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| La organización querellante alega que la Oficina de Investigación de los Salarios (OIS), que publica cada cinco años un informe con recomendaciones respecto de los salarios y las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos (de la administración pública, los organismos paraestatales y el gobierno local), violó los Convenios núms. 87 y 98 al poner fin en 2003 a la práctica habitual de permitir que los sindicatos planteasen conflictos en relación con sus recomendaciones sobre salarios y otras condiciones de trabajo al tiempo que optaban por aceptar los beneficios resultantes de estas recomendaciones; este cambio dejó a los empleados del sector público sin otra opción más que la de aceptar las recomendaciones de la OIS, ya que cabía la posibilidad de que quienes optasen por no proceder de esta manera tuvieran que esperar durante mucho tiempo para obtener posibles mejoras, sin disfrutar de las ventajas actuales
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