|
| Las organizaciones querellantes alegan la reorganización unilateral del Instituto Nacional de Seguros (INS) en agosto de 2000 con la terminación de la relación laboral con indemnización incompleta de 239 agentes de seguros (incluida la junta directiva de ANDAS) que pasaron a tener en fraude a la ley, una relación mercantil, sin garantías sociales, en violación de la Constitución y la jurisprudencia, así como el despido de dos dirigentes de AGEINS que se negaron a aceptar el cambio de estatuto. Se alega también una orden judicial de captura y encarcelamiento por supuesta difamación a raíz de declaraciones de un dirigente de AGEINS contra esta «privatización solapada». Por último, las organizaciones querellantes alegan también que la convención colectiva y la organización sindical ANDAS no existían y se suprimieron las facilidades sindicales. |
|