Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Panamá (Ratificación : 1970)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2025, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Información escrita proporcionada por el Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se rige por las normas del derecho internacional en pleno cumplimiento de su Constitución Política. La República de Panamá, conforme los artículos 19, 40 y 64 de la Constitución Política reconoce la libertad que tienen los individuos de escoger libremente el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas, por lo que, el Estado, en cumplimiento de este deber constitucional, elabora políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y garantizar a todo trabajador las condiciones necesarias para una existencia decorosa.

El MITRADEL conforme al artículo 1 del Código del Trabajo, regula las relaciones entre el capital y el trabajo con base en los principios de justicia social, asegurando una protección estatal en beneficio de los trabajadores, promoviendo el pleno empleo mediante la creación de condiciones necesarias que aseguren al trabajador una existencia decorosa y procuren al capital una compensación equitativa por su inversión.

Con ese objetivo, la República de Panamá ha puesto en marcha los siguientes programas:

El Reclutamiento Focalizado, un enfoque innovador del servicio público de empleo que prioriza una búsqueda laboral más humana, digna y eficiente para todos los panameños, mediante procesos organizados y alineados con las oportunidades reales del mercado laboral. Se convoca únicamente a candidatos cuyos perfiles coincidan con las vacantes disponibles, asegurándoles una oportunidad real de acceder a un empleo digno. Durante el segundo semestre de 2024, realizamos 52 jornadas de reclutamiento focalizado a nivel nacional, ofreciendo 2 021 oportunidades de empleo. Para el primer trimestre de 2025, fueron 60 jornadas en oficinas regionales, alcanzando 4 685 vacantes ofertadas con la colaboración de más de 300 empresas del sector privado. 

El programa «Mi primer empleo» (Ley Nº 121 de 2019, Decreto Ejecutivo Nº 27 de 2024 modificado por el Decreto Ejecutivo Nº 6 de 2025), una iniciativa insignia de esta administración. Facilita la inserción de jóvenes entre 17 y 24 años de edad al mercado laboral formal, mediante un proceso transparente y ágil, gestionado a través de una plataforma digital que optimiza la intermediación laboral mediante un cruce automatizado entre las vacantes registradas por las empresas y los perfiles de los jóvenes participantes, facilitando entrevistas directas y pasantías laborales. Esta herramienta impulsa la colaboración público-privada, facilita la inserción laboral formal con una remuneración digna y refuerza el compromiso estatal con la empleabilidad juvenil y el crecimiento económico. En su primera fase —julio-diciembre de 2024—, el programa ofreció 1 058 pasantías, logrando la inserción de 624 jóvenes al sector privado. Para el 2025, se contempla la realización de 2 780 nuevas pasantías, de las cuales, 738 ya fueron habilitadas en el primer trimestre, con la participación activa de más de 405 empresas privadas a nivel nacional. En abril de 2025, firmamos un convenio de cooperación con el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, en apoyo al programa «Mi primer empleo». El convenio establece capacitaciones mediante la plataforma CONECTA, una herramienta innovadora, flexible y sólida que optimiza la gestión de actividades y recursos esenciales para impulsar el desarrollo profesional y fortalecer los vínculos con el mundo empresarial. Estas formaciones, alineadas con las demandas del mercado y las competencias requeridas por las empresas, incluyen evaluaciones periódicas para monitorear el progreso y desempeño de los jóvenes participantes.

El Programa de Mejora a la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 15 de 2016), a través del cual se han diseñado estrategias integrales para sensibilizar y apoyar al sector empresarial en la contratación de este valioso talento. En el marco de esta visión transformadora, nace el Aula Talento Sin Barreras «Anita Correa», un pilar fundamental dentro del modelo de reclutamiento inclusivo que garantiza que cada proceso de inserción laboral para personas con discapacidad se lleve a cabo de manera efectiva, digna y sostenible, promoviendo oportunidades reales de integración. Desempeñamos un rol clave al ofrecer un acompañamiento integral a las empresas, desde la orientación legal hasta el seguimiento poscontratación, asegurando el cumplimiento riguroso de la Ley Nº 15 de 31 de mayo de 2016. En base a esta estrategia inclusiva y estructurada, desde julio de 2024 hasta la fecha, un total de 222 personas con discapacidad se han incorporado al mercado laboral en diversas regiones del país, de los cuales, 127 son hombres y 98 mujeres. Este avance refleja el impacto positivo de la iniciativa en la construcción de un entorno laboral más equitativo y accesible para todos. El Estado reconoce la inclusión laboral de las personas con discapacidad, como un derecho fundamental que promueve la equidad y la cohesión social.

El Programa de Orientación Vocacional y Empleo (Resolución Nº 341 de 24 de julio de 2015), se consolida como una herramienta estratégica para acercar a los jóvenes a la realidad del mercado laboral. Este Programa brinda asesoría sobre tendencias del empleo y oferta académica a estudiantes de bachillerato, con el objetivo de facilitar decisiones informadas y libres sobre su futuro profesional. En el 2024, 2 210 jóvenes fueron capacitados a nivel nacional, y para el 2025, se proyecta un alcance a 10 000 jóvenes; quienes serán atendidos por psicólogos idóneos de nuestra institución, reafirmando el compromiso del Gobierno con la formación integral y la inserción laboral de la juventud panameña.

El Gobierno se ha propuesto avanzar hacia un verdadero Gobierno electrónico, integrando la tecnología como una herramienta clave para la prestación de servicios públicos. Un avance significativo en ese sentido es la gestión del Departamento de Agencias Privadas de Colocación, regulado por el Decreto Ejecutivo Nº 32 de 15 de abril de 2016, con un total de 108 agencias registradas, 81 de ellas con licencia vigente. Entre 2024 y 2025, se incorporaron 6 nuevas agencias, tanto marítimas como terrestres.  Durante el 2025, se han recibido 7 solicitudes de renovación de licencia y 1 solicitud de nueva licencia. De las nuevas solicitudes recibidas, solo una fue presentada en formato físico, evidenciando la efectividad de la herramienta digital y la eficiencia administrativa para la generación de empleo.

La plataforma digital Empleos Panamá (Decreto Ejecutivo Nº 3 de 22 de abril de 2024), sigue siendo un pilar clave de intermediación laboral, que facilita el enlace justo y eficiente entre empresas y buscadores de empleo, con la intermediación del MITRADEL. Esta plataforma cuenta con 2 001 empresas y 234 167 usuarios registrados, la herramienta avanza hacia una reestructuración integral basada en inteligencia artificial, lo que permitirá modernizar el servicio y fortalecer su eficiencia, alineándose con los más altos estándares internacionales en materia de servicios públicos de empleo. El 5 de mayo de 2025 suscribimos un convenio con el Ministerio de Gobierno, para la selección de personal para las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, a través de la Bolsa de Empleo del Ministerio. Con más de 2 100 plazas disponibles a nivel nacional, se consolida la efectividad del servicio público de empleo como herramienta clave del Gobierno para garantizar justicia accesible y fortalecer la contratación local.

El Gobierno, continúa fortaleciendo la capacitación de la fuerza laboral a través de alianzas estratégicas con instituciones educativas como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Un convenio marco de cooperación entre el MITRADEL y el ITSE busca ampliar sus programas de formación a nivel nacional, utilizando las aulas del Instituto Panameño de Estudios Laborales en las Direcciones Regionales del MITRADEL. Esta iniciativa impulsa la implementación de microcredenciales, especialmente en el sector del turismo, priorizando las regiones con alta demanda de esta mano de obra; reafirmando el compromiso del Estado con una educación técnica de calidad, inclusiva y orientada al desarrollo económico y la equidad social. El ITSE ha capacitado a 328 nuevos profesionales, con una tasa de inserción laboral histórica promedio arriba del 60 por ciento.

La República de Panamá, como país con alta demanda en el sector del turismo y de los servicios logísticos, requiere el dominio del inglés como una competencia fundamental para fortalecer su mercado laboral y potenciar la empleabilidad. En este marco, el MITRADEL firmó un convenio con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), para el desarrollo de cursos de inglés en modalidades virtuales y presenciales, brindando a los buscadores de empleo herramientas clave como un segundo idioma. Esta alianza fortalece la formación continua y la capacitación técnica de calidad, promoviendo la inclusión, la equidad y mejores oportunidades de inserción laboral.

La gestión del INADEH está dirigida a formar ciudadanos para el empleo. En el 2024, atendió a 181 024 participantes, donde el 35,5 por ciento son hombres y 65,5 por ciento son mujeres. Dictó 6 406 cursos y programas mediante las modalidades de formación presencial y virtual en 28 áreas formativas, dirigidas a atender diferentes sectores económicos. Actualmente, el INADEH desarrolla la fase inicial del proyecto Hotel Escuela, con el objetivo principal de dar respuesta a la problemática de los participantes de no contar con un espacio para realizar prácticas profesionales. El proyecto enlaza la teoría con el trabajo real. Este proyecto, a un costo aproximado de 30 715 035 balboas, además de beneficiar a los participantes del área de hotelería, también beneficiará las áreas de desarrollo empresarial, gastronomía, repostería y atención al cliente, entre otras, puesto que para el funcionamiento se necesitan diversos perfiles laborales y la elaboración de un organigrama institucional.

El INADEH también proyecta la construcción de nuevos centros de capacitación en áreas comarcales, con el objetivo de acercar su oferta formativa a comunidades rurales de difícil acceso, detalladas a continuación: 

• Construcción de nuevas instalaciones del centro de formación profesional Comarca Ngäbe Buglé:  este proyecto beneficiará a 212 084 habitantes de la comarca indígena Ngäbe Buglé, donde según el censo de 2023, 109 577 son mujeres y 102 507 son hombres.  Se proyecta que los beneficiarios directos por año serán aproximadamente 6 925 personas, a través de la realización de unos 277 cursos.  Con una inversión de 4 312 256,16 balboas mediante transferencia del Gobierno central.
• Construcción de nuevas instalaciones en la comarca Guna Yala:  este proyecto beneficiará a 32 016 habitantes de la comarca indígena Guna Yala, donde según el censo de 2023, 15 308 son hombres, y 16 708, mujeres.

Es pertinente destacar que los días 13 y 14 de mayo del corriente, las Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y la República Dominicana y sus delegados técnicos permanentes, celebramos en Ciudad de Panamá, la I Reunión Ordinaria del Consejo. En este encuentro, Panamá asumió la Presidencia pro tempore, sucediendo a Honduras, y se adoptó el Plan de Acción del CMT-CARD 2025-2027, que aborda cuatro ejes fundamentales como la inserción laboral innovando en los servicios públicos de empleo y observatorios del mercado laboral; inspección laboral incorporando nuevas tecnologías; transición a la formalidad que incluya la presentación de un diagnóstico regional y un repositorio de buenas prácticas; el fortalecimiento de la gobernanza del Consejo y la gestión de cooperación internacional.

Asimismo, se suscribió la Declaración de Panamá, que resalta la relevancia de los Programas de Trabajo Decente, el Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina y el Caribe (SIALC) y los debates de la 113.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo para el desarrollo laboral de la región. También se destacó el impacto positivo de diseñar e implementar políticas integrales para la transición a la formalidad laboral, adoptando un enfoque multisectorial y aprovechando la tecnología. La cooperación internacional y la asistencia técnica es clave para enfrentar estos desafíos con estrategias sostenibles y efectivas, garantizando mejores condiciones laborales y oportunidades para la población.

Por último, destacamos que el desempleo en Panamá no solo responde a factores estructurales del mercado laboral, sino también a recientes acontecimientos que han afectado la conservación y generación de empleos, como la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero, los prolongados cierres de vías a nivel nacional y la realización de paros ilegales e injustificados, los cuales han impactado negativamente la actividad económica y la estabilidad laboral. Seguimos avanzando con paso firme, mediante un trabajo articulado entre el Gobierno, el sector privado y la población, para garantizar que cada panameño acceda a oportunidades reales de empleo digno, libremente elegido y sin ningún tipo de discriminación, fortaleciendo así el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Discusión por la Comisión

Presidente - Tengo el honor de darle la palabra a la distinguida representante del Gobierno de Panamá, la Directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Representante gubernamental - En nombre del Gobierno, agradezco la oportunidad de intervenir ante esta honorable Comisión, para rendir información relacionada a la aplicación del Convenio.

¿Y qué se nos ha pedido? Entre otras cosas, la Comisión de Expertos pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas con miras a implementar una política integral destinada a promover la creación de oportunidades de empleo pleno, productivo y libremente elegido. En ese contexto, procedemos a rendir nuestro informe de la siguiente manera.

El Gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), actúa en apego estricto a las normas del derecho internacional y en pleno cumplimiento de su Constitución Política. En particular, los artículos 40 y 64 que consagran la libertad de toda persona para escoger libremente su profesión u oficio. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Estado panameño diseña y ejecuta políticas económicas orientadas a promover el pleno empleo, al tiempo que garantiza a cada trabajador las condiciones necesarias para una vida digna.

En este contexto, Panamá expone de forma sucinta las acciones recientes y compromisos asumidos para implementar efectivamente el Convenio. El MITRADEL, conforme al Código del Trabajo, regula las relaciones laborales entre el capital y el trabajo, promoviendo el pleno empleo y la protección de los trabajadores.

En primer lugar, quiero destacar que el Gobierno ha aprobado mediante una Resolución de Gabinete núm. 124 de 26 de diciembre de 2024, el Plan Estratégico de Gobierno para los próximos cinco años (PEG 2025-2029). Este plan es un instrumento clave en la planificación nacional, que tiene como objetivo principal la articulación coherente de todas las políticas públicas, incluyendo, por supuesto, la política de empleo, con los objetivos económicos y sociales del país. Este plan no solo es un marco de acción, sino que es el resultado de un proceso participativo e interinstitucional, lo que garantiza la alineación de los distintos niveles de Gobierno y sectores sociales. Esto, a su vez, facilita una coordinación más efectiva entre la política de empleo y las demás áreas del desarrollo nacional.

En términos de ejecución, el PEG 2025-2029 establece una programación financiera de cinco años con un plan de inversiones públicas de 30 277 000 de dólares, con impacto directo en sectores claves como agricultura, logística, finanzas, educación, salud y turismo. Esto incluye grandes obras de infraestructura que se prevén y algunas que ya están en marcha, tales como el Tren Panamá-David-Frontera, el Teleférico de San Miguelito, el cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, la modernización del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y la rehabilitación del Centro Histórico de la provincia de Colón, entre otros. En este contexto, también quiero aprovechar para expresarles que en el mes de abril registramos un aumento de casi 31 por ciento en nuevos contratos de trabajo.

A casi un año de nuestro Gobierno, hemos puesto en marcha y reforzado diversos programas, como el reclutamiento focalizado, que es un enfoque innovador del servicio público de empleo que prioriza una búsqueda laboral más humana, digna y eficiente para todos los panameños, mediante procesos organizados y alineados con las oportunidades reales del mercado laboral. Convoca únicamente a candidatos cuyos perfiles coincidan con las vacantes disponibles, asegurándoles una oportunidad real de acceder a un empleo digno. En lugar de las tradicionales ferias de empleo, que reunían a grandes multitudes pero ofrecían pocas oportunidades concretas, implementamos esta modalidad que pone en el centro a las personas y sus aspiraciones. Esta estrategia optimiza la intermediación laboral entre candidatos y vacantes reales. Al cierre del primer trimestre de 2025, se han realizado 107 reclutamientos focalizados a nivel nacional, generándose 8 401 oportunidades de empleo, en alianza con más de 300 empresas del sector privado.

El programa «Mi Primer Empleo» es una iniciativa insignia de esta Administración. Este programa facilita la inserción de jóvenes de entre 17 a 24 años al mercado laboral formal, mediante un proceso transparente y ágil, gestionado a través de una plataforma digital que optimiza la intermediación laboral mediante un cruce automatizado entre las vacantes registradas por las empresas y los perfiles de los jóvenes participantes, facilitando entrevistas directas y pasantías laborales. Esta herramienta impulsa la colaboración público-privada, facilita la inserción laboral formal con una remuneración digna y refuerza el compromiso estatal con la empleabilidad juvenil y el crecimiento económico.

En su primera fase —julio-diciembre de 2024—, el programa ofreció a nivel nacional 1 058 pasantías, logrando la inserción de 624 jóvenes al sector privado. En el ámbito de la reactivación económica y el dinamismo político territorial, el Presidente de la República José Raúl Mulino, autorizó un traslado de partida interinstitucional para reforzar la segunda fase del programa, que permitirá incorporar a 2 000 jóvenes adicionales a la segunda fase del programa, resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno y la empresa privada para generar nuevas oportunidades laborales.

En abril de 2025, firmamos un convenio de cooperación con el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, en apoyo al programa «Mi Primer Empleo». Este convenio establece capacitaciones mediante la plataforma CONECTA, una herramienta innovadora, flexible y sólida que optimiza la gestión de actividades y recursos esenciales para impulsar el desarrollo profesional y fortalecer los vínculos con el mundo empresarial. Estas formaciones, alineadas con las demandas del mercado y las competencias requeridas por las empresas, incluyen evaluaciones periódicas para monitorear el progreso y desempeño de los jóvenes participantes.

Hemos puesto en marcha el Programa de Mejora a la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad (creado mediante la Ley núm. 15 de 2016), mediante el cual se han diseñado estrategias integrales para sensibilizar y apoyar al sector empresarial en la contratación de este valioso talento.  En el marco de esta visión transformadora, se ha establecido el «Aula Talento Sin Barreras», que es un pilar fundamental dentro del modelo de reclutamiento inclusivo, que garantiza que cada proceso de inserción laboral para personas con discapacidad se lleve a cabo de manera efectiva, digna y sostenible, promoviendo oportunidades reales de integración. Desempeñamos un rol clave al ofrecer un acompañamiento integral a las empresas, desde la orientación legal hasta el seguimiento post contratación, asegurando así el cumplimiento riguroso de esta norma.

Con base en esta estrategia inclusiva y estructurada, desde julio de 2024 hasta la fecha, un total de 222 personas con discapacidad han logrado incorporarse al mercado laboral en diversas regiones del país, de las cuales, 127 son hombres y 98 mujeres. Este avance refleja el impacto positivo de la iniciativa en la construcción de un entorno laboral más equitativo y accesible para todos.

El Programa de Orientación Vocacional y Empleo, se consolida como una herramienta estratégica para acercar a los jóvenes a la realidad del mercado laboral. Este programa brinda asesoría sobre tendencias del empleo y oferta académica a estudiantes de bachillerato, con el objetivo de facilitar decisiones informadas y libres sobre su futuro profesional. En 2024, 2 210 jóvenes fueron capacitados a nivel nacional, y para 2025, se proyecta un alcance de 10 000 jóvenes; quienes serán atendidos por psicólogos idóneos de nuestra institución, reafirmando el compromiso del Gobierno con la formación integral y la inserción laboral de la juventud panameña.

Asimismo, el Gobierno se ha propuesto avanzar hacia un verdadero Gobierno electrónico, integrando la tecnología como una herramienta clave para la prestación de servicios públicos. Uno de los avances significativos en esta transición digital es la gestión del Departamento de Agencias Privadas de Colocación, regulado por el Decreto Ejecutivo núm. 32 del 15 de abril de 2016, con un total de 108 agencias registradas, 81 de ellas con licencia vigente. Entre 2024 y 2025, se incorporaron seis nuevas agencias, tanto marítimas como terrestres. Durante 2025, se han recibido siete solicitudes de renovación de licencia y una solicitud de nueva licencia. De las nuevas solicitudes recibidas, solo una fue presentada en formato físico, evidenciando la efectividad de la herramienta digital y la eficiencia administrativa para la generación de empleo.

La plataforma digital «Empleos Panamá»” (creada mediante el Decreto Ejecutivo núm. 3 de 2024), sigue siendo un pilar clave de intermediación laboral, que facilita el enlace justo y eficiente entre empresas y buscadores de empleo, con la intermediación del MITRADEL. Esta plataforma cuenta con 2 001 empresas y 234 167 usuarios registrados. Esta herramienta avanza hacia una reestructuración integral basada en inteligencia artificial, lo que permitirá modernizar el servicio y fortalecer su eficiencia, alineándose con los más altos estándares internacionales en materia de servicios públicos de empleo.

El 5 de mayo de 2025, suscribimos un convenio con el Ministerio de Gobierno para la selección de personal para las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, a través de la Bolsa de Empleo del Ministerio. Con más de 2 100 plazas disponibles a nivel nacional, se consolida la efectividad del servicio público de empleo como una herramienta clave del Gobierno para garantizar justicia accesible y fortalecer la contratación local en aras de la transparencia.

El Gobierno continúa fortaleciendo la capacitación de la fuerza laboral a través de alianzas estratégicas con instituciones educativas como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). En este sentido, un convenio marco de cooperación entre el MITRADEL y el ITSE busca ampliar sus programas de formación a nivel nacional, utilizando las aulas del Instituto Panameño de Estudios Laborales en las Direcciones Regionales del MITRADEL. Esta iniciativa impulsa la implementación de microcredenciales, especialmente en el sector del turismo, priorizando las regiones con alta demanda de esta mano de obra y reafirmando el compromiso del Estado con una educación técnica de calidad, inclusiva y orientada al desarrollo económico y la equidad social. El ITSE ha capacitado a 328 nuevos profesionales, con una tasa de inserción laboral histórica promedio arriba del 80 por ciento.

La República de Panamá, como país con alta demanda en el sector del turismo y de servicios logísticos, requiere el dominio del idioma inglés como una competencia fundamental para fortalecer su mercado laboral y potenciar la empleabilidad. En este marco, el MITRADEL firmó un convenio con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), para el desarrollo de cursos de inglés en modalidades virtuales y presenciales, brindando a los buscadores de empleo herramientas clave como un segundo idioma. Esta alianza fortalece la formación continua y la capacitación técnica de calidad, promoviendo la inclusión, la equidad y mejores oportunidades de inserción laboral. La gestión del INADEH está dirigida a formar ciudadanos para el empleo. En 2024 atendió a 181 024 participantes, de los cuales el 35,5 por ciento eran hombres y el 65,5 por ciento eran mujeres.

Actualmente, el INADEH desarrolla la fase inicial del proyecto «Hotel Escuela», con el objetivo principal de dar respuesta a la problemática de los participantes de no contar con un espacio para realizar prácticas profesionales. El programa enlaza la teoría con el trabajo real. Este proyecto, a un costo aproximado 30 715 035 dólares, además de beneficiar a los participantes del área de hotelería, también beneficiará las áreas de desarrollo empresarial, gastronomía, repostería y atención al cliente, entre otras, puesto que para el funcionamiento se necesitan diversos perfiles laborales y la elaboración de un organigrama institucional.

El INADEH también proyecta la construcción de nuevos centros de capacitación en áreas comarcales, con el objetivo de acercar su oferta formativa a comunidades rurales de difícil acceso, que incluyen la construcción de nuevas instalaciones del centro de formación profesional en la Comarca Ngäbe-Buglé, que beneficiará a 212 084 habitantes de la Comarca indígena Ngäbe-Buglé, y la construcción de nuevas instalaciones en la comarca Guna Yala. 

El 13 y 14 de mayo de 2025, celebramos en Ciudad de Panamá la primera Reunión ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana. En este encuentro, Panamá asumió la Presidencia pro tempore, y se adoptó el Plan de Acción 2025-2027, que aborda cuatro ejes fundamentales como: la inserción laboral innovando en los servicios públicos de empleo y observatorios del mercado laboral; la inspección laboral y la incorporación de nuevas tecnologías; la transición a la formalidad laboral adoptando un enfoque multisectorial aprovechando la tecnología; y la cooperación internacional y asistencia técnica, clave para enfrentar estos desafíos con estrategias sostenibles y efectivas.

Asimismo, se suscribió la Declaración de Panamá, que resalta la relevancia de los Programas de Trabajo Decente y el Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina y el Caribe (SIALC), al cual el Gobierno panameño contribuye anualmente con un aporte significativo de 327 000 dólares y cuya existencia es de hace casi tres décadas. Hago énfasis en el SIALC porque es un programa noble para los países beneficiarios de América Latina y el Caribe. El Panorama Laboral producido por el SIALC, constituye una herramienta clave para Gobiernos, empleadores, trabajadores y académicos interesados en un análisis sistemático de los mercados laborales de la región. Nos brinda la oportunidad de acceder a un análisis claro y actualizado de la situación del mercado laboral, permitiéndonos proyectar estrategias de acción para los siguientes años, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras políticas y estrategias laborales, y garantizando que la información generada tenga un impacto positivo y efectivo en la toma de decisiones en el ámbito laboral.

El Panorama Laboral 2024 revela que, aunque la región ha recuperado niveles económicos previos a la pandemia, persisten desafíos significativos en el mercado laboral. Por ello, no podemos olvidar las repercusiones generadas por la pandemia, que han profundizado aún más la informalidad, el desempleo y la precariedad laboral. Es importante señalar que estos problemas no son exclusivos de Panamá, sino que se presentan a nivel global.

Quiero destacar que el desempleo en Panamá no solo responde a factores estructurales del mercado laboral, sino también a acontecimientos que han afectado la conservación y generación de empleos, como la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero, los prolongados cierres de vías a nivel nacional y los paros ilegales, los cuales han impactado negativamente la actividad económica y la estabilidad laboral de nuestro país. La tasa de desempleo sigue siendo un reto y la informalidad y la precariedad laboral siguen siendo preocupantes. No podemos dejar de reconocer entonces, los esfuerzos realizados por mi país en la implementación de reformas estructurales para mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad y la precariedad laboral, que permita a las personas trabajadoras acceder a empleos dignos y sostenibles.

Antes de finalizar, en nombre del Gobierno, reiteramos nuestro compromiso con la generación de empleo decente y el desarrollo productivo de nuestro país.

Miembros empleadores - Antes de comenzar, deseamos agradecer al Gobierno por la información proporcionada en relación con el cumplimiento, en la legislación y en la práctica, del Convenio. En la forma acostumbrada quisiéramos dar contexto, para la mejor comprensión del caso.

Esta es la primera vez que la Comisión discute este caso. Panamá ratificó el Convenio en 1970 y la Comisión de Expertos ha realizado observaciones al respecto en seis oportunidades, específicamente en 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 y finalmente 2024, tomando nota de las memorias del Gobierno y de los comentarios formulados por los actores sociales.

Previo al estudio de los comentarios de la Comisión de Expertos, los empleadores queremos subrayar la importancia del Convenio, como uno de los convenios de gobernanza prioritarios de la OIT, que en esencia prevé que los Estados Miembros deben formular y llevar a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

Es importante tener en cuenta que el presente caso nos convoca para discutir la implementación efectiva de medidas apropiadas que cumplan los mandatos contenidos, específicamente, en los artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Dividiré entonces mi intervención en tres secciones, analizando, de forma diferencial, los compromisos internacionales que se derivan de cada uno de estos artículos.

En primer lugar, el artículo 1 del Convenio establece como objetivo de mayor importancia una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y plenamente elegido. Sobre el particular los miembros empleadores toman nota de los esfuerzos tripartitos por suscribir el Memorando de Entendimiento para el Programa de Trabajo Decente, 2024-2027. De acuerdo con la información proporcionada, este programa fue fruto del diálogo social tripartito y constituye un avance significativo y en la dirección adecuada.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 del Convenio, el Programa de Trabajo Decente, adoptado de forma tripartita, está encaminado a que el trabajo sea productivo, a fortalecer los programas de formación para el empleo, así como establecer políticas y programas con énfasis en la población vulnerable, particularmente para los jóvenes con enfoque de género.

Los miembros empleadores quieren destacar las siguientes acciones derivadas del Programa de Trabajo Decente. En primer lugar, la creación del Observatorio Laboral Nacional para mejorar la recopilación y análisis de datos del mercado laboral; en segundo lugar, el Plan de Promoción del Empleo Juvenil; y en tercer lugar, la mesa tripartita para hacer seguimiento al cumplimiento del mencionado programa.

En función de lo expuesto, los miembros empleadores identificamos que, más allá de los cuestionamientos de la Comisión de Expertos sobre la coordinación de la política de empleo con la política económica y social del país, así como el alcance y resultados de las disposiciones emitidas, Panamá efectivamente cuenta con una política de empleo impulsada a través del tripartismo y enfocada además en la reducción del desempleo y la informalidad.

En segundo lugar, sobre el cumplimiento de los literales a) y b) del artículo 2 del Convenio, en relación con la revisión o supervisión de las medidas y el desarrollo de programas específicos, los miembros empleadores toman nota de que como producto del mencionado acuerdo tripartito denominado Programa de Trabajo Decente 2024-2027, se creó una mesa tripartita de seguimiento en la cual se ajustan las acciones del mencionado Plan de acción y se cuenta con participación activa de los interlocutores sociales más representativos.

En materia de los programas implementados, los miembros empleadores tomamos nota del desarrollo de los siguientes enfocados específicamente en mujeres y jóvenes:

• 1) Política de Igualdad de Oportunidades para Mujeres, que se estructuró en ejes fundamentales como el empoderamiento, económico, autonomía laboral, erradicación de la violencia y transformación sociocultural.
• 2) Programa «Mi Primer Empleo», dirigido a jóvenes de entre los 17 y 24 años mediante el cual se facilita la inserción al mercado laboral formal y se pretende hacer un enlace entre la oferta y la demanda del mercado laboral.
• 3) Programa de orientación vocacional y empleo, como herramienta para acercar a los jóvenes a la realidad del mercado laboral.

De acuerdo con lo anterior, los miembros empleadores reconocen los avances y los esfuerzos realizados por el Gobierno de Panamá para implementar programas y proyectos enfocados en la generación de trabajo decente.

En materia de informalidad, queremos subrayar que, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República de Panamá, la informalidad laboral afecta a más del 47 por ciento de la población económicamente activa del país, principalmente afecta a sectores como comercio, construcción, logística, industria, hoteles, restaurantes y otras actividades de servicio. El auge de la informalidad ha generado una competencia desleal y ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social en Panamá; y al mismo tiempo, ha representado uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y social del país.

En este contexto, solicitamos al Gobierno que, con la asistencia técnica de la OIT, implemente medidas que contribuyan a fomentar la transición de la informalidad a la formalidad, tanto para empresas como para trabajadores. Este acompañamiento debería incluir medidas orientadas a simplificar y desburocratizar las normas laborales y agilizar los procesos administrativos, de manera que el cumplimiento legal sea más accesible y atractivo.

Finalmente, sobre el artículo 3 del Convenio, relativo a las consultas con los interlocutores sociales más representativos, invitamos al Gobierno a continuar trabajando en las mesas tripartitas con la finalidad de que, entre todos y con las experiencias y conocimientos propios de empleadores, trabajadores y Gobierno, se continúe avanzando, tanto en materia de empleabilidad bajo el concepto de trabajo decente, como en el tránsito de la informalidad a la formalidad.

En este sentido, recomendamos al Gobierno que, con la asistencia técnica de la OIT, establezca proyectos y programas enfocados en el fortalecimiento del diálogo social tripartito que protejan la independencia, la paridad y la participación constructiva de las partes, al tiempo que se debe reforzar un entorno propicio para las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Los empleadores queremos destacar que contar con entornos propicios para el desarrollo de empresas sostenibles es la base para la generación de trabajos decentes. Un entorno empresarial favorable es esencial para brindar seguridad jurídica y fomentar la inversión, la innovación y el empleo. Estos resultan ser elementos fundamentales para impulsar las políticas públicas económicas, sociales y de empleabilidad.

En ese sentido, los miembros empleadores solicitamos al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para continuar implementando, en consulta con los interlocutores sociales más representativos, los proyectos y programas tanto en materia de generación de empleo como en materia de tránsito de la informalidad a la formalidad, para lo cual puede solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Miembros trabajadores - Los miembros trabajadores intervienen en esta Comisión para abordar el caso de Panamá en relación con el Convenio. Lo hacemos con preocupación y sentido de responsabilidad, porque lo que está en juego no es solo el cumplimiento de un convenio de gobernanza, sino la credibilidad de esta organización frente a un caso grave y actual de regresión de derechos que hace imposible su aplicación real y efectiva.

Sabemos las reglas de procedimiento; las sabemos y las respetamos, pero estamos hablando de un caso de un país que va más allá del Convenio.

El Informe de la Comisión de Expertos, que valoramos por su solidez y equilibrio, destaca la falta de una política nacional de empleo coherente, articulada, evaluable y vinculada a las estrategias macroeconómicas y sociales. Como señala el preámbulo del Convenio, «el empleo productivo y libremente elegido debe considerarse como un objetivo primordial de la política económica y social». Pero en Panamá ese objetivo no se está cumpliendo.

La Comisión de Expertos ha sido clara en su análisis. A pesar de los planes y anuncios presentados por el Gobierno, no hay en Panamá una política nacional de empleo integral, coherente, sostenible, ni articulada con las políticas económicas y sociales. No hay continuidad ni enfoque de largo plazo; los programas se acumulan sin una evaluación ni coordinación, con presupuestos insuficientes y sin la participación efectiva de los interlocutores sociales.

El Informe constata que la informalidad supera el 56 por ciento; que el desempleo persiste especialmente entre jóvenes y mujeres; que menos del 25 por ciento de los contratos laborales registrados tienen carácter indefinido, y que, en vez de atacar las causas estructurales de la precariedad, el Gobierno adopta programas como «Aprender Haciendo» o «Capacítate para el trabajo», que se aplican de forma fragmentada y no alcanzan a modificar las condiciones reales de empleo.

Pero más allá del diseño técnico de los programas, hay un problema institucional central: la exclusión sistemática de los actores sociales. El artículo 3 del Convenio establece con claridad que los Estados deben «consultar con los representantes de empleadores y trabajadores, con miras a la adopción y aplicación de las políticas previstas». Esta consulta en Panamá no existe.

El movimiento sindical panameño ha denunciado la falta de participación en el diseño de políticas públicas de empleo, la débil institucionalidad del diálogo social y la ausencia de una estrategia estatal de largo plazo que garantice un empleo digno y con derechos. También ha alertado sobre la concentración geográfica de las oportunidades, las brechas de género persistentes y la desconexión entre la oferta educativa y la demanda productiva.

El propio Gobierno ha declarado públicamente que no mantendrá canales de diálogo con el movimiento sindical. En lugar de diálogo tripartito institucionalizado, habla de «mesas de escucha», sin poder vinculante, sin equilibrio y sin representación real. Esta negación explícita del diálogo social es una violación directa al corazón del Convenio y a los principios tripartitos que dan sentido a la OIT.

La gravedad de este escenario se acentúa al considerar que Panamá integra la troika de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta responsabilidad regional de troika (Argentina fue presidente, Colombia preside, y viene Panamá como próximo presidente), es una obligación ética e institucional, y existe la necesidad de dar el ejemplo. No se pueden liderar foros hemisféricos mientras se persigue a los sindicatos en el plano nacional. Estamos convencidos de que honrar los compromisos internacionales no es una opción, es un deber.

El Informe de la Comisión de Expertos también señala la debilidad de los mecanismos de articulación entre políticas de empleo y estrategias educativas y productivas. Y aquí surge un punto central: en este clima de hostilidad institucional hacia los trabajadores y sus organizaciones, es absolutamente inviable llevar adelante un Programa de Trabajo Decente por País que, como bien sabemos, solo puede construirse a partir de la participación entre Gobiernos, empleadores y trabajadores; así se construye. El tripartismo no puede ser simulado. O se respeta o se vulnera, y en Panamá creemos que hoy lamentablemente se vulnera.

El ambiente social y político está convulsionado y corren peligro la seguridad, la libertad y la integridad física de las personas. Como hemos escuchado, el titular del ejecutivo ha declarado, en medios masivos, su intención de ahogar económicamente a los sindicatos. Esa declaración, más que una opinión, es una directriz de una política que es inaceptable para los miembros trabajadores. Por eso, Señor Presidente, debemos ser claros. No puede haber empleo pleno, productivo y libremente elegido, si se persigue a quien defiende esos derechos; no puede haber políticas de empleo sin interlocutores sociales en libertad; no puede haber desarrollo sostenible sin justicia social, y no puede haber justicia social sin libertad sindical.

Para el movimiento sindical mundial, y especialmente para el de las Américas, Panamá es hoy una prioridad regional. Lo es porque se vulneran derechos fundamentales: la libertad de asociación y la libertad sindical; el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y el entorno de trabajo seguro y saludable.

¿Cómo puede ser que Panamá, después de ser considerada algunos años atrás el ejemplo por tener comisiones de diálogo tripartito, haya pasado a estar en la situación actual y esté en esta Comisión?

Reiteramos: Panamá es la prioridad regional definida por la Confederación Sindical de las Américas y por el movimiento sindical mundial, porque en este caso, se abre una puerta a retrocesos sindicales en la región y eso implica abrir la puerta a una regresión general de derechos.

Por eso, informamos a esta Comisión que los dirigentes sindicales de Panamá presentes en la Conferencia, con el apoyo sindical de la Confederación Sindical de las Américas, se reunieron con el Director General de la OIT para solicitar una intervención urgente, directa y visible. Es indispensable una misión de alto nivel que pueda constatar la gravedad de la situación en el terreno. El pueblo panameño no puede esperar. No podemos mirar para otro lado. Deben cumplirse los convenios de la OIT, el Convenio núm. 122 de gobernanza y los convenios fundamentales. Instamos a que la OIT, a través de su Director General, despliegue una intervención enérgica, directa y viable que permita contribuir a reconstruir los espacios de diálogo social y al cumplimiento efectivo de las normas internacionales del trabajo en el país. Panamá necesita dar garantías de seguridad para los dirigentes sindicales para que, en el marco del respeto a la democracia, a la paz y al Estado de derecho, se inicie un proceso de diálogo tripartito con el acompañamiento de la Oficina.

Sabemos que la asistencia técnica no va a ser periférica ni simbólica. Va a ser prioritaria, estratégica y sostenida. Lo que está en juego no es solamente el cumplimiento de un convenio. Es la posibilidad misma de que el sistema de normas de la OIT siga siendo una herramienta viva para la justicia social.

Los graves hechos de violencia que hemos descrito no son parte del pasado ni de un informe técnico; están ocurriendo ahora mismo mientras esta Comisión se encuentra reunida aquí en Ginebra. Es la realidad misma, la que conocemos a través de medios de difusión, que nos llega minuto a minuto, con la mirada esperanzadora de trabajadoras y trabajadores panameños puesta en lo que hagamos hoy aquí en esta casa.

Como sostuvo en la plenaria de esta Conferencia el secretario general de la Internacional de la Construcción y la Madera, con relación a Panamá, la OIT es la casa de la justicia y todos debemos honrarla. Estamos hablando de la imperiosa necesidad de paz social en Panamá.

Miembro empleador, Panamá - Nos convoca hoy un análisis sobre el cumplimiento del Convenio por parte de la República de Panamá, que tiene su origen en observaciones presentadas por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO).

Es importante tener claro que no se trata de un caso de libertad sindical ni de negociación colectiva. Tampoco es un caso promovido por reclamaciones de ningún sindicato en temas vinculados a la libertad sindical, y esto es importantísimo dejarlo claro.

En ese sentido, el Estado panameño, bajo la administración del anterior Presidente, el Sr. Cortizo, respondió oficialmente el 6 de diciembre de 2022, detallando los programas y planes desarrollados por el país para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio.

Hoy día, bajo la nueva administración del Presidente José Raúl Mulino, se ha dado continuidad a esos planes como política de Estado, al tiempo que se han puesto en marcha nuevas iniciativas que generan empleo, fomentan el trabajo decente —especialmente para jóvenes y mujeres— e impulsan empresas sostenibles para la reducción de la informalidad.

Por razones de tiempo no me voy a referir a cada uno de estos planes, ya que han sido detallados precisamente por la Directora de Empleo del MITRADEL. Puedo afirmar con plena convicción, y sin ningún tipo de reserva mental de mi parte, que dichas políticas son reales. Como Presidente de la Comisión Laboral del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y en mi calidad de portavoz y negociador del sector empleador, he participado directamente en ellos y también ha participado el sector trabajador.

Los planes y programas cumplen con los requerimientos establecidos por el Convenio. Panamá ha cumplido con el Convenio. Sí, ha cumplido al 100 por ciento. Sin embargo, más allá del diseño técnico de políticas, enfrenta serias limitaciones estructurales coyunturales que afectan el resultado de dichas estrategias.

En los últimos años, se ha venido consolidando un patrón de protesta social por algunos grupos que, aunque pudiesen ser legítimas en su raíz, han adoptado formas profundamente disruptivas para el orden productivo y el desarrollo nacional. Nos referimos específicamente al cierre de vías y calles como métodos de presión, que impide el funcionamiento normal de la economía. Los trabajadores, en esos momentos, no pueden llegar a sus puestos de trabajo; los empleadores no pueden abrir sus negocios; los productores no pueden atender sus cultivos, y la ciudadanía en general se ve imposibilitada de acceder a los servicios esenciales como la educación, la alimentación e inclusive la atención médica.

En 2022, por ejemplo, el aumento internacional de los precios del combustible y una supuesta inflación desencadenaron protestas con bloqueos generalizados, pese a que la inflación panameña es mínima, y el país no produce petróleo ni combustible, por lo que depende del precio internacional. El Gobierno se vio obligado a establecer subsidios económicos temporales al combustible para toda la población. Estas protestas ocasionaron graves pérdidas económicas, y obligaron al cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que apenas se estaban recuperando de los efectos devastadores de la pandemia, muchas de las cuales se fueron a la informalidad.

Otro ejemplo se da en 2023, tras la aprobación de la Ley núm. 406, relacionada con la concesión minera, que produjo una oleada de manifestaciones y bloqueos de vías que paralizaron al país por más de un mes. La posterior declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley generó el despido de más de 7 300 trabajadores directos y la pérdida de más de 30 000 puestos indirectos. Panamá es un país con una población muy pequeña, y este fue un impacto muy fuerte. Las pérdidas económicas fueron estimadas por el CONEP en 1 700 millones de dólares de los Estados Unidos, y a ello se sumó la reducción del crecimiento proyectado del producto interno bruto, que era de 7,4 por ciento, a 2,9 por ciento, y la caída de las exportaciones en un 7,5 por ciento.

Más recientemente, en abril de 2025, la aprobación de la Ley núm. 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, una reforma que es reconocida como urgente por todos los sectores, inclusive la OIT, volvió a detonar protestas con cierres de vías, paralización del sistema educativo público por más de un mes y medio hasta el día de hoy, y paros ilegales.

En la provincia de Bocas del Toro, un sindicato bananero declaró un paro contra una empresa contra la cual no mantenía ningún conflicto ni ninguna reclamación. Como resultado, la empresa perdió sus cultivos y cerró sus operaciones en el país, dejando sin empleo a más de 7 000 trabajadores directos y 21 000 indirectos. La economía de esa provincia dependía de esa actividad productiva que, producto del paro ilegal, colapsó.

Es un patrón que se viene repitiendo preocupantemente. Frente a una disconformidad social o política se inician protestas y cierres que causan más daño del que pretenden corregir.

Nos encontramos ante una condición estructural. Por un lado, contamos con políticas de empleo bien diseñadas, técnicamente adecuadas y comprometidas con los principios de la OIT y del Convenio. Por otro lado, las condiciones sociales de conflictividad e inestabilidad impiden que esas políticas se traduzcan en resultados sostenibles. La pregunta entonces no es si Panamá cumple o no con el Convenio en sus perspectivas de normativa, planificación y ejecución. Sin duda, cumple. Sí, cumple. La pregunta real es si el contexto social permite que todos esos resultados se materialicen posibles.

La respuesta es clara: mientras persista esta dinámica de protesta autodestructiva, ningún programa de empleo, por robusto que sea, va a prosperar y va a dar los resultados que se esperan totalmente. Se hacen muchos esfuerzos.

Hoy, más que una defensa técnica quiero hacer un llamado humano y colectivo. Panamá tiene enormes ventajas competitivas. Gente trabajadora, gente buena y recursos estratégicos; pero estamos siendo testigos de una erosión interna provocada por nuestras propias acciones de unos grupos pequeños.

Me duele mi país. Por eso elevo una petición sincera. Necesitamos ayuda para fortalecer algo que históricamente ha sido nuestra fortaleza: las ventajas y oportunidades que tenemos para que juntos asumamos con madurez los retos del trabajo decente en empresas sostenibles, aprovechando la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica, con visión de país para todos, y en eso nos puede ayudar la OIT, a fortalecer el diálogo social.

Panamá no puede seguir disparándose en el pie. En estos momentos necesitamos unirnos para seguir avanzando, como siempre lo hemos hecho, con diálogo social con interés, con visión de país.

Miembro trabajador, Panamá - El Convenio fue adoptado por la Conferencia en julio de 1964, en su 48.ª reunión, y entró en vigor el 15 de julio de 1966. Fue ratificado por Panamá el 19 de junio de 1970. Permítanme desarrollar lo que significa «política de empleo» según una visión general: la política de empleo comprende las medidas que toman los poderes públicos para influir en el mercado laboral, la calidad del empleo y la reducción del desempeño. Estas medidas pueden ser de dos tipos: activas y pasivas. Las políticas activas buscan mejorar la empleabilidad de los desempleados a través de programas de orientación, formación profesional y apoyo a la búsqueda de empleo, mientras que las políticas pasivas se tratan de un sistema dirigido a la protección social que puede garantizar una renta a los desempleados mientras logren un nuevo empleo.

En el caso de Panamá debemos destacar que la tasa de desempleo se ubicó en 9,5 por ciento en octubre de 2024, lo que representa un incremento del 2,1 por ciento en comparación con agosto de 2023. Esto significa que la cantidad de personas desocupadas aumentó de 155 625 a 202 609 en el mismo periodo. La tasa de desempleo aumentó en agosto de 2023 de 7,4 a 9,5 por ciento, como ya hemos señalado, en el 2024. Este aumento implica un incremento de 46 984 personas desocupadas. El desempleo para los hombres aumentó de 4,4 a 5,8 por ciento y para las mujeres es más alarmante, de 7,7 a 10,5 por ciento con una tendencia hacia incrementarse.

La informalidad laboral sigue siendo una de las más altas de la región. Panamá cuenta con una informalidad de cerca del 50 por ciento de los empleados en empleos no agrícolas, según cifras de octubre de 2024. Mientras tanto, durante el periodo acumulado de agosto de 2023 a octubre de 2024, la población económicamente activa del país se ubicó en 2 126 771 personas. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un 29 por ciento según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, convirtiéndose esto en un problema social a corto plazo por la falta de oportunidades de este número de desempleados. El 60 por ciento de empleos que hoy tienen los jóvenes son informales y aquellos que obtienen empleos formales ganan menos de 698 dólares de los Estados Unidos mensuales, 35,87 dólares menos que el salario promedio en la economía, que es de 734 dólares.

En el caso de las poblaciones indígenas —la comarca NGabe Bugle representando el nivel más alto de pobreza—, la falta de oportunidad de empleo y el olvido de las autoridades ha llevado a esta población a convertirse en la que presenta el nivel más alto de pobreza extrema y de desnutrición por la falta de oportunidades, superando el 96 por ciento. Según el estudio, este sector no cuenta con adecuada alimentación, agua potable y electrificación, y el acceso a la educación es casi nulo.

Esto significa que, en 2025, Panamá ya había perdido aproximadamente 54 107 empleos formales. Entre 2023 y 2024, tres de cada cinco nuevos empleos que generó la economía fueron informales, lo que obliga a discutir con mucha responsabilidad si el modelo de desarrollo por el cual transita nuestra economía es el correcto en un país que cuenta con muchos recursos y potencialidades a desarrollar pero que no está generando ni la calidad ni el empleo suficiente.

A pesar de que los trabajadores organizados en los sindicatos hemos planteado la necesidad de discutir sobre la base de los problemas estructurales del país, nuestra posición ha sido ignorada. Esta situación tiende a agravarse en la medida que las políticas de contención del gasto público, así como el control presupuestario, están orientados a favorecer el pago de las deudas pública y privada, que ascienden a más de 56 000 millones de dólares, recortando las partes destinadas a satisfacer las demandas sociales de agua, salud, educación, empleo digno y otras reivindicaciones enarboladas por los sectores sindicales y sociales en general.

Si bien la República de Panamá registra un producto interno bruto (PIB) que ronda un estimado del orden de 63 000 millones de dólares, así como un índice de precios al consumidor (IPC) calculado arriba de 13 500 de dólares, la población diariamente padece falta de agua, con unas 250 000 personas sin este servicio en las ciudades terminales de Panamá y Colón. El 22 por ciento de los 3 200 planteles educativos no tienen servicios de internet y el 12 por ciento no cuentan con los servicios de electricidad, sumado al estado deplorable de las infraestructuras en un significativo número de escuelas, lo que no garantiza calidad de vida ni una población con las capacidades que el mercado laboral demanda.

De igual forma, el sistema de salud pública enfrenta una crisis de atención, medicamentos y demás servicios básicos. De la misma manera que el llamado «mercado laboral» enfrenta sus complejidades que se reflejan en una rápida transformación de las condiciones de estabilidad y seguridad en contra de los trabajadores, sus organizaciones representativas y la dirigencia, que está sometida a una fuerte presión política y económica.

El acelerado crecimiento de la «informalidad laboral», tanto abierta como solapada, proyectada al 61,2 por ciento de la población ocupada, adicionando a la escandalosa política antisindical que demuestran las autoridades responsables de «aplicar mecanismos de protección al trabajador». Políticas desreguladoras y de alta flexibilidad laboral han generado un desempleo del 9,2 por ciento, a la vez que solo un 22 por ciento de la fuerza laboral está en el sector formal de la economía, estando la mayor parte de la población trabajadora fuera de la protección del régimen de seguridad social, que no goza de beneficios ni de los derechos derivados de la relación laboral, contenida en nuestra legislación.

El 1 de julio de 2024, asumió el poder un nuevo Gobierno, calificado como parte de la corriente conocida como derecha libertaria, conformando un Gobierno plenamente identificado con el sector más conservador del empresario panameño, definiendo el rumbo «pro empresa privada» y una actitud de constantes ataques al movimiento sindical; aun violando normas constitucionales e ignorando el carácter tutelar del derecho laboral panameño.

El uso de los recortes presupuestarios, así como el gasto e inversiones públicas, especialmente en sectores sensibles, —tales como salud, educación, y vivienda—, la eliminación de programas de asistencia social, el despido masivo de funcionarios del sector público, el cierre de instituciones públicas, etc., se han convertido en herramientas políticas en contra de los sectores sociales que demandan mayor empleo y salarios dignos.

Paralelamente, la aplicación de mecanismos de control en contra de las organizaciones sociales y sindicales, a través de políticas de presión, de la utilización de los tribunales para callar las voces de la dirigencia que reclama por la generación de empleos, constituye una práctica cotidiana —la criminalización de las protestas sociales—, en algunos casos acompañados de amenazas abiertas y acciones de presión en otros.

Dirigentes de los gremios docentes están encauzados judicialmente, mediante la creación de expedientes e investigaciones amañadas. Dirigentes de organizaciones sindicales, que junto a otros sectores reclamamos mayores oportunidades de empleo y acceso al mercado laboral, se encuentran sometidos a investigaciones bajo supuesto delito de «malversación de fondos públicos». Dirigentes originarios son víctimas de intimidación, presión y coerción para afectar las formas organizativas y tradicionales de lucha de los pueblos autóctonos que históricamente han sido olvidados.

Para culminar compañeros, queremos resaltar que el Programa de Trabajo Decente, impulsado desde la OIT en el Plan Nacional de Trabajo Decente, no funciona. En este sentido se ha demostrado que los espacios alcanzados en algunos momentos desde la OIT, como la comisión tripartita de Panamá que era acompañada por la Comisión de Expertos, han sido desconocidos por el anterior y el actual Gobierno. De tal manera que exigimos que se habiliten los espacios de diálogo emanados del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) de la OIT, referente a la Comisión tripartita, que en su momento fortalecieron los mecanismos de diálogo social en Panamá y el fiel cumplimiento e implementación del Convenio.

Miembro gubernamental, Ecuador - Pronuncio esta intervención a nombre de un grupo de países de América Latina y el Caribe integrado por Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, el Paraguay, el Perú y la República Dominicana y mi propio país, el Ecuador. Tomamos nota de la información actualizada y datos estadísticos que reflejan los resultados de los diferentes programas activos de promoción del empleo, proporcionada por el Gobierno de la República de Panamá, representado por su Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Se acogen con beneplácito los esfuerzos constantes desplegados por el Gobierno de Panamá, con miras a implementar una política integral destinada a promover la creación de oportunidades de empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Saludamos las medidas adoptadas para promover la inserción laboral de los jóvenes y de las personas con discapacidad mediante las alianzas público-privadas y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y alentamos a la República de Panamá a seguir con estos esfuerzos.

Reconocemos además la apuesta del país por la transformación digital de sus servicios públicos de empleo y del observatorio del mercado laboral, la regulación de agencias privadas de colocación, y la implementación de capacitaciones y certificación en sectores claves como turismo y logística, priorizando áreas vulnerables.

También se destaca el liderazgo de la República de Panamá como Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, instancia de diálogo subregional que recientemente adoptó un plan de trabajo con especial énfasis en el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y de los observatorios del mercado laboral, así como la transición hacia la formalidad laboral mediante un enfoque multisectorial aprovechando la tecnología, la cooperación internacional y la asistencia técnica.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la República de Panamá en sus esfuerzos por la recuperación económica y la generación de empleo, reconociendo los avances realizados frente a los desafíos derivados de la pandemia y otras situaciones que impactaron la continuidad de las actividades productivas.

Miembro empleador, Guatemala - Muchas gracias a la delegada del Gobierno de Panamá por las informaciones rendidas. La economía informal alcanza cifras alarmantes en los países de nuestra región. Panamá no es ajeno a esa realidad y, por ello, felicitamos la voluntad política mostrada por los actores sociales y el Gobierno en la suscripción del Memorando de Entendimiento para el Programa de Trabajo Decente 2024-2027. Es dentro de ese marco donde se deben decidir el curso de acción y dar seguimiento a las políticas de empleo a que se refiere este importante Convenio. Considerando, claro está, los aspectos señalados por la Comisión de Expertos en su informe; esto es, la coordinación con la política económica y social del país, incluido el Plan Estratégico (PEG 2025-2029) al que se refirió la representante del Gobierno, y la recopilación de estadísticas que permitan evaluar los resultados de las políticas de empleo.

Es en ese foro en donde se deben buscar rutas a los retos específicos señalados por la Comisión de Expertos; es decir, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral y el desempleo juvenil, tema de nuestra mayor preocupación.

En nada ayudan a la creación y mantenimiento del empleo los bloqueos prolongados de vías nacionales y los paros ilegales que han afectado gravemente la estabilidad laboral y la operación de empresas, especialmente microempresas y pequeñas empresas. Actos que condenamos por ser atentatorios de las libertades de trabajo, empresa, locomoción y, en definitiva, seguridad jurídica.

Miembro gubernamental, El Salvador - En nombre del Gobierno de El Salvador, expresamos nuestro reconocimiento a la República hermana de Panamá respecto de la aplicación del Convenio. Reconocemos los esfuerzos que el Gobierno panameño ha venido realizando para garantizar el derecho al trabajo decente, a través de políticas públicas orientadas a promover el diálogo, y el empleo productivo y libremente elegido, en coherencia con su Constitución y el marco normativo internacional del trabajo.

Como países miembros del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano buenas prácticas de Panamá, articulando la educación con la política de empleo. En ese sentido, saludamos que Panamá ha acogido con responsabilidad el reto de conducir los esfuerzos colectivos hacia la implementación de políticas activas de empleo modernas e innovadoras, la digitalización de los servicios públicos de intermediación laboral, la promoción de la igualdad de oportunidades, así como el impulso de estrategias integrales para la transición de la informalidad a la formalidad.

Queremos resaltar que este compromiso no es aislado, sino que se enmarca en una visión compartida por los países de la región, que reconoce la importancia de afrontar de manera coordinada desafíos estructurales como la transformación digital, los impactos del cambio climático y la necesidad de una inversión sostenida en la educación y la formación profesional a lo largo de la vida.

La modernización de los servicios públicos de empleo y los observatorios del mercado laboral son un objetivo que perseguimos mutuamente, para buscar un mejor acercamiento a la población. Son instrumentos indispensables para garantizar exitosas políticas de empleo, trabajo decente, un efectivo diálogo social y la protección de los trabajadores.

Acompañamos con entusiasmo y confianza el rol de nuestro país vecino, Panamá, en el impulso de una agenda nacional y regional centrada en las personas, y les incentivamos a continuar con los esfuerzos necesarios para el cumplimiento efectivo de los convenios internacionales, así como esperamos y estamos en disposición de seguir compartiendo buenas prácticas en los espacios regionales futuros.

Miembro trabajadora, Canadá - Pronuncio esta declaración en nombre del Congreso del Trabajo del Canadá. El Informe de la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio en Panamá manifiesta claramente la necesidad de una política de empleo coherente, basada en el diálogo social tripartito, que garantice el empleo pleno, productivo y libremente elegido. Sin embargo, lo que vemos hoy en el Canadá es una profunda contradicción entre estos principios y la realidad nacional. Es imposible crear una política de empleo basada en el diálogo si no se garantiza primero la libertad sindical, y lamentablemente, Panamá carece de dicha garantía. Los miembros trabajadores deseamos expresar nuestra profunda preocupación por los ataques contra las organizaciones sindicales panameñas: congelación de cuentas, intervención de mutualidades, persecución de dirigentes, arrestos arbitrarios y represión de las protestas sociales. Todo esto está sucediendo con el apoyo, e incluso el orgullo, del propio Gobierno, que en declaraciones públicas ha manifestado abiertamente que se rehúsa a entablar un diálogo con el movimiento sindical. Esta situación, que es incompatible con los valores fundadores de esta Organización, no solo menoscaba la libertad sindical, sino también cualquier posibilidad real de elaborar una política de empleo participativa, inclusiva y eficaz. Por consiguiente, instamos a esta Comisión a enviar una señal clara. A su vez, pedimos a la Oficina que despliegue todos los esfuerzos posibles para ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a Panamá, con el fin de restablecer las condiciones mínimas de legalidad, diálogo social y paz. Los trabajadores de Panamá no están solos. La Comisión debe contribuir para abrir el camino hacia una solución.

Miembro empleador, Costa Rica - El sector empleador costarricense agradece la oportunidad de intervenir en este foro para referirse al caso de Panamá, en el contexto del seguimiento a la aplicación del Convenio. Como parte del mandato de esta Organización, el fomento de políticas activas de empleo debe realizarse desde una perspectiva integral, que contemple tanto los avances institucionales como los desafíos estructurales. En ese marco, reconocemos los esfuerzos sustantivos que ha realizado la República de Panamá para fortalecer su estrategia nacional de empleo en virtud del Programa de Trabajo Decente 2024-2027. Entre las iniciativas destacadas se encuentran: la implementación de políticas de empleo juvenil, el establecimiento del Observatorio Laboral Nacional, la puesta en marcha de programas de orientación vocacional, y un conjunto de acciones concretas para fomentar la igualdad de género en el mercado de trabajo. Además, se ha reforzado el diálogo social mediante mesas tripartitas activas. Resulta especialmente valioso subrayar el rol del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), como actor comprometido con el desarrollo del país. Su participación ha sido técnica, constante y propositiva, contribuyendo tanto al diseño como al seguimiento de políticas públicas laborales, y promoviendo los principios de desarrollo económico sostenible y de empleo digno.

No obstante, también corresponde señalar que los esfuerzos por construir un entorno propicio para el empleo formal y productivo se han visto obstaculizados por factores externos ajenos al control del sector empleador. Entre ellos, destacan hechos como la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero, los bloqueos prolongados de vías nacionales y los paros ilegales que han afectado gravemente la estabilidad laboral y la operación de empresas, especialmente microempresas y pequeñas empresas. Estos actos, en muchos casos impulsados al margen del diálogo social, han atentado contra el derecho al trabajo, la libre empresa y la seguridad jurídica. Como sector empleador, no podemos soslayar que estas circunstancias representan una seria amenaza a la generación de empleo formal, la inversión y la paz social. Sin un entorno previsible y con pleno respeto al Estado de derecho, no es posible avanzar en la materia objeto de examen. Desde el sector empleador costarricense, expresamos una profunda solidaridad con nuestros homólogos panameños, y subrayamos la necesidad de que los esfuerzos de implementación del Convenio se analicen en su contexto real. No puede haber empleo productivo ni políticas efectivas si se vulneran los principios de legalidad y convivencia pacífica que sustentan el desarrollo. Por tanto, confiamos en que esta Comisión sabrá reconocer los avances realizados por Panamá y el compromiso del sector empleador. Consideramos que el examen de este caso no debe confundirse con una omisión de obligaciones, sino que debe valorarse como parte de un proceso dinámico, que requiere el respaldo de todas las partes interesadas, es decir, del propio sistema tripartito.

Miembro trabajador, Argentina - Hablo en nombre de las tres centrales argentinas: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y mi Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), y en representación de las centrales del Brasil. En el presente caso de Panamá, la Comisión de Expertos ha realizado una serie de observaciones que indican importantes déficits en materia de acceso y condiciones de empleo, dando cuenta de una alta tasa de informalidad, creciente temporalidad de los contratos, desempleo juvenil y baja participación laboral femenina, lo cual revela el fracaso del Plan Estratégico del Gobierno 2020-2024, y también de otros planes como el registro nacional de trabajadores por cuenta propia, que suponía una mejora de los índices de informalidad, además de estar parado el Plan Nacional de Trabajo Decente de la OIT.

Como recoge la Comisión de Expertos en su informe, el CONATO ha denunciado la falta de una estrategia de empleo definida con los interlocutores sociales, demostrado con la alta tasa de informalidad, de contratos temporales, alta concentración de la economía en determinados sectores y regiones con desigualdades por territorio, etnia y género. Tal como lo habíamos anticipado, los indicadores siguen dando cuenta de que las políticas de empleo diseñadas por el Gobierno han resultado previsiblemente ineficaces e inapropiadas para alcanzar los objetivos fijados en el artículo 1 del Convenio. De allí que el Gobierno no admita críticas ni disidencias y trate por todos los medios de impedir las acciones gremiales que ponen en evidencia el fracaso de los programas de Gobierno en cuanto al empleo. Esto explica las acciones represivas tales como la persecución de dirigentes, el incendio de locales sindicales y el ahogo financiero, todo lo cual ha sido denunciado por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ante el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 3456). Allí se da cuenta del asesinato de cuatro personas que participaban de la protesta, detenciones arbitrarias, actos de intimidación contra dirigentes sindicales y el cierre de sus cuentas bancarias, como represalia de la participación de las protestas.

Esto nos aleja cada vez más de cumplir con las políticas de empleo establecidas en el artículo 3 del Convenio y la obligación establecida en él, de la consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores. El Gobierno ha desatado una grave e inadmisible política de persecución. Ya no solo viola el Convenio, materia de observación de la Comisión de Expertos; sino que el conflicto ha escalado a la violación de la libertad sindical y las libertades públicas. No es casualidad que hayan empeorado los índices de informalidad, llegando al 49 por ciento, y de desocupación, que ha pasado del 7,4 al 9,5 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). El empleo se genera cumpliendo con el Convenio y no violando las libertades públicas y la libertad sindical, con represiones salvajes como las ejercidas contra las comunidades originarias en estos días.

En suma, el Gobierno continúa incumpliendo con el Convenio. Sus políticas económicas de crecimiento no generan empleo ni mejoran la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Permanecen inalterables las desigualdades estructurales asociadas a cuestiones étnicas, regionales y de género. El Gobierno sigue adelante con su política de represión en sustitución del diálogo social y la consulta tripartita. Por último, exigimos el cese de la persecución y el ahogo financiero y la libertad de los dirigentes detenidos.

Miembro gubernamental, Ecuador - La delegación del Ecuador agradece la oportunidad de intervenir en esta Comisión, y lo hace para expresar su respaldo a la República de Panamá en el marco del examen relativo al Convenio sobre la política de empleo. El Ecuador reconoce los avances que ha realizado Panamá en la formulación e implementación de políticas públicas, orientadas a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, en línea con los principios de este Convenio. Valoramos, especialmente, el enfoque integral adoptado por Panamá que articula la educación y capacitación para el trabajo, el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo mediante la transformación tecnológica sin dejar a nadie atrás. Desde el Ministerio de Trabajo del Ecuador, observamos con gran interés las iniciativas que Panamá ha venido desarrollando en materia de política migratoria laboral y migración circular, con fines de empleo, en alianza con otros países de la región. Consideramos que estas experiencias representan buenas prácticas, que contribuyen no solo a la movilidad laboral, segura y ordenada, sino también al desarrollo económico y a la cohesión social de todos nuestros países. Saludamos la apuesta del país por la inversión en megaproyectos que permiten la dinamización de la economía y la generación de empleo, así como las alianzas público-privadas que fortalecen la participación del sector productivo en todas las políticas laborales. Valoramos también el desarrollo de programas orientados a la inclusión laboral de personas con discapacidad, y las iniciativas implementadas en coordinación con las causas de justicia comunitaria de paz, que promueven el acceso a oportunidades laborales en contextos de alta vulnerabilidad social, reforzando el vínculo entre empleo, cohesión social y el desarrollo territorial.

Reiteramos nuestro reconocimiento a Panamá, por su compromiso con la aplicación efectiva del Convenio, y hacemos un llamado a que este examen se realice con espíritu constructivo, valorando los esfuerzos emprendidos y la disposición permanente del país para seguir fortaleciendo sus políticas de empleo, con el acompañamiento de la OIT y la participación de todos los actores sociales.

Miembro empleador, Honduras - Es un honor dirigirme a ustedes para destacar los avances significativos que ha alcanzado Panamá en materia de política laboral, en especial en el cumplimiento del Convenio. Este Convenio insta a los Estados a adoptar políticas activas de empleo cuyo objetivo principal sea promover un empleo pleno, productivo y libremente elegido. Principios que, en nuestra opinión, Panamá ha integrado a su política de empleo con seriedad y compromiso. Con la colaboración estrecha del sector privado representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), hemos podido apreciar cómo se han logrado avances relevantes para consolidar un mercado laboral en Panamá basado en la estabilidad, la formalidad y el respeto de los derechos laborales. Nos agrada poder ver que, conforme la información suministrada por el Gobierno de Panamá, y que ha sido confirmada con representantes del sector empleador de este país, se han iniciado programas emblemáticos como el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral «Aprender haciendo», «Yo sí cumplo» relacionado directamente con los empleadores, y la Orientación Vocacional y el Empleo (POVE). Programas vigentes desde el 2019 hasta el 2024, que han sido fundamentales para promover la capacitación, la empleabilidad y el reconocimiento de buenas prácticas en el ámbito laboral.

Además, el Plan Estratégico de Empleo 2020-2024 y el Plan de Trabajo Decente 2024-2027 reafirman el compromiso con un diálogo tripartito inclusivo, donde el Gobierno, empleadores y trabajadores, participan activamente en la construcción de políticas laborales efectivas y adaptadas a las necesidades del país. Solo en un ambiente de respeto y diálogo constructivo puede asegurarse que las políticas públicas alcancen sus objetivos, beneficiando a toda la población y fortaleciendo la estabilidad que Panamá ha venido generando a lo largo de su historia. En este punto, es fundamental destacar la importancia del respeto de los derechos y garantías de todos los ciudadanos —especialmente en contextos de manifestaciones y cierres de calles, que interrumpen la libertad de circulación de las personas y, por ende, el derecho al trabajo— recordando que ningún derecho es absoluto, y que todos están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

En resumen, Panamá muestra abiertamente y con seguridad sus esfuerzos para mantener un mercado laboral sólido, justo y sostenible mediante la aplicación de políticas activas de empleo, que han sido construidas en colaboración con los distintos actores sociales, destacando la participación del sector empleador de Panamá, por lo cual, motivamos siempre a estos actores a continuar cumpliendo en forma inclusiva con el Convenio.

Miembro trabajador, Suecia - Hablo en nombre de las trabajadoras y los trabajadores de la región nórdica. Hoy quiero alzar la voz por aquellas mujeres en Panamá que siguen siendo excluidas del mercado laboral formal, tanto en términos de empleo como en términos de consulta. Como tomó nota la Comisión de Expertos, aunque el Gobierno sí ha adoptado planes, la realidad es que la desigualdad de género persiste, y de manera alarmante. En 2023, y según datos del Departamento de Estadística de la OIT, solamente el 46,1 por ciento de las mujeres estaban empleadas en comparación con el 70,4 por ciento de los hombres. Estas cifras no son solo estadísticas, son el reflejo de una estructura económica que sigue siendo excluyente y desigual. Por lo tanto, la alta concentración de las mujeres en la economía informal demuestra que las políticas actuales no están logrando transformar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad en la sociedad.

Debemos ser claros. Según el artículo 3 del Convenio, el mismo que la República de Panamá ha ratificado, los Gobiernos tienen una obligación de consultar a los interlocutorios sociales en la formulación de políticas de empleo. Sin embargo, en Panamá, estas consultas han sido limitadas y, en muchos casos, simbólicas. La falta de un diálogo social adecuado socava la legitimidad y eficacia de cualquier política pública para el mercado laboral, incluidas aquellas destinadas a fortalecer la posición de las mujeres. Además, vemos con preocupación la evolución de la situación en Panamá, donde los representantes sindicales están siendo perseguidos. Nos preguntamos ¿cómo pueden ser consultados los sindicatos como lo estipula el Convenio, si al mismo tiempo se persigue a sus dirigentes? Para concluir, los sindicatos nórdicos se alinean con las recomendaciones y solicitudes formuladas por la Comisión de Expertos sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral, y subrayan especialmente la solicitud específica de información sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales.

Miembro gubernamental, Costa Rica - La delegación gubernamental de Costa Rica agradece la oportunidad para intervenir en esta Comisión y desea manifestar su respaldo a la República de Panamá en el marco del análisis del cumplimiento del Convenio. Valoramos los esfuerzos realizados por el Gobierno de Panamá para fortalecer sus políticas públicas de empleo, en armonía con los retos estructurales y coyunturales que enfrenta la región. Hemos podido constatar la disposición de Panamá de propiciar un espacio de diálogo a nivel de la subregión, para enriquecer la visión y abordaje a nivel nacional, a partir del intercambio de buenas prácticas y experiencias en el seno del Consejo de Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana. Recientemente se ha logrado un acuerdo subregional para que el Plan de Acción 20252027 centre sus esfuerzos en el fortalecimiento de los sistemas públicos de empleo, la inspección laboral y la formalización, en búsqueda de sumar esfuerzos para construir un entorno laboral más justo, equitativo y resiliente. Particularmente, resaltamos el intercambio técnico que se ha propiciado y que se mantendrá en los próximos años en materia de servicios públicos de empleo, formación profesional, programas activos del mercado laboral y estrategias de formalización, ámbitos en los que Panamá ha demostrado una voluntad de mejora continua.

En el marco de nuestra estrecha colaboración bilateral, deseamos destacar el trabajo conjunto que ha realizado Costa Rica y Panamá a través del Acuerdo del Mecanismo de Coordinación, suscrito desde 2015 entre los ministerios de Trabajo, para la coordinación de los flujos migratorios con fines de empleo y ocupación. Dicho Acuerdo estableció un comité técnico bilateral que se encarga de analizar y promover buenas prácticas y medidas ascendientes a mejorar la trazabilidad de los flujos migratorios de la población Ngäbe-Buglé, que históricamente migra desde Panamá hacia Costa Rica, durante la época de cosecha del café. En este espacio técnico, ambos países han suscrito compromisos orientados a garantizar una migración laboral segura, ordenada, con enfoque de protección de los derechos humanos.

Esta iniciativa refleja un compromiso real de ambos Estados con la promoción del empleo decente, la inserción laboral, la promoción del reclutamiento ético y la articulación regional de políticas públicas, en consonancia con los postulados del Convenio. En ese sentido, instamos a que el examen que se realice en esta Comisión se base en una visión equilibrada y constructiva, reconozca los logros alcanzados y cuyas recomendaciones contribuyan, ciertamente, a seguir fortaleciendo las capacidades nacionales para formular e implementar políticas de empleo efectivas. De igual manera, destacamos el valor agregado de las acciones construidas sobre la base del diálogo tripartito, con el acompañamiento técnico de la OIT cuando se torna necesario y adecuado. Costa Rica reitera su compromiso con el fortalecimiento del trabajo decente en nuestra subregión y su voluntad de seguir colaborando con Panamá y los demás países hermanos, para promover políticas públicas integrales, resilientes y sostenibles, formuladas sobre la base del diálogo social.

Miembro trabajadora, Perú - Hablo en nombre de las centrales del Perú y de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA). Ante una falta de estrategia de empleo definida por los interlocutores sociales, de coordinación entre los programas implementados para el fomento de las oportunidades de empleo y la ausencia de planes de desarrollo con continuidad, y no hablamos de iniciativas aisladas, como hemos escuchado en esta sala, la Comisión de Expertos toma nota con interés de la firma el 8 de abril de 2024 del Memorando de entendimiento para el Programa de Trabajo Decente (PTDP) 2024-2027 por parte del Gobierno, los interlocutores sociales, incluidos representantes de la CONED, CONATO, CONUCI, y con la participación de la OIT. Este es el espacio tripartito para la discusión de las políticas de empleo. Como vemos, esta iniciativa fue realizada con diálogo social, consulta tripartita, y con la cooperación y asistencia técnica de la OIT, lo que saludamos, pero hoy lamentamos. Ha pasado un poco más de un año y el Gobierno ha paralizado la implementación del programa de trabajo decente y el funcionamiento de la comisión tripartita de seguimiento. Recordemos que este programa constituye el marco principal para alcanzar los cuatro pilares de la agenda de trabajo decente: empleo, seguridad social, diálogo social y derechos fundamentales. Esto no es una cosa menor, pasamos de un clima de diálogo social a uno de represión y persecución de dirigentes sindicales por críticas o disidencias en defensa del trabajo decente, por ejemplo, una reforma inconsulta de la seguridad social, el respeto de la libertad sindical, entre otros.

De un discurso del Gobierno en la persona de su Ministra de Trabajo, que en su momento enarbolaba políticas públicas de empleo y ocupación desde una perspectiva de derechos humanos y que asegure siempre el respeto de los derechos fundamentales en las relaciones laborales, hemos pasado a acciones que no promueven el empleo, sino que afectan la libertad sindical, debilitan las organizaciones sindicales y criminalizan la protesta, situación que ya es conocida por esta casa por la queja del caso núm. 3456. En este contexto no solo se afecta el Convenio, sino otros Convenios fundamentales como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), por lo que sería importante que el Gobierno retome el camino del diálogo social para la elaboración de políticas de empleo, claro, con la asistencia técnica del OIT, y con las garantías mínimas para la participación de las organizaciones sindicales (entre ellas, que cuenten con facilidades de participación y medios económicos —liberación de sus cuotas sindicales—) y que se reactive la comisión tripartita de seguimiento del programa de trabajo decente. Para que se pueda implementar una política de empleo, esta debe guardar una coherencia con una política económica y social, un país sin conflicto social, un país con apertura para el diálogo social, un país que promueve el trabajo decente y sus cuatro pilares, entre ellos el respeto irrestricto de la libertad sindical. Finalmente quisiera señalar que a los miembros trabajadores nos duele que el Gobierno no promueve el diálogo social, nos duele que los trabajadores y las trabajadoras panameñas estén en las calles y no trabajen, por reivindicar sus derechos fundamentales, sin ser escuchados.

Miembro gubernamental, Honduras - Hemos venido revisando la memoria presentada por la República de Panamá, la solicitud de información de los trabajadores, los empleadores y las respectivas respuestas durante el periodo regular de aplicación. Como es de nuestro conocimiento, el Convenio busca la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido. En ese sentido, reconocemos los esfuerzos que Panamá ha venido realizando para diseñar e implementar una política de empleo, en consulta con los interlocutores sociales y en consonancia con sus prioridades nacionales de desarrollo.

Valoramos de forma positiva los resultados que ha mostrado la República de Panamá en materia de programas públicos de empleo, en la cual se han logrado implementar durante el segundo semestre de 2024, 52 jornadas de reclutamiento focalizado a nivel nacional, ofreciendo 2 021 oportunidades y, durante el transcurso de 2025, 60 jornadas en oficinas regionales, alcanzando 4 685 vacantes ofertadas. De igual forma, hemos conocido, en el marco del Consejo de Ministras y Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, como las estrategias de formación profesional e inserción laboral, junto a la recopilación y análisis de datos del mercado laboral, constituyen elementos claves para fortalecer los sistemas públicos de empleo. Reiteramos que todas las políticas de empleo deben ir siempre encaminadas en fortalecer la estabilidad y los derechos laborales de la clase trabajadora.

Reconocemos que existen desafíos y retos en la materia, ya que aún estamos saliendo del estancamiento provocado por la pandemia de COVID 19. Es por ello por lo que valoramos toda la asistencia técnica que la OIT pueda aportar para el fortalecimiento de los sistemas públicos de empleo, observatorios del mercado laboral y mesas de diálogo tripartito. Este último es un elemento determinante para promover la convivencia democrática. Para continuar avanzando es importante priorizar el diálogo social junto a los trabajadores, quienes dan su fuerza de trabajo, y los empleadores, quienes aportan capital.

Miembro trabajador, Uruguay - Intervengo como delegado de los trabajadores del Uruguay, en particular del sector educativo. El Convenio señala en su preámbulo que «el empleo productivo y libremente elegido» debe ser un objetivo central de toda política económica y social, y el artículo 3 exige la consulta efectiva con los interlocutores sociales. Sin embargo, en Panamá, esa condición básica está quebrada. Desde el 23 de abril, los gremios del sector educativo, incluidos los sindicatos del profesorado, mantienen una huelga indefinida en demanda de la derogación de la Ley núm. 462 sobre seguridad social. En estas seis semanas, miles de docentes han perdido clases y salarios mientras el Gobierno procede a criminalizar la protesta. La presión no se detiene ahí y hay docentes judicializados, encarcelados arbitrariamente y reprimidos en manifestaciones públicas. El Ministerio de Educación, con respaldo del Gobierno, ha declarado que no negociará. Esta situación es incompatible con la aplicación efectiva del Convenio. No puede haber política de empleo sostenible ni sistema educativo fuerte si el Estado persigue a quienes educan y representan a los trabajadores. La represión en lugar del diálogo obstaculiza la construcción de consenso social y socava las políticas públicas. Recordemos que la fuerza de un país para impulsar el empleo depende de contar con interlocutores legítimos, organizados y libres. En cambio, Panamá está debilitando al tercer sector del tripartismo, que son los trabajadores.

La defensa política asumida por el sector empleador en esta sala parece confirmarlo, incluso manejando conceptos temerarios como «paro ilegal», pretendiendo por la fuerza implicar el carácter de servicio esencial en la educación o cuestionando que sentencias judiciales que preservaron la no violación de la Constitución de la República son parte del problema. Ante esta realidad, los miembros trabajadores exigimos a esta Comisión un llamado urgente al Gobierno panameño para que cese de inmediato la represión contra los gremios docentes, se libere a los docentes judicializados, se establezcan garantías de seguridad y se defina la apertura de un canal real de diálogo social tripartito que cumpla con el mandato del artículo 3 del Convenio. Además, llamamos a la OIT a intervenir de inmediato para mediar en el conflicto y reconducir este proceso hacia un espacio de paz social, de inclusión y desarrollo. La credibilidad del sistema tripartito está en juego.

Miembro trabajadora, Francia - Deseo expresar nuestra profunda preocupación por la situación de Panamá, que afecta directamente las disposiciones del Convenio núm. 122 de la OIT sobre la política del empleo. Este Convenio subraya la importancia de una política activa para promover el empleo pleno y, principalmente, la necesidad de consultar a los representantes de los empleadores y los trabajadores para lograrlo. No obstante, en Panamá, la capacidad de las organizaciones sindicales de participar en este diálogo social se ve seriamente afectada. La restricción relativa al acceso a los fondos sindicales, como en el caso del sindicato SUNTRACS, entorpece el funcionamiento de los sindicatos, lo que limita su capacidad de representar a los trabajadores de manera eficaz durante las consultas sobre las políticas de empleo.

Además, las acciones que han afectado a los líderes y dirigentes sindicales, incluidas las detenciones arbitrarias y la inhabilitación de estructuras de apoyo como las cooperativas, generan un ambiente que no favorece la participación libre y efectiva de los trabajadores en el diálogo social. El Gobierno de Panamá incluso ha reforzado las restricciones relativas a los recursos de los que disponen los sindicatos para realizar sus labores vinculadas al diálogo social. Por ejemplo, el Gobierno ha limitado el acceso a los recursos económicos de los sindicatos al congelar sus cuentas de manera arbitraria (como en el caso de SUNTRACS). Según lo estipulado en el Convenio núm. 122 de la OIT, la promoción del empleo pleno y productivo requiere un diálogo social robusto y sin trabas. Mientras se impida que las organizaciones de trabajadores funcionen libremente, dispongan de sus recursos y participen, la base esencial para construir políticas de empleo equitativas estará debilitada. Por todos estos motivos, es fundamental que en Panamá se restablezcan las condiciones que permitan instaurar un diálogo social verdadero y garantizar la participación plena de los representantes de los trabajadores, conforme a las disposiciones del Convenio núm. 122 de la OIT.

Miembro trabajador, Costa Rica - Hablo en representación de los trabajadores para expresar nuestra profunda preocupación por la situación en Panamá en relación con los principios del Convenio. Quiero enfocar dos aspectos esenciales para su cumplimiento: la aplicación real de una política de empleo integral e integradora de las personas al mercado laboral, y el diálogo social y la participación activa de los actores del tripartismo en dicha política.

En el primer caso, el incumplimiento es claro y notorio. No existe un plan nacional de empleo ni una política integral de empleo que permita atender las necesidades de la población en general y de la juventud en particular. Los programas del Gobierno son más burocráticos que solventes, sin suficientes datos o estadísticas para valorar su pertinencia, sus resultados reales e impacto significativo en la inserción laboral. Con frecuencia se han utilizado para abaratar costos empresariales y precarizar el empleo y la contratación. Son programas sin consultas tripartitas, inconexos entre sí e incoherentes en un marco integral de políticas de inversión favorables al empleo. La negociación colectiva está marginada en estos programas, los cuales tampoco incluyen la transición a la formalidad ni cuentan con una adecuada transversalización de género.

En segundo lugar, es innegable que no hay diálogo social ni consulta tripartita en este ámbito. El programa de trabajo decente está estancado sin avance alguno. Las organizaciones sindicales están excluidas de participar en la formulación, adopción e implementación de una política integral de empleo. Además, la falta de libertad sindical y los ataques gubernamentales a las organizaciones sindicales y sus dirigencias hacen inviable el diálogo social. Los derechos sindicales están siendo violados profundamente, quitando al sindicalismo sus medios de fortalecimiento institucional, como es el caso de la suspensión del pago del seguro educativo, que es financiado con el aporte de los trabajadores y el cual debe ser entregado a las organizaciones sindicales para sus actividades de formación y aumento de capacidades, lo que resulta vital para atender la problemática del empleo decente y contribuir a su superación. De acuerdo con las observaciones de la Comisión de Expertos, es evidente que no hay progreso alguno identificable. Se ha profundizado la problemática del empleo causando mayor deterioro del nivel de vida de las personas trabajadoras. Lo más grave, es la ausencia de diálogo y la exclusión del sindicalismo en este ámbito, impidiendo su participación democrática, el respeto de su libertad sindical y manteniendo a las centrales sindicales bajo una constante agresión gubernamental. Finalmente, pedimos que esta Comisión tome nota de esta terrible realidad y pida al Gobierno que: cumpla con los principios del Convenio; permita la indispensable participación tripartita para adoptar una política integral de empleo; cese inmediatamente sus ataques arbitrarios contra las organizaciones sindicales y sus liderazgos; y garantice la libertad sindical como pilar del diálogo social.

Miembro trabajador, México - Intervengo en nombre de la Unión Nacional de Trabajadores de México (UNT). El Convenio y la Resolución que lo acompaña son instrumentos fundamentales para la gobernanza al establecer principios para lograr un desarrollo sostenible centrado en el empleo destacando, entre otros, la promoción del empleo decente tanto en los servicios públicos como privados, la protección social y el diálogo social.

La inaplicación de estos principios esenciales en la formulación de marcos coherentes, integrales e integrados de políticas de empleo ha traído serias consecuencias, como es la materialización de reformas en el ámbito de la protección social. Ha sucedido con el incremento en semanas de cotización para poder tener derecho a jubilarse, y autorizar que el 10 por ciento de los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte (IVM) sea gestionado por bancos privados, lo cual amenaza el modelo solidario de la seguridad social en Panamá. Ataques al patrimonio de las organizaciones sindicales mediante la retención de cuotas sindicales merman su capacidad económica, lo que debilita su capacidad para generar su plan de acción y por ende restringe la libertad sindical. Otro ejemplo son las auditorías generadas a los sindicatos respecto del Fondo del Seguro educativo, —conformado solo con aportaciones de los trabajadores del sector público y privado y de los empleadores de los salarios básicos pagados—, del cual solo el 5 por ciento del monto total mensual se destina a la educación y capacitación sindical. Se financian otras actividades, incluyendo la administración y la plantilla del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) que administra el Fondo y que forma parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Cabe resaltar que contra el IPEL no se ha generado auditoría alguna, pero sí a las organizaciones sindicales. Bajo la presunción del uso indebido de recursos se han retenido ilegalmente los fondos de las capacitaciones aprobadas y ejecutadas. Nuevas erogaciones se encuentran paralizadas, tal y como ya aconteció en Panamá hace ya más de 13 años, después de la 101.ª Conferencia de la OIT en 2012.

La persecución de dirigentes sindicales y de otras organizaciones complican aún más el ejercicio del diálogo social en el país y, por tanto, del derecho a la negociación colectiva, principio fundamental para la generación de políticas de empleo, lo que ha llevado a que trabajadores de diversos sectores hayan tenido que optar por ejercer un derecho fundamental como lo es la huelga. Con esos actos se evidencian las intenciones de limitar y entorpecer la participación de las organizaciones sindicales en la generación de las políticas públicas para el empleo decente. ¿Cómo participar en la generación de políticas públicas efectivas y coherentes enfocadas en la creación de empleo cuando los sindicatos y sus dirigentes sindicales son perseguidos? Por tanto, para que las acciones desplegadas en Panamá sean consideradas como efectivas y coherentes para cumplir el Convenio, es fundamental que en la práctica se garantice el tripartismo en la formulación, implementación y revisión de las políticas de empleo. Sin consenso entre los sectores, dichas políticas solo pueden ser consideradas como generadas de mala fe.

Observador, Confederación Sindical Internacional (CSI) - Me dirijo a esta Comisión en nombre de las organizaciones sindicales de Panamá afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas. Lo hago con profunda preocupación por la situación que atraviesa nuestro país, que no solo incumple de manera estructural el Convenio, sino que ha entrado en una fase alarmante de criminalización abierta de la actividad sindical. El Convenio establece, en su artículo 3, la obligación de los Estados de consultar a los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de la política de empleo. ¿Qué diálogo social puede haber si los sindicatos están siendo perseguidos como si fueran delincuentes? Quiero hablar con claridad de lo que está ocurriendo con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), una de las organizaciones más importantes de nuestro país. Su secretario general, Sr. Saul Méndez, se encuentra actualmente asilado en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, tras haber recibido amenazas de muerte y ser objeto de una campaña sistemática de persecución política judicial. La OIT debe saber que no se trata de una denuncia aislada, sino de una situación crítica y verificable.

Además, otro dirigente nacional del sindicato, Genaro López, fue puesto preso en una cárcel de máxima seguridad, hoy con cárcel domiciliaria por su estado de salud. La causa real de su detención es ser sindicalista y luchar por los derechos colectivos. Las autoridades panameñas han llegado al extremo de ofrecer recompensas económicas a la ciudadanía a cambio de información sobre el paradero de dirigentes sindicales, entre ellos el Sr. Erasmo Cerrud, como si se tratara de criminales peligrosos. Como si eso fuera poco, el Gobierno ha bloqueado las cuentas bancarias del sindicato, afectando directamente su funcionamiento y su calidad de sostener servicios esenciales como la mutual autogestionada de salud y prevención social que el SUNTRACS ha construido durante décadas. Esta es una violación directa a los derechos sindicales del derecho a la negociación colectiva y de la libertad de asociación. Con este nivel de represión institucionalizada, no existe margen para aplicar el Convenio. No hay condiciones para el diálogo social. No hay posibilidad de construir políticas de empleo sustentable, participativas y basadas en la cooperación tripartita cuando uno de los actores fundamentales —los trabajadores— es perseguido, silenciado y privado de sus recursos.

Queremos dejar muy claro que no es posible hablar de política de empleo sin libertad sindical, y no es posible hablar de diálogo social cuando el Gobierno niega públicamente cualquier espacio de negociación y se enorgullece de «ahogar económicamente a los sindicatos», como lo ha declarado el propio Presidente de la República en medios de comunicación. Por eso solicitamos a esta comisión que emita recomendación firme que exija al Gobierno panameño lo siguiente: el cese inmediato de la represión contra el SUNTRACS y todas las organizaciones sindicales; la restitución de los fondos sindicales bloqueados; garantías de seguridad y libertad para todos los dirigentes perseguidos, y la apertura urgente de un diálogo social real bajo supervisión de la OIT, como paso indispensable para recuperar la institucionalidad democrática del mundo del trabajo. Nos preocupa nuestro regreso a Panamá, ya que tememos por nuestra vida y por el alto nivel de represión que sufren los dirigentes sindicales en nuestro país.

Observador, Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) - El artículo 3 del Convenio estipula de manera explícita que los representantes de los empleadores y los trabajadores deben participar en consultas significativas sobre las políticas de empleo, con miras a que se incorporen sus puntos de vista y se garantice su plena cooperación. Este requisito está estrechamente vinculado con el pleno respeto de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, consagrados en los Convenios núms. 87 y 98. Lamentablemente, la situación actual en Panamá demuestra un alejamiento claro y preocupante de dichas obligaciones. Desde noviembre de 2023, SUNTRACS (el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares), afiliado a la BWI, ha sufrido una campaña de represión por su liderazgo en protestas públicas contra legislación en materia de minería y reformas de la seguridad social propuestas. Esta campaña ha incluido arrestos arbitrarios y actos de intimidación. En las últimas semanas, la represión se ha intensificado: se han allanado las oficinas del sindicato, se han congelado sus cuentas bancarias, se ha revocado su inscripción legal y se han emitido órdenes de arresto contra todos sus dirigentes. Saúl Méndez se ha visto obligado a pedir asilo político. Jaime Caballero se encuentra detenido. Genaro López se encuentra bajo arresto domiciliario. Se está persiguiendo a Erasmo Cerrud. Esto está ocurriendo en el contexto de una huelga nacional que comenzó el 28 de abril. Más de 120 afiliados de SUNTRACS, entre los que se encuentran tanto dirigentes como simples miembros, enfrentan procesos penales simplemente por ejercer su derecho legítimo a protestar de manera pacífica. La BWI recuerda las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de marzo de 2025 (caso núm. 3456), que instaron al Gobierno de Panamá a restablecer inmediatamente el acceso de SUNTRACS a sus recursos financieros y a ofrecer medidas de protección para sus dirigentes. A la fecha, estas recomendaciones no se han puesto en práctica. Instamos al Gobierno de Panamá a cumplir con sus obligaciones internacionales, poner fin a la persecución de los sindicalistas, suspender las órdenes de arresto de inmediato, liberar a los detenidos y restablecer los derechos sindicales por completo.

Observador, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) - El Convenio exige que los Estados Miembros adopten y apliquen políticas activas que estén diseñadas para promover el empleo pleno, productivo y elegido libremente, con el objetivo de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, mejorar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de personal y combatir el desempleo y el subempleo. Contrariamente al espíritu de este Convenio, el Gobierno de Panamá ha adoptado la Ley núm. 462, que los trabajadores temen que merme la protección de la seguridad social, en especial las disposiciones sobre las pensiones. Las mayores repercusiones de estas modificaciones afectarán la salud, la educación, la construcción, y a los trabajadores bananeros. En el caso de los trabajadores bananeros, la nueva Ley pone en riesgo los beneficios y las disposiciones de la Ley núm. 45, que reconoce las dificultades asociadas a las labores en plantaciones bananeras y ofrece a los trabajadores bananeros la posibilidad de jubilarse en función de los años trabajados en lugar de a una edad específica.

Los trabajadores comenzaron a protestar por los cambios. Desde abril, las protestas y las manifestaciones de los trabajadores se han encontrado con represión policial y amenazas de acciones legales por parte del Gobierno. Los dirigentes sindicales temen por su seguridad y algunos se han visto obligados a esconderse. El 27 de mayo, el Gobierno declaró el estado de emergencia en una de las áreas principales de producción bananera, Bocas del Toro, lo que aumentó la tensión y el temor a la represión. En los mismos días, la empresa responsable del 90 por ciento de las exportaciones de Panamá suspendió a 5 000 trabajadores con contratos diarios. A esto le siguió otro anuncio de que la empresa suspenderá todas sus operaciones administrativas, en plantaciones, de envasado y de exportación en Bocas del Toro. Esta decisión afectará a la economía panameña, para la cual las bananas son fundamentales. Representan las exportaciones principales del país y el 17 por ciento de las ventas al exterior. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBANA) denunció los despidos, que considera que no respetan los procedimientos jurídicos y constituyen una maniobra de las empresas para eliminar a los sindicatos, en connivencia con el Gobierno. Sabemos que el Gobierno ha enviado un equipo de investigación a Bocas del Toro, y que existe una propuesta del arzobispo José Domingo Ulloa de presentar un proyecto de ley, de común acuerdo con los sindicatos, para restablecer los derechos de los trabajadores, pero solo si los bloqueos de los sindicatos acaban. No obstante, las medidas represivas contra todos los dirigentes sindicales, como las que enfrenta SUNTRACS, han erosionado la confianza de los sindicatos en el Gobierno. Como acto de buena fe, instamos al Gobierno a que avance con el proyecto de ley de manera inmediata e incondicional, con miras a proteger la Ley núm. 45, y a que adopte medidas inmediatas para restaurar la paz social con base en el pleno respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Representante gubernamental - Antes que nada, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a los interlocutores sociales por cada una de sus valiosas intervenciones. Sus comentarios y aportes son fundamentales para continuar construyendo una política pública que sea verdaderamente inclusiva y efectiva para el desarrollo de todos los sectores de nuestra sociedad. Permítanme abordar de manera breve los temas planteados, particularmente para resaltar los avances que hemos logrado en relación con la coordinación de la política de empleo con la política económica y social del país. Quiero hacer especial énfasis en las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con la formulación, aplicación y seguimiento de las medidas activas del mercado de trabajo. En 2022, se estableció una mesa técnica de trabajo para la elaboración de una guía práctica de orientación vocacional para jóvenes estudiantes con la participación de diversas instituciones como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, la Cámara de Comercio, el Centro Nacional de Competitividad, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, y el CONEP, entre otros. Este es un ejemplo claro de cómo seguimos avanzando hacia una mayor colaboración para construir políticas que respondan de manera efectiva a las necesidades de la población.

En relación con el tema planteado de la participación de las mujeres en el mercado laboral, quiero subrayar los avances logrados bajo la Política Pública de Empleabilidad e Inserción Laboral de los Jóvenes y Mujeres (PEIM). Específicamente, me refiero al proyecto «Impulsa Mujer», que tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades para mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Desde su creación se han logrado importantes resultados, como la entrega de 16 personerías jurídicas a nivel nacional, beneficiando directamente a más de 2 500 personas y generando ingresos a través de cooperativas, lo que contribuye a la disminución de las brechas de género en las comunidades. Este proyecto sigue siendo un pilar fundamental en nuestra estrategia para garantizar la autonomía económica de las mujeres y su inclusión en el campo empresarial. Consta de tres fases, dirigidas a crear oportunidades dentro de las comunidades, a través de la creación de cooperativas de servicios múltiples.

También quiero resaltar la reciente aprobación de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM) 2024-2034, en un marco estratégico diseñado para avanzar en la igualdad de género en Panamá durante la próxima década. Esta política abarca aspectos claves, como la equidad jurídica, la autonomía económica, la participación política de las mujeres, y la lucha contra la discriminación, especialmente en nuestras zonas rurales. La Agenda Económica de las Mujeres Rurales de Panamá es otro hito importante en este proceso, que busca reducir las brechas de género y garantizar la inclusión y empoderamiento de las mujeres en sus territorios. En el marco de nuestra agenda de modernización institucional, hemos dado pasos firmes a la transformación de nuestro Observatorio del Mercado Laboral, alineándolo con estándares internacionales y mejores prácticas. En este proceso, hemos contado con el valioso acompañamiento técnico del Observatorio del Mercado Laboral de España, con quienes hemos sostenido importantes acercamientos y diálogos estratégicos. Esta cooperación técnica reafirma nuestro compromiso con una gestión del empleo basada en evidencia, que permita tomar decisiones informadas y diseñar políticas públicas más efectivas para el desarrollo del talento panameño. El Observatorio del Mercado Laboral de España, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), desempeña diversas funciones clave para el análisis y la mejora del mercado laboral. Confiamos en que, ante los avances que ha tenido el Observatorio de España, el nuestro mejore la eficacia y eficiencia de las políticas de empleo, con las cuales logremos facilitar un ajuste adecuado entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Como parte de nuestros esfuerzos por la transición de la informalidad a la formalidad, quiero resaltar la Ley No. 462, de 18 de marzo de 2025, que introduce varias reformas importantes a la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá. Esta ley fue objeto de una amplia consulta ciudadana y contó con la participación de todos y cada uno de los sectores del país a través de un debate en la Asamblea Nacional, contando con la asistencia técnica de la OIT para una valuación actuarial. Las reformas tienen entre sus objetivos impulsar la transición de la informalidad a la formalidad, dar sostenibilidad al régimen de invalidez, vejez y muerte, así como elevar la calidad de la gestión del sistema del servicio de salud. Estas medidas son necesarias para evitar el colapso del sistema de pensiones de la CSS. Entre las reformas, no se incluye el aumento a la edad de jubilación, como mucho se especula. Se establece un sistema único de capitalización solidaria, se incrementa el aporte patronal de forma escalonada, se aumentan los montos de sanciones por incumplimiento y se implementa la afiliación automática en un enlace a través del MITRADEL, lo cual deberá estar en funcionamiento dentro de los 24 meses siguientes a la vigencia de la ley, entre otros aspectos importantes. Estos y otros planes se están desarrollando tanto en el MITRADEL como a nivel nacional. Por ejemplo, en el marco de los sistemas de cuidados buscamos vincular a las cuidadoras certificadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (INADEH), como potenciales empleadores a través del servicio público de empleo. Paralelamente, estamos estableciendo alianzas con ONU Mujeres para impulsar cooperativas de cuidadoras y fortalecer el valioso trabajo que estas realizan. La Dirección Nacional de Empleo, a través del servicio público de empleo, brinda atención a la población migrante residente en nuestro país, garantizando su acceso a oportunidades laborales formales. Esto se realiza mediante la plataforma www.empleospanama.gov.pa, donde pueden postularse a las vacantes publicadas por el sector privado. Adicionalmente, la población migrante puede participar en los diversos reclutamientos focalizados que organiza esta Dirección a nivel nacional. En coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), implementamos el programa de orientación vocacional y empleo, el cual ha identificado a jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad, a través de su Programa «Piénsalo dos veces». Estos jóvenes reciben acompañamiento psicosocial por parte de nuestro equipo de psicólogos y trabajadores sociales, brindándoles herramientas y orientación para facilitar su inserción al mercado laboral formal, ya sea mientras culminan sus estudios o una vez los hayan finalizado.

En nuestro compromiso con la cooperación regional, mantuvimos recientes reuniones estratégicas con nuestros homólogos de Costa Rica, en el marco del Acuerdo Bilateral existente, que tiene como propósito la trazabilidad de flujos migratorios de nuestros nacionales Ngäbe-Buglé hacia Costa Rica, que migran para trabajar en las fincas cafeteras de este país hermano, con motivo de la zafra de café. Hemos establecido una mesa de trabajo especializada donde desarrollamos un protocolo de migración laboral circular, lo que representa avances significativos en el intercambio ordenado de mano de obra especializada y la implementación de buenas prácticas en materia de empleo más fronterizo. En este contexto de modernización normativa, también promulgamos el Decreto Ejecutivo núm. 6, de 11 de marzo de 2025, que establece un marco integral para que los extranjeros puedan regularizar su estatus migratorio en Panamá, facilitando su acceso al trabajo legal y la residencia regular, complementando así una amplia gama de permisos de trabajo que ya mantenemos.

Para el próximo año, hemos asumido el compromiso ante la Red Interamericana de Administración Laboral, en el marco de cooperación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de realizar un taller especializado sobre la articulación entre educación y trabajo en nuestro país, como parte de las actividades preparatorias de la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, de la cual formamos parte de la Troika. Como Estado, expresamos nuestra gran preocupación, ya que recientemente, como consecuencia de paros ilegales e injustificados, ha cesado sus operaciones en Panamá una empresa multinacional dedicada a la producción, distribución y exportación de banano. Dicha empresa generaba aproximadamente 5 000 empleos directos y miles de empleos indirectos en la provincia de Bocas del Toro, donde la pobreza multidimensional alcanza un 38,9 por ciento, una de las tasas más altas a nivel nacional. Desde el MITRADEL, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación, ya que esta situación representa una crisis sociolaboral de gran magnitud. Cada una de las personas trabajadoras afectadas sostiene, en promedio, entre cinco y seis miembros de su núcleo familiar, lo que amplifica el impacto sobre miles de hogares. El Gobierno ha decretado un Estado de emergencia en la zona de Bocas del Toro, procurando, en primer lugar, establecer un diálogo efectivo con los sectores productivos para preservar las fuentes de empleo, lograr que la empresa vuelva a contratar a los trabajadores despedidos y, al mismo tiempo, impulsar alternativas que permitan a las familias afectadas restablecer sus medios de vida y salvaguardar su dignidad.

Aprovecho este espacio para exaltar la valiosa labor que realiza el sistema de control de normas de la OIT y, con el debido respeto, les instamos a considerar también, dentro de las observaciones de la Comisión de Expertos, los avances significativos que nuestra región ha logrado y que hemos presentado en nuestros informes. Agradecemos las observaciones y recomendaciones realizadas a nuestro Gobierno, porque ello nos permite mejorar. Antes de culminar, deseo expresar nuestra mejor disposición para solicitar y recibir de parte de la OIT la asistencia técnica que contribuya a nuestro país a mejorar sus acciones estratégicas. Siempre encontrarán de nuestra parte el compromiso continuo de abordar la transparencia que merece el trabajo decente. Asimismo, queremos dejar claro que en Panamá tenemos 544 sindicatos y solo uno actúa de manera sistemática para desestabilizar la paz social.

Finalmente, debo indicar que, según el calendario regular de presentación de memorias de la OIT, este año a Panamá le corresponde presentar la memoria del Convenio, dentro de la cual ampliaremos la información que presentamos el día de hoy, la cual será consultada de manera tripartita con nuestros representantes del sector empleador y trabajador, al tenor de lo establecido en el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). Lamentamos profundamente que este noble recinto sea utilizado para desviar la atención de los verdaderos desafíos laborales que enfrentamos como nación, cuando los representantes del sector trabajador mencionan que se habla de una persecución sindical, cuando realmente los líderes de estos sindicatos son procesados por delitos comunes y además dichos casos han sido denunciados por los mismos trabajadores por tratarse de una estafa. Nuestro compromiso sigue siendo el diálogo constructivo, la transparencia institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas que generen trabajo decente y oportunidades reales para todos los panameños, sin distinción de origen, condición social o afiliación política. Antes de terminar, y sin meterme en asuntos intersindicales, es importante destacar que el día de ayer dos centrales sindicales que pidieron públicamente a las personas que se manifestaban en las calles que por favor abrieran las vías, fueron suspendidas del CONATO. Pero reitero, este caso el día de hoy no se trata de libertad sindical, estamos aquí única y exclusivamente por el Convenio núm. 122.

Miembros trabajadores - Los miembros trabajadores quieren cerrar este punto reafirmando, con la misma firmeza con la que abrimos la discusión, nuestra profunda preocupación ante la situación que atraviesa el pueblo panameño y la represión que sufre el movimiento sindical en Panamá. Es muy importante aclarar que no nos interesa que piensen como piensen; al contrario, podemos pensar distinto. Lo dijimos al comenzar este debate y lo repetimos con más fuerza al cierre: lo que está en juego no es solamente el cumplimiento de un convenio de gobernanza, sino también la convivencia democrática en el marco de la vigencia real de la libertad sindical, del diálogo social y de los pilares fundamentales que sostienen esta Organización. No puede haber trabajo decente sin democracia basada en la garantía del Estado de derecho.

Queremos aclarar que los comentarios de la Comisión de Expertos son anteriores a la declaración de huelga, a la represión por parte del Estado y a toda esta situación de conmoción social que tiene Panamá. Por lo tanto, las críticas y las observaciones que podemos hacer en relación con la aplicación del Convenio son anteriores y demuestran que ya existían bastantes inconvenientes y problemas. El Informe de la Comisión de Expertos radica en eso. Por lo tanto, he escuchado atentamente a la Directora de Empleo, que indicó que es importante que la Comisión de Expertos tenga esos datos para sus respuestas y observaciones. Lo dijimos desde el inicio, y fue sostenido a lo largo de todas las intervenciones de los miembros trabajadores: en Panamá no existe una política coherente de empleo articulada ni sostenible. La Comisión de Expertos fue clara y contundente en su informe, y dice que los programas presentados no son estructurales, no tienen evaluación y no cuentan con presupuesto ni con participación de los interlocutores sociales.

Lo más grave es que no hay diálogo. No hay consulta. No hay tripartismo, lo cual también se agrava con la exclusión sistemática y la deslegitimación que, por lo que he escuchado, es solo del sector sindical que representamos, y se suma un discurso exacerbado de confrontación que se asume con una línea política, como ya lo expresamos en nuestra apertura. Los diferentes delegados y delegadas de los miembros trabajadores lo han expuesto con precisión y evidencian concretamente que no hay diálogo social tripartito con persecución por parte del Estado que vulnera el Estado de derecho.

Reitero: no nos interesa pensar distinto; al contrario, hay que respetarnos más. No hay condiciones de paz social con la criminalización de la protesta, y no puede haber diálogo social tripartito si se debilita a los sindicatos. ¿De qué manera podemos sostener en este contexto que se está cumpliendo el Convenio? ¿Podemos hablar de pleno empleo y libremente elegido en un lugar donde los defensores de los derechos laborales son perseguidos? Consideramos que es difícil y casi imposible cumplir con el Convenio bajo estas condiciones. También es imposible garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, y sostener y garantizar una sociedad democrática y una economía sostenible con justicia social.

No hay soluciones sin diagnóstico. No hay diálogos sin reconocimiento de los otros y no hay salidas si negamos la existencia del conflicto. Por eso reiteramos que se necesita con urgencia una intervención del Director General de esta Organización. Una misión de alto nivel directa, visible y firme. No alcanza con recomendaciones generales, aun cuando hay que tomar en cuenta todos los pedidos, tanto los del Gobierno como los nuestros y los de los empleadores. No basta con llamados a la buena voluntad. Se requiere una acción concreta, que envíe la señal clara a los trabajadores y las trabajadoras panameñas de que no están solos.

Reiteramos que la asistencia técnica no puede ser periférica ni simbólica. Es muy importante que se centre en restablecer el respeto por el diálogo social, garantizar las condiciones de libertad sindical, restablecer el respeto por las normas fundamentales. No será posible crear y mantener el empleo sin un enérgico llamado de atención al Gobierno de Panamá para que garantice y respete la libertad sindical. Reiteramos que, para nosotros, Panamá es una prioridad regional, ya que lo que sucede en el país es una amenaza para toda la región. Nos congratulamos de la posición del Gobierno transmitida por la Directora de Empleo de que sí es cierto que Panamá va a ser sede de una actividad, porque soy Presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y he participado con los Ministros en una declaración en Bogotá que los enaltece y que deben cumplir, no solamente en esta Comisión, sino en la próxima Reunión Regional de las Américas, donde de forma tripartita vamos a sacar una declaración en base al diálogo social tripartito. Lo que no queremos es que se consoliden modelos de represión, modelos de violencia contra la libertad sindical, y que se niegue el tripartismo. Lo que está en riesgo no es solo el país, sino el sistema nacional e internacional de la OIT.

No estamos ante un problema técnico. Estamos ante un conflicto bastante profundo. Estamos afectando las libertades públicas y la propia visibilidad del sistema de gobernanza tripartita que la OIT representa. Aquí se habló de que se estaba perfilando un patrón. Si existe un patrón, es el de los Gobiernos que atacan los derechos sociolaborales en nuestra región. Y no queremos ese patrón. La generación de empleo productivo, decente, libremente elegido, con este objetivo primordial de la política económica y social, debe ser con la gente adentro, nunca con la gente afuera. Queremos, por supuesto, agradecer a esta Comisión. Este es el último caso de nuestra región y esperamos atentamente sus conclusiones. Panamá es nuestra prioridad. Debemos reforzar el tripartismo. Si habían sido ejemplo en las comisiones de diálogo tripartito en una época, pueden volver a hacerlo. Es voluntad política hacerlo y es para el bien de todos.

Miembros empleadores - Los miembros empleadores queremos dar las gracias a los distintos oradores que han hecho uso de la palabra y expresado sus puntos de vista sobre esta cuestión, incluida la representante gubernamental. Los empleadores queremos recordar que el Reglamento de la Conferencia, en su artículo 10, 1), b), establece que esta Comisión está encargada de considerar los casos individuales relativos a medidas adoptadas por los miembros para dar efecto a los convenios. En ese sentido, queremos reiterar que es muy relevante que, para garantizar la relevancia de la discusión de los casos en esta Comisión, debemos limitarnos al caso bajo análisis y hacer referencia a los comentarios de la Comisión de Expertos.

Confiamos en que esta Comisión tenga en cuenta los comentarios formulados durante la discusión, en particular aquellos que hicieron referencia específica al cumplimiento tanto en la legislación como en la práctica del Convenio núm. 122, que es el convenio que hoy nos convoca. A la luz de estas observaciones y de la discusión que tuvimos el día de hoy, los Miembros Empleadores queremos recomendar al Gobierno lo siguiente: primero que, con la asistencia técnica de la OIT, establezca proyectos y programas que se enfoquen en el fortalecimiento del diálogo social tripartito que proteja la independencia, la paridad y, sobre todo, la participación constructiva de las partes. En segundo lugar, que se continúe trabajando en las mesas tripartitas con la finalidad de que, entre todos, y con las experiencias y conocimientos de empleadores, trabajadores y el Gobierno, se continúe avanzando tanto en materia de empleo con el objetivo de trabajo decente, como en el tránsito de la informalidad a la formalidad. Queremos resaltar que las protestas que se realizan deben tener en cuenta y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y no pueden poner en riesgo la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos. Recordamos que, en línea con lo expresado por los órganos de control de la OIT, un clima de violencia generalizado afecta las relaciones laborales y, en particular, la generación de trabajos decentes y empresas sostenibles. Finalmente, los empleadores reiteramos la importancia de contar con espacios de diálogo social tripartito que permitan construir una democracia más sólida y un camino de mayor consenso.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota con preocupación de la falta de consultas efectivas y genuinas con los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre las políticas del empleo.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara, en consulta con los interlocutores sociales, medidas efectivas y en un plazo determinado para:

• garantizar que la política del empleo promueva un empleo pleno, productivo y libremente elegido, basado en una política económica y social que estimule el crecimiento económico y el desarrollo sostenibles, eleve los niveles de vida y acabe con el desempleo y el subempleo, incluyendo el acceso al mercado laboral para los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes;
• proseguir sus esfuerzos para luchar contra la persistente segregación laboral vertical y horizontal por motivos de género, la baja tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral y su elevada concentración en la economía informal, y a este respecto aplicar plenamente el Programa de Trabajo Decente por País, 2024-2027 y utilizar la orientación proporcionada por la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204);
• garantizar consultas efectivas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas sobre las políticas del empleo;
• formular, aplicar, supervisar y revisar las medidas activas de mercado del trabajo adoptadas en el contexto de la política del empleo, teniendo en cuenta los grupos destinatarios.

La Comisión pidió al Gobierno que recurriera a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión pidió también al Gobierno que presentara una memoria detallada sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas, antes del 1 de septiembre de 2025.

Presidente - Cedo ahora la palabra al honorable representante del Gobierno de Panamá.

Representante gubernamental - En nombre de la delegación de la República de Panamá, tomamos nota de las conclusiones señaladas por esta Comisión.

La delegación de Panamá acoge con atención las conclusiones aquí presentadas y, expresando nuestro profundo respeto por el mandato de los órganos de control de la OIT, agradecemos la oportunidad de exponer los avances alcanzados en la implementación del Convenio. Hemos proporcionado información concreta sobre los progresos registrados en materia de política de empleo, entre los cuales destacan:

• la inversión pública en distintos sectores de la economía, incluyendo grandes obras de infraestructura que contribuirán a la generación de empleo;
• distintos programas de empleo como el reclutamiento focalizado, «Mi Primer Empleo», y la inserción laboral de personas con discapacidad, y todos estos programas se desarrollan en el marco de una sólida colaboración público-privada, que potencia su alcance e impacto;
• el Programa de orientación vocacional, dirigido a jóvenes estudiantes de nivel medio, que promueve decisiones informadas sobre el futuro profesional;
• la promoción de la digitalización de los servicios públicos de empleo;
• la suscripción de convenios con el sector educativo para fortalecer la capacitación técnica de los estudiantes;
• la implementación de políticas públicas de generación de empleo con enfoque de género, y
• las reformas a la Caja del Seguro Social, entre otros.

Reiteramos que el desempleo en Panamá no solo responde a factores estructurales del mercado laboral, sino también a hechos que han afectado directamente la actividad económica y la estabilidad laboral, tales como la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero, los cierres prolongados de vías a nivel nacional y, en especial, los paros ilegales, que han tenido un impacto negativo sobre la conservación y generación de empleo en todo el país.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo constructivo, la transparencia institucional y el fortalecimiento de políticas públicas que impulsen el trabajo decente y generen oportunidades reales para todos los panameños. Es esencial subrayar que el comportamiento responsable de los interlocutores sociales también forma parte de este compromiso nacional. La preservación de la paz laboral, el respeto al marco legal y la disposición al consenso son pilares fundamentales para avanzar hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.

Asimismo, agradecemos la asistencia técnica de la OIT que se nos ha brindado, y reiteramos nuestro compromiso de informar periódicamente sobre los futuros avances alcanzados en esta materia.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), recibidas el 30 de agosto de 2025; así como de las observaciones de la CONUSI, recibidas el 29 de agosto de 2025. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1 de septiembre de 2025, en las que reitera los comentarios formulados por los miembros empleadores durante el debate sobre la aplicación del Convenio celebrado en junio de 2024 en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante la Comisión de la Conferencia). La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 2 de septiembre de 2025. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Medidas para promover el pleno empleo. Desarrollo de la infraestructura. Política comercial. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno se refiere a la continuidad de la implementación del Programa de intermediación laboral «Eje de Empleabilidad Comunitaria», que tiene como objetivo contratar mano de obra local con la finalidad de brindar oportunidades de empleo en las comunidades donde se desarrollan proyectos de infraestructura con el fin de mejorar su empleabilidad y reconversión laboral. En el marco de dicho programa, se implementaron 47 proyectos en 2023, en los que se capacitó a 967 personas, y se lograron 2 200 inserciones, de las cuales tan solo 72 fueron mujeres. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones, la CONUSI sostiene que: i) las cuantiosas inversiones en infraestructuras y los programas de empleabilidad comunitaria, no han tenido un impacto significativo y verificable en la creación de puestos de trabajo decentes y ii) el Gobierno omite de manera reiterada proporcionar datos concretos y desglosados sobre el impacto de estas medidas en la generación de empleo. Por último, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas específicas adoptadas en el marco de todos los proyectos de desarrollo de infraestructura y de política comercial señalados por el Gobierno en su memoria anterior. A la luz de lo anterior, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas específicas adoptadas para generar empleo en el marco de proyectos de desarrollo de infraestructura, así como de la política comercial, incluyendo información estadística, desagregada por sexo, edad y región, sobre el número de empleos generados.

Contribución de los servicios de empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de que la CONUSI sostiene que el servicio público de empleo y el portal «Empleos Panamá» exhiben una clara ineficacia en la intermediación laboral, ya que tan solo lograron acceder al empleo 504 personas de un total de 24 689 intermediaciones. La CONUSI afirma que esto evidencia una debilidad estructural en los servicios de empleo y una escasez crítica de vacantes de calidad que sean compatibles con las aspiraciones y cualificaciones de los trabajadores. La Comisión observa que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores. Por consiguiente,la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre la naturaleza de los programas y medidas implementadas por los servicios de empleo con miras a promocionar el empleo, incluidas en las zonas rurales, así como información estadística, desagregada por edad, sexo y provincia, sobre el número de personas registradas, vacantes y colocaciones efectuadas.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. La CONUSI destaca en sus observaciones que: i) la educación, los planes de formación técnica y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), carecen de inversión sustancial y de la pertinencia contextual necesarias para impactar a la mayoría de los trabajadores; y ii) la desconexión crónica entre la oferta formativa del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y las demandas reales y cambiantes del sector productivo persiste, lo que se traduce en una fuerza laboral con habilidades desactualizadas y, por ende, subutilizada. La Comisión observa que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores. A la luz de las preocupaciones expresadas por la CONUSI y ante la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas tomadas, en consulta con los interlocutores sociales, con miras a coordinar las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con los cambios en la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.

microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes).Ante la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo, sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos de trabajo generados por las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Promoción del empleo para personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Ante la falta de información al respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas con miras a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, incluidas las comunidades indígenas y la población en zonas rurales. Pide también una vez más al Gobierno que envíe información estadística comparable, desagregada por sexo, sobre los resultados obtenidos por dichas medidas para lograr la inserción durable en el mercado del trabajo de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información incluida en la memoria del Gobierno sobre los reclutamientos focalizados dirigidos a personas con discapacidad llevados a cabo por el Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad. El Gobierno indica además que, entre 2024 y marzo de 2024, se inspeccionaron 44 empresas con miras a verificar el cumplimiento de la Ley núm. 15, de 31 de mayo de 2016, relativa a la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. La Comisión toma nota también de que, según información publicada el 25 de noviembre de 2025 en el sitio web de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó ante el Consejo de Gabinete los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), que revelaron que 781 478 personas en el país viven con algún tipo de discapacidad (uno de cada seis panameños). Por último, la Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que, en el marco del Plan Estratégico del Gobierno (PEG) anterior, se previa la elaboración del primer estudio nacional de accesibilidad laboral, con el propósito de ayudar a los actores involucrados en la integración laboral. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no proporciona información sobre la situación en la que se encuentra la adopción de dicho estudio y de que una vez más el Gobierno no proporciona información sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo regular, que permitan evaluar el impacto de las medidas implementadas Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas con miras a promover el acceso de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo, incluyendo información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo de las personas con discapacidad. La Comisión pide también una vez más al Gobierno que envíe una copia del primer estudio nacional de accesibilidad laboral una vez este sea finalizado.

Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), recibidas el 30 de agosto de 2025; así como de las observaciones de la CONUSI, recibidas el 29 de agosto de 2025. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1 de septiembre de 2025, en las que reitera los comentarios formulados por los miembros empleadores durante la discusión sobre la aplicación del Convenio celebrado en junio de 2025 en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (Comisión de la Conferencia). La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 2 de septiembre de 2025. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia International del Trabajo, 113.ª reunión, junio de 2025)

La Comisión de la Conferencia tomó nota con preocupación de la falta de consultas efectivas y genuinas con los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre las políticas del empleo. Habida cuenta de la discusión, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que adoptara, en consulta con los interlocutores sociales, medidas efectivas y en un plazo determinado para: i) garantizar que la política del empleo promueva un empleo pleno, productivo y libremente elegido, basado en una política económica y social que estimule el crecimiento económico y el desarrollo sostenibles, eleve los niveles de vida y acabe con el desempleo y el subempleo, incluyendo el acceso al mercado laboral para los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes; ii) proseguir sus esfuerzos para luchar contra la persistente segregación laboral vertical y horizontal por motivos de género, la baja tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral y su elevada concentración en la economía informal, y a este respecto aplicar plenamente el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) 2024-2027 y utilizar la orientación proporcionada por la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204); iii) garantizar consultas efectivas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas sobre las políticas del empleo, y iv) formular, aplicar, supervisar y revisar las medidas activas de mercado del trabajo adoptadas en el contexto de la política del empleo, teniendo en cuenta los grupos destinatarios. La Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que recurriera a la asistencia técnica de la OIT y que presentara una memoria detallada sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas, antes del 1 de septiembre de 2025.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre la continuidad de las políticas y programas mencionados en su anterior memoria, tales como Programa de Orientación Vocacional (POVE) y «Mi Primer Empleo», con enfoque diferencia por grupo de población (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y zonas rurales). Asimismo, toma nota de la indicación del Gobierno de que, el 26 de diciembre de 2024, se aprobó el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2024-2029, que incluye medidas dirigidas a fomentar una reactivación económica con enfoque de equidad, generar empleos formales, fortalecer el emprendimiento productivo y promover el desarrollo de competencias laborales, especialmente entre jóvenes y mujeres. El PEG prevé, entre otras medidas, grandes obras públicas y una inversión de 30 277 millones de balboas panameños (PAB) hasta 2029, con impacto directo en sectores claves, tales como agricultura, logística, finanzas, industria, educación, salud y turismo. El Gobierno añade que, en el marco del PEG, se han adoptado procedimientos para considerar los efectos en el empleo de las medidas orientadas al desarrollo económico y social. El Gobierno indica también que el diseño del PEG fue resultado de un proceso participativo interinstitucional, asegurando la coordinación efectiva ente la política de empleo y otras áreas de desarrollo nacional. Por último, el Gobierno indica que, tras la entrada del nuevo Gobierno en julio de 2024, la implementación del PTDP 2024-2027 se encuentra en proceso de revisión a fin de evaluar las condiciones y prioridades vigentes que permitirán su adecuada ejecución en un futuro próximo.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CONUSI subraya: i) la ausencia de una estrategia de empleo definida y consensuada con los interlocutores sociales; ii) la falta de coordinación entre las medidas de empleo y la política económica y social; iii) la falta de continuidad y de visión a largo plazo de los programas de fomento de empleo, formación profesional y emprendimiento implementados, ya que se implementan de manera fragmentada sin evaluación ni coordinación, con presupuestos insuficientes y sin la participación efectiva de los interlocutores sociales, y iv) la agravación de problemas sistémicos, como las brechas de género, la desconexión entre oferta educativa y demanda productiva, la concentración geográfica de oportunidades (el 65 por ciento de la economía se concentra en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón).

Asimismo, el CONATO y la CONUSI destacan: i) la ausencia de una estrategia de empleo con continuidad que transcienda el periodo de la administración del Gobierno, sino que, por el contrario, existen numerosos planes estratégicos quinquenales institucionales con visiones de corto plazo; ii) la implementación de acciones inmediatas y discontinuas, sin metas sostenibles a largo plazo, que responden a prioridades coyunturales del Gobierno y no a un plan nacional estructurado; iii) la falta de un sistema institucional de monitoreo y evaluación que incluya indicadores que evalúen las tendencias del empleo a largo plazo; iv) la falta de un observatorio laboral independiente que produzca datos sistemáticos y evaluaciones periódicas, y v) la baja coordinación interinstitucional.

La CONUSI denuncia que el mercado de trabajo enfrenta los siguientes problemas estructurales: i) el desempleo y subempleo, que se ha visto exacerbado entre los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad y ii) la creciente precariedad en la contratación, que se manifiesta en el alarmante número de contratos por tiempo definido y por obra determinada (el 78 por ciento de los contratos registrados según un informe de 2019 del Instituto de Estudios del Trabajo (INETRA) elaborado por la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)) y el reducido número de contratos indefinidos (22 por ciento), lo que constituye una violación flagrante al derecho a la estabilidad laboral e impacta negativamente en el acceso a derechos (como licencia y fuero de maternidad) y prestaciones sociales y limita el desarrollo profesional. La CONUSI señala que los principales factores que han impedido o retrasado una acción transformadora son: i) la persistente falta de voluntad política real por parte del Gobierno para priorizar el empleo decente y los derechos laborales sobre los intereses empresariales y la rentabilidad a corto plazo, ii) la corrupción endémica y la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a programas de empleo, y iii) una debilidad alarmante en la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y de los derechos de los trabajadores. Por último, la CONUSI se refiere a la asistencia técnica proporcionada por la OIT en áreas como la firma del PTDP 2024-2027 y expresa la esperanza de que esta se traduzca en cambios reales y no se quede en planes de acción sin implementación efectiva y sin resultados tangibles.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión toma nota con interés de que, el 7 de julio de 2025, el Gobierno solicitó formalmente la asistencia técnica de la Oficina en relación con la formulación, aplicación, supervisión y revisión de las medidas activas del mercado de trabajo con miras a asegurar su eficacia, sostenibilidad y alineación con los estándares internacionales. La Comisión espera que esta asistencia contribuya a superar las dificultades de coordinación que se han señalado.

Ante las preocupaciones expresadas por la Comisión de la Conferencia y las organizaciones de trabajadores en sus observaciones, la Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, en consulta con los representantes de las personas interesadas, y sobre todo con los interlocutores sociales, para: i) garantizar que la política del empleo promueva un empleo pleno, productivo y libremente elegido, basado en una política económica y social que estimule el crecimiento económico y el desarrollo sostenibles, eleve los niveles de vida y acabe con el desempleo y el subempleo, y coordine eficazmente las inversiones económicas del PEG con la generación de empleo de calidad; ii) asegurar la coordinación de dicha política de empleo con la política económica y social del país; iii) formular, aplicar, supervisar y revisar las medidas activas de mercado del trabajo adoptadas en el contexto de la política del empleo, teniendo en cuenta los grupos destinatarios; iv) abordar el problema de la dualidad del mercado de trabajo y la precariedad contractual, promoviendo la estabilidad en el empleo como medio para garantizar ingresos previsibles y protección social; v) establecer un sistema robusto de monitoreo y evaluación de las políticas activas del mercado de trabajo, que incluya un observatorio laboral con participación tripartita, y vi) asegurar que la revisión actual del PTDP se realice mediante consultas plenas y efectivas con los interlocutores sociales, garantizando que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la definición de las nuevas prioridades.

La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de tales medidas, incluyendo estadísticas, desagregadas por sexo, edad y provincia, sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo, desempleo y subempleo.

Economía informal. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, si bien, tras la pandemia de COVID-19, el país ha registrado una recuperación significativa en materia de empleo, esta ha tenido lugar en un contexto de altos y persistentes niveles de informalidad, que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población. El Gobierno añade que la elevada tasa de informalidad: i) representa un desafío estructural para el desarrollo económico; ii) limita el acceso de una parte importante de la fuerza laboral a derechos fundamentales, tales como la seguridad social, la estabilidad contractual, así como a diversas prestaciones, y iii) no ha sido revertida de forma efectiva por las políticas públicas implementadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar estrategias más integrables, sostenibles y articuladas. Para enfrentar esta situación, el PEG incluye entre sus objetivos abordar las causas estructurales de la informalidad mediante una coordinación interinstitucional y multisectorial, que integre los esfuerzos del Estado, el sector privado y la sociedad civil con miras a diseñar e implementar soluciones inclusivas y sostenibles. El Gobierno indica que, con este enfoque, se espera lograr avances significativos en la reducción de la informalidad laboral. La Comisión toma nota igualmente de que la CONUSI denuncia que la informalidad desbordada es uno de los principales problemas estructurales que enfrenta el mercado de trabajo. A este respecto, la CONUSI subraya que: i) los trabajadores en la economía informal carecen de cotización a la seguridad social y protección en caso de enfermedad, vejez o maternidad y ii) las medidas adoptadas por el Gobierno, tales como la creación de un registro de trabajadores por cuenta propia, son insuficientes y no abordan la magnitud estructural del problema.

En este contexto, la Comisión toma nota con preocupación de las alarmantes y persistentes cifras de informalidad en el país, especialmente entre los jóvenes. Según información estadística de ILOSTAT, la tasa de empleo informal, en 2024, era del 58,7 por ciento (60,7 por ciento entre los hombres y 55,9 por ciento entre las mujeres), alcanzando el 69,4 por ciento entre los jóvenes. A este respecto, la Comisión recuerda una vez más que, para combatir de manera eficaz la informalidad, el Gobierno puede referirse a la orientación proporcionada por la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). La Recomendación núm. 204 establece la visión estratégica elaborada por los mandantes tripartitos de la OIT para asegurar la transición a la economía formal mediante la creación y aplicación de marcos integrados de políticas que incluyan, entre otros, leyes laborales, fiscales y de seguridad social. Estas políticas integradas son esenciales para promover un crecimiento sostenible que genere empleos y beneficie a las personas en situación de pobreza. Ante las persistentes y alarmantes cifras de informalidad, especialmente entre los jóvenes,la Comisión insta al Gobierno a que informe sobre las medidas adoptadas en el marco de la política del empleo con miras a promocionar la transición de la economía informal a la economía formal, en coordinación con otras políticas públicas, incluidas, por ejemplo, las políticas de protección social, de educación, presupuestarias y de desarrollo rural. La Comisión invita al Gobierno a que indique si tales medidas incluyen, por ejemplo, algunas de las acciones siguientes: i) el fortalecimiento del marco jurídico para garantizar que las leyes favorezcan la formalización y se apliquen de manera efectiva; ii) el desarrollo de un diálogo social con los empleadores y las organizaciones de trabajadores con vistas a diseñar y aplicar estrategias de formalización, al tiempo que se promueve la paridad de género en el mercado de trabajo para asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de transición a la economía formal; iii) el apoyo a la iniciativa empresarial, junto con la mejora del acceso a la microfinanciación, con miras a proporcionar los recursos necesarios para que las pequeñas empresas crezcan y pasen a formar parte de la economía formal; iv) la inversión en capacitación y formación profesional para dotar a los trabajadores de las competencias necesarias en la economía formal, así como la ampliación de la protección social para ofrecer una red de seguridad a los trabajadores informales; v) el fomento del crecimiento impulsado por el sector privado, con el fin de crear oportunidades de empleo formal, y la aplicación, en paralelo, de programas específicos destinados a reducir la informalidad, y vi) el fortalecimiento de los mecanismos de inspección del trabajo.

Asimismo, la Comisión señala a la atención del Gobierno la posibilidad de fortalecer su marco operativo utilizando herramientas técnicas específicamente diseñadas y desarrolladas por la OIT para facilitar estas transiciones. A este respecto, la Comisión destaca la utilidad potencial del módulo de formación «Formalice su negocio» (FYB) para complementar los esfuerzos nacionales actuales destinados a desarrollar la capacidad administrativa de los microempresarios. Además, en lo que respecta a los desafíos para extender la protección social y la inspección a los sectores no cubiertos, la Comisión alienta al Gobierno a consultar la «Nota metodológica: Diagnóstico de la informalidad» para perfeccionar su identificación de los factores determinantes de la informalidad en sectores específicos, tales como el trabajo doméstico y la agricultura.

Artículo 3. Consultas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, mediante el Decreto Ejecutivo núm. 3, de 22 de abril de 2024, que establece el servicio público de empleo, se crea el Comité Consultivo del Servicio de Empleo. Este Comité Consultivo, de carácter tripartito, tiene la función de sugerir y coordinar las acciones de empleabilidad implementadas por el servicio de empleo, incluyendo políticas activas del mercado de trabajo, planes y proyectos de generación de empleo. El Gobierno indica que se prevé su activación para llevar a cabo consultas tripartitas efectivas. Asimismo, señala que las atribuciones de este Comité son asumidas por la Fundación del Trabajo (FUNTRAB), organización no gubernamental sin fines de lucro, que promueve el diálogo social y el tripartismo en el país. La FUNTRAB está integrada por el CONEP, la CONATO y desde 2012 por el MITRADEL, pasando a ser una institución de composición tripartita. El Gobierno se refiere también al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), cuyos consejos consultivos incluyen representantes de los interlocutores sociales y la academia, asegurando que sus programas responden a las necesidades del mercado de trabajo. Por otro lado, el Gobierno se refiere a la celebración de consultas territoriales para diseñar políticas específicas, como la Agenda Económica de las Mujeres Rurales, en la que participaron más de 300 lideresas rurales de diversas regiones para garantizar una política inclusiva y representativa. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores ni a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en relación con las consultas efectivas que se hayan celebrado con los representantes de los interlocutores sociales con respecto a las políticas de empleo.

La Comisión toma nota de que la CONUSI denuncia que las condiciones para un diálogo social efectivo y la plena cooperación de las organizaciones de trabajadores, pilares fundamentales para la aplicación del presente Convenio, se ve gravemente comprometidas por las flagrantes y continuas violaciones a la libertad sindical y la persecución a dirigentes sindicales. La CONUSI enfatiza que la consulta a los interlocutores sociales debe ser auténtica, efectiva y realizada desde etapas tempranas, asegurando la participación plena de las organizaciones de trabajadores en la formulación, implementación y seguimiento vinculante de las políticas de empleo. Señala, no obstante, que con frecuencia las opiniones de los trabajadores no se consideran de manera integral, limitándose a ser escuchadas sin que sus aportes se reflejen en decisiones concretas.

Por último, la Comisión toma nota de que el CONATO y la CONUSI subrayan que la memoria sobre la implementación del Convenio no fue discutida de manera tripartita. Señalan que el CONATO recibió copia de dicha memoria el 12 de agosto de 2025, mientras que la CONUSI no recibió la misma, contraviniendo el artículo 23, párrafo 2 de la Constitución de la OIT. A este respecto, la CONUSI subraya que esta omisión evidencia falta de transparencia, desprecio por el diálogo social tripartito y socava la participación efectiva en la formulación y seguimiento de políticas de empleo, al negar el acceso a las organizaciones de trabajadores a información oficial.

Recordando que el artículo 3 del Convenio exige consultas no solo para intercambiar información, sino con el objeto de tener plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales y de obtener su plena cooperación, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar consultas efectivas y genuinas. La Comisión pide al Gobierno que: i) aclare la articulación entre el nuevo Comité Consultivo y la FUNTRAB para asegurar que existe un foro permanente y eficaz para el diseño de políticas de empleo; ii) proporcione ejemplos concretos de cómo las opiniones expresadas por el CONEP, el CONATO y la CONUSI han sido tomadas en cuenta en la formulación de las políticas recientes, y iii) indique los mecanismos establecidos para consultar a los representantes de las personas afectadas por las medidas que trabajan en la economía informal y el sector rural, más allá de las consultas puntuales mencionadas.

Participación de las mujeres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la continuidad de la implementación de las siguientes políticas con miras a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo: i) la Política Pública de Empleabilidad e Inserción Laboral de Jóvenes y Mujeres (PEIM), que incluye proyectos como «Impulso Mujer», beneficiando a más de 2 500 personas, y que tiene como objetivo el fortalecimiento de emprendimientos, la autonomía económica y la inclusión de las mujeres en sectores que tradicionalmente cuentan con mayor representación de hombres; ii) la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2024-2034 (PPIOM), que busca garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, estableciendo metas claras en autonomía económica, acceso a la educación, salud, participación política y empoderamiento rural, y iii) la Iniciativa Paridad de Género (IPG), por la que se capacita al sector privado en perspectiva de género, mejorando la cultura organizacional y reduciendo brechas económicas. Al respecto, la Comisión toma nota de que el CONATO y la CONUSI señalan que: i) las señaladas políticas gubernamentales no han revertido la segregación y la desigualdad de género estructurales en el mercado de trabajo ni la alta concentración de mujeres en el sector informal y en sectores de baja productividad y bajos salarios y ii) no existe un sistema de seguimiento de las medidas adoptadas con indicadores relativos al empleo de las mujeres (tales como tasa de formalización, brechas salariales o acceso a cargos directivos) y no se ha vuelto a realizar las encuestas sobre uso de tiempo.

La Comisión toma nota de que, según ILOSTAT, en 2024, la tasa de participación laboral entre los hombres de más 15 años era del 74,4 por ciento y tan solo del 51,8 por ciento entre las mujeres, y la tasa de desempleo entre las mujeres alcanzó el 11,3 por ciento frente al 6,6 por ciento entre los hombres. La Comisión observa asimismo que el alcance de programas como «Impulso Mujer» parece limitado en relación con la magnitud de la brecha de participación observada. La Comisión toma nota además de que el Gobierno no proporciona información específica en su memoria sobre la naturaleza y el impacto de las medidas tomadas en el marco de los mencionados programas ni sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales al respecto. Ante la persistencia de la segregación laboral y las barreras estructurales,la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga en sus esfuerzos para combatir la persistente segregación laboral vertical y horizontal por razón de género, la baja tasa de participación laboral de las mujeres, así como la alta concentración de estas en el sector informal de la economía.La Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información específica sobre: i) los resultados cuantitativos y cualitativos de la medidas tomadas en el marco del PEIM 2030 y la PPIOM 2024-2034, especificando cuántas mujeres han logrado transitar a un empleo formal y sostenible; ii) las medidas adoptadas para promover un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares y mejorar la infraestructura de cuidados, a la luz de la necesidad de actualizar las encuestas de uso del tiempo señalada por los interlocutores sociales, y iii) el contenido y el resultado de las consultas celebradas con los interlocutores sociales al respecto.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa a los diversos programas y medidas implementadas para fomentar el empleo entre los jóvenes: i) el programa «Mi Primer Empleo», en el marco del cual se logró la inserción laboral de 624 jóvenes (de las 1 058 pasantías que se ofrecieron) y proyecta generar 2 780 oportunidades adicionales en 2025; ii) el programa «Aprender Haciendo», que facilita el acceso a una primera experiencia laboral a jóvenes de entre 17 y 24 años de edad, en colaboración con diversos organismos gubernamentales y empresariales, iii) la firma de un convenio de cooperación con el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, por el que se otorga capacitaciones mediante la plataforma en línea «conecta», alineadas con las demandas del mercado de trabajo y que incluyen evaluaciones periódicas para monitorear el progreso de los participantes, y iv) la continuidad hasta diciembre de 2024 del Programa «Empleo Solidario» de incentivo a la contratación laboral de personas en situación de vulnerabilidad que perdieron su empleo durante la pandemia de COVID-19. La Comisión toma nota también de que, en sus observaciones, la CONUSI destaca la elevada tasa de desempleo juvenil y denuncia que los programas gubernamentales como «Padrino Empresario» o «Aprender Haciendo» no tienen un impacto real y, en ocasiones, son usados por empresas para cubrir vacantes con pasantías temporales, sin empleo estable ni remuneración digna. Asimismo, el CONATO y la CONUSI sostienen que el programa «Mi Primer Empleo» ha tenido un reducido impacto en la reducción del desempleo juvenil, ya que tiene una cobertura muy reducida (tan solo 600 jóvenes se han insertado) y además tiene un enfoque asistencialista de corto plazo y se les otorga una remuneración por debajo del salario mínimo establecido. Señalan además que no se ha llevado a cabo una auditoría del impacto de dicho programa.

Al tiempo que toma nota de lo anterior, la Comisión observa que, según ILOSTAT, en 2024, la tasa de desempleo entre los jóvenes era del 19,7 por ciento (26,7 por ciento entre las mujeres y 15 por ciento entre los hombres). Asimismo, observa que la información proporcionada por el Gobierno no responde a todas las cuestiones sobre el empleo juvenil planteadas en sus comentarios anteriores. Por consiguiente, ante la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres jóvenes, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información detallada sobre: i) la naturaleza y el impacto de las acciones llevadas a cabo con miras a integrar a la política de empleo medidas destinadas a promover el acceso al mercado de trabajo y el autoempleo de los jóvenes, incluyendo estadísticas, desagregada por edad y sexo, sobre el empleo, el desempleo y el subempleo entre los jóvenes; ii) la manera en que se asegura la coordinación entre los distintos programas y proyectos implementados para promocionar el empleo entre los jóvenes, y iii) las consultas celebradas con los interlocutores sociales sobre dichas medidas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Medidas para promover el pleno empleo. Desarrollo de la infraestructura. Política comercial. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa a las inversiones realizadas en infraestructuras públicas durante el periodo cubierto por la memoria, que incluyen proyectos de carreteras como el ensanche de la autopista de Arraiján-La Chorrera, 58 proyectos de infraestructura educativa, la construcción de la línea 3 de metro (para lo cual se preveía la generación de más de 5 000 empleos). Asimismo, el Gobierno indica que se proporcionan servicios de intermediación laboral («empleabilidad comunitaria») a los residentes de las comunidades donde se desarrollan proyectos de infraestructura con el fin de mejorar su empleabilidad y reconversión laboral. Al este respecto, el Gobierno informa de que se incorporaron a 3 073 personas y se capacitó a 2 190 personas. La Comisión toma nota igualmente de que el Gobierno indica que con miras a impulsar el desarrollo nacional se adoptaron las siguientes medidas legislativas: i) la Ley núm. 159 de 31 de agosto de 2020 por la que se crea el régimen especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura con el objeto de atraer y promover las inversiones en procesos productivos, la generación de empleos y la transferencia de tecnología, y ii) la Ley núm. 412 de 21 de noviembre de 2020 que reorganiza la zona libre de Colón, que introduce nuevas actividades permitidas, tales como servicios logísticos, manufactura de alta tecnología y servicios relacionados con la aviación y los aeropuertos, e introduce una serie de beneficios fiscales. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno no proporciona información que permita evaluar el impacto de dicha normativa en la generación de empleo. Por último, la Comisión observa, con base en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) «Perspectivas económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible», que Panamá firmo un convenio de cooperación para el desarrollo transfronterizo con Costa Rica, con el objetivo de profundizar en las relaciones de cooperación gracias a mejoras socioeconómicas, ambientales y políticas en la región fronteriza. En el marco de dicho convenio de cooperación, se construyó el Corredor Vial Atlántico en la zona fronteriza Sixaola/Guabito, que promueve la integración vial de ambos países a través de un sistema de transporte eficiente, económico y seguro. Se prevé que esto fomentará el desarrollo económico y social de la región atlántica, al tiempo que reduce los costos de operación vehicular. A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas específicas adoptadas para generar empleo en el marco de proyectos de desarrollo de infraestructura, así como de la política comercial, incluyendo información estadística, desagregada por sexo, edad y región, sobre el número de empleos generados.

Contribución de los servicios de empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota con interés de la aprobación del Decreto Ejecutivo núm. 3 de 22 de abril de 2024 por el que se reglamenta el Servicio Público de Empleo, que tiene como objetivo ofrecer intermediación laboral efectiva, mediante un registro personal y digital regionalizado, de las necesidades de mano de obra de las empresas, para promover el trabajo decente, el autoempleo formal, generar reportes estadísticos oficiales sobre las necesidades del mercado laboral y diseñar políticas orientadas a atender las necesidades de los usuarios. La Comisión toma nota además de que el Gobierno se refiere a la implementación de diversos programas de intermediación laboral, tales como: i) la creación de una ventanilla única de oportunidades a través de la cual diversas entidades brindan servicios destinados a la promoción de cooperativas y emprendimiento, así como medidas de preparación para el empleo, y ii) la creación del portal de Intermediación «Empleos Panamá» (www.empleospanama.gob.pa), a través del cual se ofrecen servicios de intermediación laboral directa entre buscadores de empleo y empresas oferentes. El Gobierno informa que, a través del departamento de intermediación laboral se logró 24 689 intermediaciones presenciales y digitales, 3 132 vacantes ofertadas y 504 personas accedieron al mercado laboral. El Gobierno se refiere también del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), que ofrece oportunidades a buscadores de empleos de adquirir capacidades para mejorar su empleabilidad a través de la realización de actividades teóricas y prácticas en empresas (en 2022 se incluyeron como beneficiarios del programa a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas). La Comisión toma nota igualmente de la información estadística, desagregada por sexo, proporcionada por el Gobierno sobre el número de participantes en los distintos programas de empleo entre 2019 y mayo de 2022. Por último, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en colaboración con la OIT, se ha propuesto la operacionalización de una red de inteligencia de mercado laboral (REDIMEL), que dé lugar a la creación de un sistema de información estadísticas sobre la oferta y demanda laboral por provincia.

En lo que respecta a las agencias privadas de empleo, la Comisión observa que el Decreto Ejecutivo núm. 3 de 22 abril de 2024, establece el procedimiento a seguir para que las empresas privadas emitan certificaciones de reportes de vacantes y contratos y colocados con miras a que los empleadores que contratan sus servicios reporten los mismos al Servicio de Empleo. La Comisión toma nota de la información incluida en la memoria del Gobierno relativa las acciones llevadas a cabo en materia de fiscalización, certificación y capacitación de las agencias privadas de empleo, que incluyen la creación de: i) una base de datos a fin de poder inspeccionarlas y exigir su licencia; ii) una plataforma de solicitud y trámite de la licencia de agencia de colocación, y iii) un módulo de consulta en internet de las agencias privadas de colocación que permite a los buscadores de empleo verificar si las ofertas laborales publicadas en línea son respaldadas por una agencia privada registrada. La Comisión toma nota de las medidas mencionadas anteriormente y desea subrayar a este respecto que los servicios públicos y privados de empleo representan uno de los pilares fundamentales sobre los cuales la política de empleo puede apoyarse para alcanzar sus objetivos. Su integración constituye una palanca importante para promover un empleo de calidad, duradero e inclusivo, adaptado a las necesidades del mercado laboral. Estos servicios representan tanto un medio para implementar las políticas de empleo como para alimentar con información las revisiones sucesivas de las mismas. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la naturaleza de los programas y medidas implementadas por los servicios de empleo con miras a promocionar el empleo, incluidas en las zonas rurales, así como información estadística, desagregada por edad, sexo y provincia, sobre el número de personas registradas, vacantes y colocaciones efectuadas.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno indica que el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2020-2024, incluye un pilar estratégico en materia de educación (denominado «la Estrella»), el cual tiene como objetivo lograr una educación de calidad. Con miras a alcanzar dicho fin, se implementa el «Plan Estratégico de Educación 2019-2024 - De políticas educativas a la acción» que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho Plan se encuentra integrado por cinco ejes: calidad de la educación, equidad educativa, formación de educadores, gestión de la educación e inversión en la educación. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada sobre el Gobierno sobre las medidas adoptadas con miras a establecer un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) que establezca niveles y certificaciones educativas para los trabajadores, que incluye un diagnóstico en relación con la articulación entre educación y trabajo, y los desafíos y posibles medidas a adoptar al respecto. Al respecto, el Gobierno indica que la OIT, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) proporcionaron asistencia técnica para definir una ruta para el establecimiento del MNC, diseñar la instancia de gobernanza del MNC y avanzar en el poblamiento del sector de tecnologías de información y comunicación (TIC).

La Comisión toma nota también de la implementación, entre el 15 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2026, del proyecto de la OIT «Oferta de asistencia técnica presentada al Instituto nacional de formación y capacitación para el desarrollo humano (INADEH)», que tiene como objetivo alinear la oferta formativa del INADEH con las demandas del sector productivo del país. El Gobierno informa además que, durante las reuniones del Consejo consultivo permanente en ocupaciones técnicas y profesionales (CCP), se realizan informes sobre los avances realizados en relación son los servicios de formación profesional y su articulación con las necesidades del sector productivo. Por último, el Gobierno informa de la implementación de: i) el proyecto nacional de alfabetización «Muévete por Panamá», a través del cual se alfabetizaron 1 372 personas, y ii) el Programa Centro de Formación de Adolescentes (CEFODE), que tiene como objetivo la reincorporación al ámbito escolar de adolescentes de entre 14 y 17 años en condición de riesgo social con miras a que continúen estudios de educación básica general y aprender una carrera vocacional (talles de soldadura, chapistería, informática, belleza, cocina y ebanistería) que garantiza su inserción en el mercado de trabajo. Al tiempo que toma nota de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno, incluido con la asistencia técnica de la OIT, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga en sus esfuerzos para asegurar la adecuación de la oferta formativa y educativa a las demandas del mercado de trabajo, así como la calidad y la accesibilidad a la misma, incluido en las zonas rurales. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas tomadas en consulta con los interlocutores sociales con miras a coordinar las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con los cambios en la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.

Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las mipymes representan el 90 por ciento de las empresas del país y generan el 70 por ciento de los empleos a nivel nacional. En el marco del Plan para la recuperación económica y social adoptado para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19, se implementaron programas a través de los cuales se otorgaron préstamos a emprendedores en diversos sectores de la economía (tales como el programa Banca de oportunidades, el programa Apoyo a la Micro, Pequeña y Medianas empresas y el programa Panamá Agro Solidario). La Comisión toma nota también de la adopción de la Ley núm. 189 de 17 de diciembre de 2020 por el que se crea un régimen especial de impuesto sobre la renta aplicable a las mipymes, empresarios y emprendedores. La Comisión observa, no obstante, que la memoria del Gobierno no incluye información sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos de trabajo generados por las mipymes. Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo, sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos de trabajo generados por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Promoción del empleo para personas en situación de pobreza y pobreza extrema. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, entre los pilares del PEG 20202024, se encuentra la lucha contra la pobreza y la desigualdad y se define, como misión, promover la justicia social, la equidad y las oportunidades, procurando no dejar a nadie atrás. En este marco, se implementa la «Estrategia Nacional Plan Colmena» (aprobada por la Ley núm. 297 de 28 de abril de 2022), diseñada con el acompañamiento técnico del Programa del Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Gobierno informa de que el Plan Colmena es una estrategia multisectorial que busca impulsar procesos del desarrollo del territorio potenciando la política pública y la institucionalidad del Estado en áreas de pobreza y vulnerabilidad en los 300 corregimientos del país. El Gobierno añade que, el 8 de junio de 2022, se lanzó el Plan de Acción Colmena de la provincia de Panamá que prevé beneficiar a 1 102 496 residentes. La Estrategia prevé la intervención en diversas áreas de desarrollo, incluida el área de educación, así como en actividades que generen ingresos y emprendimientos. La Comisión toma nota de la información incluida en la memoria del Gobierno relativa a los diversos proyectos implementados en el marco del Plan Colmena en distintos corregimientos del país, tales como el proyecto Huertas Sustentables. La Comisión observa que, según el informe «Pobreza e indigencia por ingreso» del Ministerio de Economía y Finanzas de diciembre de 2022, en 2021 la pobreza general en el país se ubicó en 21,8 por ciento y 9,5 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza extrema. Por área, el 13,8 por ciento de la población en las áreas urbanas se encontraba en situación de pobreza y el 3,2 por ciento en situación de pobreza extrema, mientras que en las zonas rurales el 40,5 por ciento se encontraba en situación de pobreza y el 24,1 por ciento en situación de pobreza extrema. Ante la elevada proporción de la población que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga en sus esfuerzos para combatir la misma en el país. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas con miras a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, incluidas las comunidades indígenas y la población en zonas rurales. Pide también al Gobierno que envíe información estadística comparable, desagregada por sexo, sobre los resultados obtenidos por dichas medidas para lograr la inserción durable en el mercado del trabajo de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Personas con discapacidad. La Comisión observa que el PEG 2020-2024 prevé la implementación de medidas dirigidas a promocionar la capacitación, el empleo y la inclusión social de la personas con discapacidad, tales como: i) el diseño de estrategias de acceso al trabajo digno y en equiparación de oportunidades; ii) el fortalecimiento e implementación de estrategias de acceso a la educación inclusiva a las personas con discapacidad, y iii) promover la no discriminación en materia de discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, para el abordaje del tema en todos los ámbitos de la sociedad. La Comisión toma nota igualmente de que el Gobierno indica que, a través del Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad, se proporciona orientación a empresas y personas con discapacidad y se implementan campañas de sensibilización con miras a promover un ambiente laboral inclusivo. Durante el periodo cubierto por la memoria se llevaron a cabo 74 inspecciones de trabajo para identificar espacios y oportunidades para personas con discapacidad en el mercado de trabajo, se llevaron a cabo medidas de sensibilización a 134 empresas y se logró la incorporación al mercado de trabajo de 307 personas con discapacidad. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno no proporciona información sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo regular, que permitan evaluar el impacto de las medidas implementadas. En este sentido, la Comisión toma nota de que el PEG prevé la elaboración de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2) y del primer estudio nacional de accesibilidad laboral, con el propósito de ayudar a los actores involucrados en la integración laboral a entender las diferentes problemáticas asociadas e identificar medidas para eliminar las barreras físicas y culturales, que impiden a las personas con discapacidad acceder al mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas con miras a promover el acceso de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo, incluyendo información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo de las personas con discapacidad. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe una copia del primer estudio nacional de accesibilidad laboral una vez este sea finalizado.

Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), recibidas el 6 de septiembre de 2022, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas, recibida el 6 de diciembre de 2022. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a las observaciones de 2018 del CONATO, incorporadas en su memoria.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas con miras a alcanzar los objetivos del Convenio. En este sentido, el Gobierno informa de la aprobación el 30 de diciembre del 2019 del plan estratégico de gobierno (PEG) 20202024, que incluye una serie de ejes relativos a una economía competitiva que genere empleos y a combatir la pobreza y la desigualdad. En materia de empleo, el PEG establece como tareas principales: i) fortalecer los programas de formación técnica rápida de inserción laboral, para permitir que jóvenes de escasos recursos puedan obtener y mantener un empleo digno; ii) articular políticas de empleo y políticas de formación, capacitación y educación para el trabajo; iii) generar oportunidades a los emprendedores, facilitando incubadoras de empresas; iv) facilitar la afiliación de los trabajadores por cuenta propia al sistema de seguridad social; v) fortalecer la calidad de los programas de capacitación y educación de los trabajadores, y vi) establecer una mesa de análisis para alinear el sistema educativo y la capacitación a las demandas del mercado laboral. La Comisión toma nota también de las diversas medidas adoptadas con el fin de asegurar que la oferta educativa en el país se adecue a las demandas del mercado de trabajo, en el marco del «Programa Prepárate Panamá» que surgió como resultado de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo de 2014. Al respecto, el Gobierno proporciona información sobre medidas implementadas con la asistencia técnica de la OIT, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el fin de establecer un marco nacional de cualificaciones (MNC) que establezca niveles y certificaciones educativas para los trabajadores (examinadas en la solicitud directa). La Comisión toma nota también de que el Gobierno indica que, con miras a abordar la situación de informalidad en el país, se creó el registro nacional de trabajadores por cuenta propia, como plataforma de identificación para atender y orientar a los trabajadores independientes en la formalización de sus emprendimientos a fin de procurarles acceso a la protección social.

La Comisión toma nota igualmente de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las consultas tripartitas celebradas en materia de empleo durante el periodo cubierto por la memoria (artículo 3 del Convenio), incluido en relación con las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el empleo. A este respecto, el Gobierno informa de la aprobación de la Resolución núm. DM 150 de 27 de abril de 2020 por la que se crea la Mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral en Panamá, en cuyo marco se celebraron numerosos acuerdos con el objetivo de preservar el empleo, las empresas y la recuperación económica.

Por último, la Comisión toma nota de la vasta información estadística proporcionada por el Gobierno sobre las tendencias del mercado de trabajo hasta 2022. La Comisión observa, con base en información disponible en ILOSTAT, que, en 2023, la participación de la fuerza de trabajo era del 61,9 por ciento, la tasa de población ocupada era del 57,7 por ciento, mientras que la tasa de desempleo era del 6,7 por ciento. La Comisión observa asimismo la elevada tasa de informalidad del 56,1 por ciento. Según la encuesta de propósitos múltiples de 2022, 48 de cada 100 ocupados en empleos no agrícolas tenían un empleo informal, lo cual representaba un aumento del 8,9 por ciento en relación con 2021. Además, el Gobierno informa de que, a mayo de 2022, de 99 090 contratos registrados, tan solo 20 295 tenían carácter indefinido.

La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 31 de marzo de 2023, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESC), si bien tomó nota de la reducción progresiva de la tasa de desempleo en el último decenio, lamentó que no se hubiesen tomado medidas suficientes para hacer frente a la pérdida de empleos por la crisis debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID19), demostrado en el aumento significativo de la tasa de desempleo y de la informalidad superior al 40 por ciento (véase E/C.12/PAN/CO/3, párrafo 24). Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones el CONATO destaca que, como consecuencia del impacto de la pandemia, tres de cada cuatro panameños perdieron sus empleos y la informalidad aumentó de manera significativa. El CONATO sostiene que, si bien, el empleo debe ser la piedra angular de la recuperación económica tras la pandemia, la respuesta del Gobierno se ha centrado en ayudas monetarias o subsidios con transferencias y como consecuencia casi medio millón de personas dependen de dichos ingresos, duplicando el número de desocupados. En su respuesta, el Gobierno indica que, si bien la pandemia afectó negativamente al empleo en el país, gracias a los programas y proyectos implementados para mejorar la empleabilidad de la población y proteger los empleos, se ha logrado aumentar la empleabilidad, disminuyendo con ello el desempleo.

En relación con las medidas de empleo implementadas por el Gobierno, el CONATO denuncia: i) la falta de una estrategia de empleo definida con los interlocutores sociales, lo que impide apostar por sectores estratégicos nuevos o reforzar los ya existentes sin que ello se traduzca en una disminución de derechos y la liberalización del despido —lo que agrava la alta informalidad y la baja calidad del empleo— como es el caso de las zonas francas; ii) la falta de coordinación entre los programas implementados para el fomento de las oportunidades de empleo, formación profesional y emprendimiento y su desconexión con la política económica y social, así como la reducida asignación presupuestaria que se otorga a los mismos; iii) la ausencia de planes de desarrollo con continuidad que transciendan el tiempo de la administración del Gobierno, sino que, por el contrario, existen numerosos planes estratégicos quinquenales institucionales con visiones de corto plazo, y iv) la dudosa efectividad de diversos programas de empleo implementados, tales como el programa de apoyo a la inserción laboral (PAIL), y los programas «Aprender haciendo», «Empleo solidario de 2022» y «Capacítate para el trabajo». Por último, la Comisión toma nota de que el CONATO denuncia en sus observaciones: i) la insuficiencia de medidas para atender la alta tasa de informalidad; ii) la elevada tasa de temporalidad de los contratos de trabajo; iii) la alta concentración de la economía en determinados sectores y regiones (el 65 por ciento de la misma se concentra en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón), lo que se traduce en políticas públicas con mayor cobertura y calidad en áreas urbanas, generando desigualdades por territorios, etnia y género, lo que subraya la necesaria adopción de medidas destinadas a promover el desarrollo del resto del país con miras a asegurar una economía más inclusiva y sostenible, y iv) el hecho de que el nivel de inversión no se traduce en un impacto en la generación de empleos en la misma proporción.

En este contexto, la Comisión toma nota con interés de la firma el 8 de abril de 2024 del Memorando de Entendimiento para el Programa de Trabajo Decente (PTDP) 2024-2027 por parte del Gobierno, los interlocutores sociales, incluidos representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el CONATO y la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), y la OIT. El PTDP fue fruto de un proceso participativo e incluye en sus áreas estratégicas: i) la promoción de políticas públicas coherentes, integrales, inclusivas y equitativas para la generación de empleo que ofrezcan las garantías sociales y económicas, en equidad y atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad, con énfasis en los jóvenes y con enfoque de género; ii) extender, de manera integral y sostenible, la cobertura y suficiencia de la protección social y laboral de las personas trabajadoras y sus dependientes, y iii) fortalecer el diálogo social para el cumplimiento efectivo de los acuerdos tripartitos y bipartitos que se generen entre trabajadores y empleadores. El PTDP cuenta con un mecanismo de seguimiento tripartito que incluye entre sus responsabilidades la de velar por la implementación del PTDP y proporcionar orientaciones de política con miras a asegurar el logro de los resultados propuestos y de adoptar los ajustes que fueran pertinentes. A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobiernoque continúe enviando información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas con miras a implementar una política integral destinada a promover la creación de oportunidades de empleo pleno, productivo y libremente elegido, incluyendo aquellas implementadas en el marco del Programa de Trabajo Decente (PTDP) 2024-2027.

En este sentido, la Comisión pide también al Gobierno que envíe información sobre: i) la manera en que se asegura la coordinación de dicha política de empleo con la política económica y social del país; ii) las consultas celebradas con los representantes de los interlocutores sociales, así como los representantes de las personas afectadas por dichas medidas con respecto a la formulación, aplicación, seguimiento y revisión de las medidas activas del mercado de trabajo adoptadas en el marco de la política de empleo, tal y como exige el artículo 3 del Convenio, y iii) estadísticas, desagregadas por sexo, edad y provincia, sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo, desempleo y subempleo.

Asimismo, a la luz de la elevada tasa de informalidad, la Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el alcance de la economía informal y sobre las medidas tomadas, en coordinación con la política nacional de empleo, para facilitar la transición hacia la economía formal. En este sentido, la Comisión llama a la atención del Gobierno la orientación brindada por la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

Participación de las mujeres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el 4 de octubre de 2021 se oficializó la política pública de empleabilidad e inserción laboral de las jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en Panamá (PEIM) 2030 y su plan de acción 2021-2024, cuya revisión está prevista con miras a formular en función de los resultados alcanzados, el nuevo plan de acción para el periodo 2025-2030. El PEIM establece una serie de objetivos estratégicos transversales tales como: i) mejorar la empleabilidad de la mujeres, en particular de las más afectadas por condiciones de vulnerabilidad frente al empleo; ii) garantizar su acceso a la oferta educativa, especialmente en el área de la educación técnico profesional, vinculada a los sectores de mayor oportunidad presente (sector logístico, agroindustria, turismo, comercio) y futura (energía, medio ambiente, ciencia e innovación, tecnología y cultura); iii) orientar y propiciar su acceso hacia dichos sectores, e iv) incentivar los procesos de formalización entre las trabajadoras y las empresas en sectores de alta concentración de empleo de mujeres. El PEIM incluye objetivos focalizados en relación con mujeres jóvenes, del ámbito rural, trabajadoras del sector doméstico, mujeres indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad. La Comisión toma nota también de la indicación del Gobierno de que el PEIM se articula con otras estrategias dirigidas a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y mejorar sus oportunidades económicas y de empleo: i) la estrategia nacional para la integración de niñas y jóvenes en las disciplinas y empleos STEM; ii) la estrategia nacional de emprendimiento femenino; iii) el plan de empoderamiento económico de mujeres indígenas, y iv) la estrategia nacional de cuidados.

La Comisión también toma nota al respecto de que el CONATO destaca la falta de inclusividad de la dinámica de la economía con respecto a las mujeres. En este sentido, la Comisión toma nota con preocupación de la importante brecha existente entre la tasa de participación de la fuerza de trabajo y de población ocupada de los hombres y las mujeres. Según información disponible en ILOSTAT, en 2023, la participación de la fuerza de trabajo era del 74,3 por ciento entre los hombres, mientras que entre las mujeres era del 50,4 por ciento. En cuanto a la tasa de población ocupada, esta era del 70,4 por ciento entre los hombres y tan solo del 46,1 por ciento entre las mujeres, mientras que la tasa de desempleo era del 5,3 por ciento entre los hombres y del 8,6 por ciento entre las mujeres. La Comisión toma nota igualmente de que, en sus observaciones finales de 31 de marzo de 2023, el CESC observó con preocupación la persistencia de la segregación laboral vertical y horizontal por razón de género, la baja tasa de participación laboral de las mujeres y la alta concentración de estas en el sector informal de la economía, particularmente en labores no remuneradas y de trabajo doméstico (véase E/C.12/PAN/CO/3, párrafo 22). La Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó también su preocupación al respecto en sus observaciones finales de 1 marzo de 2022 (véase CEDAW/C/PAN/CO/8, párrafo 35).

En este contexto, la Comisión toma nota con interés de la adopción en mayo de 2024 de la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres (PPIOM) 2024-2034, que prevé la adopción de numerosas medidas con miras a fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y su empleabilidad, que incluyen: i) políticas y programas de empleo, orientados a incrementar la participación de las mujeres; ii) una política de empleabilidad e inserción laboral de las jóvenes y otras mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica; iii) programas de formación laboral, técnica y de ciclo corto, que permitan la vinculación inmediata de mujeres pertenecientes a grupos de población en situación de vulnerabilidad (mujeres jóvenes, mujeres mayores, afrodescendientes y mujeres con discapacidad); iv) programas y proyectos de microcrédito para apoyar a emprendedoras, artesanas, así como asociaciones y cooperativas de mujeres, y v) medidas para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a la formación en la educación técnico-profesional y en la educación superior con enfoque de género, en las áreas urbanas rurales y comarcales, enfatizando aquellas carreras técnicas y universitarias no tradicionales. Al tiempo que saluda las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga en sus esfuerzos para combatir la persistente segregación laboral vertical y horizontal por razón de género, la baja tasa de participación laboral de las mujeres, así como la alta concentración de estas en el sector informal de la economía. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre: i) la naturaleza y el impacto de las medidas tomadas al respecto, incluyendo aquellas adoptadas en el marco de la política pública de empleabilidad e inserción laboral de las jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en Panamá (PEIM) 2030 y la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres (PPIOM) 2024-2034, y ii) las consultas celebradas con los interlocutores sociales al respecto.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre distintos proyectos implementados con miras a fomentar el empleo entre los jóvenes, que incluyen: i) proyectos de la coordinación nacional de juventud (CNJ) «Habilidades para la Vida» y «Juventud somos la Fuerza», por los que se proporcionó orientación a 300 jóvenes y 90 jóvenes, respectivamente, en diversos temas relacionados tales como comunicación, liderazgo y emprendimiento; ii) el programa «Padrino Empresario», que ofrece pasantías con becas de entre 180 a 270 balboas panameñas mensuales (aproximadamente 180 a 270 dólares de los Estados Unidos) en el sector privado a jóvenes de entre 15 a 17 años en situación de vulnerabilidad; iii) el proyecto «Aprender Haciendo», que facilita el acceso a una primera experiencia laboral a jóvenes de entre 17 y 24 años de edad, en colaboración con diversos organismos gubernamentales y empresariales; (iv) el programa «Orienta Panamá», mediante el cual se proporcionó orientación profesional a 9 085 estudiantes de enseñanza pre-media y media, y v) la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Asociación de Armadores de Panamá (ARPA) con miras a proporcionar formación y capacitación a jóvenes en el área marítima para brindarles nuevas oportunidades de empleo.

Si bien toma nota de la implementación de varios proyectos y programas para fomentar el empleo entre los jóvenes, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, el CONATO denuncia el elevado desempleo entre los jóvenes, que requiere de un consenso tripartito sobre la política de empleo destinada a los mismos. El CONATO subraya que los programas destinados a la inserción laboral de los jóvenes son empleados en muchas ocasiones para cubrir vacantes a través de pasantías, las cuales deben tener un tiempo limitado. La Comisión observa, con base en información estadística disponible en ILOSTAT, que, en 2023, si bien la tasa de desempleo entre la población en general era del 6,7 por ciento, entre los jóvenes alcanzaba el 16,7 por ciento (13,5 por ciento entre los hombres y 22 por ciento entre las mujeres), y la tasa de jóvenes que ni trabajan ni siguen estudios ni reciben formación era del 15,1 por ciento (9,2 por ciento entre los hombres y 21,4 entre las mujeres). Ante la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres jóvenes, la Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre: i) la naturaleza y el impacto de las acciones llevadas a cabo con miras a integrar a la política de empleo medidas destinadas a promover el acceso al mercado de trabajo y el autoempleo de los jóvenes, incluyendo estadísticas, desagregada por edad y sexo, sobre el empleo, el desempleo y el subempleo entre los jóvenes; ii) la manera en que se asegura la coordinación entre los distintos programas y proyectos implementados para promocionar el empleo entre los jóvenes, y iii) las consultas celebradas con los interlocutores sociales sobre dichas medidas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Unidad Independiente (CONUSI), que fueron recibidas el 31 de agosto de 2018. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Medidas para promover el pleno empleo. Desarrollo de la infraestructura. Política comercial. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que, según el Boletín Perspectiva Laboral de 2017 denominado «Visión de Corto Plazo y Desafíos de Empleo Juvenil», en 2017 se produjo un aparente repunte del crecimiento de la economía en su conjunto, la cual había mostrado signos de desaceleración en años previos. Por su parte, la CONUSI sostiene que, si bien, la economía continúa creciendo, lo hace a un menor ritmo que el impulsado por la ejecución de proyectos de infraestructuras en años anteriores, como muestra el aumento de la tasa de desempleo de un 4,4 por ciento en el período 2011-2014 al 6 por ciento en 2016. El Gobierno informa que las obras de ampliación del Canal de Panamá generaron 41 168 puestos de trabajo (28 870 fueron ocupados por hombres y 2 298 por mujeres). El Gobierno añade que se prevé la creación de más empleos como resultado de la ejecución de nuevos proyectos de desarrollo de infraestructuras, tales como la construcción de diversas líneas de metro (se prevé la contratación directa e indirecta de 31 670 personas) y del cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Además, el Gobierno indica que actualmente hay 180 empresas en el área económica especial Panamá Pacífico, en las que trabajan 3 972 hombres y 2 624 mujeres. Por otro lado, el Gobierno informa de la celebración del acuerdo comercial con China, que potenciará a Panamá como puerta de entrada a América para grandes empresas chinas. La Comisión toma nota de la detallada información estadística proporcionada por el Gobierno sobre los empleos generados en las distintas regiones por las 53 empresas inscritas en el Registro de la Industria Nacional (RIN). La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre la creación de empleos resultantes de la ejecución de proyectos de desarrollo de la infraestructura así como de la política comercial.

Promoción del empleo para personas en situación de pobreza extrema. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere a la implementación de diversas actividades para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza extrema en el marco de, entre otros programas, el Programa red de oportunidades, que tiene como objetivo reducir la pobreza extrema a través del pago de incentivos a hogares, condicionado al cumplimiento por parte de los miembros adultos de dichos hogares de las corresponsabilidades en materia de salud y educación de sus hijos e hijas. La Comisión observa que el número de participantes en dicho programa disminuyó considerablemente de 72 831 en 2014 a 49 115 en 2018. El Gobierno informa también de la implementación, en cooperación con la Unión Europea (UE), del Proyecto Fortalecimiento de la Cohesión Social (COHESAL), entre cuyos principales logros, se encuentra el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de grupos en situación de vulnerabilidad a través de la generación de ingresos, para lo cual se llevaron a cabo actividades tales como: programas de capacitación para el empleo, acciones de producción y comercialización agrícola; y acciones de producción y comercialización de artesanía. En relación con las comunidades indígenas, el Gobierno informa que, según el informe «Actualizaciones de las líneas de pobreza» del Ministerio de Economía y Finanzas de marzo de 2015, mientras que la pobreza en el país era del 23 por ciento, en las comunidades indígenas ésta era del 84,6 por ciento. El Gobierno indica que se han adoptado medidas con miras a adaptar los diversos programas del Ministerio de Trabajo a las necesidades de las comunidades indígenas a través de la consulta a las mismas. Por último, el Gobierno indica que entre 2010 y 2016, la pobreza general se redujo del 29,8 por ciento al 22 por ciento, mientras que la pobreza extrema se redujo del 12,26 por ciento al 9,9 por ciento. Sin embargo, la CONUSI sostiene que no es posible asegurar que los niveles de pobreza en el país hayan disminuido, ya que no se ha aplicado la misma metodología para su medición y además ésta no es continua. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, incluidas las comunidades indígenas. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información estadística comparable, desagregada por sexo, sobre los resultados obtenidos por dichas medidas para lograr la inserción durable en el mercado del trabajo de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Empleo juvenil. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre el impacto de los programas y proyectos destinados a promover el empleo juvenil. El Gobierno informa que la tasa de desempleo de los jóvenes entre 19 y 24 años ha aumentado, siendo mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres. El Gobierno añade que, entre las causas del desempleo juvenil, se encuentra el déficit de cualificaciones y competencias exigidas por el mercado de trabajo; la búsqueda continua por parte de los jóvenes de un trabajo acorde con sus expectativas laborales y salariales; y la falta de experiencia. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la implementación de diversos programas con miras a promocionar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, tales como el Programa de apoyo a la inserción laboral (PAIL), el Programa de orientación vocacional y empleo (POVE), el programa «Mi primera oportunidad» y el proyecto «Panamá pro joven». El Gobierno indica que entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, 471 mujeres y 269 hombres se beneficiaron del PAIL. El Gobierno añade que, tras la evaluación del programa Mi Primera Oportunidad, se decidió no darle continuidad al mismo, ya que el PAIL y el Programa pro joven cumplen los mismos objetivos. La Comisión toma nota, no obstante, que en sus observaciones la CONUSI afirma que no existe información estadística sobre el impacto que han tenido en el empleo los señalados programas. Por otro lado, el Gobierno indica que el 8 de mayo de 2016 se presentó el proyecto de ley núm. 149, que fomenta el trabajo decente para los jóvenes, así como los ejes y líneas de acción del Plan estratégico interinstitucional de la juventud en relación con el empleo juvenil. Además, en 2017 se adoptó el programa «Jóvenes emprendedores», que está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y cuyo objetivo es capacitar a nuevos emprendedores de microempresas de forma personalizada con miras a promover el desarrollo de sus ideas de negocio y que éstas resulten en el establecimiento de empresas que sean sostenibles, productivas y generadoras de empleo. El Gobierno informa que desde su implementación en 2017, 250 personas han participado en el programa. La Comisión solicita al Gobierno que continúe informando sobre el impacto que hayan tenido los programas y proyectos destinados a promover el empleo juvenil, particularmente el empleo de mujeres jóvenes. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra la adopción del proyecto de ley núm. 149, que fomenta el trabajo decente para los jóvenes, y el plan estratégico interinstitucional de la juventud, y que proporcione una copia de los mismos una vez que éstos sean adoptados.

Personas con discapacidad. El Gobierno indica que, en cumplimiento de la ley núm. 42 para la inclusión de las personas con discapacidad, se cubrieron el 100 por ciento del costo de las becas de las personas con discapacidad en el marco del PAIL, en el que participaron 31 personas con discapacidad (diez mujeres y 21 hombres) entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Además, a través del Programa mejoramiento de la empleabilidad para las personas con discapacidad, se han insertado en el mercado laboral 729 personas con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada y detallada sobre el impacto de las medidas de empleo, incluidas las medidas de ajustes razonables, que se han adoptado para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir empleos sostenibles en el mercado regular de empleo.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las numerosas medidas adoptadas con la participación de los interlocutores sociales y las empresas, con miras a adaptar la oferta de formación a las demandas del mercado de trabajo. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la celebración de sesiones de mesas de empleo y formación técnica del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) en diversos sectores, como foros público-privados permanentes de diálogo, intercambio, actualización, monitoreo, seguimiento y evaluación en los que participan empleadores y formadores con el fin de mejorar constantemente la pertinencia de los contenidos de formación técnica en función de las competencias requeridas por el sector empleador. Asimismo, en el marco del Consejo consultivo permanente en ocupaciones técnicas y profesionales (CCP), se han creado diversas comisiones con los objetivos de: i) articular el sistema de formación profesional con las necesidades del sector productivo, así como con las políticas económicas y educativas del país; ii) generar y divulgar información del mercado laboral, y iii) promover la valoración social de las carreras técnicas. Al respecto, la Comisión toma nota de las diversas medidas realizadas en el seno de las señaladas comisiones con miras a conectar la formación profesional con el mercado laboral. Además, han elaborado diversos estudios con la finalidad de identificar la demanda de conocimientos, aptitudes y necesidades del mercado de trabajo. El Gobierno añade que el número de egresados aumentó de 56 111 personas en 2013 a 75 028 en 2017. La Comisión toma nota de que la CONUSI afirma que los señalados programas de formación técnica y profesional no parecen estar incidiendo en las contrataciones de técnicos, ya que el sector privado demanda un mayor dinamismo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre el impacto de las medidas tomadas para promover las políticas de enseñanza y formación profesional. Asimismo, solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con los cambios en la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se han llevado a cabo esfuerzos con miras a incluir el emprendimiento en la agenda nacional de desarrollo, a través de la firma en 2016 del Pacto nacional por el emprendimiento y la aprobación en 2017 de la Política nacional de emprendimiento denominada «Panamá Emprende y Crece». El Gobierno se refiere también a la constitución del Consejo Nacional de Emprendimiento en noviembre de 2017, como órgano responsable de la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las acciones realizadas en el marco del señalado pacto y del que forman parte organizaciones de trabajadores y de empleadores, tales como la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Panamá (AJOEM). También se creó el Monitor Global de Emprendimiento en Panamá como instrumento para medir la actividad emprendedora en el país. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística, desagregada por sexo, sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos de trabajado generados por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), que fueron recibidas el 31 de agosto de 2018. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en colaboración con los interlocutores sociales con miras a alcanzar los objetivos establecidos en el Convenio. El Gobierno informa de la aprobación, el 30 de marzo de 2017, del Plan estratégico nacional con visión de Estado «Panamá 2030» gracias a la participación activa de, entre otros actores, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEPC). Dicho plan alinea los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) con el Plan estratégico de gobierno 2015-2019 y las prioridades de la Concertación Nacional para el Desarrollo (CND). Entre sus objetivos se encuentran el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos así como la promoción de una educación inclusiva y equitativa de calidad. Asimismo, en diciembre de 2016, se firmó un Convenio de Cooperación y asistencia técnica entre la OIT y el Ministerio de Trabajo con el objetivo de implementar las recomendaciones de la alta comisión para el empleo, en particular, fortalecer el sistema de formación técnica en Panamá y garantizar una inserción laboral de calidad y mejor informada, creándose de esta forma un empleo cualificado y sostenible. En este marco, se elaboró el Plan de acción en educación técnica y formación profesional denominado «Programa Prepárate Panamá», con miras a acelerar la ejecución de las acciones necesarias para atacar las causas que explican la creciente brecha de competencias en el mercado laboral del país. El programa está basado en dos ejes de acción (empleo y formación) vinculados entre sí, en los que participan organizaciones de empleadores y de trabajadores. El plan de acción de dicho programa incluye entre sus prioridades el fomento de la articulación de la educación y la formación profesional, el establecimiento de un marco nacional de cualificaciones, así como la generación y divulgación de las tendencias y demandas de competencias del mercado laboral. En este sentido, el Gobierno informa de la creación, con la participación de los interlocutores sociales, de la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral (UNIMEL), con la finalidad de proporcionar información actualizada, oportuna y pertinente acerca de la situación del mercado laboral panameño con miras a contribuir al seguimiento, diseño y mejora de las políticas de empleo. En lo que respecta a las tendencias del mercado laboral, la Comisión observa que, según la encuesta de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre agosto de 2016 y de 2017, el número de personas ocupadas de 15 años o más edad aumentó de 1 770 711 a 1 785 849; mientras que la tasa de desocupación aumentó del 5,5 por ciento a 6,1 por ciento. Por su parte, la CONUSI sostiene que la información estadística sobre el mercado de trabajo se encuentra dispersa y no permite evaluar correctamente el impacto de las medidas adoptadas con miras a promocionar el empleo. Al respecto, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información estadística actualizada sobre la situación del empleo en la economía informal. Por último, la Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en materia de empleo y formación técnica. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos del Convenio, incluidas aquellas adoptadas en el marco del Plan estratégico nacional con visión de Estado «Panamá 2030» y del Plan de acción en educación técnica y formación profesional denominado «Programa Prepárate Panamá». La Comisión solicita también al Gobierno que continúe proporcionando información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo, desempleo y subempleo, tanto en la economía formal como en la informal, desglosadas por sexo y edad. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con las materias cubiertas por el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Medidas para promover el pleno empleo. Desarrollo de la infraestructura. Política comercial. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) indican que, aunque los megaproyectos ejecutados (incluyendo la ampliación del Canal de Panamá) hayan sido una fuente de empleo para miles de panameños en los sectores de servicios y construcción, la generación de empleo puede resultar ser efímera ya que varios de los proyectos concluirán pronto. El CONATO y la CONUSI consideran que la búsqueda de inversión extranjera constituye el único mecanismo promocional del empleo. El Gobierno indica en su memoria que existe una relativa estabilidad económica y social que promueve la inversión tanto local como internacional a fin de generar empleos de calidad. En lo que atañe al empleo resultante de la ampliación del Canal de Panamá, el Gobierno indica que, según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se han creado más de 30 000 puestos de trabajo desde el inicio de la ejecución de la ampliación del canal en septiembre de 2007. La ACP estima que durante el período 2012-2015 se crearon 18 099 empleos directos (beneficiándose 17 332 trabajadores y 767 trabajadoras). En cuanto a la creación de empleo resultante de la construcción del metro, el Gobierno informa que la construcción de la línea 1 generó 12 490 puestos de trabajo (5 444 de éstos durante el período 2013-2015). Se proyecta que la construcción de la línea 2 cree aproximadamente 4 000 empleos. El Gobierno indica asimismo que el proyecto Área Especial Económica Panamá Pacífico, según los datos proporcionados por la Agencia Panamá Pacífico (APP), ha empleado a más de 15 000 personas (8 920 plazas directas y 6 211 indirectas). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la creación de empleos resultantes de la ejecución de proyectos de desarrollo de la infraestructura.

Promoción del empleo para personas en situación de pobreza extrema. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en materia de promoción de la inclusión social y de la empleabilidad. La Red de Oportunidades es un programa de transferencias monetarias condicionadas que, entre 2013 y el primer trimestre de 2015, benefició a un promedio de 70 578 hogares en pobreza extrema al año. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza extrema y los resultados obtenidos para lograr su inserción durable en el mercado del trabajo.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que, al mes de marzo de 2015, el desempleo juvenil ascendía a 12,5 por ciento para los jóvenes de 15 a 19 años y a 11,5 por ciento para aquellos de 20 a 24 años; en el caso de las jóvenes, el desempleo ascendía a los 17,4 y 15,4 por ciento respectivamente. El Gobierno explica que las grandes dificultades que enfrenta la juventud para insertarse en el mercado laboral están relacionadas con la calidad y la pertinencia de la educación, así como con las escasas oportunidades en el sector rural. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto de la implementación del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), del Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE), del programa Mi Primera Oportunidad y del proyecto Panamá Pro Joven. El Gobierno explica que, desde el 2012, el PAIL se ha dirigido principalmente a los jóvenes sin experiencia laboral, particularmente a mujeres. A través de dicho programa, se han beneficiado a 2 550 becarios (de los cuales 1 777 mujeres), por intermedio de 417 empresas participantes. El POVE es una iniciativa conjunta del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y del Ministerio de Educación que tiene por objeto orientar vocacionalmente a los jóvenes y es producto de las recomendaciones de la alta comisión en torno a la política pública de empleo. En el marco del POVE, 1 276 estudiantes de colegios públicos recibieron formación sobre aptitudes para el empleo. El programa Mi Primera Oportunidad, ejecutado por la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa, benefició un total de 10 564 jóvenes entre 2012 y 2013. El Gobierno destaca que se fortalecerá a Panamá Pro Joven, un proyecto de intermediación laboral dirigido a jóvenes recién graduados de escuelas públicas, con competencias técnicas y vocacionales pero sin experiencia laboral. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el impacto que hayan tenido los programas y proyectos destinados a promover el empleo juvenil.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno respecto de la falta de continuidad de las actividades programadas en el marco de la ejecución del convenio de cooperación y asistencia recíproca entre el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el MITRADEL. El Gobierno explica que existe una estrecha coordinación entre las iniciativas de formación y las de empleo. La Comisión entiende que las brechas de formación en los sectores agrícolas, construcción, turismo y logística, en las categorías ocupacionales de profesionales y de técnicos, para el período 2015-2020, se estiman en 67 569 personas. La Comisión pide al Gobierno que continúe facilitando información acerca del impacto que hayan tenido las medidas tomadas para promover las políticas de enseñanza y formación profesional. También le pide al Gobierno incluir información sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), recibidas el 31 de agosto de 2015, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 1.º de diciembre de 2015.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Participación de los interlocutores sociales. El CONATO y la CONUSI sostienen que no existe en el país una política de empleo. Dichas organizaciones indican que el crecimiento de los sectores de turismo, exportaciones, agricultura e industria ha disminuido. El Gobierno acepta que el país no dispone de una política de empleo que incluya la totalidad de los temas que dicha política debería abarcar. La Comisión toma nota de la detallada información comunicada por el Gobierno en su memoria y de la adopción del Plan Estratégico de Gobierno «Un solo país» (2015-2018), cuyos ejes fundamentales incluyen una estrategia económica y social, un plan quinquenal de inversiones y una programación financiera. En la estrategia económica y social 2015-2018, se identifica la relación existente entre el empleo, la construcción y el comercio, sectores cuya capacidad de mantener el ritmo de crecimiento podría verse afectada por cambios en el entorno regional y mundial. En dicho documento también se identifican tres sectores que presentan un alto potencial de creación de empleos: la logística y el transporte, el sector agropecuario, forestal y pesquero, y el turismo. La Comisión entiende que la economía panameña se expande de manera sostenida en algo más de un 6 por ciento anual (6,2 por ciento en 2014), una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Sin embargo, el crecimiento podría disminuir debido al ritmo menor de la inversión en proyectos residenciales y comerciales, así como a la culminación de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá. A nivel nacional, en 2015, las tasas de desocupación total y de desempleo abierto aumentaron de 4,1 a 4,8 por ciento y de 3,1 a 3,5 por ciento, respectivamente. La Comisión toma nota de la instalación, con la asistencia técnica de la OIT, en agosto de 2014, de la Alta comisión en torno a la política pública de empleo, una entidad tripartita destinada a compartir iniciativas y estrategias que permitan al Gobierno implementar y consolidar una política de empleo. El Gobierno indica que, en noviembre de 2014, la Alta comisión entregó al Presidente de la República un documento intitulado «Aumentar el empleo, la productividad y la inclusión social con más y mejor formación técnica y profesional» que incluye un diagnóstico del mercado laboral panameño. En noviembre de 2014, el Gobierno, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el CONATO, la CONUSI y la OIT suscribieron un memorándum de entendimiento para la puesta en marcha del marco de cooperación técnica de la OIT: Programa de Trabajo Decente para la República de Panamá 2015-2019, entre cuyas prioridades figura la de crear mayores oportunidades para las mujeres, los hombres, los y las jóvenes a efecto de que dispongan de empleos decentes, así como el fortalecer el tripartismo y el diálogo social. La Comisión pide al Gobierno que presente informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para fomentar el pleno empleo. También le pide que continúe proporcionando informaciones estadísticas actualizadas sobre la situación, el nivel y las tendencias del mercado del trabajo, en especial respecto de la elaboración de una política activa de empleo. La Comisión también pide al Gobierno que informe sobre las consultas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre las materias cubiertas por el Convenio. Sírvase también indicar de qué manera los representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — han participado en la formulación de políticas y programas de empleo. En este sentido el Gobierno puede considerar útil consultar la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Ampliación del Canal de Panamá y creación de empleo. La Comisión se remite a la observación que formuló sobre la aplicación del Convenio y toma nota de que en el período de cinco años (de 2007 a 2012) se generaron 27 000 empleos directos como consecuencia de la ejecución de los diversos proyectos de ampliación del Canal. El Gobierno considera que tal número de puestos tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que los trabajadores han tenido la oportunidad de obtener certificaciones y de consumir más, dando dinamismo al comercio y mejorando la calidad de vida del trabajador. El Gobierno también indica que la Autoridad del Canal de Panamá y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) han colaborado estrechamente en el desarrollo de iniciativas de formación de personal técnico adecuado para suplir las necesidades de mano de obra del proyecto de ampliación del Canal y de otros proyectos de infraestructura en ejecución en el país. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo en su memoria informaciones sobre la creación de empleo directo e indirecto resultante de la ejecución de la ampliación del Canal, de la línea 1 del metro de Panamá y de otras inversiones en infraestructura.

Comercio Internacional y su impacto en el mercado de trabajo. En relación con los comentarios formulados en 2011, el Gobierno indica en su memoria que el país ha celebrado tratados de libre comercio con el objetivo de impulsar el crecimiento y el empleo a través de las oportunidades que éstos generan. Como consecuencia de estos acuerdos, la inversión extranjera directa se incrementó en un 19 por ciento y se establecieron casi 70 empresas multinacionales. Asimismo, se evidencia que los sectores económicos más dinámicos en la generación de empleo coinciden con los que tienen mayor inserción internacional. La Comisión solicita al Gobierno que agregue en su próxima memoria información sobre el efecto de la política comercial en la evolución de la inversión productiva y que incluya ejemplos de la manera en que la política comercial contribuye a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido en el país.

Promoción del empleo y categorías vulnerables de trabajadores. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno en relación con los proyectos y programas llevados a cabo por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), el INADEH y el Ministerio de Desarrollo Social, dirigidos a aumentar la empleabilidad de los sectores vulnerables y a satisfacer las necesidades de las personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Entre ellos se destacan: el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), que brinda a los buscadores de empleo la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades teóricos y prácticos dentro de la empresa adecuados para acceder al mercado laboral; el Proyecto para el Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad; el Programa Red de Oportunidades, que busca que las familias en situación de pobreza extrema quiebren el ciclo de la pobreza, a través de transferencias monetarias condicionadas, provisión de servicios básicos de salud y educación, acompañamiento familiar para fomentar la inclusión social y desarrollo de capacidades para promover la generación de ingresos; y el Programa Redes Territoriales que apunta a detectar y potenciar las organizaciones comunitarias existentes y sus recursos, articular la inversión social a nivel local y promover la planificación de proyectos colectivos de forma participativa. La Comisión se remite al comentario que formula sobre el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y espera que el Gobierno agregue en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 122 información detallada sobre los planes y medidas adoptados para promover la inclusión social y la empleabilidad de los sectores vulnerables de la sociedad, así como los resultados de su aplicación.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que según datos estadísticos aportados por el Gobierno, entre 2011 y mayo de 2012 fueron registrados en el Departamento de Mano de Obra 6 236 jóvenes de entre 18 y 29 años, de los cuales 1 362 encontraron empleo. La Comisión toma nota también de que, a partir de 2012, el Programa «Mi Primera Oportunidad» está siendo ejecutado por la Autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. El Gobierno indica que el citado Programa busca incorporar a los grupos en riesgo social y vulnerabilidad al sector productivo, a través de una visión sistemática de mejora de las competencias del recurso humano y de la gestión empresarial bajo la óptica de empleo por cuenta propia o autoempleo. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados gracias a la ejecución del Programa Mi Primera Oportunidad y a otras medidas adoptadas con el fin de satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno indica que el INADEH y el MITRADEL se coordinan para definir estrategias de capacitación y formación para el trabajo de acuerdo con las necesidades de los sectores económicos del país. En particular, el INADEH, a través de sus centros de formación nacional, aulas móviles y granjas didácticas, imparte cursos de formación dirigidos a mejorar el nivel socioeconómico de las comunidades rurales. Ambas instituciones suscribieron en septiembre de 2010 un convenio de cooperación y asistencia recíproca que apunta a establecer un marco para llevar a cabo programas dirigidos a la población buscadora de empleo. Se acordaron ocho modalidades de cooperación, entre las que se destacan el desarrollo conjunto de proyectos y acciones de capacitación técnica a nivel nacional, el intercambio de información relativa a la demanda del mercado laboral para focalizar las capacitaciones y la coordinación de esfuerzos para que los egresados del INADEH se registren en el Servicio Público del Empleo. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria agregue información sobre los resultados de la aplicación del Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca entre el INADEH y el MITRADEL, así como sobre toda otra acción dirigida a reforzar la coherencia entre las políticas de educación y formación y la política del empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con los objetivos de la política social y económica. La Comisión toma nota de la memoria recibida en diciembre de 2012 que contiene información detallada en respuesta a los comentarios anteriores. El Gobierno ilustra el impacto del Plan estratégico nacional 2010-2014 en la evolución del país, cuya economía creció de manera regular entre 2010 y el primer semestre de 2012. La Comisión observa asimismo un notorio incremento de las inversiones. El Gobierno estima que este crecimiento se debió en gran parte al amplio financiamiento bancario y a la disciplina fiscal así como a los megaproyectos de infraestructura en marcha, como la ampliación del Canal y la línea 1 del metro. El Gobierno también indica que, en línea con el alto crecimiento mostrado, el empleo experimentó un significativo aumento, lográndose en dos años, en 2010 y 2011, 82 416 puestos de trabajo adicionales. Según la Encuesta de Hogares 2011, la tasa de participación aumentó respecto a 2010, para alcanzar un 61,8 por ciento, siendo la tasa de participación femenina de 45,6 por ciento y la masculina de 79,2. La tasa de desocupación pasó de 6,5 por ciento en 2010 a 4,5 por ciento en 2011 y llegó a 4,6 en marzo de 2012. La Comisión toma nota con interés que el desempleo abierto disminuyó de 4,7 por ciento en 2010 a 2,9 en 2011, aproximándose al pleno empleo. Según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012, cerca de 1 553 187 personas estaban ocupadas en el primer trimestre de 2012. El Gobierno estima que las perspectivas del mercado laboral son favorables para una disminución del desempleo en los años 2012 y 2013 debido a las nuevas inversiones extranjeras y nacionales, así como a proyectos públicos y privados que se desarrollarán en el país en los próximos años. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria continúe agregando información detallada sobre las políticas ejecutadas y medidas adoptadas para el logro de los objetivos del Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que siga incluyendo en su próxima memoria datos estadísticos sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la decisión de reactivar la Comisión Nacional Tripartita de Trabajo Decente en Panamá. El Gobierno informa también que, con el apoyo de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, en el primer semestre del año 2012, el Ministerio de Trabajo (MITRADEL) se reunió con los interlocutores sociales para acordar un borrador del Programa de Trabajo Decente para el período 2012 a 2015 y que se espera firmar el Memorándum de Entendimiento Tripartito para la puesta en marcha del Programa. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones que permitan apreciar las actividades de la Comisión Nacional Tripartita de Trabajo Decente y la participación de los interlocutores sociales en la elaboración e implementación de las políticas del empleo.

La Comisión plantea otros puntos incluyendo cuestiones relativas al impacto en el mercado de trabajo de las obras de infraestructura y de los acuerdos de libre comercio; las medidas tomadas para promover el empleo juvenil y favorecer la inserción laboral de las categorías vulnerables de trabajadores y la coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo, en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2011, redactada como sigue:

La Comisión toma nota de la información detallada y la documentación completa proporcionada por el Gobierno, en octubre de 2010, en respuesta a los comentarios formulados en 2009.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con los objetivos de la política social y económica. La Comisión toma nota del Plan Estratégico Nacional para el período 2010-2014 aprobado en diciembre de 2009, que contiene un programa de crecimiento económico y desarrollo social, acompañado de una programación financiera y un plan de inversiones públicas. El Plan se concentra en cuatro sectores de alta prioridad: los servicios logísticos de alto valor agregado, el turismo, la agricultura de alto margen y los servicios financieros no tradicionales. Se contempla una importante inversión en proyectos de infraestructura pública tales como la construcción del metro en ciudad de Panamá y el inicio de proyectos privados para la generación de energía eléctrica. Hasta mayo de 2010, la economía había crecido un 5,5 por ciento impulsada por un aumento de la inversión en infraestructura pública y el dinamismo de sectores tales como la construcción, el comercio y el transporte, el almacenamiento y las telecomunicaciones. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria agregue informaciones detalladas sobre el impacto que el Plan Estratégico 2010-2014 está teniendo para que se alcancen los objetivos del Convenio.

Tendencias del mercado de trabajo. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2010, la tasa de participación alcanzó un 63,5 por ciento hasta octubre de 2010, la tasa de ocupación un 59,4 por ciento y la tasa de desempleo fue del 6,5 por ciento. La Comisión observa que el desempleo femenino se redujo al 8,5 por ciento y el desempleo masculino se incrementó ligeramente, alcanzando un 5,3 por ciento. Entre los sectores que crearon puestos de trabajo netos en 2009, se destaca la construcción impulsada por los proyectos hoteleros y turísticos y diversas obras de infraestructura pública. Estos proyectos ayudaron a mitigar los efectos de la crisis financiera en el empleo. El Gobierno preveía la creación de 500 000 nuevos empleos para el 2010 y la creación de otros 500 000 posteriormente, por lo que a finales de 2020 la ocupación podría alcanzar el pleno empleo. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo en su próxima memoria información estadística sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo.

Ampliación del Canal de Panamá y creación de empleo. El Gobierno considera que el Proyecto de Ampliación del Canal generará tanto empleos técnicos y artesanales como puestos profesionales relacionados con la planificación, coordinación y ejecución de las diferentes fases de la obra. Se prevé que, con los trabajos de ampliación, se creen empleos indirectos en áreas como logística, mensajería, compras y suministros, servicios financieros, trámites aduaneros, seguridad, vivienda, transporte y alimentación. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ha iniciado programas de formación en áreas tales como tecnologías de la información y comunicación, gestión empresarial, inglés, gastronomía, hotelería y turismo. La Comisión toma nota de que, hasta marzo de 2010, se habían creado 6 274 puestos de trabajo derivados del Proyecto de Ampliación del Canal. El Gobierno prevé un impacto mayor en la generación de empleo a mediano y largo plazo debido al crecimiento económico inducido por los ingresos adicionales generados por el canal ampliado y por las actividades económicas generadas por un mayor tránsito de carga y buques por el canal. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre los resultados en cuanto a la creación de empleo directo e indirecto que está teniendo el Proyecto de Ampliación del Canal y otras inversiones en infraestructura.

Comercio internacional y su impacto en el mercado de trabajo. En relación con el impacto de los tratados de libre comercio sobre la mejora del mercado de trabajo, el Gobierno informa que la firma de los tratados de libre comercio influye favorablemente en la normativa jurídica y en la cooperación internacional en relación con intercambios de información y apoyo para la capitación de recursos humanos. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria datos más específicos sobre el impacto de la política comercial sobre las demandas de empleo.

Promoción del empleo y categorías vulnerables de trabajadores. El Gobierno indica que el 14 por ciento de la población vive en situación de pobreza extrema y que las autoridades han diseñado un Plan Estratégico en el Área Social con el objeto de reducir la pobreza, la exclusión social y crear oportunidades para todos, especialmente en la formación y la inclusión social. El Plan está enfocado a proveer una educación de calidad y dar una capacitación laboral que mejore las competencias de los trabajadores en los sectores prioritarios para el desarrollo. La Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre las medidas adoptadas para satisfacer las necesidades de las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y promover el desarrollo de oportunidades generadoras de ingresos.

Empleo juvenil. El Gobierno declara en su memoria que el desempleo juvenil es un problema alarmante, especialmente en el sector público. La tasa de desempleo juvenil se encontraba en un 15,2 por ciento en 2009. El Gobierno indica que se está realizando un diagnóstico para conocer la situación ocupacional de las dificultades que padecen los jóvenes para su inserción al mercado de trabajo. El Programa «Mi primer empleo», creado en julio del 2009, prevé ofrecer capacitación a más de 20 000 jóvenes de entre 18 y 29 años que presentan carencias para competir en el mercado laboral, incluso en las áreas más vulnerables del país. A finales del 2010 se habían incorporado al mercado laboral 2 213 jóvenes que estaban en situación de desempleo y sin experiencia laboral. La Dirección General de Empleo implementa el Programa de Ayuda a la Inserción Laboral (PAIL), que ofrece becas para la adaptación ocupacional en empresas de hasta tres meses. Desde julio del 2009 se firmaron acuerdos con 104 empresas a nivel nacional, lo que permitió ocupar a 860 personas. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya datos sobre el impacto de las medidas ejecutadas para mejorar la empleabilidad juvenil y apoyar y promover la iniciativa empresarial entre los jóvenes.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno indica que el 6 por ciento del PIB se invierte en educación. El Gobierno reconoce que los resultados educativos, a pesar de los avances cuantitativos en acceso y el promedio de escolaridad (el 94 por ciento de la población ha completado la educación primaria) aún no son satisfactorios, particularmente en lo que se refiere a calidad e igualdad de oportunidades. En este sentido, la Comisión toma nota de que se incrementó considerablemente el número de matrículas en el INADEH. El INADEH ofreció 991 cursos durante el período de enero a mayo de 2010. El número total de matrículas ascendió a 21 217 estudiantes de los cuales 6 576 obtuvieron su certificado de egreso. Además, la colaboración con otras instituciones a nivel nacional dio como resultado la creación de nuevas carreras y programas universitarios en áreas críticas para la ejecución del Proyecto de Ampliación del Canal. El número de universidades e institutos de formación aumentó. La Comisión toma nota de que el Plan Estratégico en el Área Social propone crear mecanismos de coordinación entre el INADEH y el MITRADEL y fortalecerlos institucionalmente para articular un sistema de identificación de demanda de servicios de formación profesional y empleo. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la manera en que el INADEH y el MITRADEL se coordinan para que las políticas de educación y formación resulten coherentes con la política del empleo.

Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno continúa examinando la posibilidad de reactivar la Comisión Tripartita de Trabajo Decente. La Comisión recuerda el papel esencial del diálogo social en la política de empleo y en la promoción del trabajo decente. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria agregue informaciones detalladas sobre los avances realizados para reactivar la Comisión Tripartita de Trabajo Decente y reitera su interés en examinar información concreta sobre cómo los interlocutores sociales participan en el proceso de diseñar, formular, implementar y revisar las políticas del empleo, tal como requiere el artículo 3 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

La Comisión toma nota de la información detallada y la documentación completa proporcionada por el Gobierno, en octubre de 2010, en respuesta a los comentarios formulados en 2009.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con los objetivos de la política social y económica. La Comisión toma nota del Plan Estratégico Nacional para el período 2010-2014 aprobado en diciembre de 2009, que contiene un programa de crecimiento económico y desarrollo social, acompañado de una programación financiera y un plan de inversiones públicas. El Plan se concentra en cuatro sectores de alta prioridad: los servicios logísticos de alto valor agregado, el turismo, la agricultura de alto margen y los servicios financieros no tradicionales. Se contempla una importante inversión en proyectos de infraestructura pública tales como la construcción del metro en ciudad de Panamá y el inicio de proyectos privados para la generación de energía eléctrica. Hasta mayo de 2010, la economía había crecido un 5,5 por ciento impulsada por un aumento de la inversión en infraestructura pública y el dinamismo de sectores tales como la construcción, el comercio y el transporte, el almacenamiento y las telecomunicaciones. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria agregue informaciones detalladas sobre el impacto que el Plan Estratégico 2010-2014 está teniendo para que se alcancen los objetivos del Convenio.

Tendencias del mercado de trabajo. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2010, la tasa de participación alcanzó un 63,5 por ciento hasta octubre de 2010, la tasa de ocupación un 59,4 por ciento y la tasa de desempleo fue del 6,5 por ciento. La Comisión observa que el desempleo femenino se redujo al 8,5 por ciento y el desempleo masculino se incrementó ligeramente, alcanzando un 5,3 por ciento. Entre los sectores que crearon puestos de trabajo netos en 2009, se destaca la construcción impulsada por los proyectos hoteleros y turísticos y diversas obras de infraestructura pública. Estos proyectos ayudaron a mitigar los efectos de la crisis financiera en el empleo. El Gobierno preveía la creación de 500.000 nuevos empleos para el 2010 y la creación de otros 500.000 posteriormente, por lo que a finales de 2020 la ocupación podría alcanzar el pleno empleo. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo en su próxima memoria información estadística sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo.

Ampliación del Canal de Panamá y creación de empleo. El Gobierno considera que el Proyecto de Ampliación del Canal generará tanto empleos técnicos y artesanales como puestos profesionales relacionados con la planificación, coordinación y ejecución de las diferentes fases de la obra. Se prevé que, con los trabajos de ampliación, se creen empleos indirectos en áreas como logística, mensajería, compras y suministros, servicios financieros, trámites aduaneros, seguridad, vivienda, transporte y alimentación. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ha iniciado programas de formación en áreas tales como tecnologías de la información y comunicación, gestión empresarial, inglés, gastronomía, hotelería y turismo. La Comisión toma nota de que, hasta marzo de 2010, se habían creado 6.274 puestos de trabajo derivados del Proyecto de Ampliación del Canal. El Gobierno prevé un impacto mayor en la generación de empleo a mediano y largo plazo debido al crecimiento económico inducido por los ingresos adicionales generados por el canal ampliado y por las actividades económicas generadas por un mayor tránsito de carga y buques por el canal. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre los resultados en cuanto a la creación de empleo directo e indirecto que está teniendo el Proyecto de Ampliación del Canal y otras inversiones en infraestructura.

Comercio internacional y su impacto en el mercado de trabajo. En relación con el impacto de los tratados de libre comercio sobre la mejora del mercado de trabajo, el Gobierno informa que la firma de los tratados de libre comercio influyen favorablemente en la normativa jurídica y en la cooperación internacional en relación con intercambios de información y apoyo para la capitación de recursos humanos. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria datos más específicos sobre el impacto de la política comercial sobre las demandas de empleo.

Promoción del empleo y categorías vulnerables de trabajadores. El Gobierno indica que el 14 por ciento de la población vive en situación de pobreza extrema y que las autoridades han diseñado un Plan Estratégico en el Área Social con el objeto de reducir la pobreza, la exclusión social y crear oportunidades para todos, especialmente en la formación y la inclusión social. El Plan está enfocado a proveer una educación de calidad y dar una capacitación laboral que mejore las competencias de los trabajadores en los sectores prioritarios para el desarrollo. La Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre las medidas adoptadas para satisfacer las necesidades de las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y promover el desarrollo de oportunidades generadoras de ingresos.

Empleo juvenil. El Gobierno declara en su memoria que el desempleo juvenil es un problema alarmante, especialmente en el sector público. La tasa de desempleo juvenil se encontraba en un 15,2 por ciento en 2009. El Gobierno indica que se está realizando un diagnóstico para conocer la situación ocupacional de las dificultades que padecen los jóvenes para su inserción al mercado de trabajo. El Programa «Mi primer empleo», creado en julio del 2009, prevé ofrecer capacitación a más de 20.000 jóvenes de entre 18 y 29 años que presentan carencias para competir en el mercado laboral, incluso en las áreas más vulnerables del país. A finales del 2010 se habían incorporado al mercado laboral 2.213 jóvenes que estaban en situación de desempleo y sin experiencia laboral. La Dirección General de Empleo implementa el Programa de Ayuda a la Inserción Laboral (PAIL), que ofrece becas para la adaptación ocupacional en empresas de hasta tres meses. Desde julio del 2009 se firmaron acuerdos con 104 empresas a nivel nacional, lo que permitió ocupar a 860 personas. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya datos sobre el impacto de las medidas ejecutadas para mejorar la empleabilidad juvenil y apoyar y promover la iniciativa empresarial entre los jóvenes.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno indica que el 6 por ciento del PIB se invierte en educación. El Gobierno reconoce que los resultados educativos, a pesar de los avances cuantitativos en acceso y el promedio de escolaridad (el 94 por ciento de la población ha completado la educación primaria) aún no son satisfactorios, particularmente en lo que se refiere a calidad e igualdad de oportunidades. En este sentido, la Comisión toma nota de que se incrementó considerablemente el número de matrículas en el INADEH. El INADEH ofreció 991 cursos durante el período de enero a mayo de 2010. El número total de matrículas ascendió a 21.217 estudiantes de los cuales 6.576 obtuvieron su certificado de egreso. Además, la colaboración con otras instituciones a nivel nacional dio como resultado la creación de nuevas carreras y programas universitarios en áreas críticas para la ejecución del Proyecto de Ampliación del Canal. El número de universidades e institutos de formación aumentó. La Comisión toma nota de que el Plan Estratégico en el Área Social propone crear mecanismos de coordinación entre el INADEH y el MITRADEL y fortalecerlos institucionalmente para articular un sistema de identificación de demanda de servicios de formación profesional y empleo. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la manera en que el INADEH y el MITRADEL se coordinan para que las políticas de educación y formación resulten coherentes con la política del empleo.

Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno continúa examinando la posibilidad de reactivar la Comisión Tripartita de Trabajo Decente. La Comisión recuerda el papel esencial del diálogo social en la política de empleo y en la promoción del trabajo decente. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria agregue informaciones detalladas sobre los avances realizados para reactivar la Comisión Tripartita de Trabajo Decente y reitera su interés en examinar información concreta sobre cómo los interlocutores sociales participan en el proceso de diseñar, formular, implementar y revisar las políticas del empleo, tal como requiere el artículo 3 del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de la memoria y anexos recibidos en junio de 2009 en respuesta a los comentarios anteriores y la memoria complementaria recibida en noviembre de 2009. La Comisión aprecia la visión completa de las políticas de empleo adoptadas por el Gobierno que ofrecen las informaciones comunicadas.

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con los objetivos de la política social y económica. El Gobierno informa de los avances logrados entre 2004 y 2008 en la implementación de los cinco pilares de la Visión Estratégica de Crecimiento Económico y de Empleo. Dichos avances conllevaron a un crecimiento sostenido de la economía (11,5 por ciento en 2007) y la creación de casi 150.000 nuevos empleos, lo cual se tradujo en una reducción del desempleo total de 50 puntos porcentuales, ubicando a Panamá entre los países con mayor reducción de la tasa de desempleo en 2008. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2008, esta reducción fue más fuerte en lo relativo al desempleo femenino. Además, se registraron resultados positivos en la generación de ahorro corriente y el déficit fiscal de la Caja de Seguro Social se convirtió en un superávit, lo cual permitió incrementar las inversiones sociales y en infraestructura. Dichas inversiones beneficiaron a los grupos poblacionales vulnerables y permitieron la disminución de los indicadores de pobreza. El Gobierno indica haber iniciado un Programa Quinquenal 2009-2014, basado en ejes de desarrollo que incluyen reducir la pobreza y el desempleo. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya los documentos de política adoptados que aseguren que se sigue estimulando el crecimiento y el desarrollo económico mediante una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo.

2. La Comisión toma nota de las medidas de capacitación adoptadas en el marco de las obras para la ampliación del Canal de Panamá, ejecutadas por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La Comisión invita al Gobierno a agregar en su memoria informaciones sobre el empleo generado por las obras de ampliación del Canal y el impacto alcanzado por las medidas de formación auspiciadas por el INADEH y la ACP.

3. Comercio internacional y su impacto en el mercado de trabajo. El Gobierno informa sobre el papel preponderante de los tratados comerciales en la estrategia de desarrollo adoptada por Panamá. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas arancelarias y los regímenes de inversión establecidos por los tratados comerciales. El Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán ha conducido a la creación de 450 nuevos puestos de trabajo y contribuido al entrenamiento de estudiantes y la transferencia de tecnología. El Gobierno ofrece además una descripción detallada del Acuerdo de Cooperación Laboral firmado entre Panamá y Chile, y del capítulo laboral del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que incluye un mecanismo de cooperación laboral y desarrollo de capacidades. La Comisión invita al Gobierno a ampliar en su próxima memoria la información proporcionada sobre el impacto de los tratados de libre comercio sobre la mejora del mercado de trabajo, así como la manera en que la ejecución de sus capítulos laborales, contribuyen a la formación profesional y técnica de la fuerza laboral panameña.

4. Promoción del empleo y grupos vulnerables. La Comisión toma nota de las acciones transversales e interministeriales orientadas a promover el empleo para los jóvenes en el marco del Plan de Empleo Juvenil y del programa «Mi primer empleo». El Gobierno proporciona además resultados detallados de las medidas de integración de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, a través de acciones de sensibilización, orientación, capacitación e inserción laboral emprendidas por el MITRADEL. La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre los resultados alcanzados en materia de inserción laboral para los grupos vulnerables por los programas ejecutados por MITRADEL. Sírvase también precisar si representantes de dichos grupos han sido consultados para el diseño y la aplicación de las medidas ejecutadas.

5. Política de formación y promoción del pleno empleo. En respuesta a sus comentarios, la Comisión toma nota de la información proporcionada sobre los resultados del Plan Nacional de Capacitación 2007, mediante el que se ofrecieron 9.286 cursos en los sectores agropecuario, industrial y comercial y de servicios, en los cuales participaron 188.789 trabajadores, mayoritariamente mujeres. Asimismo, durante el 2008 se efectuaron actividades de seguimiento a egresados en áreas de formación prioritarias. La Comisión invita al Gobierno a que siga ofreciendo información sobre las medidas ejecutadas por el INADEH y la manera en que las políticas de educación y formación son coordinadas con la política del empleo.

6. En respuesta a los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las actividades del Observatorio del Mercado Laboral (OML) con la finalidad de identificar las necesidades de capacitación en el país, así como de las alianzas estratégicas del Observatorio con otras entidades gubernamentales panameñas para constituir una red de información sobre las perspectivas del mercado laboral del país. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre la manera en que los datos recopilados sobre el mercado del trabajo han contribuido para revisar las medidas que se han adoptado en materia de política del empleo. Sírvase también indicar la manera en que, «como parte de una política económica y social coordinada», los interlocutores sociales también participan en el proceso de revisar las medidas de política del empleo.

7. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la suscripción del Acta de Acuerdo Tripartito de Adopción del Programa de Trabajo Decente de Panamá, así como la creación de la Comisión Nacional Tripartita del Programa de Trabajo Decente de Panamá y la elaboración de un proyecto de actualización de la Ley Orgánica del MITRADEL. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya información sobre los avances del Programa de Trabajo Decente en lo concerniente a las políticas de empleo. La Comisión reitera su interés por informaciones sobre la inclusión de representantes de las categorías más vulnerables (como quienes trabajan en el sector rural y en la economía informal) en las consultas sobre políticas de empleo que requiere el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior, que estaba redactada del modo siguiente:

1. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas y de los anexos muy ilustrativos comunicados por el Gobierno en respuesta a los comentarios formulados en la solicitud directa de 2005.

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con los objetivos de la política social y económica. La Comisión toma nota con interés de los avances en la política económica y social que se han logrado en los últimos dos años, incluyendo las reformas tributarias que han fortalecido las finanzas públicas, las reformas sustantivas a la seguridad social, y en definitiva el crecimiento económico con una apreciable reducción del desempleo abierto. El presupuesto del Estado reorienta recursos en inversiones que deben tener un efecto de crecimiento a largo plazo e impulsar la economía a corto plazo con mayor generación de empleo. En 2006, por tercer año consecutivo, la economía experimentó un crecimiento considerable y los niveles de desempleo han disminuido hallándose en una tasa de 8,6 por ciento en agosto de 2006. A pesar de estos avances, según los datos de la Contraloría General de la República de Panamá, para agosto de 2006, el subempleo visible alcanzaba el 4,9 por ciento y el subempleo invisible un 16,0 por ciento. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2006, América Latina y el Caribe, el desempleo femenino sigue encontrándose en unos niveles sustancialmente más altos que el masculino, 15 por ciento de mujeres frente al 10 por ciento masculino. El desempleo juvenil también sigue siendo preocupante ya que afecta a 26,3 por ciento de los jóvenes. La Comisión se felicita de que el crecimiento económico se haya traducido en mejores resultados concretos en el mercado de trabajo y que los objetivos de trabajo decente que se expresan en la memoria del Gobierno constituyan metas importantes de la política gubernamental. La Comisión alienta al Gobierno a que, en su próxima memoria, continúe presentando informaciones sobre la manera en que se han tomado en cuenta los objetivos del pleno empleo al formular la política económica y social y precise los resultados que se hayan alcanzado para la creación de empleo productivo.

3. En este sentido, la Comisión toma nota con interés de las informaciones proporcionadas acerca de las previsiones de generación de empleo directo e indirecto de las obras que se emprendan para la ampliación del Canal de Panamá. El Gobierno espera que dichas obras tengan un impacto a mediano y largo plazo proveniente del crecimiento económico inducido por los ingresos adicionales generados por el Canal ampliado y por las actividades económicas generadas por el mayor tránsito de carga y buques. Las nuevas oportunidades de empleo reducirán el desempleo existente y absorberán parte de la población no activa o subocupada brindando oportunidades de participación a las mujeres y mayores oportunidades de primer empleo. La Comisión pide al Gobierno información acerca de los avances del programa de trabajo decente específico para la ampliación del Canal de Panamá — el cual se fundamenta, según se indica en la memoria del Gobierno, sobre la base de la productividad, eficiencia, el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el acceso a la seguridad social y a satisfactorias condiciones de seguridad y de salud en el trabajo.

4. En respuesta a los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones suministradas sobre los acuerdos comerciales bilaterales suscritos con distintos países por Panamá en distintas actividades: diversificación en la exportación de productos, operaciones financieras, e inversiones en astilleros, en el sector marítimo y aeronáutico. La Comisión pide al Gobierno que continúe incluyendo en su memoria informaciones sobre la manera en que los acuerdos comerciales han contribuido a mejorar la situación en el mercado de trabajo. Sírvase también indicar la manera en que dichos acuerdos han promovido asistencia en áreas de formación profesional y técnica que puedan representar beneficios para la fuerza laboral panameña.

5. Promoción del empleo y grupos vulnerables. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas sobre las acciones concretas de la Dirección General de Empleo en materia de integración de personas con discapacidad. En relación con los proyectos de capacitación, la Comisión toma nota de que el Presupuesto General asigna directamente recursos para fortalecer programas para grupos vulnerables. Unidades móviles ofrecen formación a poblaciones ubicadas en áreas urbano-marginales, en áreas rurales de difícil acceso y en regiones con una gran densidad de población indígena. La Comisión desea seguir recibiendo información acerca de las políticas integrales de desarrollo regional para garantizar una distribución equilibrada de la actividad económica de todo el país, la generación de empleo productivo en las zonas rurales y las medidas tomadas para satisfacer las necesidades de aquellas categorías de personas que tengan frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero. En particular, la Comisión pide que se incluya en la próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados mediante el Plan Nacional de Empleo Juvenil para incorporar jóvenes al mercado de trabajo en condiciones decentes y desarrollar sus capacidades empresariales.

6. Política de formación y promoción del pleno empleo. La Comisión toma nota de que uno de los pilares de la visión estratégica y de acción del Gobierno lo constituye el desarrollo del capital humano. Se enumeran en la memoria los proyectos de capacitación ejecutados por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), así como el Programa de Apoyo para el Desarrollo de un Sistema Panameño de Capacitación y Empleo del MITRADEL. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando acerca de los programas de capacitación que se estén poniendo en marcha para garantizar que las habilidades y capacidades de la fuerza laboral se ajustan a las necesidades del mercado de trabajo. Sírvase, en particular, comunicar informaciones sobre los resultados del Plan Nacional de Capacitación para 2007 y sus proyecciones futuras.

7. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que se ha convocado al diálogo social para buscar un acuerdo de concertación nacional destinado a actualizar los objetivos y metas nacionales incorporando los recursos provenientes del Canal de Panamá y elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones sobre los avances del diálogo social que tengan incidencia en las medidas previstas para promover el empleo productivo. En relación con el Observatorio Laboral, cuyo objetivo es obtener datos con indicadores económicos y sociales actualizados para conocer las características, evolución y tendencias del mercado laboral, la Comisión solicita seguir recibiendo información acerca de cómo el Gobierno junto con los interlocutores sociales se sirven de las informaciones disponibles para establecer programas y políticas de empleo y reestructurar el sistema educativo y de formación profesional. La Comisión también solicita que el Gobierno agregue información sobre la inclusión en las consultas relacionadas con la política de empleo a representantes de las categorías más vulnerables cuando formula y busca el apoyo de los interlocutores sociales para ejecutar los programas y medidas que requiere el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas y de los anexos muy ilustrativos comunicados por el Gobierno en respuesta a los comentarios formulados en la solicitud directa de 2005.

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con los objetivos de la política social y económica. La Comisión toma nota con interés de los avances en la política económica y social que se han logrado en los últimos dos años, incluyendo las reformas tributarias que han fortalecido las finanzas públicas, las reformas sustantivas a la seguridad social, y en definitiva el crecimiento económico con una apreciable reducción del desempleo abierto. El presupuesto del Estado reorienta recursos en inversiones que deben tener un efecto de crecimiento a largo plazo e impulsar la economía a corto plazo con mayor generación de empleo. En 2006, por tercer año consecutivo, la economía experimentó un crecimiento considerable y los niveles de desempleo han disminuido hallándose en una tasa de 8,6 por ciento en agosto de 2006. A pesar de estos avances, según los datos de la Contraloría General de la República de Panamá, para agosto de 2006, el subempleo visible alcanzaba el 4,9 por ciento y el subempleo invisible un 16,0 por ciento. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2006, América Latina y el Caribe, el desempleo femenino sigue encontrándose en unos niveles sustancialmente más altos que el masculino, 15 por ciento de mujeres frente al 10 por ciento masculino. El desempleo juvenil también sigue siendo preocupante ya que afecta a 26,3 por ciento de los jóvenes. La Comisión se felicita de que el crecimiento económico se haya traducido en mejores resultados concretos en el mercado de trabajo y que los objetivos de trabajo decente que se expresan en la memoria del Gobierno constituyan metas importantes de la política gubernamental. La Comisión alienta al Gobierno a que, en su próxima memoria, continúe presentando informaciones sobre la manera en que se han tomado en cuenta los objetivos del pleno empleo al formular la política económica y social y precise los resultados que se hayan alcanzado para la creación de empleo productivo.

3. En este sentido, la Comisión toma nota con interés de las informaciones proporcionadas acerca de las previsiones de generación de empleo directo e indirecto de las obras que se emprendan para la ampliación del Canal de Panamá. El Gobierno espera que dichas obras tengan un impacto a mediano y largo plazo proveniente del crecimiento económico inducido por los ingresos adicionales generados por el Canal ampliado y por las actividades económicas generadas por el mayor tránsito de carga y buques. Las nuevas oportunidades de empleo reducirán el desempleo existente y absorberán parte de la población no activa o subocupada brindando oportunidades de participación a las mujeres y mayores oportunidades de primer empleo. La Comisión pide al Gobierno información acerca de los avances del programa de trabajo decente específico para la ampliación del Canal de Panamá — el cual se fundamenta, según se indica en la memoria del Gobierno, sobre la base de la productividad, eficiencia, el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el acceso a la seguridad social y a satisfactorias condiciones de seguridad y de salud en el trabajo.

4. En respuesta a los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones suministradas sobre los acuerdos comerciales bilaterales suscritos con distintos países por Panamá en distintas actividades: diversificación en la exportación de productos, operaciones financieras, e inversiones en astilleros, en el sector marítimo y aeronáutico. La Comisión pide al Gobierno que continúe incluyendo en su memoria informaciones sobre la manera en que los acuerdos comerciales han contribuido a mejorar la situación en el mercado de trabajo. Sírvase también indicar la manera en que dichos acuerdos han promovido asistencia en áreas de formación profesional y técnica que puedan representar beneficios para la fuerza laboral panameña.

5. Promoción del empleo y grupos vulnerables. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas sobre las acciones concretas de la Dirección General de Empleo en materia de integración de personas con discapacidad. En relación con los proyectos de capacitación, la Comisión toma nota de que el Presupuesto General asigna directamente recursos para fortalecer programas para grupos vulnerables. Unidades móviles ofrecen formación a poblaciones ubicadas en áreas urbano-marginales, en áreas rurales de difícil acceso y en regiones con una gran densidad de población indígena. La Comisión desea seguir recibiendo información acerca de las políticas integrales de desarrollo regional para garantizar una distribución equilibrada de la actividad económica de todo el país, la generación de empleo productivo en las zonas rurales y las medidas tomadas para satisfacer las necesidades de aquellas categorías de personas que tengan frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero. En particular, la Comisión pide que se incluya en la próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados mediante el Plan Nacional de Empleo Juvenil para incorporar jóvenes al mercado de trabajo en condiciones decentes y desarrollar sus capacidades empresariales.

6. Política de formación y promoción del pleno empleo. La Comisión toma nota de que uno de los pilares de la visión estratégica y de acción del Gobierno lo constituye el desarrollo del capital humano. Se enumeran en la memoria los proyectos de capacitación ejecutados por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), así como el Programa de Apoyo para el Desarrollo de un Sistema Panameño de Capacitación y Empleo del MITRADEL. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando acerca de los programas de capacitación que se estén poniendo en marcha para garantizar que las habilidades y capacidades de la fuerza laboral se ajustan a las necesidades del mercado de trabajo. Sírvase, en particular, comunicar informaciones sobre los resultados del Plan Nacional de Capacitación para 2007 y sus proyecciones futuras.

7. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que se ha convocado al diálogo social para buscar un acuerdo de concertación nacional destinado a actualizar los objetivos y metas nacionales incorporando los recursos provenientes del Canal de Panamá y elaborar un Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones sobre los avances del diálogo social que tengan incidencia en las medidas previstas para promover el empleo productivo. En relación con el Observatorio Laboral, cuyo objetivo es obtener datos con indicadores económicos y sociales actualizados para conocer las características, evolución y tendencias del mercado laboral, la Comisión solicita seguir recibiendo información acerca de cómo el Gobierno junto con los interlocutores sociales se sirven de las informaciones disponibles para establecer programas y políticas de empleo y reestructurar el sistema educativo y de formación profesional. La Comisión también solicita que el Gobierno agregue información sobre la inclusión en las consultas relacionadas con la política de empleo a representantes de las categorías más vulnerables cuando formula y busca el apoyo de los interlocutores sociales para ejecutar los programas y medidas que requiere el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 2005, que estaba redactada como del modo siguiente:

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en octubre de 2004. En su solicitud directa de 2003, la Comisión había observado que la tasa de desempleo había alcanzado el 13,7 por ciento en 2001: en 2003, la tasa de desocupación se redujo al 12,7 por ciento (13,5 por ciento en el 2002), gracias a un aumento de la tasa de ocupación en tanto que la población económicamente activa se había mantenido invariable como porcentaje de la población en edad de trabajar. El desempleo disminuyó con más rapidez en las áreas urbanas que en las rurales. El nuevo Gobierno que asumió sus funciones el 1.º de septiembre de 2004 tiene entre sus objetivos lograr un crecimiento económico sostenido para reducir el elevado desempleo, consolidar las finazas públicas y modernizar el Estado, fomentar la competencia y el desarrollo del sector privado y modernizar la infraestructura básica. La Comisión se felicita que la nueva administración se haya propuesto aprovechar la cooperación técnica de la OIT y actualizar las propuestas del ejercicio de revisión de políticas de empleo. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique los resultados en términos de creación de empleo que se hayan podido alcanzar al haberse organizado e integrado de manera coherente los programas y servicios de empleo y capacitación que brinda el Ministerio del Trabajo con otros programas públicos como los del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) y otros programas del sector no gubernamental (Fundación del Trabajo, Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educativa). La Comisión reitera su interés por conocer las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como sobre la manera en que los acuerdos comerciales que se han negociado han podido influir en el mercado laboral (artículo 1 del Convenio).

2. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas sobre los programas ejecutados por la Dirección General de Empleo y la Gerencia de Capacitación Laboral. El Gobierno ha ofrecido informaciones detalladas sobre las actividades realizadas en el Programa de Autogestión Empresarial. La Comisión reitera la importancia que acuerda a que se incluya en la memoria informaciones sobre los resultados de los programas ejecutados para la creación de empleo productivo y de calidad. La Comisión agradecería precisiones sobre la manera en que las categorías de personas más vulnerables — mujeres jefes de familia, jóvenes que ingresan al mercado de trabajo, trabajadores de edad avanzada, trabajadores que se encuentran en la economía informal, población campesina e indígena — han podido beneficiarse de dichos programas. Al respecto, la Comisión agradecería que incluya también en su memoria informaciones sobre los efectos en el empleo de las medidas tomadas para fomentar el desarrollo económico y se precise la manera en que se asegura que las medidas principales de política de empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social, como lo requiere el artículo 2 del Convenio.

3. La Comisión ha tomado nota con interés de los avances logrados por el proyecto piloto de apoyo al desarrollo de competencias laborales en Panamá y espera que el Gobierno seguirá incluyendo en su memoria informaciones sobre los programas y proyectos realizados por la Dirección General de Empleo y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) para asegurar la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con la política del empleo, indispensable para que cada trabajador tenga todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en dicho empleo la formación y facultades que posea.

4. Artículo 3. La Comisión agradecería al Gobierno incluir en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre las consultas celebradas en el marco de la Fundación del Trabajo y de las iniciativas emprendidas con los interlocutores sociales para contribuir a la elaboración y ejecución de la política del empleo. El Gobierno podría considerar la manera de también incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables que se mencionan en el párrafo 2 de esta solicitud directa cuando formula y busca el apoyo para ejecutar los programas y medidas de política de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en octubre de 2004. En su solicitud directa de 2003, la Comisión había observado que la tasa de desempleo había alcanzado el 13,7 por ciento en 2001: en 2003, la tasa de desocupación se redujo al 12,7 por ciento (13,5 por ciento en el 2002), gracias a un aumento de la tasa de ocupación en tanto que la población económicamente activa se había mantenido invariable como porcentaje de la población en edad de trabajar. El desempleo disminuyó con más rapidez en las áreas urbanas que en las rurales. El nuevo Gobierno que asumió sus funciones el 1.º de septiembre de 2004 tiene entre sus objetivos lograr un crecimiento económico sostenido para reducir el elevado desempleo, consolidar las finazas públicas y modernizar el Estado, fomentar la competencia y el desarrollo del sector privado y modernizar la infraestructura básica. La Comisión se felicita que la nueva administración se haya propuesto aprovechar la cooperación técnica de la OIT y actualizar las propuestas del ejercicio de revisión de políticas de empleo. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique los resultados en términos de creación de empleo que se hayan podido alcanzar al haberse organizado e integrado de manera coherente los programas y servicios de empleo y capacitación que brinda el Ministerio del Trabajo con otros programas públicos como los del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) y otros programas del sector no gubernamental (Fundación del Trabajo, Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educativa). La Comisión reitera su interés por conocer las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como sobre la manera en que los acuerdos comerciales que se han negociado han podido influir en el mercado laboral (artículo 1 del Convenio).

2. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas sobre los programas ejecutados por la Dirección General de Empleo y la Gerencia de Capacitación Laboral. El Gobierno ha ofrecido informaciones detalladas sobre las actividades realizadas en el Programa de Autogestión Empresarial. La Comisión reitera la importancia que acuerda a que se incluya en la memoria informaciones sobre los resultados de los programas ejecutados para la creación de empleo productivo y de calidad. La Comisión agradecería precisiones sobre la manera en que las categorías de personas más vulnerables - mujeres jefes de familia, jóvenes que ingresan al mercado de trabajo, trabajadores de edad avanzada, trabajadores que se encuentran en la economía informal, población campesina e indígena - han podido beneficiarse de dichos programas. Al respecto, la Comisión agradecería que incluya también en su memoria informaciones sobre los efectos en el empleo de las medidas tomadas para fomentar el desarrollo económico y se precise la manera en que se asegura que las medidas principales de política de empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social, como lo requiere el artículo 2 del Convenio.

3. La Comisión ha tomado nota con interés de los avances logrados por el proyecto piloto de apoyo al desarrollo de competencias laborales en Panamá y espera que el Gobierno seguirá incluyendo en su memoria informaciones sobre los programas y proyectos realizados por la Dirección General de Empleo y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) para asegurar la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con la política del empleo, indispensable para que cada trabajador tenga todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en dicho empleo la formación y facultades que posea.

4. Artículo 3. La Comisión agradecería al Gobierno incluir en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre las consultas celebradas en el marco de la Fundación del Trabajo y de las iniciativas emprendidas con los interlocutores sociales para contribuir a la elaboración y ejecución de la política del empleo. El Gobierno podría considerar la manera de también incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables que se mencionan en el párrafo 2 de esta solicitud directa cuando formula y busca el apoyo para ejecutar los programas y medidas de política de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 2003, que estaba redactada del modo siguiente:

1. La Comisión toma nota con interés de las informaciones detalladas y completas que ha brindado el Gobierno en relación con la solicitud directa de 2001, así como de la documentación que acertadamente enriquece nuevamente la memoria. El Gobierno mantiene una política y estrategia de desarrollo social para promover un desarrollo humano sostenible y lograr una reducción sistemática y duradera de la pobreza, la integración de los grupos excluidos del desarrollo y una distribución más equitativa de la riqueza. En 2001, el mercado laboral tuvo un comportamiento poco dinámico (la tasa de desempleo alcanzó el 13,7 por ciento) siendo los sectores generadores de empleo (comercio, industria bananera, construcción) los sectores más afectados. Se evocan en la memoria las propuestas de iniciar macroproyectos que podrían ser generadores de empleo (un tercer juego de reclusas del Canal, por ejemplo) o provocar un incremento de exportaciones, como la negociación de tratados de libre comercio. La Comisión solicita que el Gobierno siga informando sobre los resultados en materia de creación de empleo que se han podido alcanzar según las orientaciones establecidas para el período 2000-2004 de la política y estrategia de desarrollo social. Sírvase también informar sobre las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como sobre la manera en que los acuerdos comerciales han podido influir en el mercado laboral (artículo 1 del Convenio).

2. El Gobierno indica que el Diálogo Nacional para la Reactivación Económica, iniciado en octubre de 2001, facilitó la adopción de la ley núm. 20, de 7 de mayo de 2002, por la cual se han dictado medidas de reactivación económica y responsabilidad fiscal. La Comisión agradecería que se siga informando sobre los efectos en el empleo de las medidas tomadas para fomentar el desarrollo económico. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que precise la manera en que se asegura que las medidas principales de política de empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social, como lo requiere el artículo 2 del Convenio.

3. La Comisión toma igualmente nota con interés que las recomendaciones del ejercicio de análisis y revisión de políticas de empleo (ARPE) han sido debatidas en las mesas de diálogo relacionadas con la Caja de Seguro Social, la reactivación económica y la educación. Además, se ha buscado actualizar y modernizar al servicio público de empleo con el apoyo de los proyectos de la OIT (Modernización de las Administraciones de los Ministerios de Trabajo de Centroamérica - MATAC, y del Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina - SIAL) La Comisión agradecería al Gobierno que continúe informando sobre la asistencia técnica de la OIT en relación con la elaboración y ejecución de políticas y medidas para la promoción de empleo.

4. En este sentido, la Comisión confía también en que el Gobierno seguirá incluyendo en su memoria informaciones sobre los programas y proyectos realizados por la Dirección General de Empleo y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) - procurando indicar los resultados de dichos programas para la creación de empleo productivo y de calidad. La Comisión agradecería precisiones sobre la manera en que las categorías de personas más vulnerables - mujeres jefes de familia, jóvenes que ingresan al mercado de trabajo, trabajadores de edad avanzada, trabajadores que se encuentran en la economía informal, población campesina e indígena - han podido beneficiar de dichos programas.

5. Artículo 3. La Comisión ha tomado nota con interés de las consultas bipartitas realizadas en el marco de la Fundación del Trabajo y de las iniciativas emprendidas para contribuir a la elaboración y ejecución de la política del empleo. El Gobierno podría considerar la manera de también incluir en consultas relacionadas con la política de empleo a representantes de las categorías más vulnerables antes mencionadas cuando formula y busca el apoyo para ejecutar los programas y medidas que requiere el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

1. La Comisión toma nota con interés de las informaciones detalladas y completas que ha brindado el Gobierno en relación con la solicitud directa de 2001, así como de la documentación que acertadamente enriquece nuevamente la memoria. El Gobierno mantiene una política y estrategia de desarrollo social para promover un desarrollo humano sostenible y lograr una reducción sistemática y duradera de la pobreza, la integración de los grupos excluidos del desarrollo y una distribución más equitativa de la riqueza. En 2001, el mercado laboral tuvo un comportamiento poco dinámico (la tasa de desempleo alcanzó el 13,7 por ciento) siendo los sectores generadores de empleo (comercio, industria bananera, construcción) los sectores más afectados. Se evocan en la memoria las propuestas de iniciar macroproyectos que podrían ser generadores de empleo (un tercer juego de reclusas del Canal, por ejemplo) o provocar un incremento de exportaciones, como la negociación de tratados de libre comercio. La Comisión solicita que el Gobierno siga informando sobre los resultados en materia de creación de empleo que se han podido alcanzar según las orientaciones establecidas para el período 2000-2004 de la política y estrategia de desarrollo social. Sírvase también informar sobre las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como sobre la manera en que los acuerdos comerciales han podido influir en el mercado laboral (artículo 1 del Convenio).

2. El Gobierno indica que el Diálogo Nacional para la Reactivación Económica, iniciado en octubre de 2001, facilitó la adopción de la ley núm. 20, de 7 de mayo de 2002, por la cual se han dictado medidas de reactivación económica y responsabilidad fiscal. La Comisión agradecería que se siga informando sobre los efectos en el empleo de las medidas tomadas para fomentar el desarrollo económico. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que precise la manera en que se asegura que las medidas principales de política de empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social, como lo requiere el artículo 2 del Convenio.

3. La Comisión toma igualmente nota con interés que las recomendaciones del ejercicio de análisis y revisión de políticas de empleo (ARPE) han sido debatidas en las mesas de diálogo relacionadas con la Caja de Seguro Social, la reactivación económica y la educación. Además, se ha buscado actualizar y modernizar al servicio público de empleo con el apoyo de los proyectos de la OIT (Modernización de las Administraciones de los Ministerios de Trabajo de Centroamérica - MATAC, y del Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina - SIAL) La Comisión agradecería al Gobierno que continúe informando sobre la asistencia técnica de la OIT en relación con la elaboración y ejecución de políticas y medidas para la promoción de empleo.

4. En este sentido, la Comisión confía también en que el Gobierno seguirá incluyendo en su memoria informaciones sobre los programas y proyectos realizados por la Dirección General de Empleo y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) - procurando indicar los resultados de dichos programas para la creación de empleo productivo y de calidad. La Comisión agradecería precisiones sobre la manera en que las categorías de personas más vulnerables - mujeres jefes de familia, jóvenes que ingresan al mercado de trabajo, trabajadores de edad avanzada, trabajadores que se encuentran en la economía informal, población campesina e indígena - han podido beneficiar de dichos programas.

5. Artículo 3. La Comisión ha tomado nota con interés de las consultas bipartitas realizadas en el marco de la Fundación del Trabajo y de las iniciativas emprendidas para contribuir a la elaboración y ejecución de la política del empleo. El Gobierno podría considerar la manera de también incluir en consultas relacionadas con la política de empleo a representantes de las categorías más vulnerables antes mencionadas cuando formula y busca el apoyo para ejecutar los programas y medidas que requiere el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. En relación con la solicitud directa de 1998, el Gobierno ha presentado una memoria detallada y completa para el período que termina el 15 de octubre de 2000. La Comisión toma nota con interés de las indicaciones incluidas en la memoria, así como de la documentación pertinente y oportuna que se ha agregado. En particular, la Comisión toma nota del documento del Gobierno Nacional «Política y estrategia de desarrollo social 2000-2004», en el que se indica que el primer lineamiento estratégico para corregir las causas estructurales y coyunturales de la pobreza en Panamá consiste en la generación masiva de empleo productivo que permita a las familias panameñas tener un ingreso estable y adecuado. De acuerdo con las estadísticas transmitidas por el Gobierno, la tasa de desempleo se redujo del 13,5 al 11,6 por ciento entre agosto de 1998 y de 1999, pero volvió a aumentar al 13,3 por ciento en agosto de 2000. La Comisión agradecería al Gobierno que precise en su próxima memoria si se han presentado dificultades particulares para ir alcanzando los objetivos del empleo previstos en la Política y estrategia de desarrollo social 2000-2004 y en el Plan de desarrollo económico, social y financiero con inversión de capital humano (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. El Gobierno indica en su memoria que se ha consolidado en Panamá un esquema dual de desarrollo en el que los buenos promedios nacionales ocultan grandes disparidades de bienestar y de acceso a las oportunidades. La Comisión advierte que la pobreza urbana representa 23 por ciento del total de la población pobre (230.000 personas), la pobreza rural no indígena representa 58 por ciento (590.000 personas), la pobreza indígena representa un 19 por ciento (197.000 personas). En este sentido, la Comisión se felicita de que, en octubre de 2000, la OIT haya iniciado un ejercicio de análisis y revisión de políticas de empleo (ARPE), cuyo propósito es de asistir a Panamá en una evaluación sustantiva de los alcances y efectividad de las políticas económicas y sociales y su impacto sobre el mercado del trabajo. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno estará en condiciones de indicar la acción emprendida como consecuencia de las recomendaciones y propuestas del ARPE para el fomento del empleo digno, el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad y el alivio de la pobreza.

3. Sírvase, además, incluir indicaciones sobre las medidas adoptadas para tener en cuenta las dificultades que ciertas categorías de trabajadores pueden tener para encontrar empleo duradero (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores precarios y del sector informal, indígenas).

4. La Comisión ha tomado nota de los distintos programas y proyectos auspiciados por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo (Proyecto Feria del empleo, Programa de autogestión empresarial, Programa de crédito a la microempresa, Bolsa electrónica de intermediación laboral) y agradecería al Gobierno que se sirva también incluir una evaluación sobre el empleo duradero generado como consecuencia de la ejecución de dichos programas.

5. En relación con los programas y proyectos de la Gerencia de Capacitación Laboral destinados a capacitar desempleados, la Comisión también agradecería al Gobierno que se sirva indicar los resultados alcanzados, en términos de inserción profesional de los beneficiarios, por los distintos proyectos mencionados en la memoria. En particular, la Comisión ha tomado nota con interés del documento del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) «Medidas y acciones desarrolladas en el marco del Convenio sobre política del empleo. Período 1997-2000» y agradecería al Gobierno que se sigan agregando documentos similares. Sírvase aclarar la coordinación que se ha previsto entre las actividades del INAFORP y las del Sistema Panameño de Capacitación y Empleo. La Comisión se permite sugerir nuevamente la consideración del Convenio núm. 142 sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975, que contiene disposiciones y orientaciones adecuadas para la formulación y aplicación de medidas de política del empleo de manera de que cada trabajador pueda adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en el empleo la formación y las facultades que posea.

6. La Comisión toma nota de que en 1999 se han aprobado tres zonas promotoras de exportación habiéndose previsto 352 empleos directos y 40 empleos indirectos. La Comisión se permite reiterar su solicitud de que se incluyan indicaciones sobre las condiciones de creación de empleo productivo y duradero en las zonas multisectoriales de exportación.

7. Artículo 3. La Comisión toma nota del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Fundación del Trabajo, suscripto el 14 de septiembre de 2000, tendiente a promover un plan estratégico y a fortalecer e impulsar el desarrollo de trabajadores y de empleadores. La Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno estará en condiciones de dar ejemplos sobre la manera en que se ha consultado a los representantes de los empleadores y de los trabajadores y se ha logrado su apoyo para llevar a cabo las políticas y estrategias evocadas en esta solicitud directa y en particular en el marco del ARPE. Sírvase hacer también referencia a las consultas realizadas con representantes de otros sectores de la población económica activa tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno correspondiente al período comprendido entre marzo de 1995 y febrero de 1998. El Gobierno indica que no ha formulado una política explícita de empleo de conformidad con la concepción amplia que sugieren los artículos 1 y 2 del Convenio. Al describir la estrategia del Gobierno en relación con la política social, se menciona el fortalecimiento de los elementos de mercado para permitir un crecimiento sostenido y de amplia base; el desarrollo de acciones que propicien la eficiencia del gasto social para garantizar la calidad de los servicios sociales del Estado; la focalización geográfica y programática de los gastos sociales del presupuesto corriente y de inversiones hacia los grupos más necesitados; y el fortalecimiento de la coordinación de las políticas sociales y la concertación de acciones entre el Gobierno y la sociedad civil (Resolución del Gabinete núm. 222, de 19 de septiembre de 1997, Desarrollo social con eficiencia económica). La Comisión agradecería al Gobierno que en sus próximas memorias, continúe comunicando los documentos que hayan servido para formular una política del empleo. La política del empleo, según el Convenio, requiere que se persiga como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. Para lograr estos objetivos, las medidas de política del empleo deben ser parte integrante de una política económica y social coordinada, de manera que se consideren los efectos sobre el empleo de las otras medidas que se hayan tomado para alcanzar el desarrollo económico (artículos 1 y 2). En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, también indique si las medidas principales de política del empleo -- por ejemplo, las medidas previstas para favorecer el empleo en el marco del programa de políticas públicas, de la política de inversiones, de la política fiscal -- han sido objeto de algún tipo de revisión regular y coordinada con las otras medidas de política económica y social.

2. La Comisión toma nota de que, según los resultados preliminares de la encuesta de hogares transmitidos por el Gobierno en su memoria, el porcentaje de desocupación de agosto de 1997 fue de 13,2 por ciento habiendo experimentado una reducción gradual (14,3 por ciento en agosto de 1996). El Gobierno declara que en la medida en que las reformas económicas sigan surtiendo efectos favorables, la economía adquirirá mayor dinamismo y la expansión del empleo seguirá impactando positivamente en la reducción del desempleo abierto. En este contexto, la Comisión no puede sino confiar en que se tendrán en cuenta las dificultades que ciertas categorías de trabajadores pueden tener para encontrar empleo duradero (por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de edad, los desempleados durante un largo período, los trabajadores migrantes y los trabajadores afectados por reestructuraciones). Sírvase dar información, en su próxima memoria, sobre la situación del mercado del trabajo para las categorías mencionadas. Asimismo, sírvase continuar enviando informaciones sobre los resultados alcanzados por los proyectos en curso o previstos que propicia el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social.

3. La Comisión toma nota del decreto ley núm. 4, de 1997, por el cual se regula el sistema de formación profesional dual destinado a llevar a cabo acciones de formación profesional hacia ocupaciones que resulten prioritarias o necesarias para el desarrollo nacional. Toma también nota con interés de las acciones formativas realizadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) y de los esfuerzos para coordinar las políticas de enseñanza y formación con la prospección de las oportunidades de empleo. Sírvase indicar, en sus próximas memorias, si se han presentado dificultades para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia decenal de modernización de la educación panameña (1997-2006). Sírvase también indicar los resultados alcanzados, en términos de inserción profesional de los beneficiarios, por los proyectos Sistema de capacitación y empleo basado en requerimientos de mercado; Sistema de entrenamiento y empleo orientado a la demanda; Programa de capacitación laboral (ejecutados en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo); y Escuela de Empresas (realizado por el Ministerio de Trabajo con la asistencia de la Junta de Andalucía). La Comisión se permite nuevamente sugerir la consideración del Convenio núm. 142 y de la Recomendación núm. 150 sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975, que contienen disposiciones y orientaciones adecuadas para la formulación y aplicación de medidas de política del empleo de manera de que cada trabajador pueda adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en el empleo la formación y las facultades que posea (véase también el Estudio general presentado por la Comisión en 1991).

4. La Comisión ha tomado nota de las perspectivas de empleo que ofrece el desarrollo de zonas multisectoriales de exportación. Recordando la preocupación que le merece la aplicación de los convenios en las empresas y en las zonas francas de exportación, la Comisión confía en que el Gobierno podrá recurrir, si lo considera oportuno, a la experiencia recogida en el terreno por los servicios competentes de la Oficina sobre esta cuestión y que su próxima memoria seguirá incluyendo indicaciones sobre las condiciones de creación de empleo productivo y duradero en las zonas multisectoriales de exportación.

5. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que la consulta y diálogo con los sectores productivos del país constituye el principal instrumento para garantizar que sean tomados en cuenta los efectos en el empleo que eventualmente puedan tener dichas medidas. Se ha incluido una documentación sobre las actividades de la Fundación del Trabajo, entre las que se menciona -- en un marco bipartito -- la creación de una bolsa electrónica de trabajo y la organización y puesta en marcha de programas de formación profesional y técnico. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe proporcionando indicaciones sobre las consultas que, sobre política del empleo, se realizan con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Sírvase hacer referencia a las consultas que realice el Gobierno con representantes de otros sectores de la población económica activa tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado y agregar indicaciones sobre otros avances que eventualmente se hayan producido en relación con las consultas que requiere el artículo 3.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

La Comisión lamenta tomar nota de que no ha sido recibida la correspondiente memoria. La Comisión espera que una memoria será enviada para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contendrá informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que estaba así redactada:

1. La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno, en respuesta a los comentarios que formulara en 1994, correspondiente al período comprendido entre julio de 1992 y marzo de 1995.

2. El Gobierno confirma -- a la luz de los datos estadísticos recopilados y comunicados -- que el desempleo panameño corresponde a factores estructurales más que a coyunturas críticas. Reconoce también que el sector empresarial le ha dado prioridad a recomponer los márgenes de ganancia, mejorar la productividad y utilizar la capacidad instalada para incrementar los niveles de ocupación. En 1994, el nivel de desempleo alcanzaba al 13,8 por ciento y era algo inferior a la tasa media de desempleo de la década de los noventa (que se sitúa en 14,2 por ciento). En este sentido, la Comisión toma debida nota de que al formular la nueva política económica y social se ha reconocido el creciente problema de la pobreza y del rol que juega el empleo en su superación. El Gobierno considera que la mayor generación de empleo deberá provenir del sector privado especialmente en actividades de alta productividad y desarrollo tecnológico tal como se desprende del documento "Políticas públicas para el desarrollo integral: desarrollo social con eficiencia económica" (septiembre de 1994), transmitido por el Gobierno con su memoria. La Comisión ruega al Gobierno que continúe brindar los documentos que hayan formulado una política del empleo -- de conformidad con la concepción amplia de política del empleo que requieren los artículos 1 y 2 del Convenio, precisando si se han presentado dificultades particulares para desarrollar las orientaciones propuestas. Agradecería al Gobierno tener a bien indicar si las medidas principales de política del empleo han sido objeto de algún tipo de revisión regular y coordinada con las otras medidas de política económica y social.

3. El Gobierno enumera las medidas para el desarrollo global y sectorial (entre las que menciona a la promoción de inversiones que se acojan al régimen de las zonas procesadoras para la exportación) y las acciones orientadas hacia grupos en situación de mayor vulnerabilidad. La Comisión toma nota con interés del apoyo brindado por la OIT para la puesta en marcha de un programa para lograr la reinserción laboral de los discapacitados, del Programa Padrino Empresario (en favor de los jóvenes y menores en circunstancias difíciles), en pro de la capacitación de las mujeres para lograr una mejor inserción ocupacional, y de los proyectos dirigidos a la formación de microempresas en las comunidades. La Comisión ruega al Gobierno continuar enviando informaciones sobre los resultados alcanzados por los proyectos en curso o previstos e indicar, en particular, las acciones emprendidas como consecuencia de ello.

4. La Comisión tomó nota con interés de que se ha ratificado el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y espera que el Gobierno tendrá a bien comunicar en su primera memoria sobre la aplicación del mencionado Convenio indicaciones sobre las medidas destinadas a satisfacer las necesidades de los trabajadores inválidos.

5. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas sobre las actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), el cual estará encargado de estructurar un plan orientado a políticas y estrategias de mediano plazo dirigidas a la integración con la comunidad. Asimismo, toma nota de las indicaciones transmitidas sobre los resultados alcanzados por el programa de becas de capacitación. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre la manera en que se ha llevado a cabo el plan previsto, y los resultados alcanzados para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional -- tal como lo evoca también el documento mencionado de septiembre de 1994 -- con la prospección de las oportunidades de empleo. La Comisión se permite nuevamente sugerir la consideración de los instrumentos de 1975 sobre el desarrollo de los recursos humanos, los cuales contienen disposiciones y orientaciones adecuadas para la formulación y aplicación de medidas de política del empleo para que cada trabajador pueda adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en el empleo la formación y las facultades que posea (véase también el Estudio general presentado por la Comisión en 1991).

6. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno informa que la "concertación laboral" que se lleva a cabo ya no es exclusivamente laboral, sino que ante los graves problemas sociales y económicos internos que enfrenta el país con grandes retos externos, derivados de las transformaciones y el reordenamiento de la economía mundial, el nuevo Gobierno ha ampliado a nivel nacional, la concertación, así como también el número de interlocutores que participan en la misma. La Comisión toma nota de lo anterior, y se felicita de que en el Pacto de compromisos para el desarrollo, de 6 de diciembre de 1994, cuya copia se agregó a la memoria del Gobierno, se hayan acordado medidas específicas destinadas, entre otros objetivos importantes, a promover el empleo y estructurar un nuevo sistema educativo que prepare para los retos de la globalización y el desarrollo sostenible, establecer un fondo para la modernización y la transformación agropecuaria e industrial, y respaldar efectivamente el programa de capacitación-empleo. La Comisión observa con interés la decisión de ampliar, tal como lo declara el Gobierno en su memoria, los alcances de la concertación, incluyendo temas relacionados con la política económica y social del país, lo cual resulta particularmente acorde con lo requerido por el artículo 3 del Convenio. La concertación sociolaboral, como en este caso, puede también abarcar campos que permitan la incorporación de representantes de empleadores y de trabajadores a la comisión asesora del Ministerio de Comercio e Industrias para la adhesión de Panamá al GATT y la participación de representantes de la fundación del trabajo en el proceso de negociación de la deuda externa panameña. Por su parte, el sector empresarial y el sector sindical se dicen, en el Pacto de compromisos para el desarrollo, de acuerdo de participar con el Gobierno en programas destinados a captar nuevas inversiones con la finalidad de crear fuentes de empleo productivo. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien hacer llegar con su próxima memoria informaciones detalladas sobre los avances alcanzados en el marco del Pacto de compromisos para el desarrollo, y de instituciones tales como la fundación del trabajo, que le permitan seguir apreciando la manera en que se llevan a cabo las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio.

7. En relación con un punto que la Comisión plantea desde hace varios años sobre el impacto, respecto del empleo productivo y libremente elegido, de las medidas adoptadas para favorecer la creación de zonas multisectoriales para la exportación, el Gobierno declara que tales efectos no han podido verse aún en la magnitud que se espera pues las zonas están en fase de organización. El Gobierno agrega que el efecto será más palpable con la flexibilización del Código de Trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que se refiera sobre este último particular a sus comentarios anteriores sobre la aplicación de la legislación laboral y de los convenios ratificados en las zonas francas de exportación. Confía en que podrá recurrir, si lo considera oportuno, a la experiencia recogida por la Oficina sobre este asunto, y que su próxima memoria incluirá indicaciones sobre las condiciones de creación de empleo, en las zonas multisectoriales para la exportación.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

La Comisión toma nota de que no ha sido recibida la correspondiente memoria. La Comisión espera que una memoria será enviada para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contendrá informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que estaba así redactada:

1. La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno, en respuesta a los comentarios que formulara en 1994, correspondiente al período comprendido entre julio de 1992 y marzo de 1995.

2. El Gobierno confirma - a la luz de los datos estadísticos recopilados y comunicados - que el desempleo panameño corresponde a factores estructurales más que a coyunturas críticas. Reconoce también que el sector empresarial le ha dado prioridad a recomponer los márgenes de ganancia, mejorar la productividad y utilizar la capacidad instalada para incrementar los niveles de ocupación. En 1994, el nivel de desempleo alcanzaba al 13,8 por ciento y era algo inferior a la tasa media de desempleo de la década de los noventa (que se sitúa en 14,2 por ciento). En este sentido, la Comisión toma debida nota de que al formular la nueva política económica y social se ha reconocido el creciente problema de la pobreza y del rol que juega el empleo en su superación. El Gobierno considera que la mayor generación de empleo deberá provenir del sector privado especialmente en actividades de alta productividad y desarrollo tecnológico tal como se desprende del documento "Políticas públicas para el desarrollo integral: desarrollo social con eficiencia económica" (septiembre de 1994), transmitido por el Gobierno con su memoria. La Comisión ruega al Gobierno que continúe brindar los documentos que hayan formulado una política del empleo - de conformidad con la concepción amplia de política del empleo que requieren los artículos 1 y 2 del Convenio, precisando si se han presentado dificultades particulares para desarrollar las orientaciones propuestas. Agradecería al Gobierno tener a bien indicar si las medidas principales de política del empleo han sido objeto de algún tipo de revisión regular y coordinada con las otras medidas de política económica y social.

3. El Gobierno enumera las medidas para el desarrollo global y sectorial (entre las que menciona a la promoción de inversiones que se acojan al régimen de las zonas procesadoras para la exportación) y las acciones orientadas hacia grupos en situación de mayor vulnerabilidad. La Comisión toma nota con interés del apoyo brindado por la OIT para la puesta en marcha de un programa para lograr la reinserción laboral de los discapacitados, del Programa Padrino Empresario (en favor de los jóvenes y menores en circunstancias difíciles), en pro de la capacitación de las mujeres para lograr una mejor inserción ocupacional, y de los proyectos dirigidos a la formación de microempresas en las comunidades. La Comisión ruega al Gobierno continuar enviando informaciones sobre los resultados alcanzados por los proyectos en curso o previstos e indicar, en particular, las acciones emprendidas como consecuencia de ello.

4. La Comisión tomó nota con interés de que se ha ratificado el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y espera que el Gobierno tendrá a bien comunicar en su primera memoria sobre la aplicación del mencionado Convenio indicaciones sobre las medidas destinadas a satisfacer las necesidades de los trabajadores inválidos.

5. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas sobre las actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), el cual estará encargado de estructurar un plan orientado a políticas y estrategias de mediano plazo dirigidas a la integración con la comunidad. Asimismo, toma nota de las indicaciones transmitidas sobre los resultados alcanzados por el programa de becas de capacitación. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre la manera en que se ha llevado a cabo el plan previsto, y los resultados alcanzados para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional - tal como lo evoca también el documento mencionado de septiembre de 1994 - con la prospección de las oportunidades de empleo. La Comisión se permite nuevamente sugerir la consideración de los instrumentos de 1975 sobre el desarrollo de los recursos humanos, los cuales contienen disposiciones y orientaciones adecuadas para la formulación y aplicación de medidas de política del empleo para que cada trabajador pueda adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en el empleo la formación y las facultades que posea (véase también el Estudio general presentado por la Comisión en 1991).

6. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno informa que la "concertación laboral" que se lleva a cabo ya no es exclusivamente laboral, sino que ante los graves problemas sociales y económicos internos que enfrenta el país con grandes retos externos, derivados de las transformaciones y el reordenamiento de la economía mundial, el nuevo Gobierno ha ampliado a nivel nacional, la concertación, así como también el número de interlocutores que participan en la misma. La Comisión toma nota de lo anterior, y se felicita de que en el Pacto de compromisos para el desarrollo, de 6 de diciembre de 1994, cuya copia se agregó a la memoria del Gobierno, se hayan acordado medidas específicas destinadas, entre otros objetivos importantes, a promover el empleo y estructurar un nuevo sistema educativo que prepare para los retos de la globalización y el desarrollo sostenible, establecer un fondo para la modernización y la transformación agropecuaria e industrial, y respaldar efectivamente el programa de capacitación-empleo. La Comisión observa con interés la decisión de ampliar, tal como lo declara el Gobierno en su memoria, los alcances de la concertación, incluyendo temas relacionados con la política económica y social del país, lo cual resulta particularmente acorde con lo requerido por el artículo 3 del Convenio. La concertación sociolaboral, como en este caso, puede también abarcar campos que permitan la incorporación de representantes de empleadores y de trabajadores a la comisión asesora del Ministerio de Comercio e Industrias para la adhesión de Panamá al GATT y la participación de representantes de la fundación del trabajo en el proceso de negociación de la deuda externa panameña. Por su parte, el sector empresarial y el sector sindical se dicen, en el Pacto de compromisos para el desarrollo, de acuerdo de participar con el Gobierno en programas destinados a captar nuevas inversiones con la finalidad de crear fuentes de empleo productivo. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien hacer llegar con su próxima memoria informaciones detalladas sobre los avances alcanzados en el marco del Pacto de compromisos para el desarrollo, y de instituciones tales como la fundación del trabajo, que le permitan seguir apreciando la manera en que se llevan a cabo las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio.

7. En relación con un punto que la Comisión plantea desde hace varios años sobre el impacto, respecto del empleo productivo y libremente elegido, de las medidas adoptadas para favorecer la creación de zonas multisectoriales para la exportación, el Gobierno declara que tales efectos no han podido verse aún en la magnitud que se espera pues las zonas están en fase de organización. El Gobierno agrega que el efecto será más palpable con la flexibilización del Código de Trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que se refiera sobre este último particular a sus comentarios anteriores sobre la aplicación de la legislación laboral y de los convenios ratificados en las zonas francas de exportación. Confía en que podrá recurrir, si lo considera oportuno, a la experiencia recogida por la Oficina sobre este asunto, y que su próxima memoria incluirá indicaciones sobre las condiciones de creación de empleo, en las zonas multisectoriales para la exportación.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de que no ha sido recibida la correspondiente memoria. La Comisión espera que una memoria será enviada para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contendrá informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que estaba así redactada:

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finalizó en julio de 1992. Toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno (que están siendo revisadas) según las cuales la tasa de desempleo abierto que se situaba en 1991 en un 16 por ciento tendía a descender en 1992. En relación con los comentarios formulados por la Comisión, el Gobierno transmite informaciones detalladas sobre las acciones y resultados del Fondo de Emergencia Social, inclusive datos estadísticos sobre la creación de empleos, cuya naturaleza precaria es advertida. El Gobierno comunica también un documento del proyecto especial de generación de empleo en obras públicas (de enero de 1993) que tiende a reducir el subempleo rural y el desempleo abierto urbano y lograr limitar el éxodo rural. El Gobierno se encuentra abocado a encontrar un financiamiento para el mencionado proyecto. La Comisión toma debida nota de los programas en curso o proyectados destinados a promover en el corto plazo el empleo de los sectores de la población más vulnerables, rogándole al Gobierno se sirva tener a bien continuar incluyendo en su próxima memoria informaciones detalladas sobre la evolución de estos asuntos. Le estaría reconocida al Gobierno que indique, de conformidad con la concepción más amplia de la política del empleo del Convenio (artículos 1 y 2 del Convenio), la manera en que se ha formulado y llevado a cabo una política activa tendiente a promover el pleno empleo productivo libremente elegido en el marco de una política económica y social coordinada (véase al respecto los puntos del formulario de memoria sobre los artículos mencionados del Convenio).

2. Artículo 3. La Comisión toma nota de que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, desde diciembre de 1990, promovió de manera formal una convocatoria para una "concertación sociolaboral", en la cual se incluiría la discusión del tema de la política del empleo. Si bien se han plenamente incorporado a la discusión representantes de sectores productivos del agro, el Gobierno indica que no se han logrado sumar representantes de trabajadores rurales ni del sector no estructurado. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria incluya más precisiones sobre las consultas que en materia de política de empleo se han llevado a cabo en el marco de la "concertación laboral". La Comisión confía en que el Gobierno continuará desplegando esfuerzos para incluir en las consultas que requiere esta importante disposición del Convenio a los representantes de las personas interesadas del sector rural y del sector no estructurado. La Comisión recuerda que el objetivo de las consultas debe ser el de tener plenamente en cuenta las experiencias y opiniones y, además, de lograr la plena cooperación de los interesados en la labor de formular la política de empleo y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.

3. Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota con interés de que el proyecto PAN/86/010 "Política y programas de empleo", en el que participaron la OIT, el PREALC y el PNUD, se constituyó en uno de los pilares de la política activa de empleo que desarrolló el Gobierno nacional, tal como lo expresa la memoria del Gobierno. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien seguir brindando informaciones detalladas sobre las acciones emprendidas como consecuencia de la asistencia de la OIT y del PREALC en materia de política de empleo.

4. La Comisión ha tomado conocimiento, de informaciones transmitidas por la representación del PREALC para Centroamérica y Panamá, que el Gobierno ha ejecutado en 1992 un programa especial de empleo a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP). En 1993, se ha desarrollado un programa de "becas de capacitación para el trabajo" que tendría como meta capacitar y generar trabajo para 12.000 desempleados en toda la República. La Comisión le agradecería al Gobierno que se sirva incluir en su próxima memoria informaciones al respecto y, de manera más general, sobre las medidas previstas para coordinar las políticas de formación con las perspectivas de empleo. En este sentido, el Gobierno puede considerar los instrumentos de 1975 sobre el desarrollo de los recursos humanos y referirse al Estudio general sobre la materia presentado por la Comisión en 1991.

5. En su solicitud directa de 1992, la Comisión había formulado un punto sobre los efectos en el empleo de las zonas multisectoriales para la exportación. Reitera su interés por recibir, en la próxima memoria, indicaciones relativas al efecto sobre el empleo productivo y libremente elegido de las medidas adoptadas al favorecer la creación de dichas zonas. La Comisión se refiere también a los comentarios que formulan en la parte general de su informe relativos a la aplicación de la legislación del trabajo y de los convenios ratificados en dichas zonas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

1. La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno, en respuesta a los comentarios que formulara en 1994, correspondiente al período comprendido entre julio de 1992 y marzo de 1995.

2. El Gobierno confirma - a la luz de los datos estadísticos recopilados y comunicados - que el desempleo panameño corresponde a factores estructurales más que a coyunturas críticas. Reconoce también que el sector empresarial le ha dado prioridad a recomponer los márgenes de ganancia, mejorar la productividad y utilizar la capacidad instalada para incrementar los niveles de ocupación. En 1994, el nivel de desempleo alcanzaba al 13,8 por ciento y era algo inferior a la tasa media de desempleo de la década de los noventa (que se sitúa en 14,2 por ciento). En este sentido, la Comisión toma debida nota de que al formular la nueva política económica y social se ha reconocido el creciente problema de la pobreza y del rol que juega el empleo en su superación. El Gobierno considera que la mayor generación de empleo deberá provenir del sector privado especialmente en actividades de alta productividad y desarrollo tecnológico tal como se desprende del documento "Políticas públicas para el desarrollo integral: desarrollo social con eficiencia económica" (septiembre de 1994), transmitido por el Gobierno con su memoria. La Comisión ruega al Gobierno que continúe brindar los documentos que hayan formulado una política del empleo - de conformidad con la concepción amplia de política del empleo que requieren los artículos 1 y 2 del Convenio, precisando si se han presentado dificultades particulares para desarrollar las orientaciones propuestas. Agradecería al Gobierno tener a bien indicar si las medidas principales de política del empleo han sido objeto de algún tipo de revisión regular y coordinada con las otras medidas de política económica y social.

3. El Gobierno enumera las medidas para el desarrollo global y sectorial (entre las que menciona a la promoción de inversiones que se acojan al régimen de las zonas procesadoras para la exportación) y las acciones orientadas hacia grupos en situación de mayor vulnerabilidad. La Comisión toma nota con interés del apoyo brindado por la OIT para la puesta en marcha de un programa para lograr la reinserción laboral de los discapacitados, del Programa Padrino Empresario (en favor de los jóvenes y menores en circunstancias difíciles), en pro de la capacitación de las mujeres para lograr una mejor inserción ocupacional, y de los proyectos dirigidos a la formación de microempresas en las comunidades. La Comisión ruega al Gobierno continuar enviando informaciones sobre los resultados alcanzados por los proyectos en curso o previstos e indicar, en particular, las acciones emprendidas como consecuencia de ello.

4. La Comisión tomó nota con interés de que se ha ratificado el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y espera que el Gobierno tendrá a bien comunicar en su primera memoria sobre la aplicación del mencionado Convenio indicaciones sobre las medidas destinadas a satisfacer las necesidades de los trabajadores inválidos.

5. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas sobre las actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), el cual estará encargado de estructurar un plan orientado a políticas y estrategias de mediano plazo dirigidas a la integración con la comunidad. Asimismo, toma nota de las indicaciones transmitidas sobre los resultados alcanzados por el programa de becas de capacitación. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre la manera en que se ha llevado a cabo el plan previsto, y los resultados alcanzados para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional - tal como lo evoca también el documento mencionado de septiembre de 1994 - con la prospección de las oportunidades de empleo. La Comisión se permite nuevamente sugerir la consideración de los instrumentos de 1975 sobre el desarrollo de los recursos humanos, los cuales contienen disposiciones y orientaciones adecuadas para la formulación y aplicación de medidas de política del empleo para que cada trabajador pueda adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en el empleo la formación y las facultades que posea (véase también el Estudio general presentado por la Comisión en 1991).

6. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno informa que la "concertación laboral" que se lleva a cabo ya no es exclusivamente laboral, sino que ante los graves problemas sociales y económicos internos que enfrenta el país con grandes retos externos, derivados de las transformaciones y el reordenamiento de la economía mundial, el nuevo Gobierno ha ampliado a nivel nacional, la concertación, así como también el número de interlocutores que participan en la misma. La Comisión toma nota de lo anterior, y se felicita de que en el Pacto de compromisos para el desarrollo, de 6 de diciembre de 1994, cuya copia se agregó a la memoria del Gobierno, se hayan acordado medidas específicas destinadas, entre otros objetivos importantes, a promover el empleo y estructurar un nuevo sistema educativo que prepare para los retos de la globalización y el desarrollo sostenible, establecer un fondo para la modernización y la transformación agropecuaria e industrial, y respaldar efectivamente el programa de capacitación-empleo. La Comisión observa con interés la decisión de ampliar, tal como lo declara el Gobierno en su memoria, los alcances de la concertación, incluyendo temas relacionados con la política económica y social del país, lo cual resulta particularmente acorde con lo requerido por el artículo 3 del Convenio. La concertación sociolaboral, como en este caso, puede también abarcar campos que permitan la incorporación de representantes de empleadores y de trabajadores a la comisión asesora del Ministerio de Comercio e Industrias para la adhesión de Panamá al GATT y la participación de representantes de la fundación del trabajo en el proceso de negociación de la deuda externa panameña. Por su parte, el sector empresarial y el sector sindical se dicen, en el Pacto de compromisos para el desarrollo, de acuerdo de participar con el Gobierno en programas destinados a captar nuevas inversiones con la finalidad de crear fuentes de empleo productivo. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien hacer llegar con su próxima memoria informaciones detalladas sobre los avances alcanzados en el marco del Pacto de compromisos para el desarrollo, y de instituciones tales como la fundación del trabajo, que le permitan seguir apreciando la manera en que se llevan a cabo las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio.

7. En relación con un punto que la Comisión plantea desde hace varios años sobre el impacto, respecto del empleo productivo y libremente elegido, de las medidas adoptadas para favorecer la creación de zonas multisectoriales para la exportación, el Gobierno declara que tales efectos no han podido verse aún en la magnitud que se espera pues las zonas están en fase de organización. El Gobierno agrega que el efecto será más palpable con la flexibilización del Código de Trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que se refiera sobre este último particular a sus comentarios anteriores sobre la aplicación de la legislación laboral y de los convenios ratificados en las zonas francas de exportación. Confía en que podrá recurrir, si lo considera oportuno, a la experiencia recogida por la Oficina sobre este asunto, y que su próxima memoria incluirá indicaciones sobre las condiciones de creación de empleo, en las zonas multisectoriales para la exportación.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finalizó en julio de 1992. Toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno (que están siendo revisadas) según las cuales la tasa de desempleo abierto que se situaba en 1991 en un 16 por ciento tendía a descender en 1992. En relación con los comentarios formulados por la Comisión, el Gobierno transmite informaciones detalladas sobre las acciones y resultados del Fondo de Emergencia Social, inclusive datos estadísticos sobre la creación de empleos, cuya naturaleza precaria es advertida. El Gobierno comunica también un documento del proyecto especial de generación de empleo en obras públicas (de enero de 1993) que tiende a reducir el subempleo rural y el desempleo abierto urbano y lograr limitar el éxodo rural. El Gobierno se encuentra abocado a encontrar un financiamiento para el mencionado proyecto. La Comisión toma debida nota de los programas en curso o proyectados destinados a promover en el corto plazo el empleo de los sectores de la población más vulnerables, rogándole al Gobierno se sirva tener a bien continuar incluyendo en su próxima memoria informaciones detalladas sobre la evolución de estos asuntos. Le estaría reconocida al Gobierno que indique, de conformidad con la concepción más amplia de la política del empleo del Convenio (artículos 1 y 2 del Convenio), la manera en que se ha formulado y llevado a cabo una política activa tendiente a promover el pleno empleo productivo libremente elegido en el marco de una política económica y social coordinada (véase al respecto los puntos del formulario de memoria sobre los artículos mencionados del Convenio).

2. Artículo 3. La Comisión toma nota de que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, desde diciembre de 1990, promovió de manera formal una convocatoria para una "concertación sociolaboral", en la cual se incluiría la discusión del tema de la política del empleo. Si bien se han plenamente incorporado a la discusión representantes de sectores productivos del agro, el Gobierno indica que no se han logrado sumar representantes de trabajadores rurales ni del sector no estructurado. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria incluya más precisiones sobre las consultas que en materia de política de empleo se han llevado a cabo en el marco de la "concertación laboral". La Comisión confía en que el Gobierno continuará desplegando esfuerzos para incluir en las consultas que requiere esta importante disposición del Convenio a los representantes de las personas interesadas del sector rural y del sector no estructurado. La Comisión recuerda que el objetivo de las consultas debe ser el de tener plenamente en cuenta las experiencias y opiniones y, además, de lograr la plena cooperación de los interesados en la labor de formular la política de empleo y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.

3. Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota con interés de que el proyecto PAN/86/010 "Política y programas de empleo", en el que participaron la OIT, PREALC y PNUD, se constituyó en uno de los pilares de la política activa de empleo que desarrolló el Gobierno Nacional, tal como lo expresa la memoria del Gobierno. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien seguir brindando informaciones detalladas sobre las acciones emprendidas como consecuencia de la asistencia de la OIT y del PREALC en materia de política de empleo.

4. La Comisión ha tomado conocimiento, de informaciones transmitidas por la representación del PREALC para Centroamérica y Panamá, que el Gobierno ha ejecutado en 1992 un programa especial de empleo a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP). En 1993, se ha desarrollado un programa de "becas de capacitación para el trabajo" que tendría como meta capacitar y generar trabajo para 12.000 desempleados en toda la República. La Comisión le agradecería al Gobierno que se sirva incluir en su próxima memoria informaciones al respecto y, de manera más general, sobre las medidas previstas para coordinar las políticas de formación con las perspectivas de empleo. En este sentido, el Gobierno puede considerar los instrumentos de 1975 sobre el desarrollo de los recursos humanos y referirse al Estudio general sobre la materia presentado por la Comisión en 1991.

5. En su solicitud directa de 1992, la Comisión había formulado un punto sobre los efectos en el empleo de las zonas multisectoriales para la exportación. Reitera su interés por recibir, en la próxima memoria, indicaciones relativas al efecto sobre el empleo productivo y libremente elegido de las medidas adoptadas al favorecer la creación de dichas zonas. La Comisión se refiere también a los comentarios que formulan en la parte general de su informe relativos a la aplicación de la legislación del trabajo y de los convenios ratificados en dichas zonas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período comprendido entre octubre de 1989 y junio de 1990. Según indica en su memoria, el Gobierno concede a la variable empleo una alta prioridad, habiendo sido elaborada una Estrategia Nacional de Desarrollo y Modernización Económica y poniéndose en práctica un Fondo de Emergencia Social (FES) destinados a lograr una mayor adecuación entre la oferta y la demanda de mano de obra. La Estrategia Nacional comporta reformas y reglamentaciones a la legislación del trabajo para flexibilizar la mano de obra, la creación de zonas multisectoriales para la exportación, modernización del transporte, la revisión del sistema de tributación y transformaciones en el área educativa. El Gobierno sostiene que los objetivos de empleo y de reactivación económica no son el resultado de una política directa o de acciones directas del Estado sino el resultado de la operación del sistema económico. Sin embargo, para preservar a los sectores vulnerables a los ajustes que produce la nueva estrategia de desarrollo - cuyas medidas deberían dar resultados en el mediano y largo plazo - se estableció un programa de acción social con la finalidad de definir normas y ejecutar acciones que tengan por objeto brindar oportunidades de empleo e ingresos y satisfacer las necesidades básicas de la población. Por su parte, el FES está encargado de realizar los objetivos del programa de acción social, entre los que figuran el de generar empleos (decreto ejecutivo núm. 146, de 20 de mayo de 1990). Se desarrollan también programas de empleo temporal a través de los clubes cívicos para la reparación de calles, escuelas, instalaciones comunitarias, etc. El Gobierno señala que la tasa de desempleo abierto se calculó, en junio de 1990, en 17 por ciento (superior a las tasas elevadas del decenio anterior - 12,3 por ciento, 10,5 por ciento y 11,6 por ciento en 1985, 1986 y 1987, respectivamente - que la Comisión había notado en su observación de 1989).

2. La Comisión espera que el Gobierno continuará con sus esfuerzos para formular y llevar a cabo, "como un objetivo de mayor importancia", una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Confía en que se tomarán en consideración los efectos en el empleo de las medidas adoptadas para fomentar el desarrollo económico o lograr otros objetivos económicos y sociales (artículos 1 y 2 del Convenio). En este sentido, agradecería al Gobierno que continúe enviando como hasta el presente memorias detalladas sobre la aplicación del Convenio, incluyendo, en particular, informaciones sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas en el marco del FES y de los programas de empleo temporal, así como los efectos sobre el empleo productivo y libremente elegido de las medidas adoptadas para favorecer la creación de zonas multisectoriales para la exportación.

3. Artículo 3. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene indicaciones sobre el modo en que los representantes de las personas interesadas son consultados en relación con la política del empleo. Espera que, en su próxima memoria, el Gobierno hará referencia a las consultas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y asimismo a las consultas con representantes de otros sectores de la población económicamente activa, tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado, en relación con las medidas de política del empleo que se disponga ejecutar.

4. Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota con interés del informe y evaluación final del proyecto PAN/86/010, ejecutado - entre 1987 y 1990 - por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, el PNUD y el PREALC en materia de "políticas y programas de empleo". La Comisión espera que el desarrollo regular de las actividades emprendidas en el marco del proyecto contribuirán a desarrollar una política "activa" del empleo. Confía en que se dará curso a las recomendaciones del informe y evaluación final del proyecto, en particular en lo que se refiere al aprovechamiento adecuado de los recursos humanos que intervinieron en el curso del proyecto. La Comisión le agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya indicaciones sobre los factores que han impedido o retrasado las acciones iniciadas en el marco del proyecto PAN/86/010, así como sobre otras acciones emprendidas como consecuencia de la asistencia técnica brindada por la Oficina en el área de la política del empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión toma nota de que no ha sido recibida la correspondiente memoria. La Comisión espera que una memoria será enviada para examinarla en su proxima reunión y que dicha memoria contendrá informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que estaba así redactada:

La Comisión, en relación con comentarios que formulara en 1989, toma nota de las detalladas informaciones comunicadas por el Gobierno. Las últimas informaciones revelan en particular que la situación del empleo se ha deteriorado gravemente y las tasas aumentado, pasando del 11,8 al 16 por ciento para el desempleo en general entre 1987 y 1988 y del 14 por ciento a un 21, aproximadamente, en la región metropolitana. La Comisión también ha tomado nota de la extensión de memoria (memoria suplementaria) que destaca dificultades y desórdenes recientes. La Comisión deberá volver a examinar la situación en detalle cuando reciba oportunamente la memoria para 1990 y difiere la consideración de estos temas hasta su próxima reunión, cuando pueda contar con informaciones hasta el 30 de junio de 1990 y estudiarlas. En particular, la Comisión espera recibir informaciones sobre las repercusiones que ha tenido la implantación de diversos programas y planes de empleo, tales como, por ejemplo, el proyecto "banco de trabajo" y sobre la acción emprendida como consecuencia de la asistencia técnica OIT/PNUD

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

La Comisión, en relación con comentarios que formulara en 1989, toma nota de las detalladas informaciones comunicadas por el Gobierno. Las últimas informaciones revelan en particular que la situación del empleo se ha deteriorado gravemente y las tasas aumentado, pasando del 11,8 al 16 por ciento para el desempleo en general entre 1987 y 1988 y del 14 por ciento a un 21, aproximadamente, en la región metropolitana. La Comisión también ha tomado nota de la extensión de memoria (memoria suplementaria) que destaca dificultades y desórdenes recientes. La Comisión deberá volver a examinar la situación en detalle cuando reciba oportunamente la memoria para 1990 y difiere la consideración de estos temas hasta su próxima reunión, cuando pueda contar con informaciones hasta el 30 de junio de 1990 y estudiarlas. En particular, la Comisión espera recibir informaciones sobre las repercusiones que ha tenido la implantación de diversos programas y planes de empleo, tales como, por ejemplo, el proyecto "banco de trabajo" y los resultados de la asistencia técnica OIT/PNUD.