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| la organización querellante alega la falta de protección del Gobierno, tanto en derecho como en la práctica, contra actos antisindicales sistemáticos cometidos por el empleador contra sus afiliados, incluido el acoso, el hostigamiento y despidos antisindicales de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como el incumplimiento de un convenio celebrado y retrasos deliberados en la negociación de un convenio colectivo |
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