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| las organizaciones querellantes alegan que el proyecto de ley sobre servicios esenciales de defensa, sometido al Parlamento para sustituir la Ordenanza de servicios esenciales de defensa promulgada previamente, prohíbe todo tipo de acción colectiva en las unidades de producción
del sector de defensa, y prevé la posibilidad de despidos y la imposición de sanciones excesivas en caso de incumplimiento, violando de este modo el derecho de libertad sindical de los trabajadores
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