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| La organización querellante alega que
la Ley de protección del servicio aéreo viola los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva de los trabajadores del transporte aéreo
al ampliar obligatoriamente la duración de un convenio colectivo, prohibir las huelgas, ordenar arbitrajes obligatorios sobre propuestas finales, establecer que el arbitraje se base en criterios legislativos predeterminados, obligar a los sindicatos a pagar los costos del arbitraje obligatorio, e imponer sanciones punitivas a la IAM (y a la Asociación de Pilotos de Air Canada) y sus representantes por incumplimiento de dicha ley
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