Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1966)

Política activa del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la información detallada transmitida por el Gobierno, en agosto de 2012, en respuesta a la solicitud formulada por la Comisión de la Conferencia en junio de 2012. La Comisión toma nota también de las observaciones comunicadas por el Congreso de Sindicatos (TUC) y de la respuesta del Gobierno a estos comentarios, en octubre de 2012. En respuesta a la observación de 2011, el Gobierno informa que el número de personas empleadas en el sector público, en marzo de 2012, era de 5,9 millones, lo que representa 39 000 personas menos desde diciembre de 2011; y la cifra de empleados en el sector privado, en marzo de 2012, era de 23,38 millones de personas, 205 000 más desde diciembre de 2011. Puesto que el Gobierno anunció su intención de reducir el déficit como medio de garantizar un crecimiento más duradero, el número de personas empleadas (entre los 16 y los 64 años) ha pasado de 28 862 000, en mayo de 2010, a 29 354 000, en julio de 2012, lo que representa un incremento del empleo del 70,3 por ciento al 70,7 por ciento. En el mismo período, el desempleo ha crecido ligeramente, desde el 7,9 por ciento al 8,1 por ciento. En marzo de 2012, la cifra de personas económicamente inactivas era de 9,29 millones y 1,6 millones de personas recibían la prestación por desempleo. El Gobierno señala que, como parte de una política activa del mercado de trabajo, debe utilizarse plenamente el apoyo ofrecido por el Estado. Las personas que pidan las prestaciones del Estado pueden esperar mayor ayuda para superar los obstáculos que tienen para encontrar trabajo, así como para alcanzar y mantener un puesto de trabajo. Pero las prestaciones sociales que reciban los solicitantes dependerán cada vez más de que acepten dicha ayuda y busquen empleo. En este sentido, la Comisión toma nota de que, en abril de 2011, entraron en vigor varios reglamentos que crearon el marco legislativo para un programa obligatorio de actividad laboral (Mandatory Work Activity Programme) para los receptores de la prestación por desempleo. El Gobierno indica que la actividad laboral obligatoria es un apoyo suplementario para un reducido número de demandantes del subsidio de desempleo que pueden beneficiarse así de un breve período de actividad. Hay alrededor de 19 000 lugares disponibles al año en dicho programa, y los agentes de las agencias locales Jobcentre Plus tienen la flexibilidad de utilizar el programa, cuando lo consideren oportuno, como parte de la amplia gama de opciones para apoyar a los desempleados. Los puestos de trabajo dentro del programa duran alrededor de cuatro semanas y representan una contribución a la comunidad local. El TUC sostiene que es imposible describir el Programa sobre la actividad laboral obligatoria (Mandatory Work Activity Programme) como «libremente elegido», puesto que se trata de un programa de trabajo obligatorio de 30 horas a la semana durante cuatro semanas destinado a todos los solicitantes de prestaciones por desempleo en edad de trabajar. El TUC añade que la evaluación del Gobierno sobre el programa en lo que respecta a la igualdad muestra que concierne a un número desproporcionadamente mayor de casos de solicitantes de empleo de edad avanzada, personas con discapacidad y pertenecientes a las minorías étnicas. El TUC señala además que el programa no representa un apoyo y que se registran cada vez más informes de abusos. El Gobierno indica en su respuesta que el programa está únicamente a disposición de quienes soliciten la prestación por desempleo, y no para todos los demás demandantes de prestaciones en edad de trabajar. La actividad laboral obligatoria es una «actividad relacionada con el trabajo» que tiene por objetivo aproximar a los participantes al mercado del trabajo, no directamente a un empleo. Las estadísticas oficiales sobre las etapas iniciales del programa muestran que el 29 por ciento de los solicitantes a los que se les propuso el programa entre mayo de 2011 y febrero de 2012 no eran blancos y el 21 por ciento de ellos tenían discapacidades. El Gobierno señala que a los solicitantes se les inscribe en el programa sobre la base de su idoneidad para el mismo, con independencia de su origen étnico. El número de personas con discapacidades no es desproporcionadamente alto en comparación con el número de solicitantes de la prestación de desempleo. Además, de las primeras conclusiones de un estudio sobre los participantes en el programa se deduce que éste ha tenido un impacto favorable sobre las actitudes en el trabajo, la motivación para encontrar empleo, y la mayoría de participantes han declarado estar satisfechos con la experiencia en el programa. La Comisión toma nota de que las conclusiones completas de dicho estudio se publicarán en diciembre de 2012. La Comisión invita al Gobierno a que proporcione información sobre la ejecución del Programa sobre la actividad laboral obligatoria y sobre cómo sus medidas se traducen en oportunidades de empleo productivo y duradero para sus beneficiarios. La Comisión invita asimismo al Gobierno a especificar, en su próxima memoria, cómo, en virtud del artículo 2 del Convenio, se siguen revisando las medidas y las políticas adoptadas en consonancia con los resultados obtenidos para alcanzar los objetivos de pleno empleo productivo y libremente elegido, especificados en el artículo 1. La Comisión reitera que, en los términos de dicho artículo, deberá formularse y ejecutarse, «como un objetivo de mayor importancia», una política activa de empleo. La Comisión confía en que el Gobierno estará en condiciones de informar sobre nuevos progresos en lo que respecta a cómo los interlocutores sociales han participado en los procedimientos de consulta requeridos en el artículo 3 del Convenio.

Función de los servicios del empleo en la promoción del empleo. El Gobierno señala que los agentes que trabajan en centros Jobcentre Plus, los proveedores de servicios, las autoridades locales, otros centros de enseñanza superior, los proveedores de formación y los empleadores se asocian a nivel local para encontrar novedosas e innovadoras formas de prestar apoyo a quienes regresan a la actividad laboral. El Gobierno informa que está modernizando la manera en que los centros Jobcentre Plus prestan sus servicios y está delegando una mayor cuota de responsabilidad sobre los asesores que trabajan día a día con los solicitantes de empleo. Los agentes pueden ofrecer a los solicitantes un abanico completo de servicios de ayuda entre los que se cuentan la oferta de competencias profesionales y el apoyo a la búsqueda de empleo. Los agentes tienen flexibilidad de criterios para decidir qué intervenciones son las más oportunas para ayudar a que encuentren un empleo a la medida de sus necesidades. En apoyo de este nuevo régimen, el Gobierno señala que se ha creado un único fondo de apoyo flexible por un costo aproximado de 118 millones de libras esterlinas, que permiten adaptar los recursos a las necesidades de cada localidad, hacer frente al desempleo y a los múltiples obstáculos para encontrar empleo de un modo que resulte cohesionado y global. Los mecanismos de apoyo flexible que los gestores de distrito de los centros Jobcentre Plus están poniendo en marcha están siendo reforzados por una serie de medidas del Programa «Poner a trabajar a Gran Bretaña», cuyo éxito depende de la consolidación de las alianzas locales y del apoyo activo de los empleadores. La Comisión observa también que el Gobierno informó de que se reunió con el TUC para diseñar el programa y debatir el impacto que tendría sobre los trabajadores, sobre todo, si los empleadores participaran en experiencias de colocación para jóvenes desempleados. El Gobierno indica que estas discusiones han sido constructivas y siguen su curso. La Comisión invita al Gobierno a seguir proporcionando información sobre la contribución de los servicios de empleo para la aplicación de medidas para activar el mercado de trabajo.

Políticas de enseñanza y formación. El Gobierno informa que las Academias Nacionales para el Desarrollo de las Capacidades (NSA), que son innovadoras organizaciones de enseñanza y formación por sector impulsadas por los empleadores, tienen como finalidad dar una mayor participación al empleador y atraer patrocinios e inversiones significativos por parte de las empresas. Las NSA ocupan un lugar claro y diferente dentro del sistema de capacidades como agentes de prestación de servicios. Su papel consiste en transformar el suministro de capacidades para satisfacer las necesidades de los empleadores en determinados sectores o áreas de la economía mediante la oferta de especialistas con un alto nivel de calificación. El Gobierno indica que hay actualmente 18 NSA funcionando y una en desarrollo. La Comisión invita al Gobierno a que comunique en su próxima memoria información sobre los resultados obtenidos por las NSA en adecuar las capacidades a las necesidades del mercado laboral.

Empleo juvenil. El Gobierno informa que, en julio de 2012, el empleo juvenil cayó en comparación con abril de 2012, a un 22,2 por ciento. El Contrato Juvenil, al cual se asignaron fondos por un billón de libras esterlinas, fue aprobado para dar un apoyo adicional a los jóvenes desempleados durante los próximos tres años. El Contrato Juvenil se basa en los mecanismos existentes con el fin de proporcionar a los jóvenes un asesoramiento más intensivo para su experiencia laboral, así como ofrecer a los empleadores incentivos salariales y de formación para alentarles a contratar a jóvenes. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno de Escocia puso en funciones, en diciembre de 2011, a un Ministro de Empleo Juvenil. Los planes del Ministerio van encaminados a hacer confluir las actividades de todos los departamentos gubernamentales en apoyo del empleo juvenil. La Comisión invita al Gobierno a comunicar información sobre el impacto de las medidas adoptadas para atender al desempleo juvenil y de los resultados obtenidos en Escocia tras el nombramiento de un Ministro de Empleo Juvenil.

Personas con discapacidad. El Gobierno indica que el Libro Verde «En apoyo de las aspiraciones: Un nuevo enfoque sobre niños con necesidades educativas especiales y discapacidades» publicado en marzo de 2011, formula propuestas para un sistema distinto en apoyo de mejores condiciones de vida para los jóvenes con discapacidades y aquellos con necesidades educativas especiales. Entre estas propuestas cabe citar un único procedimiento de evaluación y educación, un plan sanitario centrado en los resultados que hará un seguimiento de los jóvenes desde el nacimiento hasta los 25 años, mejoras en la formación profesional y el aprendizaje laboral, y más oportunidades para obtener y mantener un trabajo, incluyendo la introducción de pasantías apoyadas para jóvenes con discapacidades. Además, el plan del Gobierno para los trabajadores con discapacidades, Acceso al Trabajo, ha propiciado que 35 840 personas con discapacidades obtengan o mantengan un empleo durante 2010-2011. Entre abril y diciembre de 2011, 27 420 personas con discapacidades recibieron ayuda por medio de este plan. El Acceso al Trabajo es un programa que ofrece apoyo adicional a los individuos cuya salud o discapacidad incide en el modo en el que realizan su trabajo. A los individuos y a sus empleadores les proporciona asesoramiento y apoyo en caso de costes adicionales que pueden surgir en función de las necesidades de una persona. La Comisión invita al Gobierno a seguir proporcionando información sobre los resultados de la aplicación de las medidas destinadas a hacer frente a las necesidades de las personas con discapacidades en el mercado abierto del trabajo.

Trabajadores de edad avanzada. La Comisión toma nota de que se ha eliminado la edad de jubilación obligatoria (DRA). Los empleadores ya no pueden obligar a los trabajadores a jubilarse cuando llegan a la edad de 65 años. Los empleadores solamente pueden establecer edades de jubilación cuando puede justificarlo objetivamente mediante determinadas circunstancias particulares, pero esto es susceptible de ser impugnado ante los tribunales. El Gobierno señala también que los directores y agentes de los centros Jobcentre Plus gozan ahora de una mayor flexibilidad para ayudar a los solicitantes de prestaciones por desempleo a encontrar empleo y, aparte de algunas opciones específicas para los solicitantes de empleo menores de 25 años, los trabajadores de edad avanzada gozan de las mismas oportunidades de acceso a una amplia gama de opciones a su medida. Además, el Departamento de Trabajo y Pensiones colabore con directores de empresas importantes de nueve sectores del mercado de trabajo para impulsar mejoras sostenidas en el empleo, la formación y la continuidad en el empleo de trabajadores de edad avanzada. El Gobierno señala que aún está recogiendo información sobre la repercusión de estas medidas sobre el empleo de estas personas. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre el impacto de estas medidas en lo que respecta a la promoción y a la participación de los trabajadores de edad avanzada en el mercado de trabajo.

Desempleados de larga duración. La Comisión toma nota de que, el 10 de junio de 2011, se puso en marcha un programa de trabajo que ha sustituido una gran parte del apoyo al empleo que se ofrecía anteriormente. El Gobierno señala que se pagará a los proveedores sobre todo por apoyar a los solicitantes de empleo a encontrar un puesto de trabajo y mantenerlo durante más tiempo que antes, subvencionando más el apoyo a las personas con más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Los centros Jobcentre Plus seguirán apoyando a los solicitantes de prestaciones por desempleo durante los primeros meses de la tramitación de su solicitud. El Programa de trabajo es para aquellas personas que corren el riesgo de perder el empleo a largo plazo. Todos los solicitantes que, al cabo de dos años en el Programa de trabajo, no hayan encontrado empleo regresarán a Jobcentre Plus para obtener un apoyo adicional. El Gobierno señala que el Departamento de Trabajo y Pensiones está ejecutando un programa experimental a pequeña escala cuya evaluación permitirá comprender cómo apoyar mejor a los desempleados de larga duración que pueden llegar al final del programa de trabajo para 2013. Este programa experimental se puso en marcha en noviembre de 2011 y funcionará durante aproximadamente nueve meses en todos los distritos con centros Jobcentre Plus a fin de probar dos nuevos elementos de apoyo: el Programa de acción comunitaria, un programa de contratos de 26 semanas; y el Programa de gestión continua personalizada, un apoyo más intensivo de los centros Jobcentre Plus y acceso a recursos adicionales. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre la aplicación del Programa de trabajo y los logros obtenidos en promover el regreso de los desempleados de larga duración al mercado de trabajo.