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| Las organizaciones querellantes alegan que el Gobierno intervino por vía legislativa para anular las acreditaciones sindicales de algunos trabajadores de los servicios sociales y de salud (proyecto de ley núm. 7) y de los servicios de la infancia (proyecto de ley núm. 8). De esa manera, el Gobierno privó a tales trabajadores de su condición de asalariados en los términos del Código Laboral, imponiéndoles la condición de trabajadores autónomos e impidiéndoles el ejercicio del derecho de sindicación; asimismo, el Gobierno les impone una reagrupación en los organismos «representativos» encargados de celebrar convenios sobre las condiciones de trabajo, pero, en realidad, tales organismos se encuentran sujetos a la buena voluntad de las autoridades, y les deniega el derecho de negociación colectiva por medio de organizaciones sindicales independientes
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