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| La organización querellante alega que el Gobierno aprobó una ley por la que se ordenó poner fin a una huelga legal iniciada por uno de los sindicatos locales afiliados a la organización querellante, con lo que se interrumpió la negociación colectiva entre las partes, se remitió el conflicto a un arbitraje obligatorio y vinculante, se violó el derecho del sindicato a declarar la huelga, y se estableció un precedente peligroso de intervención prematura del Gobierno en conflictos laborales que no atañen a las industrias de servicios esenciales |
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