la dosis de exposición a las radiaciones ionizantes de los trabajadores que realizan tareas de descontaminación, con arreglo al mismo marco que el resto de trabajadores de plantas nucleares, la Asociación para la prevención de los efectos de las radiaciones ha establecido un sistema de registro de dosis de exposición a las radiaciones para los trabajadores que realizan tareas de descontaminación, y ha solicitado a los empresarios que hacen este tipo de trabajo que participen en dicho sistema. El Gobierno señala que ha adoptado una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección contra la radiación por parte de los empresarios que realizan trabajos de descontaminación. En relación con el control de las condiciones de trabajo de los trabajadores que realizan tareas de desmantelamiento y descontaminación, la Comisión se refiere a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus iniciativas para garantizar que la protección brindada por el Convenio se aplica a los trabajadores que participan en labores de descontaminación y desmantelamiento, y pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas que está adoptando a este respecto. En este sentido, pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas de gestión de la salud a largo plazo con respecto a esta categoría de trabajadores, y que indique si la participación en el sistema de registro de dosis de exposición a la radiación para los trabajadores que realizan labores de descontaminación es obligatoria para los empresarios a quienes se les han adjudicado estas tareas.

Artículo 7. Exposición de los trabajadores menores de 18 años. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la JTUC-RENGO de que se había informado a la comisión de infracciones de las disposiciones legales relativas a menores de 18 años que realizan tareas de descontaminación.

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en respuesta a su petición anterior, de que en julio de 2013 y febrero de 2015, fueron arrestados algunos empleadores por infracción del artículo 62 de la Ley sobre Normativa Laboral (que prohíbe a los menores de 18 años realizar trabajos peligrosos) por incluir a trabajadores menores de 18 años en tareas de descontaminación. El Gobierno señala además que las oficinas de normativa laboral han distribuido folletos para concienciar a los empresarios que está prohibido contratar a menores de 18 años para realizar este tipo de trabajos, y sobre las medidas que deben adoptarse con respecto a la verificación de la edad. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas que está adoptando para garantizar la aplicación de las disposiciones legislativas nacionales relativas a la exposición profesional a radiaciones para los menores de 18 años, incluidas las sanciones específicas aplicadas en los casos de infracciones del artículo 62 de la Ley sobre Normativa Laboral relativo a tareas de descontaminación, y sobre las medidas relacionadas que se adoptaron para proteger a los trabajadores menores de 18 años que han sido contratados ilegalmente.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), presentadas con la memoria del Gobierno, y de la respuesta del Gobierno a las mismas.

Artículos 1 y 21 del Convenio. Campo de aplicación y exámenes médicos necesarios. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en relación con las leyes que imponen la obligación de adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los trabajadores, incluidos los mineros y la gente de mar, e incluso en relación con el asbesto. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las notificaciones emitidas por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transportes y Turismo, disponen que los marineros asignados a trabajos que impliquen la exposición al asbesto a bordo de buques que reúnan ciertos requisitos, recibirán un expediente personal de salud en el momento de su separación del servicio o posteriormente y, en consecuencia, se beneficiarán de exámenes médicos en instituciones médicas. El Gobierno declara que los requisitos para la expedición de la carpeta personal de salud para los marineros se determinan mediante los requisitos para la carpeta personal de salud que prescribe la Ley sobre Seguridad y Salud Profesional, como referencia. El Gobierno indica que el número de marineros a los que se aplica el Convenio es de 74 892, a partir de 2013. Indica que, de 2010 a 2014, los inspectores del trabajo de la gente de mar detectaron 14 infracciones relacionadas con la educación y la formación en seguridad e higiene (artículo 11 del reglamento de trabajo, seguridad e higiene de los marineros) y 2 relacionadas con el equipo de protección (artículo 45 del reglamento). También toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el número de casos confirmados de prestaciones del seguro para cáncer de pulmón y mesotelioma, ocasionados por el asbesto, en virtud de la Ley del Seguro de los Marineros, durante el período de presentación de memorias, fue de 51. Con respecto a los mineros, la Comisión toma nota de que el número de trabajadores a los que se aplicó el Convenio fue de 7 y no se notificaron casos de infracciones o casos de enfermedades profesionales. La Comisión reitera su solicitud anterior al Gobierno de que indicara las medidas adoptadas para aplicar el artículo 21 del Convenio a la gente de mar y a los mineros, incluyendo información específica sobre los exámenes médicos para esos trabajadores, así como el número de registros de la salud del personal expedidos para los marineros previamente expuestos.

Artículos 15, 4), 16, 17, 2), 20 y 22. Equipos de protección, medidas de prevención, medición de la concentración de polvo de asbesto en suspensión en el aire e información y educación. La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales el Gobierno debería emprender las siguientes acciones en relación con el asbesto, en los trabajos de recuperación y de reconstrucción, tras el terremoto de 2011: educación en seguridad y salud en el trabajo y medidas para prevenir los accidentes del trabajo, a efectos de prevenir la exposición al asbesto; fortalecimiento de la orientación y la supervisión, para garantizar la utilización del equipo de protección necesario y ropa de protección contra la exposición al asbesto; la medición regular de las concentraciones de polvo de asbesto en suspensión en el aire y la publicación de los resultados de tales mediciones; y, en la gestión de los trabajos de demolición y eliminación de los edificios y las estructuras que puedan contener asbesto, la adopción de medidas exhaustivas para la prevención de la exposición al asbesto respecto de los trabajadores y de las personas que utilizan esas estructuras. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, en respuesta a esas observaciones, según la cual el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha venido adoptando medidas de sensibilización, brindando orientación y realizando inspecciones sobre leyes de seguridad y salud en el trabajo. Estas medidas incluyen la ordenanza sobre la prevención del deterioro de la salud debido al asbesto, que requiere que los empleadores impartan una educación especial en seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores asignados a realizar trabajos que impliquen asbesto y que se adopten medidas para prevenir la exposición al asbesto. El Gobierno también indica que enmendó dicha ordenanza para fortalecer la protección otorgada a los trabajadores que trabajan en edificios que contienen asbesto. Con respecto a los trabajadores contratados en la restauración y la reconstrucción tras el terremoto de 2011, el Gobierno indica que distribuyó equipos de protección respiratoria a los trabajadores de las zonas afectadas. También midió las concentraciones de fibras de asbesto en los lugares de trabajo y notificó esas mediciones en una reunión de expertos y posteriormente reforzó las actividades de supervisión. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores contratados en la restauración y la reconstrucción contra los riesgos que existen para la salud debido a la exposición profesional al asbesto. Pide asimismo al Gobierno que transmita una copia de la ordenanza sobre la prevención del deterioro de la salud debido al asbesto en su forma enmendada.

Artículos 17 y 19, 2). Trabajos de demolición y medidas para evitar la contaminación. La Comisión tomó nota con anterioridad de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales el Gobierno no supervisa de manera idónea la aplicación de la legislación sobre los sitios de demolición, y los desechos y materiales de construcción con contenido de asbesto no están suficientemente separados de la piedra triturada para su reciclado. El Gobierno, en su respuesta, reconoció la importancia de la cuestión e indicó al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y a las oficinas de trabajo de las prefecturas que realizaran inspecciones conjuntas de los sitios de demolición, cooperando tres ministerios para garantizar una mejor aplicación de las leyes y reglamentaciones pertinentes.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en el pasado, se produjeron casos en los que se emitió asbesto a la atmósfera de los sitios de demolición, e investigaciones preliminares para determinar si el asbesto se utilizó en materiales de construcción y arrojaron resultados insatisfactorios. Como consecuencia, la Ley sobre el Control de la Contaminación del Aire fue enmendada en 2013 para imponer la obligación de que el contratista que tiene a su cargo los trabajos de demolición, lleve a cabo investigaciones preliminares y determine si se utilizó asbesto en el edificio. Se requiere que el contratista aporte un informe por escrito en la materia al propietario del edificio, que se ve entonces obligado a presentar una notificación por escrito al gobernador de la prefectura. El gobernador de la prefectura puede a continuación ordenar al propietario que cambie el plan de actividades. Las oficinas de trabajo de las prefecturas y las oficinas de inspección de las normas del trabajo, cuando reciben información sobre los trabajos de demolición de los edificios, mediante una notificación, pueden realizar inspecciones in situ y brindar una orientación a los contratistas de trabajos de demolición para que den cumplimiento estricto a las obligaciones relativas al asbesto. Además, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transportes y Turismo, y el Ministerio de Medio Ambiente siguen trabajando en colaboración respecto de la piedra triturada para su reciclado, contaminada por asbesto. Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas que se tomaron para la demolición de las estructuras que contienen asbesto, incluida la información sobre las medidas específicas adoptadas como consecuencia de la colaboración entre los ministerios para abordar la combinación de asbesto con piedra triturada para su reciclado. También pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para evitar la contaminación del medio ambiente en general por polvos y asbesto provenientes de los lugares de trabajo, y que transmita una copia de la Ley sobre el Control de la Contaminación del Aire, en su forma enmendada en 2013.

Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre el número de casos respecto de los cuales se otorgaron prestaciones del seguro para las enfermedades ocasionadas por el asbesto, en virtud de la Ley del Seguro de Indemnización por Accidentes del Trabajo y la Ley sobre el Seguro de los Marinos, así como el número de casos vinculados con el asbesto en el caso de los empleados públicos nacionales, los empleados de la administración pública local y los mineros. El Gobierno también indica que el número de violaciones de la ordenanza sobre la prevención del deterioro de la salud debido al asbesto, que se detectaron durante las inspecciones de 2013, es de 219 respecto de los criterios de salud, uno relativo a las medidas sobre el medio ambiente del trabajo y 13 relativos a los exámenes médicos. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la manera en que se aplica en la práctica el Convenio, incluidos los datos estadísticos sobre las actividades de los servicios de inspección del trabajo (número de visitas, violaciones identificadas y, en particular, las sanciones impuestas), el número y la naturaleza de las enfermedades ocasionadas por el asbesto y las medidas adoptadas o previstas para abordar las causas de esas enfermedades.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), y la Federación Empresarial de Japón (NIPPON KEIDANREN), comunicadas en la memoria del Gobierno, así como la respuesta del Gobierno a ambas.

Observación general de 2015. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno su observación general de 2015 con relación al presente Convenio, y en particular la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.

Artículo 2 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañan la exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo. Trabajadores en situaciones de emergencia. La Comisión toma nota de la declaración de la JTUC-RENGO de que, debido al accidente en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto de 2011, se publicó una orden ministerial sobre medidas especiales que aumentaban la dosis máxima permitida de exposición a las radiaciones en situaciones de emergencia a 250 mSv. De acuerdo a dicha orden ministerial, los trabajadores fueron ocupados en trabajos de emergencia y, en consecuencia, el Gobierno debe implementar una gestión a medio y largo plazo para trabajadores cuya exposición exceda la dosis máxima autorizada (100 mSv en cinco años). La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, entre marzo y diciembre de 2011, entró en vigor la orden ministerial sobre medidas especiales, y que una vez se estabilizaron los reactores nucleares, el límite de dosis de exposición a las radiaciones ionizantes se volvió a fijar en 100 mSv. El Gobierno señala asimismo que, atendiendo a las lecciones aprendidas del terremoto de 2011, ha promulgado una enmienda a la orden sobre la prevención de los peligros relacionados con las radiaciones ionizantes y a las directrices ministeriales para el mantenimiento y la mejora de la salud de los trabajadores de emergencia en instalaciones nucleares, que entran en vigor el 1.º de abril de 2016. Sobre la base del concepto de que debería adoptarse un cierto margen en la aplicación de límites a las dosis de exposición a radiaciones en el caso de los trabajadores regulares, los empleadores podrán destinar a los trabajadores cuya dosis acumulada supere los 100 mSv en un período de cinco años a llevar a cabo tareas en trabajos normales donde la exposición adicional a la radiación no supere los 5 mSv al año, siempre y cuando la actividad de estos trabajadores sea esencial para mantener la seguridad de las instalaciones de la central nuclear. La Comisión toma nota asimismo de que la orden ministerial enmendada sobre prevención de los peligros relacionados con las radiaciones ionizantes establece que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar podrá fijar un límite especial a las dosis de exposición (dosis excepcional en situaciones de emergencia) que no supere los 250 mSv en situaciones en las que sea difícil ajustarse a una dosis máxima de exposición de 100 mSv durante los trabajos de emergencia. La citada orden establece que los empleadores seleccionarán personal de emergencia con cualidades excepcionales entre los trabajadores especializados en prevención de desastres nucleares, tal como se especifica en la Ley sobre Medidas Especiales relativas a la preparación para situaciones de emergencia nuclear.

La Comisión hace referencia al párrafo 37 de su observación general de 2015, en el que afirma que, en situaciones de emergencia, los niveles de referencia deberían situarse en una banda de entre 20 y 100 mSv o, en lo posible, por debajo de la misma. Deben adoptarse medidas para garantizar que ningún trabajador que intervenga en una situación de emergencia se vea sometido a una exposición que exceda los 50 mSv. Tal como se señala en el párrafo 22 de esta observación general, las organizaciones y los empleadores con capacidad de respuesta deberían velar por que el personal de emergencia, en situaciones excepcionales, ejecute acciones en el curso de las cuales las dosis recibidas excedan los 50 mSv, lo hagan voluntariamente y hayan sido previamente informados de manera clara y exhaustiva de los riesgos que de ello se derivan para su salud, así como de las medidas de protección y de seguridad disponibles; y que, en la medida de lo posible, hayan sido entrenados en las acciones que están obligados a ejecutar. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas adicionales para garantizar que la protección prevista en el Convenio se aplica a los trabajadores en situaciones de emergencia. En este sentido, pide al Gobierno que señale las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores que se ven expuestos a dosis excepcionales en situaciones de emergencia lo hagan voluntariamente y sólo después de ser informados de los riesgos para la salud que se derivan de los mismos. La Comisión pide también al Gobierno que suministre información detallada sobre las medidas adoptadas, incluidas las medidas a largo plazo, a fin de hacer un seguimiento de aquellos trabajadores que se ven expuestos a dosis mayores de radiación ionizante tras el terremoto de 2011.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la legislación adjunta, que incluye las exposiciones complementarias de la Ley sobre Seguridad en las Minas, en su forma enmendada en 2004 (ley núm. 94, de 2004), y de la información según la cual la prohibición de 2006 de fabricar, importar, trasladar, suministrar y utilizar asbesto, se prevé en el artículo 55 de la Ley sobre Seguridad y Salud Laborales y en el artículo 16 de su orden de aplicación, y que posteriormente se había enmendado en 2006, el reglamento para equipamiento de los buques, que prohibía el uso en los buques de materiales que contuvieran asbesto. Además, también toma nota de que el Gobierno indica que, aun antes de esas enmiendas, había garantizado el cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS), que prohíbe la nueva instalación de materiales que contengan asbesto en todos los buques. La Comisión toma nota de la información comunicada respecto del efecto dado a los artículos 14, 15, 2), y 3) del Convenio. La Comisión toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), adjuntas a la memoria, y de la respuesta del Gobierno a las mismas. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información acerca de las leyes y los reglamentos pertinentes que dan efecto al Convenio.

Artículo 1 del Convenio. Campo de aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en términos de la exposición en el pasado, se considera en la actualidad (hasta el 30 de junio de 2010) que existen 696 marinos jubilados y 7 mineros que habían realizado trabajos que implicaban la exposición al asbesto. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para aplicar el Convenio, en particular las disposiciones del artículo 21, a la gente de mar y a los menores en consideración.

Artículo 17. Trabajos de demolición. La Comisión toma nota de la observación de la JTUC-RENGO, según la cual, si bien la legislación nacional en esta área se había desarrollado adecuadamente, el Gobierno no supervisa de manera idónea su aplicación en la práctica y los sitios de demolición, deshechos y materiales de construcción con el contenido de asbesto, no están suficientemente separados de la piedra triturada para su reciclado. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su respuesta reconoce la importancia de los asuntos planteados por la JTUC-RENGO y de que se habían adoptado las medidas idóneas, incluida la intención del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW), junto con las oficinas laborales de las prefecturas, para realizar inspecciones conjuntas de los sitios de demolición; y a través de un acuerdo de cooperación entre el MHLW, el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transportes, y el Ministerio de Medio Ambiente, esos tres ministerios garantizarán conjuntamente una mejor aplicación de las leyes y reglamentaciones pertinentes. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando acerca de las medidas adoptadas para garantizar una adecuada aplicación de las leyes y las reglamentaciones que dan efecto a este artículo del Convenio.

Artículo 19. Prevención de la contaminación del medio ambiente general por polvos de asbesto provenientes de los lugares de trabajo. Artículo 21. Exámenes médicos de los trabajadores expuestos al asbesto. La Comisión toma nota de los comentarios de la JTUC-RENGO sobre los efectos adversos en la salud de los trabajadores que trabajaban en lugares de trabajo adyacentes a los sitios contaminados de asbesto, específicamente los carteros que entraban y salían de esos sitios y — en referencia al artículo 21 — la necesidad de control de su salud a través de exámenes médicos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual las situaciones a que hace referencia la JTUC-RENGO no conciernen a los trabajadores que realizan trabajos directamente relacionados con la manipulación de asbesto, sino que los trabajadores que están expuestos al asbesto durante su trabajo, que ocasiona un deterioro de la salud, tienen, en principio, derecho a recibir una indemnización por accidente relacionado con el trabajo y, además, aquellos que no están cubiertos por el sistema de seguro de indemnización por accidentes relacionados con el trabajo, es decir, los trabajadores por cuenta propia y los residentes de la zonas afectadas, pueden estar sujetos a la Ley sobre Mitigación de los Daños a la Salud del Asbesto. La Comisión toma nota de que la situación a la que se refiere la JTUC-RENGO, parece situarse fuera del campo de aplicación del artículo 21, pero estaría más bien comprendida en las disposiciones del artículo 19, que requieren que la autoridad competente y los empleadores deberán adoptar medidas apropiadas para evitar que el medio ambiente general sea contaminado por polvos de asbesto provenientes de los lugares de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas, por los empleadores y por la autoridad competente, para garantizar la aplicación del artículo 19 del Convenio y que indique si la Ley sobre Mitigación de los Daños a la Salud del Asbesto a que se hizo referencia, sería aplicable en esas situaciones.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

1. La Comisión toma nota de la amplia memoria del Gobierno, que incluye las disposiciones revisadas de la ordenanza sobre seguridad y salud en el trabajo y de la ordenanza sobre la prevención de los peligros de las radiaciones ionizantes (en su forma enmendada en marzo de 2001), el reglamento revisado sobre la educación especial para las operaciones de manejo de sustancias de combustible nuclear (notificación núm. 1 de 30 de enero de 2000), así como de la ordenanza núm. 21 sobre la prevención de la exposición de los navegantes a los peligros de las radiaciones ionizantes de 23 de junio de 1973 (en su forma enmendada hasta abril de 2001).

2. Artículo 3, párrafo 1 y artículo 6, párrafo 2. Protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes. La Comisión toma nota con satisfacción de la indicación del Gobierno respecto a que la ordenanza sobre la prevención de los peligros de las radiaciones ionizantes fue enmendada en marzo de 2001, revisando de esta forma el límite de exposición de los trabajadores que trabajan con radiaciones. El límite anual de dosis efectiva es ahora de 100 mSv para un período de cinco años y 50 mSv para un solo año. Respecto a las mujeres embarazadas, la dosis efectiva de exposición interna se limita a 1 mSv para toda la duración del embarazo, con una dosis equivalente en la superficie del abdomen de 2 mSv. La Comisión nota con interés que la ordenanza sobre la prevención de la exposición de los navegantes a los peligros de las radiaciones ionizantes también fue revisada en abril de 2001.

3. Exposición en situaciones de emergencia. La Comisión toma nota con satisfacción de la indicación del Gobierno de que la ordenanza sobre la prevención de los peligros de las radiaciones ionizantes fue enmendada en marzo de 2001 a fin de que estableciese los límites de exposición en las operaciones de emergencia, teniendo en cuenta las recomendaciones de 1990 de la CIPR y que 100 mSv es la dosis efectiva, 300 mSv la dosis lenticular equivalente y 1 mSv la dosis cutánea equivalente. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno respecto a que se realizaron enmiendas similares a la ordenanza sobre la prevención de la exposición de los navegantes a los peligros de las radiaciones ionizantes en abril de 2001.

4. Artículo 14. Empleo alternativo u otras medidas para el mantenimiento de la renta de los empleados cuando el mantenimiento de estos trabajadores en un puesto que implica una exposición se desaconseja por razones médicas. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus anteriores comentarios, el Gobierno ha indicado que la dosis efectiva a la que los trabajadores pueden exponerse en un año es menor que el nivel prescrito, y que las situaciones en las que los trabajadores expuestos a radiaciones en su trabajo necesitan que se les ofrezca un empleo alternativo es difícil que se produzcan, a no ser que ocurra un accidente. Tomando nota de que se han adoptado medidas para limitar la exposición de los trabajadores, la Comisión desea señalar que pueden producirse situaciones en las que un trabajador no pueda continuar realizando trabajos en los que está expuesto a las radiaciones por motivos de salud. Asimismo, la Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el párrafo 32 de su observación general de 1992 relativa al Convenio en el que se indica que se deberían realizar todos los esfuerzos posibles por ofrecer a los trabajadores interesados un empleo alternativo adecuado o para mantener el nivel de sus ingresos mediante prestaciones de la seguridad social y por cualquier otro método, cuando el mantenimiento de estos trabajadores en un puesto de trabajo que entrañe una exposición sea desaconsejable por razones médicas. A la luz de las indicaciones anteriormente indicadas, la Comisión ruega al Gobierno que considere la posibilidad de adoptar las medidas convenientes para garantizar que ningún trabajador sea empleado o continúe empleado en un puesto que implique una exposición a radiaciones ionizantes contra dictamen médico y que, para estos trabajadores, se hagan todos los esfuerzos para proporcionarles un empleo alternativo conveniente o para garantizarles medios para mantener su renta. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.