Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Con miras a ofrecer una visión global de las cuestiones relacionadas con la aplicación de los Convenios ratificados sobre trabajadores migrantes, la Comisión considera apropiado examinar conjuntamente el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143).

Política nacional de migración

Artículo 1 del Convenio núm. 97. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual: 1) «toda la población es beneficiaria de las políticas públicas enmarcadas en el Plan de la Patria, en materia social, económica, cultural, en el que destacan políticas focalizadas desarrolladas por las denominadas Misiones y Grandes Misiones de tercera generación que buscan avanzar en el desarrollo del pueblo venezolano»; 2) entre 1999-2019, el Estado venezolano otorgó la nacionalidad venezolana por naturalización a un total de 482 882 extranjeros, ciudadanos y ciudadanas que constitucionalmente gozan de igualdad absoluta de derechos y deberes propios de venezolanos por nacimiento; y 3) entre enero de 2023 a abril de 2024, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) otorgó en la categoría de Migrante Permanente la condición de Residente a 137 extranjeros. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las políticas y acciones adoptadas por las diferentes entidades gubernamentales en beneficio específico de los trabajadores migrantes, incluyendo el Plan de la Patria, y en particular sobre el impacto concreto en el acceso a derechos, la integración social y laboral, y la regularización de su situación migratoria.

Medidas de apoyo a los trabajadores migrantes

Artículos 2 y 7 del Convenio núm. 97. Servicios y asistencia a trabajadores migrantes. El Gobierno indica que: 1) el SAIME brinda asesoría y asistencia a ciudadanos migrantes en beneficio de su permanencia regular en el país en sus oficinas regionales ubicadas en todo el territorio nacional; 2) el Servicio de Migraciones Laborales, mediante la Conferencia Suramericana de Migraciones y la Red de Trabajo de Integración Socio laboral, comparte en espacios de diálogo y concertación, buenas prácticas y experiencias desarrolladas por las oficinas dedicadas a atender a la población migrante en el ámbito socio laboral; y 3) en el periodo 2018-2023, dicho servicio ha atendido 1 101 consultas sobre migraciones laborales. La Comisión pide al Gobierno que: i) continúe enviando información al respecto, en particular de cualquier cooperación entre el Servicio de Migraciones Laborales, y los servicios correspondientes de los demás Estados Miembros; y ii) provea detalles sobre las consultas más frecuentes recibidas por el Servicio de Migraciones Laborales.

Combate al empleo ilegal de trabajadores migrantes

Artículo 2 del Convenio núm. 143. Migraciones en condiciones abusivas. Determinación sistemática. El Gobierno informa que el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social no ha detectado situaciones de trabajadores sujetos a condiciones abusivas de trabajo, ni trabajadores migrantes en condición irregular para el periodo bajo estudio. La Comisión observa a su vez que: 1) el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares de Naciones Unidas valoró tanto la aprobación del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 20212025 y la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas para el seguimiento, evaluación, cumplimiento y control del mismo, como la creación de la Defensoría Especial para la Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Victimas de la Trata de Personas (CMW/C/VEN/CO/1, 27 de octubre de 2022, párrafo 6); 2) el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) notó que «las mujeres migrantes indocumentadas están expuestas a un elevado riesgo de sufrir explotación sexual y trabajo forzado y a ser captadas por redes de trata de seres humanos» (CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 de mayo de 2023, párrafo 45); y 3) el reporte global de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyó que en 2022, 244 personas (5 de nacionalidad no venezolana) fueron víctimas de trata, de las cuales 169 fueron con fines de explotación sexual, y 55 de trabajo forzoso. La Comisión pide al Gobierno que: i) indique si se han detectado situaciones de trabajadores migrantes y trabajadores indocumentados empleados o sujetos a condiciones abusivas de trabajo y, de ser el caso, precise su número, su nacionalidad y el trabajo que realizan; ii) señale si ha identificado movimientos migratorios con fines de empleo provenientes o en tránsito en su territorio en los cuales los migrantes se vean sometidos, durante el viaje, a su llegada o durante su permanencia y empleo, a condiciones abusivas; y iii) informe acerca del impacto de la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, así como los resultados alcanzados en el marco del Plan Nacional 2021-2025. Asimismo, le pide que explique de qué manera los empleadores y las organizaciones de trabajadores son consultados o facultados para proporcionar información disponible sobre situaciones de migración en condiciones abusivas.

Cooperación internacional e intercambio de información

Artículo 1 del Convenio núm. 97 y artículo 4 del Convenio núm. 143. Acuerdos generales y arreglos especiales. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual en los últimos años se han suscrito diversos acuerdos bilaterales, tanto con países de América Latina como de otras regiones, que tienen por objeto facilitar el ingreso, la permanencia y, en su caso, la salida del personal involucrado en actividades en el marco de acuerdos de cooperación y asistencia técnica. En particular, el Gobierno indica que se han celebrado los instrumentos con China, Colombia, Cuba, el Ecuador, México, Rusia, entre otros. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa sobre su participación en procesos multilaterales, como la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM). La Comisión pide al Gobierno que proporcione, a modo ilustrativo, extractos relevantes de dichos acuerdos, en particular, en lo relativo al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes beneficiarios. Le pide asimismo que informe sobre la cantidad de personas que han emigrado del país o han ingresado en su territorio en el marco de dichos instrumentos de cooperación.

Política nacional para la promoción de la igualdad de oportunidades y de   trato

Artículo 6 del Convenio núm. 97 y artículos 10 y 12, d), del Convenio núm. 143. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual la Constitución Nacional: 1) garantiza a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos (artículo 19); y 2) consagra la igualdad jurídica ante la ley, estableciendo la prohibición de discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social, o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona (artículo 21). Además, el Gobierno informa que: 1) la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de nacionalidad (artículo 18); y 2) la Ley de Extranjería y Migración establece que los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes (artículo 13). No obstante, la Comisión observa que los artículos 27, 28, 29 y 231 de la LOTTT establecen restricciones a la contratación de trabajadores extranjeros que no se ajustan al principio de igualdad de oportunidades y de trato consagrado en los Convenios, lo que evidencia una disonancia entre los preceptos constitucionales y lo dispuesto en la referida ley. A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que proporcione aclaraciones sobre dicha disonancia entre el texto constitucional y los artículos de la LOTTT mencionados.

Colaboración de las organizaciones de empleadores y trabajadores, e igualdad de oportunidades y de trato

Artículo 12 del Convenio núm. 143. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas concretas adoptadas o previstas en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para dar cumplimiento a la política nacional de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión.

Aplicación en la práctica

Control de aplicación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual durante 2018-2023 se expidieron 476 autorizaciones laborales a trabajadoras extranjeras y 2 618 a trabajadores extranjeros, al tiempo que observa que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares de Naciones Unidas recomendó al Estado que establezca un sistema nacional que reúna de manera sistemática, fiable y eficiente datos sobre la situación de los trabajadores migratorios en el Estado (CMW/C/VEN/CO/1, 27 de octubre de 2022, párrafo 22). La Comisión pide al Gobierno que: i) envíe información estadística desglosada por sexo, país de origen y sector de actividad sobre los trabajares migrantes que se encuentren legalmente en su territorio residentes en el país y los venezolanos que han emigrado al exterior por trabajo; ii) indique si se prevé establecer un sistema nacional de recopilación de datos sobre la migración laboral; y iii) proporcione información sobre el número y la naturaleza de las infracciones eventualmente constatadas por la inspección del trabajo y otras autoridades competentes, así como sobre eventuales sanciones aplicadas en materia de contratación ilegal, migración en condiciones abusivas y trata de personas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Artículo 1 del Convenio. Información sobre las políticas y la legislación nacionales. En respuesta a la solicitud formulada por la Comisión respecto de la Comisión Nacional de Migraciones, el Gobierno indica en su memoria que, aunque ésta no se encuentre activa, las demás autoridades competentes en materia migratoria trabajan en coordinación permanente. El Gobierno hace mención de la tarjeta de movilidad fronteriza (TMF), documento que facilita el tránsito frecuente de las personas venezolanas y extranjeras que residen en los municipios fronterizos con Colombia. También se refiere a algunas medidas, como el Plan de actualización de datos de ciudadanos y ciudadanas extranjeros beneficiarios del decreto presidencial núm. 2823, de 3 de febrero de 2004, y el Plan de regularización de ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad ecuatoriana que residen en el país en condiciones migratorias irregulares, que están siendo ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), entidad adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Comisión pide al Gobierno que puntualice las políticas y acciones adoptadas por las diferentes entidades de Gobierno en beneficio de los trabajadores migrantes. La Comisión le pide, asimismo, que continúe enviando información sobre la implementación del reglamento para la regularización y naturalización de los extranjeros y extranjeras, y que incluya datos sobre el número de personas que han obtenido la residencia o que se han naturalizado.

Acuerdos generales y arreglos especiales. Ante la ausencia de información detallada al respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe sobre los acuerdos generales y arreglos especiales celebrados y que comunique copia de los mismos. También le pide nuevamente que envíe información sobre el contenido y la aplicación de los acuerdos de integración económica y política que facilitan la inmigración y flexibilizan los requisitos para el empleo a los trabajadores de países de América Latina y el Caribe.

Artículos 2 y 7. Servicios y asistencia a trabajadores migrantes. En respuesta a la solicitud de información respecto de las actividades del Servicio de Migraciones Laborales, el Gobierno hace referencia a la misión, a las funciones, así como a la gratuidad de los servicios prestados por la Dirección de Migraciones Laborales. El Gobierno añade que se están creando a nivel nacional divisiones de previsión social (DPS), adscritas al Viceministerio de Previsión Social del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para brindar información y orientaciones sobre los requisitos legales en materia de migraciones laborales. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre la cooperación entre el Servicio de Migraciones Laborales, y los servicios correspondientes de los demás Miembros.

Artículo 6. Igualdad de trato. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a mencionar las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia de igualdad de trato. La Comisión recuerda que las disposiciones legislativas no son suficientes por sí solas para asegurar que los trabajadores migrantes gocen de igualdad de trato con los nacionales y, por consiguiente, es esencial que los Estados velen, en particular mediante los servicios de inspección del trabajo o de otras autoridades de control, por que estas disposiciones sean aplicadas en la práctica. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que envíe información sobre el modo en que se garantiza en la práctica a los trabajadores migrantes que se encuentran legalmente en su territorio un trato no menos favorable que el que se aplica a los nacionales en relación con las materias enumeradas en los apartados a), b), c) y d), del artículo 6, del Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión recuerda que es esencial contar con datos estadísticos apropiados para determinar la naturaleza de la migración laboral y si existe desigualdad de trato hacia los trabajadores migrantes, a fin de establecer prioridades, orientar medidas, evaluar el impacto de las mismas y llevar a cabo las adaptaciones que sean necesarias. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Artículo 2 del Convenio. Migraciones en condiciones abusivas. Determinación sistemática. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto de las autoridades competentes en materia de atención a trabajadores migrantes indocumentados o sujetos a condiciones abusivas de trabajo, independientemente de su condición migratoria. La Comisión recuerda que los Estados Miembros deberían aspirar a identificar metódicamente las condiciones abusivas de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes, como un primer paso para impedir y eliminar la migración en condiciones abusivas. A este respecto, destaca que la principal responsabilidad de los inspectores del trabajo es garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que indique si se han detectado situaciones de trabajadores migrantes y trabajadores indocumentados empleados o sujetos a condiciones abusivas de trabajo y, de ser el caso, precise su número, su nacionalidad y el trabajo que realizan. Asimismo, le pide una vez más que indique la manera en que los empleadores y las organizaciones de trabajadores son consultadas o facultadas para rendir la información que tengan disponible sobre este particular.

Artículo 12. Colaboración de las organizaciones de empleadores y trabajadores, e igualdad de oportunidades y de trato. El Gobierno se refiere en su memoria a la participación amplia e incluyente de los sectores de empleadores y trabajadores en el fortalecimiento del modelo productivo nacional planteado por el Plan de la patria. La Comisión recuerda que la participación de los interlocutores sociales resulta fundamental para garantizar la aplicación eficaz del Convenio. Ante la ausencia de información detallada respecto del nivel de colaboración con los interlocutores sociales, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas concretas tomadas o previstas en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para dar cumplimiento a la política nacional de acuerdo al artículo 12, a)-g), del Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica. Según las informaciones estadísticas facilitadas por el Gobierno, en 2016, se otorgaron 713 autorizaciones laborales, de éstas 635 a trabajadores extranjeros y 78 a trabajadoras extranjeras. En el primer trimestre del año 2017, un 93 por ciento de las autorizaciones laborales emitidas o renovadas lo fueron a trabajadores de sexo masculino (287 de 297), principalmente en los sectores de la construcción (34 por ciento), los servicios comunales, sociales y personales (32 por ciento), y la explotación de minas y canteras (21 por ciento). La Comisión solicita al Gobierno que proporcione estadísticas desglosadas por sexo, país de destino y sector de actividad de los trabajadores venezolanos en el exterior. También le pide que continúe proporcionando estadísticas desagregadas por sexo, nacionalidad, y sector de actividad respecto de las autorizaciones laborales otorgadas a trabajadores migrantes en el país.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Artículo 10 y 12, d), del Convenio. Igualdad de oportunidades y de trato. En respuesta a las solicitudes formuladas por la Comisión desde hace ya varios años de reformar o derogar las disposiciones legales que limitan el acceso al empleo de los trabajadores extranjeros, el Gobierno indica en su memoria que las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) garantizan la igualdad de oportunidades y prohíben la discriminación en el acceso y en las condiciones de trabajo basada en la nacionalidad. La Comisión recuerda que aunque la existencia de legislación para combatir la discriminación sea importante, no resulta suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en la práctica. En efecto, es necesario tomar medidas proactivas para garantizar la aceptación y la observancia del principio de no discriminación. Por otra parte, la Comisión recuerda que el artículo 12, d), prevé que se deberá derogar toda disposición legislativa y modificar toda norma o práctica administrativa que sea incompatible con la política nacional. Los artículos 27 (porcentaje de personal venezolano), 28 (excepciones temporales), 29 (contratación de trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras) y 231 (límite de trabajadores y trabajadoras agrícolas extranjeros) de la LOTTT restringen la contratación de los trabajadores extranjeros al prever que los trabajadores nacionales deberán representar un 90 por ciento del total del personal, salvo las excepciones taxativamente enumeradas, y que los trabajadores extranjeros no podrán percibir más del 20 por ciento del total de las remuneraciones pagadas al conjunto del personal. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar del tiempo transcurrido y las numerosas solicitudes formuladas, el Gobierno no modifica las disposiciones en cuestión. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a tomar las medidas necesarias con miras a la modificación o derogación de los artículos 27, 28, 29 y 231 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) a fin de poner la legislación en plena conformidad con el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo de los trabajadores migrantes respecto de los trabajadores nacionales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Artículo 1 del Convenio. Información sobre las políticas y la legislación nacionales. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que como resultado de la implementación del Reglamento para la Regularización y Naturalización de los Extranjeros y Extranjeras que se encuentren en territorio nacional se ha logrado conceder la residencia a 435 291 personas y se han naturalizado 516 079 personas. El Gobierno añade que si bien la Comisión Nacional de Migraciones no se encuentra activa actualmente, los Ministerios del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Exteriores, Defensa, Trabajo, Comunas y Educación junto con el Instituto Nacional de Estadísticas trabajan articuladamente en la coordinación de políticas, acciones y medidas conjuntas en beneficio de los trabajadores migrantes. La Comisión pone de relieve que la existencia de una entidad consagrada especialmente a los trabajadores migrantes podría ayudar a un mejor seguimiento de la situación de los mismos. La Comisión solicita al Gobierno que indique si se han tomado medidas, o se prevé tomarlas, con miras a la reactivación de la Comisión Nacional de Migraciones. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información concreta sobre las políticas y acciones adoptadas por las diferentes entidades de Gobierno mencionadas en beneficio de los trabajadores migrantes y la implementación de la Ley de Extranjería y Migración. La Comisión pide asimismo al Gobierno que continúe enviando información sobre la implementación del Reglamento para la regularización y naturalización de los extranjeros y extranjeras, incluyendo el número de personas que han obtenido la residencia o se han naturalizado.

Acuerdos generales y arreglos especiales. El Gobierno informa que en 2009 se celebró el acuerdo con la Federación de Rusia sobre la supresión del requisito de las visas y en 2010 el Estatuto Migratorio con el Ecuador. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los acuerdos generales y arreglos especiales celebrados por el Gobierno y agradecería que enviara una copia de los mismos. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información sobre el contenido y la aplicación de los acuerdos de integración económica y política que facilitan la inmigración y flexibilizan los requisitos para el empleo a los trabajadores de países latinoamericanos a los que se refirió en su memoria anterior.

Artículos 2 y 7. Servicios y asistencia a trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el Servicio de Migraciones Laborales es ejecutado a través de la Dirección de Migraciones Laborales del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, la cual tiene competencia nacional. La Comisión pide al Gobierno que envíe información más detallada sobre las actividades concretas llevadas a cabo por dicho servicio y los servicios concretos prestados por dicha entidad a los trabajadores migrantes y señale si los mismos son gratuitos. Sírvase asimismo enviar información sobre la cooperación entre el Servicio de Migraciones Laborales, y los servicios correspondientes de los demás Miembros.

Artículo 6. Igualdad de trato. El Gobierno indica que los trabajadores migrantes gozan de los mismos derechos de capacitación que los trabajadores nacionales. El Gobierno añade que la legislación laboral venezolana se aplica por igual a los trabajadores nacionales y extranjeros. La Comisión examina la cuestión del acceso al empleo y de la igualdad de remuneración (artículos 27 a 29 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)) en el marco del examen de la aplicación del Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143). Observando que la información brindada por el Gobierno es de carácter general, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre el modo en que en la práctica se garantiza a los trabajadores migrantes que se encuentran legalmente en su territorio un trato no menos favorable que el que se aplica a los nacionales en relación con las materias enumeradas en los apartados a), b), c) y d), del artículo 6, del Convenio.

Información estadística. La Comisión pide al Gobierno que envíe información estadística desglosada por sexo, país de origen y sector de actividad sobre los trabajares migrantes residentes en el país y los venezolanos que han emigrado al exterior por trabajo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social controla a las empresas que contratan trabajadores extranjeros para que se respeten sus derechos y para eliminar todo tipo de condiciones abusivas de trabajo. La Comisión observa sin embargo, que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las cuestiones planteadas con anterioridad. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para responder a las cuestiones que se reiteran a continuación.

Artículo 2 del Convenio. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcionara informaciones sobre eventuales situaciones detectadas de trabajadores migrantes y trabajadores indocumentados empleados o sujetos a condiciones abusivas de trabajo o sujetos a estas condiciones, y sobre su número, nacionalidad y el trabajo que realizan. Sírvase indicar la manera en que los empleadores y las organizaciones de trabajadores son consultadas o facultadas para rendir la información que tengan disponible sobre este particular.

Artículo 12. Colaboración de las organizaciones de empleadores y trabajadores, e igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión recuerda la obligación existente en virtud de los artículos 10 y 12 del Convenio, por la cual todo Miembro se compromete a formular y a aplicar una política nacional destinada a promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para trabajadores migrantes y miembros de sus familias residiendo legalmente en el territorio, así como a tomar medidas activas y legislativas para implementar dicha política. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas concretas tomadas o previstas en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para dar cumplimiento a la política nacional de acuerdo al artículo 12, a)–g), del Convenio.

Parte V del formulario de memoria. La Comisión agradece al Gobierno, que continúe proporcionando información sobre instrumentos legislativos u otras medidas relativas a la aplicación del presente Convenio, así como estadísticas desglosadas por sexo, país de origen y sector de actividad de los trabajadores migrantes residentes en la República Bolivariana de Venezuela y de los trabajadores venezolanos en el exterior, así como cualquier otra información pertinente.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Artículo 10 del Convenio. Igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión se refiere desde hace casi veinte años a la necesidad de modificar o derogar los artículos 27, 28, 30 y 317 de la Ley Orgánica del Trabajo. Dichas disposiciones limitan el empleo de trabajadores extranjeros al 10 por ciento del total del personal y establecen que dichos trabajadores no podrán percibir más del 20 por ciento del total de las remuneraciones pagadas al conjunto del personal. La Comisión toma nota de la adopción con fecha 30 de abril de 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. La Comisión lamenta que a pesar del tiempo transcurrido y las numerosas solicitudes formuladas, el Gobierno no haya aprovechado la adopción de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras para modificar las disposiciones mencionadas (actualmente artículos 27, 28, 29 y 231). La Comisión insta al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a la modificación o derogación de los artículos 27, 28, 29 y 231 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores a fin de poner la legislación en plena conformidad con el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo de los trabajadores migrantes respecto de los trabajadores nacionales.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que dirige directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. Artículo 2 del Convenio. Medidas para detectar la migración irregular. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcionara informaciones sobre eventuales situaciones detectadas de trabajadores migrantes y trabajadores indocumentados empleados o sujetos a condiciones abusivas de trabajo o sujetos a estas condiciones, y sobre su número, nacionalidad y el trabajo que realizan. Sírvase indicar la manera en que los empleadores y las organizaciones de trabajadores son consultadas o facultadas para rendir la información que tengan disponible sobre este particular.

2. Artículo 12. Colaboración de las organizaciones de empleadores y trabajadores, e igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión recuerda la obligación existente en virtud de los artículos 10 y 12 del Convenio, por la cual todo Miembro se compromete a formular y a aplicar una política nacional destinada a promover y garantizar igualdad de trato y de oportunidades para trabajadores migrantes y miembros de sus familias residiendo legalmente en el territorio, así como a tomar medidas activas y legislativas para implementar dicha política. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas concretas tomadas o previstas en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para dar cumplimiento a la política nacional de acuerdo al artículo 12, a) – g), del Convenio.

3. Parte V del formulario de memoria. La Comisión agradece al Gobierno, que continúe proporcionando información sobre instrumentos legislativos u otras medidas relativas a la aplicación del presente Convenio, así como estadísticas desglosadas por género, lugar de origen y sector de actividad de trabajadores migrantes residentes en la República Bolivariana de Venezuela y de los trabajadores venezolanos en el exterior, así como cualquier otra información pertinente.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. Artículo 1 del Convenio. Información sobre las políticas y la legislación nacionales y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota que según el Gobierno su política migratoria se basa en los siguientes elementos: la no discriminación por raza, sexo, credo y nacionalidad; el respeto a la diversidad; el responder a la demanda insatisfecha de mano de obra nacional en el proceso socioproductivo; la migración hacia las áreas prioritarias del desarrollo nacional; pleno respeto a los derechos humanos del trabajador migrante y los de sus familias y el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República. La Comisión toma nota, igualmente, de la promulgación de la Ley de Extranjería y Migración, de 24 de mayo de 2004, así como del Reglamento para la regularización y naturalización de los extranjeros y extranjeras que se encuentran en el territorio nacional, de 3 de febrero de 2004. La ley refleja un esfuerzo mayor y más específico del Gobierno para unificar políticas en el área, en tanto que el reglamento ha ayudado a regularizar la situación de ciertos trabajadores. La Comisión toma nota asimismo, que bajo el título VI de la Ley de Extranjería se ha creado la Comisión Nacional de Migración. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información referente a la aplicación de su política migratoria, la Ley de Extranjería y Migración y el Reglamento para la regularización y naturalización de los extranjeros y extranjeras, en la práctica, así como también sobre las actividades específicas de la Comisión Nacional de Migración para promover los objetivos y aplicación del Convenio.

2. Acuerdos generales y arreglos especiales. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno existen acuerdos de integración económica y política que facilitan la inmigración y flexibilizan los requisitos para el empleo a los trabajadores de países latinoamericanos y del Caribe. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el texto de dichos acuerdos y sobre su aplicación en la práctica. La Comisión, tomando nota de la retirada de la República Bolivariana de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, agradecería información sobre el trato y condición actual de los trabajadores migrantes de países provenientes de dicha comunidad que aún radican en el país.

3. Artículos 2 y 7. Servicios y asistencia a trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de la Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Empleo de 30 de diciembre de 2002, la cual, en su artículo 17, crea el Servicio de Migraciones Laborales, dirigido a «canalizar las solicitudes de requerimientos de trabajadores y trabajadoras migrantes extranjeros realizadas por empleadores y empleadoras del sector público o privado con el objeto de autorizar su ingreso al mercado de trabajo, para cubrir la demanda insatisfecha de mano de obra calificada, en áreas prioritarias para el desarrollo del país». La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información más detallada sobre las actividades específicas del Servicio de Migraciones Laborales. De la misma manera le pide que indique cualquier medida tomada o prevista en cooperación entre el Servicio de Migraciones Laborales y los correspondientes servicios de naturaleza similar que se encuentren en otros Estados Miembros del Convenio.

4. Artículo 6. Igualdad de trato. La Comisión toma nota del artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Empleo de 2002, que establece la obligación a cargo de los migrantes de proporcionar capacitación a trabajadores locales. Es oportuno recordar que para que este dispositivo esté en conformidad con el artículo 6 del Convenio no debe contener medida alguna que implique un trato menos favorable que el que se proporciona a los trabajadores nacionales, incluso en lo que respecta a las condiciones de trabajo. En consecuencia la Comisión solicita al Gobierno se sirva informar si los trabajadores migrantes gozan de igualdad de derechos con los trabajadores nacionales en materia de capacitación. La Comisión agradecería al Gobierno que facilitase informaciones sobre la aplicación en la práctica de su política de igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y los migrantes en las materias enumeradas en los apartados a), b), c) y d), del artículo 6 del Convenio.

5. Información estadística. La Comisión toma nota de lo referido por el Gobierno en su memoria, en lo que respecta a un estudio sobre las características de la población migrante laboral radicada en la República Bolivariana de Venezuela, que está en proceso de elaboración. La Comisión también toma nota de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Extranjería y Migración, en lo que se refiere a que, el ministerio con competencia en materia de extranjería y migración, en ejercicio de sus funciones de control, mantendrá actualizada la información estadística sobre los trabajadores migrantes. La Comisión espera que dicho estudio tenga en cuenta los temas relativos a la igualdad de género y feminización de la tendencia migratoria y agradecería al Gobierno que le proporcionase información sobre el mismo cuando esté finalizado. Igualmente, agradecería recibir información estadística desglosada por sexo, lugar de origen y sector de empleo de los trabajadores migrantes residentes en la República Bolivariana de Venezuela, así como de los venezolanos en el exterior.

6. Anexos I y II. La Comisión lamenta no haber recibido información específica relativa a las medidas adoptadas o previstas para reglamentar las actividades de las agencias privadas o para alentar la autoreglamentación, con objeto de proteger a los trabajadores migrantes contra eventuales abusos, o sobre las sanciones aplicadas en caso de observarse infracciones, en particular en lo que se refiere a la propaganda engañosa. En consecuencia, la Comisión reitera lo establecido en su solicitud directa anterior, solicitando al Gobierno que proporcione información detallada en lo que respecta a los anexos I y II del presente Convenio, referentes a la proliferación de agencias privadas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. Artículos 10, y 14, c), del Convenio. Igualdad de oportunidades y de trato. Desde hace varios años, la Comisión viene dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración en su informe sobre la reclamación presentada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) en mayo de 1993 (documento GB.256/15/16). En dichas recomendaciones se había invitado al Gobierno a adoptar las medidas adecuadas con objeto de derogar o modificar las disposiciones de los artículos 27, 28, 30 y 317 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, habida cuenta del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales establecido en el artículo 10 del Convenio.

2.  La Comisión toma nota de que los artículos 27, 28, 30 y 317 que han sido reproducidos en la Ley Orgánica del Trabajo (de 19 de junio de 1997), continúan imponiendo condiciones de contratación, y restringiendo al 10 por ciento el personal extranjero y al 20 por ciento el total de las remuneraciones pagadas a ese personal. En su última memoria, el Gobierno indica que el artículo 14, c), del Convenio permite «restringir el acceso a categorías limitadas de empleos o de funciones, cuando así lo exija el interés del Estado». La Comisión recuerda al Gobierno el informe del Consejo de Administración sobre la reclamación (documento GB.256/15/16, 1993), en cuanto a que el Convenio no va en contra del derecho del Estado de admitir o de rechazar a un extranjero en su territorio, decisión que puede tomarse cuando sea necesario proteger a los trabajadores nacionales, pero que, «el principio de igualdad de oportunidades y de trato, que debe ser afirmado y garantizado por el Estado, no es compatible con las medidas destinadas a establecer distinciones entre los trabajadores migrantes legales empleados en el territorio de un Estado y los trabajadores nacionales en las esferas de aplicación del Convenio, tanto a nivel nacional como a nivel de la empresa». La Comisión señala, además, que las medidas contempladas en los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, de 1997, cuya modificación ha sido solicitada tanto por el Consejo de Administración como por la Comisión son medidas en abstracto que no quedan cubiertas por el artículo 14, c), del Convenio y son por lo tanto contrarias al principio de igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales.

3. Derechos sindicales. En lo que respecta al artículo 404 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, retomado por la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, el mismo establece que «Los extranjeros con mas de diez años de residencia en el país, previa autorización del ministerio del ramo, podrán formar parte de la junta directiva y ejercer cargos de representación sindical». La Comisión toma nota de que en el nuevo Reglamento el artículo 120 del decreto núm. 4447, de 28 de abril de 2000, de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los trabajadores extranjeros podrán integrar la junta directiva de los sindicatos y ejercer cargos de representación sin autorización previa, cuando así lo prevean los estatutos de la organización sindical. Si bien el Reglamento parecería ser menos restrictivo que la ley, la Comisión declara que los derechos sindicales de los trabajadores extranjeros no deben estar condicionados a su eventual reconocimiento en los estatutos sindicales ni de una autorización ministerial sino garantizados por la legislación. Al respecto, la Comisión toma nota del proyecto de enmienda de la Ley Orgánica del Trabajo que reduce de 10 a 5 años el tiempo de residencia necesario para que un trabajador extranjero pueda integrar la junta directiva de los sindicatos y ejercer cargos de representación sindical, lo cual estaría en conformidad con el Convenio. La Comisión se refiere, de igual manera, a sus comentarios para el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

4. La Comisión lamenta que se hayan realizado pocos progresos para la adopción de medidas, con la colaboración de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre los trabajadores nacionales e inmigrantes.

5. La Comisión, tomando nota de que, la Ley Orgánica del Trabajo está siendo modificada, insta al Gobierno a derogar o modificar las disposiciones de los artículos 27, 28, 30, 317 y 404 de la Ley Orgánica del Trabajo, teniendo en cuenta los comentarios formulados por la Comisión de Expertos en seguimiento a la reclamación referida, a fin de poner su legislación en conformidad con el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada al respecto.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno y de los datos estadísticos que éste ha suministrado. Sin embargo, lamenta que el Gobierno se haya visto imposibilitado de adoptar medidas en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tanto para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales, como para garantizar el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos sindicales entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales. Por consiguiente, la Comisión toma nota de que no se han adoptado medidas basadas en sus comentarios anteriores sobre el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración en la reclamación presentada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) en mayo de 1993. La Comisión reitera su observación anterior sobre los puntos siguientes:

  Artículo 10 del Convenio. 1. En relación con las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración por las que se invita al Gobierno a adoptar las medidas adecuadas con objeto de derogar o modificar las disposiciones de los artículos 27, 28, 30 y 317 de la ley orgánica del trabajo de 1990, habida cuenta del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales establecido en el artículo 10 del Convenio, el Gobierno reconoce que al limitar, respectivamente, al 10 por ciento el personal extranjero de una empresa y al 20 por ciento del total de las remuneraciones, las remuneraciones pagadas a ese personal, los artículos 27 y 317 de la ley mencionada con anterioridad contravienen, ciertamente, el principio de igualdad de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales. El Gobierno declara que es su responsabilidad, en virtud del artículo 84 de la Constitución, que no discrimina entre extranjeros y nacionales, garantizar a los nacionales la obtención de «colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa».

La Comisión se refiere a los comentarios que había formulado con anterioridad sobre disposiciones análogas de la ley del trabajo de 1983. Recuerda, además, que la OIT, a la que en dos oportunidades el Gobierno solicitó su opinión sobre el proyecto de ley orgánica del trabajo, sugirió que se eliminaran dichas disposiciones basándose, entre otros, en los comentarios ya mencionados de los órganos de control. La Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar las medidas adoptadas en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales.

2. En lo que respecta al artículo 404 de la ley orgánica del trabajo de 1990, el Gobierno reconoce igualmente la contradicción entre el contenido de este artículo y el principio de igualdad de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros. Según el Gobierno, el problema reside en que la autorización previa requerida tiene su origen en la ley del trabajo de 1936.

La Comisión recuerda que la política destinada a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato establecida en el artículo 10 del Convenio comprende los derechos sindicales para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentran legalmente en el territorio de un Estado que ha ratificado el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para garantizar el principio de igualdad en materia de ejercicio de los derechos sindicales entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales.

  Artículo 12, g). 3. En lo referente al artículo 30 de la ley orgánica del trabajo, el Gobierno subraya que en caso de contratación de personal extranjero se prefiera «a quienes tengan hijos nacidos en el territorio nacional, o sean casados con venezolanos o hayan establecido su domicilio en el país, o tengan más tiempo de residencia en él». Esta disposición establece los criterios que habrán de tenerse en consideración en la hipótesis de conclusión de un contrato de trabajo con personal extranjero. En caso de igualdad de condiciones entre dos candidatos a un empleo, el empleador deberá elegir al que responda a los criterios que indiquen un vínculo más estrecho con el país. El Gobierno espera que el reglamento general de la ley orgánica del trabajo, actualmente en elaboración tenderá a reducir los efectos discriminatorios de dicho artículo y hacer énfasis eventualmente en otros criterios tales como las cargas familiares de quien solicitare empleo.

La Comisión recuerda que el mencionado comité ha observado que esta disposición no se conforma al principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de condiciones de trabajo a todos los trabajadores migrantes que ejerzan la misma actividad, cualesquiera que sean las condiciones particulares de su empleo, tal como se estipula en el artículo 12, g), del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno podrá indicar las medidas adoptadas para armonizar las disposiciones sobre contratación con el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo establecidos en los artículos 10 y 12, g), del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para adoptar en el futuro las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

1. En su Estudio general sobre los trabajadores migrantes, de 1999, la Comisión había comprobado que desde la adopción del Convenio se produjeron cambios significativos en las migraciones internacionales de mano de obra, tanto en su magnitud y dirección como en su naturaleza (véanse párrafos 5 a 17 del Estudio general). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar copia de todo nuevo texto legislativo o reglamentario que se haya adoptado, así como informaciones actualizadas sobre su política en materia de emigración e inmigración, y en respuesta a las preguntas contenidas en el formulario de memoria relativo al Convenio. Asimismo, la Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien indicar de qué manera las tendencias contemporáneas en materia de corrientes migratorias han tenido incidencia en el contenido y la aplicación de su política y de su legislación nacional en lo que respecta a la emigración y la inmigración.

2. Habida cuenta de que cada vez es mayor el papel de las agencias privadas en el proceso de las migraciones internacionales, se invita al Gobierno que indique si esta evolución ha tenido repercusiones sobre la aplicación de los anexos I y II del Convenio que tratan por una parte del reclutamiento, la colocación y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes que no hayan sido contratados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el control gubernamental y, por otra parte, de los trabajadores migrantes que hayan sido contratados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebradas bajo el control gubernamental. En caso afirmativo, la Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para reglamentar las actividades de las agencias privadas o de alentar la autoreglamentación, con objeto de proteger a los trabajadores migrantes contra eventuales abusos; y las sanciones aplicadas en caso de observarse infracciones, en particular en lo que se refiere a la propaganda engañosa.

3. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar informaciones sobre la aplicación en la práctica de su política de igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes en las materias enumeradas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 6 del Convenio. Al recordar que en virtud del párrafo 1 de ese artículo, todo Estado que haya ratificado el Convenio se obliga a aplicar a los inmigrantes, sin discriminación de nacionalidad, religión o sexo, un trato no menos favorable que el que aplica a sus propios nacionales en relación con las materias enumeradas en los apartados a) a d) de dicho artículo. La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las trabajadoras migrantes sean tratadas en pie de igualdad que los trabajadores varones, extranjeros o no, en lo que respecta a sus condiciones de trabajo y de vida, la seguridad social, los impuestos vinculados al trabajo y el acceso a la justicia, habida cuenta de la feminización cada vez mayor de la mano de obra migrante (véanse los párrafos 20 a 23 y 658 del Estudio general mencionado anteriormente).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Punto V del formulario de memoria. La Comisión espera que el Gobierno podrá comunicar próximamente, además de las indicaciones sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica - como lo exige ese punto del formulario - informaciones sobre el número y la categoría de los extranjeros ocupados en Venezuela, así como también sobre el número de nacionales de Venezuela empleados en el extranjero.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión toma nota de las informaciones detalladas comunicadas en la memoria del Gobierno. Solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicándole tales informaciones sobre la evolución de la aplicación del Convenio en el país.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del comité encargado de examinar la reclamación presentada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT en su 256.a reunión (mayo de 1993). La Comisión también toma nota con interés de la declaración del Gobierno de su intención de preparar un proyecto de ley en el sentido de suprimir o moderar el trato discriminatorio entre trabajadores nacionales y extranjeros, previa consulta con los interlocutores sociales.

Artículo 10 del Convenio. 1. En relación con las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración por las que se invita al Gobierno a adoptar las medidas adecuadas con objeto de derogar o modificar las disposiciones de los artículos 27, 28, 30 y 317 de la ley orgánica del trabajo de 1990, habida cuenta del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales establecido en el artículo 10 del Convenio, el Gobierno reconoce que al limitar, respectivamente, al 10 por ciento el personal extranjero de una empresa y al 20 por ciento del total de las remuneraciones, las remuneraciones pagadas a ese personal, los artículos 27 y 317 de la ley mencionada con anterioridad contravienen, ciertamente, el principio de igualdad de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales. El Gobierno declara que es su responsabilidad, en virtud del artículo 84 de la Constitución, que no discrimina entre extranjeros y nacionales, garantizar a los nacionales la obtención de "colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa".

La Comisión se refiere a los comentarios que había formulado con anterioridad sobre disposiciones análogas de la ley del trabajo de 1983. Recuerda, además, que la OIT, a la que en dos oportunidades el Gobierno solicitó su opinión sobre el proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, sugirió que se eliminaran dichas disposiciones basándose, entre otros, en los comentarios ya mencionados de los órganos de control. La Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar las medidas adoptadas en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales.

2. En lo que respecta al artículo 404 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, el Gobierno reconoce igualmente la contradicción entre el contenido de este artículo y el principio de igualdad de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros. Según el Gobierno, el problema reside en que la autorización previa requerida tiene su origen en la ley del trabajo de 1936.

La Comisión recuerda que la política destinada a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato establecida en el artículo 10 del Convenio comprende los derechos sindicales para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentran legalmente en el territorio de un Estado que ha ratificado el convenio. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para garantizar el principio de igualdad en materia del ejercicio de los derechos sindicales entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales.

Artículo 12, g). 3. En lo referente al artículo 30 de la Ley Orgánica del Trabajo, el Gobierno subraya que en caso de contratación de personal extranjero se prefiera "a quienes tengan hijos nacidos en el territorio nacional, o sean casados con venezolanos o hayan establecido su domicilio en el país, o tengan más tiempo de residencia en él". Esta disposición establece los criterios que habrán de tenerse en consideración en la hipótesis de conclusión de un contrato de trabajo con personal extranjero. En caso de igualdad de condiciones entre dos candidatos a un empleo, el empleador deberá elegir al que responda a los criterios que indiquen un vínculo más estrecho con el país. El Gobierno espera que el Reglamento General de la Ley Orgánica del Trabajo, actualmente en elaboración, tenderá a reducir los efectos discriminatorios de dicho artículo y hacer énfasis eventualmente en otros criterios tales como las cargas familiares de quien solicitare empleo.

La Comisión recuerda que el susodicho comité ha observado que esta disposición no se conforma al principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de condiciones de trabajo a todos los trabajadores migrantes que ejerzan la misma actividad, cualesquiera que sean las condiciones particulares de su empleo, tal como se estipula en el artículo 12, g) del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno podrá indicar las medidas adoptadas para armonizar las disposiciones sobre contratación con el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo establecidos en los artículos 10 y 12, g) del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. En referencia a sus comentarios anteriores, también toma nota de la adopción en noviembre de 1990 de la nueva ley del trabajo, que entrará en vigor el 1.o de mayo de 1991. Toma nota asimismo de que la nueva ley del trabajo reproduce las disposiciones de la ley del trabajo anterior, que, como indicara la Comisión, no estaban de conformidad con el Convenio, y que incluso se aparta aún más de las exigencias del mismo.

1. La Comisión toma nota de que el artículo 27 de la ley del trabajo dispone que no menos del 90 por ciento de los empleados de cualquier empresa debe ser venezolano (comparado con el 75 por ciento de la ley del trabajo anterior) y que los salarios del personal extranjero no excederán del 20 por ciento del total de los salarios pagados a los empleados. Esta disposición no es compatible con el artículo 10 del Convenio, que prevé la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo, incluido el acceso al empleo. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno indique las medidas que se propone adoptar para garantizar el cumplimiento del Convenio a este respecto.

2. La Comisión toma nota de que el artículo 404 de la ley del trabajo, que reproduce la misma disposición de la ley del trabajo anterior, prescribe que, sujeto a aprobación del ministerio pertinente, se puede autorizar a un extranjero que ha residido en el país durante más de diez años, a ser miembro del comité de dirección de un sindicato. Esta disposición no está de conformidad con el artículo 10 del Convenio, que prevé la igualdad de trato en materia de derechos sindicales sin limitación alguna. La Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para enmendar el artículo 404 de la ley, a fin de dar pleno efecto al Convenio en lo que atañe a esta cuestión.

3. La Comisión ruega nuevamente al Gobierno que especifique las categorías de empleos cuyo acceso está restringido para los trabajadores migrantes, en virtud del artículo 14, c) del Convenio, en el entendimiento de que sólo se puede restringir el acceso a categorías limitadas de empleos o de funciones cuando así lo exija el interés del Estado.

4. Punto V del formulario de la memoria. Se solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre el número y las categorías de nacionales extranjeros empleados en Venezuela y sobre el número de nacionales venezolanos empleados en el extranjero, además de las otras informaciones sobre la aplicación práctica del Convenio solicitadas en el punto V del formulario de la memoria.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

La Comisión toma nota con interés de la memoria del Gobierno según la cual los comentarios de la Comisión serán puestos en conocimiento del Congreso que está discutiendo un proyecto de ley del trabajo. En consecuencia, la Comisión espera que la nueva ley dará cumplimiento a las siguientes disposiciones del Convenio:

1. La Comisión toma nota de que el artículo 179 de la ley del trabajo dispone que los extranjeros con más de diez años de residencia en el país, previa autorización del Ministerio, podrán formar parte de la junta directiva de un sindicato. La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 10 del Convenio que prevé la igualdad de oportunidades y de trato en materia de derechos sindicales, permitiendo a los trabajadores migrantes acceder a cargos de dirección sindical, tras un período razonable de residencia en el país y sin previa autorización del Ministerio.

2. La Comisión ha tomado nota del artículo 18 de la ley del trabajo según el cual el 75 por ciento, por lo menos, de los empleados en cualquier empresa del país serán venezolanos, salvo cuando en opinión del inspector del trabajo competente sea necesaria una reducción temporal de este porcentaje por razones técnicas, y de los artículos 23 a 27 del Reglamento del Trabajo de 1973, que contienen disposiciones para la aplicación de dicho artículo.

La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas tomadas para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 10 del Convenio que prevé la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo.

3. La Comisión ha tomado nota de que, en virtud del artículo 3 de la ley de extranjeros de 1937, no se puede contratar en las oficinas de la función pública a extranjeros, con las excepciones autorizadas por el poder ejecutivo federal. Además, en virtud del artículo 18 del Código del Trabajo, los extranjeros no pueden ocupar puestos de capataces y ocupaciones remuneradas que tengan directamente a su cargo a trabajadores, excepto en los casos de trabajadores especialmente calificados y, en virtud del artículo 25 del Reglamento del Trabajo, los funcionarios de relaciones laborales, los funcionarios de personal, los capitanes de navío, los comandantes de aviones, los capataces y otras personas con funciones similares deberán ser nacionales venezolanos. Dado que en virtud del artículo 14, c), del Convenio sólo procede restringir el acceso a categorías limitadas de empleos o de funciones cuando así lo exija el interés del Estado, la Comisión ruega al Gobierno se sirva comunicar información sobre las medidas tomadas para asegurar la aplicación de los artículos 10 y 14, c), del Convenio en este respecto. Además, se ruega de nuevo especificar los empleos restringidos a los trabajadores migrantes en virtud del artículo 14, c), del Convenio (véase el párrafo 359 del Estudio general de 1980 sobre los trabajadores migrantes).

Parte V del formulario de memoria. Se ruega de nuevo proporcionar información sobre el número y composición de extranjeros empleados en Venezuela y el número de nacionales venezolanos empleados en el extranjero, además de la información sobre la aplicación práctica del Convenio que se solicita en la parte V del formulario de memoria.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno sobre la aplicación de las otras disposiciones del Convenio señaladas en su solicitud directa precedente.