Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)



Un representante gubernamental recordó que en 1936, la OIT desempeñó un papel fundamental en la redacción de las disposiciones de la primera Ley del Trabajo relativas a la libertad sindical, el derecho de sindicalización y la negociación colectiva. Durante casi ochenta años, estas normas se han mantenido invariables y fueron integradas casi sin modificaciones a la Ley Orgánica del Trabajo de 1991, a la reforma de 1997 y a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012. Sin embargo, la Comisión de Expertos indica ahora que esas normas son contrarias a la libertad sindical y recomienda una asistencia técnica de la Oficina. El Gobierno ha sido sometido durante quince años a presentarse en esta sala, más por razones políticas, relacionadas con la llegada al poder de un gobierno revolucionario dirigido por trabajadores, que por cuestiones técnicas o jurídicas. Observó que la revolución bolivariana ha sido celosa de la protección a la libertad sindical, que la Constitución del país incorporó el contenido del Convenio núm. 87 y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y que éstos son los primeros quince años en un siglo en que no hubo personas presas por el ejercicio de la actividad sindical. La principal acusación contra el Gobierno consiste en un asalto de que fue víctima una ex presidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) en 2010, hecho delictivo, resuelto inmediatamente por la policía, el cual quiso ser presentado como un atentado de responsabilidad gubernamental. La Misión de Alto Nivel de la OIT de 2014, llevada a cabo cuatro años después de que el Gobierno la hubo convenido, recibió abundante documentación escrita y testimonial sobre este asalto y otras siete acusaciones concretas que son parte del caso núm. 2254 ante el Comité de Libertad Sindical. Aunque ninguno de los elementos proporcionados por el Gobierno fue refutado, la misión no se pronunció sobre ninguno de los ocho casos mencionados. Por otra parte, aunque en la República Bolivariana de Venezuela se ha avanzado desde un diálogo de cúpulas a un amplio diálogo social inclusivo, se intenta imponer una vuelta al pasado con una mesa de negocios exclusiva para FEDECAMARAS, organización que sigue conspirando contra el Gobierno. Los intentos de golpe de estado de FEDECAMARAS de 2002 y 2003 no condujeron a ningún pronunciamiento por parte de la OIT y, por el contrario, en ambas ocasiones, se puso de manifiesto la necesidad de diálogo con esa organización a pesar de los cientos de muertos ocasionados por las acciones de FEDECAMARAS. Manifestó el carácter ilegal de la indemnización que se pretende imponer a favor de directivos de FEDECAMARAS por el rescate de siete fincas. Dichos rescates forman parte de un esfuerzo de recuperación de 8 000 fincas cuyas tierras habían sido robadas a los campesinos. En este contexto, más de 180 dirigentes campesinos fueron muertos por sicarios contratados por personas cercanas al sector empresarial.

El informe de la Misión de Alto Nivel destaca la necesidad de la confianza para el diálogo pero que FEDECAMARAS conspira financiando y dirigiendo una guerra económica contra el Gobierno, como lo demuestra la reciente identificación de actos de delincuencia organizados por empresas del sector médico y farmacéutico. Estos actos, avalados por FEDECAMARAS, generan desconfianza por parte del Gobierno, la población y sus organizaciones. En la consulta efectuada a las organizaciones sindicales más representativas de trabajadores sobre el informe de la Misión de Alto Nivel, todas se negaron a participar en una mesa de diálogo con FEDECAMARAS. Para que sea posible un acercamiento, la OIT debe previamente instar a FEDECAMARAS a que abandone toda práctica conspirativa contra el Gobierno. Mientras tanto, el diálogo sigue avanzando en el país junto con las organizaciones sociales de trabajadores y de empleadores que aspiran a encontrar la solución a los problemas. Desde diciembre de 2014, existe un Consejo Federal de Gobierno de la clase trabajadora conformado por 1 056 dirigentes sindicales que, en reunión periódica con el presidente, proponen y deciden sobre diversos temas de la política nacional. Adicionalmente, el presidente de la Federación de Industriales Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela (FEDEINDUSTRIA), organización empresarial que aglutina a las pequeñas y medianas empresas del país, las cuales constituyen el 90 por ciento del tejido económico del país, fue designado para conformar con los empleadores un consejo para desarrollar el plan productivo de la nación. En 2014, se realizó una reunión de trabajo, con presencia de la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas (CSA), donde participaron más de siete organizaciones. En esta reunión, se revisaron diferentes alegaciones mencionadas en la observación de la Comisión de Expertos, algunas de las cuales se descartaron por carecer de fundamento, mientras que otras fueron resueltas. Es de esperar que su inclusión en la observación de la Comisión de Expertos se deba sólo a problemas de sincronización. Finalmente, declaró que su Gobierno está dispuesto al diálogo con los trabajadores, cualquiera sea el signo político y la posición que tengan, a condición de que el debate sea constructivo para encontrar soluciones. Con respecto a FEDECAMARAS habrá un diálogo amplio cuando existan garantías de que tal organización ha abandonado toda actitud y acción conspirativa en contra del Gobierno.

Los miembros empleadores destacaron que la discusión de este caso por la Comisión no es fruto de un capricho de los empleadores, sino el resultado de una doble nota de pie de página de la Comisión de Expertos, órgano de carácter independiente. Este caso no es nuevo para la Comisión y ha dado lugar, adicionalmente, a una Misión Tripartita de Alto Nivel en 2014. Desde la última reunión de la Comisión de Expertos, el Director General de la OIT dirigió en febrero de 2015, una carta al Gobierno expresando su preocupación por hechos nuevos denunciados por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y FEDECAMARAS. En marzo de 2015, el Comité de Libertad Sindical volvió a examinar el caso núm. 2254, decidiendo que sería nuevamente tratado en su reunión de mayo de 2015. El caso actualmente bajo examen de la Comisión abarca numerosos temas que incluyen, entre otros, graves violencias e intimidaciones en contra de FEDECAMARAS, la criminalización de la acción sindical, restricciones al registro de las organizaciones sindicales, a la libre elección de sus dirigentes y a la libre determinación de sus programas de acción. La Comisión esperaba recibir respuestas sustanciales del Gobierno respecto de estas numerosas cuestiones pero el Gobierno persiste en enviar la misma información que en el pasado. Los miembros empleadores recordaron la importancia de la Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1970, la cual subraya que el respeto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Pactos internacionales sobre derechos humanos constituyen un postulado básico para el libre ejercicio de la libertad sindical. A este respecto, se requiere, en primer lugar, que existan auténticas instituciones democráticas y no sólo de fachada, aspecto que puede generar dudas en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Adicionalmente, en virtud de estos principios, el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar el derecho a la vida, evitar cualquier arresto o detención por el ejercicio de la libertad sindical y no utilizar falsas acusaciones para hostigar a los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. De igual manera, se debe evitar cualquier demora en la aplicación de la justicia que debe ser impartida por autoridades independientes. En cuanto a los actos de violencia e intimidación en contra de los dirigentes y miembros de FEDECAMARAS, existen elementos nuevos denunciados por esta última y por la OIE. Dichos nuevos ataques se dan en un contexto en el cual el Gobierno ha agudizado sus acusaciones en contra del sector privado, que estaría supuestamente librando una guerra económica para desestabilizar al país. Enfatizó que el argumento de la guerra económica contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fue descartado ayer por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Invitó cordialmente al Gobierno a atender las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de 2014, ya que el plan de acción no fue desarrollado y el ofrecimiento de asistencia técnica no fue aceptado. Asimismo, en las conclusiones del informe de dicha misión se pide que se desarrolle el diálogo social bipartito y tripartito y, en particular, que se construya una mesa de diálogo tripartito, representativa, con un presidente independiente y con participación de la OIT. Recordó que la OIT ha dicho que FEDECAMARAS es altamente representativa de los empleadores de la República Bolivariana de Venezuela. La invitación a presentarse ante la Comisión de Aplicación de Normas no es un castigo sino una acción constructiva, y las dificultades por las que atraviesa el país deben ser superadas en concertación con todos los interlocutores sociales.

Los miembros trabajadores afirmaron que sólo las políticas basadas en el diálogo social permitirán encontrar una solución equilibrada para los problemas del país mencionados en la observación de la Comisión de Expertos y evitar su agravamiento. Tras la Misión de Alto Nivel de la OIT de enero de 2014, una misión sindical de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) a la que se unió posteriormente la Internacional de Servicios Públicos (ISP) se llevó a cabo en agosto de 2014. Esta misión permitió tratar las preocupaciones acuciantes de las organizaciones sindicales que corresponden a las cuestiones que son objeto de especial atención por parte de los órganos de control de la OIT. En relación con la libre elección de los representantes sindicales, varios procesos electorales o de renovación de autoridades sindicales se encuentran paralizados desde hace unos 20 años sin haber obtenido la certificación correspondiente del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este sentido, las formalidades exigidas por el CNE son excesivamente gravosas y la condición impuesta por el Ministerio de Trabajo de que los sindicatos obtengan del CNE una certificación del proceso electoral para estar facultados a suscribir convenios colectivos vulnera los Convenios núms. 87 y 98. A este respecto, el Gobierno señaló a la misión sindical que se preveía la adopción de modalidades que permitan, en el marco de la LOTTT desbloquear las solicitudes de reconocimiento electoral que están en suspenso. Otro aspecto problemático se refiere a la obligación de transmitir a las autoridades públicas las listas de los afiliados de los sindicatos, en ausencia de mecanismos fiables que garanticen la confidencialidad del contenido de esas listas. Si bien se aprecia la voluntad manifestada por el Gobierno, no se han logrado progresos significativos para poner la legislación del trabajo en conformidad con los convenios de la OIT, y se ha instado firmemente al Gobierno, en consulta con las organizaciones sindicales, a revisar los artículos de la LOTTT de conformidad con las recomendaciones de los órganos de control de la OIT.

En relación con los derechos sindicales y las libertades civiles, la persistencia de los asesinatos en serie de los trabajadores, especialmente en el sector de la construcción, es fuente de honda y grave preocupación. En el centro del problema se encuentran sindicatos ficticios que se supone sirven de intermediarios entre los obreros y los empresarios en las obras pero que en la práctica funcionan como organizaciones criminales. La impunidad, la ausencia de un sistema transparente en materia de contratación, las escasas investigaciones llevadas a cabo y la falta de publicación de los informes oficiales sobre esas violencias contribuyeron al agravamiento de la situación descrita por la Comisión de Expertos. Sin embargo, resulta alentador que el Gobierno haya reconocido la existencia de grupos criminales en ese sector y el Grupo de los Trabajadores reitera la esperanza de que el Gobierno permita que se establezca el grupo de trabajo tripartito convocado para encontrar una solución duradera a la violencia y la impunidad, sobre la base de un compromiso activo de los interlocutores sociales. Por lo que respecta a la criminalización de la acción sindical, los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Alianza Sindical Independiente (ASI) señalaron a la atención del Ministerio de Trabajo diversos casos de violación de la libertad sindical, en el contexto de un diálogo caracterizado por el respeto mutuo, al que asistieron la CSI y la CSA. En particular, la misión sindical tomó nota de varios casos de represión del ejercicio del derecho de huelga, no obstante, reconocido por la legislación venezolana, tal como observó la Comisión de Expertos, y de varios casos de sindicalistas en libertad condicional desde hace largo tiempo, a la espera de su comparecencia ante los tribunales. El Ministro de Trabajo se comprometió, juntamente con la Procuraduría General, a identificar los casos con el fin darles una solución. El Grupo de los Trabajadores proseguirá concediendo una especial atención a la evolución de esos casos. Por último, el Grupo de los Trabajadores insta firmemente al Gobierno a proseguir el diálogo con las organizaciones sindicales para crear un clima político y civil estable y de respeto de los derechos fundamentales, incluida la libertad sindical, la negociación colectiva y las demás cuestiones esenciales de la agenda de trabajo en la República Bolivariana de Venezuela.

La miembro empleadora de la República Bolivariana de Venezuela expresó que han sido reiteradas y cada vez más graves las violaciones al Convenio por parte del Gobierno. Este último, hasta la fecha, no ha dado cumplimiento a ninguna de las recomendaciones previstas en el informe de la Misión de Alto Nivel de la OIT, en especial la constitución de una mesa con FEDECAMARAS para la revisión de las denuncias formuladas, el requerimiento al Gobierno de cesar en su actitud de intimidación y excesos de lenguaje contra FEDECAMARAS y el restablecimiento del diálogo con esta organización. La Comisión ha revisado en 13 oportunidades anteriores las violaciones al Convenio por parte de la República Bolivariana de Venezuela y la observación de la Comisión de Expertos de este año, además contiene una doble nota a pie de página. El escenario económico es muy crítico, con una altísima inflación, un índice de precios que no reconoce los costos reales de producción y un régimen de control de cambio que no ofrece regularidad en el flujo de divisas para que las empresas puedan adquirir los insumos importados necesarios a la producción. Existen altos niveles de desabastecimiento y escasez de determinados alimentos y otros productos esenciales, como medicinas. Ante esta realidad, el Gobierno desarrolla una campaña comunicacional de hostigamiento y estigmatización dirigida a responsabilizar a FEDECAMARAS de los males que aquejan a la población. En los últimos meses, a esta campaña se han sumado una serie de medidas represivas y privativas de la libertad contra diversos dirigentes gremiales y empresariales acusados de conspiración, boicot y acaparamiento de productos. Recientemente, el Gobierno ha endurecido sus mensajes públicos contra FEDECAMARAS, acusándola ya no sólo de sostener una guerra económica en su contra, sino también de obrar contra el pueblo, incitando así a la agresión contra esta organización empleadora y sus representantes, poniendo en riesgo el ejercicio de su libertad sindical y afectando su libertad de expresión y seguridad física. Asimismo, con frecuencia se dictan incrementos de salario mínimo y leyes de manera inconsulta. El incumplimiento del Gobierno de las disposiciones del presente Convenio, del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) es sumamente grave y constituye un absoluto irrespeto de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel, atentando contra la existencia de FEDECAMARAS, que es la organización de empleadores más representativa del país. Con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones, FEDECAMARAS remitió al Gobierno un documento denominado «Compromiso con Venezuela» que contiene propuestas formuladas por cada uno de los principales sectores económicos representados en la organización. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha dado respuesta a esta comunicación. FEDECAMARAS aspira al progreso de todos los venezolanos, el cual exige preservar el rol que corresponde a las empresas privadas como generadoras de empleos, facilitándoles las condiciones propicias para la producción, la inversión y la sostenibilidad. Apeló a la intermediación de la OIT para posibilitar el diálogo con el Gobierno ya que hoy, más que nunca, el diálogo es indispensable para superar la crisis económica que atraviesa el país y para garantizar el bienestar y progreso del pueblo venezolano.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela señaló que a partir de la revolución bolivariana iniciada en 1999, el Gobierno enfrentó y derrotó, junto con los trabajadores, los intentos de instaurar la flexibilización laboral y de privatizar los servicios públicos, así como de desconocer los derechos de huelga, de asociación y de negociación colectiva. De este modo, se han evitado las transformaciones neoliberales que tanto daño han causado a los trabajadores del mundo. La democracia participativa y protagónica fue ratificada en 19 procesos electorales durante estos quince años. En dicho período, los trabajadores lograron que se aprobara una ley orgánica del trabajo que fue el resultado de un proceso de consulta de 24 meses en el que se recogieron más de 19 000 propuestas de las asambleas participativas. Gracias a este proceso, el país goza de estabilidad laboral plena, los sindicatos se ven fortalecidos y protegidos y el derecho de huelga ha sido protegido, aun en aquellos casos en que se ven afectados los servicios esenciales. Sólo en 2013, se han firmado más de 500 convenciones colectivas en el sector privado y 100 en el sector público, siendo beneficiados más de 3 millones de trabajadores. Por otra parte, desde la elección del Presidente Maduro, se ha logrado la más amplia participación de los sindicatos en la conducción de los asuntos económicos y políticos del país, por medio de los consejos presidenciales de gobierno de la clase obrera, de los campesinos, de los jóvenes, de los artistas, de las mujeres y de los indígenas. El presidente de FEDEINDUSTRIA fue recientemente comisionado para convocar a las organizaciones más representativas a conformar el consejo presidencial de gobierno de los empleadores.

En el consejo presidencial de la clase obrera participan más de 1 050 dirigentes sindicales que se organizan por áreas productivas. La situación planteada contrasta radicalmente con la actitud de FEDECAMARAS que se ha opuesto desde el principio a todos los avances de los trabajadores, ha participado en golpes de estado, en sabotajes a la industria petrolera y en paralizaciones patronales. Más aún, en la actualidad, guardan un silencio cómplice cuando sus afiliados acaparan los productos de consumo para generar escasez y promover la desconfianza de la gente hacia el Gobierno. Los hechos denunciados por FEDECAMARAS no constituyen por lo tanto persecución contra los empleadores afiliados a la misma, sino que son consecuencia de su participación en actos delictivos. FEDECAMARAS exige, sin vergüenza, la derogación de los derechos laborales conquistados por medio de la ley orgánica del trabajo y en más de 80 leyes que han permitido el pleno goce y justa distribución de la riqueza en todas las capas de la población. Estas leyes, además, están en conformidad con los convenios fundamentales. Por otra parte, sin ningún prejuicio, algunos empleadores de FEDECAMARAS han ordenado el asesinato de más de 300 dirigentes campesinos que participaron en la recuperación de más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas usurpadas. El Gobierno ha invitado a los empleadores de FEDECAMARAS en repetidas ocasiones a que se incorporen a las mesas de diálogo y a que participen en el consejo presidencial de gobierno de los empleadores. Sin embargo, FEDECAMARAS no participa del diálogo y apoya la conspiración contra el Gobierno. La Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en enero de 2014 pudo verificar los mecanismos de diálogo y consulta democrática que funcionan en el país. Ante la escalada de violencia de calle y los sabotajes promovidos desde el exterior, el Gobierno ha profundizado su invitación al diálogo social, dirigido en particular a FEDECAMARAS. En el marco de dicho diálogo, FEDECAMARAS ha asistido al palacio presidencial y en febrero de 2015, se realizaron nuevas reuniones, en la sede de FEDECAMARAS. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores se opone a entablar diálogos tripartitos, ya que el país ha superado esa instancia para acceder a un diálogo social más profundo que tiene lugar en los consejos presidenciales de gobierno. Los trabajadores están dispuestos al diálogo social inclusivo, siempre y cuando FEDECAMARAS modifique su actitud permanente de sabotaje y oposición a las conquistas de los trabajadores. El orador concluyó manifestando su apoyo pleno al esfuerzo llevado a cabo por el Presidente para mantener el diálogo, incluso con FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental de Cuba, hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), tomó nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno relativas al cumplimiento del Convenio a través de la Constitución, la legislación y la práctica nacionales. La observación de la Comisión de Expertos recoge argumentos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tales como la no relación de los hechos denunciados con las actividades sindicales y el ejercicio de la libertad sindical; la conclusión de las actuaciones, investigaciones policiales y el seguimiento de los juicios para los casos específicos referidos en dicha observación; la consagración del derecho de huelga en la Constitución, así como la no prohibición del mismo en las leyes del país; y la existencia de un amplio diálogo social inclusivo. El GRULAC tiene presente lo establecido en el párrafo 1 del artículo 8 del Convenio y confía en que el Gobierno seguirá cumpliendo con lo dispuesto en él.

El miembro empleador del Brasil afirmó que toda mejora de las condiciones sociales de un país presupone un diálogo social tripartito efectivo, así como el respeto a la iniciativa privada y a los empleadores que, junto con los trabajadores, producen la riqueza de un país. En la República Bolivariana de Venezuela se practica un diálogo falso, y las amenazas y detención de los dirigentes empleadores contribuyen al deterioro de las condiciones económicas del país. Lamentó que la prensa apoyada por el Gobierno atribuya la responsabilidad del escenario económico caótico en que se encuentra el país a las empresas y a los empresarios, cuando dicho escenario se origina en realidad en una pésima gestión pública por parte del régimen autocrático que gobierna el país.

El miembro gubernamental de Saint Kitts y Nevis recordó que todos los Estados Miembros, independientemente de su tamaño, tienen el solemne deber de asegurar el cumplimiento de los convenios de la OIT. Señaló que la presencia del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comisión demuestra su compromiso con los valores de la OIT, e instó a todas las partes en el conflicto a celebrar negociaciones con la esperanza de hallar una solución mutuamente beneficiosa.

El miembro trabajador de Cuba valoró positivamente la respuesta del Gobierno avalada por la organización sindical más representativa del país. El Gobierno tiene la voluntad política de sostener un diálogo social inclusivo en línea con el marco constitucional y legal del país. Prueba de ello es la realización, desde abril de 2013, de importantes mesas técnicas de diálogo social con el sector empleador, en donde participaron centenares de representantes empresariales. Para evitar que se socave la credibilidad e imparcialidad de los mecanismos de control de la OIT, las recomendaciones para que se promueva el diálogo social en la República Bolivariana de Venezuela no deberían estar dirigidas exclusivamente al Gobierno. Mientras que el Gobierno sí ha demostrado su apertura, otro actor ha creado en cambio un ambiente hostil y se ha autoexcluido de los procesos de diálogo social. Adicionalmente, tal como lo señaló el Gobierno, la observación de la Comisión de Expertos aborda temas que no entran en el ámbito del diálogo tripartito del país, sino que son competencia de otros niveles constitucionales. Después de 15 años de escuchar observaciones principalmente retóricas, debe llegar el momento de tratar este caso de manera constructiva, evaluando objetiva y no políticamente la voluntad del Gobierno y de la organización de trabajadores más representativa del país de construir una sociedad con justicia social.

El miembro gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia se alineó con lo manifestado por el GRULAC y agradeció a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela por las informaciones brindadas acerca del cumplimiento del Convenio. El orador tomó nota con satisfacción de todas las iniciativas de dialogo inclusivo que ha promovido el Gobierno, tal como fue reconocido por la Misión Tripartita de Alto Nivel. Destacó en ese sentido la importancia de las mesas técnicas de diálogo con las distintas organizaciones sindicales, cámaras, federaciones, comités de tierras, comités de campesinos, consejos comunales entre otros, todos ellos de conformidad con el marco constitucional y con la normativa vigente. Subrayó que este tipo de acciones demuestran que las organizaciones de trabajadores y de empleadores de la República Bolivariana de Venezuela tienen la oportunidad de participar permanentemente en un amplio diálogo social. La OIT, y en particular, la Comisión, no deberían ser el espacio para plantear problemas con motivaciones sesgadas por su interés político, y tales discusiones no deberían ser aceptadas en el futuro. Finalmente, destacó la voluntad del Gobierno de continuar cumpliendo con el Convenio.

El miembro empleador de Panamá reiteró lo indicado por el portavoz de los empleadores en cuanto a que la invitación a presentarse ante este foro no es un capricho de los empleadores sino que responde a las observaciones de uno de los órganos de control de la OIT. Señaló que la piedra angular de un gobierno democrático es el respeto a los derechos humanos y, muy especialmente, a los derechos fundamentales que promueve la OIT. Declaró que, en reiteradas ocasiones, le tocó participar en la discusión sobre este caso por el que se acusa al Gobierno de violar el Convenio, mediante actos de acoso, persecución, represión y detención a miembros del sector empleador. La situación de la República Bolivariana de Venezuela es sumamente grave no sólo porque el Gobierno desatiende las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel, sino porque se han recrudecido los actos de violaciones y persecuciones contra los interlocutores sociales. Declaró que ha llegado el momento en que esta Comisión vaya más allá de señalar su profunda preocupación ante las graves y diferentes formas de estigmatización e intimidación de los interlocutores sociales y, a través de una recomendación, incite al Gobierno a que acepte la asistencia técnica de la OIT, con el fin de lograr la efectiva institucionalización de una mesa de diálogo tripartito abierta y sincera que permita allanar el camino hacia la paz social.

La miembro gubernamental de Myanmar encomió al Gobierno venezolano por sus esfuerzos para solucionar el conflicto mediante un diálogo amplio que incluye a numerosas organizaciones de empleadores. El mantenimiento de dicho diálogo, así como el hecho de que la República Bolivariana de Venezuela prosigue sus esfuerzos para asegurar de manera más general el respeto de la libertad sindical, debería reconocerse debidamente. Recalcó que este caso no debería haberse presentado ante esta Comisión.

La miembro trabajadora del Brasil indicó que la recurrencia del análisis del caso de la República Bolivariana de Venezuela molesta a todos los miembros de la Comisión que están preocupados y empeñados para que los derechos de los trabajadores avancen en el mundo. Elogió al Gobierno que asumió la presidencia en 1999 y que se sustrajo a la influencia externa de los Estados Unidos y a la administración de FEDECAMARAS. Lamentó que FEDECAMARAS y la OIE sigan presentando ante la Comisión de Aplicación de Normas argumentos difamatorios contra un gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países de las Américas frente a las sanciones de los Estados Unidos. Por otra parte es lamentable que los mismos instigadores de un golpe de estado y del sabotaje económico del país, se presenten ante la Comisión para expresar su preocupación en cuanto a la suerte de los trabajadores y la ausencia de consultas. Instó a que casos comprobadamente infundados no vuelvan a formar parte del debate de la Comisión.

El miembro gubernamental de la República Democrática Popular Lao sostuvo que la República Bolivariana de Venezuela realizó esfuerzos considerables para proteger los derechos de libertad sindical de trabajadores y empleadores, en particular mediante la adopción y la aplicación de su legislación laboral. El orador manifestó la esperanza de que este conflicto se resuelva pacíficamente y a la brevedad.

El miembro empleador de Honduras hizo notar que la libertad empresarial es necesaria en cualquier país para el desarrollo del mismo, pero que sólo se logra cuando las organizaciones empresariales están libres de interferencias e intimidación contra sus integrantes. El orador afirmó que el Gobierno está en flagrante violación del Convenio y que impide de manera sistemática y permanente la acción libre de las organizaciones empresariales (FEDECAMARAS, el Consejo Nacional del Comercio (CONSECOMERCIO) y la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VENANCHAM) y de trabajadores, incluso por medio de acusaciones penales y arrestos a sus dirigentes, de una campaña mediática con la intención de generar o incitar odio al sector empleador y trabajador, y de la promoción de organizaciones paralelas. Recordó que estas violaciones fueron reconocidas por la Misión Tripartida de Alto Nivel de la OIT y solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas que estableciera acciones concretas para evitar la violación reiterada del Convenio por parte del Gobierno, como el cese de los ataques a las organizaciones de empleadores, en particular a FEDECAMARAS, y la fijación de un plazo inmediato para la creación de la mesa de diálogo tripartito.

El miembro gubernamental de Namibia indicó que es evidente, según la información presentada por FEDECAMARAS, que el conflicto de la misma con el Gobierno no concierne en realidad a la libertad sindical, sino que reviste más bien un carácter político. Alabó los esfuerzos realizados por la República Bolivariana de Venezuela para mantener un diálogo no excluyente, y sostuvo que esa iniciativa merece que la OIT la fomente y facilite.

El miembro trabajador de Colombia manifestó que no se puede mantener un doble discurso y defender el informe de la Comisión de Expertos cuando trata del derecho de huelga y criticarlo respecto de otros asuntos. La preocupación central de la CGT consiste en que se garantice el pleno respeto a la libertad sindical en todos los países miembros de la OIT, sea cual sea su sistema de gobierno. Los atropellos a la libertad sindical descritos en la observación de la Comisión de Expertos son inaceptables y no se corresponden con el proceso revolucionario publicitado por el Gobierno. Empeoraron las violaciones al principio de libre elección de los dirigentes sindicales debido a la injerencia y prácticas arbitrarias del Consejo Nacional Electoral (CNE) que puede decidir no conceder la certificación y publicación en la Gaceta Electoral que el Gobierno exige para que las organizaciones sindicales puedan ejercer sus actividades, por ejemplo en el caso del Sindicato de Trabajadoras Telefónicas de Caracas. En situación de indefensión se encuentran especialmente los sindicatos de los Laboratorios Vargas, de las industrias plásticas de Carabobo, de cementos del Estado Lara, de la empresa Siderúrgica del Turbio (SIDETUR) así como la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos. En estas condiciones, la Comisión debe pedir al Gobierno que respete, sin ninguna distinción, el derecho de todas las organizaciones sindicales de ejercer libremente sus actividades.

El miembro gubernamental de Malasia expresó su agrado por las iniciativas del Gobierno y por los esfuerzos que realiza para la solución de los conflictos e instó a que dichas iniciativas se emprendan de manera compatible con los principios de derechos humanos y las normas de la OIT. Existe un mecanismo amplio de diálogo no excluyente que permite la participación de los empleadores que debería utilizarse como base para el compromiso de los mandantes tripartitos con miras a salvar las diferencias y planificar con una visión de futuro. Alentó al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para lograr que las partes interesadas y la OIT alcancen un entendimiento común que asegure condiciones armoniosas tanto para los trabajadores como para los empleadores.

El miembro empleador de México declaró que es sorprendente recibir por parte del Gobierno una oferta de diálogo condicionada, lo que confirma que lo que dice el Informe de la Comisión de Expertos es la realidad. No existe diálogo social en el país. La OIT ha tomado muchas medidas para ayudar al país en el cumplimiento del Convenio. Cuando fue ratificado este Convenio fundamental, el Gobierno realizó denodados esfuerzos para respetar el Convenio pero desde entonces perdió la voluntad de hacerlo y, a pesar de los esfuerzos de persuasión y de la doble nota a pie de página, no se observan progresos. La situación es un enorme reto para el concierto de las naciones de la OIT con el cometido de proteger los principios fundamentales para el desarrollo armónico del ser humano, entre los que se encuentra la libertad sindical. Un clima exento de violencia y temor es un elemento esencial para lograr la paz universal. A pesar de muchos esfuerzos, no se observa una reacción positiva hacia el cumplimiento del Convenio. Por el contrario, se realizan detenciones injustificadas, situaciones de acoso, ataques verbales y físicos que incluyen privación de la vida e impunidad. Las leyes limitan los derechos y se elaboran sin consulta tripartita. Las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel incluyen la creación de una mesa tripartita en la que se respete y reconozca la representatividad de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Esta mesa no se instalará si no se aceptan las condiciones que ha puesto el Gobierno. En estas circunstancias, las conclusiones no deben limitarse a reflejar la situación sino subrayar que no se muestra voluntad por parte del Gobierno de cambiar las cosas.

El miembro gubernamental del Ecuador indicó que su Gobierno adhiere a la declaración hecha por el GRULAC. Valora las informaciones proporcionadas por el Gobierno que ha demostrado su voluntad de solucionar por la vía pacífica, democrática y mediante el diálogo sus problemas políticos internos. Las disposiciones de los convenios internacionales no autorizan ni legitiman actuaciones contrarias a las leyes nacionales. Por el contrario, llaman a los interlocutores sociales a respetar las reglas de la convivencia democrática. El párrafo 1 del artículo 8 del Convenio establece que, al ejercer los derechos reconocidos en la normativa, los interlocutores sociales están obligados a respetar la legislación nacional. En la República Bolivariana de Venezuela existe un amplio diálogo inclusivo lo cual constituye un avance en comparación con la situación que regía anteriormente y los convenios de la OIT no se encuentran en entredicho en el país. Los interlocutores sociales participan permanentemente en un amplio diálogo social convocado por el Gobierno. En el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Ecuador apoyó a la República Bolivariana de Venezuela en materia de diálogo y participó en varias reuniones con todos los interlocutores sociales. En consecuencia, el Gobierno del Ecuador reconoce los esfuerzos que está realizando el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la construcción de un diálogo inclusivo, democrático y constructivo para procurar encontrar una solución adecuada.

Una observadora representando a la Organización Mundial de Trabajadores (OMT) indicó que la Comisión no debe ser utilizada como instrumento político. El Gobierno ha profundizado su política de criminalización de las protestas laborales. Los trabajadores son reprimidos, detenidos y encarcelados por ejercer su derecho a la libertad sindical. Dirigentes y trabajadores afiliados a la OMT han sido asesinados y muchos han perdido la esperanza de un modelo de gestión diferente. La lucha contra la discriminación antisindical ha generado imputaciones penales, persecuciones, amedrentamiento, despidos, penas de prisión y desmejoras en las condiciones laborales de cientos de trabajadores y dirigentes sindicales. Las recomendaciones formuladas por la Misión Tripartita de Alto Nivel en relación con la necesidad de diálogo social, así como todas la consideraciones de los diferentes órganos de control de la OIT, han sido desechadas por el Gobierno a pesar de los esfuerzos realizados por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA-TUCA) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Ante la crítica situación laboral y la violación reiterada del Convenio, la oradora solicita la constitución de una Comisión de Encuesta.

El miembro gubernamental de la República Árabe Siria manifestó que el caso objeto de las deliberaciones es de naturaleza política y que fue presentado en contra del Gobierno en repetidas ocasiones. El artículo 8 del Convenio estipula que, al ejercer los derechos dimanantes del Convenio, debe respetarse la legislación del país. El Gobierno invitó a FEDECAMARAS a que participara en los diálogos pero esta rechazó la invitación. En el país se respetan los convenios de la OIT sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y el diálogo social, y las organizaciones de trabajadores y empleadores participan del diálogo social de manera general. A este respecto, el Gobierno lleva adelante un proceso de consulta con la finalidad de instituir mesas de diálogo. En relación con las acusaciones de amenazas y actos de violencia perpetrados contra FEDECAMARAS y sus dirigentes, la libertad de elegir representantes sindicales está resguardada. El Consejo Nacional Electoral funciona con independencia del poder ejecutivo y desempeña la función constitucional de garantizar los derechos electorales de los trabajadores y la ciudadanía en general. El derecho de huelga está consagrado en la constitución y en la legislación nacional. Los trabajadores no son sancionados por participar de una huelga de manera pacífica con arreglo a los procedimientos estipulados en la legislación laboral del país. Se trata de un caso político que no ha de ser deliberado por la Comisión.

Una observadora representando a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) expresó su preocupación por la persecución de los trabajadores del sector público mediante despidos selectivos de dirigentes sindicales, jubilaciones obligadas, la promoción del paralelismo sindical, la indebida intervención del Consejo Nacional Electoral y engorrosos y costosos trámites administrativos para el registro de los sindicatos. Esto es violatorio de la autonomía sindical consagrada en el Convenio y estas prácticas se mantienen a pesar de los llamamientos de los órganos de control de la OIT. Dado que existen dos leyes aplicables a los trabajadores del sector público que distorsionan la aplicación de la libertad sindical, es necesario unificar la legislación laboral y ratificar el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154). Ofrecen un marco normativo internacional de aplicación y respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público. Es necesario iniciar un proceso de diálogo bipartito incluyente para lograr la concertación y fortalecer el empleo público y el pleno respeto de los derechos consagrados en el Convenio. Además, se necesita un plan de seguimiento y aplicación de los compromisos adquiridos por el Ministerio del Trabajo con la Misión Tripartita de Alto Nivel. El diálogo social es importante para la democracia y para obtener condiciones de trabajo y de vida dignas. Los compromisos del Gobierno deben ser claros y precisos.

El miembro gubernamental de la India observó que el Gobierno venezolano está fomentando el diálogo social organizando mesas redondas de carácter técnico con los empleadores. Los trabajadores y los empleadores también están participando en un diálogo social más amplio en el país. El Gobierno celebró, en febrero de 2015, la primera reunión de representantes de FEDECAMARAS y de la Comisión Presidencial del Estado Mayor Económico. El Gobierno logró determinar quiénes son los responsables de los actos de violencia contra los dirigentes de FEDECAMARAS. El Gobierno sugirió, por indicación de la Comisión de Expertos, que los sindicatos comunicasen el nombre de los sindicalistas víctimas de homicidio y el máximo de precisiones posibles sobre las circunstancias de sus muertes incluido todo indicio de su carácter antisindical. El Gobierno explicó que la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones de los representantes sindicales es facultativa y se produce sólo si un sindicato pide el apoyo o la asistencia técnica de ese organismo. El CNE es independiente del Poder Ejecutivo y su papel constitucional consiste en garantizar los derechos electorales de los trabajadores y de todos los ciudadanos. El orador solicitó a la Comisión que tome nota de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para fomentar el diálogo social y abordar los asuntos que preocupan a los interlocutores sociales. Añadió que espera que el Gobierno siga ampliando este proceso.

La miembro gubernamental de la República Dominicana rechazó las acusaciones contra el Gobierno relativo al cumplimiento del Convenio, dado que ha mostrado que está dispuesto a solucionar en forma ejemplar, por la vía pacífica, democrática y electoral sus problemas políticos internos. Asimismo, en el país existe un amplio diálogo, reconocido por la Misión Tripartita de Alto Nivel, lo cual constituye, sin dudas, un importante avance del diálogo social que existía anteriormente. La aplicación y el cumplimiento de los Convenios de la OIT sobre la libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social no son cuestionadas en la República Bolivariana de Venezuela y hay que tomar nota con satisfacción de la buena voluntad del Gobierno de seguir dialogando, alentándolo a continuar en ese proceso.

El miembro trabajador de Nicaragua indicó que rechazaba que el caso de la República Bolivariana de Venezuela se tratara como supuesta violación del Convenio, dado que en reiteradas ocasiones el Gobierno ha presentado los argumentos que demuestran el fiel cumplimiento de los Convenios de la OIT y de la legislación nacional laboral. Incluso, el Gobierno ha aceptado la presencia de misiones de la OIT en el país, entregándoles toda la información requerida. La política laboral que impulsa y desarrolla el Gobierno ha permitido la negociación de convenios colectivos, se ha mejorado el salario mínimo, se garantiza el acceso a la educación y a la salud pública de manera gratuita, se impulsan programas para la construcción de viviendas con interés social, se promueven mesas para el diálogo bilateral y tripartito en búsqueda de soluciones a los problemas más serios de los trabajadores y del pueblo en general. El Gobierno es solidario con la causa de los pueblos de América Latina y el Caribe y las dificultades se resuelven a través del diálogo, base fundamental del tripartismo. Es importante asegurar que la OIT sea un organismo creíble, fuerte y con autoridad y prestigio, para garantizar el bienestar de los trabajadores y la buena marcha de las relaciones laborales. Las reivindicaciones no deben utilizarse para fines políticos.

El miembro gubernamental de Belarús rindió homenaje al enfoque complejo adoptado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para lograr una dinámica positiva en cuestiones sociales y laborales. La OIT reconoció los progresos que ha realizado el Gobierno para organizar el diálogo social tras la Misión Tripartita de Alto Nivel de enero de 2014. Por otra parte, en febrero de 2015, FEDECAMARAS observó progresos positivos por parte del Gobierno para retomar el diálogo social tripartito. El artículo 8 del Convenio estipula, en el párrafo 1: «Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad». Es indispensable que los órganos de control de la OIT interpreten esta disposición correctamente. Los Estados Miembros que han ratificado el Convenio no se han puesto de acuerdo sobre el hecho de conferir un significado particular a este artículo. Por consiguiente, una interpretación ampliada carece de fundamento jurídico.

Un observador representando a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) destacó la memoria proporcionada por el Gobierno a solicitud de la Comisión de Expertos, así como la posición de los trabajadores de las centrales bolivarianas que han subrayado los avances en materia de inclusión, justicia social y profundización democrática. La declaración del GRULAC es muy positiva así como la voluntad expresada por el Gobierno de dar cumplimiento al Convenio y al diálogo social. Confía en que el Gobierno tome nota de las observaciones de la Comisión de Expertos, de la CSI y de la CSA y dé continuidad a la labor tripartita junto con los interlocutores sociales. Resulta paradójico que organizaciones que dicen defender la democracia hayan participado en acciones para desestabilizar a la misma incumpliendo las leyes. El Gobierno, los trabajadores y el pueblo pueden superar las dificultades planteadas y apoyar el proceso que se desarrolla y que tiene como objetivo la distribución de las riquezas, la búsqueda de la justicia social y la integración de los pueblos.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia expresó el reconocimiento de su Gobierno al representante gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela por las detalladas explicaciones proporcionadas a la Comisión en relación con la aplicación del Convenio. La Misión Tripartita de Alto Nivel confirmó en enero de 2014 la voluntad del Gobierno de cooperar con la OIT para la aplicación de la libertad sindical como lo prevé el Convenio. Además, el Gobierno proporciona con periodicidad a la Comisión de Expertos respuestas detalladas a sus observaciones, habiendo indicado en ellas la instauración de medidas adoptadas en consulta con todos los interlocutores sociales, incluida FEDECAMARAS. Tras la reunión celebrada en febrero de 2015, la situación en el país es positiva. Además, señaló casos aislados de crímenes trágicos de sindicalistas. Cada crimen debe ser objeto de una investigación en profundidad y sus perpetradores deben ser sentenciados. Ese trabajo lo realiza el Gobierno. En numerosos casos, tales crímenes no están vinculados con actividades sindicales. Por lo tanto, exhortó a no politizar tales asuntos. En conclusión, reconoció la cooperación entre el Gobierno y la OIT en la puesta en práctica del Convenio y manifestó su esperanza de que tal cooperación proseguirá.

Un observador representando al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) indicó que el movimiento sindical de Uruguay conoce y reconoce que el diálogo social inclusivo en la República Bolivariana de Venezuela existe y que se han hecho esfuerzos para profundizarlo. El Gobierno convocó una reunión en la propia sede de FEDECAMARAS aunque la organización no participó en la misma. Se trata de una doble nota a pie de página pero hay que reconocer que uno de los pilares de la libertad sindical que es el derecho de huelga está reconocido constitucionalmente. Por lo tanto no se ponen en tela de juicio los derechos fundamentales en el país. No hay ningún problema en discutir política pero no debe haber mal uso de la Comisión. Es inaceptable que quienes participan en los espacios de diálogo creados por la CSI y la CSA después denuncian una situación contraria a la realidad. Existe además un registro de las organizaciones sindicales y no se cuestiona la representatividad de las centrales. En relación con la representatividad, la forma de elegir los representantes de FEDECAMARAS no es transparente. Nadie puede decir a los trabajadores la manera en que tienen que defender la democracia. Cada vez que no se respeta el Estado de derecho, es el trabajador quien paga primero, incluso con su propia vida. Por tanto, el movimiento sindical de Uruguay, junto con el de América Latina, siempre va a defender los sistemas democráticos como el de la República Bolivariana de Venezuela.

El miembro gubernamental de Viet Nam señaló los esfuerzos desplegados por el Gobierno, así como la constructiva cooperación y el mayor compromiso con la OIT al abordar las cuestiones que se han planteado en el caso núm. 2254 del Comité de Libertad Sindical. El Gobierno debería proseguir por este camino, ya que quedan algunos problemas por resolver. Es necesario fortalecer la asistencia técnica de la OIT con el fin de obtener mayores logros.

El miembro gubernamental de Uzbekistán felicitó al Gobierno por su compromiso para proporcionar las explicaciones en el marco de una cooperación constructiva con la OIT, y por su compromiso para resolver las dificultades de su país en forma pacífica. Señala que el proceso de consulta en curso comprende a todas las partes interesadas y está en conformidad con la legislación del país. También subraya la existencia de un diálogo constructivo reconocido por la Misión Tripartita de Alto Nivel en enero de 2014. En conclusión, es positivo alentar al Gobierno para que continúe con sus esfuerzos y hay que proporcionarle la ayuda necesaria con miras a continuar en este sentido.

El miembro gubernamental de Suiza declaró que ya se ha tratado en varias ocasiones el respeto del Convenio por la República Bolivariana de Venezuela y que la última decisión importante en la materia es la del Consejo de Administración de marzo de 2014. Insiste principalmente en la puesta en práctica de esta decisión y alienta al Gobierno a que establezca una mesa redonda de diálogo social tripartito. Es hora de que el Gobierno dé seguimiento a las recomendaciones del Consejo de Administración de 2014 y de que asegure un verdadero diálogo social, pero sobre todo que garantice la seguridad de los interlocutores sociales. A este respecto, insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que cese todo tipo de violencias, tanto contra sindicalistas como contra empleadores. El ambiente y la gravedad de las formas de estigmatización e intimidación no permiten a los interlocutores sociales contribuir plenamente al desarrollo económico del país. En conclusión, sugiere al Gobierno que, con ayuda de la OIT, integre mejor a los interlocutores sociales tanto en la revisión de las leyes como en su elaboración.

El miembro gubernamental de Nicaragua indicó que su Gobierno suscribía a la declaración hecha por el GRULAC. Apoya al Gobierno, llamado ante la Comisión de forma injustificada para tratar un caso que se ha politizado. El diálogo y la cooperación constituyen la base fundamental para avanzar en la solución de conflictos. En este sentido, los progresos hechos por el Gobierno para solucionar por la vía democrática sus problemas internos son positivos. La Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país reconoció la voluntad política del Gobierno de mantener un diálogo inclusivo con todos los interlocutores sociales y constató los notorios progresos alcanzados en el cumplimiento de sus obligaciones laborales internacionales. En este espíritu de diálogo, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela convocó en febrero de 2015 a todos los interlocutores sociales para dialogar y FEDECAMARAS declaró públicamente que este encuentro fue productivo. Es tiempo de dar vuelta a la página y dar pasos hacia el futuro en beneficio del país.

El miembro gubernamental de Argelia declaró que el caso de la República Bolivariana de Venezuela vuelve de manera recurrente, a pesar de que una Misión Tripartita de Alto Nivel haya subrayado que se han producido avances significativos y notables en materia de diálogo social. El Gobierno ha realizado esfuerzos y propuesto iniciativas para hacer que todos los actores participen en el fomento de este diálogo inclusivo, como ha constatado la misión tripartita. En conclusión, se trata de iniciativas y actuaciones positivas que es necesario respaldar, apoyar y alentar y se debe acompañar el diálogo social en ese país.

La miembro gubernamental de Cuba indicó que su Gobierno respalda la declaración hecha por el GRULAC. El Gobierno ha dado amplias muestras de su disposición a cooperar con la Comisión proporcionando las informaciones pertinentes. Ha encontrado soluciones inclusivas y democráticas a la situación política interna en el pleno ejercicio de su derecho. Por otra parte, la Misión Tripartita de Alto Nivel ha reconocido el amplio diálogo inclusivo desarrollado en el país. El Gobierno ha informado sobre numerosas iniciativas con los interlocutores sociales y ha puesto en evidencia su voluntad y compromiso con el diálogo social tripartito. Realiza un proceso de consultas con las organizaciones sindicales para la elaboración de un plan de acción que contempla la constitución de mesas de diálogo. El Gobierno ha respondido de manera pormenorizada a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos.

El miembro gubernamental de Egipto recordó que el derecho a la libertad sindical también conlleva responsabilidad. Las normas internacionales del trabajo sobre libertad sindical ofrecen para el ejercicio de ese derecho un marco general que permite a los Estados Miembros establecer los procedimientos que rigen su ejercicio, de conformidad con las condiciones nacionales, siempre que esas prácticas no entren en conflicto con las normas internacionales del trabajo. El Gobierno ha respondido a las solicitudes de la OIT ofreciendo propuestas respecto de las cuestiones tratadas. Impulsar el diálogo social y la cooperación entre el Gobierno y los interlocutores sociales es una iniciativa positiva. Sobre el derecho de huelga, se mostró de acuerdo con el representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en que este derecho está garantizado en las normas internacionales del trabajo siempre que se ejerza respetando la ley y pacíficamente.

El miembro gubernamental de China declaró que su Gobierno respalda la declaración hecha por el GRULAC. El Gobierno coopera con la OIT y ha realizado esfuerzos para mejorar la legislación sobre el derecho de huelga y la legislación social. Los países que ratifican los convenios de la OIT deben aplicar las disposiciones de esos convenios. A este respecto, la OIT está a disposición para ayudar a los países a superar las dificultades que tengan para aplicar los convenios y los países pueden solicitar su asistencia técnica.

El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán señaló que debe darse la debida consideración a las medidas adoptadas por el Gobierno que ha demostrado su compromiso y voluntad para resolver los problemas existentes. El Gobierno ha llevado a cabo un diálogo inclusivo con las organizaciones de trabajadores y empleadores en el país, como lo reconoce la Misión Tripartita de Alto Nivel en 2014. También ha promovido la celebración de mesas redondas de carácter técnico con los empleadores para tratar los problemas específicos. Debería proporcionarse mayor asistencia técnica al Gobierno.

El miembro gubernamental del Pakistán recordó que el sistema de control de la OIT está orientado a controlar el progreso en la aplicación de los convenios de la OIT. Es importante que todos los interlocutores sociales respeten la naturaleza no política de los mecanismos tripartitos. La politización de casos es contraproducente. El Convenio no autoriza acciones ilegales, y es importante que los interlocutores sociales respeten el Estado de derecho. Tomó nota del compromiso del Gobierno con el diálogo social y su voluntad de reforzarlo, y alentó a los interlocutores sociales a que trabajen con el Gobierno a este respecto.

La miembro gubernamental de Jamaica manifestó su apoyo a la declaración del GRULAC. Se siente alentada por la iniciativa del Gobierno para trabajar con la Comisión y reconoció sus esfuerzos para abordar las cuestiones planteadas. Expresó su confianza en que el Gobierno siga fomentando el diálogo y el compromiso con todas las partes interesadas, de conformidad con el Convenio.

Un observador representando a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) insistió en la importancia que este caso reviste para la comunidad empresarial. Desde hace mucho tiempo, la OIE ha venido expresando su profunda preocupación por la situación de acoso e intimidación a la que están sometidas las organizaciones empresariales independientes y representativas del país y específicamente FEDECAMARAS y las organizaciones que forman parte de ella. Las recomendaciones de los órganos de control de la OIT y las conclusiones de la Comisión han hecho claro eco de esta preocupación con todo el detalle y explicación fáctica. No se está hablando de cuestiones políticas sino del cumplimiento del Convenio y de principios y derechos fundamentales. Se esperaba, tras la Misión Tripartita de Alto Nivel, que el Gobierno abriera vías de diálogo y pusiera especial empeño en evitar actos de coacción contra los dirigentes empresariales. Las conclusiones de la Misión contienen propuestas e identifican líneas de acción que han sido sistemáticamente rechazadas por el Gobierno. FEDECAMARAS ha intentado mostrar una actitud constructiva intentando evitar la confrontación. Por el contrario, el Gobierno continúa con su línea de actuación. El clima de criminalización de la protesta se ha intensificado en detrimento de las organizaciones de empleadores así como de las organizaciones sindicales independientes. La falta de consideración y respeto hacia las propuestas de los órganos de control de la OIT son notorias. Se valoran enormemente los esfuerzos que la OIT está realizando para mejorar la situación que afecta gravemente a los trabajadores y empleadores. La comunidad empresarial en su conjunto ha mostrado un alto grado de solidaridad y compromiso con este caso. Los miembros trabajadores también han mostrado su preocupación y la claridad y contundencia de la OIT no debe cesar en este caso. Las conclusiones deben ubicarse en coherencia con la necesidad de acción efectiva e inmediata ante una situación que es muy grave para la libertad de asociación y la libertad sindical.

El miembro gubernamental de Kuwait, hablando también en nombre de los miembros gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán y Qatar destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar el diálogo social con miras a mejorar el cumplimiento del Convenio. El Gobierno necesita tiempo para cumplir con las obligaciones que les impone el Convenio. Expresó la esperanza de que la OIT preste pleno apoyo al Gobierno y que esto se refleje en las conclusiones de la Comisión.

El representante gubernamental respondió a las alegaciones de los miembros trabajadores y empleadores. En relación a las declaraciones de los miembros trabajadores, lo planteado forma parte de los acuerdos y ha sido solucionado. La lista de requisitos exigidos a los sindicatos la estableció la OIT y desde entonces es aplicable. En relación a las detenciones y agresiones alegadas el Gobierno está esperando que se le facilite la lista. En el sector de la construcción, si bien es cierto que ha habido problemas de violencia, las situaciones conciernen mayoritariamente a trabajadores no sindicalistas. En relación al Consejo Nacional Electoral (CNE), aclaró que dicho órgano participa solamente si la organización sindical lo solicita; se trata de acuerdos que se aplican y no es posible que las elecciones sindicales hayan estado paralizadas por una veintena de años por culpa del CNE, como se dijo en sala, ya que este último lleva únicamente quince años funcionando. Se pueden hacer elecciones si así se desea. La no realización de elecciones no es por culpa del Gobierno y, de hecho, hay organizaciones sindicales que no quieren hacer elecciones porque su nivel de afiliación ha disminuido. En relación a las declaraciones de los miembros empleadores, el representante gubernamental afirmó que existe una democracia plena en el país, como lo demuestran los pasados 19 procesos electorales. Mientras es cierto que el país estos días ha participado en el proceso de examen de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es falso que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas haya llegado a las conclusiones alegadas por los miembros empleadores. En cuanto a las alegaciones de hostigamiento, fue FEDECAMARAS la que participó en actos delictivos como el secuestro del Presidente, el sabotaje petrolero y el bloqueo de la distribución de medicamentos para provocar su escasez, y sin embargo no hay ningún miembro de FEDECAMARAS que esté preso. FEDECAMARAS viene llevando a cabo una guerra económica, pero a pesar de las disminuciones en los ingresos del país el Gobierno ha mantenido todos sus programas sociales. Eso es lo que molesta a FEDECAMARAS y es por esto que intentó un golpe de Estado. Si FEDECAMARAS demuestra que hay voluntad política y abandona la actitud conspiradora será posible sentarse a dialogar. Destacó que el país es soberano pero que el Gobierno está dispuesto a discutir todas las cuestiones.

Los miembros trabajadores declararon que deseaban limitarse a los elementos fácticos del caso examinado, esto es, a las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos relativas a la no conformidad de la legislación con el Convenio así como a los hechos comunicados por las organizaciones de trabajadores y de empleadores. A estos elementos se añaden los elementos de respuesta proporcionados por el Gobierno así como las declaraciones expresadas en el seno de la presente Comisión de proseguir, en este contexto, la cooperación con la OIT. Sin embargo, es necesario recordar que la cooperación con la OIT no puede ser fructífera más que si se funda en, o conduce a, un diálogo social tripartito real y sincero que se apoye en el respeto de la libertad sindical y el compromiso de todas las partes afectadas. Desde hace varios años, preocupa a los miembros trabajadores la conformidad de la legislación con el Convenio. Los desafíos solo se superarán a través de la voluntad política y la adquisición de compromisos en el diálogo social con el objetivo de dar con soluciones y no de agravar una situación que ya es muy conflictiva. El Gobierno debe adoptar las modificaciones que considera necesarias la Comisión de Expertos, en concreto en lo que concierne al fin de las intervenciones del CNE en las elecciones sindicales y la revisión del procedimiento relativo a la transmisión de la lista de los miembros de las organizaciones sindicales a las autoridades públicas. También deben adoptarse medidas para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los trabajadores de la construcción y para instaurar sin más demora un sistema de contratación eficaz de estos trabajadores. Acogieron favorablemente el deseo del Gobierno de reforzar la iniciativa sobre el diálogo social iniciada por la Confederación Sindical Internacional con la participación de todas las organizaciones sindicales venezolanas y alegrarse de que se produzcan novedades positivas con respecto a las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos y las organizaciones sindicales del país. Los miembros trabajadores alentaron al Gobierno a que antes de la próxima reunión facilite un informe completo sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos y la presente Comisión, y pidieron a la OIT que facilite apoyo a las actividades tripartitas en el país con la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de la región.

Los miembros empleadores tomaron nota de las numerosas intervenciones sobre este caso de doble nota a pie de página y observaron que, mientras algunas eran de carácter político, otras se basaban en evidencias fácticas y no en especulaciones. El Informe de la Comisión de Expertos es claro y el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel recomendó un plan de acción, que incluye el diálogo bipartito y tripartito. Si bien el Gobierno declara que hay amplio diálogo, ninguno de los puntos de acción de la Misión se han cumplido casi un año y medio después de su realización. El tema ha sido examinado por el Consejo de Administración de la OIT y el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical en su reciente reunión de marzo de 2015 reafirmó muchos de los temas mencionados, como los relativos a actos de intimidación, procesos penales, toma de fincas y diálogo bipartito y tripartito, y tomó nota de nuevos alegatos expresados hoy por el orador de FEDECAMARAS, como la detención de un dirigente de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), el acoso al presidente de FEDECAMARAS, el recrudecimiento de ataques verbales a esta organización o la adopción de más de 50 decretos leyes sin ningún tipo de consulta. Existen además nuevas observaciones que la OIE y FEDECAMARAS plantean y el propio representante del Gobierno confirma que la semana pasada se tomaron acciones contra empresas. Continúa la acción del Gobierno para socavar la organización empresarial más representativa, quitándole el sustento de su afiliación y limitando la actividad propia de la empresa privada. La libertad de empresa y la posibilidad de empresas sostenibles están cada vez más en riesgo y son necesarias acciones específicas. El lenguaje del representante del Gobierno es intimidatorio y debe invocarse el artículo 40 de la Constitución de la OIT, que establece las inmunidades necesarias para que se puedan expresar todas las opiniones y se proteja la libertad de expresión, incluida la de los empleadores y trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela. Los miembros empleadores no tienen miedo y actúan inspirados por los valores de la libertad de expresión y la libertad de empresa como valores superiores en una democracia plena. En cuanto a la consulta, deben llevarse a cabo el diálogo y la consulta en cuestiones de interés común, también en materia legislativa. No es plena una democracia cuando el órgano legislativo delega grandes poderes al Presidente sin sujeción a consulta y el hecho de que se haya otorgado una nueva facultad extraordinaria al Presidente para expedir leyes debería ser analizado por la OIT. Todos estos elementos señalados llevan a considerar a los miembros empleadores que no sólo se repitan en las conclusiones los puntos planteados sino que este caso sea considerado en un párrafo especial.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales realizadas por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.

La Comisión observó que las cuestiones planteadas en el informe de la Comisión de Expertos se refieren a homicidios, detenciones y procesamientos penales de sindicalistas, a actos de violencia e intimidación en contra de FEDECAMARAS y sus dirigentes, al rechazo del registro de organizaciones sindicales, a disposiciones legislativas incompatibles con el Convenio, inclusive las relativas a la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales, y a deficiencias graves en el diálogo social con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, a pesar de las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel (enero de 2014) y el Plan de Acción aprobado por el Consejo de Administración.

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas por el representante gubernamental según las cuales la discusión del presente caso tenía una clara motivación política y carecía de elementos técnicos o jurídicos que avalen las observaciones de la Comisión de Expertos ya que la legislación venezolana dio curso a diversas asistencias técnicas de la OIT desde hace décadas. Añadió que la Constitución reconoce los derechos sindicales, incluido el derecho de huelga, que no hay ningún preso por el ejercicio de la actividad sindical y que los últimos quince años ha sido el período de mayor actividad sindical y libertad de la historia del país. Los alegatos de hostigamientos a dirigentes se basan en notas de prensa, montajes y mentiras. Señaló que en la República Bolivariana Venezuela hay un amplio diálogo social inclusivo, pero que FEDECAMARAS lleva a cabo una guerra económica criminal y conspira contra el Gobierno legítimamente constituido; las organizaciones sindicales más representativas se niegan por ello a participar en una mesa de diálogo junto a FEDERCAMARAS. Indicó que actualmente existe un Consejo Federal de Gobierno de la clase trabajadora conformado por 1 056 dirigentes sindicales; además el Presidente de la organización empresarial FEDEINDUSTRIA fue designado para conformar con los empleadores un Consejo para desarrollar el plan productivo de la nación y viene reuniéndose con organizaciones de empleadores que representan al 90 por ciento de las empresas del país. Subrayó también que el diálogo ha tenido lugar con organizaciones como la Confederación Sindical de las Américas y con la CTV y la ASI para buscar soluciones a los problemas planteados. Añadió que el Gobierno ha abordado el tema de la violencia en el sector de la construcción y espera todavía a que las cuatro confederaciones concreten la reunión a la que les ha invitado el Gobierno para establecer Códigos de Conducta. Finalmente, negó que haya obstáculos a las elecciones sindicales de la CTV y que el Consejo Nacional Electoral injiera en las elecciones sindicales.

Teniendo en cuenta la discusión que tuvo lugar en relación con este caso, la Comisión instó al Gobierno a que:

- dé cumplimiento sin más demoras a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó la República Bolivariana de Venezuela en enero de 2014 y al plan de acción que propuso;

- cese inmediatamente todo acto de injerencia, agresión y estigmatización contra FEDECAMARAS, sus organizaciones afiliadas y sus dirigentes perpetrados por el Gobierno;

- ponga fin a la impunidad de los crímenes cometidos en particular contra trabajadores del sector de la construcción, inclusive adoptando un sistema de reclutamiento claro y eficiente;

- revise la práctica consistente en entregar a las autoridades públicas las listas de afiliados sindicales;

- ponga término a la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales;

- establezca sin más demoras el diálogo social, a través del establecimiento de una mesa de diálogo tripartito auspiciada por la OIT, que esté presidida por un presidente independiente que cuente con la confianza de todos los sectores, que respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y que se reúna periódicamente para tratar todas las cuestiones relativas a las relaciones laborales que decidan las partes, lo cual incluye la realización de consultas sobre toda nueva legislación que se pretenda adoptar en temas laborales, sociales o económicos (incluida cualquier legislación al respecto en el marco de la Ley Habilitante) como principal objetivo, y

- presente una memoria detallada a la Comisión de Expertos para su reunión de noviembre-diciembre de 2015.

El representante gubernamental indicó que su Gobierno no estaba de acuerdo con las conclusiones ya que éstas no tomaban en cuenta ni las informaciones proporcionadas por el Gobierno ni las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión, especialmente no tomaban en cuenta las intervenciones favorables expresadas por más de tres cuartos de los participantes.